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AMLO pide sancionar a responsables del colapso de Línea 12 y agradece a Slim reconstruir sin costo
/ EzEquiEl FlorEs
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El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a un año de la tragedia de la Línea 12 del Metro de la ciudad de México, se tiene que sancionar a los responsables del colapso del tramo ferroviario y reparar el daño de forma integral a los familiares de las víctimas.
Por ello, lamentó que sus adversarios políticos ahora pretenden "sacar raja política" con el dolor humano y los exhortó a evitar estas actitudes que ofenden a los familiares de los 26 fallecidos.
Ya no estoy para dar consejos, pero si me lo pidieran, les diría que no hagan eso, que no les ayuda porque además de ser inhumano, de mal gusto, es muy ramplón, muy politiquero, es querer sacar ventaja del dolor humano, eso no se debe hacer”, dijo y agregó:
“Es un asunto moral, pero tampoco les ayuda porque la gente está muy consciente, incluso estoy seguro que eso, no le gusta ni siquiera a los familiares de las víctimas pero bueno, los conservadores no son sensibles, ni son inteligentes para cuestiones de atención con el pueblo, como no conviven con el pueblo, están divorciados del pueblo, no saben de estas cosas”, indicó.
En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que el empresario Carlos Slim Helú, dueño de Grupo Carso y los directivos de ICA asumieron el compromiso de rehabilitar el tramo fracturado, sin cargos económicos para el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal y lo tienen que entregar el próximo año.
En este caso, las empresas decidieron ayudar sin cobrar el tramo que se afectó, el tramo de la tragedia correspondía a una empresa de Carlos Slim, él asumió la responsabilidad, se hizo un dictamen para la reparación de todo el tramo de la obra donde participaron expertos independientes y él está asumiendo toda la responsabilidad, sin gastos para el Gobierno de la Ciudad de México”, señaló.
Por ello, dijo que reconoce la actitud de los directivos de Grupo Carso y la empresa ICA porque “sin necesidad de ningún juicio”, aceptaron reparar el tramo colapsado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.
“Aquí lo que se tiene que concluir, es lo de la responsabilidad, la reparación del daño, escuchar y seguir escuchando, y atendiendo como lo merecen a los familiares de la víctimas, eso es y tengo confianza porque la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es una mujer sensible y está haciendo su trabajo”, sostuvo AMLO.
Además, señaló que la investigación que realiza la Fiscalía de la Ciudad de México sigue avanzando para deslindar responsabilidades y recordó que se hizo el compromiso con los empresarios de rehabilitar lo más pronto posible la vía que se fracturó porque es un sistema de transporte muy importante para miles de personas de la Ciudad de México.
Operativo ABRIL alcanza cobertura de 66 por ciento en aplicación de refuerzos
GobiErno dE México
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que continuará la vacunación contra COVID-19 en hospitales y centros de salud.
El personal de salud aplicará dosis de primera vez, completará esquemas y pondrá refuerzos. En esta modalidad estarán incluidas las niñas y niños sin comorbilidades, que ya pueden protegerse a partir de los 12 años.
“Vamos a seguir vacunando; se van a vacunar a los niños, pero ya no es lo mismo, afortunadamente. Ya no es el dolor, el sufrimiento de los momentos más difíciles de la pandemia. (…) De todas maneras no vamos a confiarnos, nos seguimos reuniendo dos veces a la semana los lunes y los jueves todo el equipo de salud”, apuntó.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que la cobertura de vacunación contra COVID-19 en personas mayores de 18 años registra un avance del 91 por ciento y en menores de 14 a 17 años se ubica en 55 por ciento.
Detalló que el Operativo ABRIL alcanzó la aplicación de 13 millones 390 mil 361 dosis entre esquemas primarios y refuerzos. En este último caso, se alcanzó una cobertura de 66 por ciento en personas que acudieron por la tercera dosis.
Reconoció la participación del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en el Operativo ABRIL. En conjunto, las instituciones rebasaron la meta de aplicación por 4 millones 783 mil 761 dosis con un avance de 128 por ciento.
Resaltó que se utilizaron todas las dosis de vacunas contra COVID-19 y no hubo desperdicio gracias a la colaboración entre el gobierno federal y estatales, personal de salud y Brigadas Correcaminos.
