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Los periodistas no estamos acostumbrados a celebrar. Generalmente, nos toca hablar de crisis, investigar casos de corrupción, explicar guerras, incluso pandemias. Sin embargo, esta es una ocasión especial. No es que falten las crisis ni las guerras, pero sí tenemos motivos para festejar: 100 números no se imprimen todos los días.
Casi tres décadas después de su primera edición, podemos afirmar con orgullo que Punto Seguido se ha convertido en la revista periodística universitaria de referencia en el Perú. Como contaremos en las páginas siguientes —que no alcanzan, lamentablemente, para darle espacio a todos quienes lo merecen—, este medio se ha ido consolidando como una cantera de periodistas, a los que ha formado para investigar, para defender la democracia, para contar historias.

Punto Seguido, desde las aulas de la universidad, que se convirtieron en redacciones, ha cubierto un poco de todo: sus periodistas han informado sobre el retorno de la democracia, golpes de Estado, guerras internacionales, logros deportivos históricos, y hasta una pandemia que lo detuvo casi todo. Aun con esos desafíos, la revista siempre salió adelante, siempre se publicó, nunca dejó de circular.
Hoy celebramos 100 números, pero sin perder de vista lo que más importa: la democracia —casi siempre bajo amenaza—, la libertad de prensa, la búsqueda implacable de la verdad, la tolerancia con los demás puntos de vista. Además de rendir homenaje a los fundadores y protagonistas de la historia de nuestra revista, esta edición de Punto Seguido propone también un análisis de lo que se viene tras unas elecciones presidenciales y parlamentarias tan apretadas como complejas: intentamos divisar qué le espera al Perú en los próximos cinco años y cuáles son los grandes retos que debemos superar como sociedad.

En ese complejo contexto, nos permitimos celebrar con ustedes —nuestros lectores, nuestros estudiantes, nuestros graduados— que aquí seguimos, 100 números después, y también nos comprometemos a seguir haciendo periodismo desde las aulas y desde las calles, en la redacción y en la cancha. Que sean 100 más.

Punto seguido UPC @punto _ seguido








1. Así nació PS
2. Autoridades y egresados notables
3. PS en el entorno digital
4. Los grandes retos del próximo quinquenio
5. Dejar de vivir con miedo
6. Enfrentar la informalidad
7. Entre el oro y la tierra
8. Aprender en desigualdad
9. Salud pública
10. Dos países en uno
11. Transporte
12. Deporte y cultura



Antes de convertirse en una revista reconocida dentro de la UPC, Punto Seguido fue apenas una idea que tenía como objetivo contar historias con identidad propia. A puertas de su edición número 100, tres de sus protagonistas principales reviven los inicios, desafíos y transformaciones de este proyecto que sobrevivió al paso de los años y a la transición del papel hacia lo digital.

La carrera de Periodismo nació junto con la UPC en 1994. El curso de Taller de Periodismo Informativo se creó en 1997 como parte de la malla curricular de ese año.
"La idea de crear una revista se diseñó desde el inicio del curso de Informativo, como un espacio controlado para experimentar y publicar con responsabilidad", recuerda Gloria Tovar una de las fundadoras.
Durante el proceso de crear las primeras ediciones de la revista, hubo algunas dificultades con el apartado del diseño gráfico: “Las computadoras eran PCs, no Macs, y los programas de diseño eran básicos, por eso se optó por trabajar en equipo con los profesores del curso de Diseño”. Por otro lado, relata cómo los estudiantes no solo producían los contenidos, también al final del ciclo organizaban la distribución del producto, convirtiéndose en “canillitas” que llevaban la revista hacia el público.
La esencia de Punto Seguido
Tovar explica que hubo muchas discusiones desde el inicio para decidir si en cada ciclo se haría una nueva revista propia del nuevo grupo con otro nombre o mantener una identidad sólida a lo largo de los años.
Al final se optó por conservar un título único, lo que permitió consolidar una marca reconocible. “Hasta ahora, 100 números después, seguimos manteniendo el mismo nombre”, destacó la docente.
Asimismo, explica a detalle lo agitados que podían ser los cierres días previos antes de cada publicación, como suele suceder en todos los medios impresos. "Los cierres eran espectaculares, tanto los redactores como diseñadores nos quedamos hasta de madrugada en ocasiones. Era agotador, pero formaban parte de la experiencia periodística", recuerda.
Ana Sofía Miguel de Priego, entonces profesora del curso de Diseño Gráfico y ahora directora de la carrera de Comunicación y Publicidad, comentó que los alumnos pasaban la noche en la universidad para entregar la revista a la imprenta y poder salir a tiempo.
El estilo de redacción y diseño ha ido evolucionando con el pasar de los años de forma positiva para que la revista esté más acorde a la época que le toca ser publicada. "Para mí fue una experiencia muy grata, de mucho aprendizaje. Recuerdo con mucho cariño esos días, estaban llenos de aprendizaje tanto a nivel profesional como personal", menciona Miguel de Priego.
DEL Papel a la pantalla Con el paso de los años, la revista se fue adaptando a los cambios tecnológicos. En sus primeras ediciones, todo era impreso. Posteriormente, se incorporaron tanto una versión digital, como una página web y la creación de sus redes sociales. La transición fue gradual, pero siempre manteniendo la esencia principal.
Alejandra Cruz, ex docente de la carrera, ahora una periodista con un amplio recorrido en el mundo de los medios de comunicación, fue responsable de esta transición.
Alejandra relató su experiencia durante su participación en este proceso. "La revista siempre tuvo una versión digital; sin embargo, lo que más destacaría es la iniciativa que planteamos como grupo durante aquel ciclo para transformarla en un portal de reportajes diarios, incluyendo sus redes sociales, muy aparte de solo la edición principal", comenta.
Como todos los medios periodísticos, Punto Seguido ha debido evolucionar de la mano de los vertiginosos avances de las tecnologías de la información, y lo ha hecho de la mano de docentes y estudiantes. El resultado es un medio tan vital como versátil.










Edición #1






N O V 19 97








M A Y 20 00








Por falta de presupuesto, se publicó en papel periódico. Pero eso no los detuvo de forjar una identidad que aún estaba en construcción. Un equipo pequeño y pionero de ocho alumnos, con mucha iniciativa, estuvo a cargo de la primera publicación. Publicada en 1997, la revista escogió a la ciudad de Lima como protagonista; y las líneas de Nazca se hacen presentes en la parte final de la “S”, con una tipografía corrida. Esto marcó el punto de partida de un proyecto periodístico que empezaba a trazar su propio camino.






















La política estuvo ligada a Punto Seguido desde los inicios. El equipo de esta edición cubrió los comicios que determinarían el plano ejecutivo de los años siguientes: la tercera reelección del expresidente Alberto Fujimori y su rivalidad con el también expresidente Alejandro Toledo. El estilo gráfico de la revista empezaba a direccionarse hacia las imágenes como factor predominante y un logo que iba tomando forma. Hasta ese momento, las publicaciones eran productos solo del curso “Taller de Periodismo Informativo”.





















Edición #47
M A Y 20 11









La revista inició una revolución en su formato; una nueva imagen, pero los mismos principios. La publicación era un proyecto editorial que los alumnos adaptaban según sus intereses. Los logos variaban cada semestre, las propuestas gráficas contrastaban entre ediciones, los ángulos de los temas eran diversos, pero se preservaba el espíritu de la revista: hacer verdadero periodismo desde las aulas. Esta edición centró su atención en la coyuntura política en el marco del inicio de una nueva década.


























Punto Seguido ha registrado los hitos más importantes del Perú durante los últimos 30 años. Lo que empezó como una revista elaborada por equipos pequeños de estudiantes upecinos, en la actualidad es un medio consolidado que combina papel, web y redes sociales. Este año cumple 100 ediciones, a través de las cuales ha evolucionado en su adaptación a la tecnología y nuevos medios. Asimismo, ha construido una memoria periodística única entre las pocas publicaciones en físico que aún subsisten.















Escriben: Aaron Tapia, Claus Medina, Diego Meneses y Fatima Saavedra





Se metieron con la generación equivocada (de periodistas). Desde la actividad en redes sociales hasta la publicación de esta editorial especial, estos jóvenes manifestaron su descontento con una crisis política sin precedentes. El diseño gráfico utilizó contrastes fuertes y símbolos patrios para representar la dicotomía entre la celebración y la tragedia nacional. Con un enfoque crítico, la revista ofreció una mirada reflexiva sobre las deudas históricas del Estado, mientras la revista se consolidó como un espacio de análisis fundamental para los ciudadanos contemporáneos.




Edición #88 J U L 20 21


















Fue publicada durante el momento más álgido de la crisis sanitaria global. Esta edición refleja la incertidumbre y el aislamiento social. El estilo gráfico se adaptó a la virtualidad, al mostrar una estética marcada por ilustraciones digitales y fotografías que retrataban calles vacías y la nueva cotidianidad del confinamiento. A pesar de los desafíos logísticos de la época, el equipo mantuvo la calidad editorial y demostró la capacidad de la revista para reinventarse y narrar la historia en tiempo real.






Edición #84 J U L 20 20












El tema central conmemoró un hito histórico para el Perú: un cuarto de siglo desde la caída de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso. La revista alcanzó una madurez visual notable al consolidar un diseño editorial más limpio y profesional que facilitaba la lectura de reportajes de investigación profunda. Además, al priorizar el balance entre fotografía documental y texto, los estudiantes lograron reconstruir la memoria histórica del país. Se destacó por su sobriedad gráfica y el uso de archivos visuales que reforzaron el compromiso periodístico con la realidad nacional.






Edición #72 N O V 20 17















La decana de la Facultad de Comunicaciones de la UPC repasa junto a Punto Seguido tras décadas de trayectoria profesional y reflexiona sobre los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones en el mundo periodístico.
Escriben: Alarcón Marisol, Caracciolo Mauricio, Martínez Mayra y Tocto Camila
¿Qué significa para usted llegar a este hito?
Bueno, para mí es una alegría enorme, pero la verdad que el mérito absoluto es de los alumnos primero, y de quienes han hecho de esta revista algo que vaya más allá del tiempo. Me refiero a Gloria Tovar, Alejandra Cruz, Ana Sofía Miguel de Priego, que hizo el primer diseño, a Rossana Echeandía, que ha sido la directora. O sea, yo no puedo dejar de agradecerles a ellas, a Manuel Eráusquin, todo lo que han hecho por esta revista.
Yo, en verdad, soñé con esta revista cuando empezó la universidad. Le hice seguimiento porque me parece indispensable que ustedes tengan una herramienta sobre la cual se sientan sumamente orgullosos, porque no es sencillo. Más aún hoy día que se cierran medios con mucha frecuencia, esta es una demostración de rigor, de verificación, de trabajo en equipo, de alegría y de malas noches. Orgullo total.
Después de tantos años en la universidad, ¿qué cambios han marcado su experiencia profesional?
Uf, la relación con los alumnos. Los alumnos de hace 30 años no eran los alumnos de hoy. No hablo ni de mejores ni de peores, hablo de diferentes. Para mí ha sido una escuela enfrentar las solicitudes de los alumnos, la manera de ver la vida, la manera de enfrentar los cambios tecnológicos, de asumir la educación de una manera diferente. Para mí eso ha sido una enseñanza.
Si pudiera darle un consejo a la Úrsula que recién empezaba su carrera, ¿cuál sería?
La verdad es que empecé con


muchísima ilusión, con muchísimo entusiasmo, mucha más juventud y por lo tanto creo que hice bien en empezar tan joven porque entendía a los chicos, estábamos más cerca. Ahora ya el gap es mayor y, por lo tanto, soy muy humilde al aprender de ellos muchísimo, pero también es verdad que ellos me miran como un camino recorrido, el cual probablemente les dé esperanza, me toman cariño sobre lo que se puede lograr, porque obviamente yo estoy aquí de paso.
¿Y cómo va el estado actual del periodismo en un contexto de sobreinformación y redes sociales? El reto que tienen ustedes es enorme. Solamente hay que mirar o analizar las últimas elecciones presidenciales. La cantidad de fake news, de información falsa, por no decir ni siquiera equivocada, ha sido tremenda. Por lo tanto, el nivel de pensamiento crítico que se le exige ahora, no solamente a los ciudadanos sino a ustedes como productores de información, es tremendamente alto, y la responsabilidad es mucho más exigente que lo que era hace unos años, donde uno confiaba más. Ahora se confía cada vez menos.
¿Y cómo cree que la inteligencia artificial está transformando la comunicación y el periodismo?
De una manera impresionante. No hay que tenerle miedo para nada a la inteligencia artificial, pero sin embargo, como es una herramienta, hay que aprender a usarla como todas las herramientas. Hemos pasado por varios cambios tecnológicos a lo largo de la vida y la verdad es que no nos puede asustar. Lo que sí es verdad es que tenemos que ir a la velocidad de esta nueva herramienta. Hay que entenderla en su magnitud y por supuesto ver los impactos de un mal uso de la inteligencia artificial. Hay que tenerlos muy presentes.
Si dentro de 100 ediciones más alguien leyera esta entrevista, ¿qué le gustaría que encontra sobre el presente y el futuro de la comunicación?
Si en 10 años más alguien leyera esta entrevista, me gustaría ser yo la que la lea, no la que la hable, sino la que la lea. Me gustaría que los chicos mantengan la revista, que la nueva persona que asuma el decanato en 10 años tenga el mismo cariño por la revista que tenía yo durante los 30.

Directora Académica de Comunicación y Periodismo de la UPC desde 2015, repasa Punto Seguido se transformó con la llegada de lo digital y el camino que han recorrido sus egresados en el periodismo peruano.
Escriben: Marisol Alarcón, Mauricio Caracciolo, Mayra Martínez y Camila Tocto
En qué momento y con qué cargo llegó
Voy a cumplir once años en la UPC el próximo 1 de agosto, una etapa muy importante de mi vida profesional. Trabajé durante años en la sección Política de El Comercio, donde ingresé como practicante y terminé como editora central de la mesa de redacción, coordinando con todas las secciones del diario y con áreas como publicidad y producción.
En 2015 decidí dar un giro a mi carrera. Después de años cubriendo política, eventos internacionales, conflictos y entrevistando a importantes líderes, sentí que era momento de compartir todo ese aprendizaje.

Fue entonces cuando acepté ser la directora de la carrera.
¿Cómo ha sido la evolución de Punto Seguido? No estuve presente en los inicios de Punto Seguido, por lo que otras personas podrán contar mejor esa etapa fundacional. Sin embargo, uno de los cambios más importantes que impulsamos fue la creación del espacio digital.
Antes, como ocurría con muchos medios, el trabajo estaba centrado en la edición impresa. Nosotros decidimos avanzar al ritmo de la transformación periodística mundial y lanzamos la plataforma digital de Punto Seguido. Este espacio ha permitido dar mayor visibilidad al trabajo de nuestros estudiantes y convertirse en una vitrina para futuros empleadores.
¿Qué cambios observa entre las primeras ediciones que vivió y las actuales?
Los cambios han sido constantes. Durante la pandemia, por ejemplo, los estudiantes no podían salir a la calle para reportear, por lo que tuvieron que desarrollar nuevas estrategias para obtener información y contactar fuentes. Además, la industria periodística cambia permanentemente. Por eso actualizamos nuestros sílabos de manera constante y adaptamos los contenidos a las nuevas tecnologías. Los estudiantes trabajan con equipos cada vez más modernos y se enfrentan a desafíos reales de la profesión. Eso les permite desarrollar competencias que luego aplicarán con naturalidad en el ámbito laboral.
"si tuviera que resumir lo que significan estas cien ediciones en una sola palabra, sería satisfacción".
¿Existen casos de egresados que hayan consolidado sus carreras gracias a experiencias como Punto Seguido?
Sí, hay muchos egresados de la carrera desarrollándose con éxito en medios de comunicación. Por ejemplo, Carlos Salas, subdirector de El Comercio; Jaime Cordero, director de Semana Económica y además docente de nuestra carrera; o Mayt é Ciriaco, quien trabaja en el área de periodismo de datos de El Comercio. Son solo algunos ejemplos de profesionales que hoy desempeñan roles importantes dentro de la industria periodística.

¿Qué siente al llegar a las 100 ediciones de Punto Seguido?
Siento una enorme satisfacción. Durante todos estos años he visto cómo los estudiantes experimentan la emoción de publicar sus trabajos, de ver sus nombres impresos o en una plataforma digital y de compartir información que investigaron con esfuerzo y responsabilidad. Lo más valioso es que, siendo estudiantes de séptimo ciclo, realizan trabajos con un nivel de madurez notable. La posibilidad de publicar los impulsa a asumir el periodismo con seriedad, verificando información, contrastando fuentes y cuidando la calidad de sus textos. Si tuviera que resumir lo que significan estas 100 ediciones en una sola palabra, sería satisfacción.
Periodista y docente universitaria con más de 35 años de experiencia
Exeditora en el diario El Comercio

Impulsó la transformación digital de la revista Punto Seguido

Gloria Tovar, docente y formadora de nuevas generaciones de periodistas, participó en la creación de Punto Seguido.
tinuidad, de algo que no termina, sino que sigue avanzando con las siguientes generaciones.
¿Qué opciones cambiaban entre cada generación de estudiantes?

