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aPro / Gabriela Sotomayor
Emite Senado convocatoria para selección de comisionados del INAI
Senado
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En votación económica, el Pleno del Senado aprobó un acuerdo por el que se emite la convocatoria pública para la selección de comisionadas o comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
De acuerdo con las bases, la Junta de Coordinación Política será la encargada de recibir las propuestas de las y los candidatos a ocupar el cargo. Las y los interesados en participar en el proceso de selección deberán registrarse, a través del mecanismo electrónico de registro que se encontrará disponible en la página de Internet del Senado, del 7 al 11 de marzo de 2022.
Las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Justicia, acordarán el formato y metodología para la evaluación de las y los candidatos, a más tardar el próximo 23 de marzo.
Además, harán el análisis exhaustivo de las candidaturas y presentarán, a más tardar el 1 de abril de este año, mediante dictamen fundado y motivado, el listado de las y los aspirantes que reúnen las condiciones de elegibilidad para ocupar dicho cargo, a la Junta de Coordinación Política.
Y este órgano de dirección del Senado, con base en esa lista, acordará los nombramientos que someterá a la aprobación del Pleno de la Cámara de Senadores para cubrir las vacantes, por un periodo de siete años, que dejarán Óscar Mauricio Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
Las propuestas serán presentadas para su votación por cédula en el Pleno, tendrán que observar el principio de paridad y, en caso de que alguna candidata o candidato no obtenga el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros presentes, se realizará una segunda votación.
En caso de que no se alcance dicha mayoría, la Junta de Coordinación Política presentará una nueva propuesta en la sesión ordinaria inmediata siguiente.
La Asociación de Bancos de México (ABM) felicita a Francisco Cervantes Díaz, por su elección como presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para el periodo 2022-2023 y le desea una exitosa gestión. La ABM refrenda su apoyo y respaldo al CCE y a su nuevo presidente, para continuar trabajando en beneficio de todos los sectores productivos del país, de forma cercana con todos los organismos que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial, a fin de impulsar las iniciativas que permitan el desarrollo y crecimiento económico del país. La ABM reconoce la labor de Carlos Salazar Lomelín, a quien le desea el mejor de los éxitos en los proyectos que emprenda.
| Foto Senado de la República
La ABM festeja elección de Francisco Cervantes Díaz como nuevo presidente del CCE
aBM
México condena en la ONU asesinatos, hostigamiento e intimidación contra periodistas
/ GaBriela SotoMayor
La subsecretaria de asuntos multilaterales y derechos humanos de la cancillería, Martha Delgado, condenó asesinatos, hostigamiento e intimidación contra periodistas en el país durante su intervención en el segmento de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien no hizo mención del número de comunicadores asesinados en este sexenio, especialmente los siete periodistas privados de la vida en lo que va del 2022.
“El gobierno de México lamenta y condena los asesinatos, los actos de intimidación y de hostigamiento en contra de periodistas, defensores de derechos humanos y del medio ambiente en nuestro país y reconocemos la contribución al debate democrático y al Estado de derecho que tienen”, afirmó Delgado.
Reconoció ante el pleno que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está consciente de problemas que enfrenta el país “como la seguridad de periodistas, de los defensores de derechos humanos y trabajamos actualmente en la construcción de instituciones y leyes sólidas para su protección”, sin embargo, descartó referirse a los ataques dirigidos a periodistas perpetrados desde la tribuna de Palacio Nacional.
Delgado se comprometió en nombre de México a “seguir adoptando las medidas que contribuyan a hacer efectivos todos los derechos humanos para todas y todos tanto a nivel nacional como a combatir la impunidad en los tres órdenes de gobierno’’.
Se pronunció también a favor de promover “las acciones necesarias para que avancemos a la igualdad sustantiva de género, al reconocimiento de los derechos de las personas en situaciones de vulnerabilidad como lo son las personas LGBTI, las personas con discapacidades, las personas de las comunidades indígenas’’.
