EL TSUNAMI PLATEADO: COLOMBIA, UN PAÍS QUE ENVEJECE
PP. 4-5
PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS EN COLOMBIA: CAMINO A LA AUTONOMÍA FARMACÉUTICA
PP. 6-7
TURISMO SÍ, PERO NO A CUALQUIER PRECIO
PP. 12-13
AMAZONIA, ORINOQUIA Y MAGDALENA, CONECTADOS POR UNA CUENCA ATMOSFÉRICA INVISIBLE
PP. 14-15
Durante cuatro décadas, el Pecet ha recorrido selvas, montañas y caminos olvidados para llevar la ciencia allí donde más se necesita. En ese andar —y de la mano de comunidades que también enseñan— no solo ha enfrentado enfermedades como la malaria y el dengue; ha demostrado que investigar no es solo observar, sino escuchar, comprender y transformar vidas.
Los desechos plásticos abundan en las aguas marinas y en el Golfo de Urabá su presencia es más alta que en otras zonas costeras del país, pero una investigación científica de la UdeA revela que estos pequeños crustáceos pueden fragmentar estos residuos mediante procesos biológicos que son más rápidos que la acción del sol, la arena o las olas. Este hallazgo aporta nuevas claves para comprender cómo se transforma el material en la naturaleza.
CARLOS OLIMPO RESTREPO S. Periodista Dirección de Comunicaciones UdeA olimpo.restrepo@udea.edu.co
Uno de los mayores contaminantes de los ecosistemas marinos es el plástico, su degradación natural se produce por efecto de los rayos UV de la luz solar, del oleaje y de la abrasión, en un proceso que puede tardar siglos, tiempo en el cual pasa por diferentes etapas hasta la descomposición final de sus elementos básicos.
En Colombia, el Golfo de Urabá se ha convertido en un «centro de acopio» de plástico, debido a la confluencia de corrientes marinas que arrastran basuras de ríos y costas del país y de Centroamérica, desechos que en gran cantidad se quedan en los manglares de esta zona, donde científicos de la Universidad de Antioquia descubrieron que un pequeño habitante de este ecosistema es más rápido que el sol, las olas o la arena para descomponerlo.
Según una investigación de más de tres años de estudiantes y docentes de los institutos de Ciencias del Mar y de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UdeA, el cangrejo violinista de la especie Minuca vocator —de apenas 3 centímetros de talla y 3 gramos de peso en promedio— puede ingerir decenas de partículas plásticas —una media de 49 por individuo— y fragmentarlas durante su paso por el sistema digestivo, en un proceso observado durante 66 días.
«Lo realmente importante que se ha comprobado en esta investigación es que el proceso de fragmentación del plástico que se creía que tardaba décadas o siglos, en realidad puede suceder en cuestión de semanas por mecanismos biológicos, no solo los físicos o químicos», explicó José M. Riascos, investigador y docente del Instituto de Ciencias del Mar en el municipio de Turbo, Campus Urabá.
Daniela Díaz Meléndez, egresada del pregrado de Ecología de Zonas Costeras de la Alma Máter, manifestó el interés por indagar en su trabajo de grado por el comportamiento del cangrejo violinista, pues había identificado pocos estudios al respecto y observado que es una especie que destacaba en algunas áreas de manglar en Turbo, en especial, donde había más plástico.
«Con el profesor José empezamos a preguntarnos cómo era posible que, pese a la alta contaminación, esta especie estuviera tan presente. Entonces decidimos evaluar la relación entre los plásticos y el crustáceo. Queríamos entender qué estaba ocurriendo dentro del ecosistema y por qué el cangrejo parecía prosperar en ambientes perturbados», recordó.
A ellos se unió la investigadora Lina María Zapata Restrepo, docente del Instituto de Biología, quien precisó que «a partir de esa observación surgió la pregunta central: si estos organismos viven en un ambiente cada vez más
Rector Hector Iván García García
Comité Editorial
Luquegi Gil Neira | Vicerrector General
David Hernández García | Secretario General
César Alzate Vargas | profesor Facultad de Comunicaciones y Filología
Teresita Betancur Vargas | profesora Facultad de Ingeniería
Luisa Fernanda Cano Blandón | profesora Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Teresita Alzate Yepes | profesora Escuela de Nutrición y Dietética
contaminado por plástico, ¿qué está pasando con ese elemento dentro del ecosistema y en los organismos que lo habitan?». La científica Tamara S. Galloway, de la Facultad de Salud y Ciencias de la Vida de la Universidad de Exeter, Reino Unido, quien es experta en ecotoxicología y microplásticos, también participó en la etapa final del proyecto, en la visualización, revisión y supervisión de los resultados de la investigación.
Así fue el proceso que arrojó nueva información para la ciencia
La investigación se desarrolló entre 2022 y 2024 y, según el artículo publicado por los académicos en diciembre del 2025 en la revista Global Change Biology, se delimitaron áreas de manglar urbano cerca del muelle turístico Pisisí, en Turbo, las cuales fueron identificadas como idóneas para el estudio.
Natalia Restrepo Saldarriaga Directora de Comunicaciones
Gimena Ruiz Pérez Pedro León Correa Ochoa Coordinación de edición
Maria Isabel Osorio Ruiz Diseño y diagramación
Portada El álbum del Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales reúne fotografías que dan cuenta de cuatro décadas de compromiso con la ciencia, la investigación y el bienestar de las comunidades. Fotos: cortesía Pecet.
Nota del editor La presente edición fue publicada exclusivamente en formato digital. Las opiniones expresadas por las fuentes y autores de los artículos publicados en Alma Mater son responsabilidad de estos y no representan una postura institucional de la Universidad de Antioquia.
En estas zonas controladas se introdujeron partículas biofluorescentes —que emiten luz—verdes, de entre 20 y 27 micras de diámetro—menos de la mitad del grosor de un cabello humano—, y rojas, de entre 75 y 90 micras de diámetro, similares al tamaño de los bocados que los violinistas ingieren habitualmente.
Estas microesferas de polietileno fueron importadas desde Estados Unidos y se usaron para facilitar el seguimiento del plástico dentro del cuerpo de los crustáceos. El experimento contó con el aval del Comité de Ética para la Experimentación con Animales de la UdeA. La colecta y transporte de los individuos se hizo con base en el Permiso Marco de Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Investigación Científica, concedido a la institución por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —Anla—.
El trabajo de campo, en el cual solo participaron los investigadores de Alma Máter, se adelantó durante 66 días, entre septiembre y diciembre del 2023, tiempo durante el cual se rastreó la absorción y el destino de las microesferas en el hepatopáncreas, las branquias y el intestino grueso de los cangrejos, así como en los sedimentos del manglar, y se encontró que, de 95 individuos estudiados, 91 incorporaron estos elementos.
En promedio, cada cangrejo ingirió 49 microesferas, lo cual «representa una de las absorciones más altas jamás registradas en la naturaleza», explicaron los investigadores en el artículo científico. En el sedimento que los rodea la presencia de estas fue 16 veces menor.
Daniela Díaz Meléndez señaló que esto «fue como descubrir que la especie tiene un mecanismo biológico que le permite discriminar lo que le sirve y lo que no, y expulsarlo del sistema. Ese hallazgo fue lo más impresionante para mí».
Al respecto, Lina María Zapata Restrepo añadió que «en este estudio no encontramos efectos sobre la salud de los cangrejos con las variables que usamos, porque ese no era un objetivo de la investigación. Esto no significa que no se presenten consecuencias, para ello hay que hacer mediciones diferentes, a más largo plazo, y mirar impactos biológicos que se puedan presentar, porque en otras especies se ha reportado que la presencia de microplásticos causa daños en los organismos que los consumen o que están expuestos a ellos».
Los análisis indicaron que el proceso ocurre principalmente en el sistema digestivo. Según el docente José M. Riascos, «estos animalitos tienen en el estómago una suerte de dientes, esa es la explicación más plausible de por qué los plásticos se parten cuando pasan por ese compartimiento».
Los científicos de la UdeA diferenciaron claramente entre degradación y fragmentación del plástico. «La primera implica procesos químicos y biológicos que transforman una sustancia hasta compuestos simples como CO2 y H2O — mineralización—, mientras que la segunda corresponde a la fragmentación del plástico en partículas cada vez más pequeñas, sin que necesariamente ocurra una degradación química completa», explicó la bióloga Zapata Restrepo. Como los resultados mostraron que los cangrejos violinistas ingerían, fragmentaban y expulsaban casi en su totalidad el plástico consumido durante su alimentación, «esta especie está contribuyendo a generar partes aún más pequeñas que pueden ser ingeridas por otros organismos», alertó la docente del Instituto de Biología.
El ecólogo marino José M. Riascos precisó que lo establecido hasta ahora en la literatura científica es que los plásticos se fragmentan en pedazos visibles, luego en microplásticos y nanoplásticos, tras lo cual se descomponen en sus elementos básicos y se reintegran en la naturaleza en procesos que duran siglos.
Otra investigación abre nuevos caminos de conocimiento
Según los investigadores, los manglares de Urabá son uno de los principales puntos de acumulación de plásticos en el Caribe colombiano y, por eso, desde el Instituto de Ciencias del Mar y otras unidades académicas de la Alma Máter, se trabaja de manera permanente en diferentes estudios para comprender mejor este fenómeno y buscar alternativas de solución.
Otro trabajo investigativo publicado en mayo del 2025 en la revista Marine Enviromental Research, en el cual participaron la estudiante de pregrado Alejandra Ortiz Moreno y los profesores Levy D. Obonaga y José M Riascos, entre otros, encontró que diferentes organismos residentes en el manglar pueden
desempeñar un papel mucho más activo de lo que se pensaba en la transformación del plástico. La investigación analizó cómo distintos organismos que viven en el fondo del manglar interactúan con varios tipos de plásticos de uso común, entre ellos polietileno, polipropileno, PET y poliestireno expandido. Para ello, los científicos pusieron láminas de estos materiales en manglares urbanos y en otros con menor influencia humana, y evaluaron, durante varios meses, cuáles especies los colonizaban y qué efectos producían sobre su estructura.
Los resultados mostraron que distintos animales y plantas no solo utilizan el plástico como superficie, sino que lo modifican físicamente. En total, se registraron 19 grupos de organismos capaces de raspar, perforar, fracturar o excavar el material. Este proceso, conocido como bioerosión, consiste en el desgaste
Imagen de una de las zonas costeras en Turbo seleccionadas para el proyecto. Se aprecian cangrejos violinistas en medio de un manglar contaminado con plásticos. Foto: cortesía investigadores.
o ruptura de superficies sólidas por la acción de seres vivos, y en este caso se evidenció que también puede afectar a los plásticos. Al igual que con la investigación del cangrejo violinista, los resultados del estudio sugieren que la actividad biológica puede acelerar ciertas etapas del proceso de descomposición del plástico, en particular la fragmentación.
El trabajo también encontró diferencias importantes entre manglares urbanos y no urbanos. En los entornos más impactados por la actividad humana, la velocidad de bioerosión de algunos plásticos fue mayor y la composición de los organismos que interactúan con ellos resultó distinta. Esto sugiere que la contaminación, la urbanización y las condiciones ecológicas locales influyen en la manera en que el plástico se transforma en la naturaleza.
