38 SOCIEDAD
• JUEVES 7 DE JUNIO DE 2018
◗ AGENDA JUDICIAL/ EDITOR: RICARDO GUZMÁN WOLFFER EDITORIAL Los procesos judiciales son de gran impacto mediático. Pero se suman al escepticismo de la población: se presupone que lo judicial depende de los vaivenes de la política. El ataque a la corrupción sexenal suele caer sobre enemigos políticos, mismos que reciben un trato distinto según las necesidades de los funcionarios nuevos o en turno. Aunque los jueces expidan órdenes de aprehensión, corresponde al Ejecutivo su ejecución. Y no obstante ello, se percibe como responsabilidad judicial, como sucedía cuando la policía dependía del Poder Judicial. El uso político de los procesos judiciales no es nuevo, el electorado debe estar atento al uso mediático de los mismos por los candidatos y la administración saliente.
RESEÑA JURÍDICA
Los derechos humanos laborales. Comisión Nacional de Derechos Humanos Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje México, 2017. Suelen asociarse los derechos humanos a la materia penal, a veces para establecer la indefensión de las víctimas en la vida real, no en la vida de papel que contemplan las leyes, a veces para buscar justicia cuando se enjuicia a un inocente, aunque sólo lo sea por no dictársele sentencia condenatoria, generalmente por violaciones a la garantía de debido proceso. La amplitud de los derechos humanos se desconoce. Una de las vetas fundamentales de tales derechos, es la laboral. En un país donde las garantías laborales se han disminuido (los juicios de trabajadores deben arreglarse antes del año, so pena de dejar de recibir salarios caídos; a diferencia de los burócratas, quienes pueden cobrar salarios caídos por las décadas que dure su juicio) y donde los empleos se van especializando, el trabajador regular busca conseguir un trabajo, sin importarle que se le respeten sus derechos laborales básicos. Lo que importa es comer. Ante la inminencia de la reforma laboral secundaria y la posibilidad de que sea un desastre mayor para el trabajador, tener presente cuáles son los derechos humanos laborales es primordial. Pensada como una obra de consulta accesible tanto a especialistas como al público en general, los 13
Las campañas y la ausencia judicial RICARDO GUZMÁN WOLFFER
M
IENTRAS TEMAS COMO el salario o su compensación monetaria gratuita al ciudadano son cotidianos en los discursos de los candidatos presidenciales; mientras se hacen canciones con las frases menos afortunadas del 2º debate presidencial; mientras los ataques directos, muchos sin algún tipo de respaldo probatorio, aumentan entre candidatos, el tema de las condiciones del Poder Judicial parece no existir. Cuando los candidatos hablan de distintas visiones de país, se olvida que un aspecto esencial es la forma de dirimir controversias: cómo se constituye el Poder Judicial. En un país donde se amnistía a delincuentes, Jud este Poder sobra o debe sujetarse a los dictados del est Ejecutivo, vuelto en único Poder, como sucedió en el Eje esplendor del presidencialismo mexicano. Hoy, ante el esp contrapeso que supone una Suprema Corte de Justicia con de la Nación para resolver controversias constitucionales o dictar resoluciones de amparo de amplio alcance, apenas parece importante mencionar, por ejemplo, los ape mecanismos de elección de los ministros de la Suprema me Corte: si responden a una necesidad social de participaCo ción ciudadana. Tampoco se habla de los Consejos de ció la Judicatura, cuando deberían ser parte del debate. La forma en que se nombran, ratifican y adscriben jueces for ym magistrados es primordial. Casos estatales donde los primeros son por concurso y los segundos por mecanispri mos políticos es contrastante. La obligación ratificatoria mo reiterada para los jueces en varios Poderes Judiciales rei
te textos inician con lo más básico: qué son y cómo se instrumentan los derechos laborales, incluso, a partir in de estándares internacionales, en el sector público y su repercusión en el tema de las comisiones de derechos humanos, donde se ha trabajado mucho sobre el ch tema, se publicite o no. Las conclusiones del texto del te Magistrado Errol Obed Ordóñez Camacho, represenM tante del gobierno federal en una de las Salas del cita tado Tribunal, son relevantes: era necesario remover ta el obstáculo constitucional para que las Comisiones de los Derechos Humanos conocieran de tal materia, especialmente en las relaciones laborales de las entidades públicas con sus trabajadores, pues, aunque se trata de un patrón equiparado, hay momentos en que actúa como entidad estatal, con poder de imperio legal. Eso llevó a la creación de una visitaduría para la atención de las quejas relativas a la violación de derechos laborales y de seguridad social. La búsqueda del estado democrático sería incompleta sin el análisis y verdadera instrumentación de mecanismos que respeten los derechos de los trabajadores, quienes suelen transitar de una relación obrero-patronal donde uno es víctima y el otro abusivo victimario, pero no siempre el patrón es el abusivo; sobre todo, en el sector público, donde debe haber fondos para el pago de indemnizaciones y plazas para recontratar, cuando un laudo así lo ordena. Un libro que resulta imprescindible en estos tiempos de reformas laborales indefinidas: se ha excedido ya el término fijado en la reforma constitucional para la adecuación de las leyes secundarias y no se ve para cuándo puedan salir de las cámaras y sus procesos legislativos, donde el momento electoral impide quórum y voluntad política para tales temas: se hacen proyectos prácticamente anunciados como muertos por sus contrarios, bajo el argumento de la nula continuidad en ciertos derechos sindicales, por ejemplo; ni se diga en los individuales. Y los partidos y sus candidatos compartidos guardan distancia prudente sobre esta reforma, conceptualmente mayor a la penal, por no limitarse a temas procesales: mucho mayor por representar un cambio de visión de país. La amplitud anterior de los derechos laborales no sirvió para generar las condiciones que permitieran a las fuerzas del capital y del estado ofrecer un número suficiente de trabajos dignos que cumplieran con los derechos humanos laborales mínimos.
