Profesiones

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Entrevista a Victoria Camps, filósofa y catedrática emérita de la Universidad de Barcelona
Día Mundial de las Profesiones Liberales (23 de septiembre)
Presentación pública del Programa sobre Competencias Digitales de Unión Profesional


Lidera el cambio en tu profesión


Con motivo de la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas y coincidiendo con el 80 aniversario de la creación de este organismo multilateral, el rey Felipe VI se dirigía a dicha asamblea reclamando que «la dignidad del ser humano no es negociable».
Las profesiones no solo nos sumamos a esta exigencia sino que intentamos ponerlo en práctica, de manera individual —cada vez que una o un profesional lleva a cabo su labor diaria, de acuerdo con su código deontológico, aprobado por su corporación colegial— así como de manera colectiva, mediante su alianza en la asociación que agrupa a las profesiones colegiadas en España, Unión Profesional. El número 217 de la revista Profesiones contiene ejemplos de ello, en el trabajo realizado por las corporaciones colegiales tras los incendios acontecidos durante el pasado verano, momentos en los que se pusieron a disposición de la población los medios adecuados para solventar sus necesidades más inmediatas. En este sentido, las profesiones colegiadas agrupadas en Unión Profesional y a iniciativa del Consejo General de la Abogacía, ponían en marcha una comisión especial ante desastres naturales como el vivido a causa de unos incendios, cada vez más agresivos, fruto del cambio climático que asola nuestro planeta. Dicha comisión se enmarca en la Conferencia Multiprofesional que Unión Profesional creaba el pasado 2021 con motivo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El pasado año, concretamente el 29 de octubre, una dana arrasaba las tierras de la Comunidad Valenciana y del este de Castilla La Mancha, llevándose consigo numerosos coches, enseres, tierras de cultivo, viviendas, pero sobre todo, vidas humanas. Las profesiones volvieron a responder de manera individual y colectivamente, procurando que la dignidad de las personas se mantuviera en todo momento en el centro de la acción profesional.
Con el mismo propósito, mantener la dignidad del ser humano en el centro de cualquier acción, Unión Profesional se posicio-
EDITA
Unión Profesional
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INTERNACIONAL
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ECONOMÍA
Eugenio Sánchez Gallego
naba con respecto a la situación humanitaria vivida en la Franja de Gaza durante dos años de ataques por parte del Ejército israelí. Y así reivindicaba un proceso de paz verídico y de nuevo poniendo a las vidas humanas en el centro, lo que supone proteger el ejercicio profesional, objetivo de guerra durante estos dos años de masacre indiscriminada contra una población civil indefensa ante unos ataques desmedidos, tras el atentado ocurrido el 7 de octubre del 2023 por parte de la organización terrorista Hamás.
Así se entendió el Día Mundial de la Profesiones Liberales (23 de septiembre), circunstancia precisa en la que Unión Profesional insistió en reivindicar la protección de la dignidad humana: «En el Día Mundial de las Profesiones Liberales, la entidad que agrupa a las profesiones colegiadas en España, Unión Profesional, reivindica los principios rectores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por los cuales han de regirse los Estados y sus profesiones, y que tienen su razón de ser en la protección y el bienestar de la población mundial».
Teniendo muy presente esta encomienda de todas y todos los profesionales, Unión Profesional está igualmente centrada en el futuro del ejercicio profesional y este pasa por la formación en competencias digitales, puesta en marcha con el apoyo de Red. es y los fondos Next Generation. Dicha formación fue presentada el 29 de octubre en un acto público en la Casa de América, lugar que acogió el lanzamiento de Upro, el programa formativo transversal y multisectorial en el ámbito de las profesiones colegiadas, cuyo objetivo es formar a 80.000 profesionales en competencias digitales e inteligencia artificial. Una iniciativa sin precedentes en España que busca situar a la vanguardia a la comunidad profesional colegiada de nuestro país. Defender la dignidad es defendernos como especie, como comunidad y también como futuro. En un mundo entretenido en lo inmediato, proteger profesionalmente la dignidad humana, es tener presente que el respeto por cada persona es innegociable e inexcusable.
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ACTUALIDAD ENCUENTROS PROFESIONALES
#6-8 Entrevista a Victoria Camps, filósofa y catedrática emérita de la Universidad de Barcelona
#9 Las profesiones a favor de la paz en Gaza y la protección del ejercicio profesional en conflictos armados
#18-19 Pluriempleo, una realidad cada vez más extendida frente a la precariedad
ECONOMÍA
#23 La productividad en el sector servicios en España: el reto de los servicios profesionales. Por ÁngelTalavera
#24 CBNK: proximidad y especialización al servicio de los profesionales. Por InmaculadaGómez
INTERNACIONAL
#33 Unión Profesional reivindica la protección de la dignidad humana
#34-35 Los retos futuros de la legislación de la IA para las profesiones. Por AnthonyBochon
NUEVAS TECNOLOGÍAS
#38-41 Especial Competencias Digitales 40
MEDIO AMBIENTE
#27-30
Profesiones y Compromiso

#44 Respuesta de las profesiones a la catástrofe de los incendios estivales #45 Cuando el fuego se apaga, empieza otra batalla. Por Raúl de la Calle
EDUCACIÓN Y CIENCIA
#49 El Pacto por las Competencias: una oportunidad para los colegios profesionales. Por Cristina Sancho
#50-51 Los valores de la expedición científica, útiles para forjar profesión
CULTURA OPINIÓN
#52-54 Entrevista a Jordi Martí Grau, Secretario de Estado de Cultura
#56 Profesiones y la democratización del arte. Por MarianaRey
#58-59 La necesidad de profesiones en la urgente acción humanitaria en Gaza. Por Tomás Cobo
Copyright imágenes Portada: Pixabay Recurso: Pixabay/Freepik

Lucía Mateos Jaquete
Técnica de investigación en el Instituto de Estudio de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)
El Derecho Internacional Humanitario (DIH) atraviesa uno de los momentos más críticos desde su codificación moderna. Las normas que deberían proteger a la población civil y garantizar el acceso humanitario se ven cada vez más vulneradas en conflictos donde la violencia se normaliza y la impunidad se expande. La violencia deliberada contra civiles y personal humanitario se ha convertido en una constante que pone en cuestión la vigencia misma de los principios humanitarios.
El caso de Gaza, con más de 66.000 civiles y 543 miembros del personal humanitario asesinados, ilustra de forma dramática esta deriva. Pero no es un hecho aislado. En Sudán, entre el 5 y el 8 de octubre de 2025, se registraron nuevos ataques, entre ellos el bombardeo de un hospital que dejó al menos 53 víctimas mortales, recordando que también en las llamadas «crisis olvidadas» el DIH se viola de manera sistemática.
Paralelamente, la esfera pública se ha convertido en un espacio donde estas vulneraciones se exhiben y hasta se justifican, erosionando los consensos éticos que sustentan el derecho humanitario. Frente a este panorama, la diplomacia humanitaria adquiere un papel central. Esta implica el uso de medios políticos y diplomáticos por parte de actores estatales y no estatales para promover la protección de la población civil, el respeto al DIH y el acceso seguro a la asistencia. Este compromiso requiere acciones coherentes, constantes y estratégicas que refuercen la credibilidad y legitimidad de quienes defienden, en medio del conflicto, el valor irrenunciable de la humanidad.

Joaquín Nieto Sáinz Presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)
Bienvenido el alto el fuego y la liberación de presos y rehenes. Bien llegada la ayuda humanitaria para aliviar la hambruna genocida. Cuánta gratitud a la presión ciudadana, internacional y española, que deberá continuar. Pero también cuánta incertidumbre sobre un futuro respetuoso con los derechos humanos.
No hay vocabulario para describir el horror sufrido por la población gazatí tras dos años de ofensiva israelí. No ha sido una guerra, ha sido un genocidio: bombardeo diario e indiscriminado contra la población y los disparos contra no combatientes, niñas y niños incluidos, que han acabado con la vida de no menos de 67.000 personas, un tercio menores, y con cientos de miles de heridos; destrucción total del sistema sanitario, que tiene y tendrá consecuencias dramáticas durante generaciones; bloqueo para impedir el acceso al agua y los alimentos hasta generar una verdadera hambruna, causando la muerte diaria de decenas de niños y mayores, como atestiguan las horribles imágenes que llegan a nuestras pantallas, a pesar de que el Estado israelí en su ofensiva genocida ha asesinado a más de doscientos periodistas para que no pudiéramos verlas. En ese contexto, cómo no estallar de alegría ante la firma de un alto el fuego y la devolución de rehenes y de presos —que nunca deberían haber sido secuestrados, ni encarcelados—. Cómo no recibir con ansiedad la llegada de alimentos y medicinas. Cómo no soñar con un escenario de paz. Pero ese sueño no será realidad si no se establece un plan de paz negociado y acordado con las organizaciones palestinas, con la participación de las mujeres, supervisado por Naciones Unidas presidido por los principios del Derecho Internacional Humanitario, que incluya el respeto a las resoluciones internacionales sobre los asentamientos de colonos en Cisjordania y el establecimiento de mecanismos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Sigue siendo imprescindible una sociedad civil activa y movilizada, sigue siendo necesaria, más necesaria que nunca, la acción social y jurídica de las asociaciones y personas defensoras de los derechos humanos.

Entrevista Victoria Camps, filósofa y autora de Lasociedaddeladesconfianza(Arpa, 2025)
«Es acuciante que las profesiones, dada su vocación de servicio, reflexionen en qué medida su labor contribuye al mejoramiento de la sociedad»
De Tiempo de cuidados, escrito en pandemia, a La sociedad de la desconfianza, que ahora llega a nuestras manos se percibe una evolución en el diagnóstico político y social. ¿Cómo consideras que ha evolucionado tu mirada filosófica?
Yo no diría que es una evolución negativa, pero si crítica. Durante la pandemia fuimos conscientes de nuestra interdependencia, que siempre está bastante limitada a lo que es el entorno más cercano de las personas, lo que me dio pie a reflexionar sobre los cuidados. La desconfianza, por su parte, estaba presente mucho antes de la pandemia; no obstante, la desconfianza a la que yo me refiero en el presente ensayo es una desconfianza ligada a la soledad del individuo con respecto de la vida política, las instituciones y las grandes corporaciones privadas que nos ofrecen servicios y no cumplen las expectativas con respecto a innovaciones como la inteligencia artificial, que ayuda y confunde al mismo tiempo, dificultando aún más la relación con las personas. Creo que la única confianza que se mantiene a día de hoy es la propia del núcleo familiar, la que tiene que ver con el entorno más cercano de familia y amistades, pero que, según cómo evolucione la sociedad, puede que también acabemos perdiendo.
Recoges en tu ensayo que es ahora cuando nos damos cuenta de que durante decenios nadie se ha tomado en serio algunos derechos fundamentales, como es el derecho a la vivienda. Tenemos detectadas las problemáticas pero falta acción, apuntas. ¿Cómo pasamos de los derechos a los hechos, clave para recuperar la confianza en la vida política y en las instituciones? Los diagnósticos los conocemos muy bien cuando hacemos frente a problemas concretos, como puede ser la vivienda, pero, a su vez, nos encontramos ante un ecosistema polarizado que produce hastío, desgana y desafecto con respecto a la política. Para colmo, no sabemos si los medios de comunicación nos acaban de informar bien o mal porque solo se habla de las noticias falsas. Como decía, conocemos el diagnóstico, sabemos por qué ocurre lo que ocurre e incluso existen promesas de intentar resolverlo. Pero, lo que no vemos es que ese intento sea cierto; es decir, que las expectativas se cumplan y se vaya avanzando en la resolución de problemas colectivos como son las migraciones, el cambio climático, las desigualdades nuevas que han ido
apareciendo, y que necesita de una reflexión más global. Hecha esa reflexión global, la actuación tiene que ser más local. Esa actuación es la que no constatamos, y lo que produce desconfianza.
Abordas en este texto las tensiones entre libertad e igualdad, y escribes sobre resignificar qué entendemos por libertad hoy desde una concepción positiva del término. A su vez, apelas al lector, a la sociedad, a que abrace la felicidad de ser responsable. La idea de libertad que manejamos hoy está muy presente en todo el libro porque creo que es la raíz más profunda de la desconfianza. Se trata de una libertad que nos lleva a un individualismo excesivo, que es el que propicia la economía de consumo y que se aprende por ósmosis en la sociedad en que vivimos. Una libertad que, por una parte, impide que el individuo intente pensar por sí mismo porque se ve arrastrado por publicidad, propaganda e influencias que apenas percibe como negativas. Por otra parte, esta idea de la libertad solo busca a la hora de tomar decisiones el provecho personal, dejando a un lado la comunidad. Mi propuesta radica en ir un poco más allá de nosotros mismos y ver en qué medida podemos contribuir a la toma de decisiones para que todo mejore.
Porque muchas veces protestamos contra problemas como el mismo cambio climático o la migración, pero, ¿qué hacemos realmente como individuos para intentar mejorar la situación?. La libertad individual, que ha sido un progreso de la modernidad, ha creado un modelo de Estado del cual esperamos que resuelva todos nuestros problemas y que nos proteja de cuestiones que van más allá de sus funciones. Garantiza derechos básicos, como la salud, la educación o la seguridad social. Y, a su vez, le pedimos muchas más cosas pues pensamos que es él el que ha de solucionar muchos problemas colectivos, dejando a un lado el espíritu, la responsabilidad cívica. Se nos olvida que, como ciudadanos, también nos debemos a una serie de deberes, virtudes que debemos desplegar para que la sociedad funcione mejor.
Al buscar la raíz de la palabra confianza nos encontramos con su origen etimológico en el concepto de fe, que tiene una connotación religiosa, pero que tú propones trascender por medio de la ética.
Recordemos que las virtudes teologales son tres: fe, esperanza y caridad. La fe es la fe en Dios, es decir, en una


providencia que genera confianza en la divinidad, no en las criaturas que han sido creadas por Dios. Esa fe ya no está presente en toda la sociedad pues vivimos en sociedades secularizadas, laicas, que deben confiar en sí mismas, es decir, deben tener fe en sí mismas como colectividad y a nivel individual para ir avanzando, lo que es mucho más complicado que creer en un ser trascendente que te va a resolver los problemas, si no es en esta vida, en la otra. Le dedico un capítulo a la educación porque no se es muy consciente de esa necesidad de formar el carácter de las personas para que sean conscientes de que, si queremos mejorar el mundo, depende de cada uno de nosotros, así como de las organizaciones políticas y sociales que vayamos formando. Tenemos que ponerle voluntad nosotros. Es ahí donde reside la ética, porque formar el carácter de las personas es formar una personalidad moral, lo que los griegos entendían como adquirir una serie de virtudes, el llegar a ser virtuoso, que para ellos era la vía hacia la felicidad. Pero no la felicidad entendida como acumulación de riqueza o convertirse en una persona que triunfa en la vida, sino como una persona que tiene un plan de vida que no piensa en solitario, y en el que tiene en cuenta que forma parte de una sociedad.
Afirmas que «confiar es entregarse al otro», y aquí incluyes a la comunidad profesional, destacando que lo que destruye esa confianza son las malas prácticas. ¿Qué rol tienen, desde tu punto de vista, las organizaciones colegiales y sus herramientas de control profesional?
Las malas prácticas tienen que ver también con lo que decía antes sobre el diagnóstico de lo que no funciona. Somos conscientes de esas malas prácticas, desde luego. Creo que ha habido un gran avance en la conciencia profesional de que la ética debe estar presente en la vida profesional, y hay profesiones que lo han hecho mejor que otras. ¿Qué ocurre? Que normalmente las herramientas de control profesional, como los códigos deontológicos, señalan esas malas prácticas pero no las resuelven; al menos, no en la práctica. Si realmente se quiere llevar el código a los hechos, a la realidad, hay que evaluarlo constantemente, y eso es lo no se hace. Ahí encontramos otra expectativa que no se cumple.
¿Dirías que es ahí donde radica la desconfianza en las organizaciones profesionales? Si, sin duda. En ciertas organizaciones, sobre todo aquellas que deberían controlar y que, sin embargo, no se ocupan activamente de esta cuestión. Lo digo con conocimiento de causa, en parte debido a que, para la elaboración de códigos éticos y deontológicos, he tenido contacto con algunas de ellas. Es en estos procesos que me he dado cuenta de cómo, en la configuración del código de una profesión, se prima la defensa de la profesión más que el servicio que esa profesión puede hacer a la sociedad. Es decir, está defendiendo más sus propios derechos que los deberes, cuando los códigos éticos y deontológicos —o lo que es lo mismo, la ética—, de lo que principalmente habla es de deberes.
Dedicas otro capítulo a la vocación en las profesiones, donde encontramos reflexiones que prorrogan ideas ya esbozadas en