Para los científicos, este estudio marca el inicio de nuevas líneas de investigación orientadas a comprender el alcance ecológico de la interacción entre organismos vivos y plásticos en ambientes naturales cada vez más impactados por la actividad humana
Para ello, hay que dar respuesta a interrogantes como ¿Qué implica que el cangrejo violinista acelere la fragmentación del plástico en los manglares? ¿Este proceso contribuye a mitigar la contaminación o, por el contrario, facilita la dispersión de micro y nanoplásticos en la cadena trófica? ¿Cuáles son los efectos a largo plazo sobre la salud de estas especies y de otras que interactúan con estos residuos? ¿Podría este tipo de procesos biológicos aportar, en algún grado, a la recuperación de ecosistemas como los manglares, o representa un riesgo adicional aún no dimensionado?
Colombia enfrenta un fenómeno demográfico irreversible: el incremento acelerado de la población mayor. ¿Qué país se quiere construir para quienes vivirán más de 100 años? En el periódico Alma Mater hablamos con investigadores UdeA sobre los principales retos en salud, modelo de cuidado y sistema pensional para garantizar el bienestar y la calidad de vida de los adultos mayores.
SERGIO ALEJANDRO RUIZ S. Periodista Dirección
de Comunicaciones UdeA salejandro.ruiz@udea.edu.co
«Hoy, a una persona de 60 años le quedan mínimo 25 más por vivir. Y hacia el futuro serán 40», así lo expresa María Isabel Zuluaga, docente e investigadora de la Facultad Nacional de Salud Pública —FNSP—, al referirse al aumento de la esperanza de vida. Por eso, el país debe prepararse para atender a las personas mayores, un cambio demográfico que repercutirá en políticas públicas, el sistema de salud, e incluso, en las relaciones familiares.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística —Dane—, para el 2025 en Colombia había cerca de ocho millones de personas mayores de 60 años, lo que equivale al 15 % de la población, y se estima que para 2050 incremente a 13 000 000, correspondiente al 25 %.
Lo anterior se contrasta con dos factores que inciden en las condiciones desiguales del envejecimiento: el incremento de la esperanza de vida y la reducción progresiva de la natalidad, pues en la pirámide social y pensional esto podría generar un desequilibrio.
Esto entonces conlleva a entender que el envejecimiento, por tanto, no es un problema en sí mismo; sino un reto social, económico y cultural que debe garantizar que una población en aumento viva con dignidad, autonomía y participación. Uno de los enfoques que resaltan los investigadores de la UdeA se relaciona con el curso de vida: educación temprana, oportunidades económicas, salud mental, condiciones de trabajo, relaciones sociales. Esto determina cómo se envejece.
En este contexto, la investigadora Zuluaga alerta sobre los desafíos que se tiene frente a la vejez progresiva de la población. «Colombia no está preparada para asumir el envejecimiento. Aún tenemos muchos retos que están generando una presión innecesaria en las personas mayores».
La razón no es la edad misma, sino las condiciones que rodean el envejecimiento: ingresos insuficientes, baja cobertura pensional, desigualdades en salud, barreras geográficas —que afectan especialmente a quienes viven en zonas rurales o municipios alejados de las ciudades, donde la oferta de servicios de salud es limitada— y un sistema de cuidado todavía anclado en la familia como núcleo protector.
Según la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía —Asofondos—, sólo una de cada cuatro personas en el país logra pensionarse y este fenómeno puede convertir la vejez en un periodo vulnerable debido a la ausencia de ingresos estables. «Envejecer en pobreza implica trayectorias de vida más duras. Posiblemente estas personas tuvieron menos acceso a educación, más carga laboral, más exposición a enfermedades y menos redes de apoyo», precisó la profesora Zuluaga, también integrante del grupo de investigación de Gestión y Política en Salud de la UdeA.
Entre los retos que emergen aparecen los imaginarios frente a la población mayor, pues culturalmente predomina el lenguaje con carga negativa, que infantiliza o, incluso, minimiza con expresiones como «viejitos». El fenómeno del edadismo, es decir la discriminación que se hace de alguien debido a su edad, es común en la sociedad colombiana, según los investigadores.
«En este país, una persona mayor de 40 años difícilmente consigue empleo porque se le atribuye deterioro y mayores costos», anotó la profesora Zuluaga, quien advirtió que estas ideas influyen en políticas, prácticas médicas, medios de comunicación y relaciones cotidianas. Tratar la vejez como deterioro automático invisibiliza la diversidad de experiencias y refuerza barreras para el acceso a servicios o participación social. Envejecimiento activo, una transformación pendiente para el sistema de salud
Envejecimiento activo, una transformación pendiente para el sistema de salud Desde la perspectiva médica, Jorge Osorio Ciro, docente de la Facultad de Medicina y coordinador de la especialidad en Medicina del Deporte y la Actividad Física, expresó que «el envejecimiento es un fenómeno que en países en desarrollo se comporta como un tsunami, pues el crecimiento de personas que superan los 60 años se convirtió en una avalancha, a diferencia de los países europeos que experimentaron la llegada del envejecimiento de forma paulatina», proponiendo además que
esto debe ser abordado bajo el concepto de envejecimiento saludable. Según Osorio Ciro, la mayor parte de las atenciones en salud en la vejez están vinculadas a enfermedades crónicas y a la pérdida funcional, especialmente la sarcopenia —pérdida de masa muscular—. De ahí la importancia de la actividad física, el control de comorbilidades, la evaluación periódica del estado físico y mental de las personas mayores de 60 años.
Uno de los desafíos más complejos para el sistema de salud es cerrar la brecha entre «expectativa de vida total» y «expectativa de vida saludable». Según HelpAge International, organización global que evalúa la calidad de vida de las personas mayores, la primera medida en Colombia es cercana a los 85 años, mientras que la investigadora Zuluaga explicó que la expectativa de vida saludable está alrededor de los 76.
Esta brecha también se refleja en el aumento de los casos de demencia. «Mientras el promedio en Latinoamérica es del 8 %, en Colombia la prevalencia alcanza el 12,3 %», señaló la investigadora. No obstante, agregó que un estudio publicado en The Lancet plantea un panorama más alentador, al identificar 15 factores de riesgo modificables que podrían incidir en la prevención o el retraso de este diagnóstico. En el caso colombiano, destacan factores como la escolaridad durante la infancia, las pérdidas sensoriales no tratadas, la depresión y la ansiedad, la baja posición socioeconómica y las condiciones de vida precarias.
Por su parte, para el profesor Osorio Ciro la fórmula para atender el envejecimiento saludable incluye una estrategia integral de nutrición adecuada, actividad física regular, psicoterapia, espacios sociales significativos, fortalecimiento neurológico
en el cuidado y generar mecanismos de pedagogía para la población joven que enfrentará los retos del envejecimiento.
El país ya está tomando medidas, aunque persisten los retos. Para el profesor Restrepo Zea, la reforma pensional —aún en discusión— plantea alternativas para quienes no podrán lograr una jubilación. Programas como Colombia Mayor —del gobierno nacional, que entrega un subsidio económico a personas mayores sin pensión o en situación de pobreza, de 80 000 pesos mensuales para menores de 80 años y de 225 000 pesos para quienes superan esa edad— y Renta Vitalicia —estrategia de la Gobernación de Antioquia que asigna 225 000 pesos mensuales a personas mayores en condición de pobreza y discapacidad— son un alivio parcial, pero insuficiente si no se garantiza su sostenibilidad financiera y si no se fortalecen los sistemas comunitarios de apoyo.
Frente a estas últimas estrategias Restrepo Zea y Osorio Ciro coinciden en la necesidad de invertir en infraestructura física como centros de atención y cuidado integral para adultos mayores. «La preocupación que teníamos en el pasado por la escuela pública, hacia adelante deberá volcarse sobre lugares para el cuidado integral de personas mayores», dijo el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas. «Las ciudades deben ofrecer oportunidades para que las personas mayores reaprendan la vida y mantengan su autonomía y productividad», argumentó Osorio Ciro, destacando el modelo actual parecido a una escuela, bajo el que trabaja el Hospital Alma Máter por las personas mayores: enseñar hábitos que conserven la condición física y mental necesaria para seguir siendo parte activa de la sociedad.
El principal reto: reconstruir vínculos
Los investigadores de la UdeA coinciden en un punto clave: no basta con diseñar políticas públicas, es necesario promover un cambio cultural
Según el Dane, el índice de envejecimiento en Colombia pasó de 7.3 en 1950 a 40.4 en 2021, y la tendencia no se detendrá: se proyecta que alcance 137.7 en 2050 y 274.3 en 2100, reflejando un país con una base joven cada vez más reducida frente a la población adulta mayor. Este índice mide cuántas personas mayores de 65 años existen por cada 100 menores de 15 años.
y acompañamiento médico constante. «Envejecer bien no es una cuestión solo de genética; es una cuestión de hábitos, oportunidades y entornos».
El costo de envejecer En términos económicos el envejecimiento también tiene efectos sobre el sistema de salud y por ende en las políticas públicas que se implementen. El profesor Jairo Humberto Restrepo Zea, coordinador del grupo de investigación Economía de la Salud de la Facultad de Ciencias Económicas de la UdeA, expuso que el gasto por persona aumenta con la edad de manera sostenida. «En la medida en que los países logran mayor esperanza de vida —es decir, la posibilidad de vivir más años—, aumenta el gasto en salud», señaló Restrepo Zea.
Basado en datos de la unidad de pago por capitación — UPC—, el investigador explicó que, «mientras necesitamos un peso para atender la salud de un niño entre 5 y 14 años, necesitamos 11 para atender la salud de una persona mayor de 74». Lo anterior explicaría que las personas mayores representan un incremento significativo en los costos del sistema, pues «se enfermen más» por definición. Significa que requieren más consultas, tratamientos, medicamentos y cuidados, y que este uso más frecuente presiona el gasto general del sistema. Para Restrepo Zea, el desafío no es solo financiero: es organizacional. Implica fortalecer la atención primaria, garantizar continuidad
profundo. Para Osorio Ciro, la vejez debe asumirse como una etapa con sentido, en la que la felicidad sea una realidad alcanzable y no solo una ilusión. Restrepo Zea advierte que el país debe prepararse para enfrentar mayores escenarios de soledad derivados de las transformaciones en las estructuras familiares y, al mismo tiempo, propiciar otras formas de comunidad. En tanto, Zuluaga resalta la importancia de reconocer la diversidad de vejeces existentes —marcadas por el género, el territorio, la pertenencia étnica, la condición socioeconómica, la discapacidad o el nivel de autonomía— y de garantizar condiciones dignas para todas ellas, pues el envejecimiento no es un proceso homogéneo, sino el resultado de trayectorias de vida desiguales.
«La familia ha sido el vehículo clave de protección social. En la medida en que se transforma, hay que acudir a otras instancias: la sociedad, las comunidades y las políticas públicas», dijo Restrepo Zea, quien ejemplificó la situación así: antes las familias eran horizontales —muchos hermanos, primos, redes grandes—. Hoy son verticales, con pocos hijos, más personas mayores y menos cuidadores disponibles.
