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2.1 Marco conceptual del IGI-2017 El índice global de impunidad (IGI) retoma el concepto de impunidad acuñado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), el cual la define como: […] la inexistencia de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas (ONU, 2015).

Esta definición hace mención a dos situaciones: la «de hecho», que se refiere al funcionamiento real de las instituciones del Estado para garantizar castigo a los perpetradores de un delito, así como indemnización a la víctima o víctimas; y la «de derecho», que se refiere al reconocimiento jurídico y de la autoridad competente de fincar responsabilidad penal a los autores de delitos y violaciones, imponer una sanción y resarcir el daño causado a las víctimas. Para medir la impunidad a partir de este concepto es necesario considerar: las características del marco legal o jurídico («de derecho»), el contexto sociopolítico en donde ocurren los eventos («de hecho»), y el castigo al o a los causantes del delito. Esto puede entenderse y explicarse mediante un proceso encadenado que inicia con la denuncia de un delito, continúa con la adecuada investigación por parte de las instituciones procuradoras de la justicia, le sigue la resolución por parte de las instancias del Estado impartidoras de justicia y finaliza con el castigo y resarcimiento del daño (ver esquema 1). A esta forma de acercarse al fenómeno la hemos definido como la «cadena de impunidad». Esquema 1. El proceso de crimen y castigo

Desde esta perspectiva, el marco conceptual que respalda al IGI integra el proceso de crimen y castigo, pero adiciona una dimensión que evalúa la situación de los derechos humanos en el contexto local, esto por la importancia que reconoce al hecho de que los empleados públicos en su carácter de representantes del Estado pueden ser perpetradores de la violación a las garantías individuales, tomando el papel de victimarios activos y no por omisión o negligencia. De igual forma, retomando el

metodología igi-2017

enfoque de hecho y de derecho, asume que la comprensión del alcance y consecuencias de la impunidad no puede reducirse a la simple división de delitos entre sentencias o cualquier otro criterio estrictamente punitivo. Por lo anterior, una visión integral del problema de la impunidad debería incluir, tanto las sentencias, como la reparación del daño como fase final del acceso a la justicia. Muchos sistemas e indicadores terminan el análisis del ciclo de impartición de justicia en la sentencia ejecutoria, tenga ésta un sentido negativo o positivo para la víctima. Sin embargo, consideramos que, en el caso de que las autoridades determinen una sentencia favorable para una víctima del delito, debe integrarse, al proceso y a la información del expediente, la existencia de algún tipo de reparación del daño por parte del inculpado o del mismo Estado en favor de la víctima. Lamentablemente, por falta de información oficial de los países estudiados, no se puede analizar el último eslabón de esta cadena que es la reparación del daño a las víctimas y la forma en que su ausencia genera impunidad crónica en las sociedades. Además de discutir los problemas propios de la conceptualización de la impunidad en IGI-2015 e IGI-MEX 2016, hemos analizado el tema a mayor profundidad en Le Clercq, Cháidez (2016) y Le Clercq (2017). Para el análisis de la cadena de impunidad, el IGI se divide en tres dimensiones: estructural, funcional y derechos humanos. Adicionalmente, el IGI descompone las dos primeras dimensiones en dos ejes transversales: el sistema de seguridad y el sistema de justicia1. Con el propósito de diferenciar entre la procuración y la impartición de justicia, las cuales se ejecutan por instituciones distintas y, por lo tanto, su desempeño será medido individualmente. El esquema 2 resume este acercamiento. Esquema 2. Dimensiones del IGI

El IGI representa una valiosa oportunidad para investigar –empíricamente– las ventajas de ciertas estructuras institucionales para acotar los espacios que permiten la reproducción de la 1

En la versión anterior, el IGI descomponía –también– la dimensión de derechos humanos en los ejes mencionados. Sin embargo, en esta revisión se tomó la decisión de no hacer tal distinción debido a que la fuente de datos utilizada integraba, en un solo indicador, las dos variables que conformaban el eje del sistema de seguridad y las dos variables que conformaban el eje del sistema de justicia. Adicionalmente, en términos conceptuales, se evaluó la pertinencia de hacer dicha distinción y, se concluyó, que en esta dimensión no aportaba una diferencia importante ya que la violación de los derechos humanos puede provenir de cualquier instancia gubernamental y no únicamente de las relacionadas con el sistema de seguridad o de justicia.

