Iván García García asumió la rectoría de la UdeA el 21 de enero del 2026, luego de que el 29 de diciembre de 2025 el Ministerio de Educación Nacional emitiera una resolución con su designación en el marco de la vigilancia especial para la Universidad.
Foto: Dirección de Comunicaciones / Alejandra Uribe F.
presupuestal en el segundo semestre. Además, recibimos 70 000 millones de pesos adicionales del Gobierno nacional, anunciados por el MinEducación en diciembre y transferidos en enero. Eso nos da tranquilidad para cumplir con las obligaciones quincena a quincena.
¿Qué impacto tiene la situación del Hospital Alma Máter en las finanzas de la Universidad?
La situación del Hospital Alma Máter es crítica. Tiene una deuda cercana a 146 mil millones de pesos, lo que inevitablemente impacta las finanzas de la Universidad. El Hospital no tiene flujo suficiente ni siquiera para cubrir los salarios de sus empleados. Por eso he insistido en que lo que ocurre en el Hospital afecta directamente a la Universidad. El plan de salvamento para la Universidad, necesariamente debe incluirlo.
Gran parte de la solución pasa por que las EPS paguen las deudas pendientes, especialmente entidades como Savia Salud y Nueva EPS. Si estos recursos ingresan, el hospital tendría un respiro financiero y podría cumplir sus obligaciones, incluyendo las que tiene con la Universidad.
Tras los cambios recientes en la rectoría, ¿cómo se puede recuperar la confianza de la comunidad universitaria?
Nuestro trabajo se ha guiado por algunos principios muy claros. El primero es la transparencia: decir con claridad qué está pasando en la Universidad y cómo lo estamos enfrentando. Puede resultar duro decir públicamente que hoy no tenemos los recursos suficientes para terminar el año, pero es necesario decirlo. El segundo principio es el buen trato. Aunque parezca algo sencillo, es fundamental en momentos de tensión institucional. Implica escuchar, respetar y dialogar con todos los sectores de la comunidad universitaria.
Hemos sostenido reuniones con profesores, estudiantes, empleados y distintos colectivos. Escuchamos sus preocupaciones y sus propuestas. A veces encontramos una percepción distinta de la realidad financiera de la Universidad, pero aun así el diálogo es indispensable. Creo que eso se empieza a sentir en el ambiente universitario: hay una disposición distinta para conversar y buscar soluciones.
A diferencia de otras universidades públicas que han vivido momentos de fuerte convulsión institucional, la transición en la Universidad de Antioquia ha sido relativamente tranquila. ¿Cómo interpreta ese ambiente?
Creo que hay varios factores. Primero, había una percepción generalizada de que la Universidad necesitaba cambios. Si la situación del año pasado hubiera continuado igual, el ambiente universitario habría sido mucho más complejo. Segundo, existe conciencia de que las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación generan cuestionamientos sobre la autonomía universitaria, pero también se reconoce que la situación institucional requería decisiones. Y tercero, creo que el hecho de que se haya designado a alguien que ha sido universitario toda su vida, académico y profesor de la institución, ha contribuido a generar tranquilidad.
¿Qué conclusiones deja el informe de empalme presentado recientemente al CSU?
Una de las conclusiones más claras es que tenemos un problema serio de sistemas de información. La Universidad no cuenta con sistemas suficientemente confiables e integrados. En algunos casos encontramos que un mismo indicador tiene cifras distintas según la dependencia que lo reporte, lo que dificulta la toma de decisiones. Por eso ya estamos trabajando con la Facultad de Ingeniería para desarrollar un proyecto que fortalezca los sistemas de información institucionales. Además, estamos identificando puntos críticos en cada área de la Universidad, información que formará parte del plan de mejoramiento que debemos entregar a la inspección.
Condiciones administrativas y financieras del Ministerio de Educación para levantar las medidas de inspección y vigilancia —ver comunicación aquí—:
Adoptar y dejar documentado un Plan de Reducción y Contención del Gasto de Funcionamiento, con vigencia inmediata, que garantice que los recursos de fondos generales se destinen prioritariamente a las funciones misionales de docencia, investigación y extensión, bajo criterios de eficiencia, austeridad y sostenibilidad financiera. Además, exhortó a la administración universitaria a presentar un Plan Integral de Saneamiento Financiero para enfrentar el déficit estructural y de caja y revisar el modelo de tercerización administrativa, en particular los contratos con la Corporación Interuniversitaria de Servicios —CIS— y la Fundación Universidad de Antioquia.
¿Cómo entiende su papel como rector en el marco de las medidas de inspección y vigilancia?
El objetivo es claro, aunque no sencillo: cumplir las condiciones administrativas y financieras exigidas por la inspección. Debemos presentar dos cosas fundamentales. Primero, informes claros sobre el plan de austeridad y la ejecución presupuestal. Segundo, un plan de mejoramiento institucional.
Nuestro propósito es que el Ministerio de Educación Nacional levante la medida de inspección lo más pronto posible. No podemos permanecer bajo esta situación por mucho tiempo. Tenemos plazo hasta el 27 de marzo para entregar toda la información requerida. Después de eso quedaremos a la espera de la evaluación del Ministerio.
¿Es posible que antes de que termine este año se elija un nuevo rector? Creo que sí, y que además debería hacerse para recuperar plenamente la institucionalidad.
La dificultad está en definir bajo qué estatuto se realizará la elección: si bajo las reglas actuales o después de reformar el Estatuto General. Ese es un debate que deberá resolver el Consejo Superior.
¿Qué impacto puede tener la nueva ley de financiación de las universidades públicas?
Es una noticia muy positiva, pero debemos analizarla con prudencia. Necesitamos evaluar con nuestros equipos económicos cómo impactará año a año el presupuesto de la Universidad. Algunos estudios previos del Sistema Universitario Estatal —SUE— estiman que se necesitan alrededor de diez años para recuperar estructuralmente los recursos. Habrá que actualizar esas proyecciones. Un aspecto interesante de la ley es que permite crear nuevas sedes o ampliar la oferta académica con recursos que se integren a la base presupuestal. Esto podría ser clave para proyectos como la Facultad de Ciencias de la Vida que estamos proponiendo en Urabá.
Para terminar, ¿qué sueña para la Universidad de Antioquia al final de su rectoría? ¿Cómo le gustaría que se recordara su paso por este cargo?
Me gustaría que, cuando termine este periodo, podamos decir que recuperamos un sentido colectivo de la universidad. Para mí ese es el punto más importante.
Cada persona que trabaja o estudia aquí tiene su propio proyecto de vida, y eso es natural. Pero lo fundamental es que lo que hagamos esté siempre en función de la universidad y de su misión pública, no únicamente de intereses individuales. Cuando cada quien piensa solo en su propio proyecto, la institución se debilita.
Por eso mi aspiración es que fortalezcamos la idea de que la Universidad de Antioquia es un proyecto público y colectivo, que nos pertenece a todos y que debemos cuidar entre todos.
Héctor
Música para el Bienestar
Se trata de una estrategia de intervención artística del programa Neurosocial GNA, iniciativa de apoyo social y educativo del Grupo de Neurociencias de Antioquia —adscrito a la Facultad de Medicina de la UdeA—, orientada a promover el bienestar emocional, fortalecer los vínculos familiares y consolidar redes comunitarias en familias con presencia de Alzheimer o riesgo genético.
De acuerdo con Ángela Andrade Villegas, trabajadora social, magíster en Familia y líder del Plan Social y Salud Mental del programa, la inclusión de la musicoterapia se consideró pertinente porque facilita la evocación de recuerdos, mejora la comunicación no verbal, disminuye la ansiedad, impulsa el movimiento y fortalece los lazos afectivos entre personas con Alzheimer y sus cuidadores.
El proyecto se desarrolló en dos fases complementarias. La primera consistió en una serie de talleres intergeneracionales que integraron canto, instrumentos, movimiento, historias musicales familiares y creación colectiva, experiencias que permitieron recordar, regular emociones y generar espacios de encuentro. Como resultado se produjeron materiales audiovisuales que recogen la vivencia de las familias.
La segunda fase, actualmente en curso, amplía el proyecto hacia la producción de videos pedagógicos y un manual práctico que orienta actividades de musicoterapia en el hogar, con el fin de que las familias puedan continuar las prácticas de manera autónoma.
Según Andrade Villegas, entre los aprendizajes y resultados destacados se encuentran la potencia de las actividades intergeneracionales, la capacidad de la música para activar memoria y atención, la importancia del arte como vía para narrar la historia familiar y la creación de herramientas pedagógicas que permiten extender el impacto del proyecto más allá de los talleres.
La música puesta al servicio del bienestar
El trabajo de la musicoterapia comienza por comprender al paciente: su historia, sus necesidades y su contexto. Con esa información, el terapeuta define objetivos y diseña un protocolo adaptado, utilizando de manera intencionada elementos como el ritmo, la melodía, la armonía o la improvisación. Así, la intervención no solo aborda lo físico, lo cognitivo o lo emocional, sino que también integra dimensiones sociales y espirituales, favoreciendo un bienestar integral.
«La musicoterapia es, por esencia, interdisciplinar. Cuando se trabaja junto a psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales, los resultados son mucho más potentes, porque se diseñan objetivos compartidos. No se trata de una disciplina aislada ni paralela a la medicina; es un apoyo complementario que se integra a los tratamientos establecidos por otros profesionales de la salud», explicó el profesor Aristizábal Vanegas.