Cada grupo aportaba su propio estilo, diseño y temas de interés. Algunos estaban más ligados a la política y otros a temas sociales. Las revistas reflejaban mucho el contexto histórico y también la personalidad de cada promoción.
¿Qué temas marcaban las primeras ediciones?
Las primeras estuvieron muy influenciadas por el contexto político de finales de los años noventa: protestas, conflictos sociales y la caída del gobierno de Alberto Fujimori. Eso hizo que muchos estudiantes se enfocaran en temas políticos y eco-
¿Qué ha permitido que Punto Seguido siga
La combinación entre continuidad e innovación. Aunque cada generación aporta nuevas ideas y estilos, siempre se han mantenido ciertos principios editoriales y el compromiso con el buen
¿Cuál ha sido el mayor aporte de la revista a los
Para los alumnos, el mayor aporte ha sido brindarles este espacio en el que realmente podían experimentar de manera real, pero además guiados por una posibilidad de reflexión permanente. Porque no se trata simplemente de producir en un escenario profesional abierto, sino de hacer periodismo de verdad con la oportunidad de mantener una discusión académica permanente. Creo que esa es una de las cuestiones más interesantes.
¿Qué cree que ha permitido que Punto Seguido se mantenga vigente durante tantos años? Creo que, de alguna manera, es el entusiasmo de la carrera, el hecho de que ha ido ganando una identidad que se ha conservado, a pesar de que los grupos han ido cambiando ciclo a ciclo, porque, de hecho, cada grupo es distinto, pero hay un espíritu que se mantiene: las ganas de hacer buen periodismo y de incorporar eso en la formación de los estudiantes.
¿Qué hace que un texto realmente tenga impacto?
Para mí lo vital es la calidad periodística: el enfoque del tema, la investigación previa, el trabajo literario que tiene como texto en sí, desde el punto de vista narrativo, y, bueno, sin duda, la solidez en el trabajo previo, en el trabajo de investigación. Y lo que revela sobre lo que son. Porque, finalmente, las historias que se cuentan son las que ponen en evidencia la naturaleza de nuestras sociedades y la nuestra propia.
¿Qué cree que las redes sociales han cambiado hoy en día en la manera de comunicar?
A diferencia de los medios tradicionales, como la prensa escrita y la radio, las redes sociales y la comunicación digital han transformado nuestro entorno comunicativo. Estos espacios han ampliado las formas de interacción y han cambiado la manera en que las personas se expresan y se relacionan, modificando incluso las nociones de tiempo y espacio.
Hoy vivimos en un mundo más conectado, donde las distancias parecen haberse reducido. Sin embargo, esta mayor conectividad también ha generado nuevos desafíos. Así como facilita la difusión de información valiosa, también permite que circulen noticias falsas con mayor rapidez. Por ello, las redes sociales representan un espacio lleno de oportunidades, pero también de contradicciones y riesgos que deben ser analizados críticamente.
¿Qué diferencias hay entre esos alumnos, esos estudiantes, y los de ahora?
Los alumnos del año 97 y los de hoy, bueno, son contextos distintos; digamos que las experiencias de los chicos en el 96 eran diferentes, la universidad también era una universidad que recién empezaba, tenía dos, tres años de creada, entonces imagínense lo que eso podía significar.
Creo que los contextos evolucionan, y los perfiles de los jóvenes estudiantes; también ahora mantienen muchas cosas en común, siguen siendo jóvenes con ganas de hacer las cosas, con curiosidad, con interés en lo periodístico.Tal vez con un perfil con muchos elementos en simultáneo o con estas ventanas constantes que se abren en el mundo comunicativo, pero con la misma ilusión, yo creo, y la misma esperanza que mantenían los primeros grupos.


La destacada periodista recuerda sus inicios en Punto Seguido, la revista de la UPC que transformó las aulas en una redacción real y marcó a toda una generación.
Escriben: Christian Bravo, Mateo Collao, Fiorella Loreño y April Rengifo
uando Rafaella León recuerda sus años en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), no habla primero de exámenes ni de salones. Habla de cierres. De llamadas telefónicas apresuradas. De editores corrigiendo textos. De compañeros llegando tarde a una comisión. De fotógrafos improvisados. De reuniones eternas para decidir una portada. Y, sobre todo, habla de Punto Seguido, la revista estudiantil que, para varias generaciones de periodistas de la UPC, terminó siendo mucho más que un curso universitario: fue una primera redacción.

Había incluso anunciantes que conseguir. Cada estudiante encontraba poco a poco su lugar dentro de esa maquinaria.
León encontró el suyo en el texto. La fotografía no era su fuerte, admite entre risas, pero escribir sí. Primero redactó artículos y luego asumió roles editoriales. Sin darse cuenta, estaba comenzando el camino que más adelante la convertiría en editora en distintos medios nacionales.
Periodismo entre marcha y marcha
Rafaella León ingresó a la UPC en 1995, cuando la universidad recién daba sus primeros pasos en Monterrico y la carrera de Comunicación y Periodismo todavía era pequeña. “Yo soy la segunda promoción”, recuerda. En esa época no existían celulares ni redes sociales. Las computadoras ocupaban apenas un salón y las entrevistas se coordinaban desde teléfonos fijos. En ese contexto, Punto Seguido ofrecía algo que pocas universidades tenían: una experiencia real de periodismo.
“Era pionero”, afirma. Mientras otras facultades enseñaban teoría, la revista obligaba a los estudiantes a salir a la calle, buscar fuentes, plantear reportajes y asumir roles concretos dentro de una publicación que terminaría circulando fuera del aula. No era una simulación. Era, en palabras de León, “lo más parecido a una redacción periodística real”.
Allí aprendió algo que luego marcaría toda su carrera: que el periodismo no se estudia únicamente desde los libros, o desde la teoría. También se aprende haciendo. En Punto Seguido había editores, fotógrafos, redactores, diagramadores y reuniones de pauta. Había cierres y cronogramas. Había conflictos entre compañeros y discusiones sobre enfoques.
Pero más allá del aprendizaje técnico, la revista también estuvo atravesada por el contexto político de la época. A finales de los noventa, mientras el segundo gobierno de Alberto Fujimori enfrentaba crecientes cuestionamientos, muchos estudiantes de periodismo empezaban a involucrarse en las movilizaciones universitarias. León recuerda que buena parte de aquella edición de Punto Seguido fue construida “entre marcha y marcha”.
Los temas de la revista reflejaban ese clima político. Las discusiones sobre democracia, corrupción y el futuro del país terminaban inevitablemente trasladándose a las páginas de la revista. Para ella, el periodismo universitario no estaba separado de la realidad nacional; al contrario, era una forma de entenderla y participar en ella.
Años después, la historia dio un giro inesperado: volvió a la UPC, esta vez como docente del curso. Era 2008 o 2009, y Punto Seguido seguía funcionando como un laboratorio intensivo de periodismo. Desde el otro lado del aula, León pudo observar cómo los estudiantes atravesaban el mismo vértigo que ella había vivido años antes.







“Era divertido ver cómo se asustaban”, recuerda. Algunos dudaban de poder entrevistar a personajes importantes o conseguir determinadas fuentes. Ella insistía en que lo intentaran igual. “Lo peor que te pueden decir es no”, repetía. La lógica seguía siendo la misma: lanzarse a la piscina.
Como profesora, trató de replicar la experiencia que la había formado. Explicaba a sus alumnos que todo reportaje debía pasar por tres etapas: preproducción, producción y postproducción. Había que investigar antes de salir a entrevistar. Había que planificar fotos, enfoques y fuentes. Había que aprender a trabajar en equipo. Y, sobre todo, había que entender que el periodismo era un trabajo conjunto.
En cierto modo, la revista terminó convirtiéndose en un puente entre la universidad y las redacciones peruanas. La propia León es prueba de ello. Gracias a un aviso compartido por la profesora Úrsula Freundt —ahora decana de la facultad de Comunicaciones— postuló cuando el periodista César Hildebrandt buscaba practicantes para el diario Liberación. Fue seleccionada mientras todavía era estudiante y comenzó a trabajar en investigación periodística casi al mismo tiempo que seguía publicando en Punto Seguido .
Con el paso de los años, León se convertiría en una de las periodistas y cronistas más reconocidas de su generación. Trabajaría en revistas, diarios y proyectos editoriales; escribiría libros y cubriría algunos de los momentos políticos más complejos del país. Sin embargo, cuando habla de sus inicios, vuelve siempre a la misma imagen: estudiantes reunidos alrededor de una mesa, discutiendo una portada de Punto Seguido , porque ahí entendió algo fundamental: que el periodismo no empieza cuando uno consigue trabajo en un gran medio, sino mucho antes.









En el aula estamos en un ambiente protegido, donde el error se puede aceptar. Pero una vez que sales, aunque sea una práctica, no te puedes equivocar. Si me tocaba hacer cámara y no micraba bien al entrevistado, o me olvidaba de apretar rec... esas imágenes se perdieron. Esas declaraciones ya no se van a volver a tomar".
Jaime Cordero Cabrera entró a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en 1995, en la segunda promoción de ingresantes. Cuando egresó, en 1999, solo cinco estudiantes terminaron la carrera de Comunicación y Periodismo junto a él. Hoy, más de veinticinco años después, sigue vinculado a la misma casa de estudios, pero ahora desde el otro lado del aula.
política, locales, trabajo policial. Trabajar en la cobertura diaria de un periódico lo curtió. La economía, que él tanto esquivaba, terminó siendo su especialidad. "Yo odiaba la economía. Muy árido y aburrido. Todos con sus corbatas. Yo no quería eso", confiesa con una sonrisa. "Y ahora estoy editando Semana Económica", agrega.

Cuando era estudiante, Jaime Cordero quería cubrir fútbol. Nada más. Sus primeras prácticas fueron en un canal de noticias por cable vinculado al gobierno de turno, que ya no existe. Luego vino una etapa de medios deportivos: la revista Once, Don Balón, Prensa Deportiva. En esas redacciones aprendió lo que ningún aula puede enseñar del todo: que en el periodismo real no hay margen para el error. El salto a El Comercio marcó el inicio de su carrera en serio. Ahí hizo de todo: economía,
No soy millonario, pero el periodismo me ha permitido vivir.
Para él, lo que está en juego en el Taller de Periodismo Informativo no es solo una nota. Es la reputación de la carrera.
"Si esa revista [Punto Seguido] es buena, a lo mejor resulta que cuando alguien con un CV de la UPC llegue a pedir trabajo, le van a decir: yo sé que ustedes hacen buenas notas. Y eso marca la diferencia".
Participó en tres ediciones de la revista y en cada una ocupó un rol distinto. En

Jaime Cordero no entró a enseñar en la Facultad de Comunicaciones de la UPC de inmediato. Su primer vínculo con la docencia en la universidad fue por el lado de Humanidades. Solo después llegó a la carrera de Periodismo, donde hoy dicta cursos como Periodismo Literario y el Taller de Periodismo Informativo.
"Siempre me gustó la docencia, incluso cuando era estudiante. Yo me imaginaba que en algún momento podía ser profe", explica.
También tiene una posición clara, y algo solitaria entre sus colegas, frente al discurso instalado en muchas facultades de periodismo del país: que esta carrera es un apostolado mal pagado. Lo rechaza de raíz.
una fue redactor, en otra diseñador, en otra editor. El formato era diferente al actual. No había couché ni diseño de revista moderna. Era papel periódico, impresión sencilla. Pero era suya.
Esa primera edición de Punto Seguido la tiene guardada. Cuando habla con sus alumnos actuales, les dice lo mismo que él sintió entonces, con la autoridad de quien lo vivió primero. "Si tienen la capacidad de que su texto salga publicado en la edición, ustedes van a atesorar la suya como yo atesoré la mía".




Estuvo a punto de dejar la universidad por falta de dinero, escribió cartas de amor a una estudiante del colegio vecino y años después dirigió los medios económicos más influyentes del Perú. Esta es la historia que no aparece en ningún currículum.
Escriben: Gilmar Acaro, Daniela Cabrera, Leandra Flores, Corali Yataco
Hay un libro que David Reyes Zamora guarda diferente a los demás. No está en los estantes de economía ni en las vitrinas de las librerías más grandes. Es delgado, casi chiquitito, y se llama Papá Pingüino. Nació de una charla que dio en el TEDx a finales del 2019 y que una editorial feminista decidió convertir en libro. Ese libro no habla de periodismo, ni de economía, ni de transformación digital. Habla de miedo.
Le dio mucho miedo ser padre. Antes de que naciera su hija Julieta, hoy de 9 años, ya estaba en terapia, cuestionándose qué tipo de padre quería ser. No quería pontificar. Solo quería encontrar su propio modelo: un padre presente, que comparte las labores, que crea un lazo de protección real. Dentro de lo posible, eligió estar. Y eso tuvo un costo en el trabajo. En sus años como director del diario Gestión, cuando la redacción quedaba en Miraflores y su casa estaba en Lince, tenía una regla que no negociaba con nadie: ninguna reunión después de las cinco de la tarde. A las seis se iba, así se reviente el quiosco. Si salía después, el tráfico le impedía llegar a tiempo. Porque cuando tienes una niña de meses, la acuestas antes de las ocho de la noche. Y el baño era suyo. La historia universitaria de David Reyes Zamora no empieza con el periodismo. Empieza con una chica. Te-



nía 15 o 16 años cuando se enamoró de alguien del colegio de al lado y comenzó a escribirle cartas. Había leído a García Márquez y, sin darse cuenta, imitaba un estilo para aprender a construir el suyo. Las cartas no las leía solo ella: también sus amigas. Ya existía una audiencia, aunque todavía no supiera llamarla así. La UPC llegó a su colegio casi repartiendo volantes. Se ilusionó cuando vio nombres como Mávila Huertas, Alonso Cueto, Toño Angulo y Julio Villanueva Chang entre los docentes, figuras que movían la crónica en el Perú. Su padre le prometió que podría pagar la universidad, pero después no pudo hacerlo.
En tercer ciclo fue a despedirse. Entró a la oficina de Úrsula Freundt-Thurne, entonces directora de la carrera, únicamente para darle las gracias y decir adiós. Pero Úrsula no lo dejó ir. Habló con autoridades, insistió varias veces y finalmente consiguió para él una posición de practicante dentro de la misma facultad. El sueldo era de 750 soles, suficiente para cubrir cerca del 80 % de la pensión. Durante un año y medio trabajó alrededor de 30 horas semanales mientras estudiaba. No había tiempo para fiestas ni para la clásica vida universitaria. Lo importante era seguir adentro.
“Tú no te vas a ir porque un día la universidad va a agradecer que no te hayas ido. Un día vas a ser un orgullo de esta universidad”, re

cuerda que le dijeron. Ese esfuerzo empezó a dar resultados rápidamente. En quinto ciclo, el profesor César Lengua lo recibió en Epensa. Fueron a hablar de cine y la conversación terminó con una frase inesperada: “Estás contratado”. Tenía apenas 20 años. Al año siguiente ingresó a Perú21 gracias a la profesora Claudia Izaguirre y, a los 22, ya reportaba para un dominical de televisión, metas que muchos alcanzaban recién a los 30 o 35 años.
Actualmente es Director Ejecutivo de Nura y Director de la Maestría en Comunicaciones y Marketing Digital. Fue Director Periodístico del Diario Gestión.
Sin embargo, el ritmo también tuvo consecuencias. Terminó el décimo ciclo agotado y se fue sin resolver sus papeles de graduación. Recién volvió en 2010, cuando una beca le exigió el título de bachiller. Había ingresado en 2001 y terminó oficialmente en 2010, mientras muchos de sus compañeros se habían graduado en 2005. Aun así, para entonces ya ganaba un sueldo que parecía imposible para alguien recién egresado. Años después, en una larga terapia de trauma que concluyó cuando tenía 42 años, recordó al joven de 20 que sufría ataques de ansiedad y un cansancio mental constante. Pero también recordó la felicidad de esa etapa: “Flotando y agradeciendo. Creyendo todavía que se pueden hacer cosas para cambiarlo todo”.



La relación de David Reyes
Zamora con Punto Seguido nace precisamente de esa misma historia universitaria. No es un invitado externo ni una figura lejana: es egresado, docente y parte del entorno que le da identidad a la revista.
Escriben: María Paula Fernándéz, Ailin Geng, Paula Gonzales y Andrea Saldarriaga

Por qué no entrevistas a Leila Guerreiro?”. Mayté Ciriaco llegó al primer ciclo de Periodismo sabiendo que quería escribir, pero convencida de que no tenía el perfil para ser periodista. Era introvertida, tímida. Tanto que en ese primer año, fue a la oficina de Úrsula Freundt-Thorne, entonces directora de la carrera, para decirle que sentía que estaba desperdiciando su beca porque no era buena siendo periodista.
Sin embargo, Freundt-Thorne no intentó tranquilizarla, le propuso entrevistar a Guerriero, reconocida periodista argentina que llegaría a Lima, junto a una estudiante de décimo ciclo. Mayté pasó tres semanas preparándose. Al terminar, Guerriero les dijo que habían sido las preguntas más inteligentes que le habían hecho. Entonces, Mayté lo supo: “esta es la sensación que quiero tener siempre”.
Mientras practicaba en OjoPúblico, Mayté se sumó a la edición 71 de Punto Seguido sin saber bien cómo iba a dividirse entre dos medios al mismo tiempo. Al principio le daba miedo no poder con todo. Pero la dinámica de la revista la sorprendió: tenía editor, cronograma, cierre y libertad para
Alguna vez estudiante de Periodismo en la UPC, hoy lidera proyectos de innovación periodística y trabaja con IA, pero la curiosidad que la impulsa empezó años atrás, en nuestras aulas y en las investigaciones que más tarde darían origen a su libro Niñas de la Amazonía.


proponer sus propios temas. En esa edición publicó tres reportajes: uno sobre el funcionamiento y la legislación detrás de las apps de taxi como Uber y Cabify, otro sobre news games, un formato poco trabajado en Perú, y un tercero sobre los riesgos de las aplicaciones de citas.
Hoy, les cuenta a sus estudiantes que la experiencia en Punto Seguido es lo que van a vivir si trabajan en un medio. Y que eso, antes de llegar al mundo real, vale mucho.
La investigación más difícil de su carrera comenzó con una conversación sobre agua potable. Una comunicadora de UNICEF le mencionó un lugar en la Amazonía: Mazán. "Ahí ocurren las siete plagas del demonio", recuerda Mayté que le dijo.
Mayté quiso saber más. Lo que encontró al llegar fueron niñas que habían normalizado el abuso al punto de que su mayor miedo no era ser violentadas, sino quedar

“ Lo mejor del periodismo es que siempre te está obligando a aprender algo nuevo
embarazadas. Niñas traicionadas por sus propios padres, tíos o familiares.
Para poder hablar con ellas, Mayté aprendió primero a camuflarse. A leer las manos, las pausas, el lenguaje corporal. A abrirse ella misma antes de pedirle a alguien más que lo hiciera.
Fueron tres años de reporteo. Pedidos de acceso a la información pública. Matrimonios infantiles registrados en el Reniec. Viajes, entrevistas, expedientes.
Luego vino una campaña en TikTok que terminó llegando al Congreso. En 2024, el Perú aprobó la ley

contra el matrimonio infantil. Mayté dice que la investigación que comenzó en 2017 todavía no ha terminado. En 2018, cuando aún estaba en octavo ciclo, fue nominada para el Premio Gabo junto a dos compañeras de OjoPúblico. Cuando, durante la ceremonia, escuchó su nombre, sintió que todo cobraba sentido mientras subía al estrado.
Hoy es líder del laboratorio universitario de El Comercio, enseña en la UPC, la Universidad de Lima y la Universidad del Pacífico. Cuando le preguntan por qué le gusta el periodismo, no habla de premios. Dice que le gusta porque la obliga a vencerse a sí misma. El dinamismo de la profesión la ha cautivado.
La chica que entró a la universidad convencida de que no tenía el perfil hoy forma a la siguiente generación de periodistas. Mayté no cambió su personalidad, lo que cambió fue su relación con el miedo. Aprendió que el periodismo no exige un tipo de persona, sino una disposición: la de ir hacia lo incómodo, escuchar lo que otros no quieren oír y sostener una historia aunque tarde años en tener final.
Eso, al parecer, siempre lo tuvo.