indicadores componentes del igi-2017

impunidad. Sin embargo, es importante no dejar de lado algunos de los paradigmas específicos en el entendimiento de las estructuras sociales y, de esta forma, comprender el fenómeno en toda su complejidad para poder atacarlo desde su origen y motivación. La pregunta que permite abrir la discusión sobre la economía política de la impunidad es: ¿por qué la impunidad sigue siendo un lastre tan profundo y difícil de erradicar para muchas sociedades, cuando la magnitud de sus costos políticos, económicos y sociales ya ha sido discutida ampliamente y, además, existen hojas de ruta y buenas prácticas más o menos probadas y consensuadas sobre cómo reformar las instituciones para combatirla? La impunidad persiste a pesar de existir instituciones nacionales y locales con la responsabilidad constitucional de velar por el acceso a la justicia. Asimismo, la impunidad sistemática e histórica sucede en estados con la capacidad para reformar estructuras legales perniciosas que fueron heredadas de tiempos pasados. De igual forma, continúa –incluso– en estados en los que existe la posibilidad de que a los gobernantes se les castigue periódicamente mediante el voto si no cumplen con las expectativas (reformadoras, por ejemplo) ciudadanas. Finalmente, también es significativo que la impunidad encuentra un espacio adecuado para su reproducción en aquellos estados en los que existen también altos niveles de desigualdad socioeconómica. En otras palabras, los mecanismos democráticos ideados para corregir o reemplazar las estructuras sociales nocivas no se activan automáticamente para garantizar la función social para la que fueron ideados. Responder por qué subsisten en el tiempo instituciones con resultados subóptimos o que producen patologías políticas, también es fundamental para el éxito de cualquier esfuerzo reformador. Hasta el momento no existe suficiente literatura que profundice sobre los múltiples equilibrios en los que se afianzan las prácticas impunes, por lo tanto, hay que ir un paso atrás y desprender desde distintos enfoques teóricos una serie de posibles hipótesis para indagar las razones estructurales y funcionales sobre las que se sostiene la alta incidencia de impunidad.

2.2 Indicadores componentes del IGI-2017 La fuente de información para las dimensiones estructurales y funcionales proviene de las estadísticas de crimen y justicia penal compendiada y publicada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)2, y para la dimensión de derechos humanos se utilizó el puntaje de protección de derechos humanos, estimado por Christopher Farris (2014) y Fariss y Schnakenberg3, que mide la protección de la represión política y las violaciones de los derechos a la integridad física. Comprende una serie comparable para varios países en un periodo que va desde 1949 hasta 20144 y representa la posición relativa de un país, para un año dado, en relación con el promedio en todo el periodo para todos los países. El IGI –en esta edición– se construyó utilizando un total de doce variables: cinco que conforman la dimensión estructural, seis la dimensión funcional y un único indicador integrado para la dimensión de derechos humanos. Se logró estimar los grados de impunidad para 69 países, diez más que en el reporte correspondiente a 2015, y se realizaron algunos ajustes metodológicos que permitieron perfeccionar la precisión de nuestra estimación. 2

Disponible en https://data.unodc.org/. El organismo indica tomar con precaución las comparaciones entre países debido a las diferencias en las definiciones y en la organización de los sistemas de justicia existentes de un país a otro. Sin embargo, a pesar de las diferencias que pudieran existir, los resultados obtenidos muestran una solidez para aproximarse a la medición de la impunidad en los países en los que se realizó la estimación del IGI, pues guardan una correlación significativa con otras variables asociadas al estado de derecho y la corrupción, fenómenos estrechamente vinculados con la impunidad.

Los datos están disponibles en https://ourworldindata.org/human-rights/. Para mayores detalles de la metodología y las bases completas con las variables componentes del índice ver Christopher J. Fariss (2014) y Keith Schnakenberg y Christopher J. Fariss (2014).