Tiempo de cuidados y que enlazan con el sentido que le damos hoy a ese concepto que, como ocurre con la confianza, también está ligado a la fe.
La vocación es también un concepto que, en principio, es religioso, pero que se ha convertido en un concepto aplicado a la vocación profesional, sobre todo con respecto a aquellas profesiones que más claramente están haciendo un servicio a los demás, a la sociedad. La pregunta que yo me hago es hasta qué punto podemos seguir hablando de ese concepto originario de vocación cuando las especialidades más sacrificadas de una profesión apenas son escogidas. Porque, hablar de vocación y eliminar el sacrificio es bastante contradictorio. Entonces, ¿existe todavía la vocación profesional o lo que se piensa al elegir una forma de vida profesional es más el beneficio propio exclusivamente, con lo cual la idea de vocación está totalmente perdida?
Decías, además, que si todo falla a nivel colectivo es porque fallan las voluntades que gestionan las organizaciones, y lo achacas a una grave carencia en el compromiso con el bien común y a una sociedad que premia los vicios frente a las virtudes. Frente a esta situación, tu propuesta para romper con esas dinámicas son los círculos virtuosos. La idea de los círculos virtuosos la tomo de dos premios Nobel, Daron Acemoglu y James A. Robinson, que en sus obras abordan la necesidad de crear círculos virtuosos. Hay que entender que la ética es una cuestión de voluntad, de querer hacer las cosas bien. La voluntad de hacer el bien, decía Kant, es lo único bueno que hay en el mundo. Entonces, ¿cómo se forma esa voluntad de hacer el bien? Aristóteles dice que la voluntad, como el resto de las virtudes, no se adquiere como cualquier otro conocimiento; es una cuestión de práctica que se adquiere a través de la mímesis de aquellos que hacen las cosas bien. Es decir, se adquiere a través del ejemplo.
Si en el momento de una catástrofe, como los incendios de este verano, sabemos de las consecuencias del cambio climático, tenemos un diagnóstico, pero no se toman medidas, podemos deducir que, por parte de los de los gobiernos de todos los niveles —locales, autonómicos y nacionales—, no hubo ninguna voluntad de desarrollar un sistema preventivo básico para que no ocurriera lo que sucedió. Crear círculos virtuosos supone dar ejemplo a partir de una serie de deberes tan asumidos que no se te ocurre hacerlo de otra forma. Si los gobiernos no se llaman por teléfono cuando ocurre una catástrofe, si no entienden como un hábito coordinarse para ver qué hacer entre todos, estaremos abocados al desastre.
En la presente situación de desconfianza, siguiendo la lógica de los círculos virtuosos, ¿qué análisis haces del rol de las profesiones en nuestra sociedad?
Como comentábamos, las preguntas que la comunidad profesional suele hacerse a la hora de valorar su labor suelen tener más en cuenta los beneficios que puedan repercutir en
su empresa que los servicios que pueda ofrecer a la sociedad. Por eso mismo, creo acuciante que las profesiones, dada su vocación de servicio, reflexionen en qué medida su labor contribuye al mejoramiento de la sociedad.
Citas a Eleanor Roosvelt que, a los diez años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, afirmó que «sin una acción ciudadana concertada para hacer estos derechos cerca de casa, en vano buscaremos el progreso a mayor escala».
Como ya he comentado, en la educación está la clave del cambio, empezando por la familia; considero que todas las personas adultas tienen una obligación de ejemplaridad en lo que hacen en su día a día. Por eso me parece muy interesante esa cita de Eleanor Roosevelt, siendo muy significativo que sea la cita de una mujer, que es quien tradicionalmente ha estado más en contacto con las cosas pequeñas del día a día, al menos hasta el momento. Porque es en el día a día donde te das cuenta de que fallan muchas cosas y que, a veces, lo que se predica con grandes manifestaciones es muy hipócrita con respecto al comportamiento cotidiano, que no recoge esos mismos valores que se defienden cuando se abandera una gran causa.
La ética del día a día es la ética del cuidado, tradicionalmente asignada a las mujeres. ¿Consideras que esta, como otras cuestiones de género, han cambiado lo suficiente en lo que llevamos de siglo XXI?
Si, creo que ha habido una transformación, con sus más y sus menos. Cuando yo escribí El siglo de las mujeres a finales de los ochenta apuntaba tres cuestiones fundamentales en materia de igualdad. Una era la violencia de género, que no ha cambiado casi nada a pesar de todo lo que se está haciendo para que el machismo desaparezca. Otra era la paridad en los puestos de responsabilidad y demás espacios de toma de decisiones, que está cambiando bastante, pero ha costado un poco más. Y el otro es el reparto del trabajo en la vida familiar, que también está costando, pero creo que ha cambiado mucho. O sea, no hay una diferencia abismal entre mi generación y la de mis hijos, pero ha habido un progreso importante hasta el punto de que ahora se plantea en términos de corresponsabilidad.
En línea con el giro ético que planteas en este ensayo, ¿cuál sería la filosofía de vida compartida que hemos de imaginar para proyectar un futuro mejor?
Me cuesta mucho pensar cómo puede ser el futuro para que sea más ilusionante porque vivimos un presente en el que estamos más en lo negativo y no pensamos en la posibilidad. Mi apuesta reside en el pensamiento crítico: ¿qué debemos hacer si queremos ser ilustrados? Pensar por nosotros mismos, plantearnos qué queremos ser de verdad, qué queremos hacer para tener un plan de vida a partir del cual, cuando nos toque irnos de este mundo, podamos sentirnos satisfechos ¿De qué? De que hemos hecho cosas que valían la pena.
Ante la creciente preocupación de la situación humanitaria en Gaza y lo sucedido en estos dos años de conflicto en los que la población civil ha sido masacrada y el ejercicio profesional ha sido objetivo de guerra, el grupo de trabajo de Asuntos Humanitarios de Unión Profesional se reunía el pasado 8 de octubre para trazar una hoja de ruta a favor de la paz y del necesario amparo de la población civil a través de la protección del ejercicio profesional en conflictos armados.
Para ello, entre otras acciones, se ha decidido llevar a cabo una serie de seminarios en los que expertos y expertas compartirán con las corporaciones colegiales, así como con las fundaciones y ongs vinculadas a los miembros de Unión Profesional, sus reflexiones sobre el papel de las profesiones colegiadas en el contexto del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Además, coincidiendo con el trimestre en el que se conmemora el Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre) se organizarán varios actos en los que las profesiones podrán recibir información sobre las necesidades más acuciantes en territorios en conflicto, especialmente en la Franja de Gaza, donde han sido asesinados profesionales —periodistas, médicos/as, docentes, enfermeros/as o abogados/as, entre otros— debido
a los ataques del Ejército israelí. Igualmente, las instalaciones en las que dichos profesionales llevaban a cabo su labor —hospitales, centros escolares o colegios profesionales— han sido bombardeados haciendo inviable el ejercicio profesional y, por ende, imposibilitando el cuidado y la protección de la población civil.
En estos momentos en los que el proceso de paz vuelve a ser noticia, Unión Profesional junto a sus fundaciones y ongs, queremos insistir en la urgente formalidad del mismo, poniendo en el centro la dignidad de las personas como derecho fundamental inherente a todo ser humano y base en la que se cimentan los derechos humanos.
Esta acción del grupo de trabajo de Asuntos Humanitarios está contextualizada en la Conferencia Multiprofesional de Unión Profesional, constituida por diferentes comisiones especiales.

Unión Profesional se suma a la llamada global de Reporteros Sin Fronteras y
Unión Profesional, asociación que agrupa a las profesiones colegiadas en España, se sumó a la iniciativa de Reporteros Sin Fronteras y el movimiento mundial ciudadano Avaaz, coordinada con decenas de medios y organizaciones periodísticas de todo el mundo en defensa del ejercicio del periodismo en Gaza.
Tal y como recoge el comunicado de RSF y Avaaz, «la masacre contra los periodistas palestinos por parte del Ejército de Israel ha sido sistemática, deliberada y, peor, se comete con total impunidad, vulnerando todos los principios del Derecho Internacional Humanitario. Esta situación intolerable, agravada por la prohibición a la prensa extranjera de acceder a Gaza —un hecho insólito destinado a apuntalar el apagón informativo en la Franja— amenaza con erradicar el periodismo en Gaza, vital para documentar los crímenes del Ejército israelí».
Como hemos venido denunciando desde Unión Profesional junto a otras organizaciones, durante dos años la situación en la Franja de Gaza no solo ha alcanzado niveles alarmantes en términos humanitarios, sino que también plantea una grave vulneración del derecho de acceso a servicios esenciales provistos por profesionales. En este sentido, a la imposibilidad del ejercicio periodístico se le sumó la obs-
taculización y prohibición de la entrada de personal humanitario —entre los que se encuentra un amplio espectro de profesionales de los ámbitos sanitario, jurídico y social—, lo que ha generado consecuencias devastadoras para una población civil atrapada en una situación extrema.
La prohibición u obstrucción del ejercicio profesional impacta de manera decisiva sobre los derechos humanos de la población, y atenta contra la dignidad y la vida misma de las personas. Herramientas como el Derecho Internacional Humanitario, sustentado en los principios de humanidad e imparcialidad, dictan cuán imprescindible es respetar los medios esenciales para que el personal humanitario pueda garantizar la protección de las personas en caso de conflicto armado.



Dolores Martín Villalba
El mes de octubre ha venido cargado de acciones e iniciativas relacionadas con el gobierno abierto y el papel de las organizaciones de la sociedad civil en su involucración. Como punto de partida, la consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley de Administración Abierta, cuyo plazo para presentar contribuciones finalizaba el 22 de septiembre. Después, la celebración de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, en Vitoria Gasteiz, que ha tenido lugar entre los días 6 a 10 de octubre y, que ha reunido a más de 2.000 representantes de gobiernos, sociedad civil y otros actores para crear espacios y compartir avances en materia de gobierno abierto, así como experiencias y buenas prácticas. Derivada de la misma, entre otras acciones se aprobaba el V Plan de Gobierno Abierto en el que Unión Profesional, como una de las organizaciones de la sociedad civil, ha tenido oportunidad de participar. También se elaboró una Carta abierta del Foro de Gobierno Abierto de las organizaciones de la sociedad Civil para dicha Cumbre. Culmina este recorrido con la apertura del trámite de audiencia e información pública al Anteproyecto de Ley de Administración Abierta, cuyo plazo para presentar alegaciones permanecerá abierto hasta el próximo 17 de noviembre.
Aprovechamos esta sección para hacer un recorrido por cada uno de los hitos que suponen una mayor presencia, avance y conciencia acerca del papel de la sociedad civil y sus organizaciones en la apertura de las instituciones de representación social y democrática.
La IX Cumbre Global
La IX Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto 2025,
acogía el pasado octubre a más de 2000 participantes de gobiernos, expertos y representantes de la sociedad civil a fin de compartir retos, experiencias y metas conjuntas para poner en valor la confianza ciudadana en unas instituciones comprometidas con la transparencia, la integridad, la participación pública y la rendición de cuentas. Durante la inauguración de dicha Cumbre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el incremento de la rendición de cuentas mediante dos herramientas que representan acciones que dan continuidad al Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Se trata del lanzamiento de un nuevo Portal de Transparencia que, bajo criterios de claridad y sencillez, haga más amable el acceso a la información ante las consultas ciudadanas. Así, entre otros contenidos, se prevé incorporar información relativa a las agendas oficiales de los altos cargos, los viajes o las cuentas anuales de las entidades públicas. También se refirió Sanchez a la reforma de la Plataforma de Contratación del Sector Público mediante la automatización y análisis de datos avanzado favoreciendo la detección de posibles patrones irregulares o la realización de auditorías masivas. Asimismo, Sanchez se refirió al avance que supone impulsar iniciativas como las incluidas en el V Plan de Gobierno Abierto o el anteproyecto de Ley de Administración Abierta.
La IX Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto 2025, acogía el pasado octubre a más de 2000 participantes de gobiernos, expertos y representantes de la sociedad civil
Con el cierre de la IX Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto, finaliza la copresidencia que asumía el Gobierno de España a lo largo del último año.
V Plan de Gobierno Abierto
El Plan 2025-2029, aprobado por el Foro de Gobierno Abierto, es un espacio de participación y diálogo permanente entre las administraciones públicas y la sociedad civil. Dicho plan recoge 218 iniciativas distribuidas en 10 compromisos y cuenta con más de 900 aportaciones recibidas, entre las que se encuentran las realizadas desde Unión Profesional como asociación representativa del conjunto de profesiones colegiadas en España. Se trata de un plan cuya vigencia es desde el 6 de octubre del 2025 hasta el 31 de diciembre del 2029, vertebrado en un conjunto de iniciativas en base a diez compromisos estructurados en: la participación y el espacio público; la transparencia y el acceso la información; la integridad y rendición de cuentas; la administración abierta; la gobernanza digital e inteligencia artificial; cuentas claras y abiertas; información veraz; difusión, formación y promoción de Gobierno abierto y; impulso de un Observatorio de Gobierno abierto.
La vigencia del V Plan de Gobierno Abierto es desde el 6 de octubre del 2025 hasta el 31 de diciembre del 2029
Unión Profesional trasladó sus contribuciones en el proceso de consulta y debate del V Plan de Gobierno Abierto convocado por la Dirección General de Gobernanza Pública en marzo del 2024 y participó en los talleres deliberativos posteriores celebrados en junio. De las propuestas realizadas, cabe destacar entre otras: La promoción y sensibilización de la gobernanza abierta dado el mapa y permeabilidad de las organizaciones colegiales en todo el territorio nacional; el impulso de la formación continua desde las organizaciones colegiales a los profesionales y ciudadanía interesada en los compromisos de gobierno abierto; la promoción y fomento de la colaboración con la administración pública en acciones que impulsen el papel de la función deontológica en el entorno profesional, así como su mejor implantación en los planes formativos universitarios, como medio esencial que agrupa los principios y valores comunes de cada profesión, así como una herramienta eficaz de vigilancia y control en la prestación de los servicios; o el fomento del lenguaje claro, no solo del profesional hacia el ciudadano como destinatario del servicio, sino de la corporación colegial hacia la ciudadanía, asegurándose en ambos casos que se comprenden los mensajes y las implicaciones de los mismos y evitando el uso excesivo de tecnicismos. Entre las acciones más destacadas dentro del citado plan, se erigen el impulso de un nuevo Portal de Transparencia centrado en el derecho a saber y participar, así como el empleo de la IA y el big data en la contratación pública o la constitución de una Agencia Independiente de Integridad Pública.
Normativa sobre Administración Abierta
Unión Profesional participó en el mes de septiembre en la consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley de Administración Abierta, publicada por el Ministerio de la Transformación
Digital y de la Función Pública cuyo proceso de finalizó el 22 de septiembre. Las contribuciones presentadas han seguido las líneas en las que se viene trabajando en los últimos años, orientadas a promover una cultura de gobierno abierto entre las corporaciones colegiales, teniendo presente en todo momento los cuatro ejes sobre los que se sustenta: transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e integridad. Así, entre las aportaciones realizadas, se solicitaba el refuerzo de la transparencia en sus vertientes de publicidad activa y ejercicio del derecho de acceso; la consolidación de una cultura de integridad pública y participación; así como el papel de las profesiones colegiadas como intermediarias en la reducción de la desinformación, gracias a la experiencia y el conocimiento profesional, y favorecedoras del lenguaje claro, cumpliendo con el deber de informar de la comunidad profesional y el derecho a entender de la ciudadanía.
El 17 de noviembre es la fecha límite para presentas alegaciones al Anteproyecto de Ley de Administración Abierta
No obstante, se informaba de la apertura del trámite de audiencia e información pública al Anteproyecto de Ley de Administración Abierta, para presentar alegaciones hasta el 17 de noviembre. El texto normativo consta de 86 artículos agrupados en cinco títulos, además de nueve disposiciones adicionales, seis disposiciones finales y una disposición derogatoria. Mediante esta norma, se pretende integrar las siguientes materias:
• Transparencia de la actividad pública (Título I)
• Integridad de la actividad pública (Título II)
• Participación de la ciudadanía en los asuntos públicos (Título III)
• Disposiciones en materia organizativa (Título IV)
• Régimen de infracciones y sanciones tanto en materia de transparencia como en materia de conflictos de intereses (Título V)
La intención de Unión Profesional es poder participar en dicho trámite en coherencia con las acciones realizadas previamente como entidades más representativas del conjunto de las profesiones colegiadas.
Accede al V Plan de Gobierno Abierto



Entre las acciones que se vienen realizando, Unión Profesional participaba el pasado mes de mayo en la Semana de la Administración Abierta, mediante la organización de la sesión online, Las profesiones ante los retos del siglo XXI, que reunió a diferentes representantes de corporaciones colegiales aunadas en Unión Profesional. La jornada puso en valor la aportación del criterio profesional como respuesta a situaciones de gran trascendencia como la DANA de Valencia, la erupción del volcán de La Palma o la pandemia, apelando a la colaboración entre las corporaciones colegiales y las administraciones públicas.
Los servicios profesionales son, en definitiva, columna vertebral de nuestra cotidianidad. En situaciones como las citadas, la sociedad toma una mayor conciencia de la respuesta de nuestros profesionales ante situaciones de especial urgencia y necesidad. Avalados por las corporaciones colegiales que los agrupan, los servicios profesionales responden a elementos de seguridad, transparencia, participación o criterio profesional, y favorecen la garantía de los derechos fundamentales.
Durante el mes de septiembre, con motivo de los graves incendios producidos durante los meses de verano, tal como se ha venido trabajando en contextos previos tales como la a DANA de Valencia o la propia pandemia del COVID-19, desde Unión Profesional se constituyó una Comisión Especial frente a los desastres naturales de gran magnitud. Esta se constituye en el marco de la Conferencia Multiprofesional, un órgano impulsado en el seno de la asociación, orientado a la previsión, prevención y solución de situaciones de especial gravedad de carácter globalizado. Con este mandato, las profesiones colegiadas
analizarán desde una perspectiva holística la situación para, con ánimo preventivo, adaptativo y mitigador, acompañado del mayor consenso posible, diseñar una hoja de ruta cuyas medidas de gestión ante este tipo de catástrofes puedan quedar a disposición de las Administraciones Públicas.
El ánimo es diseñar una hoja de ruta cuyas medidas de gestión ante este tipo de catástrofes puedan ponerse a disposición de las Administraciones Públicas
Se presenta el primer Código ético del profesional de la sostenibilidad
«Una profesión tiene que evolucionar con la sociedad y ayudar a la sociedad a progresar»
El pasado 23 de septiembre la Asociación Española de Directivos de la Sostenibilidad (DIRSE) presentaba el primer Código Ético del profesional de la Sostenibilidad con la finalidad de poner a disposición de los directores de la sostenibilidad un marco ético que permita orientar el desarrollo de su labor desde la integridad, responsabilidad y rigor ético, así como promover las mejores prácticas profesionales.
Presentación del Código
Entre los representantes de las organizaciones invitadas a dicha presentación, por haber formado parte en su gestación, se contó con José Antonio Galdón, vicepresidente de Unión Profesional y presidente el Consejo General de Colegios de la Ingeniería Técnica Industrial. También asistieron representantes de Pacto Mundial de la ONU España, Fundación Étnor, Fundación SERES, Forética y Women Action Sustainability (WAS). Galdón felicitó la iniciativa por lo que supone enriquecer al resto de las profesiones. Indicó en este sentido que «los directivos y profesionales de la sostenibilidad tienen un amplio campo de actuación e influencia para poder cambiar su entorno, por lo que, cuando estas profesiones se autoimponen un código exigente que refuerza su motivación, es una muy buena noticia para la sociedad y un ejemplo para muchos profesionales».
Ana María López de San Román, vicepresidenta de DIRSE y directora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas en ILUNION, apuntó asimismo durante la presentación que el Código «es una brújula ética que ayudará a los profesionales de la sostenibilidad a orientar sus actuaciones y decisiones, especialmente en un contexto donde nuestras acciones impactan directamente en la sociedad y el planeta». Durante la mesa de debate se tuvo oportunidad de abordar diversas cuestiones, entre las que se indicaron el papel del Código en la relación con proveedores y la cadena de valor, la importancia de reforzar la confianza con los grupos de interés, la formación ética de los profesionales de sostenibilidad y cómo el liderazgo ético puede acelerar la transformación sostenible en las compañías. En cuanto a la formación, José Antonio Galdón, apuntó que la formación continua resulta fundamental ya, que «una profesión tiene que evolucionar con la sociedad y ayudar a la sociedad a progresar». Mencionó el vicepresidente de Unión Profesional la labor de
actualización de los códigos deontológicos de las profesiones colegiadas en materia de medioambiente y los avances en la perspectiva ética en la transformación digital e IA. En este sentido, aunaba Galdón, la necesidad de que los profesionales se mantengan permanentemente actualizados a través de una adecuada formación, que dé respuesta a las necesidades sociales, pero también, en coherencia con los valores de profesionales excelentes técnicamente y, singularmente «más responsables y sensibles a lo que la sociedad está demandando».
Elaboración y contenido
Para la elaboración del mismo, y a fin de que el código recogiese las necesidades del sector, DIRSE consultó tanto a profesionales como a entidades de referencia en materia de sostenibilidad y ética. Se realizó mediante cuestionarios y focus groups , recopilando opiniones y experiencias sobre los valores y principios más relevantes en la práctica profesional. A lo largo de estas fases, se contó con la participación de Unión Profesional, entre otras organizaciones para guiar a los profesionales en la toma de decisiones frente a dilemas ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), reforzando la credibilidad y la confianza de las empresas ante sus grupos de interés.
Además de los principios, compromisos y los mecanismos para la adhesión, destaca el código ético: «Ejercer como profesional de la sostenibilidad supone un compromiso ético con el bienestar de las personas, con la mejora de las organizaciones y con el cuidado del planeta. El profesional de la sostenibilidad debe ser un modelo de coherencia liderando con el ejemplo, integrando la ética en la toma de decisiones y promoviendo cambios significativos en su entorno».