Desde una UPC en construcción hasta ser parte de las redacciones más importantes del país, Carlos consolidó una trayectoria marcada por la escritura, la reinvención y la pasión por narrar historias.
Escriben: Flavia Cáceres, Maria Fe Gómez, Maria Gracia Nieves y Valeria Vera

Era otra UPC”, comenta Carlos entre risas. “Todo era mucho más pequeño, más petit comité”. En septiembre de 1994, cuando la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) todavía estaba en construcción, el joven de diecisiete años ingresaba a una institución que recién comenzaba a abrirse camino en el Perú. Treinta años después, ese mismo estudiante se convertiría en el subdirector periodístico de El Comercio.
Desde su juventud tuvo claro que quería dedicarse al periodismo escrito. En la década de los noventa, la escritura era la habilidad principal dentro de la carrera. Por eso, Carlos se obsesionó con aprender a escribir mejor. “Mi fascinación era escribir decentemente bien”, comenta. Para él, la capacidad de redactar con claridad y estilo definía quién tenía mayores posibilidades de sobresalir.
eventos auspiciados por el diario. Entre computadoras libres y redactores que iban y venían, comenzó a hacerse notar en la redacción de Deportes, sección a la que había sido asignado.
“Cuando convocaron a un practicante dijeron: 'Está el chico de Extensión Comunitaria ahí que tipea, hay que darle la oportunidad'”, recuerda. Así inició un recorrido de 14 años en Deporte Total, donde escaló de practicante a editor. El periodismo deportivo le dio dos cosas que marcarían su carrera: libertad narrativa y oportunidades para descubrir lugares desconocidos. “Extraño la variedad de géneros y los viajes”, admite.
fue Editor de
Ese interés terminó fortaleciéndose gracias al Taller de Crónicas dictado por Julio Villanueva, uno de los cursos que más recuerda de toda su formación universitaria. El taller tenía fama de ser extremadamente difícil y demandante, pero precisamente por eso aprobarlo representaba una validación importante para Carlos. Aprobar con una buena nota el curso le confirmó algo que hasta entonces solo intuía: realmente podía dedicarse al periodismo escrito.
la
segunda edición de punto seguido. actualmente es subdirector periodístico de el comercio.

UNA COBERTURA ESPECIAL
Entre todas las coberturas que realizó, hay una que recuerda especialmente: el Mundial de Sudáfrica 2010. Para Salas, aquella experiencia representó un momento clave en la transformación del periodismo, en donde la industria comenzó a migrar hacia lo digital. Durante días combinó la cobertura para la edición impresa con la actualización constante de contenidos digitales, un reto que lo obligó a salir de la comodidad del texto tradicional y enfrentarse a nuevas dinámicas de trabajo. “Recuerdo con mucho cariño Sudáfrica 2010”, afirma.
Durante esa misma etapa también participó en la segunda edición de la revista Punto Seguido, publicación de la carrera que recién comenzaba a consolidarse. Carlos recuerda con cariño:
En PS, Carlos empezó a entender lo que significaba editar contenidos, trabajar con redactores y asumir responsabilidades dentro de un medio. Sin saberlo todavía, estaba adquiriendo habilidades que años después serían fundamentales en su carrera profesional.
Estas herramientas adquiridas coincidieron con la oportunidad de ingresar al diario El Comercio. Carlos empezó en el área de "Extensión Comunitaria", escribiendo notas sobre

Actualmente, ya como subdirector de El Comercio, Carlos entiende que el periodismo continúa cambiando a una velocidad inevitable. Por eso, cuando piensa en el estudiante que caminaba entre edificios en construcción en la UPC de 1994, el consejo que se daría a sí mismo mantiene la misma idea que ha acompañado toda su trayectoria: nunca dejar de adaptarse. Para él, el periodismo exige entender constantemente hacia dónde se mueve la industria y tener la capacidad de reinventarse sin perder la curiosidad.
Quizá por eso su historia termina conectando con aquella revista estudiantil que apenas comenzaba. Porque al final, tanto Carlos Salas como Punto Seguido han conseguido avanzar, transformarse y continuar escribiendo la siguiente línea.




Las voces detrás de una decisión valiente. Docentes y estudiantes recuerdan cómo, en medio de la incertidumbre y el contexto de pandemia, eligieron poner el foco en lo que el país necesitaba contar.
Escriben: Carla Chiong, Alessia Dulanto, Gonzalo Melik, Nicole Moreno


Cuando la Covid-19 y la falta de oxígeno ocupaban las portadas del país, una edición pensada para retratar la pandemia terminó convirtiéndose en el testimonio periodístico de uno de los momentos más intensos de la historia reciente del Perú. En noviembre de 2020, mientras el país enfrentaba el aislamiento y la crisis sanitaria, el Congreso vacó al entonces presidente Martín Vizcarra y, en su lugar, asumió Manuel Merino. La decisión desató una ola de protestas masivas contra su gobierno, que terminaron en una brutal represión policial y en la muerte de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado.
En medio de ese estallido social, los estudiantes del Taller de Periodismo Informativo y Diseño Gráfico 2 de la UPC tomaron una decisión inesperada: dejar de lado semanas de trabajo para rehacer su proyecto final y enfocarlo en las marchas contra el gobierno de Merino. El resultado fue “Generación Bicentenario”, una edición especial de Punto Seguido publicada en Wix, que reunió reportajes, videos, fotografías y crónicas sobre las protestas quemovilizaron


CreAR CONTRA EL RELOJ
La rapidez con la que tuvieron que reorganizarse exigió un esfuerzo colectivo. Lourdes Razuri, asistente de cátedra, recuerda que, a pocos días del cierre, comprendieron que el trabajo ya no respondía a la coyuntura. “Lo correcto en el ejercicio periodístico era enfocarnos en esto”, afirma. No sabían cómo sería el producto final ni quién construiría la web. Wix surgió como la mejor alternativa porque permitía integrar reportajes, videorreportajes, galerías fotográficas y contenido interactivo.
La cobertura también implicó una intensa coordinación y una preocupación constante por la seguridad de los estudiantes. Mientras algunos reportaban desde el Centro de Lima, otros estaban en Miraflores o Surco. Por WhatsApp compartían fotos, videos y actualizaciones sobre heridos, gases lacrimógenos y bloqueos. “Lo más difícil era la parte emocional: saber si todos estaban bien”, señala. Aun así, destaca que nunca escuchó quejas. “Las ganas nacieron de ellos y se mantuvieron”, agrega.

Naomi Kamimoto, exalumna del curso, recuerda esa experiencia como uno de los proyectos más exigentes y enriquecedores de su etapa universitaria. Además de reportear en plena pandemia, el grupo tuvo que adaptarse a una lógica digital. “Había que crear piezas visualmente atractivas, con videos, fotografías y textos que engancharan al lector”, explica. Desde la dirección de arte, participó en la selección de imágenes y en una estética que transmitiera la fuerza de las protestas. “Fue un trabajo integral con muchos retos, pero logramos sacarlo adelante”, afirma. Años después, reconoce que esa experiencia le abrió las puertas al mundo digital.
Para el profesor Dan Lerner, editor general de la edición, aquella decisión fue una muestra de madurez y compromiso con el oficio. “No hay nada más periodístico que actuar en el momento conforme se van dando las cosas”, señala. El proyecto ya estaba avanzado y la revista iba a publicarse de forma digital porque las imprentas seguían cerradas. Sin embargo, la indignación por la vacancia y la represión policial llevó a los estudiantes a plantear un cambio radical. “Nos dijeron que no querían hacer una revista normal y que querían cubrir la marcha como periodistas, no solo como manifestantes”, cuenta.
"No hay nada más periodístico que actuar en el momento conforme se van dando las cosas".
Más allá del resultado, “Generación Bicentenario” permanece como una prueba de lo que ocurre cuando el periodismo se ejerce con sensibilidad y sentido de urgencia. Aunque pudieron continuar con el proyecto ya avanzado, decidieron empezar de nuevo para contar lo que el país necesitaba entender. En plena pandemia, los alumnos arriesgaron sus vidas y asumieron el riesgo de contagio al salir a las calles para reportear. Seis años después, su trabajo sigue disponible y recuerda que el periodismo, cuando nace del compromiso y la pasión, también puede convertirse en memoria.
dAN LERNER Editor General

Manuel Eráusquin, profesor a tiempo completo de la Carrera de Comunicación y Periodismo de la UPC, sostiene que la permanencia del formato impreso no es un capricho nostálgico, sino una respuesta táctica a una audiencia que aún valora la lectura sin las interrupciones del entorno digital.
Escriben: Aldo Orihuela, Mauricio Vasquez, Juan Pablo Villanueva y Thiago Abanto
Aunque la desaparición del papel es un debate constante en las facultades de comunicación, para la dirección de Punto Seguido la versión impresa sigue gozando de buena salud. "La experiencia de lectura con una revista impresa es total mente diferente a la que se puede obtener en una plataforma virtual", afirma Eráusquin. Sin publicidad ni múltiples pantallas de por medio, el lector puede concentrarse y proce sar la información de forma más profunda.
Este modelo encuentra respaldo en refe rentes globales como The New Yorker, que lleva un siglo demostrando que aún existen nichos donde el papel es una convicción edi torial. "Hay una lectoría que prefiere, de mo mento, las versiones impresas por una serie de factores", sostuvo. En Punto Seguido vigencia se sostiene en quienes prefieren el soporte tangible para consumir grandes re portajes, y la postura es clara: "mientras haya un público, hay una justificación para seguir teniendo una versión impresa".
Punto




La gestión de los contenidos dentro de una revisPunto Se, la extensión de cada pieza es proporcional a su importancia social: "aquellas notas que tengan más despliegue son aquellas que representan mayor importancia, independientemente de la sección a la que pertenezcan". Un ejemplo fue la cobertura de la clasificación peruana al Mundial de
A pesar de la defensa del formato físico, Punto Seguido se encuentra en un proceso de reinvención digital. El equipo evalúa una reestructuración de su plataforma web para hacerla más dinámica y potente. Para Erausquin, el ingreso a estos nuevos canales no implica una reducción en el rigor. "Acá lo que interesa es que lo que se presente a través de las redes sociales de Punto Seguido tenga calidad, calidad periodística", enfatiza Erausquin. Al integrar estas plataformas, el objetivo es acercar la revista a la comunidad UPC a través de nuevos canales, sin perder la esencia del periodismo que se enseña en la carrera.
Fotomontaje: Aldo Orihuela

"Estamos en ese camino de poder mejorar nuestra herramienta, nuestra web, nuestro WordPress". manuel erÁusquin
Profesor a tiempo completo y Cordinador de la revista Punto Seguido de la UPC
conectados con el país



Desde su fundación en los 90, el tono informativo de Punto Seguido ha evolucionado en sintonía con las transformaciones sociales y políticas del Perú. El valor del medio reside en estar anclado en la actualidad, interpretando no solo los vaivenes del poder político, sino también los fenómenos culturales y sociales que atraviesan el país. Esta capacidad de adaptación le ha permitido sobrevivir distintos episodios históricos manteniendo siempre una línea responsable.
Cada ciclo, profesores y alumnos analizan qué historias contar y bajo qué prismas mejorar el producto: "todos los ciclos se discuten con los profesores y se analiza el poder mejorar Punto Seguido".
Finalmente, Manuel Eráusquin confirma que, aunque por el momento no existen planes de una convergencia total hacia lo digital, la revista avanza de forma activa y deliberada hacia las plataformas virtuales. El objetivo estrategico de esta etapa es aprovechar las redes sociales y nuevas herramientas web para democratizar la entrega de información. Al abrir estos canales, Punto Seguido busca acceder a un público más amplio y heterogéneo.
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Desde el 28 de julio, nuestro país tendrá otro presidente. Un nuevo Ejecutivo deberá resolver en el próximo quinquenio una serie de problemáticas que atraviesan la economía, salud, infraestructura y otros sectores. ¿Qué desafíos enfrentará y, lo más importante, cómo lo debería hacer?
Escriben Aarón Tapia, Claus Medina, Diego Meneses y Fatima Saavedra
El aparato estatal peruano se encuentra sometido a una fuerte presión financiera interna, lo que ha obligado a los diversos sectores a replantear sus objetivos anuales y redirigir sus fondos para cumplir con obligaciones laborales. Esta reestructuración evidencia una falta de recursos estructural que afecta directamente la operatividad de las instituciones.
“Ahora todos los ministerios hemos tenido que reducir las actividades de nuestro Plan Operativo Institucional (POI), porque de nuestro propio presupuesto hay que financiar esos beneficios sociales”, comenta Cinthya Zavalla, asesora de la Dirección de Políticas y Programas de CTI. Ante la insuficiencia de los presupuestos ordinarios, las entidades públicas dependen de las herramientas de redistribución y asignación de emergencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para poder mantenerse a flote y cubrir sus necesidades.
El primero de estos mecanismos, la “demanda adicional”, se activa generalmente en el segundo semestre para aprovechar el dinero que otros sectores no han logrado ejecutar. “Cuando se dan las condiciones y el MEF abre ese espacio de tiempo, los sectores presentamos una solicitud de demanda adicional para que nos den un presupuesto adicional para cubrir algo extraordinario”, señala Zavalla. Cuando la necesidad no surge de una falta de planificación, sino de una crisis imprevisible a nivel nacional o regional, el Estado recurre a los decretos de urgencia, el segundo mecanismo.
“Como su nombre lo dice, tiene que suceder algo extraordinario, como fue la pandemia o el fenómeno de El Niño, con el cual te asigna un presupuesto para atender la emergencia”, dice Zavalla. El problema económico del Estado radica tanto en la carencia de fondos como en la extrema dificultad burocrática para ejecutarlos.
Pese a las ineficiencias internas de los ministerios y los posibles cambios políticos que traen consigo las transiciones de gobierno, el manejo macro-
El Perú registra 2,241 obras públicas paralizadas en el país, pese a que concentra una inversión de S/ 40,970 millones. La información basada en registros del Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (INFOBRAS), el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFF) y el Banco de Inversiones, revelan que Cusco (338), Puno (221), Áncash (1889, Lima (164) y Cajamarca (140 concentran la mayor cantidad de proyectos detenidos en el país.


