Ha pasado más de un año desde que se puso en marcha la Ley 27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, conocida como la Reforma Local.
En la democracia formal en la que nos encontramos, donde las decisiones son tomadas por una minoría con un escaso o nulo control democrático, esta Ley es una vuelta de tuerca más en la cimentación de un marco institucional burocrático que acrecienta la separación real entre el pueblo y el poder.
Es necesaria una racionalización de la Administración pública, pero esta no debe pasar por el desmantelamiento de los municipios. En el texto se diseña el municipio de la España del siglo XXI con unos mimbres económicos-financieros, con olvido de la parte institucional y de la verdadera democracia, lo que tendrá unas funestas consecuencias. No deja de ser paradójico que esta reforma local apuntale, refuerce y dé alas al nivel provincial de gobierno