El número de países utilizados para estimar el índice va creciendo con el tiempo, iniciando con 89 en 1949 hasta alcanzar 196 para el año 2014.

metodología igi-2017

Esquema 3. Dimensiones y ejes transversales del IGI

Dimensión estructural La dimensión estructural captura las capacidades instaladas que tiene el Estado para procurar e impartir justicia acorde a las reglas del proceso. Esta dimensión, retomando la definición de la CDHNU, mide especialmente la impunidad «de derecho». Aquí deben incluirse indicadores de los recursos físicos, jurídicos y humanos con los que cuentan los gobiernos, tales como policías, fiscales, jueces, magistrados, legislación anticorrupción y transparencia, infraestructura penitenciaria y presupuesto asignado y ejercido al sistema de justicia. Sin embargo, no todas estas variables están disponibles para todos los estados, por lo que sólo algunas de ellas pueden incorporarse en la medición del IGI. En esta estimación se conservaron las mismas variables que se utilizaron en la edición 2015 (ver cuadro 1).

dimensión estructural

Cuadro 1. Indicadores de la dimensión estructural Sistema de seguridad

Sistema de justicia

Policías por cada cien mil habitantes

Estructural

Reclusos entre capacidad total de los penales Personal en reclusorios entre capacidad total de los penales

Jueces y magistrados profesionales por cada cien mil habitantes

Personal en reclusorios entre total de reclusos Elaboración con base en los indicadores reportados por ONUDD.

1. Policías por cada cien mil habitantes. Se refiere al personal de organismos públicos reportado al 31 de diciembre del año de referencia, cuyas funciones principales consisten en la prevención, detección e investigación de la delincuencia y la aprehensión de los presuntos delincuentes cada 100 mil habitantes. 2. Reclusos entre capacidad total de los penales. Resulta del cociente del número de personas legalmente privadas de su libertad en cárceles, instituciones penitenciarias o correccionales, culpables o presuntos culpables de la comisión de un delito (excluye a los delincuentes internados con fines administrativos, incluye a las personas internadas mientras se investiga su situación de inmigración), y en la capacidad penitenciaria, la cual comprende el número previsto de plazas disponibles, sin hacinamiento en las cárceles y correccionales (excluye la capacidad o las plazas utilizadas para la detención de personas sobre la base de su situación de inmigración). 3. Personal en reclusorios entre capacidad total de los penales. Se refiere al total de empleados de las instituciones penales o correccionales, incluidos el personal administrativo, de tratamiento, custodia y demás personal (mantenimiento, servicios de comida, etcétera) dividido entre la capacidad penitenciaria. 4. Personal en reclusorios entre el total de reclusos. Es el número de empleados en las instituciones penales o correccionales dividido entre el número total de reclusos. 5. Jueces y magistrados profesionales por cada cien mil habitantes. Incluye al total de funcionarios, al 31 de diciembre del año de referencia, de tiempo completo o de tiempo parcial, facultados para conocer las causas civiles, penales y de otra índole; incluidos los tribunales de apelaciones y dictar sentencias o mandamientos en un tribunal de justicia, así como jueces y magistrados adjuntos facultados, por cada cien mil habitantes.

Dimensión funcional Retomando la definición de CDHNU, esta dimensión se aproxima a la impunidad «de hecho», es decir, mide el desempeño de las instituciones de procuración e impartición de justicia, independientemente de su marco normativo. La dimensión estructural hace referencia a las capacidades instaladas, como una medida del compromiso de los estados para combatir la impunidad; por su parte, la dimensión funcional nos habla de los resultados sociales que efectivamente arrojan el funcionamiento y acomodo institucional de cada país. Por ello, cada una de las variables que se incluyen dentro de esta dimensión se integra en un indicador que mide el desempeño real de las instituciones del sistema de justicia, para ejercer su función.

metodología igi-2017

Cuadro 2. Indicadores de la dimensión funcional Sistema de seguridad Personas frente a los tribunales entre personas en contacto formal con la policía Funcional Personas frente a los tribunales entre número de fiscales

Sistema de justicia Porcentaje de encarcelados sin sentencia Encarcelados entre condenados Encarcelados por homicidio entre homicidios totales Personas frente a los tribunales entre número de jueces

Elaboración con base en los indicadores reportados por ONUDD.