económico mantiene una rigidez que lo protege de improvisaciones. La gestión del presupuesto no queda a la deriva, ya que obedece a un cronograma y una estructura inamovible.
¿Qué pasa con las obras?
Esa es la pregunta del millón. Según el último informe de la Contraloría General de la República, existen más de dos mil obras paralizadas en el territorio nacional y el saldo de inversión por ejecutar asciende a más de 35 mil millones de soles. Entonces, vale la pena preguntar qué factores ocasionan dichas dificultades durante el proceso de ejecución. Para Karla Gaviño, especialista en gestión y políticas públicas, los problemas residen en los pasos previos a la ejecución, incluso antes del expediente técnico.
Se trataría de la formulación y la evaluación de las obras. “Nuestro análisis de preinversión es uno de los más incipientes a nivel de todo el continente latinoamericano. Naturalmente, la ausencia informativa es grande”, dice. etermina su pobrísimo contenido. En ese contexto, los expedientes técnicos contratados terminan con deficiencias que dificultan su capacidad de supervisión. Aunque, para Gaviño, el Estado tampoco se caracteriza por escoger bien a los supervisores de obra. “Se han presentado casos de corrupción y de incumplimientos funcionales al momento de seleccionarlos. No siempre están supervisando de la mejor manera y no hay mayor incentivo para hacerlo”, señala. Destaca también que el negocio de los supervisores es que la obra siga en ejecución para tener más que cobrar.
No obstante, hay un aspecto que Gaviño resalta: la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Se creó en julio de 2023, durante el gobierno de Dina Boluarte, y tomó el lugar de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) con el fin de cerrar la brecha de infraestructura y acelerar los rocesos. “La creación de ANIN fue bastante política y las consecuencias se están viendo y sufriendo en la actualidad”, explica la especialista. A la fecha, ANIN presenta decenas de obras paralizadas, retrasos en los programas de ejecución y aún sigue resolviendo contratos de obras correspondientes a la ARCC.
Estados Unidos y China son las dos mayores potencias económicas del mundo, abarcando casi la mitad de la economía mundial. El Perú se encuentra en medio de esa competencia geopolítica, debido al megapuerto de Chancay y el futuro tren bioceánico, proyectos que buscan reducir el tiempo y costos de las exportaciones sudameri-
canas hacia los mercados asiáticos. La ubicación geográfica del Perú también refuerza su atractivo. Situado en la costa del Pacífico y en una posición estratégica dentro de Sudamérica, el país se ha convertido en un punto clave para la conexión comercial entre América Latina y Asia. Sin embargo, el crecimiento de China ha despertado preocupación en Estados Unidos, especialmente en torno al control y la supervisión de infraestructura como el puerto de Chancay.
“Para nosotros es más importante China que Estados Unidos. Sin embargo, por razones de tipo cultural, históricas y geográficas, la influencia de Estados Unidos se hace sentir más en general”, sostiene Fabián Vallas, internacionalista y comentarista político.
El desafío para el próximo gobierno será gestionar esta relación con ambas potencias sin comprometer los intereses nacionales. Perú mantiene tratados de libre comercio tanto con Estados Unidos como con China, y en 2024 actualizó el acuerdo comercial con este último. “Perú debe diversificar su econaomía y mantener su autonomía, no depender ni de Estados Unidos ni de China”, advierte Vallas.
Además, en los últimos años, India se ha consolidado como el segundo destino de las exportaciones peruanas en Asia, solo por detrás de China, superando a economías como Japón y Corea del Sur. “Sería importante actualizar los tratados de libre comercio con Corea del Sur y Japón para abarcar nuevos temas y sectores. Asimismo, el país podría profundizar sus relaciones con los países árabes,”, señala.
Des-meritocracia y el rol político en el Estado
La administración pública del Perú enfrenta un
Keiko Fujimori es la primera mujer virtualmente elegida presidenta del Perú por voto popular. Asumirá el cargo a los 51 años, tras cuatro candidaturas y tres segundas vueltas perdidas de forma consecutiva. Completa así un camino que comenzó hace casi dos décadas, el cual la llevó a seguir los pasos de su padre, Alberto Fujimori. El resultado en las urnas confirmó un respaldo que se sostuvo a pesar de la fuerte oposición de un sector de la población que se identifica como "antifujimorista".
panorama complejo respecto a la implementación de una verdadera meritocracia en el Estado. A pesar de los esfuerzos normativos, el acceso a puestos públicos sigue estando fuertemente influenciado por redes de clientelismo y acuerdos políticos, lo que posterga a miles de ciudadanos capacitados que aspiran genuinamente a servir al país.
Para el abogado Raúl Vega, esta falta de filtros técnicos rigurosos no solo debilita la eficiencia de las instituciones, sino que perpetúa una percepción de “repartija” en los altos mandos, donde los intereses partidarios se imponen sobre la capacidad profesional.
Karla Gaviño advierte que “no estamos teniendo los análisis de fondo que merecemos tener, sobre todo en esta materia tan crítica que es el cierre de la brecha de infraestructura”. Del mismo modo, “a pesar de que el Perú fue bendecido con la nueva ola de precios altos en materia prima, aún no he mos podido combatir la pobreza, la delincuencia y el hambre”, complementa Fabián Vallas. De esa forma, el desafío para la próxima gestión presidencial radicará en superar la crisis de representatividad y de volverle la confianza al ciudadano, y po der impulsar refor mas profundas y priorizar el gasto público en sectores urgentes. Foto:


La fragmentación política y la persistente desconfianza ciudadana hacia el Legislativo marcan el inicio de funciones del primer Congreso bicameral en más de tres décadas. A pocos días de su instalación, la atención se centra en los retos que enfrentarán senadores y diputados para construir acuerdos y fortalecer la representación parlamentaria.
Escriben: Kevin Aliaga, Gabriela Peralta, Nicolas Soto y Salvador Zapata
Por primera vez desde 1992, el Poder Legislativo volverá a estar conformado por una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política del Perú, esta estructura busca fortalecer el proceso legislativo mediante una mayor revisión de las normas y una distribución especializada de funciones. Para el politólogo José Carlos Requena, uno de los mayores desafíos será recuperar el equilibrio de poderes, afectado durante los últimos años por los constantes enfrentamientos políticos. En este es-
cenario, surge una pregunta central: ¿cómo estará conformado el Congreso bicameral y cuáles serán los principales retos que enfrentará durante el periodo legislativo 2026-2031?
El nuevo orden
La instalación del nuevo Congreso marcará el inicio de una etapa decisiva para la política peruana. Las puertas del Palacio Legislativo están a punto de abrirse para una nueva generación de senadores y diputados que tendrá en sus manos buena

parte del rumbo político del país durante los próximos cinco años. Mientras algunos rostros regresan a la escena pública y nuevas figuras ocupan sus escaños, el Parlamento inicia un periodo marcado por altas expectativas ciudadanas y por el desafío de recuperar la confianza en las instituciones democráticas.
El retorno de la bicameralidad representa uno de los cambios institucionales más importantes de las últimas décadas. El Parlamento que asumirá funciones en julio de 2026 será el primero en más de treinta años en operar bajo un sistema compuesto por una Cámara de Diputados y un Senado. Sin embargo, más allá de esta transformación estructural, los resultados electorales han configurado un escenario político fragmentado, donde ninguna organización cuenta con la capacidad de controlar por sí sola el proceso legislativo.
La distribución de escaños revela un Congreso sin mayorías absolutas. En el Senado, Fuerza Popular obtuvo 22 de las 60 curules, seguida por Juntos por el Perú, con 14 representantes. Renovación Popular alcanzó ocho, mientras que otras agrupaciones, como el Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación, completan la representación. En la Cámara de Diputados, Fuerza Popular también se posicionó como la principal bancada con 39 escaños, seguida por Juntos por el Perú, con 32. El resto de los asientos quedó distribuido entre diversas organizaciones políticas con presencia nacional.
La necesidad de construir consensos será una característica inevitable del próximo quinquenio legislativo. Esta distribución evidencia la ausencia de una mayoría absoluta y obliga a las distintas fuerzas políticas a negociar acuerdos para impulsar proyectos de ley y garantizar la gobernabilidad. Aunque Fuerza Popular se consolida como la bancada más numerosa, requerirá el respaldo de otros grupos parlamentarios para alcanzar mayorías en ambas cámaras y aprobar iniciativas de alcance nacional.
Esta fragmentación política puede convertirse tanto en un desafío como en una oportunidad para el diálogo democrático. Desde el enfoque de Requena, esta configuración refleja una tendencia hacia la dispersión de fuerzas dentro del Parlamento, pero también abre espacios para una mayor negociación entre las bancadas. "La agenda maximalista es algo que debería despejarse", sostiene al referirse a la necesidad de construir consensos antes que imponer posiciones unilaterales. Asimismo, considera que uno de los principales retos será restablecer el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo tras años de confrontación institucional.
Así, la legitimidad del nuevo Congreso dependerá también de su capacidad para enfrentar la desconfianza ciudadana. Más allá de la distribución de escaños y las alianzas políticas, el Parlamento deberá responder a una percepción pública deteriorada. La XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú 2025 ubica al Congreso entre las instituciones que generan menores niveles de confianza entre la población.
La representación efectiva de las demandas ciudadanas aparece como uno de los mayores desafíos para los próximos cinco años. El sociólogo Juan Diego Salas considera que la desconfianza responde a una creciente distancia entre los representantes y la ciudadanía. "El pueblo no se siente representado por ellos ni en las regiones ni en Lima Metropolitana", afirma. En ese contexto, la manera en que las bancadas ejerzan el poder, construyan acuerdos y respondan a problemas urgentes como la inseguridad ciudadana será determinante para definir la legitimidad y el desempeño del Parlamento durante el periodo 2026-2031.
Regreso de la bicameralidad
Con los nuevos actores escogidos en el Poder Legislativo, asumirán los nuevos cargos que reemplazarán al orden tradicional. Después de más de treinta años de funcionamiento unicameral, el Congreso volverá a adoptar el modelo bicameral, con la incorporación del Senado. Este cambio representa una de las reformas institucionales más importantes de las últimas décadas y modificará la forma en que se elaboran, revisan y aprueban las leyes en el país.
Los cambios producidos en el Congreso se debieron a modificaciones en la carta magna peruana.
El artículo 90 de la Constitución Política del Perú fue modificado en 2024 y ahora dicta que el Poder Legislativo estará conformado por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, cada una con funciones específicas. Según el documento Bicameralismo y elecciones generales 2026 del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), esta estructura busca fortalecer la representación política y mejorar la calidad del trabajo legislativo mediante una doble revisión de las normas.
Diversos expertos en leyes y política conocen perfectamente el funcionamiento de cada cámara, tanto por lo dictado en la Constitución como por experiencia personal. La abogada, magíster y docente universitaria Rosa Ángeles explica que los diputados estarán orientados principalmente a la representación ciudadana, la presentación inicial de proyectos de ley y la fiscalización política cotidiana, mientras que los senadores asumirán funciones de revisión legislativa y control institucional, evaluando las normas aprobadas por la Cámara de Diputa-
dos antes de su promulgación. "La dinámica legislativa será más compleja y especializada, debido a que las iniciativas deberán pasar por dos instancias de análisis y deliberación", señala. El excongresista Absalón Montoya, por su lado, describe a los diputados como "la voz de las regiones y los pueblos", y a los senadores como los que "pulen las leyes" con revisiones y correcciones, pero también advierte que este procedimiento de aprobación de leyes podría extenderse, debido a que cada iniciativa deberá pasar por una segunda evaluación antes de convertirse en norma.
El retorno de la bicameralidad ha sido defendido por diversos especialistas como un mecanismo para mejorar la calidad legislativa y evitar decisiones apresuradas. Un análisis de ComexPerú sostie-
ne que la existencia de una segunda cámara puede contribuir a un mayor control político y a una mejor elaboración normativa, especialmente en contextos de alta fragmentación partidaria. No obstante, el éxito del nuevo modelo dependerá de la capacidad de coordinación entre ambas cámaras y de la disposición de las fuerzas políticas para alcanzar consensos.
En temas de especial trascendencia, como la responsabilidad de altas autoridades del Estado o los procesos de control político, el Senado tendrá un rol relevante. Según Ángeles, esta segunda instancia busca otorgar una evaluación más amplia a decisiones que podrían afectar la estabilidad democrática, fortaleciendo así las garantías institucionales del sistema político peruano.


JUNTOS

La gobernabilidad será uno de los principales desafíos del nuevo Congreso. En un Parlamento fragmentado y dividido entre distintas fuerzas políticas, las negociaciones, acercamientos y posibles acuerdos ya comienzan a perfilar la dinámica que marcará los próximos cinco años.
"El pueblo no se siente representado por ellos ni en las regiones ni en Lima Metropolitana".
El equilibrio entre los poderes del Estado constituye otro de los retos centrales. El politólogo añade que, durante los últimos años, el Congreso ha adquirido una posición predominante frente al Poder Ejecutivo debido a las crisis políticas, las vacancias presidenciales y los constantes enfrentamientos institucionales. En ese contexto, considera que la bicameralidad podría contribuir a una toma de decisiones más reflexiva .
De este modo, la construcción de acuerdos será clave para garantizar la estabilidad política. La abogada señala que el sistema político peruano continúa siendo altamente fragmentado, por lo que es probable que predominen acuerdos temporales antes que alianzas estables. Aunque estas coincidencias pueden facilitar la aprobación de determinadas iniciativas, también podrían generar dificultades para impulsar reformas de largo plazo.
Entonces, la seguridad ciudadana aparece como una de las principales demandas que deberá atender el nuevo Parlamento. El sociólogo considera que la inseguridad constituye actualmente la mayor preocupación de la población y afirma que el Congreso deberá revisar y fortalecer el marco legal relacionado con la lucha contra el crimen organizado.
La recuperación de la confianza ciudadana representa otro desafío fundamental. Según el mismo estudio de Ipsos y Proética, la corrupción continúa siendo percibida como uno de los problemas más graves del país y las instituciones políticas mantienen bajos niveles de credibilidad.
Por tanto, las alianzas políticas también podrían influir en la legitimidad del Congreso. La abogada advierte que los acuerdos construidos únicamente sobre intereses coyunturales pueden debilitar la actividad legislativa y afectar la confianza pública. Del mismo modo, Juan Diego Salas sostiene que la presencia de autoridades cuestionadas contribuye a profundizar el distanciamiento entre representantes y ciudadanía.
Mientras algunos especialistas consideran que el Senado permitirá mejorar la calidad de las leyes mediante una revisión más rigurosa, el excongresista advierte que la existencia de dos cámaras podría ralentizar la aprobación de determinadas normas y generar tensiones políticas.
jOSé CARLOS REQUENA, Politólogo
Así, la noche electoral dejó cifras definitivas, escaños asignados y un nuevo mapa político para los próximos cinco años. Mientras los resultados se consolidaban en las pantallas y las últimas actas eran procesadas, quedaba de finida también la composición del primer Congreso bicameral del país en más de tres décadas. En julio, senadores y diputados ocuparán sus lugares en el Palacio Legis lativo y comenzarán a poner en práctica una estructura institucional que no existe en el Perú desde 1992.
Para Requena, la prioridad será re cuperar el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo mediante la construcción de consensos. Ángeles coincide en que la nueva estructura puede fortalecer el trabajo parlamenta rio gracias a la especialización de fun ciones y a una revisión más rigurosa de las leyes. No obstante, el excongresista advierte que ese mismo proceso podría hacer más lenta la aprobación de nor mas y generar nuevas tensiones políti cas. Frente a estas posiciones, Salas introduce una preocupación distin ta: más allá de la estructura institu cional, sostiene que el principal de safío será lograr que la ciudadanía vuelva a sentirse representada por sus autoridades.
Entre la búsqueda de consensos, la expectativa de mejorar la cali dad legislativa, el riesgo de una mayor lentitud en la toma de decisiones y la necesidad de recuperar la confian za pública, el Congreso bicameral iniciará una etapa en la que sus resul tados serán el principal ar gumento para responder a las dudas planteadas por sus propios obser vadores.






Hace dos días, en su casa en Surco, Rosa María Fernández vio cómo una moto se detuvo, le arrebató el celular a un transeúnte y desapareció antes de que alguien pudiera reaccionar. Antes los criminales estaban encerrados en la cárcel, mientras que ahora nosotros nos encerramos en nuestras casas.
Escriben: Maria Paula Fernandez, Ailin Geng, Paula Gonzales y Andrea Saldarriaga