La Comisión de Igualdad de Unión Profesional, el espacio de encuentro en favor de la igualdad de género de las profesiones colegiadas, se reunió el pasado 20 de octubre. Coordinada por Emiliana Vicente, tesorera de Unión Profesional y presidenta del Consejo General del Trabajo Social, contó con la participación de María de Prada López, subdirectora general adjunta de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia contra las Mujeres de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (Ministerio de Igualdad), y Beatriz Aparicio, jefa de unidad del Observatorio de Igualdad de la Corporación RTVE.
Programas formativos y agenda de expertas
En vísperas del lanzamiento de la tercera edición del Programa formativo en prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, que Unión Profesional ha llevado a cabo junto a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, María de Prada celebró la buena acogida de un programa que en sus dos ediciones anteriores ha contado con más de cinco mil formaciones, incluyéndolo en el marco institucional en el que se desarrollan las normas y políticas públicas destinadas a sensibilizar, prevenir y formar de la Delegación. Desde su punto de vista, «el camino para erradicar la violencia contra las mujeres es el siguiente: hacerlo visible —con datos y estudios—, hacerlo posible —con leyes y políticas— y hacer que suceda —con formación y coordinación—». Durante la sesión, De Prada compartió con los miembros de la Comisión de Igualdad de Unión Profesional todo un abanico de herramientas, entre las que destaca la web de recursos de apoyo y prevención. En el apartado dedicado a estudios, recalcó la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, «la joya de la corona», cuya nueva edición está prevista para el próximo mes de diciembre y, ante la posibilidad sugerida de que los Colegios Profesionales y Colegios Generales pudieran ser considerados Puntos Violeta, aplaudió la propuesta a la espera de consulta con el Ministerio de Igualdad. Por su parte, Beatriz Aparicio, jefa de Unidad del Observatorio de Igualdad de RTVE, describió el marco y la actividad propia del Observatorio, concebido en 2017 en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género e incluido en la Estrategia Estatal para Combatir las Violencias Machistas. Durante la sesión, Aparicio adelantó las líneas estratégicas compartidas con Unión Profesional para la visibilización del talento femenino en el espacio público y mediático. Ambas entidades se han propuesto desarrollar una Agenda de Expertas, proyecto que sintetiza el compromiso conjunto entre RTVE como medio público y los Consejos Generales y Colegios Profesionales como garantes del interés general. En sintonía con esta iniciativa, se plantea trabajar en la identificación de áreas de colaboración complementarias a esta labor, como son la formación
en lenguaje no sexista y comunicación inclusiva, configuración de los listados de las profesionales y participación de las mismas en los contenidos de RTVE.
Hoja de ruta presente y futura
Tras la bienvenida y ronda de presentaciones, se dio cuenta de la actividad llevada a cabo por el Grupo de Trabajo de Igualdad de Género en el periodo 20182024, así como de las líneas a seguir en materia de Igualdad de Género para las profesiones colegiadas en esta nueva etapa. Entre los temas apuntados, destacaron las novedades normativas de esta legislatura —Ley en materia de Violencia Vicaria, Ley por la que se regula el ejercicio de la profesión de Agente de Igualdad— así como normativas en proceso de implementación en el entorno colegial —Ley de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres—, y se hizo un breve resumen de las colaboraciones recientes con ONU Mujeres España y asociaciones profesionales de mujeres, como AMIT, Themis o Mujeres para la Salud; la organización anual del Encuentro Nacional de Mujeres Profesionales, y el seguimiento de iniciativas institucionales y a las que Unión Profesional pertenece desde sus inicios como «¿Dónde están ellas?», compromiso impulsado por la Oficina del Parlamento Europeo en España que centra sus esfuerzos en la representación paritaria en eventos y mesas redondas, y la Alianza STEAM por el talento femenino: Niñas en pie de ciencia, del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el marco de la cual se organizan los eventos del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.



Tras el éxito de la segunda edición, compartimos contigo los logros totales de nuestro programa formativo:
• 4.475 participantes.
• + de 12.500 matriculaciones en los distintos cursos.
• + 33% de tasa de finalización.
• índice de Satisfacción de 4,3 sobre 5.
Lanzamiento de la tercera edición en noviembre 2025.




Rubén Esteban Pérez Geólogo. Exdirector general de Calidad Ambiental de La Rioja y Vocal del Ilustre Colegio de Geólogos (ICOG)
La geología, por esencia, es una ciencia que se vive con los pies sobre la tierra y una mirada técnica puesta en sus entrañas. No se limita a laboratorios ni a oficinas, se despliega en laderas, barrancos, canteras y riberas, allí donde las rocas cuentan historias que se remontan a millones de años o dan pistas de eventos geológicos o geotécnicos que pueden ocurrir en el futuro próximo. Ejercer la profesión de geólogo en el medio rural es por un lado aceptar la invitación a convivir con la naturaleza lejos del ruido constante de las ciudades, pero también es asumir retos que exigen conocimiento, ingenio, paciencia y una gran vocación.
Al desarrollar su carrera en el medio rural, el geólogo se convierte en algo más que un profesional. Se transforma en guardián de un patrimonio que no siempre es perceptible a simple vista, aunque siempre está ahí. Este patrimonio es la geodiversidad.
Con ello, el trabajo de campo en estos entornos no es una actividad ocasional. Es el núcleo mismo de la profesión. Aquí cada paso puede conducir a un hallazgo o cada pliegue en la roca puede revelar la historia geológica de un territorio que permita utilizar de forma sostenible sus recursos minerales o mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
La cercanía a yacimientos, afloramientos y enclaves naturales es una ventaja incuestionable. No hay que invertir horas en desplazamientos interminables ya que las posibles muestras se pueden recoger con más frecuencia, las observaciones sobre el terreno se multiplican y los proyectos avanzan con un ritmo que en la ciudad sería impensable. Incluso el teletrabajo adquiere un matiz distinto porque los informes se redactan con la ventana abierta al lugar de trabajo que es el campo y las pausas para descansar se convierten en paseos.
Vínculo estrecho con la comunidad
El trabajo del geólogo rural es una actividad profesional científica e ingenieril donde existe un vínculo estrecho con las comunidades que habitan estos territorios. Ayuntamientos, asociaciones locales, cooperativas y mancomunidades se convierten en aliados y, en muchos casos, en colaboradores. La ciencia y la técnica se entrelazan con la vida social, ya que una charla en la plaza del pueblo puede derivar en la localización de un nuevo afloramiento explotable o en el conocimiento de una incidencia geotécnica y una colaboración con la escuela local puede despertar vocaciones tempranas difundiendo lo que los geólogos hacen cada día.
El conocimiento geológico cuando se comparte se transforma en motor de desarrollo ya que fomenta el conocimiento del terreno para la construcción o la minería, atrae al geoturismo, impulsa proyectos de conservación, trabaja a favor de la

economía local, lucha contra la despoblación y fortalece la identidad cultural de la zona.
La calidad de vida en estos entornos se aprecia con el tiempo. El coste de la vida, en general más bajo que en las ciudades, permite acceder a una vivienda mejor y más amplia, quizás disponer de un huerto propio o simplemente disfrutar de un espacio personal natural que en el entorno urbano sería un lujo inalcanzable.
Diversificación de servicios profesionales
Sin embargo, no todo es idílico ya que, en amplias zonas de España, la conectividad digital sigue siendo una asignatura pendiente. Una conexión lenta o inestable puede convertirse en un obstáculo serio para enviar informes, acceder a bases de datos o participar en reuniones virtuales.
La demanda de proyectos, sobre todo si se trabaja en régimen de autónomo, es irregular y, en muchos casos, depende de convocatorias públicas o de encargos puntuales. En los periodos de calma laboral el geólogo debe diversificar sus servicios y buscar nuevas vías para sostener su actividad, desde la consultoría ambiental hasta la divulgación científica.
Otro desafío es la distancia respecto a los centros académicos si se practica la docencia y de investigación de nivel si son necesarios por su equipamiento científico. Del mismo modo, mantenerse actualizado exige un enorme esfuerzo ya que, asistir a congresos, participar en cursos de formación presenciales o mantener el contacto con colegas y colegios profesionales puede en determinadas ubicaciones ser más que complejo. Cada viaje implica planificación, tiempo y recursos económicos, pero también ofrece la oportunidad de llevar la voz del medio rural a foros donde, a menudo, predomina la perspectiva urbana como único referente de la localización de los profesionales de la geología.
A pesar de las dificultades, hay algo profundamente gratificante en esta forma de ejercer la geología. Es una profesión que enseña a leer el paisaje como si fuera un libro abierto, a interpretar el pasado para mejorar el presente y a comprender cómo se entrelazan los procesos naturales con la vida humana para intentar no cometer los mismos errores para con el planeta en el futuro.
Trabajar como geólogo en el medio rural es también un acto de resistencia frente a la homogeneización forzada del territorio y una apuesta por un modelo en el que la ciencia y la comunidad rural se nutren mutuamente a favor de la preservación del medioambiente. La geodiversidad sustenta a la biodiversidad y ambas son partes de un mismo ecosistema que debemos preservar para las generaciones futuras siendo motor de desarrollo económico y de sostenibilidad para las generaciones actuales.

Esther Plaza Alba
¿Qué puedes contarnos sobre tu experiencia como profesional en el ámbito rural? ¿Qué habilidades y aptitudes se desarrollan en mayor medida a la hora de interactuar con usuarios normalmente habituales?
En estos momentos desarrollo mi profesión como educadora medioambiental para la empresa SARGA. Desarrollo mi trabajo en el Centro de Interpretación del Parque Natural Posets-Maladeta en San Juan de Plan, pueblo del Pirineo Aragonés, de 150 habitantes. Llevo viviendo en San Juan de Plan, Valle de Chistau, desde hace 37 años. Mi primer trabajo estuvo relacionado con la paleontología, estudiando la Cueva del Oso de Tella, pero enseguida lo dejé porque si quieres vivir en una zona que está alejada de núcleos urbanos es difícil trabajar si no estás continuamente viajando. Con los años y gracias a ser geóloga, entré a trabajar en el entorno del medio natural, dedicándome a algo más que la geología. Preparo actividades relacionadas con geología, biología, botánica, etnografía… para llevarlas a cabo en colegios de la comarca y durante el verano en el Centro de Interpretación, además de informar sobre el entorno en el que nos encontramos, el Parque Natural del Posets-Maladeta. Mi experiencia profesional en el ámbito rural es positiva porque me he esforzado en encontrar un equilibrio entre trabajo y decisión de vida. En mi caso, trabajo en el mismo pueblo en el que vivo y, si tengo que hacer algún desplazamiento, no es de muchos kilómetros. Hoy en día también existe la facilidad del trabajo online, por lo menos para la parte teórica.
Las habilidades que se desarrollan son, por ejemplo, la empatía, ponerte en el lugar de los demás es muy importante; la comprensión, intentar convivir con personas con diferentes puntos de vista es fundamental; asimismo, también la colaboración, ya que todo el mundo se conoce y comparte muchas cosas.
¿El ámbito rural favorece, a tu modo de ver, el trabajo multidisciplinar, el contacto con otros profesionales colegiados, como por ejemplo de la Ingeniería o de otros campos científicos?
En el ámbito rural es fundamental tener un trabajo multidisciplinar y relaciones con muchos otros profesionales ya que, a veces, tienes que ejercer en ámbitos que no son tan conocidos para ti y obtienes la información necesaria a través de dichas relaciones. De hecho, esos contactos se realizan de manera constante, algo que ahora es más fácil debido al uso de las redes sociales.
Este verano ha sido especialmente virulento en cuanto a incendios en zonas rurales, ¿consideras que la prevención científica-técnica territorial en estos ámbitos, en ocasiones fundamentalmente despoblados, podría haber evitado dicha propagación por todo el país?
Pienso que sí que ayudaría si se cuidaran las zonas forestales, pues debemos tener en cuenta el abandono de las labores tradicionales, tales como el pastoreo. Aún así, a mi modo de ver, lo fundamental es
la educación y concienciación de las personas que visitan estas zonas y que desconocen la realidad social y natural que existe en ellas. No se puede, ni se debe, ir por el bosque fumando y tirando basura ni al ir paseando por cualquier entorno natural, del mismo modo que no debe hacerse en las ciudades.
Además, sería aconsejable un estudio científico-técnico que contara con el sector primario para ayudar a conservar el entorno limpio y en uso, como se mantenía hasta no hace tanto tiempo para evitar así el riesgo de incendios.
¿Son las y los profesionales y su distribución por la España Vaciada, parte de la solución a la despoblación de nuestras zonas rurales?
Pueden ser parte de la solución, por supuesto, y de hecho hay mucha gente interesada, pero uno de los grandes problemas que existen no es la falta de interés de la gente por quedarse a vivir en un pueblo, sino el problema de la vivienda. Es decir, existen profesionales que desean vivir en estas zonas, pero les resulta imposible permanecer, porque no existen suficientes casas, pisos, viviendas de alquiler anual, pues la mayoría están dedicadas al turismo.
El trabajo online ayuda mucho en estos momentos a que las y los profesionales puedan habitar en entornos de menor población, aunque debemos advertir los problemas con las conexiones, algo a lo que se presta poca atención, pues tendemos a pensar que este tema está solucionado en todo el territorio.
Otro inconveniente que se debe señalar son los accesos a según qué zonas. Los desplazamientos a través de carreteras en mal estado pueden suponer dificultades a la hora de decidir vivir en un pueblo de pocos habitantes.
Tenemos que ser conscientes de que en una zona rural todo el mundo es bienvenido si su decisión es vivir, convivir y compartir con los habitantes del pueblo su día a día respetando las tradiciones, costumbres y modo de vida del entorno.


Miriam Benavides
El pluriempleo y la pluriactividad son dos realidades que, si bien, tienden a confundirse, muestran dos situaciones laborales distintas. Mientras que en el caso del pluriempleo se hace referencia a una persona con dos o más contratos dentro del propio Régimen de la Seguridad Social, la pluriactividad engloba aquella situación en la que una persona trabaja para dos regímenes distintos, convirtiéndose en un trabajador por cuenta ajena y propia, de forma simultánea. Pese a las diferencias entre una y otra, tener dos o más empleos habría dejado de ser una opción para un número cada vez más creciente de personas. El número de personas pluriempleadas en España se sitúa en 585.800, según los datos correspondientes al tercer trimestre del año, extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por su parte, las personas en situación de pluriactividad son 585.800. Tener más de un empleo se ha convertido en una realidad cada vez más común en España, debido a las condiciones sociolaborales del país. De acuerdo con los datos de la citada encuesta, la cifra de personas con más de dos empleos ha crecido cerca del 50% en la última década. El encarecimiento de la vida y la pérdida de poder adquisitivo, son dos de los factores que se encuentran tras esta situación. De hecho, un 76% de las personas pluriempleadas afirma que si tuviera mejores condiciones laborales, no tendría un segundo trabajo, de acuerdo con un estudio publicado recientemente por la empresa especializada en recursos humanos, Randstad. Tales cifras constatan como la necesidad económica sigue anteponiéndose al desarrollo profesional.
Trasladando esta realidad a los más jóvenes, casi un tercio de las personas de entre 18 y 26 años tiene más de un empleo y la gran mayoría de este colectivo afirma que vive al día. Los datos se extraen del informe People at Work 2025: una visión sobre el equipo humano global , realizado por la empresa especializada en soluciones de gestión del capital humano, ADP. Entre las principales conclusiones que se extraen del estudio, desde un punto de vista internacional, destaca el hecho de que tener más de un empleo no garantiza el cierre de la brecha salarial. El estudio también revela como más de la mitad de las personas con un único empleo no llega a fin de mes, una cifra ligeramente superior entre quienes tienen dos empleos y que asciende hasta el 61% en el caso de quienes
cuentan con tres o más empleos. No es de extrañar, por tanto, afirmar que a mayor salario menor sea el número de personas que recurren a tener dos o más trabajos. La sensación de precariedad que invade a muchos jóvenes es la que empuja a una parte importante de estos a tener dos o más empleos, lo que afecta notablemente a su salud mental. Esta sensación, aunque compartida por gran parte de la juventud de nuestro país, varía en función de la edad, el género o el lugar de procedencia. Por ejemplo, ser mujer inmigrante y menor de 30 años es un perfil más ligado al pluriempleo, que el de una persona autóctona y mayor de 30 años, según un estudio publicado el pasado año por el Observatorio Social de La Caixa. En base a lo recogido por el citado estudio, el sentimiento de precariedad no solo está ligado a tener unos ingresos insuficientes y/o malas condiciones laborales, sino que también se relaciona con no poder satisfacer necesidades básicas, acceder a una vida independiente o sentir inseguridad tanto en el trabajo, como en la vida en general.
Una alternativa para más de la mitad de los empleados
Volviendo al informe publicado por Randstad, en torno a un 55% de los empleados en España, ha compatibilizado dos o más empleos a lo largo de su vida laboral y una de cada diez personas se encuentra actualmente en esta situación. De hecho, lejos de ser una cuestión transitoria, hay quienes compatibilizan dos o más trabajos durante tres o más años. Aunque el pluriempleo sea para muchos una vía efectiva para incrementar sus ingresos, como se viene citando, está muy relacionado con el bienestar de la persona, afectando directamente sobre la salud o las relaciones personales de esta y llegando a convertirse en muchas ocasiones en una fuente de estrés. En líneas generales, el pluriempleo se da casi en totalidad en todos los sectores, aunque su intensidad varía en función de la actividad, concentrándose principalmente en hostelería y turismo. El número de personas con dos o más trabajos crece de forma más rápida que el de aquellas con un solo trabajo, como consecuencia de la precariedad laboral y las dificultades que cada vez más personas experimentan a la hora de vivir con un solo sueldo.
La cifra de personas con más de dos empleos ha crecido cerca del 50% en la última década
El problema de la vivienda
A la hora de identificar las causas que se encuentran tras el aumento de personas pluriempleadas, una muy compartida hace referencia al encarecimiento de la vivienda. Encontrar una vivienda digna y asequible es actualmente uno de los principales escollos a los que se han de enfrentar los jóvenes a la hora de independizarse, complicando que vean cumplido el derecho de acceso a esta. En este contexto, el Injuve publicaba en el mes de agosto, Juventud con derechos: Guía de los derechos de las inquilinas ,con el objetivo de orientar a la juventud sobre cuáles son sus derechos a la hora de alquilar una vivienda y cómo defenderse ante los abusos que cada día se registran en este ámbito. Entre algunas de las cuestiones que se recogen en esta guía, se hace alusión a la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, que establece que el mes de agencia no corresponde a la persona arrendataria, sino al casero. También, sobre el aumento de cláusulas como la de seguro de impago, por la que se impone al inquilino que abone mensualmente la cuantía sobre este servicio contratado por el casero. Más allá de ofrecer una postura preventiva que ayude a identificar posibles abusos, la guía orienta al lector acerca de cómo este debe actuar cuando ya se han producido. Es el caso de la posibilidad de poder acudir personalmente a la vía judicial para reclamar cuantías que no superen los 2.000 euros.
Más de la mitad de las personas con un único empleo no llega a fin de mes
Como se ha visto a lo largo del artículo, la pérdida de poder adquisitivo de la población española, empuja a muchos profesionales a tener dos o más empleos para poder cubrir sus necesidades económicas. Lejos de ser una situación positiva ligada al desarrollo profesional de una persona, esta evidencia un problema enquistado en nuestra sociedad que precisa una solución multidisciplinar, que permita dar respuesta a las necesidades de personas con edades y situaciones diferentes, pero con un mismo objetivo, mejorar su calidad de vida.
Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos
Según el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, «el trabajador múltiple, ya sea pluriempleado o pluriactivo, se mueve en una delgada línea que mezcla oportunidades con riesgos. Comprender las consecuencias reales de cada decisión laboral es, hoy más que nunca, esencial para protegerse, planificar a largo plazo y evitar sorpresas fiscales o prestacionales». Asimismo, en lo que respecta específicamente a los jóvenes y profesiones, desde el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos (CGCGA), junto al Ilustre Colegio Oficial de Gestores de Madrid, impulsaban el pasado año la primera edición de su Batalla Jurídica, cuya segunda edición se celebraba en el mes de junio. El evento reúne a estudiantes de Derecho de diferentes universidades de España y juristas de reconocido prestigio, creando un espacio de diálogo intergeneracional, con un fuerte carácter pedagógico a través del que se quiere fomentar el pensamiento crítico de los estudiantes. En su última edición, celebrada en el mes de junio, participaba Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía y vicepresidente de Unión Profesional. Tal y como apuntó Fernando Santiago, presidente del CGCCA durante la inauguración de esta segunda edición, «las Batallas Jurídicas no son una competición, sino una celebración del Derecho entendido como diálogo, pensamiento crítico y compromiso con la sociedad».