Este cambio presiona la idea tradicional de que la familia es el único soporte del cuidado. «Ese modelo es insostenible», coincidió Zuluaga. Por eso, los expertos coinciden en la urgencia de construir un Sistema Nacional de Cuidados que distribuya responsabilidades entre familias, Estado, instituciones y comunidades.
El envejecimiento ya está aquí. Lo que falta por decidir —como sociedad y como Estado— es el tipo de país que se quiere para quienes vivirán 80, 90 o incluso más de 100 años.
Fortalecer la capacidad de un país para investigar, desarrollar y producir sus propios medicamentos se ha convertido en un asunto estratégico para los sistemas de salud en el mundo. En Colombia, la conversación sobre autonomía farmacéutica ha cobrado fuerza en los últimos años, especialmente ante los reportes de escasez y las demoras en la entrega de estos productos. En este contexto, la estrategia nacional busca consolidar la infraestructura científica e industrial del sector farmacéutico, pero ¿qué implica avanzar en esa apuesta? ¿Con qué fortalezas se cuenta hoy y cuál podría ser el papel de la Universidad de Antioquia en este proceso?
N.º 750 Mar-Abr de 2026 · Universidad de Antioquia
ANDREA
CAROLINA VARGAS M. Periodista Dirección de Comunicaciones UdeA acarolina.vargas@udea.edu.co
Desde la pandemia Covid-19 y más recientemente en los últimos tres años, la escasez de medicamentos ha ocupado de manera recurrente la agenda mediática y sanitaria del país. La persistencia de reportes sobre demoras y dificultades en la entrega de tratamientos ha puesto sobre la mesa una discusión de fondo: la capacidad de Colombia para garantizar el suministro oportuno de los fármacos que requiere su población. En medio de este debate, el concepto de autonomía farmacéutica cobra relevancia.
«La autonomía farmacéutica se entiende como la capacidad de un Estado para garantizar el acceso oportuno y equitativo a medicamentos esenciales y tecnologías en salud a través de la producción local, la inversión en ciencia y tecnología, y una regulación adecuada del mercado», explicó Pedro Amariles, doctor en Farmacología, docente y coordinador del grupo de investigación Promoción y Prevención Farmacéutica, adscrito a la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias —Cifal— de la UdeA.
De acuerdo con el profesor Amariles, aunque Colombia cuenta hoy con suficientes capacidades tecnológicas y científicas para la producción de medicamentos —desde el diseño y desarrollo de la forma farmacéutica, los ensayos clínicos y la manufactura industrial hasta su distribución—, el país mantiene una alta dependencia internacional, especialmente en materias primas y principios activos necesarios para su elaboración.
«Colombia tiene desarrollos muy interesantes en el campo farmacéutico y cuenta con infraestructura y capital humano suficientes para producir medicamentos, pero existe una dependencia muy importante de las materias primas. Para fabricar un medicamento se necesita el principio activo, los excipientes y otros insumos que, en la mayoría de los casos, se importan — muchas veces desde India—. Eso significa que, si llegara a presentarse una ruptura en la cadena logística internacional o un aumento fuerte en el costo de estos elementos, el país podría enfrentar limitaciones para mantener la producción, tal como se documentó en la pandemia
En la Planta de Medicamentos Esenciales de la UdeA se fabrican alrededor de cinco millones de tabletas al mes, tanto en procesos de maquila para otros laboratorios como en producción propia. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe F.
covid-19», explicó Amariles.Según datos de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica —Ascif—, en el país operan cerca de 100 plantas farmacéuticas habilitadas por el Invima. En estas instalaciones, laboratorios nacionales desarrollan y producen tratamientos empleados en atención primaria, salud mental, enfermedades respiratorias y dermatológicas. Además, varias de ellas realizan procesos de maquila para compañías multinacionales, cuyos medicamentos posteriormente se exportan a distintos mercados. En conjunto, esta industria abastece más del 80 % del mercado interno. Aunque los episodios de escasez han alimentado la discusión sobre la autonomía farmacéutica, desde la academia y la industria se advierte que el desabastecimiento reportado en los últimos años obedece a múltiples factores y no principalmente a limitaciones en la capacidad de producción nacional o a rupturas en la cadena internacional de suministro. «Para avanzar hacia una verdadera autonomía sanitaria se requiere una articulación efectiva entre Estado, academia e industria, tres actores fundamentales para impulsar la investigación, el
desarrollo y la sostenibilidad de la producción farmacéutica. Solo con esa coordinación, sumada a garantías regulatorias y económicas claras, será posible consolidar una capacidad de producción local y reducir la dependencia de medicamentos importados», señaló Clara Isabel Rodríguez Serrano, directora ejecutiva de Ascif.
Vale la pena recalcar que, según Amariles, el predominio de medicamentos genéricos en la producción nacional está relacionado con el funcionamiento del sistema de patentes en la industria farmacéutica. El alto costo y el largo tiempo que implica desarrollar un principio activo nuevo hacen que buena parte de la industria se concentre en la fabricación de medicamentos a partir de moléculas cuya patente ya venció o está próxima a hacerlo.
«Cuando una empresa descubre o desarrolla un principio activo puede registrarlo bajo patente, lo que le otorga exclusividad para fabricarlo y comercializarlo durante cerca de veinte años. Durante ese periodo otros laboratorios no pueden producir esa misma molécula. Una vez vencida la patente,
la fórmula pasa a ser de dominio público y distintos fabricantes pueden elaborarla, lo que da origen a los medicamentos genéricos», explicó Amariles.
Frente a este panorama, en el que el país enfrenta retos para avanzar hacia mayores niveles de innovación e independencia de materias primas, la autonomía farmacéutica se ha convertido en una prioridad de política pública. En los últimos años han surgido distintas iniciativas orientadas a consolidar las capacidades científicas, tecnológicas e industriales del sector. Una de las iniciativas es la Ley 2386 de 2024, que busca impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la producción local
farmacéutica. Esto se debe a que, a diferencia de buena parte de la industria privada —que suele orientar su investigación hacia productos con mayor retorno económico—, estas iniciativas pueden enfocarse en medicamentos que, aunque son fundamentales para la salud pública, no siempre resultan comercialmente atractivos para el mercado. «Apostarle a una planta pública permite que el país desarrolle producción propia y concentre esfuerzos en medicamentos que requieren investigación compleja y alta inversión. Un ejemplo es el triconjugado para pacientes con VIH que elabora la planta de la UdeA. Su desarrollo exige un esfuerzo científico y económico considerable que, para algunos actores privados, puede no ser prioritario frente a la opción de importarlo y comercializarlo. En este sentido, una planta pública vinculada a una universidad puede reunir capacidades académicas y científicas para impulsar estos desarrollos, generar conocimiento y producir medicamentos de alto impacto social», afirmó Amariles.
El principio activo es la sustancia que produce el efecto del medicamento, ya sea en una tableta, un inyectable, un jarabe o una crema tópica. En el acetaminofén, por ejemplo, es la molécula que reduce el dolor y la fiebre. Los excipientes son los demás componentes: le dan forma, sabor o textura y ayudan a que el cuerpo lo absorba. Diseñar un principio activo nuevo puede tardar más de una década y exige alta inversión, investigación rigurosa y plantas industriales especializadas.
de productos farmacéuticos con el propósito de reducir la dependencia externa. A esta apuesta se suma el Conpes 4170, que fue aprobado en el 2025, y que declaró de importancia estratégica el proyecto de inversión para impulsar la fabricación nacional de productos farmacéuticos. Una iniciativa que promueve la articulación entre el Estado, la academia y el sector productivo y en la que se inscribe la Planta Pública de Producción de Medicamentos Esenciales de la Universidad de Antioquia, concebida como uno de los proyectos relevantes para contribuir al abastecimiento de medicamentos esenciales.
Impulsar plantas públicas de producción de medicamentos adquiere un valor estratégico para avanzar hacia la autonomía
Medicamentos esenciales
La Organización Mundial de la Salud define los medicamentos esenciales como aquellos que satisfacen las necesidades prioritarias de salud de la población. Su selección se basa en criterios como eficacia, seguridad, relevancia para la salud pública y costo - efectividad.
En Colombia, estos medicamentos se articulan con el sistema de salud a través del Plan de Beneficios en Salud —PBS—, que orienta su disponibilidad y acceso para la atención de los pacientes.
La Planta de Medicamentos de la UdeA: tres décadas de investigación al servicio del país Desde hace más de 30 años, en el Campus Medellín —Ciudad Universitaria— opera la Planta de Producción de Medicamentos Esenciales y Afines de la UdeA, adscrita a la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias —Cifal—, un espacio concebido para integrar la docencia, la investigación y la extensión con el objetivo de formar farmaceutas con experiencia práctica. Hoy, en sus instalaciones se fabrican alrededor de cinco millones de tabletas al mes, tanto en procesos de maquila para otros laboratorios como en producción propia. La inclusión de la Planta de Medicamentos de la UdeA en la estrategia nacional de soberanía sanitaria —a través del Conpes 4170— y la inversión de más de COP 350 000 millones por parte del Ministerio de Salud y Protección Social para la construcción de su nueva sede en el Campus El Carmen de Viboral no es casualidad. Este proyecto es resultado de más de tres décadas de trabajo académico e investigativo que la han consolidado como la primera planta pública del país certificada por el Invima y como un actor clave en la fabricación de medicamentos esenciales para el país. «Este convenio es un hito histórico para la salud pública en Colombia. Con la construcción de la nueva planta, la UdeA continúa liderando las acciones para la soberanía farmacéutica en el
país, así reducimos la dependencia externa de medicamentos esenciales», Héctor Iván García García, rector de la UdeA.
Mientras se construye la nueva infraestructura, en la planta actual se adelantan los desarrollos de cinco medicamentos esenciales para el país, acordados desde 2023 con el Ministerio de Salud. Según Luz Mery García Velázquez, directora técnica de la planta, se trata de la Cloroquina —que elimina las formas sanguíneas del parásito causante de la malaria—, el Praziquantel —un antiparasitario utilizado en el tratamiento de la esquistosomiasis, la cisticercosis dérmica y la neurocisticercosis— y el Benznidazol —empleado para tratar la enfermedad de Chagas—, que ya cuentan con registro sanitario; y la Niclosamida —utilizada en infecciones causadas por parásitos provenientes de alimentos contaminados—, que se encuentra en estudio en el Invima. Por su parte, el triconjugado para pacientes con VIH está en etapa de desarrollo y la fabricación de los primeros lotes piloto está próxima a iniciarse. Es importante resaltar que, además de su papel estratégico en la producción de medicamentos a nivel nacional, la planta conserva su esencia académica y formativa. El paso de realizar prácticas en laboratorios universitarios a hacerlo en una planta de producción real permite a los estudiantes fortalecer sus conocimientos y habilidades mediante la participación directa en procesos farmacéuticos de
«La autonomía sanitaria también tiene que ver con la capacidad de mantener relaciones con otros países que garanticen el abastecimiento en momentos de crisis. Difícilmente, un país tiene la capacidad de ser completamente soberano por sí solo. Por eso se habla más de autonomía; la soberanía es un término más asociado al ámbito político». Pedro Amariles, doctor en Farmacología.
alto nivel, al integrarse a las acciones de articulación entre la docencia, la investigación y la extensión desarrolladas por la Universidad. «Desarrollar medicamentos desde la Universidad demuestra que la investigación académica también puede traducirse en soluciones concretas para la salud pública. Estos proyectos no solo permiten generar productos con altos estándares de calidad y cumplir con los requisitos regulatorios, sino que también forman a los estudiantes en las dimensiones farmacéutica, técnica y regulatoria del sector. Lo más importante es que el conocimiento no se queda en un artículo científico, sino que se convierte en un medicamento que puede llegar a mejorar o incluso salvar la vida de las personas», señaló Sara Restrepo Pineda, investigadora principal en el desarrollo de la Primaquina, un medicamento clave en el tratamiento integral de la malaria.
