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GabRiEl SORianO
MEMORIA DE ESPEJOS ROTOS Ejército, presidencia, y el nuevo Maximato
ALAN SANTACRUZ FARFÁN
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Reescribiendo la espiral de prometer hacerlo bien, de cometer un nuevo error; de no saber pedir perdón, o pedirlo demasiadas veces Ocho y medio – Nacho Vegas
En el Sistema Político Mexicano de la post revolución se pasó por cuatro estadios importantes en la titularidad del poder ejecutivo y su relación con las fuerzas armadas nacionales, que marcaron hitos históricos con los que se definió la forma de entender y hacer la política del país.
Estos tres estadios pueden clasificarse como: el primero, de los caudillos, fue un periodo de inestabilidad y conflicto, en el que las fuerzas armadas y sus facciones tuvieron participación determinante en la política nacional. este periodo va desde el Golpe de Estado perpetrado por Victoriano Huerta, hasta el asesinato de Álvaro Obregón cuando fue reelecto presidente.
El segundo, el Maximato, de 1928 a 1934, agrupa tres periodos presidenciales en los que el poder de facto residía en Plutarco Elías Calles. En este periodo se asentó un progreso en la paz social, pero la política continuó preponderantemente en manos de las facciones castrenses.
El tercer estadio puede entenderse como la etapa tardía de los militares en la presidencia, con los dos últimos titulares del ejecutivo que tuvieron cargo militar: los generales Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho.
El cuarto fue el del gobierno de los civiles. A partir de la presidencia de Miguel Alemán Valdés, y hasta la administración federal de Vicente Fox, las fuerzas armadas cumplieron la regla no escrita de mantenerse al margen de los asuntos de seguridad pública y de la gobernabilidad civil. Con la penosa excepción de los sucesos de Tlatelolco en 1968, del jueves de corpus en 1971.
Ahora, desde las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y la actual con Andrés Manuel López Obrador, vemos la emergencia de un quinto estadio que nos regresa a la militarización de la política. Con la llamada Guerra contra el narco, desde 2006, se puso a las fuerzas armadas a operar asuntos de seguridad pública civil; y desde entonces este proceso, lejos de disminuir, ha aumentado.
Actualmente, el gobierno federal ha empoderado a fuerzas armadas en lo político, administrativo, y económico, como no se había visto en el México posterior al Maximato. Peor aún, sumado al ejercicio castrense en tareas de seguridad pública civil, ahora también participan en acciones de gobernabilidad. El tema es delicado, porque el caso Ayotzinapa tiene participación probable del ejército en la serie de delitos cometidos. Así, a quien se elija en la sucesión presidencial de 2024, encontrará un país debilitado en sus instituciones civiles, con un ejército empoderado y activo en la política, y con la mancha histórica de haber participado en la más dolorosa desaparición forzada de estudiantes, desde 1968 y 1971.
Peor aún. Es previsible que, al término de la actual administración federal, el titular del ejecutivo incumpla la regla no escrita en la política mexicana sobre que el presidente saliente se aleja de los reflectores de la política para dejar operar a la administración sucesora.
Aunque López Obrador afirme que terminando la presidencia se va a ir a su finca a desentenderse de la política, no hay nada que lo garantice; sobre todo, teniendo en cuenta dos factores: el primero, el culto a la personalidad sobre AMLO hace que su figura sea la piedra angular de su partido; dicho de otro modo, AMLO es MORENA; sin AMLO, el partido entraría en una carnicería de tribus que le propiciaría el canibalismo y la derrota. El segundo factor es la credibilidad sobre la palabra de AMLO. En 2006 pidió que lo dieran “por muerto” para la contienda presidencial, y terminó tomando Reforma; en 2012 afirmó que, si no ganaba, se iba a su rancho, y no lo cumplió; en campaña de 2018 basó buena parte de su propuesta electora en la desmilitarización, y terminó creando a la Guardia Nacional y empoderando al ejército. Es decir, tenemos elementos para esperar justo lo contrario de lo que afirma.
En ese sentido, la historia puede ser cíclica, y estaríamos en condiciones de esperar que al término de la actual administración federal volvamos a vivir otro Maximato, ahora no con Plutarco Elías Calles como depositario factual del poder, sino con AMLO –el caudillo- delineando las acciones de una hipotética presidencia de MORENA, tal como Félix Salgado Macedonio opera en Guerrero con la administración que encabeza su hija. Nada de esto es deseable para la democracia.
Los fiat notariales deben ser otorgados con una mayor transparencia
Gabriel Soriano
Deben establecerse mayores criterios de transparencia y mérito en el proceso para otorgar los fiat notariales, estos espacios no deben ser dados por cuestiones políticas o de amistad, deben estar los mejores perfiles en esta materia y que ayuden a la ciudadanía.
