No hay democracia sin la garantía del derecho a acceder a tribunales en defensa de los legítimos intereses que hayan sido lesionados. Todo Estado está obligado a garantizar la efectividad de este derecho instaurando un sistema que pueda examinar y resolver estas pretensiones en un tiempo razonable. La creciente complejidad del entramado burocrático y la desmesurada influencia de los grandes conglomerados económicos hacen del acceso a la justicia un derecho básico de los ciudadanos. La defensa de los ciudadanos ante la acción de los grandes exige, no solo de un ordenamiento legal justo, sino de la posibilidad de su defensa ante los tribunales.