Durante cuatro décadas, el Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales —Pecet— de la UdeA ha recorrido selvas, montañas y territorios históricamente olvidados para enfrentar enfermedades como la leishmaniasis, la malaria y el dengue. En ese tránsito, ha demostrado que la ciencia no se limita al laboratorio: se construye también en diálogo con las comunidades, donde el conocimiento transforma realidades. Su historia es la de una búsqueda persistente por hacer de la investigación una herramienta al servicio de la vida.
N.º 750 Mar-Abr de 2026 · Universidad de Antioquia
LINA MARÍA
MARTÍNEZ M. Periodista Dirección de Comunicaciones UdeA lina.martinezm@udea.edu.co
El Pecet ha hecho de la investigación una herramienta al servicio de la vida. Foto: Cortesía Pecet.
En 1984, Sara Robledo cursaba el quinto semestre de Bacteriología en la Universidad de Antioquia. Le gustaba escuchar a los profesores, discutir con sus compañeros algunos temas que surgían en el aula y disfrutaba cada hora que pasaba en el laboratorio. No sabía el rumbo que tomaría su carrera y tampoco tenía prisa, pues faltaban un par de años para graduarse. Sin embargo, una clase y las palabras de un maestro le mostraron con claridad el camino que quería seguir. Lo conoció en el curso de parasitología. Se trataba del profesor Iván Darío Vélez Bernal, que acababa de llegar de la Universidad de Montpellier, en Francia, donde se formó como especialista y magíster en enfermedades tropicales. Hablaba con pasión de lo que había aprendido sobre la leishmaniasis, una «enfermedad olvidada» que afecta a cerca de 100 países —con gran impacto en Colombia—; es producida por el parásito Leishmania y se transmite por la picadura de un mosquito diminuto y silencioso, del género Lutzomyia
El experto en enfermedades tropicales compartió con Sara y otros estudiantes las experiencias que vivió en Marruecos, Francia, España y Túnez. De la mano de JeanAntoine Rioux —parasitólogo y profesor de la Universidad de Montpellier—, Iván Darío conoció las particularidades de los focos de leishmaniasis en estos países. Además, se aproximó al método que creó su mentor: la ecoepidemiología, una forma de investigar los patrones de transmisión de la enfermedad, que exige ir al campo, acercarse a las comunidades y propiciar un diálogo de saberes entre las ciencias exactas, naturales, sociales y la salud.
Desde su creación, en 1986, el Pecet ha propiciado un diálogo de saberes entre las ciencias exactas, naturales, sociales y la salud. Foto: Cortesía Pecet.
Sara se emocionaba con cada anécdota que compartía el profesor. Mientras él proyectaba las fotografías de los parásitos, ella empezaba a imaginar su futuro como investigadora: «No era la típica lección para memorizar. Hasta entonces, estábamos acostumbrados a profesores que repetían los libros; esa clase, en cambio, abría preguntas. Y ahí entendí que no quería limitarme a recitar contenidos, sino salir a buscarlos, a construirlos», recuerda la investigadora quien, después de un largo recorrido por aulas, laboratorios y comunidades, en 2022 asumió la dirección del Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales —Pecet—, el mismo proyecto, adscrito a la Facultad de Medicina, que su profesor fundó en 1986.
Así empezó el Pecet Médico cirujano de la UdeA, Iván Darío Vélez Bernal quería sembrar en su Alma Máter la semilla de la ecoepidemiología; anhelaba que sus estudiantes se apropiaran de este método y lo convirtieran en su carta de navegación; por eso, transformó su oficina en un pequeño laboratorio, en el que Sara y otros estudiantes aprendían sobre la leishmaniasis y el mosquito que la transmitía.
Luego, la Universidad les cedió una casa vecina a la Facultad Nacional de Salud Pública. Los materiales de trabajo no eran muchos —un microscopio, una incubadora y algunos reactivos y medios de cultivo—, pero los conocimientos y las ganas de aprender eran suficientes. Estaban listos para empezar a investigar y transformar la vida de las comunidades que padecen enfermedades tropicales. La piedra angular del Pecet —que en ese entonces se llamaba Servicio de Leishmaniasis— fue el estudio de un brote de leishmaniasis cutánea en Montebello, en el Suroeste antioqueño. El proyecto comenzó sin fondos. La suerte cambió cuando una agencia canadiense — International Development Research Centre— decidió financiar la investigación. Los casos que se estudiaron en Montebello durante más de dos años dejaron hallazgos reveladores y de gran impacto
científico: «Logramos establecer que la leishmaniasis no era, como se creía, una enfermedad exclusiva de la selva y que había ciclos de transmisión que afectaban por igual a hombres, mujeres y niños; incluso, dentro de sus propias casas. Pero quizás lo más significativo fue comprobar que el ser humano también podía comportarse como reservorio del parásito, algo que hasta entonces se desconocía en América Latina», recuerda el investigador, quien se jubiló en septiembre de 2022 tras 40 años de docencia, aunque continúa vinculado a distintas investigaciones e iniciativas del Programa.
Este proyecto permitió diseñar medidas de control para proteger a la comunidad de la transmisión de la enfermedad; además, instaló capacidades en entomología, diagnóstico y epidemiología de campo, y les dio reconocimiento internacional a los investigadores del equipo.
El misterio del «pan de leche»
En 1989 llegó una alerta a las oficinas del Pecet. Un joven reportó 200 casos de leishmaniasis cutánea en el Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, en el departamento de Córdoba. El profesor Iván Darío y su equipo de trabajo atendieron el llamado y cuando llegaron al territorio solo encontraron siete personas enfermas. Confrontado, el joven confesó que había exagerado la magnitud del brote, pues creía que, si hablaba de unos pocos casos, nadie emprendería el viaje hasta ese lugar olvidado del país.
Cuando el panorama parecía aclararse y la visita estaba a punto de concluir, el investigador hizo un hallazgo inesperado: examinó a Nelly, una niña de cuatro años con el estómago hinchado, pálida, con fiebre, vómito y tos; síntomas que, según los médicos tradicionales, eran típicos del «pan de leche», una enfermedad que aparecía cuando una madre que estaba amamantando a su hijo quedaba embarazada, pues su leche se «dañaba» y formaba una masa en el estómago del niño. Al ser considerada una «enfermedad del indio» y no de la
«medicina blanca», no se reportaba a los hospitales. Se trataba exclusivamente con baños de plantas y dietas de caldo de pollo que recetaban los curanderos.
Después de examinarla y analizar las muestras, las sospechas de Iván Darío y su equipo se confirmaron: Nelly tenía leishmaniasis visceral, una infección sistémica que —a diferencia de la versión cutánea que afecta la piel— ataca los órganos internos. Fue el primer registro en Córdoba y el segundo en la región Caribe, de esta enfermedad que es mortal si no se trata.
La visita de campo que parecía corta se convirtió en uno de los proyectos más importantes en la historia del grupo. El equipo trabajó en varios frentes. Era la oportunidad perfecta para poner en práctica la visión holística de la ecoepidemiología. Hicieron un análisis epidemiológico, investigaron la cadena de transmisión de la enfermedad, precisaron los riesgos de infección y, lo más importante, trabajaron de la mano de la comunidad.
En lugar de imponer la ciencia occidental, dialogaron con el pueblo zenú, una conversación que fue mediada por la antropóloga Susana Jaramillo. El acuerdo al que llegaron fue contundente: los médicos tradicionales permitirían que el programa tratara a los niños enfermos y, si sanaban, serían ellos mismos quienes remitirían los futuros casos al hospital.
Más de veinte años después, en el 2016, Andrés Vélez, zootecnista y coordinador de la Unidad de Ecoepidemiología del Pecet, regresó a San Andrés de Sotavento para atender algunos casos esporádicos de leishmaniasis visceral. Aunque él no hizo parte del equipo que visitó el resguardo a finales de la década de 1980, pudo constatar que el trabajo de sus colegas dejó resultados duraderos: «La mortalidad por este padecimiento bajó mucho y fue gracias al consenso al que llegó el programa con el pueblo zenú. Es la filosofía del grupo: la ecoepidemiología amplía la comprensión de las enfermedades al integrar los saberes ancestrales, las prácticas de las comunidades y todos aquellos factores que pueden influir —para bien o para mal— en su transmisión», explica Andrés.
Abadio Green, líder, educador y etnolingüista del pueblo gunadule, también conoce de cerca la filosofía que encarna el trabajo del Pecet. Su relación con este programa es profunda, pues además de ser un colaborador académico, fue un paciente emblemático que encontró cura a episodios recurrentes de paludismo y a un caso muy severo y atípico de leishmaniasis cutánea, con más de 50 lesiones en todo su cuerpo.
«El Pecet es una casa inmensa que dignifica la sabiduría de los pueblos. Para mí, representa la oportunidad de que la universidad pública reconozca que existen otros conocimientos capaces de dialogar con la ciencia occidental desde el respeto y la interculturalidad», dice Abadio.
La revolución de los mosquitos buenos
El reconocimiento del Pecet, a nivel nacional e internacional, comenzó con el estudio de la leishmaniasis: tratamientos innovadores, ensayos clínicos e intentos por desarrollar una vacuna son algunas de sus contribuciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, el Programa se planteó nuevas preguntas y empezó a investigar otras enfermedades tropicales: malaria, dengue y paragonimosis.
Esa experticia ha trascendido fronteras y ha propiciado alianzas con instituciones que trabajan por la salud en distintas regiones del mundo. Fue así como el World Mosquito Program y su creador, el científico australiano Scott O'Neill, pusieron al
Pecet frente a uno de los desafíos más ambiciosos de su historia: convertir al Valle de Aburrá en un laboratorio de control biológico del dengue, una enfermedad viral —transmitida por el Aedes aegypti, un mosquito común en zonas tropicales— que provoca fiebre, dolores musculares y articulares, náuseas y sarpullidos.
El proyecto comenzó en el 2014, cuando el doctor O'Neill contactó al profesor Iván Darío para proponerle una novedosa estrategia que ya se había implementado en Australia e Indonesia: infectar al Aedes aegypti con Wolbachia, una bacteria natural que lo convierte en un «mosquito bueno», pues le quita la capacidad de transmitir dengue, zika y chikungunya; además, es inofensiva para humanos, mamíferos y otras especies animales.
El equipo de investigadores aceptó el reto. El primer paso fue crear una biofábrica capaz de producir cada semana 20 millones de mosquitos infectados con Wolbachia. Luego vino la prueba piloto: liberar estos «mosquitos buenos» para que se cruzaran con las poblaciones locales y permitieran que la bacteria se propagara de forma natural, reduciendo así la transmisión del dengue.