En este sentido señaló que “la participación equitativa y significativa de estos grupos tiene un impacto tangible en el desarrollo social y económico de todas las sociedades y por ello México es un país con una política exterior feminista, observamos con preocupación los intentos por retroceder en esta importante agenda’’.
Entre otras prioridades del gobierno dijo que la 4T seguirá impulsando el acceso universal, oportuno y equitativo a las vacunas, los tratamientos y otros insumos médicos en el contexto de la pandemia del covid-19.
Además, remarcó que “el hecho de no garantizar el acceso a la salud tiene efectos en el ejercicio pleno de los derechos humanos y en el desarrollo de los países’’.
Con respecto a la invasión rusa en Ucrania afirmó que “la coyuntura actual obliga a los estados a reiterar la firme convicción de que la paz, la libertad y la justicia constituyen las bases del mundo que la humanidad merece” y recalcó la solución de los conflictos mediante la vía del diálogo acorde a la política exterior mexicana.
México “condena la invasión del territorio de Ucrania, estado miembro de la ONU y destaca el impacto negativo que esta invasión tiene en los derechos humanos de las personas y en el sistema multilateral al contravenir los principios fundamentales de la Carta de las Naciones’’, dijo Delgado al participar en el segmento de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos.
No obstante, México no se sumó al boicot de más de un centenar de diplomáticos por la invasión rusa a Ucrania, en el que en señal de protesta abandonaron la sala del Consejo cuando el canciller ruso Sergei Lavrov comenzó su discurso.
En la sesión del máximo órgano de derechos humanos de la ONU ha participado un nutrido número de jefes de estado de diversas latitudes y de América Latina, como los presidentes de Colombia Iván Duque; Carlos Alvarado Quezada, de Costa Rica, y de Venezuela, Nicolás Maduro. También ha participado un nutrido número de ministros de exteriores latinoamericanos, además de los cancilleres de las principales potencias del mundo y de la mayoría de los estados miembros.
Anuncian Parlamento Abierto para reformar la “Ley Chayote”; votarán dictamen a más tardar en abril
/ MeliSSa aMezcua
La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados definió que para el 30 de marzo 2022 iniciará un Parlamento Abierto para analizar la Ley de Comunicación Social, conocida como la “Ley Chayote”.
Esto se da luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera un amparo el 8 de septiembre de 2021 en contra de esta ley al considerar que no cumple con su función de regular el gasto en comunicación social, ni dispone los procedimientos concretos.
El Congreso tenía hasta diciembre del año pasado para corregir esta ley que actualmente opera bajo discrecionalidad; sin embargo, el 8 de febrero de este año se logró una prórroga ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX para poder legislar en este segundo periodo de sesiones.
A partir de esto, la comisión de Gobernación, que preside el legislador Alejandro “Alito” Moreno, también dirigente nacional del PRI, acordó realizar este ejercicio de debate público con el propósito de definir reglas, procedimientos, criterios y condiciones para transparentar y asignar el gasto que el gobierno mexicano hace en comunicación social, establecer topes presupuestales, condiciones de ejercicio y la definición de carácter institucional.
Para ello, realizarán foros con especialistas en el tema, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios de nivel federal y local, empresarios y representantes de los medios de comunicación.
En el anteproyecto de la ley se asentó que a más tardar el 16 de marzo estarán publicadas las condiciones de estos foros a través de la Subcomisión de Información y Democracia. La fecha que tienen programada para aprobar el Dictamen de reforma a la “Ley Chayote” es el 18 de abril próximo.
Proceso buscó la postura de la organización civil Artículo 19, quien promovió y ganó el amparo para corregir esta ley; informaron que no estaban enterados de esta decisión parlamentaria de abrir un debate, mientras tanto, están en espera de una respuesta del Poder Judicial y de los partidos políticos.
El Estado mexicano debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres: TEPJF
TEPJF
El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, por lo que además de requerirse una legislación en la materia, es necesaria la interpretación del Poder Judicial para que se haga justicia, afirmó la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Mónica Aralí Soto Fregoso.