El Perú lleva años midiendo su inseguridad en estadísticas: robos por distrito, homicidios por región, porcentajes de victimización. Pero hay algo que los números no terminan de capturar: la forma en que el miedo reorganiza la vida cotidiana de millones de personas. La hora a la que se sale, la ruta que se evita, el celular que se esconde al bajarse del bus, la reja que se instala donde antes no había ninguna. Según el Instituto Nacional de Estadítica e Informáica (INEI) la percepción de inseguridad alcanzó el 86.1% en 2024, frente al 82.6% del año anterior.
Las escenas se repiten en la ciudad de Lima y el resto del país. Una moto con dos personas arrebata un celular, una llamada exigiendo un pago, una granada en la puerta de un negocio que no pagó la cuota o un transportista baleado en medio de su ruta. La naturaleza del crimen ha cambiado. Opera con las aplicaciones de pago, los grupos de WhatsApp y las redes sociales. Se ha metido en todo.
El ciudadano peruano tiene miedo, un miedo completamente comprensible. La inseguridad no creció sola. Ha sido construida parte por parte, con un Estado desarticulado, una clase política que parece legislar a favor del crimen y una institución policial obsoleta.
Cada quien ve lo suyo
Ricardo Valdés Cabassa ha sido viceministro del Interior en tres ocasiones distintas y, desde su posición, nos cuenta uno de los principales problemas de la seguridad peruana. El Estado no ha podido identificar cómo funciona el crimen en la actualidad.
“No es efectiva porque no hay una comprensión de cómo evolucionó la criminalida”, menciona el ex viceministro del Interior cuando se le cuestiona sobre la estrategia contra el crimen.
Para Valdés, el mejor ejemplo de esta falta de comprensión es el del celular robado en la calle: el crimen común se lo lleva, pero el crimen organizado explota la información que contiene un celular. Las cuentas bancarias, contactos y datos personales son usados para extorsionar o robar más. Son dos delitos que, aunque están conectados, son investigados por dos unidades distintas que no se comunican, y el Estado nunca ve el crimen completo.
En 2025, el Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol) registró más de 26 mil denuncias por extorsión a nivel nacional, un incremento del 19% respecto al año anterior. En Lima, las denuncias por este delito crecieron un 54% solo entre enero y julio. Y eso es apenas lo que se reporta: el Ministerio Público registró ese mismo año casi 29.000 casos, más de 2.000 por encima de lo que la Policía
Nacional del Perú (PNP) reconoce en sus propias estadísticas.
“Los organismos encargados están dispersos: la Policía por un lado, el Ministerio Público por otro, el Poder Judicial por otro, la Defensoría del Pueblo por otro y los gobiernos locales por otro”, dice Alberto Jordán, ex oficial general de la PNP.
El ex policía Armando Orozco Hidalgo, quien pasó de comisarías en Puno y Cusco a dirigir el Serenazgo de Tumbes durante dieciséis años, lo confirma desde el otro extremo de la cadena. Según su experiencia, el Ministerio del Interior sí coordina con la Policía, pero el Ministerio Público y el Poder Judicial, desde su autonomía, operan en una lógica propia que suele perjudicar el trabajo policial. "Le creen al delincuente y al policía no. Si capturas a alguien con las manos en la masa, el fiscal igual encuentra una falacia para no meterlo preso", sostiene Orozco.
El resultado es una cadena rota: la Policía detiene, la fiscalía libera, el juez demora. Las cárceles están saturadas. Los imputados pasan meses en prisión preventiva y, cuando vence el plazo sin sentencia, quedan libres por ley. Orozco conoce casos de delincuentes detenidos cuatro o cinco veces sin condena efectiva. Esa impunidad, dice, es el mejor reclutador que tiene el crimen organizado.
La corrupción es un problema latente dentro del sistema de seguridad peruano. Esta se da desde las escuelas de formación policial hasta los niveles más altos del aparato judicial. Como subprefecta, Rosa María Fernández pudo ser testigo de los efectos de la corrupción.
De acuerdo con Orozco, dentro de la Policía hay un 5% de corrupción. La información confidencial fluye, por lo que los asaltos ocurren con precisión.
Alberto Jordán añade que “hoy en día, ser ministro, ser jefe de una defensa policial, u ocupar algún cargo importante en el Estado tiene investigaciones de interés. Por lo que llega un momento en que la corrupción se comienza a intercalar, a unirse, entre el Ministerio Público, Policía Nacional y otras instituciones”.
Sin embargo, la corrupción no se da únicamente en las comisarías. Entre 2023 y 2025, se aprobaron las "leyes pro crimen" en el Congreso. Esta serie de normas modificó la definición de "crimen organizado", elevando el umbral mínimo de pena efectiva y excluyendo más de cincuenta tipos penales, de los cuales varios están relacionados con la corrupción de funcionarios.
“Se habla de las leyes pro crimen porque favorecen básicamente a las autoridades en el Legislativo y en el Ejecutivo, que las han impulsado para no ser procesadas por crimen organizado”, explicó Ricardo Valdés.
La corrupción también afecta a quienes deberían juzgar. Los cambios en las leyes también son
perjudiciales. Según Orozco, la ley hoy exige que el delincuente dispare primero para que el policía pueda usar su arma. La policía por dentro
Cuando Armando Orozco dirigía el Serenazgo de Tumbes, los vecinos marcaban primero el número de sus serenos, no el de la Policía. En una ocasión, fue la propia PNP quien le pidió que su personal rompiera la puerta de una guarida criminal, porque sus serenos estaban mejor entrenados. Esa respuesta resume el estado de la institución policial peruana.
Pero el problema más urgente no está en el pasado, sino en la actualidad. Las escuelas de policía carecen de filtros de ingreso adecuados. No se investiga suficientemente de dónde vienen los postulantes, quiénes son sus familias, cuáles son sus vínculos. El resultado es predecible. “En las escuelas ya ingresan personas que son delincuentes o que tienen familiares delincuentes. Los meten para que, una vez egresados, sean los informantes”, cuenta Orozco.
La formación que reciben tampoco alcanza para lo que les espera en la calle. Orozco describe agentes que no toman medidas básicas de seguridad: suben a un sospechoso al patrullero sin cerrar la puerta del otro lado, dejando que escape, y delincuentes que durante intervenciones terminan arrebatándoles las armas.
Para Valdés, la solución pasa por cambiar el enfoque: en lugar de perseguir organizaciones por su nombre, hay que atacar el modelo delictivo, rastrear el dinero y armar grupos de tarea con especialistas de distintas áreas que trabajen los casos más complejos de forma coordinada.
Jordán va más lejos. “Tienes que refundar esa policía, pero con principios. Para eso, el Estado tiene que entrar a la educación, a la familia”, dice. Pero todo eso depende de algo que hoy está roto: la confianza. Si el ciudadano no cree en el policía, ninguna reforma llegará a la calle. “Si tú no recobras la confianza de los ciudadanos, sería desgraciadamente muy difícil avanzar”.
No nos queda otra que vivir con el sobresalto, CON los cinco sentidos puestos.
Rosa María Fernández Ex-subprefecta de Lima







Fue atacado con armas de fuego 10.1% 27.1% 86.1% denuncias por extorsión a nivel nacional con miedo DE PERUANOS VIVE CON INSEGURIDAD 89.9%
Fuente: INEI y CEPLAN
El Perú está atrapado en un ciclo que sus propias instituciones alimentan. El crimen organizado ya no necesita operar únicamente desde las calles para extorsionar o controlar territorios. Hoy lo hace a través de WhatsApp, transferencias digitales, llamadas telefónicas y redes criminales que aprovechan la tecnología para llegar a cualquier persona sin exponerse físicamente. Una tanqueta en una avenida, como señala Ricardo Valdés, no detiene ese fenómeno. Las cifras de percepción ciudadana y las encuestas nacionales muestran que la sensación de inseguridad continúa creciendo, mientras la confianza en las autoridades se reduce de manera sostenida.
La violencia ha dejado de ser una noticia excepcional para convertirse en un elemento permanente de la vida cotidiana.
Lo que sí ha cambiado, y de manera profunda, es la forma en que las personas viven y se relacionan con la ciudad. Rosa María Fernández, de 56 años, recuerda una Lima distinta, donde caminar de noche o utilizar el transporte público no implicaba la misma sensación de vulnerabilidad que existe hoy.
El impacto no es únicamente material. También es emocional. La desconfianza se ha instalado en espacios donde antes predominaba la convivencia. El vecino desconocido, el pasajero de al lado o incluso una llamada telefónica pueden percibirse como potenciales amenazas.
Las cuatro fuentes consultadas coinciden en que la salida existe, pero requiere decisiones que ningún gobierno ha estado dispuesto a asumir de manera integral. Entre ellas: reformar la formación policial con estándares más rigurosos, fortalecer los sistemas de control interno, derogar las normas que dificultan la persecución del crimen organizado, construir una inteligencia criminal capaz de seguir las rutas del dinero ilícito y recuperar la confianza ciudadana.
“No nos queda otra, lamentablemente, que vivir con el sobresalto, con los cinco sentidos puestos”, nos dice Rosa María Fernández.
La frase resume algo más profundo que una percepción individual. Refleja el sentimiento de millones de peruanos que han aprendido a convivir con el temor como parte de su rutina.
Esa resignación, expresada por una funcionaria que dedicó años a construir el Estado desde adentro, es quizás el diagnóstico más honesto del momento que atraviesa el Perú. Un país donde los ciudadanos han levantado rejas, reforzado puertas y modificado sus vidas para protegerse, mientras el crimen encuentra nuevas formas de expandirse. Un país donde, para muchos, la libertad ya no consiste en hacer lo que desean, sino en evitar aquello que podría ponerlos en peligro. Un país donde los barrotes cambiaron de lado.






Más de 12 millones de peruanos trabajan sin contrato, sin seguro y sin pensión. Detrás de esa cifra hay un sistema que hace de la informalidad la única salida posible. Especialistas explican por qué el problema persiste y qué tendría que cambiar para revertirlo.
Escriben: Flavia Cáceres, Maria Fe Gómez, Maria Gracia Nieves y Valeria Vera

El Perú tiene la tasa de empleo informal más alta de América Latina y el Caribe, muy por encima del promedio regional de 46,7%, según el más reciente Panorama Laboral de la Organización Internacional de Trabajo. Las cifras nacionales confirman la magnitud del problema: según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 69,8% de la población ocupada tuvo un empleo informal entre abril de 2025 y marzo de 2026. En ese periodo, la población ocupada creció un 1,3% respecto al año anterior, alcanzando los 17 millones 596 mil 300 trabajadores. Es decir, más de 12 millones de peruanos tienen un trabajo informal.
¿Qué hace distinto al Perú de países con tasas bajas como Chile (24,9%) y Uruguay (22,3%)? Carlos Niezen, economista y CEO de KasNet, lo resume en tres puntos. En primer lugar, países como los mencionados tienen un tejido empresarial con más empresas medianas y grandes. “Estas empresas son las que generan empleo formal; en el Perú dominan las microempresas de baja productividad, que no pueden pagar el costo de la formalidad”, menciona. En segundo lugar, señala que “formalizarse en el Perú es caro y complejo en relación con la productividad del trabajador: para muchas micro y pequeñas empresas, la formalidad simplemente no cierra como ecuación económica”. Por último, concluye que el componente territorial es importante: “en el área rural la informalidad llega al 94,8%, frente al 64,5% en zonas urbanas. No es un problema de cultura; es un problema de estructura productiva”.
En el Perú, el sector juvenil lidera en los índices de informalidad, superando el 80%. Esta estadística se entiende mejor si conocemos la tasa de desempleo de los jóvenes de 14 a 24 años, la cual alcanza el 9,6%, casi el doble del promedio nacional de 5,1%.
La Encuesta Permanente de Empleo Nacional informa que la Población Económicamente Activa (PEA) juvenil ha llegado a los 2 millones 831 mil 300 jóvenes. De ese grupo, más de 200 mil estuvieron desempleados. Niezen explica que cuando los jóvenes entran al mercado laboral por la puerta informal, muchos nunca logran cruzar a la formalidad. Un dato clave del INEI hace más clara la razón de la alta tasa de informalidad: entre quienes solo tienen educación primaria, la informalidad llega al 94,6%; con secundaria completa, 81,2%; y con estudios universitarios cae a 37,9%.
A la luz de estas estadísticas, Niezen llega a una conclusión contundente:
“La empleabilidad (educación y habilidades pertinentes para lo que el mercado demanda) es el predictor más fuerte de si un peruano trabajará formal o informalmente. Mientras la educación no se conecte con las habilidades que las empresas realmente necesitan, el 70% (de informalidad en el país) no va a bajar”.
La informalidad laboral continúa siendo uno de los principales problemas del mercado laboral peruano. Según el Banco Central de Reserva, en el Perú el 60% de la producción se realiza de manera informal, el 40% de la fuerza laboral está autoempleada en microempresas informales y solo el 20% de los trabajadores está afiliado a un sistema formal de pensiones. Esta situación deja a miles de trabajadores sin acceso a derechos básicos como seguro de salud, gratificaciones, vacaciones pagadas, compensación por tiempo de servicio y aportes para una futura pensión.
Según Agustín Silva, abo gado especialista en de recho laboral, una de las principales razones por las que persiste la informalidad es el elevado costo que representa la contratación formal para las empre sas. “Si una persona gana mil soles, lo que verdaderamente le cuesta al empleador puede llegar a ser dos mil”, explica. Para Silva, además del salario, las empresas deben asumir beneficios laborales y aportes a la seguridad so cial, lo que dificulta la formalización, especialmente en pequeñas empresas
nen vacaciones y no tienen gratificaciones”. Asi mismo, advierte que esta situación también limita el acceso al sistema financiero, ya que “muchas veces no son sujetos de crédito porque no cuentan con un ingreso formal y constante que puedan acreditar”.
La falta de formalización también afecta la re caudación tributaria y el desarrollo económico del país. De acuerdo con Silva, los trabajado res formales contribuyen mediante el pago de impuestos y aportes a la seguridad social. En contraste, quienes laboran en la informalidad generan movimientos económicos difíciles de fiscalizar. “Van a utilizar ese dinero en la economía, pero no se sabe de dónde viene. Por eso se habla de economías paralelas”, afirma.

El especialista también advierte que la informa-

lidad genera costos futuros para el Estado. “Aquellos que nunca contribuyeron terminan necesitando apoyo cuando llegan a la vejez o enfrentan problemas de salud, y esos recursos salen finalmente de los contribuyentes”, sostiene. En esa misma línea, el Banco Central de Reserva del Perú señala que la informalidad está estrechamente vinculada con la baja productividad y constituye un freno para el crecimiento económico.
Frente a esta problemática, Silva destaca la importancia de los mecanismos de fiscalización existentes. “Los trabajadores pueden realizar denuncias anónimas o expresas ante SUNAFIL cuando no se les reconoce sus derechos laborales”, explica. Además, menciona que el Ministerio de Trabajo, EsSalud y las AFP también realizan labores de supervisión para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores. Para el abogado, fortalecer estas acciones resulta fundamental para reducir un problema estructural que continúa afectando a millones de trabajadores peruanos.
Entre las industrias más afectadas por la informalidad en el Perú destaca la minería. Aunque la minería formal constituye uno de los principales motores de la economía nacional, una parte importante de la actividad extractiva se desarrolla fuera de los marcos legales establecidos. Esto convierte al sector minero en uno de los ejemplos más representativos de cómo la informalidad puede generar impactos que van más allá del ámbito laboral y económico.
La minería formal aporta empleo, impuestos, canon —el cual se refiere a la participación económica que el Estado otorga a los gobiernos regionales y locales del total de ingresos y rentas obtenidos por la explotación de recursos minerales— y regalías para el desarrollo de las regiones. Sin embargo, junto con este sector formal ha crecido la minería informal e ilegal, las cuales comparten algunas de las causas que impulsan la informalidad en
otros sectores económicos: dificultades para la formalización, limitada presencia estatal, escasa fiscalización y búsqueda de ingresos inmediatos. Sin embargo, en el caso minero estas condiciones adquieren una dimensión más compleja debido a los impactos ambientales, económicos y sociales que genera la extracción de recursos fuera de los marcos legales.
Desde la experiencia de la minería formal, José Ulfe Polastri, Field Planner de la empresa minera Deyfor, señaló que la minería informal e ilegal genera principalmente impactos ambientales y sociales, ya que opera fuera de los marcos regulatorios y ofrece menores garantías laborales. Además, advirtió que la minería ilegal suele estar asociada a conflictos en zonas de extracción, afirmando que “la violencia es un componente importante en la minería ilegal”. Ante esta problemática, el Estado creó el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), una herramienta destinada a facilitar la formalización de los pequeños mineros. Sin embargo, su efectividad ha sido cuestionada debido a las sucesivas ampliaciones de plazo; sobre ello, Ulfe considera que, aunque el mecanismo tuvo una intención válida: “si los plazos no se respetan, entonces en la práctica uno puede ser eternamente informal”.
Asimismo, el especialista señala que la complejidad de los trámites, los tiempos de aprobación y la falta de capacidad técnica de muchos pequeños productores continúan siendo algunas de las principales barreras para avanzar hacia la formalización.


La magnitud de la informalidad en el Perú demuestra que el problema no puede abordarse únicamente mediante sanciones o mayores controles. La formalización debe convertirse en una alternativa atractiva y viable para trabajadores y empresas. En ese sentido, las propuestas de mejora apuntan a reducir las barreras que dificultan el ingreso a la economía formal y, al mismo tiempo, generar condiciones que permitan crecer dentro de ella.
Uno de los principales obstáculos son los trámites y costos asociados a la formalización. Para el economista Diego Rengifo, analista de estrategia y relación corporativa del BCP, muchas empresas y trabajadores permanecen en la informalidad porque formalizarse resulta poco conveniente. Por ello, considera necesario sim-
plificar los procesos y facilitar el acceso a los mecanismos de formalización, especialmente para las micro y pequeñas empresas, donde se concentra gran parte del empleo informal.
Pero simplificar trámites no es suficiente. Ren gifo sostiene que la informalidad también está li gada a un problema de productividad. Según el especialista, ningún país ha logrado formalizarse únicamente creando más normas. Somos un país donde más de 12 millones de personas trabajan en condiciones informales, por lo que aumentar la productividad significaría abrir nuevas oportu nidades de desarrollo.
En el ámbito laboral, la formalidad debe ofrecer beneficios visibles. El acceso a servicios de salud, sistemas de pensiones y estabilidad laboral puede convertirse en un incentivo para que más trabajadores opten por empleos formales. En la minería, el desafío es similar: los pequeños productores suelen enfrentar procesos complejos para formalizarse, especialmente en zonas alejadas donde la asistencia técnica es limitada.

Las opiniones de los especialistas muestran que la informalidad no responde a una sola causa, sino a una combinación de factores. Para Carlos Niezen, el problema está relacionado con una estructura productiva dominada por microempresas de baja productividad y una educación que no responde a las necesidades del mercado laboral. Agustín Silva pone el foco en los altos costos de contratación y en las consecuencias que la informalidad genera tanto para los trabajadores como para el Estado. Desde el sector minero, José Ulfe advierte que los procesos complejos de formalización y la falta de control favorecen la expansión de actividades ilegales con impactos sociales y ambientales. Finalmente, Diego Rengifo sostiene que la solución pasa por simplificar trámites, aumentar la productividad y generar incentivos reales para que la formalidad resulte conveniente.
Con enfoques distintos, todos coinciden en una idea central: la informalidad no se reducirá únicamente con más fiscalización, sino construyendo un entorno donde estudiar, invertir y trabajar formalmente sea una oportunidad de crecimiento y no una barrera para quienes buscan progresar. El desafío es grande, pero también lo es la posibilidad de transformar una economía donde hoy más de la mitad de los trabajadores continúan desarrollándose al margen del sistema.

Escriben: Lucía Castillo, Mia Luchini, Grecia Oré, Stephanie Palomino
El Perú extrae US$62,848 millones en minerales al año mientras las regiones mineras siguen siendo las más pobres. En 2026, el canon alcanzó S/6,992 millones, uno de los montos más altos de su historia, pero 65 conflictos mineros activos bloquean la producción y la promesa de desarrollo.
En enero de 2026, los camiones de Las Bambas volvieron a quedar bloqueados en las carreteras de Apurímac. Los productores locales exigen que la mina cumpla con promesas de empleo localizado que datan de 2019. Mientras tanto, dentro de la mina se extraen 400,000 toneladas de cobre al año que valen US$ 2,800 millones, suficientes para construir 140 hospitales de primer nivel. Sin embargo, las provincias vinculadas al corredor minero, como Cotabambas y Chumbivilcas, siguen registrando niveles pobreza sorprendentemente altos.