En los hospitales, la música adquiere un papel concreto. En el caso de un niño hospitalizado y con una enfermedad terminal, contó Aristizábal Vanegas, la música ayuda a mantener vínculos con la vida que el hospital limita: el colegio, los amigos, la rutina y los espacios personales. La terapia se convierte en un puente para reconectar con el juego y con sus emociones, y también genera momentos de cercanía con la familia, que
puede improvisar, inventar canciones o compartir la música, creando formas de comunicación que a veces no se logran con palabras. El trabajo terapéutico no se limita a la infancia. En personas mayores con enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, la musicoterapia también ha mostrado resultados significativos. Aristizábal Vanegas recordó el caso de una paciente a la que acompañó: una mujer de la tercera edad, diagnosticada con esta condición, que permanecía en silla de ruedas no por falta de movilidad, sino por el temor de su familia a que pudiera caerse.
«Al iniciar el trabajo con ella, el enfoque se centró en recuperar la movilidad y, para lograrlo, se empleó la música como puente de conexión. Se utilizaron cumbias, pasillos y bambucos, ritmos que formaban parte de la historia musical de la paciente. Ella comenzó instintivamente a moverse al ritmo de la música. Poco a poco se fue levantando de la silla y, con el paso de las terapias, comenzó a realizar desplazamientos cortos, caminando con más postura erguida. Además, se invitó a la familia a bailar con ella, no solo para favorecer su bienestar físico, sino también para reconectar emocionalmente y fortalecer los vínculos afectivos», relató Aristizábal Vanegas
Mientras en Colombia la musicoterapia carece de una regulación nacional, en países como Argentina y varios estados de Estados Unidos la profesión ya está regulada. Por ejemplo, en Argentina la Ley 27153 de 2015 establece los requisitos para el ejercicio profesional de la musicoterapia, incluyendo título universitario reconocido, matrícula obligatoria y control estatal del ejercicio. En California o Connecticut, en Estados Unidos, exigen licencia o protección de título para que alguien se presente legalmente como musicoterapeuta.
Esta experiencia es un ejemplo de cómo la música impacta, no solo a nivel motor, también es un cooperador en la memoria. Según explicó la profesora Alzate Echeverri, «la música activa circuitos que permiten codificar y recuperar información asociada a recuerdos importantes. Por eso, en personas mayores con alteraciones mnésicas o con enfermedad de Alzheimer, la terapia de reminiscencia utiliza canciones significativas para estimular la memoria episódica y evocar momentos relevantes de su historia».
En contextos hospitalarios, la musicoterapia también puede ayudar a disminuir la percepción del dolor y generar momentos de calma en entornos que suelen ser estresantes. «La musicoterapia ambiental en vivo, basada en sonidos y vibraciones ejecutados de manera adecuada y en sintonía con el ritmo cardíaco y respiratorio de los pacientes, puede generar estímulos que inciden en el sistema nervioso, promoviendo sensaciones de seguridad, confort y tranquilidad. Esto favorece la relajación profunda y contribuye a mitigar la percepción del dolor», agregó Aristizábal Vanegas.
«El uso de estímulos sonoros en entornos clínicos es valioso porque es una intervención no invasiva, adaptable y capaz de motivar a los pacientes que suelen tener baja adherencia a sus tratamientos. Sin embargo, es fundamental que la musicoterapia sea impartida por profesionales formados, capaces de diseñar un protocolo que considere elementos musicales como la armonía, el tempo, la intensidad y la duración del estímulo, y de evaluar si la intervención se ajusta a las necesidades específicas de cada paciente», expresó Alzate Echeverri.
La mola, tejido ancestral del pueblo gunadule, es a la vez historia, identidad y protección espiritual. Sus diseños, según la tradición, fueron revelados en los galus, sitios sagrados del universo, y desde entonces las mujeres han transmitido este saber de generación en generación. Con este contexto, la abogada Sandra Gómez Santamaría llegó a Caimán Bajo, en el Urabá antioqueño, para revelar las tensiones entre las prácticas de esta comunidad indígena y los vacíos de la legislación colombiana frente a la protección de este conocimiento.
LINA
MARÍA MARTÍNEZ MEJÍA. Periodista Dirección de Comunicaciones UdeA lina.martinezm@udea.edu.co
La mola, un saber que protege y resiste
Las molas han estado entre los gunadules desde el principio de los tiempos. Las mujeres de esta comunidad —que habita las regiones del Urabá y el Darién en Colombia y la zona Guna Yala en Panamá— son las creadoras y poseedoras de estas prendas coloridas adheridas a su ropa. Su diseño y técnica de elaboración han estado custodiados en galus, sitios sagrados y ubicados en diferentes capas del Universo.
Muchos neles, líderes espirituales de los gunadules, intentaron llegar a los galus en busca de este saber ancestral, pero el secreto solo le fue revelado a Nagegiryai, una mujer nele que aprendió la escritura de las molas: trazos geométricos que además de contar la historia de origen, protegen y cuidan. Según la tradición, cuando regresaba de sus viajes, Nagegiryai compartía con las mujeres gunadule cada figura. Ellas, con hilos y tijeras, replicaban los diseños y los cosían a sus blusas para ahuyentar a boni, espíritus inquietos que alteran la casa y los cuerpos.
Esta historia se la contaron a Sandra Gómez Santamaría en Caimán Bajo, un resguardo de la comunidad gunadule, ubicado en Necoclí, en el Urabá antioqueño. Con esta visita, en el 2019, comenzó un recorrido que la llevó a reflexionar sobre la protección de expresiones culturales colectivas como la mola, un textil que había visto en distintas tiendas artesanales del país —en bolsos, faldas, zapatos y otras prendas o accesorios—, sin siquiera imaginarse el valor que esconde este tejido.
«La mola no es solo un textil, es la escritura de la vida gunadule. Las telas, las agujas y los hilos con los que se elabora vienen de China, no son nuestros, pero el conocimiento de la mola sí lo es, es de las mujeres gunadule»: estas palabras de Milton Santacruz Aguilar, líder de esta comunidad indígena, acompañaron y encauzaron las reflexiones que se planteó Sandra durante el trabajo de campo, y le permitieron aclarar muchas de las preguntas que surgieron mientras avanzaba en la
construcción de su tesis doctoral «La propiedad intelectual de la mola: el mundo gunadule en los entramados legales».
Esa inquietud por entender el mundo gunadule surgió en las aulas de la Alma Máter. Sandra es abogada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Realizó una maestría en Sociología Jurídica en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, España. Con el título de magíster, regresó a la UdeA como profesora de cátedra de la Facultad de Derecho y en el 2014 se vinculó como docente del eje de contexto, que se pregunta por los aportes que el derecho le hace a la sociedad. En sus clases habló de problemas sociales como el neoliberalismo, los movimientos sociales y la modernidad; además, dictó un módulo de justicia indígena en la clase de visiones de la justicia. En este nuevo rol, empezó a pensar el derecho no solo como un conjunto de normas, sino como una construcción sociocultural.
Su interés por las molas y su protección se originó, entonces, a partir de una insatisfacción académica y de la búsqueda de una aproximación interdisciplinaria al derecho; por eso, decidió estudiar un doctorado en Antropología, en la Universidad de Memorial, en Terranova y Labrador, Canadá. El proyecto doctoral tiene como hilo conductor el trabajo de campo que realizó entre 2019 y 2023 en Caimán Bajo, con la asesoría de sus colegas y la orientación de Milton Santacruz —que falleció en el 2023— y algunos miembros de esta comunidad indígena: «Hicimos equipo para pensar caminos legales que pudieran conducirnos a que el pueblo gunadule obtuviera el reconocimiento de la propiedad intelectual colectiva de la mola», dice Sandra.
Proteger amorosamente
En sus visitas a Caimán Bajo, la profesora conoció a Florita Chambes Arteaga, líder de la comunidad gunadule y representante legal de Asogunadule, una asociación indígena que promueve y fortalece los procesos organizativos, culturales y ambientales de este pueblo.
La mola es símbolo de identidad y protección espiritual del pueblo gunadule. Fotos: Dirección de Comunicaciones / Alejandra Uribe F. Cortesía / Sandra Santamaría.
Florita le habló a Sandra de la mola, le dijo que «representa el espíritu de la mujer gunadule y su forma de ser, de actuar, de vivir en el plano terrenal». También le contó que todos los días las visten y las elaboran; en especial, las hacen para acompañar los rituales de pubertad de las jóvenes. Florita recuerda que, como todas las mujeres de su comunidad, pasó por la «escuela de la mola». Su mamá le enseñó a manejar las tijeras y a coser las capas que le dan forma y color a cada pieza.
«Mi mamá decía: ‘Si no seguimos, este saber se va a olvidar’. Después de esas conversaciones, ella buscaba las telas y me mostraba: ‘Así son los trazos, así se hace el tejido, así se hacen las puntadas finitas’. Poco a poco uno se va enamorando del proceso, va sintiendo que lo hace desde el amor», cuenta Florita, que hoy comparte esos conocimientos con su hija.
Como lo afirma Florita la mola es, ante todo, el espíritu de la mujer y una protección; además, reconoce que estos tejidos ancestrales se han convertido en una fuente de ingresos para la comunidad. Sin embargo, hay desafíos y riesgos en el mercado externo: apropiación indebida, comercialización sin consentimiento e irrespeto a la tradición que representa.