1. Personas frente a tribunales entre personas en contacto formal con la policía. Es el cociente entre las personas contra las que se iniciaron causas frente a tribunales en cualquier órgano judicial autorizado para dictar sentencias condenatorias en virtud de la legislación penal nacional, tanto si la persona finalmente resultó absuelta o no, y las personas en contacto formal con la policía o con el sistema de justicia penal (incluye a las personas sospechosas, detenidas o advertidas). 2. Personas frente a tribunales entre el número de fiscales. Son las personas contra las que se iniciaron causas frente a tribunales entre el número de fiscales. Esta variable no se consideró en la edición de 2015 porque no se tenía información del número de fiscales. 3. Porcentaje de encarcelados sin sentencia. Es la proporción de personas detenidas en prisiones, instituciones penales o correccionales que no han sido juzgadas o esperan su primera sentencia por parte de la autoridad competente. 4. Encarcelados entre condenados. Es la razón entre el número de personas privadas legalmente de su libertad y las personas declaradas culpables por un órgano judicial autorizado para dictar una sentencia condenatoria en virtud de la legislación penal nacional, tanto si la condena se confirmó ulteriormente como si no. El total de personas condenadas debe incluir a los condenados por delitos especiales graves, pero no a aquellos por infracciones de tráfico de escasa gravedad u otras infracciones leves. 5. Encarcelados por homicidio entre homicidios totales. Se refiere al cociente entre las personas condenadas por homicidio doloso, entendido como el acto de ocasionar deliberadamente la muerte de otra persona, y los homicidios dolosos. 6. Personas frente a tribunales entre el número de jueces. Es el número de personas contra las que se iniciaron causas frente a tribunales entre el número de jueces y magistrados.

Dimensión de derechos humanos Se utilizó el puntaje de protección de derechos humanos (PPDH) estimado por Christopher Fariss (2014) y Fariss y Schnakenberg (2014), el cual indica que a mayor valor, mejor es la protección de derechos humanos. Esta evaluación sobre la protección de los derechos humanos se centra en la protección de la integridad física de los ciudadanos. El objetivo es medir cómo un gobierno protege la integridad física considerando los casos de tortura, asesinatos gubernamentales, encarcelamiento político, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos masivos y desapariciones, obtenidos de las fuentes de información cuantitativas disponibles sobre las violaciones de los derechos humanos (estas incluyen CIRI y Amnistía Internacional).

construcción del modelo estadístico del igi-2017

Para realizar comparaciones en el tiempo, los autores desarrollaron el «modelo estándar dinámico», el cual corrige el sesgo producido por el cambio de normas en la medición de la protección de los derechos humanos. Bajo este modelo puede enmarcarse –coherentemente– la dimensión de los derechos humanos en el proceso de cadena impune desarrollada por el IGI tal como se resume en el esquema 2.

2.3 Construcción del modelo estadístico del IGI-2017 La información se actualizó para todas las variables y se utilizó el promedio de los datos disponibles para cada país en el periodo 2012-2014. Esto implica que si la variable está disponible en un solo año, ese valor es el que toma la variable, y si está disponible para los tres años, entonces se toma el valor promedio de los tres datos. Adicionalmente, para aumentar el número de países en la muestra, se realizó una búsqueda de los indicadores faltantes en las páginas gubernamentales de los países, así como de otros acervos de datos a nivel internacional y se complementaron algunos datos para países como Australia, Bélgica, Bolivia, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Suecia, Ucrania, Uruguay y Venezuela. Contando con una base de datos más completa, se eligió a los países que tenían información disponible para al menos siete de las doce variables necesarias para estimar el IGI, resultando un total de 69 países. En un segundo paso se aplicó, a cada variable, un modelo de mínimos cuadrados ordinarios para predecir e imputar los valores perdidos por país. Es importante señalar que en el modelo entraron no sólo el conjunto de países seleccionados, sino todos en los que existía dato disponible para la variable de referencia. Las variables independientes utilizadas fueron otros indicadores disponibles sobre el sistema de justicia penal en la base de datos de la ONUDD y en algunos casos las variables componentes del propio IGI. Los modelos de imputación se muestran en el cuadro 2 y fueron resultado de una selección basada en el poder de ajuste de cada modelo, el cual se estableció en un mínimo de R 2=0.4 y con una significancia de los c oeficientes de, al menos, 90 %. El objetivo de la imputación no er a obtener un modelo explicativo, sino predecir el valor de la variable, por lo que resulta irrelevante mostrar los coeficientes obtenidos. (Ver tabla en la siguiente página).