Esa es la contradicción que vive el Perú: el subsuelo genera riqueza récord, pero las comunidades encima de ese subsuelo permanecen en la miseria. En los primeros dos meses de 2026, el canon minero transferido a regiones alcanzó S/2,211 millones solo en enero, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Áncash recibió S/620 millones y Arequipa S/376 millones. Los recursos existen. Aun así, en Áncash, Arequipa y Moquegua la pobreza aún supera el 20% y la pobreza extrema no baja del 5%.
"No nos deberíamos permitir como país diez años más desperdiciando esos recursos".
josé de echave
Exviceministro de Gestión Ambiental
Para José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental del Perú y economista especializado en minería y canon, el problema no pasa únicamente por aumentar recursos. Para él, el debate central no está en cuánto dinero llega a las regiones, sino en por qué el








Estado sigue sin convertir los periodos de bonanza en mejoras sostenidas para la población.
La minería formal es el motor económico indiscutible del país. En 2025, las exportaciones mineras sumaron US$62,848 millones, un 27.2% más que el año anterior, según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). El cobre lidera con el 59.2% del valor del PBI minero metálico, seguido del oro, con 24.3%. Las seis regiones con mayor producción (Arequipa, Cusco, Áncash, Moquegua, Pasco y Apurímac) concentran el 78% de la inversión minera nacional.
Sin embargo, la ejecución presupuestal es el talón de Aquiles. Solo el 64.3% de los recursos del canon fueron ejecutados en 2025, según el MEF. Linda Cossío, economista con MBA en Dirección de Empresas y experiencia en Gestión Pública, Finanzas y Control, advierte que el principal error es interpretar el desempeño del canon únicamente desde el monto transferido.
“Solemos medir el éxito del canon por cuánto dinero se transfiere, cuando el verdadero indicador debería ser cuánto bienestar logra generar. La disponibilidad presupuestal por sí sola no transforma territorios. Ejecutar inversión pública no significa únicamente tener recursos: requiere equipos técnicos estables, proyectos preparados y continuidad administrativa. Cuando los equipos cambian constantemente, el aprendizaje institucional vuelve a empezar desde cero”. er








José de Echave complementa el diagnóstico:
“Siempre miramos al Estado subnacional —municipios y gobiernos regionales—, pero el Estado nacional también tiene enormes limitaciones. El problema de capacidad de gestión atraviesa al Estado peruano en todos sus niveles”. Para De Echave, el debate tributario sí existe, pero no necesariamente pasa por reformar el canon.
La minería formal genera 264,000 empleos directos en promedio durante 2025, según el MINEM. Cada puesto directo crea aproximadamente siete empleos indirectos en servicios, transporte y comercio local. Las empresas también invierten en programas de responsabilidad social con las comunidades cercanas: US$180 millones en 2025 en proyectos de agua, agricultura y turismo.
En operaciones de gran escala como Antamina, este impacto también se observa: "Había aproximadamente 3,000 empleados directos. Fuera de las contratas había el doble. Y muy aparte del empleo, todo lo que se comía en el comedor era de los pueblos aledaños: sus sembríos, sus ganados. La minería da muchas veces lo que el Estado no puede dar. Hay hospitales, hay colegios de buena calidad en zonas donde no podrían haber existido sin ella. Porque, lamentablemente, el Estado no llega", señala Nataly Bejarano, ingeniera de minas. Pero la licencia social no está garantizada.

Mineros reporta que el 82% de los acuerdos firmados entre el Estado y comunidades entre 2015 y 2024 permanecen incumplidos.
Detrás de la minería formal opera otra minería, la que no paga impuestos, la que no declara producción, la que no tiene control estatal. La minería ilegal e informal constituye una crisis paralela de magnitud mayor que la conflictividad social.
“La minería ilegal no mueve unos cuantos soles: hay millones. Y, sumado a la corrupción, no se puede ver un nivel de fiscalización bueno. Hay leyes que se han sacado en los últimos años que limitan las fiscalizaciones. Si bien a una minera grande le sirven; también —aunque no lo creas— le sirven a la minería ilegal”, explica Bejarano.
Esta actividad ilegal genera más de US$12,800 millones anuales en el Perú, convirtiéndola en la primera economía ilícita del país, por encima del narcotráfico y la trata de personas. Entre 2021 y 2025, las denuncias por minería ilegal pasaron de 1,200 a más de 2,600 casos.
Madre de Dios es el caso más emblemático de esta crisis de inseguridad. Entre 2020 y mediados de 2025, la minería ilegal degradó cerca de 136,000 hectáreas de bosque amazónico en la región, según el Ministerio del Ambiente (Minam) y el proyecto MAAP. La contaminación por mercurio es masiva y permanente. Cada tonelada de oro extraída ilegalmente usa una tonelada de mercurio.
Transferencias por actividad minera en los principales productores, Perú 2025 (MINEM)
Las cifras indican transferencias por actividad minera formal en millones de soles (2025).
Minería ilegal crítica
Minería ilegal SIGNIFICATIVA

*Loreto y Ucayali no registran transferencias mineras formales ante el MINEM. La ausencia de datos refleja que su actividad extractiva opera predominantemente al margen de la formalidad.

“He visto en visitas de campo lo que parecía petróleo en el agua: era mercurio. La minería ilegal usa componentes que la gran minería tiene prohibidos. Y se nota”, recuerda Bejarano.
El impacto de la minería ilegal no termina en el daño ambiental. La expansión económica de esta actividad también ha venido acompañada de nuevas dinámicas de control territorial y violencia. En Madre de Dios, los delitos con arma de fuego se quintuplicaron entre 2015 y 2025, llegando al triple del promedio nacional.
Las mafias mineras controlan el precio del oro, el acceso a los yacimientos y el transporte hacia los mercados legales. Los mineros artesanales que no se unen a estas redes son desplazados por la fuerza.
“Un compañero mío, Edilberto, se fue hace tres años a la ilegal. Me dijo: 'Carlos, en un mes allá gano lo que tú ganas en cuatro'. Y era verdad, el problema es que nadie te cuenta el otro lado: que no duermes tranquilo, que tienes que pagar a las mafias para trabajar y que en cualquier momento puedes perder todo lo que sacaste. Pero cuando
tienes deudas, cuando tienes hijos y cuando no alcanza, uno entiende por qué lo hacen. No lo justifico, pero lo entiendo”, dice Carlos Burga, operador de maquinaria pesada con 14 años en minería formal. El Estado ha intentado canalizar esta actividad hacia la legalidad mediante el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
De Echave sostiene: “La lógica de ampliar una y otra vez el Reinfo como principal mecanismo de formalización ya mostró sus límites. Hay que resetear completamente la política pública. Hoy la minería informal e ilegal no solo es una actividad económica: es un poder territorial y también un poder político. No hay una solución milagrosa”.
La minería ilegal que genera más de US$12,800 millones anuales es un problema de seguridad nacional. Es la consecuencia de una informalidad que el Estado no ha podido controlar durante décadas.
Millones bajo tierra. Pobreza encima de ellos. Criminalidad en los espacios vacíos. Esa es la ecuación pendiente que cualquiera que gobierne a partir de 2026 deberá resolver.
Uno de los principales retos del gobierno entrante será recortar las inmensas brechas educativas presentes en el Perú. La educación primaria, secundaria y superior están en crisis, pero hay caminos para salir adelante.
Escriben: Christian Bravo, Mateo Collao, Fiorella Loreño y April Rengifo







El inicio del año escolar 2026 volvió a poner en evidencia que el sector educativo público atraviesa una profunda crisis estructural que va más allá de lo pedagógico. Mientras las autoridades encargadas del manejo de estas instituciones intentan poner en marcha los planes anuales, las carencias materiales que existen en los colegios, la falta de actualización curricular y los cuestionamientos a la autonomía de la educación superior configuran un panorama alarmante que exige realizar reformas urgentes a corto y largo plazo.
Según un informe difundido por Infobae, Manuel Farfán, director de Infraestructura del Ministerio de Educación (Minedu), menciona que el 48 % de los colegios públicos del país —lo que equivale a 26 mil 692 instituciones— presenta graves deficiencias en su infraestructura.

Cientos de miles de estudiantes asisten a escuelas con techos improvisados, pisos de tierra, problemas de saneamiento, vidrios rotos y estructuras con riesgo de colapso, una realidad que afecta con mayor intensidad a las zonas más pobres de nuestro país.
La situación se refleja en regiones como Amazonas, Arequipa y Lima Metropolitana, donde se han identificado aulas inhabitables y daños estructurales significativos. Además, más de 255 mil escolares vulnerables iniciaron el año académico sin recibir oportunamente los materiales educativos necesarios.
Frente a este severo déficit, el exministro de Educación, Idel Vexler, mencionó a Punto Seguido que la prioridad absoluta del gobierno entrante debe consistir en poner en práctica un agresivo programa de mantenimiento preventivo para los locales escolares, con miras al año 2027. Actualmente, el presupuesto asignado contempla apenas 350 millones de soles para mejorar las condiciones de 54 mil locales, una cifra que el especialista considera insuficiente.
Frente a este escenario, Vexler agregó que la recuperación de la infraestructura educativa del país requiere medidas urgentes y una visión de largo plazo. Entre sus principales propuestas destaca la asignación
de un crédito suplementario de mil millones de soles para atender necesidades básicas en los colegios, así como la implementación de una política de Estado que permita renovar progresivamente miles de escuelas durante las próximas dos décadas.
Además, cuestionó la prioridad de otorgar mochilas escolares en vez de cubrir otras necesidades más urgentes en el sistema educativo. En ese sentido, afirmó que es más importante imprimir textos escolares actualizados, y añadió que los materiales de los bancos de libros no se renuevan desde 2015. Por último, insistió en que la mejora de la educación pública no debe limitarse a la infraestructura, sino que también debe incluir el fortalecimiento de la meritocracia docente, la capacitación continua de los maestros, la actualización curricular y una mayor inversión en las universidades públicas.
Por otro lado, el psicólogo experto en educación Gustavo Segura centró su análisis en la brecha existente entre las políticas educativas diseñadas desde el Estado y su aplicación efectiva en las aulas. En declaraciones para este medio, sostuvo que el principal problema no está necesariamente en el contenido del Currículo Nacional, sino en cómo está siendo implementado. Aunque indicó que el documento está bastante completo pese a no haber sido revisado formalmente en la última década, lo que propone no se termina llevando a las aulas.
Segura también cuestionó la utilidad de las evaluaciones estandarizadas internacionales como la prueba PISA para diagnosticar la realidad educativa peruana. Según explicó, estas mediciones suelen reflejar las condiciones de contextos más urbanizados y centralizados, sin captar adecuadamente las necesidades de estudiantes que viven en regiones con realidades muy distintas. En ese sentido, señaló que “los resultados de esta evaluación no necesariamente reflejan la necesidad real de los chicos de las diversas partes del país, ya que fueron concebidas para sistemas educativos de países que han logrado garantizar una cobertura educativa consolidada”.

Segura añadió que el éxito del sistema educativo no debería medirse únicamente por el desempeño en matemáticas o comprensión lectora, sino también por su capacidad para formar ciudadanos críticos y comprometidos con su entorno. “La educación no solamente es saber matemática o lenguaje; el colegio no solo nos forma para eso, sino para ser ciudadanos”, enfatizó. SUPERINTENDENCIA



"El problema no es el currículo; el problema es que no logra hacerse realidad en las aulas".
GUSTAVO SEGURA
Psicólogo especialista en educación

La Educación Sexual Integral (ESI) fue incorporada en el currículo nacional de educación básica en 2016, durante la gestión del exministro Jaime Saavedra Chanduví. Este es un proceso continuo de enseñanza y aprendizaje que aborda la sexualidad humana más allá del aspecto netamente anatómico. Su propósito consiste en brindar a los estudiantes información sobre el conocimiento sobre la anatomía, la reproducción y los cambios físicos del cuerpo, además de desarrollar la construcción de relaciones sanas y la prevención del abuso sexual o la violencia de género.
Sin embargo, luego de muchas críticas de los sectores más conservadores de la sociedad civil y el Parlamento, la eliminación de la ESI en el Perú se concretó tras la aprobación de la Ley N.° 32535 en el Congreso el 19 de mayo de 2026. Se trató de una iniciativa impulsada por bloques conservadores como Renovación Popular, con Milagros Jáuregui a la cabeza, buscando suprimir el "enfoque de género" de las políticas públicas y textos escolares. El Ministerio de Educación formalizó esta resolución y derogó las directrices pedagógicas vigentes desde el 2021.
En su lugar, se instauró un nuevo modelo denominado "Educación Sexual con base científica, biológica y ética", limitando los contenidos curriculares a aspectos estrictamente anatómicos y reproductivos bajo el argumento de salvaguardar el derecho de los padres a guiar la educación de sus hijos.
Diversas organizaciones civiles, instituciones académicas como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y colectivos de derechos humanos califican esta medida como un grave retroceso. Al reducir la enseñanza sexual a la biología, las escuelas pierden la capacidad de educar sobre el consentimiento, el autocuidado y la identificación de tocamientos indebidos. Asimismo, diversos especialistas señalan que la nueva normativa ignora la realidad de las alarmantes estadísticas nacionales sobre embarazo adolescente y violencia de género.
En ese sentido, Segura defiende la necesidad de fortalecer la formación integral de los estudiantes, incluyendo temas como la ESI y la igualdad de género. De hecho, sostiene que buena parte de la resistencia a estos contenidos surge de prejuicios y desinformación. Por ello, considera que el debate educativo debe superar los temores ideológicos y enfocarse en brindar herramientas que permitan a los estudiantes comprender mejor la diversidad y desenvolverse de manera responsable en la sociedad contemporánea.
En la misma linea, la psicóloga Valeria Aguirre destacó la importancia de la ESI dentro de la formación de los estudiantes. En declaraciones para Punto Seguido, señaló que muchos de los cuestionamientos hacia este enfoque parten de una comprensión limitada de su verdadero propósito. "En nuestra sociedad existe el mito de que la educación sexual solo habla de relaciones sexuales, y se termina convirtiendo en un gran tabú. Al final se transmite esa misma idea a los niños y niñas. Ese tema no se toca, y en realidad los ponemos en una situación de vulnerabilidad porque no les estamos hablando sobre qué derechos tienen sobre su cuerpo, sobre su corporalidad, sus afectos", indica Aguirre.
Felipe Portocarrero, filósofo que se ha especializado en la historia de la Universidad en el Perú, mencionó para Punto Seguido que el país no ha logrado construir un modelo que conecte adecuadamente la educación básica con la educación superior, lo que genera brechas en la formación de los estudiantes y dificulta la continuidad de sus trayectorias académicas.
Para comprender el origen de esta problemática, propone observar la evolución histórica del financiamiento educativo en el Perú. Según explicó, hasta mediados de la década de 1970, la inversión pública en educación mostraba una tendencia sostenida al crecimiento. Sin embargo, este panorama cambió drásticamente a partir de 1975.
“Si haces una reconstrucción histórica de cómo evolucionó el financiamiento de la educación, la curva era progresivamente ascendente. A partir de 1975 empieza a decrecer y alcanza un punto profundamente bajo durante el periodo de Alberto Fujimori”, explica Portocarrero.
En la década de los noventas, disminuyó la inversión estatal, con lo que emergió una gran cantidad de oferta privada de educación superior. Si bien surgieron algunas universidades que contribuyeron a construir un mejor sistema de educación superior, también aparecieron otras, principalmente de bajo costo pero con una calidad académica bastante cuestionable.
En este contexto, el especialista considera que la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) y la promulgación de la Ley Universitaria N.° 30220 representaron avances importantes para el aseguramiento de la calidad educativa.
Sin embargo, Portocarrero considera que los avances alcanzados se vieron debilitados a partir del año 2021, durante el gobierno de Pedro Castillo, debido a las presiones políticas provenientes de diversos sectores interesados en recuperar influencia
sobre el sistema universitario. Según su análisis, el proceso de debilitamiento institucional se agudizó durante los gobiernos de Castillo y Dina Boluarte, permitiendo que actores políticos y económicos cuestionaron progresivamente la autonomía técnica de la Sunedu.
Este debilitamiento institucional se profundizó en los últimos años, favoreciendo principalmente a sectores menos comprometidos con la calidad educativa. El especialista advierte que la reducción de los mecanismos de fiscalización abre nuevamente la puerta a modelos educativos centrados en intereses económicos y de poder antes que la formación académica de estudiantes.
Desde esta perspectiva, Portocarrero concluye que el desafío educativo del Perú no pasa únicamente por mejorar la infraestructura escolar o actualizar los currículos, sino también por fortalecer la institucionalidad encargada de garantizar la calidad de la educación superior. Para ello, considera indispensable recuperar una visión de largo plazo que articule todos los niveles educativos y que coloque la inversión pública, la regulación técnica y la calidad académica como ejes centrales de una verdadera reforma educativa.