El barrio París, en Bello, fue el territorio elegido. Para Iván Darío y el equipo que lo acompañó en esta misión era claro que no podían liberar mosquitos sin el permiso de los habitantes del barrio; por eso, se aliaron con la Fundación Mi Gente para diseñar una estrategia de educación y comunicación.
La labor del Pecet ha demostrado que la ciencia no solo ocurre en el laboratorio, sino también en el territorio, al lado de las comunidades.
Foto: Cortesía Pecet.
Veinte madres cabeza de familia asumieron la tarea y les contaron a sus vecinos las ventajas de recibir a los «mosquitos buenos» en las calles del barrio París. El proyecto Wolbachia se consolidó no solo como un éxito científico, sino como un hito de movilización social. «Durante tres meses estas mujeres se formaron en biología del dengue y en habilidades comunicativas. Ellas se convirtieron en voceras del proceso. Apostamos por una pedagogía creativa: usamos personajes como ‘mosquito y mosquita Wolbachia’, hicimos teatro y recorrimos las laderas de Bello para llevar el mensaje por todo el barrio», recuerda Tania Posada, cofundadora de la Fundación Mi Gente.
Tras el éxito en el barrio París, el proyecto se implementó en Medellín, Itagüí y Bello. Después de diez años de trabajo, en el 2024, el Pecet y el World Mosquito Program presentaron los resultados de esta iniciativa. Los datos son contundentes: «Ese año tuvo el más alto número de casos de dengue en la historia de todo el continente americano, Medellín solo presentó 5 000; no llegó a tener la magnitud del brote de 2016, cuando se registraron más de 16 000. Desde que hicimos esas liberaciones, en Medellín, Bello e Itagüí no han vuelto a presentarse brotes epidémicos de dengue; ni siquiera ha sido necesario fumigar», cuenta María Patricia Arbeláez, profesora emérita de la UdeA, quien acompañó el componente epidemiológico de este proyecto.
Los resultados también fueron reconocidos por los habitantes del barrio París: «Este grupo de investigación ha logrado crear sinergias valiosas para mejorar la calidad de vida de las personas más pobres. Con los mosquitos Wolbachia consiguieron que la comunidad se sintiera orgullosa de participar en un proyecto que ayudó a la humanidad», asegura Tania.
Ciencia con sentido humano
Para el Pecet «no tiene sentido investigar por investigar», dice su directora, Sara Robledo, un principio que aprendió en las aulas junto a su profesor Iván Darío y que ha guiado su trabajo en cada proyecto que acompaña. Bajo esa premisa, el programa ha demostrado que la innovación universitaria puede nacer de las enfermedades olvidadas y generar tecnología que
mejore la vida de las comunidades. Su enfoque consiste en identificar necesidades en el territorio, diseñar soluciones, protegerlas mediante patentes —22 registradas hasta el 2026— y transferirlas a la sociedad.
En ese mismo camino, el Programa empezó a desafiar una idea que durante años pareció incuestionable: que la leishmaniasis solo podía tratarse con dolorosas inyecciones. En sus laboratorios fueron tomando forma otras posibilidades: cremas, geles, soluciones que se aplican directamente sobre la piel herida.
Así surgieron desarrollos como el hidrogel, un tratamiento diseñado para pacientes con leishmaniasis y otras afecciones cutáneas, y cromaleish, una crema que ayuda a sanar las lesiones que deja esta enfermedad en la piel, elaborada a partir de compuestos naturales como las saponinas, moléculas que se extraen de los frutos del árbol del chumbimbo —Sapindus saponaria—, especie nativa que crece en el bosque seco tropical, un ecosistema que está en peligro en Colombia.
En ese propósito de poner la ciencia al servicio de la sociedad, el grupo también ha encontrado aliados en el sector empresarial. Uno de ellos es Eco-Home, una empresa que trabaja con extractos de plantas y crea productos ecológicos libres de químicos tóxicos y contaminantes.
Maritza López, gerente de Eco-Home, puso sus ojos en las saponinas, las moléculas con las que el Pecet creó y patentó cromaleish; por eso, en el 2025, firmaron una licencia para el uso y explotación comercial de este producto.
«Este programa representa un modelo ideal de investigación, en el que la excelencia científica se pone al servicio de la salud pública, la economía rural y la conservación ambiental, logrando que la Universidad de Antioquia cumpla su misión de transformación social», dice Maritza López.
Esa apuesta por llevar el conocimiento más allá del laboratorio es, en el fondo, la misma que ha guiado al Pecet desde sus inicios. Cuatro décadas después de sus primeros logros, el programa sigue fiel a esa intuición: que la ciencia cobra sentido cuando se encuentra con la vida de las personas. En cada proyecto, en cada alianza y en cada territorio, persiste esa forma de hacer investigación con los pies en la tierra, capaz de tender puentes entre saberes y de abrir caminos donde antes no los había.
En 2025, Medellín recibió 1,2 millones de turistas extranjeros y registró ingresos estimados por 143,7 millones de dólares en gasto turístico —según la Alcaldía y el Sistema de Inteligencia Turística—. Las cifras evidencian el crecimiento del sector y su impacto en la economía local. Sin embargo, el aumento sostenido de visitantes también genera tensiones en la ciudad. De ahí la necesidad de pensar en un turismo consciente y alternativo. Pero ¿consciente de qué y alternativo a qué? En el Periódico Alma Mater consultamos expertos de la UdeA en el tema.
Lo que ocurre en Medellín no es un hecho aislado. Hace parte de una dinámica más amplia en la que el turismo se consolida como uno de los sectores que impulsa el crecimiento económico del país. Según cifras del Dane, en 2024 aportó el 2,16 % al Producto Interno Bruto —PIB— y, de acuerdo con estimaciones del World Travel & Tourism Council —WTTC—, esa contribución podría haberse ubicado cerca del 5 % al cierre de 2025.
Si bien el crecimiento sostenido de visitantes tiene un impacto positivo en las cifras macroeconómicas, también genera efectos en la vida cotidiana: viviendas que cambian de uso, calles congestionadas en temporada alta, ruido excesivo, comercios tradicionales que se adaptan a nuevas demandas y, entre otras, un aumento significativo en el costo de vida.
Ante este escenario, no se trata de cuestionar la existencia de la actividad turística, sino la planeación y la gestión que orientan su control y desarrollo, así como el enfoque y el modelo bajo los cuales se consolida —no todo turismo responde a las mismas lógicas ni produce los mismos efectos—. De ahí surge la necesidad de promover un turismo consciente y alternativo. Pero ¿consciente de qué y alternativo frente a qué modelo?
Si bien en Colombia existe un marco normativo que regula el turismo — Ley 2068 de 2020—, e incorpora principios de sostenibilidad y de protección cultural y ambiental, su enfoque principal está en fortalecer la competitividad del sector. Por ello, la regulación específica de la actividad en los territorios depende en gran medida de las decisiones y capacidades de las autoridades locales.
«Lo que en el lenguaje común se denomina turismo es, realmente, turismo de masas. Y ese modelo está vinculado al desarrollo capitalista porque, en esencia, busca mercantilizar la visita que hacen las personas a determinados lugares», explicó Alberto León Gutiérrez Tamayo, docente y coordinador del grupo de investigación Medio Ambiente y Sociedad — Maso— de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la UdeA.
Para Liliana María Sánchez Mazo, trabajadora social, urbanista, investigadora del grupo Maso y docente de la misma facultad, el turismo debe entenderse como un fenómeno y una práctica multiescalar y multidimensional —es decir, que ocurre y puede analizarse en distintos niveles (local, regional, nacional y global), con efectos espaciales en la subjetividad de las personas y en su entorno social, cultural, político, ecológico y económico—. Por ello, «el turismo se ha malinterpretado como un asunto eminentemente económico, cuando en realidad tiene que ver con todas las dimensiones que nos atraviesan como seres humanos», afirmó.
Ambos docentes han identificado cómo el turismo de masas o el turismo sin una adecuada planeación y gestión, transforma la vida cotidiana. Uno de estos efectos es la vulneración de la intimidad de habitantes en barrios convertidos en destinos turísticos, donde el interior y exterior de viviendas y espacios residenciales son fotografiados o grabados sin consentimiento, lo que lleva a muchas personas y familias a encerrarse y modificar su relación con sus vecinos y con el espacio público.
Otro aspecto menos visible es el que Sánchez Mazo denomina la «mercantilización de los procesos sociales» que ocurre cuando liderazgos comunitarios y narrativas de resistencia se incorporan a dinámicas comerciales,
ANDREA
CAROLINA VARGAS M. Periodista Dirección de Comunicaciones UdeA acarolina.vargas@udea.edu.co
convirtiéndose en parte de la experiencia turística. «La acción colectiva se desvirtúa y la gente ni siquiera se da cuenta; cree que sigue luchando, pero terminó mercantilizando su propia lucha», señaló la investigadora.
A estas dinámicas se suman problemas más visibles, como la transformación de residencias permanentes en alquileres de corta estancia —Airbnb y hostales—, que impulsa la gentrificación y desplaza a residentes y comercios tradicionales. También señalaron que fenómenos como la mendicidad, la trata de blancas, el trabajo infantil y el riesgo de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes pueden intensificarse cuando la actividad turística crece sin planificación ni regulación.
«Esta alternativa de turismo puede entenderse como la manera en que se permite la entrada de un visitante a la casa: no se trata de dejar que cualquiera llegue, haga lo que le provoque y desordene el espacio. Antes de abrir la puerta, los habitantes deben acordar cómo recibir a los visitantes, proteger lo propio y garantizar que las relaciones en su barrio, vereda, comuna, corregimiento, zona y distrito se mantengan equilibradas», agregó Gutiérrez Tamayo.
«Acordar las reglas de la “casa” antes de dar la bienvenida» Hablar de un turismo diferente implica entonces desplazar el centro de atención: no poner en primer lugar al visitante, sino al habitante. Para los investigadores de la Universidad de Antioquia, el turismo consciente y alternativo no comienza pensando en cómo atraer más viajeros, sino en fortalecer los acuerdos entre quienes habitan, gozan y cuidan los espacios públicos, para definir cómo deben orientarse sus usos y apropiaciones por parte de quienes arriban y cuáles son los límites que no deberían cruzar.
«En el turismo consciente y alternativo no solo importa la relación habitante–visitante, sino, sobre todo, la relación habitante–habitante. De ahí nace un proceso de formación política que pasa por la educación, la sensibilización y la construcción de una propuesta
ética creada por la propia comunidad, para habitantes y visitantes», afirmó Sánchez Mazo. Según Gutiérrez Tamayo, esa falta de acuerdos internos también se refleja en la manera como algunos barrios han asumido su posicionamiento como destinos turísticos, sin contar con procesos previos de preparación colectiva ni de planeación y gestión urbana. «No es solo un asunto de cuidar el ambiente con sus recursos naturales, ni únicamente de pensar en la sociedad; es la interrelación entre ambas la que no está fortalecida. Al no existir procesos de formación ni criterios elaborados colectivamente, los habitantes tardan en identificar qué tipo de turismo les conviene y cuál no», explicó.