Al no existir un sistema legal adecuado en Colombia para proteger el conocimiento ancestral, esta comunidad ha buscado alternativas —acordes al pensamiento y las creencias de los gunadules— que garanticen el reconocimiento de la propiedad intelectual colectiva de la mola.
La profesora Sandra, durante su trabajo de campo, ha sido testigo de ese proceso, un recorrido que ha analizado y registrado en su tesis doctoral. La ontología política —un enfoque teórico que propone tomarse en serio lo que los otros dicen sobre su forma de vivir— le mostró que las categorías legales son insuficientes para proteger la mola: «Los gunadule se preguntan: ‘¿Por qué proteger algo que protege?’, pues la mola es, intrínsecamente, protección contra energías que desequilibran. Florita me ayudó a definir el verbo: sabgued, que significa cuidar amorosamente. Es la forma en que los gunadule conciben la protección de su conocimiento ancestral, particularmente el de la mola. Este cuidado amoroso está vinculado al orgullo y la alegría que sienten las mujeres al coserla», explica Sandra.
indebida. Aunque la comunidad no está cerrada a la comercialización, el reto es permitir la participación en el mercado sin desintegrar el conocimiento ancestral», señala Felipe Abello.
La Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina establece el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para los países miembros, y se complementa con la Ley 23 de 1982, que es la legislación interna de Colombia sobre esta materia.
La mola no encaja en ninguna de estas normas. El derecho de autor, por ejemplo, exige identificar a una persona natural como autora. Pero la mola no tiene un creador único: es un conocimiento que se transmite colectivamente desde hace generaciones, y no le pertenece a una mujer en particular.
Tampoco sirve la figura del diseño industrial. Aunque podría abarcar la apariencia estética de la mola, exige identificar a un diseñador individual y solo protege lo ornamental, cuando la mola es mucho más que un diseño.
Las molas que las mujeres gunadula llevan en sus blusas imitan la estructura del Universo. Foto: Dirección de Comunicaciones / Alejandra Uribe F.
La denominación de origen —vista como una alternativa por su vínculo con un territorio— tropieza con un obstáculo mayor: la titularidad. En este modelo, el Estado es el dueño de la denominación, mientras que la comunidad solo administra su uso.
Incluso la marca colectiva —una herramienta utilizada por algunas mujeres para facilitar la venta de sus tejidos— resulta insuficiente. Esta figura distingue productos en el mercado, pero no protege la historia de origen ni el conocimiento espiritual que contiene la mola. Además, individualiza la protección en una entidad jurídica y no en el pueblo en su totalidad.
Ante los vacíos del sistema colombiano, el abogado Abello señala que se deben buscar alternativas, inspiradas en experiencias internacionales: «En Colombia valdría la pena pensar en un sistema especial de protección de los saberes ancestrales, como sucedió en Panamá con la Ley 20 de 2000, que establece un régimen especial de propiedad intelectual para salvaguardar los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre su cultura y otras expresiones tradicionales susceptibles de uso comercial».
La mola, de generación en generación
Su tesis demuestra cómo las figuras legales ofrecidas en la propiedad intelectual no cumplen el deseo central del pueblo gunadule, pues el concepto sabgued se contrapone a la noción de protección utilizada en el derecho moderno y hegemónico; este verbo —desde una perspectiva jurídica— se enfoca en evitar que terceros usen —en este caso— los diseños de las molas sin permiso. Durante el trabajo de campo, la profesora entrevistó a Felipe Abello Monsalve, abogado experto en propiedad intelectual que ha trabajado con la comunidad gunadule desde 2019. Su análisis expone que el sistema legal colombiano de propiedad intelectual es insuficiente a la hora de atender las necesidades del conocimiento tradicional indígena.
«Varias figuras de la propiedad intelectual son descartadas porque entran en conflicto con la naturaleza colectiva, ancestral y espiritual de la mola. La necesidad de protección surge debido a la presión del mercado, que ha provocado casos de apropiación
Al final de su búsqueda, Sandra Gómez Santamaría concluye que el derecho debe «transformarse de un sistema de orden hegemónico a una interfaz que, aunque imperfecta y llena de limitaciones, pueda facilitar que un modo de existencia alternativo, como el mundo gunadule, siga manifestándose».
Esa intención de preservar el saber de la mola también es un propósito y un reto para Florita Chambes y otros líderes; por eso, desde Asogunadule se impulsa la comercialización de este tejido ancestral sin poner en riesgo su integridad cultural. La organización no solo articula proyectos y convenios: ofrece la estructura jurídica básica que le permite al pueblo dialogar con el mundo exterior sin renunciar a su autonomía. Los recursos que llegan a la comunidad —producto de acuerdos justos y respetuosos— se destinan a fortalecer las tradiciones, de modo que más mujeres puedan aprender y transmitir lo que recibieron.
Así, mientras los especialistas revisan normas y analizan vacíos jurídicos, en Caimán Bajo las mujeres continúan hilando capas de color en sus molas de protección. Esa práctica es la que mantiene vivo el conocimiento. La mola persiste en la decisión colectiva de no dejar que el tiempo ni el mercado la arranquen de su origen.
La Universidad de Antioquia ha sido testigo y protagonista de hitos que marcaron la historia de Colombia. Su Archivo Histórico preserva la memoria universitaria y refleja la evolución institucional, política y social del departamento y del país. En más de 200 mil historias académicas, documentos administrativos y personales se han identificado tres tipos de tintas, cinco tipos de papel y cuatro estilos de caligrafía, trazados por sacerdotes, escribanos, administradores, hombres y mujeres particulares. Gracias a estos documentos se conoce, por ejemplo, la historia de las cinco primeras mujeres matriculadas en la UdeA, quienes en 1932 —un año antes de que su derecho a la educación fuera reconocido por la ley— desafiaron las normas sociales al ingresar a la Escuela Dental. El Archivo es, en definitiva, un acervo que ofrece un valioso conocimiento para comprender el pasado y el presente.
PAULA
VILLA ARTEAGA . Periodista Dirección de Comunicaciones UdeA paula.villa1@udea.edu.co
Las primeras graduadas y otras riquezas en el Archivo Histórico UdeA
En 1933 la Asamblea de Antioquia reglamentó el acceso de las mujeres a la educación superior. Sin embargo, un año antes, la Universidad de Antioquia ya había aceptado el ingreso de las primeras mujeres a una de sus escuelas. Berta Restrepo y Amanda Guendica, de 18 años; Mariana Arango, de 20; Ana Tobón, de 22; y Rosa María Navarro, de 27, se matricularon en la Escuela Dental de la Facultad de Medicina en febrero de 1932.
En sus matrículas, custodiadas hoy en el Archivo Histórico de la UdeA, aparecen las firmas del director Manuel José Sierra, de un acudiente masculino que asumía el compromiso de «afianzar las obligaciones contraídas por su acudido», y las de ellas mismas, quienes, inclinadas sobre el libro, escribieron sus nombres sin imaginar que esos trazos de tinta ferrogálica abrirían puertas y cambiarían la historia de muchas mujeres.
En el camino, Ana se retiró por motivos que se desconocen. Pero unos años después, en medio de un ambiente caldeado por el debate público en torno al acceso femenino a la educación superior, Berta, Rosa, Amanda y Mariana lograron convertirse en las primeras mujeres graduadas de la Universidad de Antioquia. La legalización plena de este derecho tardaría un año más y se concretaría a nivel nacional en 1936, cuando, en el contexto de la reforma constitucional, el artículo 8 del Acto Legislativo 1 reconoció la igualdad laboral y académica entre hombres y mujeres.
A estas cuatro odontólogas les sucedieron Bertha Zapata Casas, Haydeé Eastman y Yolanda Cock, quienes se graduaron en 1946 como abogadas en la Facultad de Derecho; así como Lucía Márquez de Gómez y Luzmila Acosta de Ochoa, quienes obtuvieron su título de médicas ese mismo año.
«No fue fácil para ellas ingresar a la universidad, pero llegaron para quedarse», señaló la socióloga María Teresa Uribe en su libro Historia y Presencia, donde también documenta las múltiples instancias de acusaciones y excomuniones que suscitó este proyecto nacional del cual la UdeA fue pionera. Hoy es posible acceder a estas reflexiones porque el Archivo Histórico de la Universidad conserva, entre otros documentos, las actas del Consejo Superior Universitario que, en octubre de
1932 —cuando las estudiantes ya habían sido admitidas y cursaban materias—, seguía discutiendo la posibilidad de separar las clases y los exámenes entre mujeres y hombres. Esta recomendación, impulsada por la Iglesia católica y por algunos estudiantes varones de la Escuela Dental, se sustentaba en el argumento de que ellas los «atrasaban» porque no estaban suficientemente preparadas.
No obstante, los documentos del archivo evidencian que el desempeño académico de las estudiantes era igual o incluso superior al de sus compañeros hombres, pues cursaron y aprobaron con éxito la totalidad del pénsum, que incluía —según el plan de estudios vigente para ambos géneros— asignaturas como química, metalurgia, radiología, clínica y laboratorio, anestesia, oratoria, anatomía, fisiología, práctica operatoria, entre otras.
