Estadio abril

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ANÁLISIS

H

ubo un tiempo en que la selección ecuatoriana de fútbol era una causa común. Ir al estadio olímpico Atahualpa de Quito era una fiesta en la que todos alentaban al mismo equipo. Así fue hasta el pasado 28 de marzo, cuando el ruido de las vuvuzelas, prohibidas por la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA) después del Mundial Sudáfrica 2010, aplacó el aliento de los hinchas al interior del estadio y terminaron convertidas en proyectiles afuera de dicho escenario para atacar al entonces candidato presidencial Guillermo Lasso y su familia. “Las vuvuzelas hacían un estruendo ensordecedor cada vez que se gritaban consignas en contra del gobierno, es algo que nunca antes se había visto”, coincidieron la mayoría de hinchas presentes en el estadio, principalmente en la zona de palco, donde empezaron los incidentes con tintes políticos. Durante el partido, la gente volvió a gritar en contra del gobierno y justo en ese instante se puso música por los altoparlantes, algo que la FIFA también prohíbe. Nada raro sería que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sancione el Atahualpa.

La polémica venta de boletos

Lo que el

fútbol unió

y la política dividió Por Fabricio Zavala García.

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Tras los incidentes, Guillermo Lasso acusó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) de ser “cómplice” de la agresión por haber vendido numerosos boletos a grupos afines al gobierno y solicitó una confesión judicial al presidente de la FEF, Carlos Villacís Naranjo, para esclarecer los hechos. “Dicen que yo he ordenado vender miles de entradas para un grupo político, sacan un cheque del Banco del Pacífico como prueba; pero ese cheque fue por la segunda cuota del monto acordado con ese banco para el auspicio del torneo”, sostiene Villacís, quien asegura que luego del partido entre Ecuador y Perú, el próximo 5 de septiembre, terminarán unilateralmente el contrato con Ecutickets, empresa encargada de comercializar los boletos de los partidos de Ecuador como local en las eliminatorias mundialistas. Lenín Moreno, entonces candidato a la presidencia, escribió en su cuenta de Twitter: “Ninguna expresión de intolerancia es aceptable, venga de donde venga. Rechazamos los actos de violencia a la salida del Atahualpa”.

Asimismo, el movimiento Alianza País, a través de su vocero, Oscar Bonilla, deslindó responsabilidad de los hechos.

La versión de Ecutickets

Según el gerente de Ecutickets, Andrés Venegas, una entidad gubernamental “compró un número considerable de entradas” y los boletos vendidos “coinciden con la zona

Una entidad gubernamental compró entradas para el partido entre Ecuador y Colombia justo en el sector donde empezaron los incidentes con tintes políticos.

LAS ENTRADAS “La entidad que compró un número considerable de boletos depositó el dinero en cuentas de la FEF”, Andrés Venegas, gerente de Ecutickets.

donde estaban las personas que usaron las vuvuzelas”. También dio detalles de la transacción: “La entidad que compró un número considerable de boletos depositó el dinero en cuentas de la FEF”. Añade que “una sola persona compró todos los boletos de dicha entidad en abonos”. Para palco, cada boleto costaba 360 dólares. Venegas explica que no puede revelar el nombre de la entidad estatal ni el número exacto de localidades porque existe “un acuerdo de confidencialidad con la FEF”. Asegura, además, que Ecutickets posee un sistema de venta y control de boletos con número de cédulas “de tal manera que podemos decir quién estuvo al lado de quién en el estadio”. Y que están dispuestos a colaborar con la investigación “si lo pide la Fiscalía”.

El ambiente estaba muy enrarecido esa tarde del 28 de marzo en el Atahualpa. Tanto, que hasta los propios jugadores lo sintieron. “Cuando salí del estadio, un policía nos gritaba: ‘Son malos’. Este es un país dividido”, confesó el defensa Gabriel Achilier. Hubo un tiempo en que la selección ecuatoriana de fútbol era sinónimo de unidad. Hasta que la política embarró el espíritu de confraternidad de este deporte en medio del ruido de las vuvuzelas y la violencia. La justicia deberá determinar responsables. Abril 11 • 2017 »

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