López Obrador no considera graves las acusaciones contra el fiscal Gertz Manero
/ EzEquiEl FlorEs
“No estoy yo pensando en intervenir, en inmiscuirme en un asunto que tiene que ver con una institución independiente, solo que hubiese una cuestión grave, esto es lo que establece la ley”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante los señalamientos en contra del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.
Consultado sobre conveniencia que el fiscal se mantenga en el cargo pese las acusaciones de usar la FGR con fines personales, el presidente se limitó a decir que “siempre hay diferencias e intereses" y que su obligación es garantizar la paz, la tranquilidad y la gobernabilidad que “existe en México”.
En la conferencia mañanera, el mandatario fue cuestionado sobre los escándalos que sigue envuelto el Fiscal, Alejandro Gertz, quien enfrenta imputaciones de la familia Castillo Cuevas que demandan la “destitución, juicio y encarcelamiento” del funcionario federal.
Así como una denuncia penal interpuesta por el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra en contra de Gertz Manero por tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa, y las acusaciones de la Fiscalía en contra de un articulista por difundir los videos de una conversación privada entre el funcionario federal con uno de sus colaboradores.Al respecto, el presidente López Obrador respondió:
“No estoy yo pensando en intervenir, en inmiscuirme en un asunto que tiene que ver con una institución independiente, solo que hubiese una cuestión grave esto es lo que establece la ley”, indicó. Al preguntarle si no consideraba grave las imputaciones en contra del titular de la FGR, el mandatario reviró:
“No, y hay que ver a todos porque la política no es maniquea, no es de buenos y malos, no es así”, señaló de forma tajante y cambió el tema.
México tendrá sistema de salud óptimo en primer trimestre de 2023, promete el presidente

GobiErno dE México
“Nos hemos propuesto tener el sistema funcionando de manera óptima para el primer trimestre del año próximo. En 15 (estados) en este año, en cuatro o cinco meses más, vamos a poder decir que están todos los médicos, se atiende a los pacientes en todos los turnos, fines de semana, no faltan los medicamentos, ya al cien. Ese es el reto”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a la primera etapa del plan de consolidación de servicios de salud para la población que no cuenta con seguridad social.
En conferencia de prensa matutina, el mandatario destacó el reinicio de la estrategia de fortalecimiento del sector tras haber superado la pandemia de COVID- 19. Sostuvo que el gobierno federal cuenta con el presupuesto necesario para implementar el programa IMSS Bienestar en todo el país.
“La salud no es un privilegio, es un derecho humano fundamental. Ese es el propósito y lo vamos a lograr; tenemos los recursos. Como no hay corrupción, (…) con el mismo presupuesto nos alcanza para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población”, señaló.
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, anunció que este martes y hasta el 17 de mayo se realizará un diagnóstico en hospitales y unidades de salud de San Luis Potosí.
De la misma manera, en semanas anteriores se realizó un levantamiento de campo en 14 estados: Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Durango, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
El funcionario expuso que la meta del programa en 2022 es incorporar en el modelo IMSS Bienestar en 347 hospitales de segundo nivel y 7 mil 33 unidades de primer nivel con 46 mil 43 trabajadores de la salud de los 15 estados participantes.Resaltó los resultados obtenidos hasta este día en Nayarit, entre los que destaca la dignificación de 125 unidades a través de cambios de mobiliario e instalaciones hidráulicas, impermeabilizaciones y bardas perimetrales.
Las acciones de mejoramiento en el estado en el segundo nivel incluyen:Ampliación de farmacias en cinco hospitales.
Habilitación de cuatro hospitales para espacios de residencias médicas.
Rehabilitación de almacenes de insumos de tres hospitales.
Adecuación de quirófanos en tres hospitales y en el Hospital Civil se habilitó el área del tomógrafo. A la fecha se han contratado 602 trabajadores de la salud en el primer y segundo nivel en Nayarit. Se tiene el 90.32 por ciento de recetas surtidas en los hospitales de la entidad a través del Sistema de Abasto Institucional.
“La misión es que hagamos realidad el derecho pleno a la salud, a la atención médica, a los medicamentos gratuitos para quienes no tienen seguridad social y que se haga realidad el artículo 4° de la Constitución y es este modelo IMSS Bienestar el que ha sido elegido para esta implementación”, enfatizó el director del IMSS.