Estas son algunas de las historias que emergen de los documentos de hasta dos siglos de antigüedad que custodia el Archivo Histórico de la institución, el primero de su tipo en el país y cuyos fondos abarcan desde 1803 hasta 2018.
Gracias a la iniciativa de estas cinco primeras estudiantes, hoy más de 82 910 mujeres son egresadas de la UdeA.
Los rostros detrás de las letras, un retrato de la vida social antioqueña
Actas, acuerdos, calificaciones, partidas de bautismo, convenios, contratos, informes, historias laborales y académicas, planes, programas, proyectos y resoluciones conforman parte del acervo administrativo, académico y personal que preserva este archivo. El conjunto de estos documentos da cuenta del impacto de la Alma Máter en la transformación del municipio, el departamento y el país. Cada uno abre una ventana al pasado y suscita preguntas fundamentales: ¿quién los escribió y desde qué posición social?, ¿qué recursos naturales estaban disponibles para elaborar los insumos de escritura?, ¿qué recorrido hicieron el papel y la tinta antes de llegar a manos de sus autores?
El Archivo Histórico —adscrito a la División de Gestión Documental— custodia cuatro fondos: el Fondo Universidad de Antioquia, el Fondo Reconstrucción del Eje Cafetero, el Fondo Acumulativo Universitario y el fondo privado de Historias Académicas, que preserva más de 200 000 documentos entre 1890 y 2005. En su totalidad, su acervo está compuesto por cerca de 8300 libros y una valiosa colección epistolar de personajes destacados, como Pedro Justo Berrío, Carlos E. Restrepo y Héctor Abad Gómez. Entre las colecciones se han identificado tres tipos de tintas, cinco tipos de papel y cuatro estilos de caligrafía asociados a distintos periodos históricos.
Estos materiales y recursos estéticos —explicó Erika Vannesa Gallo Muñoz, coordinadora del Archivo Histórico de la UdeA— evidencian importantes transformaciones derivadas de momentos políticos decisivos y narran la vida social y económica de Antioquia: desde el tránsito de una institución clerical a una universidad laica, hasta su papel como testigo de
la Independencia, la Gran Colombia, las guerras civiles del siglo XIX, la Regeneración y la consolidación del Estado republicano.
La historiadora destacó que durante el siglo XIX la formación y la escritura estaban reservadas a sectores privilegiados. Sin embargo, a partir del siglo XX, con su conversión en universidad y el auge de la minería aurífera, el comercio y el desarrollo industrial —que dieron origen a una burguesía regional ilustrada—, la institución amplió su acceso y atrajo a jóvenes de diversos sectores sociales. Este proceso impulsó un movimiento masivo de hombres y mujeres que viajaron a Medellín para estudiar y construir un proyecto de vida propio, como Rosa María Navarro, quien llegó desde Urrao para formarse como odontóloga en 1932.
Zoraida Arcila Aristizábal, historiadora y doctora en investigación en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la UdeA, coincidió en que estos cambios se reflejan con claridad en los documentos del Archivo, los cuales permiten caracterizar el perfil sociodemográfico de los estudiantes que ha acogido la institución: en su mayoría, personas provenientes de
Metalurgia, bacteriología, anestesia, coronas y puentes, fueron algunas de las materias que cursaron las primeras cinco mujeres que se matricularon en la UdeA. Foto: Dirección de Comunicaciones / Alejandra Uribe F.
va, académica y personal. En el Archivo Histórico de la Alma Máter se custodian documentos elaborados en cinco tipos de papel: lino y
El papel de lino y algodón era grueso, se importaba desde Europa o se producía de forma artesanal, y se destacaba por su resistencia al
Cuatro odontólogas: Berta, Rosa, Amanda y Mariana fueron las primeras mujeres graduadas de la Universidad de Antioquia. Además de sus matrículas e historias académicas, el Archivo Histórico de la UdeA conserva otros 200 000 documentos. Foto: cortesía Facultad de Odontología. Sacerdotes, funcionarios públicos, apoderados, estudiantes, viudas, hermanas y madres solteras se encuentran entre los autores y firmantes de los documentos del Archivo Histórico de la UdeA. Foto: Dirección de Comunicaciones / Alejandra Uribe F.
Por su parte, el papel timbrado solía venir con impresiones; por lo general se traía del exterior y era más costoso que los papeles lisos que no tenían ningún tipo de diseño. El papel azulado o celeste era un lujo, se usaba sobre todo en papelería de oficina o correspondencia personal, y su precio era considerablemente mayor que el de los demás. A diferencia de este, que escaseaba, predominaron en el siglo XX las cartas redactadas en “papel de cuaderno”, un soporte común en contextos escolares y también en oficios como la sastrería.
La riqueza documental del Archivo Histórico de la UdeA ha sobrevivido al azar de las guerras, los traslados y la voracidad del fuego. Sus papeles, tintas y caligrafías no solo registran la evolución de una institución educativa bicentenaria, sino también las huellas de la transformación de los territorios donde tuvo incidencia. Proteger este acervo es, por tanto, un compromiso con la investigación, la memoria pública y la comprensión crítica de la nación. En él la Universidad de Antioquia sigue encontrando las claves para pensar su misión en el presente y el futuro.
El Archivo Histórico de la UdeA se encuentra ubicado en la oficina 109 del Bloque 3 en la Ciudad Universitaria en El Campus Medellín. Está abierto para visita o consulta de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. También puede reservar una vista en archivohistorico@udea.edu.co.
Más de 1250 artículos de 75 investigadores de la Universidad de Antioquia han sido citados en políticas públicas nacionales e internacionales, según la base de datos Overton. Aun así, la evidencia científica en Colombia rara vez logra traducirse en decisiones de gobierno. Falta de recursos, lenguajes técnicos y desarticulación entre academia y Estado siguen limitando su impacto. Para la UdeA, el reto es claro: seguirse fortaleciendo como puente entre la ciencia y las herramientas de participación que buscan transformar la realidad de las comunidades.
El desafío de articular la investigación académica a las políticas públicas
Las políticas públicas no surgen de la nada; emergen del movimiento, la complejidad y el cambio que caracterizan a cualquier sociedad viva. En el caso de Colombia, con su entramado social y político particular, aparecen preguntas fundamentales respecto al papel que desempeñan las universidades públicas en la toma de las decisiones del país. ¿Qué tan distante se encuentra la investigación académica del diseño y la implementación de políticas orientadas al bienestar social? Y, quizás una pregunta más crucial: ¿cuáles son los desafíos para que exista una articulación efectiva entre ciencia y gobernanza, y qué estrategias podrían acercarlas de manera sostenible?
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo — PNUD— y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico — OCDE—, una política pública es el conjunto de decisiones y acciones adoptadas por las autoridades para atender problemas sociales y alcanzar objetivos de interés colectivo. En la misma línea, el Departamento Nacional de Planeación de Colombia —DNP— la define como un proceso integrador que, con participación ciudadana, orienta las decisiones del Estado para dar respuesta a los asuntos de interés público. No son una receta ni una fórmula mágica y su aplicación no puede ser absoluta, sino territorializada, pues como puede funcionar muy bien en un contexto, en otro puede ser un completo fracaso.
En el país, según la ley, la formulación de estas iniciativas gubernamentales debería seguir el Ciclo de Políticas Públicas, que propone identificar el problema, diseñar los objetivos y las metas y adoptar medidas mediante actos administrativos para implementarlas y hacerles seguimiento. Sin embargo, rara vez se cumplen todas las etapas de este ciclo. De acuerdo con Xamara Mesa Betancur, vicedecana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA, uno de los mayores desafíos en la construcción de políticas públicas es la evaluación. Un proceso que debería concebirse desde su diseño y para el que es necesario disponer de un período de ejecución relativamente amplio —entre cinco y seis años—, durante el que se pueda recoger información a través de indicadores que valoren el progreso de la implementación de la política y midan su impacto.
Según la politóloga, a pesar de que para facilitar este proceso el Departamento Nacional de Planeación –DNP– elaboró una guía para la construcción de estas herramientas, en Colombia son pocas las políticas públicas que cuentan con dicha valoración. Esto se debe a diferentes motivos: porque el análisis suele ser costoso, exige continuidad en el tiempo y, con frecuencia, carece del soporte y acompañamiento técnico necesarios.
PAULA VILLA ARTEAGA. Periodista Dirección de Comunicaciones UdeA paula.villa1@udea.edu.co
Para Claudia Marcela Vélez, vicerrectora de Investigación de la Universidad de Antioquia y doctora en Políticas de Salud, otro de los principales desafíos del diseño de políticas públicas en Colombia consiste en lograr que su formulación y ejecución se fundamenten realmente en evidencia, distanciándose de las realidades de las comunidades. En consecuencia, esto genera una gran pérdida de confianza y un débil sentido de corresponsabilidad frente a lo público. En este sentido, la profesora Mesa Betancur coincidió en que «es fundamental que exista un acompañamiento técnico por parte de académicos, investigadores y profesionales que conozcan en profundidad el tema. Un diseño sin respaldo técnico ni evidencia es, sin duda, cuestionable».