metodología igi-2017

Cuadro 3. Modelos de imputación de valores faltantes en los países seleccionados

Homicidios por cien mil habitantes Homicidios Fiscales por cien mil habitantes (variable con imputación) Condenados (variable con imputación) Reclusos (variable con imputación) Capacidad de las prisiones Personal en prisiones Asalto Secuestro Robo con violencia Robo Robo de vehículos África (dicotómica) América (dicotómica) Asia (dicotómica) Europa (dicotómica) Oceanía (dicotómica) Total de denuncias por robo, asalto, robo a vehículo, homicidio, secuestro, violencia sexual Encarcelados Personas detenidas sin sentencia Policías Encarcelados por ofensas violentas Encarcelados por daño a propiedad Encarcelados por delitos fiscales

Como tercer paso, se aplicó una normalización Min-Max de todas las variables, considerando el conjunto de los 69 países seleccionados, se estandarizaron bajo el criterio de «entre más grande es peor» (a estas variables se les denomina como complemento) y, finalmente, se obtuvieron los índices de cada dimensión y eje transversal mediante una media simple de los indicadores componentes. De tal forma que cada dimensión se construyó como sigue:

ESS =

polpc + reccap + percap + perrec 4

Reclusos por ofensa de homicidio

Personas ante tribunales

Porcentaje de reclusos en sentencia

Fiscales por 100 mil habitantes

Personal en prisiones

Capacidad de las prisiones

Personas en contacto formal con la policía

Condenados

Número de jueces

Jueces por 100 mil habitantes

Fiscales

Policías por 100 mil habitantes

Encarcelados

Variables independiesntes

Variable independiente

construcción del modelo estadístico del igi-2017

Donde: ESS es la dimensión estructural del sistema de seguridad; polpc es policías por cada 100 mil habitantes (complemento); reccap es reclusos entre capacidad total de los penales; percap es personal en reclusorios entre capacidad total de los penales (complemento) y perrec es personal en reclusorios entre total de reclusos (complemento).ESJ es la dimensión estructural sistema de justicia; jpc es jueces por cada 100 mil habitantes (complemento). ESJ = jpc

FSS es dimensión funcional sistema de seguridad; atcf es personas frente a los tribunales entre personas en contacto formal con la policía; y pftf es personas frente a tribunales entre el número de fiscales. FSS = pfcf + pftf

Donde: FSJ es dimensión funcional sistema de justicia; atj es personas frente a los tribunales entre número de jueces; reccon es encarcelados entre condenados; recssen es porcentaje de encarcelados sin sentencia; rechomh es encarcelados por homicidio entre homicidios totales (complemento).

FSJ =

pftj + reccon + recssen + rechomh 4

Donde: DDHH es la dimensión de derechos humanos definida con el puntaje de protección de derechos humanos (complemento).

DDHH = PPDH

Finalmente, para el IGI, se aplicó una media simple de todas las dimensiones y ejes transversales:

IGI =

ESS + ESJ + FSS + FSJ + DDHH 5

2.4 Correlaciones con otros problemas globales Dónde habita la impunidad La impunidad es un fenómeno que se nutre de distintas problemáticas y puede manifestarse en cualquier lugar o contexto, la impunidad puede ser el origen o la consecuencia, involucra al menos dos actores: la víctima y el victimario; y se ejerce entre personas, entre grupos, o la combinación de ambos. En la edición 2015 del IGI se detectó que existía una correlación entre la desigualdad del ingreso, medida por el índice de Gini y el IGI; en esta medición (2017), la correlación positiva se sostiene con un parámetro significativo de 0.633 al 95% confianza y con un ajuste de R2=0.48 (ver gráfica 1). Es decir, la muestra de 69 países que conforman el IGI revelan que entre mayor impunidad existe, mayor es la desigualdad; o también, podría interpretarse como, entre mayor es la desigualdad, mayor es la impunidad, lo que no necesariamente indica que una sea efecto o resultado de la otra.