Línea 12: Familiares de víctimas exigen justicia y demoler el tramo elevado
/ sara pantoJa
Con la exigencia de “¡Justicia!” y de que el tramo elevado de la Línea 12 sea demolido para que la tragedia no vuelva a ocurrir, víctimas y familiares de pasajeros fallecidos llevaron flores, cantos y lágrimas al sitio donde hace un año su vida dio un giro sin retorno.
“Lo único que pedimos al gobierno es que tire esta construcción y la vuelva a hacer, si es que realmente quiere reparar el daño. No hay nada que repare la vida de nuestros familiares. Con nada voy a reparar la vida de mi hijo, pero hoy en día queremos dejar huella y que esto no vuelva a pasar”, dijo entre lágrimas y voz cortada Marisol Tapia. Ella es madre de Brandon Giovani, el menor de 13 años que, la noche del 3 de mayo del 2021, regresaba a casa en la Línea 12 del Metro contento de haberse ganado unos pesos ayudando en un negocio familiar para comprar el regalo a su mamá del 10 de mayo.
“Al gobierno se le olvida que somos seres humanos y que no tenemos por qué pagar nosotros el precio de su corrupción. No hay reparación para una pérdida”, agregó arropada por un familiar.
Marisol es parte de un grupo de víctimas que la mañana de este martes hicieron un acto de memoria con cuatro cruces de rosas rojas y flores blancas que colocaron frente al vacío que dejó la trabe metálica que colapsó con los últimos dos vagones llenos del tren a las 10:22 horas de aquella noche.
Ese hueco en el cielo que eriza la piel solo de recordar esas horas de terror entre el polvo, los escombros y los gritos de auxilio de los más de 100 heridos, y las imágenes de cuerpos inertes de entre las 26 personas que murieron en el sitio o en los hospitales.
Ese grupo de víctimas no ha firmado ningún acuerdo reparatorio con la empresa Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), del magnate Carlos Slim, porque dicen que eso no es verdadera justicia y que, por eso, seguirán exigiendo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que haya castigo a los verdaderos responsables y que se llame a declarar hasta a la misma jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
Una a una, con un libro de hojas en blanco titulado “Memorial de las víctimas de la L12. Documental de una tragedia llena de impunidad y corrupción” y 13 nombres de víctimas, éstas y sus familiares reiteraron que el gobierno de la Ciudad de México les ha retirado la ayuda que les dio en un principio, que los ha condicionado o que espera que ellos los busquen para hacer justicia.
“¿Por qué tengo yo que buscar a la Fiscalía para un acuerdo, si yo no tiré el Metro?, preguntó Sergio Santiago. “Me destrozaron la vida para siempre, aunque quisiera trabajar, ya no puedo”, reprochó Adriana Galván mientras lograba contener las lágrimas.
El abogado Teófilo Benítez reiteró la acusación de que el gobierno capitalino sabía de las fallas que tenía la línea y de que “este tramo estaba gritando que se iba a colapsar y nunca se tuvo la precaución necesaria ni el seguimiento adecuado para que esto no pasara”.
Las palabras apenas se escuchaban ante el paso de tráileres y el claxon de microbuseros que pasaban cerca de la gente sin que hubiera algún operativo de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para cuidar a los manifestantes.
más víctimas al olvido de todos
Cuando este grupo de víctimas terminaba su acto de memoria, otro identificado como del Movimiento Antorchista se acercaba gritando “¡Ni un muerto más!”. Eran familiares de José Juan Galindo y Evaristo Lucas Santiago, quienes aquella noche compraron un boleto de Metro y ya no bajaron con vida en ninguna estación.
Llevaban una corona de claveles blancos que recargaron en un poste de luz y ahí rezaron, pusieron una veladora y dejaron rosas y recuerdos.
Agripina Santiago, madre de Evaristo, apenas podía articular frases para recordar que su hijo era albañil. No sabe la edad de su hijo, pero afirma que “era muy bueno, muy trabajador… pero ya se murió, ya no se puede hacer nada”.
Recuerda que dos años antes del colapso del Metro, la esposa de su hijo murió y su nieta ya no vivía con él, por eso, él regresó a la casa de su madre, a quien mantenía económicamente.