Es en este punto donde las universidades empiezan a desempeñar un papel protagónico. Según la politóloga, «esencialmente, en estos centros de pensamiento cumplimos dos funciones de manera simultánea: estudiamos las políticas para comprenderlas e identificar sus fallos, y desarrollamos el componente técnico necesario para su formulación. Sin embargo, no siempre es fácil encontrar perfiles que reúnan ambas capacidades». Es decir, para la experta, el diseño de políticas públicas acompañadas por las universidades no puede ser un proceso exclusivamente académico, pues «la investigación orientada a las políticas públicas no se hace de la misma manera que la investigación convencional. Hacemos un aporte importante, pero ese aporte se potencia significativamente cuando quienes acompañan el diseño de las políticas comprenden el funcionamiento de la administración pública», afirmó.
En otros países el desarrollo de las políticas es diferente. «Por ejemplo, es supremamente extraño que en un país como Francia contraten a una universidad para que diseñe una política pública, porque la capacidad es tal, que hay personas al interior del gobierno que pueden hacerlo. En un estado como el nuestro, que tiene debilidades y capacidades tan fluctuantes, eso no ocurre» dijo la vicerrectora. Esta realidad sitúa a las universidades colombianas, especialmente públicas, en una posición fundamental frente a la formulación de soluciones basadas en evidencia. Pero esta acción se enfrenta todavía a la ausencia de articulación intersectorial, de participación ciudadana y a la persistencia de modelos de toma de decisiones poco colaborativos.
Frente a los motivos de esta desarticulación, la profesora Claudia Marcela Vélez, señaló que, desde la academia, el uso de términos técnicos o poco accesibles con los que se comunica el conocimiento a menudo también dificultan la cooperación. «Como investigadores solemos compartir los resultados de nuestros estudios como lo haríamos en un evento académico, donde hay otros pares que entienden la jerga y los análisis estadísticos, pero si queremos que incida en la política pública hay que traducirlo a un lenguaje en el que un tomador de decisiones lo pueda entender».
La vicerrectora de Investigación y la profesora y coordinadora del Grupo de investigación en Infección y Cáncer de la Facultad de Medicina, Gloria Sánchez, atribuyen esta falta de coordinación a los ritmos de la academia y la gestión pública, la falta de alineación entre las agendas institucionales y a la ausencia de recursos. Sin embargo, Jairo Humberto Restrepo Zea, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y experto en políticas públicas en salud, aseguró que «los recursos de por sí no resuelven el tema, (...) sino
la definición de criterios de las agendas de los incentivos». En otras palabras, entender que el enfoque de la investigación no lo pueden definir los intereses particulares de quien la financia, sino las necesidades reales de los territorios y comunidades en las que tiene incidencia.
La confianza es el puente Como parte de las estrategias para mejorar la articulación entre la academia y el sector público, el docente Restrepo propone cuestionar: ¿cómo ven los investigadores al sector gubernamental?, ¿cómo ve el sector gubernamental al profesor universitario? «Creo que hay que generar confianza, experiencias positivas y espacios de intercambio y aprendizaje entre ambos sectores», dijo. Frente a la necesidad de afianzar lazos y generar credibilidad y respaldo, Claudia Marcela Vélez, opinó que «hay que trascender los resultados de investigación más allá del artículo de publicación. Se debe apuntar a crear espacios de diálogo en los que se comparta estratégicamente el conocimiento para que sea una herramienta que sirva para tomar mejores decisiones».
En este sentido, la profesora Sánchez precisó que no solo se necesita quién investigue sino generar un relacionamiento estratégico para que la agenda pública sea parte de la investigación y viceversa. «A veces a los investigadores no nos da tiempo para hacerlo todo, alguien debe mediar y hacer presencia en nombre de la academia en escenarios de política pública e identificar oportunidades para los grupos de investigación. Es algo que nos está haciendo mucha falta».
Para que una investigación realmente llegue a tener impacto en las políticas públicas, los investigadores recomiendan a sus colegas tomar como hoja de ruta los Objetivos de Desarrollo Sostenible. «Piensen en que su estudio pueda resolver necesidades reales, (...) analicen cómo este trabajo ayudaría o perjudicaría a la gente de su casa, barrio o comunidad. Y luego, cuando tengan que compartirlo y se les dificulte aterrizar el lenguaje técnico, imaginen cómo se lo explicarían a su mamá», propuso la vicerrectora, quien agregó que el conocimiento se debe producir para ponerlo al servicio de las personas.
Finalmente, para la profesora Mesa Betancur no se puede afirmar que exista una fórmula exitosa para el diseño de políticas públicas. Sin embargo, sostuvo que una buena política requiere un sólido sustento técnico, lo que implica contar con evidencia de calidad y un adecuado respaldo participativo que permita triangular la información obtenida. De esta manera, es posible construir políticas más claras y coherentes con la institución encargada de su
implementación, garantizando simetría entre las acciones, el presupuesto y los actores involucrados en su ejecución.
La UdeA en el radar de las políticas públicas
En un ejercicio de evaluación y testeo de la herramienta Overton, la base de datos más grande del mundo sobre políticas públicas, la Vicerrectoría de Investigación de la UdeA identificó durante el 2025 que 1250 artículos de 75 investigadores de la institución han sido citados en documentos que orientan decisiones de gobierno en Colombia y el mundo. Entre las entidades que respaldan la labor investigativa de los expertos que aparecen citados en Overton figuran 15 organizaciones internacionales, una panamericana, una latinoamericana y seis nacionales.
Los investigadores mencionados en la lista pertenecen a 13 facultades, escuelas e institutos de la UdeA. La vicerrectora Vélez aseguró que esta diversidad habla de la gran riqueza y potencial del Alma Máter en la transferencia de conocimiento y su capacidad para formar profesionales que tengan incidencia en las esferas públicas.
Según la plataforma, en las áreas en las que los investigadores de la UdeA tienen más incidencia en el diseño de políticas públicas se destaca la salud pública, con temas como: el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas y tropicales, la prevención y rehabilitación en servicios de salud, estudios en nutrición, oncología y bioética. También predominan en el área de medio ambiente: la biodiversidad, conservación y cambio climático.
Para la Vicerrectoría de Investigación este rastreo se convirtió en una oportunidad para pensar en el papel misional de la UdeA en el diseño de políticas para la transformación social del país. «Como institución pública no tenemos un rol cualquiera, debemos concentrar nuestros esfuerzos en definir unas prioridades en la investigación e identificar cuáles son los problemas que tiene la sociedad para ver cómo ayudamos a resolverlos. Tenemos pendiente invitar al diálogo a los tomadores de decisiones, porque, aunque este es un logro inmenso, aún nos falta mucho», concluyó la profesora Claudia Marcela Vélez.
Según la herramienta Overton, la base de datos más grande del mundo sobre políticas públicas, 1250 artículos de 75 investigadores de la UdeA han sido citados en documentos que orientan decisiones de gobierno en Colombia y el mundo. Foto: Dirección de Comunicaciones / Alejandra Uribe F.
Investigación académica, cooperación internacional y acceso abierto se articulan en un proyecto que recupera revistas literarias colombianas de la primera mitad del siglo XX, custodiadas por la Biblioteca Central de la UdeA, y deja un modelo replicable de digitalización del patrimonio cultural.
CARLOS OLIMPO RESTREPO S. Periodista Dirección de Comunicaciones UdeA olimpo.restrepo@udea.edu.co
Así migran el patrimonio editorial al mundo digital
Gracias a un trabajo colaborativo entre investigadores de la Universidad de Antioquia y la Universidad de Tübingen, en Alemania, se recuperó material clave para los estudios literarios en Colombia y se diseñó un protocolo de digitalización de bajo costo que permite digitalizar y preservar el patrimonio bibliográfico y editorial. El proyecto no solo amplía el acceso a estos acervos, sino que fortalece la investigación académica y deja capacidades instaladas en la Universidad.
Durante cinco años, docentes de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia y de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Tübingen adelantaron una investigación sobre revistas literarias de la primera mitad del siglo XX en Colombia. El trabajo permitió identificar nuevas dinámicas de circulación de ideas culturales entre América Latina y Europa y, de manera paralela, diseñar e implementar un sistema informático que hace posible la preservación y consulta de este patrimonio en entornos digitales.
Estos dos componentes —la investigación sobre transferencias culturales y el diseño del protocolo— constituyen los principales logros del proyecto Digitalización y transferencias culturales en las revistas literarias colombianas (1892-1950) —cuyos resultados se pueden consultar aquí—, coordinado por Ana María Agudelo Ochoa, del grupo de investigación Colombia: tradiciones de la palabra, adscrito a la Facultad de Comunicaciones y Filología de la UdeA, y por Hanno Ehrlicher, del equipo Revistas Culturales 2.0 de la Universidad de Tübingen.
«Las revistas son ventanas al pasado», explicó la investigadora Agudelo Ochoa. «En ellas está la huella de cómo llegaron esas ideas artísticas y literarias de Europa a América Latina, porque estas publicaciones aportan evidencia de que un libro circuló, de que un autor estuvo en el país o de que la misma revista publicó traducciones de obras extranjeras».
El proyecto, financiado por la Fundación Alemana para la Investigación Científica —DFG, su sigla en alemán—, también impulsó la transformación de prácticas de archivo en la Universidad, abrió nuevas rutas para la investigación bibliográfica y editorial y contribuyó a la formación de estudiantes y jóvenes investigadores de pregrado y posgrado.