0 0

Gráfico 1. Relación IGI y GINI

IGI 60

Gráfica 1. Relación IGI y GINI

R2 = 0.48577

Gráfico 1. Relación IGI y GINI

ÍNDICE DE GINI

R2 = 0.48577

Gráfico 2. Relación IGIa y PIB per cápita PPP (precios constantes 2011)

20 90,000

80,000 10

0 0

P I B P E R C Á P I TA P P P

70,000 0 60,000 0

50,000

IGI

40,000I G I

De existir una relación causal, se podría30,000 entender como una relación bidireccional, es decir, en contextos donde existe desigualdad e impunidad, una condición potenciará a la otra.1 20,000 La desigualdad tiene efectos perniciosos para el desarrollo debido a que obstaculiza el combate 10,000 a la pobreza y debilita a las instituciones; particularmente, la desigualdad del ingreso marca una diferencia importante en los niveles de bienestar a los que tienen acceso los pobres y los ricos cohabi0 tantes en un mismo territorio (De Ferranti et. al. 2003). La desigualdad también30 tiene secuelas sobre50 0 10 20 40 la estabilidad política, el estado de derecho, la corrupción y la seguridad pública, y por lo mismo, no IGI resulta extraño que también tenga una relación con la impunidad. La impunidad no sólo reduce las posibilidades de los individuos de salir de su condición de pobreza, sino que alimenta los factores para su reproducción y profundización (Galván y Álvarez 2000). Gráficoel1.PIB Relación IGI y(ajustado GINI De ahí que encontremos una correlación negativa entre per cápita por poder de paridad de compra, PPP por sus siglas en inglés) y el60IGI (ver gráfica 2). Gráfica 2. Relación IGI y PIB per cápita PPP (precios constantes 2011) Gráfico 2. Relación IGIa y PIB per cápita PPP (precios constantes 2011)

R2 = 0.17898

R2 = 0.48577

90,000

ÍNDICE DE GINI

80,000

P I B P E R C Á P I TA P P P

70,000 60,000 50,000 40,000 30,000

20,000

10,000

R2 = 0.17898

0 0

IGI

Para hacer un análisis de este tipo sería necesario aplicar la prueba estadística que se llama Test de Wiener-Granger en el cual se puede detectar si una variable sirve para predecir a otra y si tienen una relación unidireccional o bidireccional. Sin embargo, esta prueba requiere una serie de tiempo que permita medir y evaluar la tendencia de ambas variables. Gráfico 1. Relación IGI y GINI 60

R2 = 0.48577

2.5 2.0

1.5 1.0

CORRUPCIÓN

La impunidad genera un perpetuo nivel de inseguridad en los estratos más bajos, al no existir 0.5 entre las autoridades y este sector poblacional (Vilhena 2007), lo cual debilita a las reciprocidad instituciones y vulnera el estado de derecho (ver gráfica 3). Las sociedades donde impera la impuni0.0 0 10 20 30 50 60 80 dad son el terreno propicio para germinar y nutrir a40la corrupción (ver gráfica 4),70ya que las violaciones -0.5 a la ley no tienen ningún castigo; esto beneficia particularmente a la población de más altos recursos R = 0.248 y a las élites -1.0de poder político y económico, teniendo consecuencias altamente perniciosas sobre la desigualdad y el combate a la pobreza. -1.5 Sólo a través de la concreción de un estado de derecho democrático, es como los individuos pueden acceder-2.0a mecanismos para ejercer sus derechos y exigir rendición de cuentas, lo que en su conjunto garantiza la equidad política de todos los ciudadanos y coarta el potencial abuso de poder -2.5 IGI (O'Donnell 2001). 2

Gráfica 3. Relación IGI y Estado de derecho Gráfico 3. Relación IGI y Estado de derecho 2.5 2.0

E S TA D O D E D E R E C H O

1.5 1.0 0.5 0.0

-0.5 R2 = 0.3107

-1.0 -1.5 -2.0 -2.5

IGI

Gráfica 4. Relación IGI y corrupción

Gráfico 4. Relación IGI y Corrupción

2.5 2.0 1.5

CORRUPCIÓN

1.0 0.5 0.0

-0.5 R2 = 0.248

-1.0 -1.5 -2.0 -2.5

IGI

Gráfico 3. Relación IGI y Estado de derecho 2.5 2.0