“Una sola vez llegó una licenciada y dijo ‘aquí le traigo esto (dinero), pero fírmame aquí’. Y yo, tonta, que agarro y lo firmo”. Dice que la autoridad le dio la indemnización a su nieta y “me dijeron que ella me tenía que dar a mi ayuda para que la atendieran en el doctor y algo para ayudarme a vivir, pero no me dio nada. Y ya después nadie ha visto por mi, me prometieron ayuda y nada”.
/ sara pantoJa
Para la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a un año de la tragedia en la Línea 12 del Metro, sí se ha hecho justicia para más de 90 víctimas que ya firmaron un acuerdo reparatorio con la empresa Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), del magnante Carlos Slim, aún cuando no hay personas en la cárcel.
“Sí es justicia. Es una justicia en donde no hay personas en la cárcel, no hay un proceso muy largo de amparos que puede llevar años y años y años; sino que, de acuerdo con el Sistema Penal Acusatorio, lo que se establece es, si la víctima está de acuerdo con una justicia restaurativa, se procede así eso”, dijo.
En conferencia, la mandataria aseguró que los trabajos de rehabilitación, tanto del tramo elevado como del subterráneo, van avanzados. Sobre este último, adelantó que “si está antes (de noviembre, según lo programado) y es seguro, si los ingenieros que están revisando nos dicen que es seguro que pase el tren vacío hasta los talleres (de Tláhuac), sí podría iniciar antes la operación” con pasajeros.
Este lunes, un día antes de que se cumpla un año de la tragedia social más grave en lo que va de su administración, donde murieron 26 personas y más de 100 resultaron lesionadas al caer una trabe metálica del tramo elevado de la Línea, Sheinbaum Pardo encabezó la presentación de un balance de lo realizado, tanto en la atención a las víctimas como en los trabajos de rehabilitación.
“Justicia transparente”
La mandataria local destacó que, a un año de los hechos, “más de 90 víctimas” han aceptado firmar un acuerdo reparatorio con la empresa CICSA, como un esquema de justicia alternativa.
Aunque omitió detallar que, de ese total, alrededor de 14 víctimas firmaron el acuerdo sin la intervención de la Comisión de Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi) ni la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), sino con la asesoría jurídica privada que los representa desde hace casi un año.
Ante los cuestionamientos de la prensa, sobre una presunta preferencia hacia el trato con las empresas involucradas en la creación de la Línea 12, defendió el papel de la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy.
“A todos, por lo que yo entiendo que ha dicho la Fiscalía, permanentemente se les da la oportunidad de la justicia restaurativa. Entonces, no hay una diferencia entre unos y otros, sino sencillamente, se aplica el mismo criterio de acuerdo a lo que establece el Sistema Penal Acusatorio vigente en nuestro país. Eso es lo que ha hecho la Fiscalía en todos los casos, no hay una actuación distinta”, dijo.
Y agregó:“En el caso de algunas empresas, todavía continúa el juicio. Y en otros han decidido firmar un acuerdo en donde apoyan la restauración, la rehabilitación de la Línea 12 y, al mismo tiempo, apoyan a las víctimas, estén de acuerdo o no con el dictamen y el peritaje”. -¿A cambio de qué las empresas están aportando gratuitamente este dinero?, le preguntó la prensa. -A cambio de nada, nosotros no somos iguales, es totalmente transparente, absolutamente transparente, es un modelo de Justicia Restaurativa en donde, en vez de un juicio largo, que tiene que ver con amparos o cárcel, las propias víctimas -porque no es un acuerdo que establece la Fiscalía con un juez, es un juez que establece la posibilidad de un acuerdo reparatorio- son las víctimas, en este caso las empresas, que han decidido aceptar este mecanismo de justicia restaurativa, contestó con voz de molestia.
La funcionaria agregó que, a diferencia de otros servidores públicos que “nunca han dado la cara” y “no pueden ver a los ojos a las víctimas, en nuestro caso sí. Tan es así que estuvimos ayer con muchas de ellas, hemos hablado por teléfono, porque sabemos que hemos actuado de manera recta y estamos haciendo lo que la justicia permite y lo que las víctimas han aceptado”.
“Es una justicia en donde no hay personas en la cárcel”: Sheinbaum sobre colapso en la Línea 12
“nadie en desamparo”
Claudia Sheinbaum aseguró que, “desde el día 1”, su gobierno ha estado atento a las víctimas y que, “a la fecha, hay 108 servidores públicos que siguen atentos a cada una de las familias”.