Es en este punto donde las políticas públicas adquieren un papel relevante, pues permiten traducir los acuerdos colectivos en lineamientos de acción concretos y articulados entre los distintos actores —sociedad, empresa y Estado— contextualizados a la luz de las particularidades territoriales. Un ejemplo de ello es la política pública de turismo de Envigado — Acuerdo 003 de 2023 del Concejo Municipal de Envigado, «Turismo cuidador de la vida»—, diseñada con el acompañamiento del grupo de investigación Maso de la Alma Máter y articulada al Plan de Ordenamiento Territorial del municipio. Más que centrarse exclusivamente en el aumento de visitantes, este instrumento establece condiciones para que la actividad turística se integre al proyecto de vida de habitantes y visitantes.
«El resultado de esta construcción conjunta permitió establecer y regular, por ejemplo, que el desarrollo hotelero, en Envigado, solo se concentra en corredores específicos, como la avenida Las Vegas, y las rentas de corta duración deben cumplir con la regulación definida por la autoridad de planeación», señaló el investigador. Esta experiencia demuestra, en primer lugar, que pensar en un turismo diferente no solo es posible, sino también materializable y, en segundo lugar, que quien impulsa la política pública suele ser quien enfrenta la necesidad de resolver una problemática concreta —por lo general, el propio habitante—.
Cuando el turismo desborda la capacidad del lugar En algunos lugares donde estos acuerdos aún no se han consolidado, los efectos del turismo de masas se hacen más evidentes. Es el caso de Guatapé, Antioquia, donde el crecimiento sostenido de visitantes ha puesto en tensión la capacidad del municipio para gestionar distintas problemáticas, entre ellas la disposición de residuos sólidos en el casco urbano, así lo diagnosticaron los participantes del diplomado «Participación ciudadana y gestión socioambiental de la crisis climática», desarrollado por la UdeA a finales de 2025.
Este diplomado fue un espacio en el que empresarios, comerciantes, servidores públicos, líderes sociales y comunitarios participaron en un diálogo de saberes entre la academia y la comunidad. Aunque su propósito central era sensibilizar y fortalecer las capacidades ciudadanas frente a problemáticas socioambientales vinculadas a la crisis climática, fueron los mismos habitantes quienes orientaron el proceso hacia una situación asociada al turismo de masas.
Según cifras de la Alcaldía de Guatapé, el municipio cuenta con 9 072 habitantes; sin embargo, durante fines de semana y temporadas festivas la población flotante puede superar las 30 000 personas debido a su consolidación como destino turístico. Si bien este flujo representa ingresos importantes para la economía local, también plantea retos significativos que la localidad debe afrontar, especialmente en materia de infraestructura, servicios públicos y gestión ambiental.
«Guatapé cuenta con un relleno sanitario diseñado para atender las necesidades de su población residente; sin embargo, el aumento desbordado de visitantes redujo a la mitad su vida útil. Por eso decidimos enfocar el trabajo en esta problemática», explicó Jerónimo Idárraga Hoyos, habitante del municipio y estudiante de Ingeniería Agropecuaria de la Alma Máter en el Campus El Carmen de Viboral, quien actuó como enlace entre el territorio y la institución durante el desarrollo del diplomado.
De acuerdo con el estudiante, con el acompañamiento de la UdeA se diseñaron estrategias dirigidas a los turistas para que, desde su llegada, asuman el deber de disponer adecuadamente los residuos. «Es importante que la institución llegue aquí a aportar su conocimiento para que podamos generar ideas, desarrollarlas en el municipio y así fortalecer nuestro arraigo», resaltó. Para Sánchez Mazo, este tipo de procesos reflejan el papel que debe asumir la universidad frente a las problemáticas territoriales: «El papel de la UdeA es acompañar y contribuir a fortalecer la agenda ciudadana —que es también comunitaria, social e institucional—, poniendo a disposición lo que somos: lo
El diplomado «Participación ciudadana y gestión socioambiental de la crisis climática» se desarrolló a finales de 2025 mediante un convenio de cofinanciación entre la Universidad de Antioquia, la Fundación Sura, la Fundación Bolívar-Davivienda, la Universidad Mariana —con sede en Pasto, Nariño— y la Universidad de la República —con sede en Montevideo, Uruguay—. El proceso se llevó a cabo en los municipios de Guatapé, San Carlos, San Luis y San Rafael, en Antioquia; en Córdoba y Pasto, en Colombia; y en Montevideo, Uruguay.
que sabemos, pensamos, hacemos y tenemos, al servicio de la sociedad. Esto implica la coproducción y la apropiación social del conocimiento sobre las contradicciones del turismo, para que pueda impactar la vida. Es, en últimas, comprometerse con las realidades problemáticas —con la realidad misma— desde una universidad más allá de la malla».
Para ambos profesores, la investigación constante sobre este fenómeno precisa de articulación territorial para comprender sus efectos y reflexionar sobre estos. En ese proceso, el turismo deja de ser un asunto externo para convertirse en una práctica que interpela a todos: no solo se cuestiona a quienes llegan al territorio que consideramos nuestro, sino también la manera en que nosotros mismos ejercemos ese rol cuando viajamos. ¿Qué tan alternativos y conscientes somos en nuestra forma de habitar otros lugares?
La imagen del río Magdalena como eje histórico, cultural y económico de Colombia está profundamente arraigada, pero una investigación doctoral, liderada desde la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la UdeA, muestra que este va más allá de la corriente que fluye entre el Macizo Colombiano y el mar Caribe. Se alimenta también en los bosques amazónicos, en las sabanas del Orinoco y en territorios que no figuran en el mapa de su cuenca superficial.
CARLOS OLIMPO RESTREPO S. Periodista Dirección de Comunicaciones UdeA olimpo.restrepo@udea.edu.co
Aunque en nuestra concepción mental y en los mapas vemos que la cuenca del río Magdalena está completamente dentro de Colombia, la lluvia que la alimenta y la evidencia científica muestran otra cosa: alrededor de una tercera parte del agua que se precipita sobre ella —una de cada tres gotas— procede de los bosques de la Amazonia o de las sabanas de la Orinoquia y esto implica nuevos desafíos para la gestión gubernamental y empresarial de los recursos hídricos.
Este hallazgo se logró mediante el uso de herramientas de modelación atmosférica que permiten rastrear el recorrido del vapor de agua desde su evaporación hasta su precipitación y fue dado a conocer en el artículo The Transboundary Precipitationshed of a NonTransboundary Watershed: Emerging Challenges for Water Resources Management —La cuenca hidrográfica transfronteriza de una cuenca hidrográfica no transfronteriza: nuevos desafíos para la gestión de los recursos hídricos—, publicado a principios del 2026 en la revista científica especializada Water Resources Management.
El texto hace parte de una investigación más amplia, liderada por José Andrés Posada Marín para su doctorado en Ingeniería Ambiental de la UdeA, para la cual contó con la tutoría de Ángela Rendón Pérez y Juan Fernando Salazar Villegas, docentes de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Alma Máter, en una investigación en la que también participó Fernando Jaramillo, profesor asociado del Departamento de Geografía Física de la Universidad de Estocolmo, Suecia.
Posada Marín, quien también es docente en la IU Digital de Antioquia, y Salazar Villegas han estudiado desde hace casi una década el papel del bosque amazónico, que, con un área de más de siete millones de kilómetros cuadrados repartidos entre nueve países y territorios suramericanos —Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Guayana, Surinam y Guyana francesa—es la selva tropical más grande del planeta y uno de los mayores reguladores hídricos y climáticos del mundo.
«Esta investigación en ecohidrología nació del interés por comprender el papel del bosque amazónico en la regulación del agua en el continente. Con Juan Fernando, quien fue mi director en maestría y doctorado, siempre trabajamos sobre esa idea: la Amazonia no es solo el pulmón del mundo, sino el corazón de Suramérica, porque bombea y redistribuye la humedad que alimenta los ríos», precisó Posada Marín.
Para este trabajo fueron fundamentales estudios previos adelantados en la UdeA sobre las fuentes de humedad de la cuenca Cauca–Magdalena, lo cual permitió a estos investigadores adaptar herramientas de modelación atmosférica para rastrear la lluvia en esta vasta región e identificar de qué zonas continentales proviene. El resultado fue concluyente: una fracción significativa de la precipitación del Magdalena —una de cada tres gotas de lluvia— proviene de territorios por fuera de su delimitación superficial, de las
cuencas del Orinoco y el Amazonas, pero no solo de las partes colombianas, sino también de Brasil y Venezuela.
La razón es que, además de la cuenca superficial —la que delimitan las montañas y los ríos— existe otra menos visible pero igualmente determinante: la cuenca atmosférica. Es decir, el territorio desde donde se evapora el agua que luego cae en forma de lluvia sobre el río Magdalena.
«En Colombia estamos muy acostumbrados a pensar que el río Magdalena es nuestro, y lo es en el sentido de que su cuenca hidrográfica está completamente contenida dentro del territorio nacional», explicó el profesor Salazar Villegas. «Pero trabajos como estos nos hacen repensar esa idea», enfatizó.
El río Magdalena interactúa con más de 500 ríos y miles de quebradas en una cuenca de alrededor de 272 000 kilómetros cuadrados, es decir, casi el 24 % del territorio nacional, donde se asienta más del 80 % de los habitantes de Colombia, y esto lo convierte en la corriente de agua más importante del país.
Flujos invisibles en el aire
Para entender el hallazgo hay que imaginar la atmósfera como un sistema de aire en movimiento permanente, que aporta diferentes elementos, los cuales se mueven por todo el planeta, similar a como sucede con las corrientes marinas. En este caso, se trata de flujos de agua atmosféricos, entre los que se incluyen ríos aéreos.
Esta cuenca atmosférica puede abarcar millones de kilómetros cuadrados y superar ampliamente los límites de la cuenca hidrográfica tradicional. En este caso, incluye extensas áreas de la Amazonia y la Orinoquia, desde donde se evapora el agua que luego es transportada por los vientos que soplan hacia el occidente, hasta la cordillera de los Andes.
«Pocas veces miramos hacia el cielo para preguntarnos de dónde vienen las nubes que luego se precipitan sobre una zona. Ahí es donde entra el concepto de cuenca atmosférica, que surge en las regiones donde, por acción del sol, las plantas transpiran y se evapora el agua del suelo, esta se incorpora a la atmósfera, se desplaza y cae como lluvia en una cuenca diferente. En otras palabras, son las áreas tributarias donde se origina la humedad que después llega a un territorio en forma de precipitación», explicó Posada Marín.
«El agua del río Magdalena no aparece ahí de forma espontánea, ni la superficial ni la subterránea. Esa agua tiene que llegar a las montañas por el aire, por la atmósfera, y lo hace como lluvia», señaló Salazar Villegas. «Y esa lluvia se origina en algún lugar».
La importancia de este trabajo se entiende mejor cuando se recuerda que la mayor parte de los habitantes del país dependen
directa o indirectamente del agua del Magdalena. Allí se concentra buena parte de la actividad agrícola, industrial y energética del país.
«La gran mayoría de la población colombiana usa agua de la cuenca del río Magdalena. La usamos para beber, para regar cultivos, para generar energía eléctrica», recordó el profesor Salazar Villegas, quien resaltó, como punto clave, el hecho de que gran parte de la energía hidroeléctrica del país se produce en embalses alimentados por afluentes de esa cuenca, como Hidroituango o los del Oriente y Norte de Antioquia, entre otros.