Como le comentamos ayer en La Purísima…Grilla, el fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, admitió que el gobierno de Martín Orozco Sandoval le agradeció sus servicios otorgándole un fiat notarial y que, a pesar de que su cargo termina hasta febrero del 2024, seguramente pediría licencia para poder desempeñar como notario.
El diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada, integrante de la Comisión de Seguridad, consideró que esto es un aspecto preocupante pues señaló que todos los actores deberían estar enfocados a resolver los principales problemas de seguridad en el país y del estado. La decisión del fiscal sin duda alentaría el trabajo de esta corporación.
Recordó que el otorgar fiat notariales a funcionarios de alto nivel es siempre un tema recurrente al finalizar cada sexenio, consideró que deben definirse mayores criterios de transparencia donde se escoja el mejor perfil de quienes ocuparan estos espacios, así como la opinión de los usuarios quienes finalmente son los beneficiados o perjudicados. Desde luego, señaló que para lograr esto se debe modificar la propia Jesús Figueroa Ortega | Foto Cristian de Lira
constitución en donde se establezca criterios de selección más adecuados y donde se dejen de lado consideraciones políticas, quienes deben estar ahí son los mejores perfiles del estado.
Aceptó que aunque el otorgar fiats notariales a funcionarios cercanos está dentro del marco constitucional, esto siempre da mucho que hablar en todas los sexenios y que genera molestias de la ciudadanía y colegios.
Necesario analizar impacto de la desaparición de la prisión preventiva oficiosa
Claudia rodríGuez loera
El Fiscal General del Estado, Jesús Figueroa Ortega, señaló necesario clarificar la propuesta del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación respecto a la desaparición de la prisión preventiva; es decir, si se trata de los hechos delictivos que se cometen a partir de cierta fecha hacia adelante o si habrá de aplicarse con efecto retroactivo, lo sí cual sí representaría un fuerte impacto, “prácticamente generaría que todos los jueces de control que habían fijado las prisiones preventivas las dejaran sin efecto y en automático en los CERESOs, por ejemplo aquí en el de Aguascalientes, se daría salida a una población de cerca del 80% “.
Expuso de esta manera que de la población total del Centros de Reinserción Social varonil de personas privadas de su libertad (PPL), en este momento 80% se encuentra a la espera de una sentencia bajo esa figura preventiva. “Si la medida fuera retroactiva, de otra manera se aplicaría a quienes cometan hechos delictivos después de esa reforma. Considero que entonces será necesario ir analizando de caso por caso, dado que se debería justificar algún otro supuesto de prisión preventiva justificada”.
Recordó que esta propuesta tiene origen en la SCJN, misma que determinará cómo y cuándo se aplicará esta medida, “lo que sí puedo yo asegurar es que, si es con efecto retroactivo o si es una decisión que tome la Corte para que se quede sin efecto, eso habrá que esperar precisamente a conocer la resolución, pero sí afectaría al menos el trabajo de los jueces y evidentemente para todos los que estamos involucrados en el sistema, porque nosotros tendríamos que estar asistiendo a todas las audiencias en donde se queda sin efecto la prisión preventiva y ver qué tipo de medidas se les va a imponer en lugar de la prisión preventiva”.
Para diciembre del 2020 la población total del CERESO varonil de Aguascalientes, El Llano y el femenil era de 1721. Con fecha de corte al 21 de junio del presente año, la población total es de 1988, representando un aumento del 13%. El CERESO varonil en Aguascalientes es donde se tiene una mayor población, pues aunque su capacidad instalada es para tener el resguardo de 1,123 personas privadas de su libertad, actualmente se tienen 1,311. De las 1988 personas privadas de su libertad, sólo el 57.4% ha recibido una sentencia, según señalan datos estadísticos de la Dirección General de Reinserción Social.
Mientras que para el Gobierno y la Fiscalía General, acotar o eliminar la prisión preventiva es quitar armas para combatir el crimen, en el proyecto del magistrado de la SCJN, Luis María Aguilar, expone que los encarcelamientos de oficio no se pueden aplicar de forma automática porque violan los principios jurídicos de presunción de inocencia y proporcionalidad de las sanciones.
A consideración del magistrado, se abusa del encarcelamiento de los acusados como medida de prevención del delito, lo que hace que muchas personas estén en la cárcel durante años antes de ir a juicio y recibir una sentencia, lo que observa como un acto contra los derechos humanos, además de que la mayoría de esas personas están en condiciones de vulnerabilidad y no tuvieron acceso a una defensa adecuada.