Al participar en el foro “Paridad y Violencia Política contra las mujeres en razón de género: avances y retos”, organizado por la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República y la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos A.C. (AMMEL), la magistrada Mónica Soto señaló que el Tribunal Electoral tutela los derechos político-electorales de las mujeres a través de criterios que abren espacios para su participación.
Durante el foro, realizado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo, la magistrada Soto Fregoso enfatizó que los tribunales locales son las primeras instancias para defender los derechos de las mujeres porque tienen la visión de juzgar con perspectiva de género y entienden que no se debe permitir la violencia política contra las mujeres.
La senadora Olga Sánchez Cordero destacó que en México durante las últimas décadas se han impulsado cambios a
través del uso de herramientas políticas, jurisdiccionales y legislativas para fortalecer la paridad, la cual se ha convertido en un principio constitucional transversal que también da acceso a condiciones de igualdad.
Por ello, señaló que la política debe respetar la paridad, y en caso de no hacerlo, se debe dar paso a la legislación de leyes, las cuales deben ser interpretadas por los tribunales con perspectiva de género para combatir la violencia y garantizar los derechos de las mujeres mediante sus resoluciones judiciales.
En este conversatorio, se concluyó que es necesario corregir aspectos de las leyes, porque todavía hay simulaciones en las candidaturas para gobernadoras, presidentas municipales y regidoras, de modo que se necesitan modificaciones para que la paridad realmente se transforme en la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito político y ya no más una cuota.
Valida TEPJF el nombre “Juntos Hacemos Historia en Aguascalientes” para coalición PT-PVEM
TEPJF
Por unanimidad de votos, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el uso del nombre “Juntos Hacemos Historia en Aguascalientes”, por parte de la coalición de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México (PTPVEM) no genera confusión en la ciudadanía respecto de las denominaciones de otras coaliciones electorales en el mismo proceso electivo.
En el marco del proceso de elección de la gubernatura del estado de Aguascalientes 2021-2022, el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE) aprobó el convenio de coalición de los partidos PT-PVEM bajo el nombre “Juntos Hacemos Historia en Aguascalientes”. El partido político Morena impugnó la decisión, alegando que dicha denominación podría confundir al electorado con las coaliciones en las que ha participado en procesos electorales anteriores bajo los nombres “Juntos Haremos Historia” y “Juntos Haremos Historia en Aguascalientes”.
El Tribunal Electoral local acogió los argumentos presentados por Morena y ordenó a la coalición PT-PVEM cambiar su denominación por una que contase con suficiente particularidad y distinción. Inconformes, los partidos de la coalición PT-PVEM presentaron un juicio de revisión constitucional ante el TEPJF argumentando que debe permitírseles utilizar el nombre en cuestión, porque se trata de un proceso electoral distinto y, por esa razón, no se genera confusión entre el electorado.
En sesión pública por videoconferencia, a propuesta de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, el pleno de la Sala Superior determinó fundados los argumentos de la coalición PT-PVEM atendiendo a los siguientes argumentos:
No se aprecia que exista una posible confusión debido a que Morena competirá de forma individual, de modo que será identificado de manera directa por el electorado, tanto en la propaganda como en las boletas. Por su parte, la propaganda de la coalición PT-PVEM será identificada mediante el nombre de la coalición y los partidos políticos participantes, mientras que en las boletas sólo aparecerán los emblemas de los partidos políticos de forma individual y el nombre de la persona candidata al cargo.
No existe prohibición legal para que los partidos que integraron una coalición en un proceso electoral previo puedan utilizar una denominación idéntica o similar en un proceso electoral posterior, siempre que ello no genere confusión en la ciudadanía respecto de otros partidos políticos o coaliciones del proceso electoral en curso.
Con esta determinación, el TEPJF resalta su compromiso para garantizar la certeza que debe regir en todas las etapas de los procesos electorales, asegurando que la ciudadanía ejerza un voto libre e informado.