Origen y desarrollo del proyecto La iniciativa surgió en 2018 a partir de una inquietud investigativa concreta: comprender cómo las corrientes estéticas, literarias y culturales que se originaron en Europa se difundieron en América Latina, y particularmente en Colombia, durante la primera mitad del siglo XX. Este interés coincidió con la trayectoria investigativa del profesor Hanno Ehrlicher, quien llevaba más de tres décadas rastreando revistas culturales europeas, especialmente en España.
Su experiencia en análisis de datos, humanidades digitales y tratamiento de archivos digitalizados se articuló con el conocimiento profundo del campo cultural colombiano del equipo de la Universidad de Antioquia. «La idea básica era aprovechar, por una parte, las metodologías de análisis basadas en datos hemerográficos que había trabajado en proyectos anteriores en Alemania y, por otra, el conocimiento que Ana María y su equipo tienen sobre el contexto cultural colombiano», recordó Ehrlicher.
El proyecto enfrentó dificultades iniciales: no fue aceptado en la primera convocatoria a la que se postuló. Sin embargo, tras ajustes metodológicos, en 2019 recibió la aprobación de la DFG y comenzó su ejecución en 2020, en medio de las restricciones impuestas por la pandemia de covid-19.
«Esta experiencia nos dejó claro que somos capaces de gestionar e invertir adecuadamente recursos de una convocatoria internacional muy exigente. A veces, como docentes o estudiantes, nos desanimamos frente a estos procesos por su complejidad, pero en este caso las ganancias han sido múltiples», señaló Agudelo Ochoa.
La investigación exigía acceder a publicaciones que, en muchos casos, se encontraban muy deterioradas o eran de difícil consulta debido a su fragilidad física. El estudio y la digitalización de las revistas seleccionadas —777 números correspondientes a 28 títulos— se extendieron por más de tres años, con protocolos estrictos de manipulación y preservación.
Para hacerlo posible, el equipo diseñó un flujo técnico completo que abarca la captura de imágenes, la edición, la estandarización, la creación de metadatos, el almacenamiento y la publicación en repositorios abiertos. Este proceso se desarrolló desde cero bajo un modelo de minimal computing: software libre, diseño sencillo, bajo costo y fácil replicabilidad. En este contexto, en 2023 se puso en marcha en el cuarto piso de la Biblioteca Central el dispositivo Úrsula, un módulo físico y metodológico que permitió digitalizar más de 90 000 imágenes correspondientes a 13 títulos de revistas patrimoniales, seleccionadas por su relevancia cultural, fecha de publicación y liberación de derechos de autor.
El material consultado para el proyecto se manipuló cuidadosamente, para evitar daños o un deterioro mayor al que presenta por el paso del tiempo.
Foto: Dirección de Comunicaciones / Alejandra Uribe F.
editorial y la memoria cultural digital en la UdeA
José Luis Arboleda, coordinador de Colecciones Patrimoniales de la Biblioteca Central Carlos Gaviria Díaz de la UdeA, destacó que el proyecto confirmó el valor de los fondos existentes y permitió que ese legado cultural adquiriera nueva vida en el entorno digital. «En las bibliotecas hay materiales muy valiosos que, por su estado físico, no siempre pueden consultarse. Realizar una digitalización rigurosa, con metadatos adecuados y en acceso abierto, es fundamental para la investigación», afirmó.
Cinco años de formación y un legado institucional Uno de los impactos más significativos del proyecto fue la formación de talento humano. En total, participaron dos doctorandos —uno con tesis finalizada y otro en curso— becados en la Universidad de Tübingen, una magíster en Literatura y 12 estudiantes de pregrado que se vincularon como pasantes, jóvenes investigadores o practicantes de filología, todos con estímulo económico.
Para Ehrlicher, este componente fue esencial: «Ha sido muy satisfactorio ver el desarrollo de jóvenes investigadores. Ellos aportaron un conocimiento profundo de los materiales y, desde el proyecto, se les ofrecieron oportunidades concretas de financiación y formación».
Nancy Vargas Castro, doctoranda en la Universidad de Tübingen, es uno de los ejemplos de este proceso formativo. Además de avanzar en su investigación doctoral, fue responsable de capacitar al equipo colombiano en la creación y uso de datasets, es decir, conjuntos de datos estructurados que hoy funcionan como bases abiertas para investigaciones futuras. «Antes solo tenía acceso a una parte de las revistas; con la digitalización pude consultarlas completas desde Alemania», explicó.
Vargas también señaló que, en el marco del grupo de investigación Colombia: tradiciones de la palabra, se creó un semillero de humanidades digitales enfocado en datos abiertos, cuyo desarrollo
estuvo estrechamente ligado al trabajo con la plataforma Revistas Culturales 2.0. «Digitalizamos nuevas revistas siguiendo rigurosamente los protocolos de la plataforma, lo que garantizó la compatibilidad técnica y la publicación libre de la información», precisó.
Gracias a estos aportes, la Universidad de Antioquia no solo cuenta hoy con nuevo material digitalizado en el repositorio de la Biblioteca —donde Úrsula continúa en funcionamiento—, sino también con un equipo humano cualificado que puede apoyar otros proyectos institucionales y adaptar este modelo a distintos contextos territoriales. Otro de los resultados estratégicos del proyecto fue la publicación del Manual de digitalización de documentos patrimoniales: una propuesta con Minimal Computing, disponible en acceso abierto El documento sistematiza la experiencia técnica y conceptual adquirida con Úrsula y la convierte en una guía replicable para bibliotecas, archivos comunitarios, colectivos culturales e investigadores que trabajan con materiales frágiles o de difícil acceso.
La acogida del manual evidencia la pertinencia de esta propuesta: desde su publicación, en octubre de 2025, ha superado las 2000 descargas, lo que refleja el interés de comunidades académicas y patrimoniales por metodologías accesibles, sostenibles y técnicamente sólidas.
Más que describir un procedimiento, el manual consolida una filosofía de trabajo basada en preservar, abrir y compartir. Documenta el flujo completo —desde la captura hasta la publicación en repositorios abiertos— y ofrece una base adaptable para que otras instituciones amplíen los alcances de la digitalización y visibilicen acervos que han permanecido marginados durante décadas.
Transferencias culturales: lo que revelan seis décadas de revistas La digitalización hizo posible el análisis académico de fondo: el estudio de las transferencias culturales, entendidas como el rastreo de la circulación y transformación de ideas literarias procedentes de Francia, Alemania o España en el contexto colombiano.
El equipo confirmó que, más allá de los autores canónicos, existía un amplio universo de escritoras y escritores que publicaron principalmente en revistas, en un contexto donde el ecosistema editorial nacional era aún incipiente. «Encontramos una veta de trabajo para muchos años: nombres que se quedaron en las revistas y nunca pasaron al libro», señaló la profesora Ana María Agudelo Ochoa.
Asimismo, a partir de avisos publicitarios, catálogos de librerías e imprentas, se reconstruyeron redes de circulación de libros importados. Esto permite mapear el comercio del libro y las prácticas de lectura en ciudades como Medellín y Bogotá, y abre nuevas líneas de investigación para el país.
El proyecto alimenta actualmente un repositorio digital de revistas literarias alojado en Zenodo, que permitirá anotaciones colaborativas mediante un visor especializado. De esta manera, investigadores y usuarios podrán enriquecer de forma continua la descripción de los archivos, consolidando una memoria cultural viva y en permanente construcción.
En la sala de Colecciones Patrimoniales de la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz de la UdeA queda el dispositivo Úrsula. Foto: Dirección de Comunicaciones / Alejandra Uribe F.
En las montañas del Oriente y las veredas de Urabá, en Antioquia, un grupo de mujeres está dándole otro sentido a la paz. Lejos de los discursos oficiales, la construyen desde lo cotidiano, cuidando sus cuerpos, sus comunidades y el territorio que habitan. La investigación «Mujeres y repertorios de paz», liderada por Lina Marín Moreno, recoge estas voces y muestra cómo, para ellas, la paz no es una promesa futura, sino una práctica diaria que se teje en comunidad.
Hacer juntas: narrativas femeninas sobre territorio y paz
Para Luz Emilsen Bedoya la paz está en la tierra y se cultiva a diario en el municipio de Sonsón, Oriente antioqueño. La siente cada vez que siembra papas, coles o remolachas, y cuando arranca hojas de las plantas aromáticas para preparar infusiones que alivian resfriados y otras dolencias. La vive también al reunirse con sus compañeras en la casa de la Asociación de Mujeres María Martínez de Nisser; donde, sentadas en el patio o en la ecohuerta, conversan mientras preparan los mercados agroecológicos en los que venden sus productos a la comunidad.
A más de 300 kilómetros de distancia, Luna Palencia Julio siente paz en el ambiente cada vez que escucha el tambor llamador del bullerengue; alrededor de ese sonido seco y agudo se reúnen los músicos, los bailaores y los cantaores de Ekuela, una casa de saberes en la que las niñas, niños y jóvenes de Chigorodó, en el Urabá antioqueño, aprenden a habitar el territorio a través de la música, la tradición y la cultura.
Para Luz Emilsen y Luna la paz no es un discurso institucional ni un decreto que se firma; es algo que se siembra, se canta y se construye en lo cotidiano: «Es poder estar, vivir y moverse con libertad; es una posibilidad para cumplir los sueños».