El 29 de octubre del 2024 marcó un antes y un después en el plano de las catástrofes naturales en nuestro país. Una Depresión Aislada en Niveles Altos (Dana) barría las provincias de Valencia, Andalucía y del este de Castilla La Mancha, cuyas localidades fueron anegadas por una riada en combinación con desbordamiento de ríos y arrastre de barrancos.
Más de doscientas personas perecieron a causa de esta condición extrema meteorológica, acusada por el cambio climático que asola el planeta. Si algo ha destacado en estos doce meses tras la tragedia ha sido la solidaridad como actitud protagonista: numerosas personas llegadas de todo el país se trasladaban hasta la zona afectada para ayudar y posibilitar la vuelta a la normalidad a la mayor brevedad posible.
Por su parte, las corporaciones colegiales activaron sus protocolos de asistencia, emergencia y actuación, que fueron instaurados en tiempos de pandemia, revalidados con el volcán de La Palma y reactivados a causa de los incendios estivales. La dana, como el resto de circunstancias extraordinariamente extremas, volvía a poner a la comunidad profesional en el centro de la ayuda confiable, la asistencia técnica y el apoyo organizado.
Actividad profesional, un año después
Todas las profesiones han estado presentes de una u otra manera. Ejemplo de ello ha sido la gestión de reclamaciones por daños a los seguros, Consorcio de Compensación de Seguros y solicitudes de ayudas autonómicas, así como ayudas estatales para que las personas afectadas pudieran recuperar sus vidas lo antes posible. También en el caso de los vehículos dañados por el temporal. En el caso de la burocracia en cuanto a vivienda, las profesiones que prestaron ayuda de manera inmediata y gratuita a los afectados han continuado haciéndolo mediante plataformas online con el fin de expedir notas simples, actas y copias electrónicas de documentos.
Igualmente, ha habido corporaciones colegiales dedicadas a establecer una métrica diseñada para ayudar en la cuantificación y evaluación del impacto de los eventos climáticos extremos con el fin de identificar, evaluar y mitigar los riesgos de la naturaleza y así ser útil para la sociedad.
Dichas profesiones han cifrado los daños a restablecer en 22.000 millones de euros. Muchos de ellos todavía están pendientes de cubrir a través de subvenciones y ayudas autonómicas y estatales.
La respuesta de las profesiones ante catástrofes como la dana ha cruzado fronte -
ras, instaurándose modelos de actuación, intervención y desarrollo posterior de proyecto, y apoyados en el análisis sobre resiliencia y reconstrucción comunitaria.
Ha sido fundamental la asistencia en salud mental; intervenciones individuales pero también grupales han estado dirigidas por profesionales que han acompañado a las víctimas durante estos duros meses.
Más de doscientas personas perecieron a causa de esta condición extrema meteorológica, acusada por el cambio climático que asola el planeta. Si algo ha destacado en estos doce meses tras la tragedia ha sido la solidaridad como actitud protagonista
En el día del aniversario y en posteriores jornadas tuvieron lugar diversos homenajes y recuerdos a las víctimas de la dana del 29 de octubre del 2024, en sintonía con los que desde varias corporaciones colegiales se han llevado a cabo durante este año.
Desde Unión Profesional nos sumamos a este recuerdo, homenajeando a todas las profesiones que de manera permanente ponen a disposición de la sociedad sus conocimientos y criterio profesional, especialmente en momentos en los que la dignidad humana, el bien más preciado a custodiar, es amenazada.


El papel fundamental de las profesiones colegiadas en tiempos de desasosiego, llamadas a crear certidumbre en virtud de su compromiso con el interés general, reunió el pasado 23 de octubre a los presidentes de Unión Profesional y Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, Tomás Cobo y Eugenio Ribón, respectivamente. Certidumbre que vertebra la labor colegial en todas sus fórmulas territoriales a partir del control deontológico y la formación continuada, dos pilares esenciales que, junto a la perspectiva multidisciplinar, sostienen el camino a la ejemplaridad profesional.
Tomás Cobo señaló a ese respecto la importancia estratégica del programa formativo en competencias digitales que Unión Profesional está llevando a cabo junto a Red. es. Eugenio Ribón, por su parte, dio cuenta de las buenas relaciones establecidas con las universidades madrileñas considerando clave el rol del colegio profesional como puente entre el mundo académico y laboral, así como la participación en foros de empleo. La consideración, además, del acompañamiento y cuidado de los profesionales por parte del colegio profesional durante toda su vida profesional se contempló entre los temas a trabajar en conjunto.
En el aniversario de la dana, recordamos la labor de Unión Profesional de Valencia, que asumió «el reto de liderar la ayuda a los municipios de nuestra provincia afectados». Coordinaron esfuerzos y recursos con el objetivo de «garantizar una recuperación integral», abarcando las necesidades inmediatas y las soluciones en el medio y largo plazo.
Las principales tareas se enfocaron en los ámbitos sanitario y social, ingeniería y logística, y jurídico y económico. En el ámbito sanitario y social, se movilizó una bolsa de voluntarios formada por profesionales para el apoyo directo a damnificados, además de gestionar aquellas donaciones de productos esenciales, y servicios de atención psicológica presencial y telefónica, con especial atención a mujeres en periodo perinatal y personas mayores.
En ingeniería y logística, la prioridad estuvo en restablecer los servicios básicos colaborando con asociaciones técnicas y especialistas para llevar a cabo la reparación de redes de agua, gas, saneamiento y electricidad. Y en el área jurídica y económica, se ofreció asesoramiento gratuito para garantizar el trámite de ayudas, gestionar indemnizaciones y resolver
Durante el encuentro, ambos líderes destacaron la importancia de hacer llegar a la esfera pública el compromiso social y la modélica labor de las profesiones colegiadas a través de encuentros y campañas, destacando el presidente Cobo la iniciativa que, desde hace casi una década, organiza la Interprofesional de Madrid por el Día de las Profesiones en la madrileña Plaza de Colón. «Es un encuentro necesario con las nuevas generaciones al que Unión Profesional está más que invitada», respondió el presidente Ribón, en previsión de la décima edición que se celebrará en 2026.

cuestiones legales relacionadas con inmuebles y negocios afectados. También se proporcionó el acceso gratuito a plataformas electrónicas para la generación de actas notariales y se facilitaron espacios de trabajo a aquellos profesionales colegiados que perdieron sus instalaciones. La recuperación de los municipios afectados por la dana está resultando un proceso largo y complejo. Por esta razón, desde la Unión Profesional de Valencia se han creado mesas sectoriales donde expertos de diferentes disciplinas trabajan juntos para diseñar soluciones sostenibles que fortalezcan las comunidades afectadas. Como bien apuntan desde la asociación, tras un año desde el terrible suceso, la perspectiva de futuro reside en «construir un futuro más resiliente y sólido para estas zonas».

«Nuestra colegiación es tu seguridad y tu garantía»:
Departamento de Comunicación - Unión Profesional de Cantabria
Con motivo del Día Mundial de las Profesiones Liberales, que se celebra cada 23 de septiembre, Unión Profesional Cantabria ha lanzado una campaña de comunicación institucional que ha marcado un hito en la visibilidad del trabajo colegial en la región. Bajo el lema «Nuestra colegiación es tu seguridad y tu garantía», esta iniciativa ha conseguido algo excepcional: la participación conjunta y activa de todos los colegios profesionales miembros de la organización, cada uno desde su ámbito de actuación, pero unidos en un mensaje común.
La campaña se ha propuesto recordar y explicar a la ciudadanía el verdadero valor de la colegiación profesional. En un momento donde la confianza pública es uno de los activos más valiosos, se ha querido reivindicar la figura del profesional colegiado como sinónimo de calidad, compromiso, actualización constante y respeto por la ética. Más allá de lo formal o lo administrativo, colegiarse implica estar sometido a normas, supervisión, formación continua y responsabilidad profesional ante los usuarios y ante la sociedad.
Visión holística
Desde las ingenierías y la arquitectura hasta la sanidad, el trabajo social, la abogacía, la educación o el medio ambiente, la campaña ha sabido recoger la diversidad de voces del colectivo colegial cántabro. Todos los colegios han recibido materiales gráficos personalizados para su identidad visual y han difundido mensajes sectoriales a través de sus redes sociales, webs institucionales, boletines informativos y otros canales. Esta estructura descentralizada pero coherente ha sido una de las claves del éxito: cada entidad ha podido adaptar el mensaje común a su propia realidad profesional, sin perder el foco conjunto de la campaña. El impacto no ha sido solo simbólico. La acción coordinada ha permitido que miles de ciudadanos hayan sido alcanzados por los mensajes de la campaña, entendiendo mejor qué implica que un profesional esté colegiado y por qué eso les beneficia directamente. En tiempos donde la desinformación y la sobreoferta de servicios pueden generar inseguridad, campañas como esta ayudan a reforzar la confianza pública y a empoderar al ciudadano como consumidor de servicios profesionales con criterio.
Además, la campaña ha servido para reforzar el sentido de pertenencia dentro del ecosistema colegial. Al trabajar juntos, los colegios han reafirmado su vocación de servicio pú-
blico y su papel como garantes del buen ejercicio profesional. Esta cohesión ha sido especialmente valorada en sectores donde los cambios normativos, tecnológicos y sociales exigen una constante adaptación por parte de los profesionales.
Enfoque pedagógico
Otro aspecto relevante ha sido el enfoque pedagógico de la campaña. A través de mensajes directos, visuales y comprensibles, se ha puesto en valor la figura del colegio profesional como una institución que vela no solo por los intereses de sus miembros, sino también —y sobre todo— por los derechos de la ciudadanía. Cada vez que una persona acude a un profesional colegiado, puede tener la seguridad de que ese servicio está respaldado por una estructura de supervisión, formación, control ético y garantía.
La elección del Día Mundial de las Profesiones Liberales como fecha de referencia tampoco ha sido casual. Esta jornada, con reconocimiento europeo e internacional, pone en valor el papel que juegan las profesiones colegiadas en la defensa del Estado de Derecho, la cohesión social, la calidad democrática y el desarrollo sostenible. Unión Profesional Cantabria ha querido sumarse a esta celebración desde una perspectiva local, pero con vocación global, proyectando una imagen moderna, cohesionada y comprometida del colectivo colegial cántabro.

Eugenio Sánchez Gallego
Emprender está en nuestra naturaleza. De hecho, hunde sus raíces en la antropología, es una unidad básica de estudio de los modelos económicos y, en definitiva, explica buena parte de nuestros avances como civilización.
Implica desafiar adversidades propias y ajenas y, al mismo tiempo, requiere de un grado de libertad de acción y asunción de responsabilidades que no siempre es posible desarrollar plenamente, y cuyo conjunto podemos tomar como una variable proxy o termómetro de la madurez de una sociedad.
En tal sentido, una economía depende del dinamismo de la iniciativa de sus agentes dentro de lo que se denomina ecosistema emprendedor. En otras palabras, la cultura y percepción hacia el emprendimiento condicionan y se retroalimentan a su vez con el marco regulatorio, la formación, el contexto financiero y fiscal, las infraestructuras, la cohesión social o la evolución científica.
Eurozona y España: marco general
Si bajamos al terreno y con el foco en el ejercicio autónomo como exponente del emprendimiento, en el ámbito europeo su magnitud sobre el mercado laboral ha descendido de forma paulatina tras la Gran Recesión 2008-2013 a partir de Eurostat. En detalle, en la eurozona y en España ha disminuido alrededor de dos puntos porcentuales desde 2008 hasta quedar por debajo del 14% y del 15%, respectivamente.
Sin embargo, con el subsector de servicios profesionales la imagen contrasta, dado que ha incrementado su relevancia en el grueso de la ocupación autónoma durante el mismo periodo. En concreto, en torno a seis puntos porcentuales tanto en la eurozona hasta el 23%, como en España hasta el 17%.
Para abordar las causas de estas dos tendencias cruzadas hemos de considerar una serie de factores con objeto de identificar mejoras de las políticas económicas al respecto. En primer lugar, los de índole macroeconómica entre los que sobresale la gran crisis financiera, que afectó a la iniciativa emprendedora de los sectores más vulnerables como la construcción, la agricultura, el comercio y parte de la industria junto con un acceso al crédito más restringido. Y, en segundo lugar, la progresiva terciarización de la economía, puesto que los servicios agregan ya más del 70% del Producto Interior Bruto europeo. Movimiento que impregna al emprendimiento, como en España, donde una de cada dos iniciativas emprendedoras de menos de tres años y medio ofrece servicios al consumidor, y tres de cada diez venden servicios a empresas como refleja el Informe GEM España 24-25.
En otro plano, hay factores normativos y culturales, particularmente en nuestro país, en los que existe consenso analista por entrañar obstáculos al emprendimiento. Básicamente, la carencia en la educación y formación emprendedora desde la etapa escolar y la carga burocrática; además de la carga fiscal y el gasto público que limita la actividad privada de acuerdo a la Fundación Heritage; y la proliferación normativa y regulación, que siembra incertidumbre y desincentiva la actividad productiva conforme apunta el Instituto de Estudios Económicos (IEE).
Todo ello sitúa a España por debajo de la media de la OCDE a tenor del Índice de Libertad Económica del IEE. Y, en un escenario en el que se han aprobado normas en los últimos años como la ley crece y crece, o la ley de startups con un impacto discutido que no parece suficiente para cambiar por el momento la tendencia desfavorable. Así, no extraña que la cultura emprendedora flaquee frente a la media de la Unión Europea en dos aspectos como es la percepción de oportunidades y la facilidad de iniciar un negocio según el Informe GEM 24-25.
Formación tecnológica y financiera
De cara al futuro emergen temas que pueden determinar el cauce del emprendimiento. Entre estos, avanzar hacia una formación no solo teórica, sino práctica que otorgue herramientas que permitan superar las bajas tasas de supervivencia emprendedoras actuales. Igualmente, fomentar la integración de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial en la actividad emprendedora, despejando los recelos que despierta de sustitución, ayudaría a mejorar la productividad y reducir costes. Esto supondría atajar una de las barreras de crecimiento en el ejercicio autónomo y las empresas de menor tamaño. El Programa de Formación en Competencias Digitales que articula Unión Profesional es una buena muestra para adquirir este conocimiento de vanguardia.
Asimismo, extender la cultura financiera y la simplificación y racionalización de la fiscalidad ha de centrar los esfuerzos normativos para proporcionar la suficiente tranquilidad en el desempeño de cualquier actividad; especialmente en las profesiones, cuya calidad en sus servicios es crítica para el bienestar social y la competitividad.
Más allá, emprender no deja de ser una actitud y, como tal, puede acometerse igualmente cuando se ejerce por cuenta ajena bajo el concepto de intraemprendimiento. En consecuencia, trabajar por el fomento de esta libertad en cualquier régimen laboral se insinúa esencial para impulsar la innovación y la prosperidad.