"SUGERENCIAS, COLABORACIONES, EDICTOS, SUPLEMENTOS Y PUBLICIDAD EN agendajudicial@jornada.com.mx"
locales se traduce en una menor independencia judicial, por estar sujetos a los vaivenes de la política; a diferencia de la Judicatura Federal, donde basta ser ratificado a los seis años del nombramiento para laborar hasta el retiro obligatorio a los 75 años, a menos que el Consejo de determine lo contrario en un procedimiento administrativo para separar al titular. El papel de las escuelas judiciales, los institutos de la judicatura federal y estatales, también debe replantearse. En muchos países del mundo se hacen cursos de varios años para poder acceder en directo al cargo de juez, en México no. La necesidad de hacer exámenes para este encargo está sustentada en la dificultad de evaluar los conocimientos de los candidatos, de ahí la opción de hacer estos cursos; pero cuando el juzgador ha laborado varios años en el cargo, es muy fácil evaluar su trabajo con las visitas semestrales y anuales de revisión, con el análisis de la calidad de sus sentencias, con los estudios y publicaciones logrados, entre otros. Resulta desalentador para los jueces que, después de décadas de laborar esforzadamente, deban realizar un nuevo examen para el cargo siguiente: en la Judicatura Federal, son muchos los concursos para magistrados donde ni siquiera finalizan el número de concursantes para ocupar todas las plazas concursadas. La opción de concursar plazas específicas podría alentar la participación de los jueces en los concursos. El federalismo judicial flota en la discusión académica regularmente, pero no en el debate presidencial. Los trabajadores judiciales, secretarios y mecanógrafos, tienen un papel que se olvida en el análisis de la función judicial. ¿Qué excelencia en el desempeño puede tener un titular que no puede reprender al secretario que hace mal su trabajo o al oficial judicial que es incapaz de llevar los oficios o de hacer la captura del expediente electrónico? ¿Cómo justificar resoluciones judiciales locales hechas para salir del paso, en espera de que los magistrados federales hagan el estudio de fondo, generalmente meses o años después? Aspectos administrativos, como el uso de libros de gobierno, ni siquiera se plantean en el discurso de los candidatos. Muchas oficinas judiciales deben aligerar la carga estructural. Los miles de libros de gobierno y agendas que se llenan para control interno de juzgados y tribunales alcanzan miles de toneladas en todo el país. Más allá del espacio que se ocupa innecesariamente, si se consideran los muchos registros electrónicos ya existentes desde hace décadas, son muchas horas de trabajo para llenarlos cuando eso mismo ya lo hizo el capturista. ¿Por qué continuar consumiendo millones de toneladas de papel en esos registros que pueden tenerse en memorias electrónicas o discos compactos? Si el Poder Judicial lograra reducir el consumo de papel que hace todos los días, estaríamos ante otro tipo de clima si eso se tradujera en mejores aprovechamientos forestales. Y eso, por supuesto que debe ser tema de debate electoral. El Poder Judicial es, al final, un órgano más del estado mexicano y su funcionamiento impacta en todas las áreas de la vida nacional. La unificación de criterios judiciales y su implementación en la ejecución real de las sentencias impacta en temas de política económica y de inversión. Los organismos internacionales que evalúan al país tienen en mente la función judicial y su rendimiento. Actualizarlo en todos los aspectos llevará a una mejor calificación internacional en cuanto a confiabilidad para invertir y ser sujeto de crédito, como país. Quizá la parte más importante en el debate es el análisis del impacto social de los órganos judiciales. Ni al interior de los Consejos de la Judicatura ni en la selección de magistrados y ministros cuando son elegidos por medios políticos (el senado o las legislaturas locales) se ponderan las consecuencias sociales de las actuaciones del aspirante y menos se verifican cómo impactan las resoluciones judiciales en una sociedad que cada vez tiene menos opciones para la resolución de sus conflictos. La necesidad de empatar la justicia con la legalidad debería ser un punto central del debate político, no sólo en periodos electorales, sino en la continuidad de un proyecto de Nación que parece no funcionar para millones de mexicanos carentes de lo más básico.