Aquí es necesario aclarar que cuando se habla de la cuenca del Magdalena no se trata solo del río principal que corre entre las cordilleras Central y Oriental. También incluye, por ejemplo, subcuencas como las del Cauca —de la cual hacen parte afluentes como el Aburrá, Nechí, Porce—, San Jorge o Cesar, que dependen de unas precipitaciones que, como demostró la investigación, son resultado de un sistema interconectado a escala continental.
Pensar en gestión internacional
La investigación no se queda solo en lo hidrológico y considera que este aporte científico debe servir como base para empezar un diálogo político y diplomático sobre la gestión de los recursos hídricos en los países de la región amazónica, en especial con Brasil y Venezuela, que es de donde se alimenta la cuenca atmosférica del Magdalena en Colombia.
La idea se alinea con debates internacionales que proponen considerar el agua como un bien común global. No solo porque los ríos atraviesan fronteras, sino porque el ciclo hidrológico, a través de la atmósfera, conecta territorios distantes.
«A mí me interesa llevar esta discusión a un plano más práctico. Más allá de los hallazgos científicos, el reto es cómo, desde la ciudadanía y también desde nosotros como investigadores y productores de conocimiento, logramos que esta información llegue a las esferas de la política y se traduzca en decisiones concretas, porque estamos hablando del agua de todos», precisó el investigador Posada Marín.
El docente de la IU Digital de Antioquia agregó que «desde el punto de vista técnico y científico, mi gran pregunta es cómo fortalecer la gobernanza del agua atmosférica para evitar escenarios de crisis climática o de inseguridad hídrica». En este sentido, Juan Fernando
Salazar Villegas resaltó que «hay países que le dan agua a otros vía la atmósfera y hay otros que son receptores; por eso hay que hacer esas cuentas y mostrarlas a la sociedad para que se incorporen a los diálogos y a las estrategias de cooperación internacional».
Tiempos de incertidumbre para el agua y los seres vivos
El sector eléctrico colombiano ofrece un ejemplo concreto de por qué esta discusión es urgente. La generación hidroeléctrica depende de la combinación de montañas y agua. Tradicionalmente, la protección se ha centrado en las cuencas superficiales que abastecen los embalses: conservar el bosque local, evitar la erosión, regular usos del suelo. «Estamos muy acostumbrados a pensar que hay que cuidar el río que llega al embalse, y eso está bien, pero olvidar la cuenca atmosférica o no tenerla en cuenta en la planeación conlleva riesgos importantes», advirtió el profesor Salazar Villegas.
En el contexto del cambio climático actual y de deforestación acelerada en la Amazonia, esos riesgos pueden amplificarse. Durante fenómenos como El Niño, la disminución de las lluvias afecta los niveles de los embalses. Sin embargo, esos eventos son temporales.
«El Niño viene y va, pero si en las zonas de la Amazonia, de donde viene una parte importante de la lluvia que cae en nuestro territorio, la deforestación llega a alterar esa fuente de humedad, este efecto podría ser permanente», alertó el profesor de la UdeA.
Es decir, la pérdida de bosque amazónico puede modificar estructuralmente el sistema que produce la lluvia. La Amazonia libera a la atmósfera miles de millones de toneladas de agua al año y recicla hasta la mitad de su propia humedad; sin embargo, la deforestación ya ha eliminado cerca del 17 % de su cobertura original. De continuar esta tendencia, los patrones de precipitación podrían cambiar de forma permanente, y la disponibilidad de agua en la cuenca del Magdalena disminuir de manera sostenida.
Por eso es importante que investigaciones como esta, liderada desde la Universidad de Antioquia, orienten las conversaciones y las decisiones gubernamentales sobre el manejo internacional de la Orinoquia y la Amazonia. De estas regiones depende, en gran medida, la seguridad hídrica de más de 40 millones de personas en Colombia.
En muchas escuelas, la paz todavía se queda en el papel, pero en otras empieza a tomar forma en lo cotidiano: en la biblioteca, en el aula, en la manera de habitar el territorio. La investigación «Pedagogía de la memoria para la biblioteca escolar en Colombia. Posibilidades para el liderazgo de la Cátedra de la Paz», recoge experiencias de maestros que están intentando llevar esa idea a la práctica. El estudio plantea que cuando la memoria se integra a la vida escolar, los jóvenes no solo comprenden mejor su historia, sino que también desarrollan herramientas para participar y asumir un papel activo en la construcción de la vida colectiva.
Simón Pérez y sus compañeros de la Institución Educativa Marco Tobón Mejía habían oído hablar de la Reserva Natural Guanacas. Sabían que estaba cerca del casco urbano de Santa Rosa de Osos, el municipio donde vivían y estudiaban. Lo que no se imaginaban era que en las más de 1200 hectáreas de este bosque de niebla habitan pumas, ocelotes y oncillas; que entre sus árboles —muchos de ellos nativos— vuelan más de cien especies de aves; o que de este santuario natural nacen 18 fuentes de agua.
Estos y otros datos los investigaron en la «Cátedra de paz para las ciudadanías críticas», un curso orientado a la defensa del territorio, el cuidado de los bienes naturales y la recuperación de la identidad campesina. Durante una salida a la reserva
LINA MARÍA MARTÍNEZ MEJÍA. Periodista Dirección de Comunicaciones UdeA lina.martinezm@udea.edu.co
natural en el 2023 —mientras Simón y sus compañeros cursaban el grado décimo—, el maestro Jonathan Piedrahíta buscaba mostrarles que la paz también se construye mediante el conocimiento del entorno y el compromiso con la vida digna y la protección del medio ambiente. Durante el recorrido, Simón iba con la mente abierta: dispuesto a dejarse sorprender por el paisaje y atento a todos los detalles que le permitieran responder las inquietudes que surgieron en el aula de clase. Los frailejones —de distintos tamaños— lo impresionaron. Había escuchado hablar de ellos, pero no sospechaba que estuvieran tan cerca de su casa. También le llamó la atención lo que les dijeron sobre los nacimientos de agua: que la presencia de ciertos microorganismos puede indicar que ese líquido vital es puro y apto para su consumo.
Ese día él y sus compañeros tomaron fotos y anotaron los hallazgos en sus libretas para poder presentarlos en la cátedra de paz: «Desde mi punto de vista, el conocimiento del territorio contribuye a la paz cuando los ciudadanos no se quedan al margen, sino que están presentes y ejercen veeduría sobre las entidades que controlan los recursos naturales. Conocer el territorio es, en últimas, la base para una ciudadanía activa y democrática», dice Simón.
Esta y otras conclusiones nutrieron las discusiones que tuvieron los alumnos de décimo con Jonathan, el profesor de ciencias sociales, economía, política y filosofía de la Institución Educativa Marco Tobón Mejía.
A diferencia de los enfoques tradicionales que se centran en el estudio de conflictos sociológicos o políticos abstractos, Jonathan fundamenta su cátedra en la defensa del territorio: «Con los estudiantes busco impulsar procesos de recuperación y de diálogo sobre las expresiones territoriales, comunitarias y educativas de lo que significa ser campesino y ser custodio de los recursos naturales necesarios para el buen vivir», explica.
En el 2024, Jonathan compartió su experiencia —y la de sus estudiantes— con profesores y bibliotecólogos que participaron en la investigación «Pedagogía de la memoria para la biblioteca escolar en Colombia. Posibilidades para el liderazgo de la Cátedra de la Paz», liderada por Juan David Lopera Mazo, bibliotecólogo y magíster en Educación de la Universidad de Antioquia, docente e integrante del Grupo de Investigación Información, Conocimiento y Sociedad, adscrito a la Escuela Interamericana de Bibliotecología.
Desde la biblioteca escolar, la memoria se vuelve acción: una apuesta educativa que transforma realidades marcadas por la desigualdad y las violencias. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe F.
El proyecto indaga cómo la memoria social y la cultura de paz pueden cultivarse en la escuela, especialmente desde la biblioteca escolar. Más que un lugar de estantes y salas de lectura, este espacio puede convertirse en un puente entre el aula y el territorio, acompañando procesos de aprendizaje que se viven tanto en clase como en el recorrido que hicieron Simón y sus compañeros por la Reserva Natural Guanacas.
«La biblioteca escolar no es simplemente un centro de recursos de enseñanza y aprendizaje, ni un espacio auxiliar del currículo. Es, ante todo, una institución de la memoria, un territorio vivo donde circulan lenguajes, saberes y afectos», dice Juan David.
Como lo establece la Ley, la Cátedra de la Paz es un espacio de carácter obligatorio en todas las instituciones educativas del país. Según este mandato, su propósito fundamental es crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre tres ejes principales: la cultura de la paz, la educación para la paz y el desarrollo sostenible.
En términos prácticos, esta política busca que las escuelas no solo transmitan contenidos, sino que fomenten valores, actitudes y comportamientos que rechacen las violencias y promuevan el diálogo, la resolución pacífica de conflictos y la educación ambiental.
Maestros cultores de paz
Patricia Álvarez Zapata fue profesora de ética y valores en la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal —ubicada en la Comuna 5, cerca de la estación Acevedo del Metro de Medellín— hasta el 2020, año en el que se jubiló. Cuando calificaba los trabajos de sus alumnos escribía una nota para hacer aclaraciones, plantear una pregunta o simplemente dejar unas felicitaciones; al final, plasmaba las iniciales de su nombre: PAZ. Lo que comenzó como una forma rápida de firmar exámenes terminó por definir su apuesta política y ética dentro de la escuela. Sus estudiantes comenzaron a llamarla «maestra Paz»; era la manera que tenían para reconocer que sus palabras y enseñanzas creaban un entorno seguro y reparador en el aula.
En las clases de la maestra Paz, los jóvenes —muchos de ellos víctimas del conflicto armado— eran escuchados. Inspirada por su formación en educación física, integró el cuerpo en la asignatura de ética y valores a través del movimiento, las artes escénicas y los ejercicios biográficos para tramitar el dolor; además, formó cerca de doscientos mediadores escolares que resolvían las diferencias entre sus compañeros, basándose en la sensibilidad y el entendimiento de las lógicas del otro.
«Asumir de manera intencionada mi trabajo como maestra me permitió habitar la escuela desde un lugar más humano y reconocer el valor de la voz, el sentir y las acciones de cada estudiante. Por mis manos pasaron muchos jóvenes que no solo llegaron a recibir: también dejaron en mí una mujer fortalecida por sus historias, su fuerza y su lucha por salir adelante».
Esta es una de las reflexiones que compartió Patricia Álvarez en el «taller de la palabra», la estrategia metodológica que implementó Juan David Lopera en su investigación para conocer las experiencias de los «maestros cultores de paz» que, desde diversos lugares y roles dentro de la escuela, promueven la cultura de paz en sus comunidades.
Tanto las estrategias pedagógicas que implementaba la profesora Patricia en su aula —basadas en el liderazgo afectivo, la escucha y la valoración del cuerpo como territorio de paz— como los recorridos que promueve el profesor Jonathan para formar ciudadanos críticos y veedores de su propio territorio, se entrelazan de manera profunda con la pedagogía de la memoria que propone Juan David en
su investigación. Se trata de una propuesta educativa, ética y política que busca que el pasado —especialmente aquel marcado por el conflicto y la violencia— se convierta en un saber vivo y crítico dentro de la escuela. Así, más que limitarse a la memorización de fechas o datos históricos, esta perspectiva invita a reflexionar sobre cómo los hechos del pasado afectan nuestro presente y cómo podemos evitar que se repitan.