Reitera TEPJF prohibición de difundir propaganda durante periodo de revocación
TEPJF
El TEPJF reitera que las prohibiciones legales son mecanismos para garantizar a la ciudadanía las condiciones para que en los procesos de Revocación de Mandato sea posible emitir una decisión personal y libre, a partir de información imparcial y objetiva.
El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió dos medios de impugnación relacionados con la garantía de libre expresión y la posibilidad de difundir propaganda partidista o gubernamental durante el proceso de Revocación de Mandato. El período de prohibición culminará el próximo 10 de abril con la celebración del proceso.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció diversos hechos atribuibles al partido político Morena y a Mario Delgado Carrillo, su dirigente nacional, por considerar que se promocionó el ejercicio de Revocación de Mandato en redes sociales. La Sala Regional Especializada del TEPJF consideró que los actos denunciados no constituyen una indebida promoción, pues no hubo una solicitud del voto en un sentido específico.
Un diputado local de San Luis Potosí se inconformó con el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en el que estableció la suspensión de toda propaganda gubernamental, salvo campañas de información relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil, a lo largo de dicho proceso.
En sesión pública por videoconferencia, a propuestas del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón y del magistrado José Luis Vargas Valdez, el pleno de la Sala Superior determinó, lo siguiente: 1. Previo a la emisión de la convocatoria al proceso de Revocación de Mandato, no existe prohibición alguna para la difusión de propaganda por parte de la ciudadanía y de los partidos políticos, siempre que lo hagan dentro del marco legal vigente garantizando la libre expresión de todas y todos. 2. El asunto relacionado con los hechos atribuibles a Morena y a su dirigente, aprobado por unanimidad, se determinó que las manifestaciones realizadas en redes sociales no constituyen una promoción del voto en el ejercicio de Revocación de Mandato (SUP-REP-4/2022). 3. En el caso del diputado local de San Luis Potosí, aprobado por mayoría de seis votos a favor y el voto en contra del magistrado Indalfer Infante Gonzales, se explicó que, durante el proceso de Revocación de Mandato, el INE determinó la suspensión de toda propaganda gubernamental, salvo sus excepciones justificadas, con el fin de garantizar la equidad en ese proceso de democracia participativa (SUP-RAP-46/2022).
Al explicar el sentido de su voto, el magistrado Indalfer Infante Gonzales se pronunció en contra del recurso de apelación argumentando la extemporaneidad de la demanda cuando esta no se presenta directamente ante la autoridad responsable.
Con ambas determinaciones, la Sala Superior del TEPJF reitera su criterio relativo a que las prohibiciones legales no imponen restricciones absolutas para expresarse, opinar, o difundir ideas en diversos medios, sino que son mecanismos para garantizar a la ciudadanía las condiciones para que en los procesos de Revocación de mandato sea posible emitir una decisión personal y libre, a partir de información imparcial y objetiva.
REFuERzan cooRdinación dEFEnsoRía Pública y PodER Judicial dEl EsTado
El director del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Gobierno del Estado, Héctor Gerardo Gómez Castro, realizó una visita de cortesía al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Rojas García. En el acercamiento, el titular del instituto se comprometió a reforzar la participación de los defensores públicos y asesores jurídicos que actúan en las audiencias que se llevan a cabo, particularmente en las materias de oralidad penal y familiar. El funcionario detalló que tras una ampliación en la plantilla laboral de la dependencia, se cuenta ya con un mayor número de abogados que están expeditos para asistir a las audiencias, lo que se traduce en un menor número de audiencias diferidas y mayor celeridad en los procesos judiciales. El magistrado agradeció la visita y detalló que las acciones llevadas a cabo por el instituto que se traducen en una efectiva representación en las materias penal y familiar, contribuyen al óptimo funcionamiento del aparato judicial. Así mismo, reiteró la disposición por continuar estrechando la coordinación entre ambos entes gubernamentales. | Poder Judicial del Estado