"Se tiene que articular un sistema educativo cohesionado en donde cada etapa y cada fase de la educación esté conectada a la otra".
especializado en la

Más del 90% de los peruanos cuenta con algún tipo de seguro de salud, pero tenerlo no garantiza una atención oportuna. Millones de ciudadanos siguen padeciendo las consecuencias de un sistema en crisis cuyas deficiencias,




La Defensoría del Pueblo constató el desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales en el Hospital III de EsSalud en Iquitos en enero de 2026. El hecho puso en riesgo la salud y la vida de 314 pacientes del Programa Nacional de ITS-VIH/ SIDA, de los cuales cerca de 30 no podían acceder a ninguno de los medicamentos esenciales. Tal situación no se limitaba a los grandes hospitales: la Defensoría también verificó la falta de medicamentos esenciales en los Centros de Salud Mental Comunitarios de Punchana, San Juan Bautista y Cardozo, en la provincia de Maynas, afectando especialmente a personas con discapacidad que dependen de un tratamiento continuo.
Lo ocurrido en Loreto no es una excepción; es el rostro más visible de un sistema sanitario que acumula décadas de problemas sin resolver.
El desabastecimiento de medicamentos en los establecimientos públicos de salud del Perú es un problema estructural que se arrastra desde hace décadas. Estudios sobre el sistema sanitario peruano señalan que las limitaciones presupuestales, los problemas de gestión y las deficiencias en la cadena de suministro han afectado históricamente la disponibilidad de medicamentos e insumos médicos en hospitales y centros de salud. Sin embargo, en 2026 la situación aún no ha sido resuelta por completo.


Aunque más del 90% de la población cuenta teóricamente con algún tipo de seguro de salud, la realidad en hospitales y centros de atención sigue estando marcada por la escasez de medicamentos, la falta de insumos y las largas esperas para recibir atención. De acuerdo con Walter Rodríguez, químico farmacéutico del Hospital Nacional Alberto Sabogal, las principales causas del desabastecimiento son la deficiente gestión de las compras públicas, los presupuestos insuficientes y la burocracia en los procesos de adquisición y registros sanitarios. Según explicó, existe “un sistema de compras fragmentado y presupuestos insuficientes, lo que hace más lenta la adquisición de medicamentos”.
Estos factores han limitado la disponibilidad de diversos tratamientos, incluidos medicamentos oncológicos y antirretrovirales. Como consecuencia, muchos pacientes deben asumir gastos que deberían ser cubiertos por el sistema público. Según estimaciones de ComexPerú, entre 2019 y 2024 los asegurados desembolsaron más de S/ 26.000 millones de sus propios recursos para acceder a medicamentos, consultas y otros servicios de salud.
La situación observada en Loreto refleja un problema que va más allá del abastecimiento de medicamentos. Para especialistas y profesionales de la salud, estas dificultades también evidencian las limitaciones de un sistema sanitario que continúa concentrando recursos, infraestructura y capacidad de decisión en la capital.

En regiones extensas y geográficamente complejas como la Amazonía, esta centralización puede traducirse en mayores brechas de acceso y atención para miles de ciudadanos.
Para el doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo y jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital Regional de Loreto, la
geografía sigue siendo una de las principales barreras para el acceso a la atención médica. “Loreto es más o menos del tamaño de España”, señala, y añade que se trata de una región con una población altamente dispersa y conectada principalmente por ríos.
Esta realidad provoca que el traslado hacia un establecimiento de mayor complejidad pueda tomar varios días. “Venir del Putumayo a Iquitos me puede tomar 15 días para llegar al Hospital Regional”, explica.
A ello se suma la concentración de especialistas en la capital regional, lo que reproduce un modelo centralista dentro de la propia Amazonía. “Tenemos un solo hospital de referencia y la mayoría de los especialistas están allí”, afirma Celis, quien considera que la descentralización no ha logrado cerrar las brechas de acceso debido a la persistente ineficiencia en la gestión pública y a la dificultad de llevar servicios de salud a los territorios más alejados.
El Colegio Médico del Perú advirtió que desde 2025 los órganos de control ya habían identificado graves deficiencias en la planificación, adquisición y distribución de medicamentos, y que la falta de medidas correctivas evidencia una gestión ineficaz cuyas consecuencias recaen directamente sobre los pacientes.
Este problema se suma a otro desafío histórico del sistema sanitario: la escasez de personal médico. A pesar de los avances en la ampliación de la cobertura


mediante EsSalud y el SIS, miles de peruanos continúan enfrentando dificultades para acceder a una atención oportuna, especialmente en las regiones más alejadas del país. Estas brechas quedaron aún más expuestas durante la pandemia de Covid-19, cuando la alta demanda de servicios puso en evidencia las limitaciones existentes en infraestructura, equipamiento y recursos humanos.
Vanessa Vásquez Rosales, directora general de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, señaló que “todavía existen establecimientos de salud donde la demanda de atención supera ampliamente la capacidad del personal disponible”, especialmente en las zonas rurales y de difícil acceso. La pandemia, advirtió, dejó una lección que el sistema no puede ignorar: “No basta con tener infraestructura o equipamiento; también es indispensable disponer de personal suficiente, capacitado y preparado para responder ante situaciones de crisis”.
mitad de los hospitales supervisados no cuenta con estudios para evaluar su resistencia ante sismos ni con planes adecuados para enfrentar emergencias. El informe también advierte que los establecimientos de salud no comparten la información de los pacientes, lo que obliga a realizar trámites repetitivos y genera retrasos en la atención.
La percepción de los usuarios evidencia los efectos concretos de esa burocracia. María Luisa Ovalle, madre de un menor atendido en el Instituto Nacional de Salud del Niño, señaló: “Cada vez que llevo a mi hijo a una consulta debo realizar varios trámites antes que sea atendido. En ocasiones pasamos más tiempo gestionando autorizaciones que recibiendo atención médica. Creo que muchos procesos podrían simplificarse para ayudar a los pacientes”.
La Defensoría del Pueblo informó que casi 8 de cada 10 establecimientos de salud del primer nivel presentan problemas de infraestructura.
Con miras al 2031, consideró prioritario fortalecer la inversión en recursos humanos. “Necesitamos mejorar las condiciones laborales de los profesionales, promover incentivos para trabajar en zonas de difícil acceso y reforzar la formación de nuevos especialistas”, afirmó.
De acuerdo con el Informe Defensorial N.° 263, gran parte del presupuesto de los hospitales se utiliza para pagar al personal, llegando a representar más del 70% de los recursos disponibles y hasta casi el 90% en algunos hospitales regionales. Además, más de la
La Defensoría del Pueblo informó que casi 8 de cada 10 establecimientos del primer nivel presentan problemas de infraestructura, equipamiento o capacidad para atender a los pacientes. Más de la mitad de los hospitales públicos tiene deficiencias en sus instalaciones, lo que dificulta brindar una atención adecuada. Estas carencias se reflejan en largas colas, demoras en las citas y una atención más lenta para la población.
La falta de personal médico, el desabastecimiento de medicamentos y la burocracia no son problemas aislados: se alimentan entre sí y recaen sobre los mismos pacientes. Celis lo recuerda cada vez que un ciudadano del Putumayo tarda quince días en llegar a Iquitos y encuentra que el medicamento que necesita no está disponible. La pregunta que queda pendiente para el próximo gobierno no es si el sistema necesita cambiar, sino si habrá voluntad política para hacerlo.

El gobierno central transfiere, desde hace más de veinte años, recursos a las regiones sin que ese dinero se convierta en desarrollo. El canon se derrocha, la Contraloría pierde inspectores y los jóvenes migran a Lima ante la ausencia de oportunidades en sus localidades de origen. Entonces, ¿la descentralización fracasa por falta de leyes? ¿O sigue sin funcionar porque quienes tienen el poder no quieren ceder el control del presupuesto?
Escribe: Grecia Del Río De Souza Ferreyra
Mientras las decisiones más importantes y las oportunidades sigan centradas en la capital, el Perú continuará dividido. Al analizar la evolución de las políticas públicas orientadas al equilibrio del poder, destaca una primera e importante contradicción histórica: la descentralización parece ser una propuesta que genera una conformidad tan amplia como aparente en las élites políticas del país.
Es amplia porque desde el planteamiento de la Constitución de 1979, pasando por el ambicioso pero trunco Plan Nacional de Regionalización de 1984, la posterior Constitución de 1993, hasta llegar a la Reforma Constitucional y la Ley de Bases de la Descentralización del año 2002, no ha existido un solo sector político de relevancia que se haya manifestado formalmente en contra de este principio. Incluso+ el régimen fujimorista, que en el año 1992 disolvió de manera drástica a los primeros gobiernos regionales y manejó el aparato estatal de una forma severamente centralizada y vertical, mantuvo una retórica formal de organización descentralizada.
La periodista de investigación Karla Ramírez desmitifica la idea de que este sea un problema exclusivo de las provincias y apunta directamente a la raíz política. Ramírez sostiene que el encarcelamiento masivo de gobernadores regionales comparte el mismo origen que las crisis del gobierno central: la fragilidad extrema de los partidos políticos tradicionales y movimientos locales, convertidos en verdaderos vientres de alquiler.
Al carecer de ideología y trayectoria, estas organizaciones postulan a candidatos improvisados que, a la luz de nuestra historia política reciente, asumen la gestión pública como un negocio personal. Sin embargo, la periodista advierte una diferencia clave en la balanza de la impunidad: los partidos nacionales poseen escudos políticos e influencias judiciales en Lima que los protegen, mientras que los movimientos regionales son más frágiles y carecen de ese blindaje en la capital.
Esto los deja con más flancos abiertos, poniéndose en evidencia mucho más rápido ante las autoridades y la prensa local, lo que acelera su caída dentro de un sistema donde alcaldes y gobernadores suelen ser los primeros en caer.
Para entender cómo llegamos a este entrampamiento, resulta clave mirar atrás y revisar las bases del sistema actual. En el año 2002, durante la gestión de Alejandro Toledo, se realizaron las primeras elecciones regionales del proceso de descentralización, y las primeras en elegir a los presidentes de los gobiernos regionales, que fueron creados en la reforma descentralista posterior al fujimorismo.
Ese impulso inicial estableció las reglas del juego mediante un marco normativo que, a pesar del caos político que ocurrió después, sigue en vigor. Este modelo legitimó dos conceptos esenciales: primero, que la atención pública debe originarse en el municipio o la región por una cuestión de proximidad con la población; segundo, que la transferencia de poder no se realiza de forma abrupta, sino que debe cumplirse con metas técnicas de manera progresiva.
Con esta base, las fuerzas políticas del Congreso de 2002 superaron sus diferencias para aprobar la Ley de Bases y los artículos esenciales de la Reforma Constitucional. Las serias fallas estructurales y un diseño institucional que restringe la autonomía
local han impedido que la compleja distribución de recursos descentralizados se traduzca en mejoras concretas para todos los ciudadanos y visitantes de las zonas interiores del país.
Esto se debe, en parte, a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) actúa bajo la premisa de proteger a toda costa la estabilidad macroeconómica del país. Bajo ese criterio, sostiene que los gobiernos regionales no cuentan con las capacidades técnicas e institucionales necesarias para

desarrollar proyectos de inversión que cumplan con los estrictos estándares de viabilidad exigidos por los sistemas estatales.
El objetivo económico original de la descentralización es, sin embargo, muy ambicioso: romper la dependencia colonial de Lima y establecer polos de desarrollo independientes y competitivos que aprovechen sus ventajas comparativas para retener el talento humano y revitalizar todo sus mercados locales.



En el Perú, el modelo de financiamiento regional introdujo una paradoja denominada el “problema del canon”. El canon es, por definición legal, la participación económica obligatoria que reciben los gobiernos regionales y las municipalidades del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado central gracias a la explotación económica de los recursos naturales en sus territorios.
Su objetivo es compensar a las zonas extractivas por el impacto y el inevitable agotamiento futuro de sus recursos no renovables, mediante la financiación exclusiva de proyectos de inversión pública.


El diseño normativo peruano contempla diversos tipos de canon según el recurso explotado: el canon minero, que proviene del 50% del Impuesto a la Renta pagado por las empresas mineras, siendo el más cuantioso y el pilar macroeconómico fundamental de departamentos como Áncash y Arequipa; el canon y sobrecanon petrolero, que beneficia principalmente a Loreto, Ucayali, Piura y Tumbes; el canon gasífero, cuyo eje central se ubica en Cusco por el proyecto Camisea.
El canon hidroenergético, cobrado por el uso del recurso hídrico en las centrales de generación eléctrica; el canon pesquero, generado por la extracción comercial de recursos hidrobiológicos; y el canon forestal, derivado del aprovechamiento regulado de productos maderables y fauna silvestre.
EDUCACIÓN
Las regiones no ofrecen centros de estudios ni oportunidades reales. Al ver que sus comunidades están estancadas, los jóvenes de la zona se ven obligados a migrar a Lima.
SALUD
Es el sector más golpeado por las mafias de licitaciones públicas. En centros como el hospital de Lorena en Cusco se ven las obras paralizadas por fraude.
El canon minero y gasífero se pulveriza en gastos inservibles. Alcaldes priorizan construir monumentos absurdos en localidades que no cuentan con servicios básicos cubiertos.
La deficiente gestión técnica se encuentra indisolublemente ligada a una patología institucional aún más devastadora: la corrupción. Según las investigaciones de Ramírez, la modalidad de corrupción regional más común ocurre en las licitaciones de obras públicas, especialmente en sectores críticos como hospitales y proyectos de saneamiento.
Ejemplos emblemáticos como el caso de Martín Vizcarra con el hospital de Moquegua o el desastroso proyecto del Hospital de Lorena en Cusco, que pasó años paralizado y mal construido debido a un desfalco dramático, demuestran el modus operandi subnacional.
Ante esta situación, la periodista rescata el rol de la Contraloría General de la República, calificándolo como eficiente gracias a la implementación de informes de control concurrente.
Sin embargo, Ramírez denuncia que los poderes corruptos han encontrado una forma sutil de asfixiar estas investigaciones: mediante un recorte presupuestal ejecutado hace un año que redujo considerablemente el número de inspectores, recortando capacidades tanto a la Contraloría como a los equipos logísticos de la policía.
Respecto al destino del dinero público, Ramírez señala que en regiones altamente beneficiadas como Cusco o Cajamarca, el canon se ha atomizado de forma ineficiente.
Los alcaldes y gobernadores suelen gastar el canon minero o gasífero en irrelevancias logísticas e infraestructura inútil, levantando estadios gigantescos en localidades que carecen de servicios básicos, o financiando monumentos ridículos dedicados a verduras o símbolos absurdos.
SANEAMIENTO Y AGUA
Los proyectos de agua potable sufren trabas constantes por la falta de un sustento técnico viable ante el MEF y por la corrupción.
A la falta de transparencia se suma la incapacidad técnica. Por ignorancia muchas autoridades terminan devolviendo millones de soles al gobierno central al cierre del año fiscal.
Lo más grave, concluye la periodista, es que la incapacidad de gestión es tan profunda que muchos gobernantes locales son incapaces de gastar el presupuesto asignado, viéndose obligados a devolver millones de soles al gobierno central al cierre de cada ejecución fiscal debido a su total ignorancia técnica sobre cómo invertirlo.
Las fallas técnicas y la corrupción tienen un costo que va más allá de las cifras y los expedientes judiciales. El psicólogo social Giancarlo Ravenna ofrece una mirada sobre las consecuencias de esta problemática en la población de las regiones.
La permanente migración de provincias a la capital por falta de oportunidades, lejos de una decisión libre, es una respuesta psicológica para afrontar la desesperanza: cuando un joven se pasa la vida viendo que su comunidad tiene grandes recursos y canon y que, a pesar de ello, no cuenta con un hospital equipado, un lugar de estudios de calidad y empleo formal, el pensamiento de ir a la capital en busca de mejores oportunidades es inevitable.
En palabras del psicólogo social, la “cuchara grande” con la que Lima concentra una porción significativa del presupuesto nacional alimenta en los peruanos de las regiones una sensación de exclusión y de menor relevancia frente al Estado. Bajo esa línea de pensamiento, Ramírez sostiene que este descontrol crea las condiciones propicias para que las mafias capturen los recursos del canon mediante obras sobrevaloradas o paralizadas. El resultado es un país en el que el origen geográfico todavía determina las oportunidades de desarrollo. Tres décadas después de su implementación, la descentralización mantiene importantes limitaciones y sus beneficios aún no alcanzan.
Más de treinta años de rutas desordenadas, obras que no terminan y un Estado que no fiscaliza. El resultado es un sistema que moviliza a millones bajo condiciones de caos y peligro. Lima y Callao concentran la mayor demanda de transporte urbano del país, y por eso se convirtieron en el centro de esta investigación.
Escriben: Thiago Abanto, Silvana de la Cruz, Aldo Orihuela, Mauricio Vasquez y Juan Pablo Villanueva
Anunciada en 2012, la Línea 2 del Metro de Lima sigue en construcción. Mientras tanto, los mismos ciudadanos que esperaban ese tren siguen apretados en combis y parados en buses que avanzan de forma inestable por avenidas que no dan para más. La fecha de entrega se ha postergado tantas veces que cada nuevo anuncio cae en el escepticismo. Ahora se habla de 2029. Los costos crecen, las controversias contractuales se acumulan en arbitrajes in ternacionales y la pregunta sigue en pie: ¿quién manda en esta obra?
Para el periodista especializado en ciudad y transporte del diario El Comercio, Juan Pablo León, el problema de fondo es político e ins titucional. “El patrón que se repite en cada retraso es que hay demasiadas autoridades involucradas en una misma obra”, ex plica. Solo en la Línea 2 intervie nen alrededor de diez entida des, entre ellas el Ministerio de Transportes, la ATU, la Municipalidad Metropolitana, los gobiernos distritales, Prolima y las empresas que administran cables, tuberías y



redes de agua. Ninguna tiene autoridad sobre las demás. “Son como diez personas mirando el mismo problema pasivamente. Nadie se hace cargo”, añade.
Ese diagnóstico coincide con los hallazgos de la Contraloría, que identificó riesgos en la gestión de costos, falta de coordinación interinstitucional y retrasos en la liberación de predios. “El Ministerio de Transportes tenía que haberle entregado todos los predios liberados a la concesionaria hace por lo menos seis años”, afirma León, “y esto todavía no se termina”.
El problema no se limita a la Línea 2. La Línea 3, que habría conectado el sur con el centro, tenía presupuesto dentro del Plan Nacional de Infraestructura. Sin embargo, hace menos de un mes ese financiamiento fue retirado. Sin plan ni presupuesto, lo que podría empezar en dos años tardará veinte. Detrás de esa decisión hay algo más profundo que una restricción fiscal: el transporte urbano no figuró como prioridad en los planes de gobierno de los principales candidatos en las elecciones del 2026. “Horas y horas metidos en el bus”, resalta León. Eso es lo que la gente vive cada día y eso es lo que los gobiernos no ven.