Inmaculada Gómez Doblas
Directora corporativa de Negocio y Estrategia de CBNK Banco
En un momento en el que buena parte de la banca tradicional parece desdibujar su vínculo con la sociedad, cerrando oficinas y decantándose por una digitalización muchas veces fría y distante, en CBNK hemos elegido el camino de la proximidad y trazado una estrategia orientada a consolidar un modelo de banca especializada con un propósito claro: acompañar a quienes construyen, innovan y cuidan del bienestar colectivo.
Aunque CBNK nació en 2023, fruto de la fusión entre Banco Caminos y Bancofar, atesoramos más de 50 años de experiencia al servicio de los profesionales. Hoy somos un banco capaz de demostrar que otra forma de hacer banca es posible: una banca que no se limita a operar, sino que conversa; que no solo financia, sino que forma; que no compite por cuota de mercado, sino por confianza y utilidad social.
Nuestras oficinas: puntos de encuentro
Una de las apuestas más visibles del plan estratégico 2023–2026 es la renovación y expansión de nuestra red física de oficinas. Lejos de la tendencia a reducir presencia territorial, CBNK ha demostrado que las sedes siguen siendo un lugar clave para generar confianza.
El plan 2023–2026 no es solo inmobiliario, también es estratégico. Por eso, todas nuestras ubicaciones están en enclaves únicos de la ciudad en la que operamos. Cerca de colegios profesionales, universidades y núcleos de actividad de los colectivos a los que servimos.
En 2025, inauguramos oficinas con nuestra nueva imagen en Ciudad Real, Valencia, Palma de Mallorca, Barcelona y Zaragoza, además de modernizar la emblemática sede de Málaga el año anterior. Todas ellas están concebidas como espacios abiertos, tecnológicos y acogedores, diseñados para la conversación y el asesoramiento, no como meros puntos de transacción. Cada apertura envía un mensaje claro: la banca que defiende la proximidad tiene futuro.
La educación financiera como compromiso social Otro de nuestros pilares es la divulgación de la cultura financiera. En CBNK, entendemos que un profesional informado es un profesional más libre y con más capacidad de decisión, por eso hemos desarrollado programas en colaboración con universidades, colegios profesionales y asociaciones.
Las iniciativas que llevamos a cabo contribuyen también al tejido social porque un profesional financieramente sólido es más capaz de emprender, innovar y crear empleo. Iniciativas como Tus Finanzas, Tu Futuro, el Club de Inversión CBNK con la Universidad Politécnica de Madrid, la creación del Aula CEU-CBNK, o los convenios con los
colegios de ingenieros y farmacéuticos, son ejemplos de cómo la banca puede convertirse en un aliado en la formación de estudiantes y profesionales. Allí, impartimos sesiones prácticas sobre gestión de riesgos, planificación patrimonial y toma de decisiones, siempre desde la cercanía y con la participación directa de expertos del banco. Este esfuerzo va más allá de un programa de responsabilidad social: es un verdadero compromiso con la sostenibilidad del conocimiento y con la preparación de las nuevas generaciones que liderarán la ingeniería y la salud en España. La diferencia esencial de CBNK está en nuestra especialización. Mientras otras entidades segmentan por edad, renta o localización, nosotros lo hacemos por profesión. Nuestros clientes no son números, son ingenieros que participan en licitaciones internacionales, médicos que quieren abrir una consulta, farmacéuticos que buscan financiación para innovar, autónomos que se preparan ante el horizonte de su jubilación o jóvenes estudiantes que necesitan orientación para dar sus primeros pasos financieros.
Esa forma de trabajar se traduce en soluciones concretas: financiación ágil para proyectos de modernización, avales para concursos, apoyo en la adquisición de equipamiento, planes de pensiones diseñados a medida… Cada conversación se plantea desde la empatía profesional, porque los gestores de CBNK entienden el contexto técnico, regulatorio y vital de sus clientes.
Alianza estratégica con los colegios profesionales de sus colectivos de referencia La cercanía de CBNK con los colegios profesionales de ingenieros, médicos, farmacéuticos, veterinarios… es mucho más que un convenio institucional: es un vínculo estratégico que aporta valor a ambas partes. Estar cerca de ellos nos permite escuchar de primera mano las inquietudes de los profesionales, anticiparnos a sus necesidades y diseñar soluciones a medida. Al mismo tiempo, para los colegios supone contar con un aliado financiero que comprende sus retos, respeta su cultura y contribuye a reforzar el prestigio de la profesión. Esa relación de confianza mutua convierte a CBNK en algo más que un proveedor de servicios: lo sitúa como un socio natural en la vida profesional de quienes sostienen la ingeniería y la salud en nuestro país. En definitiva, CBNK representa un modelo de banca que desafía inercias y rompe moldes en un sector dominado por la estandarización. Sus oficinas abiertas y cercanas, su apuesta firme por la educación financiera y su alianza natural con los colegios profesionales de la ingeniería y la salud son la mejor prueba de que la banca es acompañamiento, confianza y compromiso social. CBNK demuestra que hay otra forma de hacer banca: una que mira al futuro sin olvidar lo esencial.



Susana Romero Abogada y Vicepresidenta de ATA
En el corazón de nuestra labor, ya sea en nuestros despachos, consultas o estudios, reside un compromiso con la excelencia y una constante adaptación a un entorno en permanente cambio. Hoy, uno de los cambios más significativos que tenemos por delante es la implantación definitiva de la facturación electrónica. A menudo, cuando oímos hablar de nuevas obligaciones normativas, nuestra primera reacción es de cautela. Es una sensación que conozco de primera mano, tanto en mi faceta en ATA como en la gestión de mi propio despacho. Sumar una nueva tarea a nuestra ya exigente agenda puede parecer un obstáculo. Sin embargo, os invito a mirar más allá de la mera obligación y a percibir la facturación electrónica como lo que realmente es: una palanca estratégica para la modernización, la eficiencia y la competitividad de nuestras profesiones.
Cambio de paradigma
No estamos hablando simplemente de dejar de imprimir facturas. La transición digital va mucho más allá. Se trata de adoptar un sistema que nos aportará mayor control, agilidad y seguridad jurídica. Una factura electrónica, según la define nuestra normativa, es un documento expedido y recibido en un formato electrónico estructurado que garantiza dos pilares que, como jurista, considero esenciales: la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, tal y como recogen el Artículo 8. Medios de expedición de las facturas del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y el Artículo 5 (formato de facturas electrónicas y firma electrónica) de la Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas.
Muchos de vosotros ya estáis familiarizados con la facturación electrónica en vuestra relación con las Administraciones Públicas, un requisito indispensable para entidades como las sociedades limitadas o anónimas a través de plataformas como FACe. Pero el verdadero cambio de paradigma viene de la mano de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, que extiende esta obligatoriedad a todas las relaciones comerciales entre empresarios y profesionales (B2B).
Esta ley, que desde ATA hemos impulsado activamente, no solo busca modernizar nuestro tejido productivo, sino que ataca de raíz uno de los mayores lastres para
nuestra actividad: la morosidad. La factura electrónica facilitará la trazabilidad de los pagos y contribuirá a que se cumplan los plazos legales, un objetivo por el que luchamos incansablemente. La implantación será progresiva, dándonos tiempo para una adaptación ordenada: un año desde la aprobación del desarrollo reglamentario para aquellos profesionales y empresas con una facturación anual superior a los ocho millones de euros; y dos años para el resto, donde nos encontramos la inmensa mayoría de los profesionales colegiados. El reglamento de desarrollo, que marcará el pistoletazo de salida de los plazos anteriores, aún no está aprobado, ni lo estará en los próximos meses.
Visibilidad, interconexión e interoperabilidad Esta nueva era de la facturación trae consigo requisitos clave que nos beneficiarán directamente. Por un lado, la obligación de informar sobre los estados de la factura (aceptada, pagada, etc.) nos dará una visibilidad sin precedentes sobre nuestra tesorería. Por otro, la exigencia de que las soluciones tecnológicas garanticen la interconexión e interoperabilidad gratuitas (Artículo 2 bis. Factura electrónica en el sector privado) acabará con los sistemas cerrados y nos dará libertad para elegir la herramienta que mejor se adapte a nuestras necesidades, sin quedar cautivos de las plataformas de nuestros clientes. Desde ATA, somos conscientes de que esta transición requiere un esfuerzo inicial. Por ello, estamos trabajando para que el proceso sea lo más sencillo posible y para que las ayudas, como las del programa Kit Digital, sigan siendo un apoyo fundamental para acometer esta y otras digitalizaciones necesarias.
Estimados colegas, la facturación electrónica no es un fin en sí mismo, sino un medio para optimizar nuestra gestión, reducir la carga administrativa, minimizar errores y, en definitiva, liberar tiempo valioso que podremos dedicar a lo que de verdad importa: el ejercicio de nuestra profesión y el servicio a nuestros clientes y pacientes. Nos encontramos en un momento decisivo. Adoptar esta herramienta con antelación no solo nos permitirá cumplir con la normativa, sino que nos posicionará en la vanguardia, proyectando una imagen de modernidad y eficiencia. Desde ATA, como siempre, estamos a vuestro lado para acompañaros en este camino, resolver vuestras dudas y asegurar que esta transformación digital se convierta en un verdadero motor de crecimiento para todos.

Ángel Talavera Jefe de Economía Europea en Oxford Economics
La productividad ha sido, históricamente, el gran talón de Aquiles de la economía española. Aunque en las dos últimas décadas se ha avanzado en capital humano y digitalización, el crecimiento de la productividad sigue siendo modesto, especialmente en el sector servicios, que representa cerca del 75% del PIB y más del 80% del empleo. Dentro de este gran paraguas, los servicios profesionales —abogacía, consultoría, ingeniería, arquitectura, auditoría, entre otros— ocupan un lugar crucial: no solo son motores de empleo cualificado, sino que generan conocimiento y valor añadido para el resto de la economía.
Margen de mejora en diversas áreas
Sin embargo, los datos sugieren que España sigue teniendo un reto significativo. Según Eurostat, la productividad por hora trabajada en los servicios profesionales en España se sitúa un 15% por debajo de la media de la eurozona. Este diferencial es muy relevante dado que la productividad es, en el largo plazo, el principal determinante de los salarios.
Varias razones explican esta diferencia. En primer lugar, la fragmentación del sector. A diferencia de otros países europeos, España cuenta con un tejido de empresas de servicios profesionales dominado por microempresas: más del 90% tiene menos de 10 empleados. Esta atomización limita la capacidad de inversión en tecnología, en formación avanzada o en internacionalización. Además, dificulta la adopción de economías de escala que podrían mejorar la eficiencia operativa.
Será crucial reforzar la formación continua de los profesionales, especialmente en áreas de alto crecimiento como la inteligencia artificial, el análisis de datos o la ciberseguridad, donde la demanda de talento es creciente
En segundo lugar, la lenta digitalización. Aunque la pandemia aceleró el uso de herramientas digitales —reuniones virtuales, gestión documental en la nube, automatización de procesos—, la brecha tecnológica entre las grandes firmas y las pequeñas sigue siendo amplia. Un estudio del Banco de España señala que solo un 35% de las pymes de servicios profesionales utilizan software avanzado de análisis de datos, frente a más del 60% de las grandes empresas. Esta diferencia se traduce en una menor capacidad de optimizar recursos, ofrecer servicios más sofisticados o generar innovaciones que incrementen el valor añadido.
Otro factor relevante es la regulación. España ha avanzado en la liberalización de algunos servicios profesionales desde las reformas de 2013, pero aún persisten barreras de entrada en sectores como la abogacía o la arquitectura, lo que limita la competencia y, en ocasiones, la innovación en modelos de negocio. La OCDE ha advertido que una mayor apertura y una mejor movilidad de profesionales entre regiones podría dinamizar el sector y aumentar su productividad.
Fortalezas: especialización e internacionalización Pero no todo son sombras. El sector de servicios profesionales español ha demostrado resiliencia y capacidad de adaptación en un entorno económico complejo. Muchas firmas han apostado por la especialización y la internacionalización, con resultados positivos. Por ejemplo, en 2024 las exportaciones de servicios profesionales —desde ingeniería hasta consultoría— crecieron un 9%, un dato que refleja que hay demanda para el know-how español en mercados globales. Las exportaciones de servicios no turísticos representan casi el 40% del total, comparado con un 25% antes de la pandemia. La clave, de cara al futuro, está en escalar estas buenas prácticas. Fomentar la consolidación de empresas para ganar tamaño, impulsar programas públicos y privados de digitalización para las pymes, y promover un marco regulatorio que favorezca la competencia y la innovación son pasos imprescindibles. Además, será crucial reforzar la formación continua de los profesionales, especialmente en áreas de alto crecimiento como la inteligencia artificial, el análisis de datos o la ciberseguridad, donde la demanda de talento es creciente. En definitiva, mejorar la productividad en los servicios profesionales no es solo una cuestión sectorial, sino un imperativo para la competitividad de la economía española en su conjunto. Si España logra cerrar la brecha de productividad con Europa, el impacto en el crecimiento potencial, el empleo de calidad y la generación de riqueza sería significativo.


Carlos Alberto González Delgado Economista. Presidente de ReDigital, el registro de Transformación Digital del Consejo General de Economistas de España
El conocimiento del economista será esencial allí donde los datos y los algoritmos empiecen a tomar decisiones con consecuencias reales. Por ejemplo, en fiscalidad (como la implantación de VERI*FACTU), en los nuevos procedimientos concursales electrónicos o en la auditoría de sistemas basados en IA, el economista aporta algo que la tecnología no tiene: criterio, responsabilidad y contexto. Nuestra formación en análisis, verificación y control económico nos convierte en garantes de confianza en entornos cada vez más automatizados. Debemos convertir que tecnologías como la inteligencia artificial sea también inteligencia profesional. Por eso, las nuevas áreas de ejercicio no son solo tecnológicas, sino profundamente humanas: el economista seguirá siendo necesario donde haya que interpretar, explicar y asumir responsabilidad.
Áreas de profunda transformación
Además, observamos que las transformaciones que más afectarán a la profesión no serán solo tecnológicas, sino de propósito. La automatización y la inteligencia artificial cambiarán la naturaleza del trabajo del economista: ya no se tratará de producir información, cuadrarla, hacer muestras aleatorias, etc. Con las tecnologías comentadas seremos capaces de predecir en base a totalidad de los datos (no de muestras), delegar el trabajo mecánico (como la simple contabilización), y el valor estará en validar, interpretar, hacer la trazabilidad y garantizar la calidad de los datos y los resultados que nos darán estas nuevas tecnologías. Mantendremos la esencia de dar criterio y fiabilidad.
Por ejemplo, con la irrupción de la IA en procesos contables, fiscales o de gestión de personas exigirá profesionales capaces de entender cómo funcionan esos sistemas y de responder éticamente por sus decisiones. Por eso, el economista del futuro no será solo un experto en números, sino un curador de verdad económica: alguien que traduce la tecnología en decisiones comprensibles y justas.
Desde ReDigital trabajamos precisamente para acompañar esa evolución, creando estándares y capacidades que permitan ejercer la profesión con la misma solvencia… pero en un entorno distinto. Misma esencia de la profesión, distinta forma de ejecutarlo.
Formación, tecnología y valor humano
La prioridad no será aprender más herramientas, que tenemos que aprenderlas y su uso, el objetivo es aprender a pensar de otra forma. Los economistas deberemos combinar competencias tecnológicas —gobierno del dato, inteligencia artificial, ciberseguridad, sostenibilidad— con una comprensión profunda del impacto humano de sus decisiones.
La formación continua dejará de ser opcional para convertirse en una obligación ética: la única forma de mantener la confianza de la sociedad en nuestra profesión. Serán esenciales las habilidades emocionales y relacionales —adaptabilidad, empatía, asertividad, resiliencia— porque trabajaremos en entornos de incertidumbre,
en equipos multidisciplinares y con tecnologías que aún estamos aprendiendo, algunas sin regulación clara.
Desde ReDigital avanzamos hacia una formación viva, conectada a la práctica, que combine conocimiento técnico, reflexión ética y capacidad de comunicación. El economista del futuro no solo debe saber operar sistemas digitales, sino también interpretar su sentido, anticipar riesgos y acompañar a las personas en esa transición. Mientras, la tecnología no elimina el valor humano; lo redefine. Herramientas basadas en inteligencia artificial o big data amplían la capacidad del economista para analizar, prever y auditar. Pero el verdadero valor añadido seguirá siendo humano: el juicio profesional que conecta los datos con su significado económico y ético. La esencia de nuestra profesión se mantiene, dar criterio y confianza.
En este nuevo binomio, la máquina aporta volumen, velocidad y exactitud; el profesional aporta interpretación, contexto y responsabilidad. Cuando un algoritmo evalúa riesgos o asigna recursos, alguien debe garantizar que esos resultados sean justos, explicables y coherentes con la realidad.
Desde ReDigital entendemos la tecnología como una extensión de la inteligencia profesional, no como su sustituto. Nuestra misión es formar economistas capaces de convivir con sistemas inteligentes, auditarlos y traducirlos en decisiones con valor humano. En definitiva, el futuro del servicio profesional no será ni humano ni artificial: será híbrido y ético. Y ese equilibrio —entre precisión tecnológica y juicio profesional— es precisamente donde la economía y el tejido empresarial necesita más que nunca a los economistas.
Por su parte, los colegios profesionales serán el principal garante de que la transformación digital no erosione la confianza en las profesiones, sino que la fortalezca. Su papel será doble: acompañar y proteger. Acompañar a los profesionales en su adaptación —a través de formación viva, certificaciones y comunidades de práctica—, y proteger a la sociedad asegurando que las nuevas herramientas tecnológicas se usen con rigor, ética y transparencia.
Desde ReDigital estamos impulsando esta misión creando una red de conocimiento que las tecnologías disponibles con las capacidades profesionales y sus necesidades. Así, en los próximos años, los colegios debemos asumir un rol de orquestadores de confianza: definir estándares de competencia digital, promover la colaboración entre despachos/empresas y reforzar la responsabilidad pública de la profesión económica. En última instancia, el futuro de cualquier profesión colegiada— dependerá de que sus instituciones sepamos liderar el cambio con una combinación equilibrada de criterio, ética y visión tecnológica. ReDigital existe precisamente para eso: para que la digitalización sea un proceso guiado por la inteligencia profesional, no por la inercia tecnológica.