Ernesto Alvarado, asesor de la mandataria y coordinador de los apoyos a los afectados, informó que desde aquella noche del 3 de mayo “ninguna de las víctimas ha estado en condición de desamparo” y que sigue en funcionamiento la red de seguimiento de servidores públicos designados como enlaces para cada víctima o familia de ésta.
Luego, enlistó los apoyos otorgados en ese lapso, entre ellas: atención en 19 hospitales públicos y siete privados; mil 599 atenciones médicas, 74 lesionados atendidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, de los cuales actualmente siguen 39.
Respecto a las medidas emergentes, dijo que la Ceavi erogó más de 5 millones de pesos inicialmente para brindar 239 apoyos: 120 de 10 mil pesos, 26 de 40 mil y 93 por 30 mil pesos. De la indemnización del Sistema de Transporte Colectivo Metro, éste otorgó 45 millones de pesos a los 129 núcleos familiares afectados; mientras que la Ceavi erogó 31 millones adicionales para apoyos, según la afectación. Y sobre la cantidad de dinero relacionada con los acuerdos reparatorios, estimó que la cifra supera los 300 millones. Además, se han brindado 251 becas mensuales del DIF y se consiguieron 21 becas en instituciones privadas al 100%. Se otorgaron 114 oportunidades laborales: 94 en el sector público y 20 en el privado, y se autorizaron 104 créditos para el autoempleo que suman más de 1.5 millones de pesos. También se asignaron 71 departamentos nuevos, 31 acciones de mejoramiento de la vivienda y 33 familias continúan con apoyo de renta mensual.
empresas, “mucha cooperación”
En la conferencia, el secretario de Obras, Jesús Esteva, y el director del Metro, Guillermo Calderón, ofrecieron una explicación técnica de los trabajos de rehabilitación en los tramos subterráneo y elevado de la Línea 12.
De ello, el titular de la Sobse destacó que el pasado fin de semana comenzaron a llegar a la “zona cero” las estructuras metálicas que serán colocadas en el espacio del tramo que colapsó.
Sobre estos trabajos, Sheinbaum Pardo subrayó “que ha habido mucha cooperación de las empresas, tanto de la empresa CICSA como, en el caso de ICA, en el subterráneo, de Alstom; y, en el caso de CAF, ha habido mucha cooperación para poder reforzar y rehabilitar toda la línea”. También destacó la colaboración del Comité Técnico Asesor y de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
No obstante, ninguna autoridad estableció un porcentaje general de los trabajos ni se habló de una fecha probable para que la Línea 12 pueda volver a operar de Observatorio a Tláhuac.
El 24 de junio del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que “a más tardar en un año está funcionando de nuevo la línea con toda la seguridad. Y es mi palabra”.
CONVICCIONES La insensibilidad del presidente ante la muerte y el dolor
RUBÉN AGUILAR VALENZUELA
El presidente López Obrador a los padres de Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato asesinado por la Guardia Nacional (GN), no les pidió perdón sino confianza en la justicia de su gobierno.
No es nueva la insensibilidad del presidente ante las víctimas y sus familiares, pero aunque nos tiene acostumbrados a ella no deja de escandalizar. Después de que la GN, creada por él, mata a su hijo, lo que los padres deben hacer es confiar en él.
Para consolarlos les dijo uno de sus mantras favoritos: “Mi gobierno no es como los de antes”. Los padres, la pérdida del hijo, a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, deben superarla con el hecho de que ahora existe un gobierno distinto.
Su hijo está muerto, pero deben confiar, como un acto de fe, que la justicia de ahora es mejor que la de los gobiernos neoliberales. La insensibilidad del presidente es, por decir lo menos, inhumana.El presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la GN está dirigida e integrada por militares, debió pedir perdón a los padres de Ángel Yael Ignacio Rangel, y comprometerse de manera pública a que eso nunca más pasaría.
En su narcisismo y egolatría, que son alteraciones enfermizas de la personalidad, lo que importa no es el asesinato de un estudiante por parte del Estado, sino que su gobierno es distinto. Él es lo único que importa. Es la medida de todas las cosas.
El asesinato pone de manifiesto la falta de preparación de la GN y la nula aplicación, en razón de lo mismo, de protocolos de actuación. No había ninguna razón y evidencia para pensar que esos jóvenes eran criminales.