Estas palabras de Luz Emilsen surgieron de las conversaciones que propuso el proyecto «Mujeres y repertorios de paz: prácticas de cuidado del cuerpo-territorio en el Urabá y el Oriente antioqueño», una investigación de Lina Marcela Marín Moreno —doctora en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad y docente de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la UdeA—, que documenta y analiza las estrategias de construcción de paz elaboradas por mujeres en estas dos subregiones del departamento de Antioquia.
En enero del 2025, después de ser seleccionada como una de las investigadoras del programa «Orquídeas: mujeres en la ciencia» —una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que busca cerrar la brecha de género en la práctica científica—, la profesora Lina, junto a Kimberly Valencia, joven investigadora que la acompañó en el proceso, emprendió un recorrido por el Oriente y el Urabá, en busca de voces y relatos de mujeres vinculadas a organizaciones y procesos comunitarios que encarnan repertorios de paz: prácticas colectivas que permiten narrar y transformar el territorio a través de la memoria histórica, el arte, la educación popular, la espiritualidad y la defensa de los derechos humanos.
En esas visitas conoció a Luz Emilsen, a Luna y otras ocho mujeres, quienes, además de mostrarle cómo entienden y viven la paz, le confiaron sus sueños, lo que anhelan para ellas y para el territorio que habitan: «Las mujeres tienen una concepción diferente de la violencia; por eso, pueden aportar a la construcción de paz, más allá del discurso», dice la profesora Lina Marín.
LINA MARÍA MARTÍNEZ MEJÍA. Periodista Dirección de Comunicaciones UdeA lina.martinezm@udea.edu.co
Las voces de las mujeres del Oriente y Urabá narran cómo la memoria, el arte y el cuidado se convierten en caminos de paz. Foto: Sebastián David Duque.
Después de identificar los repertorios —cinco en el Oriente y cinco en Urabá—, comenzó un diálogo en el que las mujeres y las investigadoras le dieron un sentido propio al concepto de paz a partir de experiencias cotidianas. De este trabajo colaborativo resultaron diez relatos, tejidos mediante las producciones narrativas, una metodología que articula investigación académica y la voz de las participantes: «Elegimos este enfoque porque surge de la epistemología feminista y responde a una inquietud personal: las mujeres tenemos formas propias de escribir, de hablar y de contar que también son científicas, y son distintas a las que tradicionalmente encontramos en la academia, más rígidas y diseñadas desde perspectivas masculinas», explica la profesora Lina.
La paz se construye en comunidad
Las mujeres que participaron en el proyecto coinciden en que para hacer la paz hay que «estar y hacer juntas». De las conversaciones que sostuvo con las participantes durante un año, Lina Marín concluyó que «es casi imposible encontrar una práctica de paz realizada por una mujer en solitario; la paz es un proceso conjunto y colectivo que surge de encuentros permanentes y de la escucha mutua».
Para Luz Emilsen —que estudió psicología social— la paz es un asunto que se entreteje en el día a día y que tiene a la colectividad como pilar fundamental; para ella, «sembrar cura y juntarse para cultivar la tierra cura». El cuidado no es tarea de una sola persona, sino una labor conjunta que permite alivianar cargas: «Lo de las juntanzas también es muy de las mujeres campesinas; si una integrante de la Asociación de Mujeres María Martínez de Nisser tuvo bebé, nos juntamos para llevarle algo, nos ponemos a su disposición», cuenta Luz Emilsen, quien además abrió un consultorio de psicología en la asociación para cuidar la salud mental de las mujeres de su comunidad.
Para Luna Palencia la paz es el bullerengue mismo: «La esencia de esta danza ancestral está en el harambé, que en palabras sagradas afro significa hagamos juntos. Así como en el bullerengue cada persona tiene su asunto —su manera particular de bailar o cantar—, la paz se define por la forma en que cada territorio decide vivirla».
El bullerengue también le ha mostrado a Luna que el cuerpo es el primer territorio que se debe cuidar y sanar. Esta convicción nació, en parte, al observar prácticas estéticas dañinas entre las niñas y jóvenes de Urabá: algunas, con cabello afro, se aplicaban sustancias químicas que debilitaban su pelo hasta provocar su caída; otras, recurrían a cremas para intentar blanquear su piel. Estos casos impulsaron la creación de Ekuela como un espacio para resignificar la identidad afrodescendiente: «No se puede realizar un trabajo colectivo sano si antes no existe un proceso individual de autocuidado. Se cuida el cuerpo para poder cuidar de las otras, de la comunidad y, finalmente, del territorio», dice Luna.
Otra de las conclusiones del proyecto es que la independencia financiera también aporta a la construcción de paz. Iniciativas como el mercado agroecológico de la Asociación de Mujeres María Martínez de Nisser permiten que ellas descubran el valor de su propio trabajo y reciban ingresos propios: «La autonomía económica transforma la frustración histórica de las mujeres en libertad para habitar y defender sus territorios», explica la profesora Lina.
En enero del 2026 se publicaron los resultados de la investigación. Un sitio web que recoge los repertorios de paz narrados por las mujeres que participaron en el proyecto: diez relatos acompañados de ilustraciones que muestran las experiencias que lideran las protagonistas de estas historias; una serie de pódcast con diez episodios narrados por Luz Emilsen Bedoya, Luna Palencia y otras ocho mujeres que invitan a vivir la paz como una práctica viva, heterogénea y cotidiana Además, en las dos subregiones se realizaron dos instalaciones-collage para socializar y compartir los hallazgos y reflexiones que dejó «Mujeres y repertorios de paz: prácticas de cuidado del cuerpo-territorio en el Urabá y el Oriente antioqueño».
Como parte de la estrategia de apropiación social del conocimiento, el proyecto también presentó un artículo académico y un kit de herramientas de inteligencia artificial que facilita el trabajo de las organizaciones de mujeres que participaron en el proceso.
Imaginar la paz
A veces es difícil imaginar la paz en medio del conflicto; sin embargo, las iniciativas que lideran las mujeres en el Oriente y el Urabá demuestran que la imaginación colectiva juega un papel esencial en su construcción, pues les permite crear realidades y oportunidades distintas; para ellas, como concluye la profesora Lina Marín, «la paz es una acción viva que ocurre incluso en medio de la guerra». Así, la paz deja de ser un concepto abstracto y se convierte en un deseo compartido.
En estas regiones, esa apuesta se teje en medio de múltiples conflictos: el recrudecimiento de la violencia armada y las disputas por el control territorial, el avance de economías extractivas que encarecen y transforman la tierra, y estructuras patriarcales que limitan su autonomía y participación. Entre restricciones de movilidad, precariedad económica y mandatos culturales que desvalorizan su liderazgo, las mujeres sostienen procesos organizativos que desafían no solo la violencia, sino también las desigualdades históricas que atraviesan sus comunidades.
Es en ese contexto donde sus imaginaciones cobran fuerza y toman forma concreta. Por ejemplo, Luna Palencia y las integrantes de Ekuela se imaginan el Urabá como una «gran casa de saberes», un espacio acogedor donde cada uno tiene su lugar y puede habitarlo con tranquilidad. Luz Emilsen y sus compañeras se imaginan a Sonsón como un municipio donde las mujeres caminen juntas para cuidar de sí mismas, de sus familias y de la tierra. Un lugar donde la paz no sea un anhelo lejano, sino una práctica cotidiana que permita cumplir los sueños.
La pregunta parece simple, pero encierra una complejidad profunda: ¿de quién es una obra? Esa creación, ¿es propiedad del autor que la concibe, de quien la ejecuta, de quien la financia, de la persona que la vivió, de las comunidades que la han transmitido durante generaciones o de quien la convierte en relato? Desde el derecho, la música y el periodismo, tres investigadores de la UdeA reflexionan al respecto.
¿Quién es el dueño de una historia? El dilema de la autoría en la creación
A finales de los años 90 del siglo XX, la maestra María Eugenia Londoño Fernández y el maestro Alejandro Tobón Restrepo, investigadores del grupo Músicas Regionales de la Facultad de Artes de la UdeA, grabaron un disco con cantos ancestrales del pueblo embera chamí en la comunidad Karmata Rua Cristianía, asentada en el Suroeste antioqueño.
Poco después de publicado este trabajo académico, titulado Cantos embera-chamí, sin fines de lucro y fruto de una investigación de más de nueve años, una cantante en Cali tomó uno de esos cantos y lo incluyó en una producción musical comercial, en la que reconocía que la autoría del mismo era de la comunidad indígena, pero esta consideró que esa pieza musical había sido sacada de su contexto ancestral y estaba interpretada con dinámicas diferentes a las tradiciones de su pueblo, además de que se había hecho sin su autorización.
El reclamo jurídico de la comunidad fue acompañado por los investigadores y otras instancias de la UdeA, hasta que la justicia restauró los derechos de este pueblo sobre el canto tradicional, para que no fuera objeto de explotación comercial. La adaptación dejó de ser difundida y la artista debió compensar a la comunidad con material pedagógico para la escuela de Karmata Rua Cristianía.
Este es un ejemplo de lo que puede pasar con la explotación de una creación intelectual, individual o colectiva, y por esta razón son bastantes las disputas que se dan en Colombia y el mundo entre quienes idean, protagonizan o viven algunas historias y quienes las difunden.