El pasado mes de septiembre se cumplían diez años de la puesta en marcha de la Agenda 2030, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas específicas, un plan de acción global adoptado por 193 países en el 2015 para alcanzar un desarrollo sostenible, con el objetivo de proteger el planeta, las personas y la prosperidad.
La Agenda 2030 es, en este décimo aniversario, para el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, más importante que nunca. Así lo matizó en el acto que tuvo lugar el pasado 30 de septiembre con motivo de dicho aniversario.
Bajo el título de Voces del Desarrollo Sostenible , se contó con la intervención de figuras destacadas como la Alta Comisionada adjunta de Derechos Humanos de la ONU, la secretaria de Estado de Derechos Sociales o el director general de la Agenda 2030. Durante el acto quedó subrayada la necesidad de seguir dotando de «contenido concreto a cada una de las valiosísimas ideas que están detrás de cada uno de los ODS», tal y como apuntó Bustinduy.
Por su parte, Pacto Mundial recordaba a propósito de esta década de ODS, que solo el 18 % de las metas están en vías de cumplirse: «Aunque se han logrado avances importantes en áreas como la erradicación de la pobreza, la educación de calidad y la acción por el clima, aún quedan grandes retos por superar». Así, recomiendan «incrementar los esfuerzos, especialmente en lo que respecta a la igualdad de género, la reducción de las desigualdades y la mejora del acceso a agua potable y saneamiento».
Las profesiones colegiadas, reunidas en Unión Profesional, diez años después de la adopción de
la Agenda 2030, continúan comprometidas con sus 17 ODS, siendo reconocidas, desde el 2019, como miembros del Consejo de Desarrollo Sostenible — órgano asesor y de colaboración con la Administración General del Estado para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030—. No en vano la que fuera Alta Comisionada de la Agenda 2030, Cristina Gallach, reconocía en julio de ese mismo año que la comunidad profesional es «el gran pulmón de aterrizaje de los ODS». Un año después, en plena pandemia, Unión Profesional reafirmaba su compromiso con la Agenda 2030 en una reunión mantenida con la entonces secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, quien reconocía: «trabajáis por el interés general, eje fundamental de una sociedad más justa que prima lo común, lo que os convierte en actores clave para la generación de buenas prácticas que redunden en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible». Desde dicho compromiso con esta estrategia mundial, tanto Unión Profesional como cada una de las profesiones colegiadas que la integran, han ejercido como baluarte de ODS individuales, pero también comunes, siendo el ODS 10, 16 y 17 —reducción de las desigualdades; promoción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas; alianzas para lograr los objetivos— los desafíos con los que más se identifica esta entidad que agrupa a las profesiones colegiadas en España. Este 2025, diez años después de la adopción de la Agenda 2030 por parte de Naciones Unidas, inicia el camino más crítico, en el que se debe acelerar la acción en sostenibilidad para llegar verdaderamente a ver cumplidas la mayoría de las metas que componen los 17 ODS, lo que, en definitiva, supone, el diseño, en este lustro de descuento, de un futuro más justo, equitativo y sostenible, para nuestra generación y las venideras.


Ewa Widlak Presidenta, ONU Mujeres España
Desde su creación en 2010, ONU Mujeres ha sido la voz global de las Naciones Unidas en la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas. Su misión es clara: eliminar la discriminación, empoderar a las mujeres y lograr la igualdad de género en todos los ámbitos. La llegada de ONU Mujeres a España en 2022 marcó un hito que reconocía el compromiso del país con estos valores y abría una nueva etapa de colaboración y acción.
El Comité Nacional de ONU Mujeres España nació con un propósito firme de acercar la agenda global de igualdad al contexto español, movilizando a instituciones, empresas y ciudadanía. En estos tres años, hemos trabajado para construir alianzas, visibilizar los desafíos pendientes y promover soluciones transformadoras.
Uno de los hitos más significativos ha sido el proceso de diálogo Beijing +30, con motivo del trigésimo aniversario de la histórica Conferencia Mundial sobre la Mujer. Este espacio ha permitido reunir a representantes de la sociedad civil, la academia y las instituciones públicas para reflexionar sobre los avances logrados y los retos aún pendientes. España ha demostrado que la igualdad solo se consolida con una ciudadanía activa y comprometida, y que los aprendizajes compartidos son la base para impulsar nuevas políticas y estrategias de género a nivel nacional e internacional.
El Comité Nacional de ONU Mujeres
España nació hace tres años con el propósito firme de acercar la agenda global de igualdad al contexto español, movilizando a instituciones, empresas y ciudadanía
En paralelo, hemos desarrollado la campaña Orange Days, una iniciativa global de 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Cada año, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, iluminamos espacios, generamos conversación y recaudamos fondos para el Fondo de ONU Mujeres para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Gracias a la participación de personalidades, empresas y medios, logramos amplificar el mensaje de que la violencia no tiene cabida en una sociedad igualitaria.
Futuro cercano
Mirando al futuro, nuestra hoja de ruta se orienta hacia dos grandes ejes. Por un lado, la promoción de los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs), desarrollados por ONU Mujeres y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que ofrecen a las empresas una guía práctica para integrar la igualdad de género en su cultura y estrategias. Por otro, la expansión en España de la iniciativa HeForShe, que invita a hombres y niños a ser parte activa del cambio. Porque la igualdad no es solo una causa de las mujeres, sino un compromiso compartido por toda la sociedad.
Celebrar estos tres años significa reconocer los logros alcanzados, pero también renovar nuestro compromiso con el futuro y, desde ONU Mujeres España, creemos que la igualdad no es una meta lejana, sino una tarea que requiere convicción, cooperación y esperanza.
Este camino solo es posible con recursos, colaboración y una red sólida de apoyo. La sostenibilidad de nuestro trabajo depende de sumar esfuerzos: de quienes donan, colaboran, comunican o actúan desde su entorno. Cada aportación fortalece nuestra capacidad para llegar más lejos y acelerar el cambio hacia la igualdad real.
Seguiremos trabajando para que cada paso que demos acerque a España, y al mundo, a una realidad donde la igualdad de género sea un hecho y no una aspiración.



La Declaración y Plataforma de Acción fruto de la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing celebrada en 1995 es el plan mundial más amplio y visionario que jamás se haya creado para lograr la igualdad de derechos por y para todas las mujeres y niñas. La Plataforma, adoptada hace tres décadas por 189 Gobiernos, es el marco para la consecución de los derechos humanos de las mujeres; concebido desde la discusión de género y una perspectiva andrógina, y estructurado en doce áreas de acción conocidas como «esferas de especial preocupación»: pobreza, educación, salud, violencia de género, conflictos armados, economía, ejercicio del poder, mecanismos institucionales, derechos humanos de la mujer, medios de comunicación, medio ambiente e infancia.
En palabras de Annalena Baerbock, presidenta de la Asamblea General de la ONU desde el pasado septiembre y quinta mujer en ostentar el cargo desde que se fundó la organización hace ochenta años, «cumplir con lo acordado en Beijing significa también que ningún político, juez o líder religioso masculino debería atreverse a decirles a nuestras niñas qué hacer con sus cuerpos, porque son seres humanos, no propiedades». Tal y como recoge el informe Panorama de Género 2025, principal fuente de datos mundial sobre la igualdad de género y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ninguna de las metas relacionadas con la igualdad de género está en camino de cumplirse. No obstante, y partiendo del Programa de Acción Beijing +30 —iniciativa que busca actualizar la Plataforma de Acción en su treinta aniversario—, ONU Mujeres ha querido destacar seis áreas prioritarias de acción e inversión con el objetivo de situar y mantener a las mujeres, las niñas y las juventudes en el centro de las políticas públicas en tiempos de reacción. Son las siguientes:
1. Acelerar la paridad de género en los gobiernos nacionales y locales.
2. Adoptar y financiar planes de acción nacionales para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.
3. Poner a las mujeres en el centro de una transición justa y global hacia economías verdes.
4. Reducir la brecha digital de género proporcionando a las mujeres igualdad de acceso a la tecnología y sus beneficios.
5. Transformar la economía de cuidados para apoyar el empoderamiento económico de las mujeres.
6. Impulsar la rendición de cuentas en relación con la agenda de la mujer, la paz y la seguridad y la acción humanitaria con perspectiva de género.
Participación de Unión Profesional en Beijing +30
En este contexto, ONU Mujeres España ha iniciado un proceso participativo de carácter nacional con el objetivo de crear una hoja de ruta propia y actualizada en el marco del Programa de Acción Beijing +30. Para ello, se organizó en la pasada primavera una primera sesión de trabajo con actores clave de la sociedad civil, como la propia Unión Profesional, con el propósito de generar un diagnóstico de la situación de la igualdad de género dentro de las seis áreas de acción priorizadas por ONU Mujeres.
En el segundo encuentro, celebrado a finales de octubre, tuvo especial protagonismo la síntesis consolidada del diagnóstico, punto de partida de las propuestas esbozadas en colectivo en la sesión y que darán forma al documento de soluciones orientadas a acelerar la igualdad de género y el cumplimiento del ODS 5 (Igualdad de Género) en España de cara al 2030. El resultado final de este proceso participativo está previsto sea presentado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre).


El Pacto Mundial de las Naciones Unidas (PMNU) ha lanzado una nueva política dirigida específicamente a organizaciones no empresariales, con el objetivo de reforzar su papel en la promoción de la sostenibilidad y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta iniciativa refleja el compromiso de la ONU de involucrar a todo tipo de actores, no solo a empresas, en la construcción de un futuro más inclusivo y sostenible. Si bien, aunque dirigido a las empresas, ya en el año 2023, desde Pacto Mundial se introdujeron modificaciones en el Informe de Progreso (COP) que tenían como objetivo facilitar a las empresas adheridas a la iniciativa cumplir con su obligación anual de reporte en los Diez Principios del Pacto Mundial de la ONU . Esta actualización permitía a las empresas reportar bajo un formato narrativo a un cuestionario estandarizado disponible en una nueva plataforma digital, lo que garantizará una mayor transparencia y una mejor recopilación de datos. Este año las actualizaciones en el desarrollo del Informe de Compromiso se han dirigido a las organizaciones no empresariales, centrándose en aspectos clave para este sector.
La política establece tres bases fundamentales. En primer lugar, las organizaciones deberán implementar criterios de sostenibilidad alineados con los Diez Principios del Pacto Mundial, que abarcan derechos humanos, normas laborales, protección ambiental y lucha contra la corrupción. De esta manera, se busca garantizar que sus estrategias y operaciones se desarrollen de forma responsable y coherente con los valores universales promovidos por la ONU.
En segundo lugar, la política exige transparencia y rendición de cuentas mediante la publicación de un Informe de Progreso cada dos años. Este informe permitirá a las organizaciones demostrar sus avances, documentar sus acciones y evaluar los resultados obtenidos en relación con los
principios del Pacto y los ODS, fomentando así una cultura de mejora continua y responsabilidad social. El tercer pilar se centra en la participación activa dentro de la comunidad del Pacto Mundial. Las organizaciones no empresariales estarán llamadas a colaborar con otras entidades adheridas, intercambiar experiencias, compartir buenas prácticas y contribuir al aprendizaje colectivo en materia de sostenibilidad. Este enfoque busca generar sinergias entre distintas organizaciones y fortalecer un ecosistema global comprometido con el desarrollo sostenible. Según representantes del PMNU, esta política renovada subraya la importancia de que las acciones de las organizaciones no empresariales trasciendan los esfuerzos individuales, convirtiéndose en transformaciones reales y duraderas que integren el progreso económico, el bienestar social y la protección del medio ambiente.
Con esta iniciativa, el Pacto Mundial reafirma su visión de que la sostenibilidad es un esfuerzo compartido que requiere la colaboración activa de todos los sectores de la sociedad, y no solo de las empresas. Las organizaciones no empresariales, desde ONG hasta instituciones educativas y otras organizaciones, se convierten así en actores estratégicos para impulsar un desarrollo más justo, inclusivo y responsable a nivel global siendo así, una responsabilidad compartida que requiere compromiso, colaboración y acción concreta de todos los sectores.


Proceso de presentación:
• A través de la plataforma del Pacto Mundial de la ONU con usuario y contraseña.
• Se debe completar el cuestionario y la declaración de apoyo del director general, confirmando el compromiso con la iniciativa
En el Día Mundial de las Profesiones Liberales (23 de septiembre), la entidad que agrupa a las profesiones colegiadas en España, Unión Profesional, reivindicó los principios rectores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por los cuales han de regirse los Estados y sus profesiones, y que tienen su razón de ser en la protección y el bienestar de la población mundial. La comunidad profesional resulta fundamental para garantizar la protección y bienestar de las personas y sus comunidades. Quienes ejercen o han ejercido una profesión en cualquier parte del planeta saben de la naturaleza de este vínculo, que en condiciones extremas trasciende el mandato profesional para convertirse en un llamamiento humanitario, y singularmente al derecho al acceso universal de los servicios profesionales.
Derecho de acceso a servicios básicos esenciales
La reivindicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que Unión Profesional hace en su Día Mundial responde a una necesidad urgente de salvaguarda de esos mismos principios que tienen en la dignidad humana su piedra angular, y que en estos momentos están siendo gravemente vulnerados en distintos lugares del mundo y especialmente, en la Franja de Gaza, conflicto en el que la población civil es atacada de manera indiscriminada, así como se impide la llegada de asistencia profesional.
Nos hallamos ante una masacre perpetrada por los responsables israelíes que ha convertido a la población civil en objetivo de guerra, lo que supone una clara violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Se imposibilita de manera premeditada la labor profesional, lo que se traduce en una grave vulneración del
derecho de acceso a servicios básicos esenciales, como son los de los profesionales sanitarios, periodistas, docentes, juristas, entre otros. Siendo ello estrategias de guerra deplorables e injustas, cuyas consecuencias son la enfermedad, el hambre y la muerte.
Consideración del criterio profesional
En la semana en que tuvo lugar la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Unión Profesional hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que cesen los actos genocidas ejecutados por el ejército de Israel contra la población civil, se facilite el acceso inmediato y seguro de profesionales humanitarios en la Franja de Gaza, y se permita ofrecer servicios profesionales básicos urgentes de manera inmediata y efectiva y se exija el cumplimiento del derecho internacional.
La gestión y solución de conflictos necesitan un aporte y consideración de los criterios profesionales, a los que no se recurre, por lo que la comunidad profesional llama a los Estados y a las organizaciones internacionales a erradicar el uso de la fuerza y la violencia que crea una espiral de consecuencias inasumibles.

«La dignidad del ser humano no es negociable». De esta manera se dirigía al auditorio de Naciones Unidas en Nueva York, Felipe VI, rey de España, con motivo del 80 aniversario de la organización intergubernamental más grande del mundo, creada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial para mantener la paz y seguridad internacionales, fomentar relaciones amistosas entre las naciones y promover la cooperación en asuntos económicos, sociales y humanitarios. Durante este evento internacional, que tuvo lugar el 22 de septiembre como parte de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General, fueron muchos los discursos que abogaron por una cultura de la paz en todo el mundo. «La paz es la búsqueda más valiente, práctica y necesaria para todos», comentaba el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres en su intervención inaugural, en la que lanzó un llamamiento urgente a la unidad y a la renovación del multilateralismo frente a los desafíos actuales. La cumbre por el 80 aniversario de la ONU coincidía con los momentos previos al inicio del proceso de paz en Gaza,
donde la población civil ha sido masacrada y el Derecho Internacional Humanitario pisoteado. Similar circunstancia sigue existiendo aún en Ucrania, Sudán y otros lugares de nuestro planeta, que avanza, según Guterres, hacia un mundo multipolar: «avanzamos hacia un mundo multipolar. Pero sin instituciones multilaterales sólidas, la multipolaridad conlleva riesgos, como aprendió Europa en la Primera Guerra Mundial», y por ello, «no solo debemos defender a las Naciones Unidas, sino fortalecerlas».
Rey de España, Felipe VI: «La dignidad humana no es negociable»
Coincidiendo con esta reflexión, Felipe VI, destacaba en su intervención la voz de la razón que encarna este organismo multilateral, cuya referencia fundamental son los derechos humanos en un mundo asolado por conflictos, en el que el silencio o mirar hacia otro lado deja de ser una opción legítima.