En otro país su director ya habría renunciado y sería objeto de investigación. En la cadena de errores, que dan cuenta de la debilidad estructural de la GN, primero arrestan a un elemento que luego sueltan porque las pruebas de balística dicen que él no disparó. Luego apresan a otro. ¿Qué confianza puede dar a la ciudadanía una institución que sus elementos, sin más, disparan a inocentes indefensos? ¿Por qué no operaron los protocolos? ¿Por qué actuaron en la lógica de mátenlos en caliente? Sin lugar a dudas por incapacidad.
No es el primer caso, en lo que va del gobierno la GN ha matado a 94 personas. En por lo menos cinco casos, pueden ser más, acepta que han sido daños colaterales. Es decir que han asesinado a inocentes. ¿Qué va a pasar? Nada. En el México de López Obrador, donde todo, absolutamente todo, se hace bien y es perfecto, no se va a correr al general responsable de la GN. Ya encontrarán a un guardia, a un soldado o marinero, al cual responsabilizar.
La GN seguirá matando y el presidente pidiendo a los padres de los hijos asesinados que confíen que México ya cambió y que las cosas se hacen distintas a la manera de los gobiernos de antes. De eso están ciertos, sus hijos ya no están.
Twitter: @RubenAguilar
Veracruz: Familias de periodistas asesinados exigen justicia en la Plaza Regina Martínez
/ FlaVia MoRales
Isabel Luna -hermana de Guillermo Luna y sobrina de Gabriel Huge- asegura que más de seis veces entregó ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Veracruz, su testimonio sobre la muerte de sus familiares, pero a la fecha no saben el móvil del crimen ni qué paso con los detenidos del caso.
Este martes, -Día Mundial de la Libertad de Prensa-, las familias de reporteros asesinados se manifestaron, con fotografías, en la Plaza Regina Martínez para exigir justicia en los casos que datan desde hace diez años.
El 2 de mayo del 2012, Gabriel Huge, exreportero de la sección policiaca de Notiver; su sobrino, Guillermo Luna Varela, fotógrafo de Veracruz News; Esteban Rodríguez, reportero del entonces Diario AZ, e Irasema Becerra, fueron asesinados y sus cuerpos encontrados en bolsas negras en el Canal de la Zamorana, en Boca del Río.
A diez años del crimen, las familias exigieron limpiar el nombre de los reporteros asesinados y una disculpa pública de parte del gobierno estatal y la fiscalía ante los errores en la investigación.
Isabel Luna, Moisés Sánchez, hijo del periodista Moisés Sánchez, y Fernanda de Luna, hija de María Elena Ferral, asesinada en Papantla, analizan organizarse en un frente común para exigir justicia ante las autoridades.
Las familias colocaron las fotografías de las y los periodistas asesinados y encendieron veladoras en la plaza, para después nombrar a cada uno y gritar presente.
Isabel Luna insiste en que la carpeta de investigación tiene graves fallas, por ejemplo: Recuerda que testimonios de la última persona con la que hablaron Gabriel y Guillermo señaló que fueron citados en un lugar, pero la fiscalía nunca obtuvo las sábanas de llamadas de sus celulares, ni tampoco videos de las cámaras de vigilancia de ese lugar, ni de otros donde hubo indicios que estuvieron.
Nada de eso está en la carpeta de investigación que finalmente fue atraída por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) y que agrupó en una sola investigación, los homicidios de Guillermo, Gabriel, Esteban, Irasema, Milo Vela, su esposa y su hijo, y el de la reportera Yolanda Ordaz.
Ahora, las familias han solicitado formalmente que cada una de las carpetas sea individualizada y se investigue por separado.
“Estoy segura que el celular que todo el tiempo llamó era el de mi hermano, los nexteles seguían sondando, incluso el 3 de mayo, pero nadie investigó”, dijo.
Las familias aseguran que el hecho de que el asesinato fuera atraído por la FEADLE, solo retrasó la investigación.
Isabel Luna recuerda que tras el asesinato de Guillermo Luna y Gabriel Huge, la vida de su familia se convirtió en un caos, pues sin la ayuda de las autoridades tuvieron que salir de Veracruz ante el temor de una agresión.