En el caso mencionado, estaba clara la propiedad de la obra, pero hay situaciones más complejas en las que es difusa la frontera entre las vivencias de una persona y la creatividad de otra, que se plasma en libros, reportajes, películas, fotografías, pinturas y otros formatos. Esto provoca reclamos y disputas jurídicas: algunos buscan proteger su privacidad, otros intentan establecer límites o vetos a las obras, y otros reclaman indemnizaciones o
CARLOS OLIMPO RESTREPO S. Periodista Dirección de Comunicaciones UdeA olimpo.restrepo@udea.edu.co
La creación de una obra parte muchas veces de hechos reales, lo cual genera, en ocasiones, reclamos de personas sobre la propiedad de esta. En la imagen, rodaje de una película.
beneficios económicos derivados de su explotación comercial. Para Felipe Londoño Velásquez, abogado de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación —Otri— de la Universidad de Antioquia, en el plano de los derechos de autor, el punto de partida es claro: una historia no se protege en abstracto, sino desde la forma concreta en que se expresa.
«Yo no estoy hablando de una historia. Estoy hablando de la obra que es el artículo periodístico, el libro, el paper, la película, esa es la obra», subrayó el experto, tras lo cual explicó que la discusión debe situarse siempre en el terreno de la creación y no en el de los hechos o relatos que la anteceden.
Desde esta perspectiva, los derechos de autor hacen parte de la propiedad intelectual y se dividen en derechos morales y patrimoniales. Los primeros, ligados de manera irrenunciable a quien crea la obra, garantizan, entre otros aspectos, el reconocimiento de la autoría. «Yo tengo derecho a aparecer ahí como el fotógrafo o como quien escribió un artículo», manifestó el jurista.
Los derechos patrimoniales, en cambio, se refieren a la explotación económica de la obra y pueden recaer en una persona jurídica, sea esta una empresa periodística, una productora audiovisual o musical, una editorial u otra entidad.
Esto implica que, aunque el autor conserve sus derechos morales, la titularidad patrimonial puede corresponder a la entidad para la que trabaja. «Un artículo que aparece en nuestra página web es de la UdeA y aquí es necesario recordar que el dueño es el titular, es quien toma las decisiones de si se regala, se vende o se lleva al cine», aseguró el experto.
Esta distinción resulta clave para el periodismo, donde las fuentes aportan información, testimonios o vivencias, pero no son autoras de la obra final. «La regla general, sobre todo en trabajos periodísticos, es que una persona fuente de información no es la autora de la obra»,
Foto: cortesía Ana Kata Carmona.
En Colombia, el régimen de derechos de autor se fundamenta en la Ley 23 de 1983, la cual protege creaciones artísticas, literarias y científicas, así como derechos conexos — intérpretes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión—. Ha sido modificada y complementada por la Ley 44 de 1993, la Ley 1403 de 2010 y la Ley 1915 de 2018. Esta última actualizó la protección para los entornos digitales.
aseguró Londoño Velásquez. Gabriel García Márquez, por ejemplo, recogió en Relato de un náufrago —1955— la experiencia de Luis Alejandro Velasco, quien estuvo 10 días a la deriva en el mar Caribe. Cuando el autor ya era famoso y las crónicas se publicaron en forma de libro, el marinero lo demandó para exigir más dinero de las regalías que ya le daba de manera voluntaria. La justicia le dio la razón al escritor y el demandante dejó de recibir este recurso.
Muchos creadores en diferentes momentos
Desde la música, Alejandro Tobón Restrepo propone una mirada más dinámica sobre la autoría. Para este etnomusicólogo y docente de la Facultad de Artes de la UdeA, la pregunta por el dueño de una obra no admite una única respuesta, pues depende del momento y del estadio en el que se encuentre.
Sin embargo, esa autoría inicial se transforma cuando la obra entra en circulación. «En el momento en que la obra se ejecuta, tiene otros dueños: quien la interpreta, porque le pone su propio sello; quien la escucha, porque la asume dentro de su construcción como persona; y quien la transforma o la versiona», expuso el profesor Tobón Restrepo.
En ese tránsito, la obra va acumulando capas de sentido, apropiaciones y derechos simbólicos que complejizan cualquier intento de fijar una propiedad única y estable.
Esta lógica se hace más evidente en músicas ancestrales, donde la noción de autor individual pierde sentido. «Las músicas tradicionales son propiedad del grupo humano que las produce, que las transforma y las apropia a lo largo del tiempo», sostuvo.
Otro punto de tensión aparece cuando la creación se nutre de la vida real para construir ficción. ¿Hasta dónde llega el derecho a crear ficción? Para el profesor Tobón Restrepo, la respuesta es clara: la creación artística implica necesariamente una apropiación del mundo vivido. «Todos tenemos derecho a ficcionar, a construir relatos a partir de lo que vivimos o de lo que vemos».
El abogado Londoño Velásquez admitió que este es uno de los terrenos más complejos, especialmente cuando entran en juego derechos como el buen nombre o la integridad moral. Aunque una obra de ficción esté protegida por derechos de autor, existen casos en los que un juez puede ordenar modificaciones si considera que se vulneran derechos fundamentales de una persona.
Este es el caso de la película colombiana Noviembre (2025), a la cual se le suprimió parte de su contenido y se le agregó una advertencia inicial para dejar claro que, aunque la creación está basada en un hecho real, la toma del Palacio de Justicia en 1985, se trata de una obra de ficción.
Al respecto, Ana Kata Carmona, guionista, productora y directora de series y películas, aseguró que la distinción principal al hablar de obras basadas en hechos reales, inspiraciones o adaptaciones es, ante todo, la naturaleza y el objetivo de la obra. «Cuando se trata de productos documentales, informativos o noticiosos, existe un compromiso
claro con la realidad, que implica fidelidad a los hechos y la construcción de una verdad sustentada en fuentes, testimonios y contexto». En cambio, en las obras de carácter ficcional o artístico, el margen creativo es mayor. «Un autor puede inspirarse en hechos o personas reales sin reproducirlos fielmente, ya que la expresión “inspirado en” no implica necesariamente una reproducción exacta», explicó Carmona, quien agregó que siempre que no se vulneren los derechos de autor, este tipo de obras «no tiene la obligación de rendir cuentas a la realidad ni de responder a una verdad histórica o factual».
La obra del periodista en este contexto Otro caso es el de los contenidos periodísticos, los cuales siempre toman sus elementos de la realidad, pero el lenguaje narrativo, la manera como se construyen y se presentan los hechos, son decisiones de los periodistas.
Desde el inicio de la reportería —cuando el periodista ve un hecho o recoge testimonios de quienes lo vieron, observa escenarios o revisa documentos—, hasta las decisiones narrativas, el autor construye de manera gradual una obra intelectual, sobre la cual se debate más allá de los derechos de autor.
Juan David López Morales, periodista y director del periódico De la Urbe, de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la UdeA, destacó que en esta discusión se identifican, al menos, dos posiciones extremas. Por un lado, aquella que concibe al periodista como dueño único de la versión de la historia que elaboró y que se apoya en la necesidad reconocida en el mundo de que el periodismo debe ser independiente de las fuentes, con el fin de garantizar que estas no manipulen un texto, una imagen, un video o un audio ya editados y revisados por el reportero y su editor.
«En el momento en el que se tiene que negociar con la fuente qué contar y qué no contar y cómo contarlo, se renuncia al principio universal de la independencia periodística», aseguró López Morales. En el extremo opuesto está la idea de que las historias pertenecen a las personas o grupos que las vivieron. «Desde esta perspectiva, es necesario que el periodista esté en una negociación permanente con las fuentes sobre cómo contar la historia, lo cual las hace coautoras y coeditoras. Y aquí hay un elemento muy importante a considerar: no es lo mismo negociar con una fuente poderosa que hacerlo con alguien en situación de marginalidad, vulnerabilidad o resistencia frente a otros poderes», explicó el profesor.
El caso de libros o reportajes no autorizados por algunos personajes ilustra bien esta tensión. Julio Mario Santo Domingo, por ejemplo, no autorizó su biografía escrita por Gerardo Reyes. «Es la historia de su vida, literalmente, pero esa historia no le pertenece», dijo López Morales, en consonancia con el abogado Londoño Velásquez.
«En el momento en que el periodista decide cómo contar una historia, ya se está apropiando de ella», incluso si acoge los deseos de las fuentes sobre cómo presentarla o si acordó con ellas una autoría compartida, sostuvo el director del periódico De la Urbe. Pero en estos casos, «quien da la cara frente a los halagos y las críticas sigue siendo el periodista. La responsabilidad pública no se delega», agregó.
Y desde el punto de vista legal, es necesario diferenciar entre la información como bien público y la obra periodística como objeto de derechos de autor. La información, en principio, pertenece a la sociedad; la obra —el reportaje, el libro, la crónica— es el resultado de un trabajo creativo protegido.
En conclusión, la propiedad de una obra no es solo un asunto legal, es el reconocimiento a la capacidad de transformar una historia de vida en un relato creativo. El creador no es un simple transcriptor de hechos, les da voz a las vivencias de otros sin desconocer el origen de su inspiración.
El Herbario de la Universidad de Antioquia es el segundo más grande del país. Este acervo, abierto para consulta de toda la comunidad universitaria, está conformado por 243 000 especímenes de Colombia y de otras partes del mundo.
PAULA VILLA ARTEAGA Periodista Dirección de Comunicaciones UdeA paula.villa1@udea.edu.co
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