El contraste con lo que sí funciona es elocuente. El Metropolitano, con todos sus errores, permite ir de Chorrillos al centro de Lima en veinticinco minutos, algo impensable en cualquier combi. Lo logra porque tiene vía segregada y choferes en planilla que no necesitan corretear pasajeros para ganarse el día. Cuando hay formalidad, hay predictibilidad, y con ello hay servicio. La Línea 2 podría representar eso a gran escala, pero primero alguien tiene que hacerse cargo.


Viajes a la deriva
Sumada a esta problemática, la informalidad continúa siendo uno de los principales obstáculos para ordenar el transporte en Lima y Callao. A pesar de los operativos de fiscalización realizados por las autoridades, miles de vehículos siguen circulando al margen de la normativa, exponiendo diariamente a pasajeros y peatones a mayores riesgos de seguridad vial. La magnitud del problema queda reflejada en las cifras que disctaminan la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).
Solo durante el 2024, la entidad intervino 43.125 vehículos que prestaban servicio sin autorización, el nivel más alto de detección de informalidad registrado en los últimos tres años. Además, se detectó que 28.622 unidades eran conducidas por personas sin licencia, 6.615 circulaban sin SOAT vigente y 11.085 carecían de Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV), requisitos básicos para garantizar condiciones mínimas de seguridad.
Así, los problemas persisten durante el 2026. Entre enero y mayo, la ATU detectó 1.064 conductores que brindaban servicios de transporte sin contar con la licencia correspondiente. Asimismo, internó 2.558 vehículos

por infracciones vinculadas al transporte informal. De estas unidades, 535 circulaban sin SOAT, 509 no tenían revisión técnica vigente y 909 acumulaban multas impagas por más de 46 millones de soles. Estas cifras evidencian que una parte importante de la oferta de transporte continúa operando fuera de las reglas establecidas.
Para León, el origen de esta situación se encuentra en el modelo bajo el que opera gran parte del sistema. “Es informalidad disfrazada de formalidad”, afirma. Según explica, la mayoría de combis y buses funcionan bajo un esquema denominado “comisionista afiliador”, en el que propietarios, choferes y cobradores no mantienen vínculos laborales formales. Como consecuencia, las unidades compiten entre sí por captar pasajeros, incentivando maniobras peligrosas, exceso de velocidad e infracciones.
La expansión de los colectivos también genera preocupación. En abril de 2026, el Congreso aprobó extender hasta el 2031 el proceso de formalización de los taxis colectivos, una medida que diversos expertos cuestionaron. Estos vehículos operan sin GPS, con escasa fiscalización y frecuentes incumplimientos de tránsito. Para los especialistas, su permanencia dificulta el desarrollo de un sistema de transporte masivo, seguro y ordenado.

Las consecuencias trascienden el desorden urbano. León sostiene que existen estimaciones que vinculan alrededor del 40% de los accidentes de tránsito en carreteras con algún tipo de transporte informal. Sin embargo, la falta de registros precisos impide conocer la dimensión exacta del problema. Lo cierto es que más de treinta años después de la liberalización del transporte, la informalidad sigue siendo uno de los principales factores que alimentan la inseguridad vial. Y esa misma precariedad —la ausencia de contratos, de respaldo institucional, de cualquier red de protección— es la que convierte a los conductores en blancos fáciles para algo aún más grave.
22.162 casos de extorsión en el año 2023
El bus es el blanco de los extorsionadores. Entre 2024 y 2025 hubo 46 víctimas en buses. Se le suman 39 en combi y 32 en colectivo.


EN COMBI


Un camino sin salida
A las cuatro o cinco de la mañana, cuando gran parte de la ciudad aún duerme, miles de conductores y cobradores ya preparan sus unidades para una nueva jornada. Pero para muchos, la preocupación ya no es el tráfico ni las horas de trabajo, sino la posibilidad de recibir una llamada intimidatoria o convertirse en la siguiente víctima de una organización criminal. La extorsión ha transformado las rutas de transporte público en escenarios donde cada recorrido puede costar la vida. Carlos Mendoza lleva más de quince años manejando buses urbanos en San Juan de Lurigancho. Las amenazas comenzaron con mensajes a la empresa, pero lo que parecía una intimidación rutinaria terminó de otra manera: dos sujetos en moto dispararon contra su unidad. Una bala atravesó la ventana y le rozó el hombro izquierdo. La herida desapareció, el miedo no. Desde entonces, cada motocicleta que se acerca demasiado le genera temor y nerviosismo. Sigue manejando porque tiene una familia que mantener.
Luis Ramírez, cobrador de combi de 29 años, vivió una situación similar. Los extorsionadores conocían con precisión las rutas que recorrían y los lugares donde permanecían estacionadas las unidades al finalizar la jornada. Una noche, al regresar de trabajar, encontró junto a sus compañeros un sobre que contenía una bala y una advertencia exigiendo el pago de dinero. A partir de ese momento, el miedo comenzó a formar parte de la rutina diaria. Muchos de sus compañeros decidieron abandonar sus puestos; él continúa por necesidad.
Los casos de Mendoza y Ramírez no son excepciones. José Fernández, también transportista, admitió que las amenazas le parecían irreales hasta que una empresa cercana sufrió un atentado. Miguel Torres, propietario de unidades interurbanas, vio cómo uno de sus vehículos fue atacado después
de negarse a seguir pagando. Ricardo Salazar, taxista independiente, empezó a evitar ciertas zonas y horarios cuando los extorsionadores demostraron conocer sus movimientos. En todos los casos, el denominador común es el miedo y la sensación de enfrentarse a organizaciones que al pasar de las días cada vez son más violentas.
La magnitud del problema también puede observarse en las cifras oficiales. De acuerdo con información del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público y del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, las denuncias por extorsión pasaron de 4.510 casos en 2021 a 22.162 casos en 2023, un incremento de aproximadamente 391% en apenas dos años. Entre 2022 y 2023, las denuncias aumentaron en más de 160%.
Detrás de cada denuncia hay una persona que tuvo que cambiar sus rutas, modificar sus hábitos o abandonar su trabajo por miedo. Hay familias que viven sin saber si sus seres queridos regresarán sanos a casa. Para muchos conductores, el sonido de un teléfono desconocido o la presencia de una moto cerca de la unidad se han vuelto señales de alerta que afectan a gran escala su salud emocional.
La situación es aún más grave si se considera que el transporte es un servicio esencial para los ciudadanos. Cuando los conductores dejan de trabajar por miedo o los propietarios retiran sus unidades, las consecuencias las pagan también cientos de miles de peruanos. Así, la extorsión deja de ser un problema individual y se convierte en una amenaza que golpea la movilidad urbana, la economía familiar y la seguridad ciudadana. La Línea 2 sigue sin terminar, los colectivos siguen sin fiscalización y los conductores siguen recibiendo sobres con balas. Tres síntomas distintos del mismo abandono.

A poco menos de un año para el inicio de los Juegos Panamericanos Lima 2027, el Perú vuelve a colocarse en el centro del deporte continental con el desafío de organizar uno de los eventos más importantes de América. El país se alista para recibir a miles de atletas que buscarán la gloria en una edición que promete consolidar el legado dejado por los exitosos Juegos del 2019.
Escriben: Carlos Azañero, Ainhoa Chavarri, Marcelo Paredes y Paris Vásquez
Lima se vuelve a convertir en la sede de los Juegos Panamericanos, tras la exitosa edición que se llevó a cabo en la capital en el 2019. Para realizar este gran evento deportivo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha designado 435 millones de soles a favor del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Si bien la infraestructura de los juegos anteriores será reutilizada, una gran parte del presupuesto está siendo direccionado al Programa Especial Rumbo a Lima 2027, que está enfocado en la preparación, el torneo mismo y el soporte médico especializado en atletas de alto rendimiento.
De acuerdo con el gerente de comunicaciones de dicho programa, César Arias, que conversó con Punto Seguido, los preparativos para la atención a los medios de comunicación ya se encuentran en marcha, pese a que los Juegos Panamericanos Lima 2027 aún se encuentran en una etapa inicial de planificación. En ese sentido, precisó que ya existe un área especializada encargada de las Operaciones de Prensa, la cual tendrá la responsabilidad de garantizar una experiencia óptima para los periodistas y medios acreditados. Entre los
servicios previstos figuran la implementación de un centro de prensa durante los Juegos, traslados entre sedes, una guía para medios, ubicaciones designadas en tribunas y zonas de competencia, así como otras facilidades destinadas a fortalecer la cobertura informativa del evento.
La realización de los Juegos Panamericanos Lima 2027 también representa una oportunidad para fortalecer el desarrollo del deporte peruano y ampliar su visibilidad tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Berit Villalva, seleccionada peruana de tenis de mesa que participará en el certamen, destacó en Punto Seguido las oportunidades que se generarán. “Este tipo de eventos va a permitir que los peruanos puedan ganar mucha mayor visibilidad de la que ya tienen, además de poder competir con atletas de un alto nivel sin necesidad de salir del país, lo cual creo que también es bastante reconfortante porque sientes a la hinchada y, como algunos dicen, nosotros tenemos la mejor hinchada del mundo”, afirmó la atleta.
Por otro lado, Villalva resalta que para que se realice verdaderamen-
te un buen desempeño en estos próximos Panamericanos se debe dar, por parte del Estado, un apoyo equitativo a las diferentes federaciones existentes que van a participar y no solo a unas cuantas. A su vez, considera que este evento puede ser muy útil en cuanto a patrocinios para atletas jóvenes. Cree firmemente que los sacrificios que requiere la preparación de un atleta para competencias de esta magnitud deben ser recompensados de buena manera.
La organización de Lima 2027 va a contribuir a expandir la atención que recibe el deporte en el Perú, donde muchas veces las distintas disciplinas son minimizadas por el fútbol y el voley. El foco larinoamericano apuntará a los deportistas como principales protagonistas, dándoles una mayor visibilidad, lo que va a generar beneficios tanto para ellos como para sus equipos de trabajo, que muchas veces no cuentan con el financiamiento del Estado. Las mejores marcas deportivas y sponsors de élite buscarán encontrar caras nuevas y embajadores. En ese sentido, los Juegos Panamericanos Lima 2027 no sólo impulsarán el rendimiento deportivo, sino que también contribuirán a fortalecer la cultura y el reconocimiento para con los atletas.
El Proyecto Especial Legado ha logrado mantener la infraestructura construida para Lima 2019 en buenas condiciones, con lo que se busca replicar el éxito de la edición anterior
Villa Deportiva Nacional (VIDENA) - San Luis Deportes: Atletismo, natación, ciclismo, deportes de combate y bowling.
Complejo Deportivo - Villa María del Triunfo Deportes: Hockey, rugby, sóftbol, béisbol, waterpolo, tiro con arco, entre otros.
Sede Costa Verde - San Miguel / Magdalena Deportes: Vóley playa, skateboarding, BMX, patinaje de velocidad y escalada.
Villa El Salvador Deportes: Gimnasia, karate, levantamiento de pesas y deportes de pelota (básquetbol, voleibol).
Punta Rocas - Punta Negra Ubicada al sur de Lima, es una playa de categoría mundial y centro del alto rendimiento del surf.
Fuente: PCM – Legado


La riqueza cultural del Perú es reconocida en todo el mundo, pero quienes la crean enfrentan obstáculos persistentes. ¿Qué debe hacer el próximo gobierno para transformar ese patrimonio en industrias culturales sostenibles?
Escriben: Marisol Alarcón, Mauricio Caracciolo, Mayra Martínez y Camila Tocto
La cultura en el Perú representa una de las mayores expresiones de identidad nacional y diversidad social. Desde el cine y la música hasta la literatura, las artes escénicas y el patrimonio histórico, las industrias culturales cumplen un papel importante en la generación de empleo, turismo y desarrollo económico.
Sin embargo, el sector enfrenta problemas relacionados con el financiamiento, la descentralización y la falta de políticas públicas sostenibles. En ese contexto surge una pregunta para el gobierno que asumirá funciones en los próximos días: ¿es suficiente el dinero que destina el Estado a la cultura o hacen falta políticas más integrales?
Sebastián Chávez, fundador del Cineclub Salamanca, convirtió reuniones entre amigos para ver películas en un proyecto comunitario que hoy congrega a vecinos y aficionados.
En los últimos años, el Estado peruano ha incrementado los estímulos económicos para el sector. Para 2026, el Ministerio de Cultura anunció más de 29,5 millones de soles para el cine y audiovisual, y más de 5 millones para las artes escénicas, visuales y la música. Sin embargo, especialistas advierten que el fortalecimiento de las industrias culturales requiere medidas que vayan más allá del financiamiento.
Chávez considera que los estímulos económicos de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) resultan insuficientes.
“Normalmente, la plata que uno recibe si gana DAFO termina siendo alrededor del 70% u 80% de la producción. Además, siempre aparecen cambios que modifican el presupuesto final”, explica.
La denominada Ley Tudela ha generado preocupación en el sector, pues podría restringir el acceso a fondos públicos para creadores independientes y proyectos realizados fuera de Lima.
La actriz Sandra Bernasconi considera que estos apoyos han sido fundamentales para la supervivencia del sector cultural. “Si no hubiera sido por ese estímulo que nos dieron, nosotros no hubiéramos podido salir de la pandemia. No habría Teatro de Lucía”, señala. Además, sostiene que los mayores afectados por los cambios normativos son los creadores de regiones: “Los que más perdieron fueron todos los que estaban fuera de Lima, que contaban con ese apoyo y mostraban una realidad diferente a la que uno vive”.


Las dificultades son aún más evidentes en el sector literario y gráfico. José Carlos Hernández, editor y guionista de Med Cómics, crea historias inspiradas en la cultura peruana.
Entre sus obras destacan La Chola Power y El Protector Salvaje, ambientadas en distintas regiones del país.
Desde 2022 ha promovido sus creaciones en ferias y redes sociales. Una de sus portadas fue exhibida en el Museo del Callao. Sin embargo, señala que el respaldo institucional llegó cuando el trabajo ya había alcanzado notoriedad. Según Hernández, el Estado estuvo presente para premiar los resultados, pero no para acompañar el proceso creativo. Su experiencia refleja una realidad compartida por numerosos artistas y gestores culturales: proyectos que avanzan gracias al esfuerzo individual más que a un sistema sólido de apoyo.

Las danzas típicas, la música y las artesanías constituyen activos culturales con gran potencial económico. Con mayor promoción y acceso a mercados, podrían generar ingresos para miles de familias y contribuir a preservar tradiciones que forman parte de la identidad nacional.

Para Allen Vásquez, director del cortometraje Llana, el problema no es la falta de talento. “El Perú tiene historias, creadores y una diversidad cultural inmensa. Lo que falta es una apuesta sostenida para que esos proyectos puedan crecer y mantenerse en el tiempo”, sostiene.
Para los especialistas consultados, el próximo gobierno deberá asumir la cultura como una inversión y no como un gasto secundario. Bernasconi considera que este fortalecimiento debe comenzar desde la educación: “Todo parte de la educación. Una buena educación incluye literatura, teatro, música y artes visuales”.
El reto para el próximo gobierno será convertir esa riqueza en una política de desarrollo de largo plazo. Como resume Vásquez: “La cultura no es un lujo; es una herramienta que fortalece la identidad, genera empleo y contribuye al desarrollo económico”.

Mientras las redes sociales se consolidan como la principal fuente de información para las nuevas generaciones, el periodismo busca adaptarse a este cambio, con el objetivo de promover una cultura crítica frente a la desinformación.
Escriben: Carla Chiong, Alessia Dulanto, Nicole Moreno, Gonzalo Navarro
Hoy en día, informarse ya no depende exclusivamente de los medios de comunicación tradicionales. Las redes sociales han convertido a millones de usuarios en prosumidores: personas capaces de producir, consumir y difundir información. Esta transformación ha modificado la forma en que los ciudadanos participan en la vida pública.
Actualmente, una gran parte de la población accede a noticias a través de plataformas digitales, un escenario que ha ampliado las posibilidades de participación ciudadana, pero que también ha facilitado la circulación de información falsa, discursos de odio y prejuicios que persisten de generación en generación. Frente a este panorama, el periodismo enfrenta el desafío de contribuir a la formación de ciudadanos responsables en el entorno digital, promoviendo la verificación de la información, la reflexión y una participación más responsable en el debate público.
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) advierte que las fake news son contenidos pseudo periodísticos difundidos a través de medios y redes sociales con capacidad de influir en la opinión pública. Además, señala que existe información engañosa que puede partir de
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Kenneth Sánchez
Periodista del medio Comité de Lectura
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El especialista advierte que la desinformación en redes sociales puede debilitar la confianza en las instituciones y afectar la participación ciudadana. Asimismo, señala que la xenofobia y el racismo están “bastante basados en noticias falsas y en percepciones equivocadas que se construyen a partir de cómo se presenta la información”. Frente a este escenario, destaca el papel del fact checking y la educación mediática con la finalidad de enseñar a identificar noticias falsas y utilizar responsablemente las plataformas digitales.