Anthony Bochon Socio director del bufete BOCHON & PARTNERS Profesor asociado de la Universidad Libre de Bruselas
Las profesiones liberales se distinguen por la naturaleza intelectual de sus actividades, sustentadas en las habilidades, competencias y conocimientos adquiridos a través de unas cualificaciones y una experiencia específicas. De entre todas las profesiones, serán las que probablemente se verán expuestas antes y en mayor medida a los avances de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA). Una mayor dependencia de la IA, primero para descubrir este mundo aún desconocido y luego para beneficiarse del supuesto aumento de la productividad, lo que significa para las profesiones liberales comprometerse a un uso de la IA a gran escala en un momento en el que su regulación en la Unión Europea se está haciendo realidad con el recientemente adoptado Reglamento (UE) 2024/1689, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas sobre inteligencia artificial («Ley de IA»).
Tras examinar la posición de las profesiones liberales en virtud de este Reglamento en este artículo analizaremos los principales retos jurídicos y éticos que hay que tener en cuenta antes de abordar los requisitos específicos de las obligaciones de la Evaluación de Impacto en los Derechos Fundamentales (EIDF) y señalar las ventajas de la evaluación de impacto voluntaria. Las conclusiones finales abrirán la puerta a un debate más amplio.
Las profesiones liberales en el marco de la Ley de IA
Con la Ley de Inteligencia Artificial, la Unión Europea ha adoptado la primera legislación que regula los usos de la IA. Con un enfoque basado en el riesgo, clasifica los sistemas de IA en cuatro niveles de riesgo, prohibiendo los riesgos inaceptables e imponiendo obligaciones estrictas a los sistemas de alto riesgo. En el caso de las profesiones liberales, la cuestión clave es que no son meros desarrolladores, sino implementadores, es decir, son usuarios de sistemas de IA en su actividad profesional. Por ello, deben garantizar que los sistemas de IA que utilicen cumplan con las obligaciones de transparencia, documentación y supervisión humana. En la práctica, evaluar el nivel de riesgo de un sistema de IA es difícil, sobre todo porque la mayoría de los sistemas no se han diseñado teniendo en cuenta los objetivos de derechos fundamentales de la Ley de IA. A diferencia del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), no existe un equivalente al delegado de protección de datos que oriente a los implementadores. El «responsable de cumplimiento de la IA» es probablemente una figura olvidada por esta Ley. Por lo tanto, las profesiones liberales
se ven obligadas a navegar en gran medida por su cuenta a través de este complejo entorno de cumplimiento.
Principales retos jurídicos y éticos
En la intersección entre la regulación de la IA y la ética profesional surgen varios retos fundamentales. En primer lugar, las profesiones liberales se caracterizan por un mayor grado de secreto profesional. Aunque la Ley de IA protege los secretos comerciales, no aborda el reto de dicha protección, que va más allá de los ya famosos requisitos de protección de datos personales establecidos por el RGPD.
En segundo lugar, a diferencia del RGPD, la Ley de IA no afirma explícitamente el derecho a la intervención humana, esto es, la salvaguardia que garantiza que sea un profesional, y no una máquina, quien asuma la responsabilidad última de las decisiones que afectan a la vida o los derechos de las personas. Sin embargo, las profesiones liberales se enfrentan a estas expectativas por parte de sus propios clientes/pacientes. Por lo tanto, en nuestra opinión, el diseño de los sistemas de IA debe abordar este reto cuando se destinan a ser utilizados por las profesiones liberales.
En la intersección entre la regulación de la IA y la ética profesional surgen varios retos fundamentales
En tercer lugar, el hecho de que hasta ahora no se haya adoptado la Directiva sobre responsabilidad en materia de IA, destinada a aclarar quién es responsable cuando la IA cause daños, deja zonas grises en cuanto a la asignación de la responsabilidad, el acceso a las pruebas y las defensas que deben alegarse en caso de litigio. Los medios de comunicación ya han cubierto numerosos casos de profesiones liberales declaradas culpables por un uso indebido de la IA en el ejercicio de su actividad profesional.
En cuarto lugar, la Ley de IA no aborda cómo los códigos deontológicos profesionales pueden complementar el cumplimiento de la legislación. Hasta ahora, la aplicación de la Ley de IA ha ignorado este aspecto específico del cumplimiento normativo.
Por último, las obligaciones de transparencia, como las del artículo 50 de la Ley de IA, pueden revelar inadvertidamente el grado de automatización de las tareas profesionales. Los clientes pueden percibir los servicios asistidos por IA como menos humanos —y, por lo tanto, menos fiables— a menos que se gestione cuidadosamente la comunicación.
Nueva herramienta de rendición de cuentas
El artículo 27 de la Ley de IA introduce la obligación de realizar una Evaluación de Impacto en los Derechos Fundamentales EIPD (FRIA, en sus siglas en inglés) para los implementadores de IA de alto riesgo, tanto organismos públicos como proveedores privados de servicios públicos, una categoría que puede incluir determinadas profesiones liberales.
En la práctica, la EIPD está estrechamente relacionada con la evaluación de impacto relativa a la protección de datos del RGPD. Ambas comparten el mismo espíritu: anticipar los riesgos antes de que se materialicen. Sin embargo, una EIPD no es una formalidad; debe interpretarse como una lista de preguntas que conducen a una reflexión genuina, no como un ejercicio de marcar casillas.
Los organismos profesionales y los profesionales individuales darán forma a la aplicación del marco jurídico preservando el espíritu profesional
Las profesiones liberales deberán interpretar la EIPD a la luz de sus deberes de independencia, confidencialidad y servicio al interés público. Las primeras obligaciones vinculantes se aplicarán a partir del 2 de agosto de 2026, lo que deja poco tiempo a las organizaciones profesionales para preparar directrices y plantillas.
Un marco voluntario para el uso responsable de la IA
Para llenar este vacío, he concebido un enfoque complementario hecho a medida para las profesiones liberales: el método
IA-EVIPL (Evaluación voluntaria del impacto de la IA para las profesiones liberales - AI-VIALP - Voluntary AI Impact Assessment for Liberal Professions). Inspirada en la lógica de la DPIA, esta evaluación voluntaria ayuda a los profesionales a gestionar los riesgos legales, éticos y de reputación relacionados con la IA (para más detalles, véase ai4lp.com).
El IA-EVIPL se desarrolla en siete pasos: definición del contexto y mapeo de riesgos; identificación de las partes interesadas y del impacto, determinando quiénes podrían verse afectados; revisión del marco legal y ético; evaluación del impacto y diseño de medidas de mitigación para evaluar los riesgos potenciales y proponer salvaguardias coherentes con los valores profesionales; toma de decisiones y validación; conservación de la documentación y retención de datos y, por último, revisión y mejora continua.
Este método no se trata de burocracia de cumplimiento. Se trata de recuperar el control sobre la responsabilidad profesional en la era de la automatización, garantizando que las profesiones liberales sigan siendo un ejemplo vivo de inteligencia humana mejorada, pero no sustituida, por las máquinas.
Una mirada hacia el futuro
Para las profesiones liberales, la cuestión no es si utilizar la IA, sino cómo utilizarla. La Ley de IA establece el marco jurídico, pero los organismos profesionales y los profesionales individuales darán forma a la aplicación de ese marco preservando el espíritu profesional. El cumplimiento, incluido el voluntario y anticipatorio, no debe considerarse una formalidad o una barrera competitiva con el resto del mundo, sino una oportunidad para mantener la IA al servicio de la inteligencia humana, con las profesiones liberales reforzando sus valores fundamentales.

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Unión Profesional ha participado en la Consulta Pública Previa lanzada por la Comisión Europea sobre la futura Estrategia de la UE en materia de Sociedad Civil, cuyo plazo de presentación concluyó en el mes de septiembre. El proceso buscaba recabar aportaciones que orienten cómo garantizar una participación más estructurada, mejorar el diálogo civil en todas las fases de elaboración normativa y asegurar un marco estable de financiación y reconocimiento institucional para la sociedad civil en Europa. Con la aportación de Unión Profesional se pretende reforzar el reconocimiento del papel que desempeñan las profesiones y sus corporaciones colegiales en el marco europeo, destacando su naturaleza pública, independiente y de servicio al interés general. La propuesta recuerda a la Comisión Europea que las profesiones constituyen una categoría social estructural dentro de la sociedad civil europea y que su función se articula a través de valores deontológicos, el criterio profesional y la confianza ciudadana. Asimismo, subraya su capacidad de actuación frente a emergencias y su papel en la protección y garantía de los derechos humanos, ejemplificados en iniciativas como la Conferencia Multiprofesional y la Comisión Especial frente a desastres.
Reconocimiento del papel público de las corporaciones colegiales
En la contribución se plantea la necesidad de un reconocimiento explícito del papel público de las corporaciones colegiales dentro de la futura Estrategia, en coherencia con los trabajos ya desarrollados por el Comité Económico y Social Europeo (CESE), el Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS)
y la Unión Mundial de Profesiones Liberales (UMPL). Además, se propone que la Comisión Europea inste a los Estados miembros a elaborar estrategias nacionales que reconozcan la pluralidad de actores de la sociedad civil, incluidas las corporaciones colegiales, que refuercen el diálogo civil en todas las fases de elaboración de políticas, que garanticen una financiación estable y accesible y que establezcan mecanismos de control y seguimiento de la participación efectiva de estos actores en los procesos públicos.
También se solicita la mejora de los mecanismos de participación ciudadana y profesional en el ciclo legislativo europeo. En este sentido, se piden medidas concretas como sistemas de notificación directa de consultas, puntos de interlocución permanentes, retroalimentación clara de las aportaciones recibidas, plataformas multilingües y la consulta en fases tempranas de los procesos normativos.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) adoptó el pasado 18 de septiembre en sesión plenaria un dictamen de iniciativa sobre las interdependencias entre la inteligencia artificial (IA) y los servicios de las profesiones liberales cuyo ponente ha sido Rudolf Kolbe, presidente de Honor del Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CESE) y vicepresidente del Grupo III del CESE, que abarca las organizaciones de la sociedad civil
El dictamen se ancla en el principio básico de relación de las profesiones con la defensa y preservación de los derechos fundamentales. Como garantes del ecosistema social (vida, salud, justicia, seguridad, propiedad), gozan de una confianza elevada por parte de la sociedad, razón por la cual la introducción de la IA debe realizarse sin socavar los principios básicos de autonomía profesional, responsa -
bilidad personal y secreto profesional. El texto reconoce el potencial de la IA para mejorar la eficiencia, automatizar tareas repetitivas y ampliar el acceso a servicios, como la telemedicina, la traducción o la auditoría de datos. A su vez, advierte de riesgos, como la pérdida de confianza, algoritmos opacos, sesgos, problemas de responsabilidad, dependencia de plataformas tecnológicas y amenazas a la confidencialidad. Por ello, el CESE pide una integración responsable de la IA, con marcos éticos y jurídicos claros, una inversión en infraestructuras europeas seguras, programas de formación continua y un diálogo social que defina qué tareas deben mantenerse bajo el control humano.

Acceso al dictamen




Vicente Gambau i Pinasa Presidente del Consejo General de Colegios de Licenciados en Educación Física
A pesar de su probado impacto en la salud, la cohesión social y la economía, el deporte sigue siendo una mera competencia de apoyo en la Unión Europea (UE), limitado a recomendaciones sin fuerza vinculante. Esta situación lo excluye de políticas donde sí existe competencia legislativa europea, como la salud pública, el mercado interior, la política social o la protección de los consumidores. La fragmentación legal, fruto de esta delimitación, obstaculiza la definición de estándares comunes, la protección de derechos y la garantía de servicios deportivos de calidad, perpetuando vacíos regulatorios y desigualdades notables entre los Estados miembros.
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) relega el deporte —junto con la educación, la juventud y la formación profesional— a la esfera más restringida de intervención comunitaria. Bruselas puede coordinar, fomentar y complementar, pero carece de capacidad para legislar de manera vinculante. Por ello, la acción europea se ha limitado mayoritariamente a ámbitos concretos del deporte competitivo, como la integridad, el dopaje, la violencia o la seguridad en los eventos. El verdadero alcance social, económico y sanitario que debería tener el deporte sigue relegado a un plano secundario.
Motor de salud, equidad y desarrollo territorial
No obstante, la evolución de la UE demuestra que este enfoque ya no es coherente con las necesidades de la ciudadanía. Aunque la integración europea se basó en un principio en objetivos económicos y comerciales, hoy existen sólidos marcos normativos para proteger a los consumidores: la salud pública, el medio ambiente, la energía o la cohesión social, respetando la diversidad nacional. El deporte, entendido en su dimensión más amplia, abarcando la educación física y la actividad física, incide directamente en todos estos ámbitos. Mantenerlo en la periferia de la legislación europea supone limitar su potencial como motor de salud, equidad y desarrollo territorial, dejando sin cobertura a millones de personas. La falta de reconocimiento político y estratégico del deporte tiene consecuencias evidentes: los niveles de actividad física son insuficientes, con más del 60% de la población europea que rara vez o nunca practica deporte, lo que contribuye a mayor obesidad, enfermedades no transmisibles y dependencia de los sistemas sanitarios. Este déficit impacta en la economía y reduce la productividad. Además, la regulación fragmentada de las cualificaciones profesionales en el sector deportivo complica la movilidad laboral y la prestación de servicios seguros, aumentando la inseguridad tanto para profesionales como para ciudadanos. La falta de un marco normativo armonizado perpetúa la precariedad y minoriza la protección y dignidad profesional.
Por otra parte, la financiación europea sigue siendo insuficiente, representando apenas un 2% del presupuesto de programas como Erasmus+ para el ámbito deportivo, cantidad claramente escasa. La desigualdad en la aplicación de políticas sobre igualdad de género, protección infantil o buen gobierno en el deporte es manifiesta; no existen todavía mecanismos coordinados que permitan progresar por igual en toda la Unión. La integración real de personas migrantes y la accesibilidad para personas con discapacidad requieren mayor ambición y coordinación.
Valor transversal y seguridad de la práctica deportiva
La Unión Europea reconoce el carácter de interés general de la educación física y el deporte, legitimando la promoción de políticas públicas y la necesidad de cualificación profesional proporcional y eficaz. Sin embargo, la exigencia de cualificación queda a criterio de los Estados, sin mecanismos comunitarios efectivos que garanticen la protección de usuarios y profesionales, ni la dignificación de la educación física y deportiva.
Un ejemplo claro del desfase normativo es el reconocimiento de la «actividad física beneficiosa para la salud», impulsado por el Consejo de la UE y la OMS Europa en 2013. Pese a su potencial, carece de una traducción normativa que garantice su implantación real en los sistemas europeos de salud pública, reduciendo su efecto preventivo y su alcance como derecho ciudadano. En este contexto, Europa se encuentra ante una encrucijada. Debe decidir si el deporte seguirá siendo un apéndice marginal y sujeto a recomendaciones —dejando a discreción nacional su desarrollo— o si asume su valor transversal y lo vincula al núcleo de sus competencias exclusivas y compartidas. Esto no supone homogeneizar los sistemas nacionales, sino reconocer el deporte como un pilar esencial que puede mejorar la salud, reducir desigualdades, generar empleo y reforzar el sentimiento de pertenencia europea. La experiencia en otros sectores, como la protección de datos o la seguridad alimentaria, demuestra que es posible fijar estándares comunes sin renunciar a la diversidad. Europa debe dotarse de reglas eficaces que regulen la movilidad, la cualificación profesional, los derechos laborales y la seguridad de la práctica deportiva. Más allá de la técnica legislativa, se trata de un imperativo social y de salud pública: sin una verdadera política deportiva europea, la capacidad de la Unión para responder a los desafíos sociales será limitada.
La pregunta clave hoy no es si la UE puede abordar este reto, sino si puede permitirse no hacerlo. La fuerza de la colegiación y la unidad en la defensa del reconocimiento del deporte contribuirán a que las voces profesionales sean escuchadas y la política europea avance hacia una mayor cohesión, salud y equidad para todos.
Unión Profesional presentaba el pasado 29 de octubre, en un evento organizado en Casa de América, Madrid, los avances de Upro, su Programa Formativo en Competencias Digitales en el ámbito de los Colegios Profesionales, con el objetivo de preparar en torno a 80.000 alumnos en competencias clave como digitalización, inteligencia artificial y herramientas tecnológicas aplicadas a sus respectivos sectores.
El Programa, que ya cuenta con más de 40.000 alumnos, comenzó en octubre de 2025, con una fase piloto previa en septiembre del mismo año, y finalizará el 30 de junio de 2026. Está enmarcado en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y cuenta con un presupuesto de 200 millones de euros
Upro está 100% subvencionado y cuenta con un presupuesto de 200 millones de euros para el desarrollo de un programa de formación de competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales. Las actuaciones, están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea, en el marco de la inversión 3 del Componente 19, Plan Nacional de Competencias Digitales.
Acto de Presentación
En el acto intervinieron Salvador González, vicepresidente de Unión Profesional, Jesús Aguilar, secretario general de Unión Profesional y Jesús Herrero, director general de Red.es. Además, contó con la participación de representantes de diversos colegios profesionales. Tras un emotivo recuerdo a las víctimas y afectados por la dana acaecida en Valencia y el este de Castilla La Mancha, en su primer aniversario, comenzaban las intervenciones del vicepresidente y del secretario general de Unión Profesional, así como del director de Red.es.
Así, Salvador González, vicepresidente de Unión Profesional, señaló que «Upro es una formación de vanguardia,
integral e integradora en la que las corporaciones colegiales venimos trabajando con esfuerzo, dedicación e ilusión desde hace muchos meses».

El secretario general de Unión Profesional, Jesús Aguilar, añadía en su discurso: «Con Upro damos un paso decisivo hacia la modernización de las profesiones. Nuestro objetivo es que los colegios profesionales sean motor de cambio y garantes de que sus miembros cuentan con las competencias digitales necesarias para seguir aportando valor a la sociedad en un entorno en constante evolución».
Unión Profesional se ha convertido en el instrumento de canalización de esta actuación, enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es y financiada a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea


Por su parte, Jesús Herrero, director general de Red.es, subrayó que «en Red.es somos conscientes del reto que supone formar a profesionales para que puedan adaptarse al nuevo escenario de transformación digital. Estos cursos enmarcados en Generación D son una oportunidad para adquirir conocimientos especializados que puedan aplicar en su día a día».
Contenidos adaptados a las y los profesionales colegiados
El Programa Formativo en Competencias Digitales en el ámbito de los Colegios Profesionales ofrece formación transversal y aplicable desde el primer día, con especial foco en inteligencia artificial, ciberseguridad y nuevas herramientas digitales. Abarca un itinerario completo que incluye desde la gestión del tiempo, el liderazgo digital y las metodologías ágiles, hasta el uso avanzado de herramientas colaborativas como Microsoft 365, Google Workspace, Power BI, Power Platform y CRM. También se abordan áreas clave como la inteligencia artificial, incluyendo la IA generativa y su integración en el entorno Microsoft 365, el análisis y la gobernanza del dato, la seguridad digital, el marketing digital y la e-administración. Además, se fomenta la innovación, el pensamiento estratégico, el liderazgo del cambio y la capacidad de adaptación en entornos profesionales cada vez más digitales, diversos y complejos. Este contenido modular y progresivo permite a los profesionales adquirir no solo competencias técnicas, sino también habilidades estratégicas para liderar la transformación digital en sus respectivos sectores.
Se trata de una formación sin coste, flexible, práctica y sectorial, con un programa de 150 horas —40 comunes y 110 específicas según cada ámbito profesional— en modalidad híbrida flexible (online y presencial), accesible 24/7 a través de una plataforma intuitiva y gamificada. Incluye tutoría personalizada y contenidos alineados con el Marco Europeo de Competencias Digitales (DIGCOMP 2.2).
Jesús Herrero:
«Formar en competencias digitales es empoderar a las personas. En esa línea, hemos optado por elaborar el itinerario formativo de este programa dialogando entre profesiones, con visión de futuro y estrategia».
Salvador González:
«Las profesiones colegiadas trabajamos por y para la ciudadanía. Este programa formativo representa un avance colectivo hacia un país más digitalizado y responsable».
Jesús Aguilar:
«Unión Profesional es el espacio común donde coordinar nuestras funciones sociales, y este programa formativo redundará en los servicios de calidad que reciba la ciudadanía».



Sobre Upro
Upro cuenta con una página web donde recoge el listado de entidades adheridas al programa, a través de un apartado específico, vinculada con las páginas web o aquellos espacios creados singularmente por las corporaciones en el marco del citado programa. También, cuenta con un apartado de preguntas y respuestas, en el que se orienta a los potenciales alumnos sobre cuestiones relacionadas con la formación, plataforma, certificación o metodología del programa. Las inscripciones a Upro se mantienen abiertas.