En ese entonces, Isabel de 23 años, tenía dos hijos pequeños y su familia le recomendó no seguir la protesta para exigir esclarecer el caso. En 2014, cuando acudió a la Fiscalía de Veracruz para preguntar por el caso, se dio cuenta del abandono de la carpeta y que estaba archivada junto a la del periodista de Notiver, Milo Vela y su familia, asesinado en junio del 2011, y al de la reportera de policiaca de Novier, Yolanda Ordaz, ejecutada en julio.
En entrevista, Isabel menciona que después de la ola de asesinatos, en 2011, Gabriel y Guillermo se habían ido de Veracruz. “Después del asesinato de Milo Vela y su familia y de Yolanda había mucho miedo, incluso había amenazas de que iban a atacar la base donde los policías se reunían, entonces mejor se fueron de Veracruz”, contó.
Unos meses después, Guillermo y Gabriel estaban de regreso. La última vez que Isabel los vio con vida fue un día antes de su asesinato, y relata: “Estábamos en el patio y Gabriel estaba planeando sacar un nuevo medio, se iba a llamar El regional, un día después ya estaban muertos”. Desde todas las divisiones y campus en el estado, alrededor de 8 mil alumnos de la Universidad de Guanajuato (UG) marcharon de forma pacífica, pero con enérgicos mensajes de condena, para hacer notar la ausencia de su compañero Ángel Yael Ignacio Rangel, quien murió por un disparo efectuado por un elemento de la Guardia Nacional el 27 de abril, en Irapuato.
“¡Ángel no huyó, la Guardia lo mató!”, “¡Guardia Nacional fuera del Copal!” y “¡Me quiero titular, me quiero titular, no quiero que le lleven el cuerpo a mi mamá!”, fueron algunos de los gritos que, a lo largo del recorrido desde el edificio central de la UG en la capital del estado, efectuó este impresionante contingente por el centro de la ciudad.
Miles de alumnos marchan en Guanajuato al grito de “¡Ángel no huyó, la Guardia lo mató!”

/ VeRónica espinosa
RecoRRido de los estudiantes.
Por un acuerdo de las autoridades universitarias, este martes se permitió la ausencia en las aulas de alumnos y profesores que decidieran viajar a la capital para formar parte de esta protesta, por lo que desde temprano arribaron varios camiones con grupos de diversos municipios.
Un grupo de alumnas se anticipó a la marcha y sobre las escalinatas del Edificio Central vertió un líquido rojo, a manera de sangre, mismo que instantes después fue lavado por empleados de la propia casa de estudios.
Al frente de la marcha, con una enorme manta blanca con las palabras “Justicia para Ángel”, caminaron los padres del joven muerto en una presunta ejecución extrajudicial, por la que hay un elemento de la Marina -asignado a la GN- detenido como presunto responsable, a disposición de un juez federal para determinar su situación legal.
Junto con los padres de Ángel Yael estuvo el rector de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino, aunque en el recorrido grupos de estudiantes gritaron también consignas en su contra y lo acusaron de utilizar políticamente la muerte del alumno de la licenciatura en Agronomía en la División de Ciencias de la Vida, en el campus ubicado en Exhacienda del Copal, comunidad de Irapuato.
Con playeras blancas y letreros con todo tipo de mensajes en contra de la Guardia Nacional, la violencia en el estado y en el país y el temor de los jóvenes a ser víctimas de la inseguridad, los integrantes de la comunidad estudiantil hicieron el recorrido por las calles del centro, se concentraron en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas y volvieron a las escalinatas del Edificio Central.
Allí, escucharon a la madre de Ángel Yael agradecerles por la manifestación pacífica, pues “hay formas de pedir la justicia, la justicia no se pide con violencia”, y pasaron lista al alumno y a otros más que han muerto asesinados en los últimos años.
El rector Guerrero Agripino se retiró cuando un grupo de alumnas leyeron un pronunciamiento en el que exigieron a las autoridades buscar una alternativa “a la incesante militarización del Estado mexicano” y exigieron a las autoridades responsables de la investigación del homicidio de Ángel Yael que ésta quede a cargo de una fiscalía especial, pero también acusaron a las propias autoridades universitarias de encubrir “casos de injusticias” contra sus compañeros dentro de la UG, y deslindaron al rector de la respuesta estudiantil a esta marcha.