«Para muchas maestras y maestros que trabajan por la paz, la biblioteca —y la escuela misma— pueden convertirse en lugares donde todas las voces tienen espacio. La pedagogía de la memoria transforma el aula y la biblioteca en espacios seguros para hablar del dolor, escuchar al otro con respeto y empezar a sanar vínculos rotos. En contextos marcados por el conflicto y el silencio, estos espacios permiten tejer relaciones, reconocerse en los otros y recomponer la vida en común», explica Juan David.
Cátedra de la paz en la biblioteca escolar
Como lo plantea Juan David Lopera, profesor de la de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, en su investigación, la pedagogía de la memoria parte de una idea sencilla: mirar el pasado no para quedarse en él, sino para entender mejor el presente e imaginar futuros más justos. En esa misma dirección apunta la Cátedra de la Paz —creada mediante la Ley 1732 de 2014 y reglamentada por el Decreto 1038 de 2015—, pues invita a hablar en la escuela de convivencia, participación, diversidad, memoria, reconciliación y cuidado de la vida.
En ese camino, la biblioteca escolar, en particular, se presenta como un lugar privilegiado para esta articulación. Desde allí se pueden desarrollar talleres de memoria, círculos de la palabra, clubes de lectura y proyectos de investigación; es un espacio donde se aprende con otros, desde el diálogo, la escucha horizontal y el reconocimiento de las experiencias diversas.
Pero entre lo que dice la norma y lo que ocurre en las aulas todavía hay una distancia grande. Juan David Lopera advierte que, «en muchas instituciones, la Cátedra de la Paz termina reducida a un requisito que hay que cumplir y marcar en un informe, en lugar de ser un proyecto que atraviese de verdad la vida escolar».
A eso se suma —como cuenta el profesor Jonathan— «la falta de apoyo sostenido del Estado». Sin recursos ni formación suficiente, muchos maestros terminan haciendo lo que pueden. El reto, dice, es que «la paz deje de ser solo un mandato en un decreto y se vuelva algo que realmente se viva en la escuela y transforme la vida de los estudiantes».
Con iniciativas como las de Jonathan, Patricia y otros maestros, la escuela demuestra que la paz no se enseña solo con discursos. A veces empieza con algo tan sencillo como una caminata, una conversación en la biblioteca o una pregunta que se queda rondando después de clase.
Simón Pérez, por ejemplo, después de recibir el título de bachiller comenzó a estudiar ingeniería química y se ganó un lugar en el Consejo Municipal de Juventud de Santa Rosa de Osos, desde donde promueve la protección del medio ambiente, pues para él la paz empieza por cuidar el lugar donde uno vive.
El mapa político de Colombia tras las elecciones legislativas de marzo del 2026 se podría describir como una fotografía engañosa. Aunque los colores del Pacto Histórico y el Centro Democrático parecen dominar el nuevo Congreso, la amplia variedad de movimientos de todo el espectro político que lograron espacio para el periodo 2026-2030, sugiere que las negociaciones y alianzas con esas otras corrientes serán claves para sacar adelante las agendas de estos dos partidos y de quien gane la Presidencia de la República. Expertos de la UdeA, y de otros centros de pensamiento, analizan lo que significa y lo que puede pasar en los próximos cuatro años.
OLIMPO RESTREPO S. Periodista Dirección de Comunicaciones UdeA olimpo.restrepo@udea.edu.co
Con por lo menos 18 partidos con bancadas en Senado y Cámara, el Congreso de la República que se instalará el próximo 20 de julio es uno de los más fragmentados de la historia reciente de Colombia y obligará a negociaciones permanentes entre esas fuerzas políticas y de estas con el próximo gobierno, si quieren sacar adelante sus iniciativas.
Aunque en las elecciones del pasado 8 de marzo el Pacto Histórico —PH— y el Centro Democrático —CD— fueron los más votados, su representación legislativa no les otorga mayorías automáticas; no obstante, sí los posiciona para liderar la conformación de bloques ideológicos —de izquierda y de derecha, respectivamente— o de alianzas programáticas o de conveniencia.
Lo anterior no significa que haya un regreso al bipartidismo bajo nuevas etiquetas. Para Juan Carlos Escobar Escobar, la realidad es mucho más compleja. El profesor del Instituto de Estudios Políticos —IEP— de la Universidad de Antioquia aseguró que lo que vemos hoy es un cambio marcado en la estructura del poder, que se ha consolidado en décadas recientes.
«En la ciencia política el sistema bipartidista implica que dos partidos concentran entre el 80 % y el 90 % de la votación, con una alternancia clara. Lo que tenemos hoy es una dispersión de etiquetas donde por lo menos 18 movimientos tendrán voz y voto», precisó Escobar Escobar, coordinador la línea de investigación Sistemas Políticos Locales y Estudios de Opinión Pública.
Al respecto, Juan Carlos Arenas Gómez, también docente e investigador del IEP de la UdeA, señaló que lo que existe es la configuración de dos grandes bloques por afinidad ideológica, uno de izquierda y otro de derecha, con presencia de un grupo importante de partidos que se definen como de centro o con posiciones independientes.
«Los bloques grandes se apoyan en los partidos “bisagra” y en los movimientos de origen étnico o religioso que, si bien se alinean con un polo en la campaña presidencial, en el ejercicio legislativo suelen actuar bajo lógicas de beneficio regional o de supervivencia burocrática», explicó Arenas Gómez.
El Congreso de la República tiene entre sus funciones el estudio y la votación de leyes, reformas constitucionales, debates de control político y la elección de funcionarios, como Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, magistrados de la Corte Constitucional y miembros del Consejo Nacional Electoral, entre otros.
Mayorías frágiles con muchas concesiones
La situación antes planteada genera una dinámica en la que los dos grandes partidos, PH y CD, deberán hacer concesiones a las colectividades minoritarias si quieren que los programas de gobierno de quien gane la Presidencia se lleven a cabo, en un ejercicio de negociación que no garantiza necesariamente la aprobación de las normas o de la elección de los funcionarios que el Ejecutivo debe llevar al Legislativo, como se ha visto en el actual periodo.
De esta manera, se constituyen mayorías frágiles y transitorias durante los cuatro años de la legislatura. «El ausentismo, las fracturas internas en las bancadas y el llamado “voto al menudeo” —negociar uno a uno con los
La amplia variedad de partidos y movimientos hacen necesaria una estrategia de negociación para los grupos con más congresistas o para el Gobierno para poder sacar adelante sus propuestas. Foto: Senado de la República.
congresistas— deterioran la institucionalidad. Quienes completan la mayoría, esos pequeños sectores independientes, algunas veces terminan teniendo más incidencia que las mismas fuerzas mayoritarias», advirtió Laura Espinosa Macías, magíster en Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Colombia. Lo anterior no necesariamente significa que haya una permanente amenaza de bloqueo en el Congreso. «Los políticos pueden tener convicciones de un lado o de otro y, sin embargo, establecer acuerdos con un gobierno que ideológicamente les sea contrario para sacar adelante su propia agenda», aclaró el investigador Arenas Gómez.
A este panorama se suma que, si bien el PH y el CD suelen votar en bloque, las bancadas de otros movimientos aliados tienden a dividirse frente a iniciativas específicas. Así ocurrió en años recientes con las reformas a la salud o la justicia, una dinámica que podría repetirse en el próximo cuatrienio.
Felipe Nieto Palacio, jefe del pregrado en Ciencia Política de la Universidad Eafit, explicó que este fenómeno evidencia la debilidad de las colectividades. «La negociación política no solo debe lidiar con la fragmentación entre bancadas, sino con la que ocurre al interior de ellas. Tenemos estructuras poco cohesionadas, donde predominan liderazgos dispersos y agendas personales», precisó.
El peso de los liderazgos personales
Históricamente, los partidos en Colombia han estado ligados a figuras individuales —militares, caudillos, líderes carismáticos o clanes familiares— antes que a ideologías y hoy no es la excepción. Desde hace dos décadas, la derecha se asocia al «uribismo» y en años recientes, la izquierda al «petrismo», aunque esto no implica que el Legislativo actúe exclusivamente bajo los lineamientos de Álvaro Uribe o Gustavo Petro.
Para los analistas la política colombiana ha sido tradicionalmente personalista y, en buena medida, depende de liderazgos individuales más que de estructuras partidistas sólidas. De ahí que uno de los principales retos sea pensar la sostenibilidad de los proyectos políticos más allá de sus figuras centrales.
«La posibilidad de un bipartidismo a futuro en el país tiene un problema, y es que depende de esos dos personajes. La pregunta es si hay uribismo más allá de Uribe y si hay petrismo más allá de Petro, porque una característica de nuestro sistema político partidista es que es muy personalista», precisó Juan Carlos Escobar Escobar.
Para este investigador se evidencian algunas fracturas internas en esas organizaciones, que, a futuro, pueden llevar al surgimiento de nuevas corrientes, algo en lo que coincide con los otros académicos.
«Los partidos en Colombia terminan siendo más —como lo señaló Eduardo Pizarro en el 2002— estructuras o vehículos electorales, pues, al fin y al cabo, es la forma en la que legalmente los candidatos pueden presentarse a las elecciones», sostuvo Nieto Palacio, quien recordó que estas organizaciones han terminado por depender de algunas figuras individuales.
Sin embargo, Laura Espinosa advirtió otra situación. «Sería un error ver esto solo como una lucha de egos. Detrás de estos liderazgos hay movimientos con bases sociales reales. El petrismo y el uribismo no son solo personas; son visiones de mundo que se han arraigado en sectores de la sociedad que se sienten representados por ellos», aseguró.
Frente a este panorama, quien gane la Presidencia de la República deberá lidiar con un Congreso fragmentado y marcado por corrientes personalistas. Esto obligará, en algunos escenarios, a la negociación "voto a voto" entre el Gobierno y los legisladores o, en otros, a concesiones burocráticas para poder cumplir con los programas de gobierno presentados a la ciudadanía.
Hasta el 18 de julio en el Museo Universitario —Muua— de la UdeA estará abierta la exposición «Altares», que rinde un homenaje al fallecido artista colombiano Jaime Arango Correa, figura clave del informalismo matérico en el país. La muestra reúne 27 obras creadas a lo largo de más de cuatro décadas, algunas de ellas inéditas. Cada pieza funciona como un altar contemporáneo donde dialogan lo corporal y lo espiritual.
MARGARITA RIVERA M. Periodista Dirección de Comunicaciones UdeA margarita.rivera@udea.edu.co
Los temas que atraviesan la exposición —lo sacro, la muerte, lo erótico, el tiempo y la trascendencia— no se presentan como narraciones cerradas, sino como experiencias abiertas a la interpretación del espectador. Más que una retrospectiva, plantea un ejercicio de memoria, investigación y experiencia sensorial que invita a un encuentro directo con superficies cargadas de huellas, heridas y silencios, elaboradas a partir de materiales como arena, cemento, metal oxidado, madera, cartón, clavos y óleo.