Bajo el lema Transforma tu desarrollo profesional, la entidad que agrupa a las profesiones colegiadas en España, Unión Profesional, y con el apoyo de Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública lanzaba en el mes de octubre, Upro, el Programa de Formación en Competencias Digitales en el ámbito de los colegios profesionales, con una parte transversal de cuarenta horas, que se incluye dentro del itinerario formativo de 150 horas con las que cuenta el programa.
Dicha sección se lleva a cabo en modalidad online pudiendo cursar esta formación transversal con el apoyo de vídeos a los que los alumnos pueden acceder en cualquier momento. El liderazgo digital, la productividad a través de metodologías ágiles o la motivación del pensamiento analítico y la toma de decisiones basada en datos, son algunos de los contenidos que las y los profesionales colegiados pueden encontrarse en esta modalidad transversal, adaptada y singularizada.
Las competencias digitales transversales son habilidades que permiten a las y los profesionales adaptarse a diferentes entornos laborales, con independencia de su sector de actividad. La formación en estas competencias incluye el manejo de datos (hojas de cálculo), ciberseguridad, alfabetización digital, comunicación y creación de contenido digital, así como el uso de herramientas específicas como la inteligencia artificial (IA) o Power BI. El objetivo es dotar a las y los profesionales de competencias que complementan su conocimiento técnico y permitan mejorar su desempeño y empleabilidad en el mercado laboral actual.
Contenidos formativos
Se trata de que la o el profesional colegiado adquiera capacitaciones para adoptar prácticas eficientes y ágiles, mejorando su gestión del tiempo y con la posibilidad de liderar equipos hacia la innovación y el desarrollo continuo en entornos dinámicos y multiprofesionales.
Mención especial merece el área que aborda la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en la gestión de proyectos profesionales, pues supone una implementación responsable, desde la comprensión de principios éticos y legales hasta la identificación y desarrollo de casos de uso específicos en sus profesiones.
Para ello, se ha dispuesto proporcionar a las y los profesionales una comprensión sólida de fundamentos, aplicaciones y desafíos de esta herramienta, que deberá ser integrada de manera inmediata en sus entornos laborales, identificando la mejor manera de optimizar su trabajo.
Promover el pensamiento estratégico, especialmente en lo que se refiere a definir objetivos e iniciativas de innovación es otro de los propósitos de esta modalidad transversal, con el fin de conocer aquellas herramientas útiles para la identificación de tendencias y también oportunidades, así como introducirse de manera natural en el diseño de modelos de negocio como palanca adecuada para innovar, lo que hará plausible la excelencia y el liderazgo profesional.
Otra área fundamental es la del aprendizaje en análisis de datos, creación de aplicaciones y automatizaciones de procesos, enfocado todo ello a la creación y desarrollo de contenidos digitales. En este tipo de formación será imprescindible el buen uso de herramientas y plataformas de la IA generativa —textos, imágenes, audios y videos, a partir de los datos con los que la IA ha sido entrenada—, con el fin de integrar estas tecnologías en los actos profesionales, mejorando la eficacia y eficiencia.
A través de esta modalidad transversal el alumnado también adquiere competencias sobre la protección ante los ciberataques, los intentos maliciosos de dañar o acceder de forma no autorizada a sistemas informáticos, redes o dispositivos. Situaciones, todas ellas, que están a la orden del día y que amenazan la privacidad de los usuarios.
Cuarenta horas específicamente diseñadas para potenciar el impacto del profesional en la evolución socioeconómica de nuestro país, periódicas, a través de un itinerario preciso, una plataforma flexible y un contenido alineado con el Marco Europeo de Competencias Digitales y sus cinco áreas: información y alfabetización de datos; comunicación y colaboración; creación de contenido digital; seguridad; resolución de problemas. En total, 160 horas de contenidos de formación (debiendo realizar un mínimo de 40 horas) agrupados en un total de 23 acciones formativas con una duración de 5, 10 ó 15 horas cada una, en las que la o el profesional podrá elegir aquellas que se adecúen mejor a sus necesidades y perfil profesional.
Una apuesta, en definitiva, completa, integral e integradora que pone a las profesiones colegiadas a la vanguardia de la digitalización.



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Catrin Misselhorn Herder
Salvo error por mi parte, nos hallamos ante el primer libro de Catrin Misselhorn publicado en castellano, que sirve de entrada para dar a conocer en nuestro país a la filósofa alemana, preocupada desde hace años por el impacto de la robótica y la inteligencia artificial en el panorama ético y estético de nuestro tiempo. Como indica su título, La inteligencia artificial y el fin del arte incide particularmente en los debates surgidos en los últimos años al hilo de la aplicación de las IAs generativas para producir imágenes de supuesto valor plástico. Misselhorn es taxativa en su análisis de la cuestión: «¿Así que ahora la inteligencia artificial es capaz de crear arte?», se pregunta en las primeras líneas de su ensayo con una mezcla de estupefacción e ironía; y, a lo largo de seis apartados, se encarga de analizar cómo esa proposición no tiene sentido apelando a los conceptos de la autoconciencia del arte, la autoría, la libertad frente a la creación mediante instrucciones, la sensibilidad estética, y la falsificación o simulacro de la experiencia artística que implica el uso de IAs. Misselhorn no es sin embargo taxativa en su análisis de las mismas. A su juicio, sus dinámicas son negativas para la cultura y el artista, pero inciden en las polémicas contemporáneas en torno a la muerte del arte puro bajo el peso del mundo artístico, y, además, «cabe la oportunidad de que la inteligencia artificial actúe como catalizador que motive a los artistas para desarrollar su actividad de forma más atrevida, para alumbrar nuevas formas». Un ensayo, por tanto, crítico pero no dogmático, idóneo para quien quiera ir más allá de los tópicos más reduccionistas acerca de las IAs generativas.
Elisa McCausland
El Plan Estratégico 2025–2030 tiene como objetivo consolidar a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) como una autoridad «abierta, eficaz y con capacidad de anticipación ante los desafíos del entorno digital». Para ello, ha definido ocho principios rectores que estructuran sus actuaciones: independencia, innovación y adaptabilidad, internacionalización e influencia, cooperación, proactividad y prevención, excelencia y calidad técnica, defensa del interés general y agencia abierta y cercana. Con este marco, las actuaciones se estructuran en siete grandes ejes que aglutinan cuarenta y cinco objetivos estratégicos dirigidos a fomentar la prevención, la cooperación institucional, el acompañamiento normativo, el liderazgo internacional, la mejora continua y el refuerzo de la cultura de privacidad. Entre las prioridades estratégicas destacan la supervisión proactiva de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial (IA) y las neurotecnologías, la promoción de una innovación tecnológica con garantías, la creación del Laboratorio de Privacidad, el apoyo a pymes y administraciones públicas en el cumplimiento normativo, el refuerzo del trabajo que realizan los delegados de protección de datos y los profesionales de la privacidad, y el impulso de alianzas con autoridades y entidades clave del ámbito público, privado, académico y del tercer sector, entre las que destacan los colegios profesionales «para el impulso del cumplimiento normativo y la promoción de la cultura de privacidad en el ámbito profesional y económico».

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Al servicio de la profesión, en defensa de los ciudadanos.
Esther Plaza Alba
Como sucedió en la reciente catástrofe provocada por una DANA el pasado año en las comunidades autónomas de Valencia y Castilla La Mancha, por el volcán de La Palma en el 2021 o por la pandemia de Covid-19, las profesiones tanto de manera conjunta —a través de la conformación de una comisión especial para una mejor gestión de catástrofes naturales en base al criterio profesional— como de manera individual han querido aportar su experiencia como respuesta a las circunstancias adversas a las que la población ha tenido que enfrentarse, tras ser testigo de cómo el fuego en su versión más virulenta, debido a la conjunción de factores —ambientales, de despoblación y falta de atención a la necesaria gestión del territorio— convertía en cenizas sus viviendas y en ocasiones, sus modos de vida.
Despliegue de acciones preventivas y asesoría
Así, desde el ámbito de las ingenierías, encabezadas por el Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales, corporación desde la que se viene advirtiendo, especialmente durante épocas invernales, de lo imprescindible que resulta cuidar el monte, así como la prevención, enfocan la hoja de ruta sobre lo que hacer cuando por fin el fuego se logra apagar. A ello se suma el Consejo General de Ingenieros Técnicos Agrícolas, considerando óptimo «abrir un debate público sobre un fenómeno catastrófico de una dimensión nueva e inusitada, que requiere no solamente un aumento y mejora de medios humanos y materiales, sino también el despliegue de acciones preventivas eficaces y adaptadas a los retos climáticos a los que se enfrentan hoy en día nuestras sociedades».
El ámbito jurídico también se sumaba a la preocupación en fechas estivales por la proliferación de focos de incendios en todo el territorio nacional, poniendo a disposición de la ciudadanía servicios de asesoramiento legal gratuito, en el caso del Consejo General de la Abogacía, o habilitando formularios web para facilitar a los afectados notas simples de forma automática y gratuita, por parte del Colegio de Registradores. Solidaridad y apoyo a los damnificados por los incendios, que fueron adjetivados como de sexta generación por su dificultad para ser extinguidos debido a su agresividad, pues en la mayoría de los casos, incorporaban fenómenos meteorológicos internos que hacían cambiar rápidamente la dirección del mismo, por parte de profesiones representadas por el Consejo General de Graduados Sociales o el Consejo General de Procuradores. Además, el Consejo General del Notariado anunciaba la articulación de un protocolo de actuación facilitador de la prestación del servicio público notarial en las zonas afectadas.
Apoyo en la reconstrucción material y emocional Por su parte, el ámbito de la arquitectura, especialmente preocupado por la cantidad de viviendas y lugares de trabajo que fueron presa de las llamas, ofrecieron y continúan ofreciendo asesoramiento técnico para su reconstrucción, desde el Consejo General de la Arquitectura Técnica. Asimismo, el Consejo Superior de Arquitectos, se puso a disposición de las Administraciones Públicas para «aportar la experiencia técnica pertinente y trabajar en un acuerdo transversal, coordinado a todos los niveles (estatal, autonómico y local) y guiado por los
profesionales competentes, que incluya y priorice medidas como la prevención y una planificación equilibrada y justa».
Otros ámbitos, como el social, activó su área de emergencias. Tal es el caso del Consejo General del Trabajo Social, centrándose en la atención inmediata y el apoyo emocional, la gestión de los recursos, la activación y coordinación de los mismos, la intervención comunitaria y el acompañamiento permanente a la población. Igualmente, han sido varios los colegios provinciales que han notificado al Consejo General de Educadoras y Educadores Sociales sus iniciativas solidarias ante los incendios en sus áreas territoriales, como en Castilla León, Galicia o Extremadura.
Criterios profesionales para la restauración de la naturaleza
Con la necesidad de poner a la persona en el centro, el Consejo General de Enfermería publicaba un listado de consejos para saber cómo actuar ante posibles quemaduras e inhalación de humo. Asimismo, el Consejo General de Biólogos advertía de que la situación «requiere una nueva visión holística de ordenación integral del territorio con alternativas valientes, que evolucionen desde tecnologías decimonónicas de gestión y utilización del espacio forestal, a políticas de consenso biológico y social donde se tengan en cuenta las actividades económicas y a la población, siempre apoyados en los nuevos conocimientos científico-técnicos, donde se prime la biodiversidad y sostenibilidad de los ecosistemas naturales y la gestión de los riesgos que vendrán derivados del cambio climático y la despoblación del medio rural», recordando la oportunidad que ofrece el Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, en elaboración en estos momentos.
Una vez más, las profesiones colegiadas han mostrado su preparación y criterio técnico para ofrecer amparo y seguridad a la población en circunstancias insólitas, acaecidas por fenómenos naturales que habiendo requerido de la prevención adecuada, suponen confianza y conocimiento para solventar las consecuencias y mejorar así, la gestión futura de catástrofes naturales.




Raúl de la Calle
Lo que queda tras un gran incendio no son solo hectáreas afectadas. Es la pérdida del suelo fértil, la alteración de los ciclos hídricos, la ruptura de los paisajes y el golpe emocional y económico al mundo rural que lo rodea. El verdadero drama ecológico, económico y social no termina con el fuego. Comienza un nuevo desafío. Es el momento de evaluar lo sucedido, analizar la severidad de los daños y diseñar el territorio que queremos para el futuro. El suelo es el primer patrimonio que debemos proteger. No todo depende de la biología. La historia del ecosistema, su topografía, la severidad del incendio y las condiciones climáticas posteriores condicionan de forma decisiva su evolución. Observar y comprender antes de actuar es la base de una restauración eficaz. Si el suelo desaparece, desaparece con él la posibilidad de regeneración. Con la llegada de las primeras lluvias, los arrastres de cenizas y materiales agravan la situación y pueden provocar contaminación de aguas, colmatación de embalses y un aumento del riesgo de riadas e inundaciones. La regeneración natural será nuestra mejor aliada. La vegetación mediterránea está adaptada al fuego. Unas especies rebrotan y otras germinan a partir de semillas que han resistido el calor. Este capital biológico es la herencia silenciosa del bosque quemado y debemos dejar que trabaje a nuestro favor. Solo donde la capacidad de respuesta esté comprometida será necesario reforzarla con repoblaciones selectivas, diseñadas con criterio técnico y especies adecuadas que favorezcan un ecosistema resiliente.
Regeneración natural en un escenario climático
El primer año tras el incendio es decisivo. Proteger el suelo entonces es más eficaz y económico que tratar de recuperarlo después. Entre las medidas más efectivas están el mulching con restos vegetales, que amortigua la lluvia y mantiene la humedad, las fajinas o albarradas que frenan la escorrentía o las mantas orgánicas con hidrosiembra que favorecen la germinación. Estas técnicas tempranas y bien planificadas son esenciales para evitar la desertificación y permitir que la regeneración natural prospere.
La extracción de madera quemada también requiere prudencia. Cerca de caminos e infraestructuras puede ser necesaria por seguridad, pero en muchas zonas los árboles muertos en pie ayudan a conservar humedad, aportar nutrientes y generar hábitats. Cada incendio exige una evaluación específica para decidir qué retirar y qué mantener, equilibrando seguridad, biodiversidad y prevención de plagas. Hoy no podemos analizar estos procesos sin atender al escenario climático. Los incendios de gran intensidad y extensión ya no son episodios excepcionales. Son la nueva normalidad en un país mediterráneo sometido a olas de calor cada vez
más largas, a la despoblación rural y al abandono de prácticas agroforestales que durante siglos moldearon un paisaje más diverso y menos inflamable. Sin gestión, los montes acumulan biomasa que, unida a la sequedad extrema, se convierte en combustible listo para arder. El resultado son incendios que superan la capacidad de extinción y transforman bosques en matorrales o pastizales cada vez más degradados. La restauración no consiste solo en plantar árboles. Se trata de diseñar el futuro del monte y garantizar su resiliencia. Eso significa definir funciones diversas, desde la conservación de la biodiversidad y la protección frente a la erosión hasta los aprovechamientos sostenibles o el uso recreativo. Significa favorecer la regeneración natural y, cuando sea preciso, reforestar con especies adaptadas no solo al presente, sino también al clima futuro. Significa apostar por paisajes mosaico, donde convivan distintas especies, edades y estructuras, más resistentes al fuego y más ricos en biodiversidad. Es fundamental, además, planificar desde el inicio las infraestructuras preventivas. Redes de defensa, zonas de seguridad, pistas forestales que faciliten el acceso de los medios de extinción y una gestión más eficaz de la interfaz urbanoforestal. Todo ello forma parte de una estrategia de selvicultura adaptativa que prepare a los ecosistemas para resistir, recuperarse o transformarse según las circunstancias.
Retos presentes y futuros
La restauración tras un incendio es también un reto social. Conviene recordar que el 72 por ciento de la superficie forestal de España es privada, un 21 por ciento pertenece a entidades locales y apenas un 3,7 por ciento al Estado o a comunidades autónomas. Esta realidad obliga a integrar a los propietarios en cualquier estrategia de prevención y restauración. Los montes no pueden gestionarse solo desde los despachos de la Administración. Requieren colaboración, apoyo técnico y económico, y un marco de gobernanza que reconozca y compense a quienes cuidan un patrimonio natural que beneficia a toda la sociedad. Todo ello exige voluntad política, inversión sostenida y consenso social. La restauración postincendio no puede depender de presupuestos coyunturales ni de la urgencia del momento. Porque sin suelos fértiles, sin aguas limpias y sin montes vivos no hay desarrollo rural ni calidad de vida urbana. La defensa de los bosques es también defensa de la biodiversidad, del paisaje y de la seguridad de las personas frente a inundaciones y catástrofes.
No olvidemos que, en palabras de Francisco Giner de los Ríos, “el paisaje es el rostro visible de la patria”. Si permitimos que se deteriore, si dejamos que los suelos se pierdan y que los montes desaparezcan bajo las cenizas, estaremos perdiendo también una parte esencial de nosotros mismos.

Las proyecciones climáticas, específicamente en España, indican que van a aumentar las olas de calor, los riesgos de incendio, sequías y ciclones, lo que conllevará consecuencias relevantes tanto en el plano social como económico. Nos encontramos, entonces, en el límite de tiempo para adaptar nuestros hábitos y comportamientos, personales y profesionales, a los impactos del cambio climático presente y futuro.
En este sentido, desde la Asociación Vida Sana, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a promover la agricultura ecológica y la alimentación sana como base para una sociedad más justa y respetuosa con el medio ambiente, se ha elaborado un manual de buenas prácticas: Manual de Buenas Prácticas para un estilo de vida resiliente y adaptado al cambio climático . Enmarcado en el proyecto Comparto Clima e impulsado también por dicha asociación y financiado por la Fundación Biodiversidad, tiene el objetivo de contribuir a los propósitos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 (PNACC). Tras veinte meses de investigación, identificando prácticas concretas con la ciudadanía, empresas y organizaciones se ha editado este manual donde se presentan lecciones aprendidas, estrategias dentro de los diferentes ámbitos —alimentación, movilidad, vivienda, consumo y residuos, agua, finanzas, ocio y cuidados y participación comunitaria y política—, consejos de adaptación y hasta
veintiséis fichas de personas inspiradoras, de diferentes edades, que habitan en diferentes territorios de nuestro país, en formato entrevista, donde se reflexiona sobre la adaptación de contextos personales, laborales y residenciales, así como el ajuste a diferentes personalidades. Tal y como informan desde Asociación Vida Sana, el documento —que puede ser descargado de manera gratuita— está planteado de forma muy práctica con trece consejos para empezar y siete consejos claves orientados a modificar la forma de vida hacia modelos más resilientes y acordes con la urgencia climática actual. «Las prácticas sostenibles a menudo se perciben como inaccesibles o elitistas, lo que crea una falsa división entre quienes pueden adoptarlas y quienes no», apunta la socióloga y autora del manual Katia Scherer, para quien, «la mayoría de las prácticas se adaptan a distintos contextos y realidades».


Alianza por el Clima exige equilibrar las políticas de adaptación y mitigación en el Pacto de Estado frente a la emergencia climática
La mayor coalición española en materia de acción climática, compuesta en su mayoría, por organizaciones de la sociedad civil y a la que está adherida Unión Profesional, ha querido plantear en la convención sobre el Pacto de Estado frente a la emergencia climática, organizada en Ponferrada, los pasados 13 y 14 de octubre, la urgencia de equilibrar políticas de adaptación y mitigación. Según la Alianza por el Clima, el pacto se centra actualmente en cuestiones de gestión y prevención de riesgos y considera que debe ampliarse para incluir de forma más consistente las políticas de mitigación de emisiones, adaptación y financiación climática, considerando en todo caso, la justicia social y la lucha contra la desigualdad.
Asimismo, la coalición apuntó que en los últimos años se han aprobado diversos mecanismos que no se han puesto en marcha, como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuya completa implementación continúa pendiente. Igualmente, se refirió a piezas legislativas paralizadas que serían necesarias para avanzar en la lucha
contra la emergencia climática. Además, la organización señaló que la participación activa y equitativa de la sociedad civil en procesos de esta índole es clave a la hora de diseñar y ejecutar políticas que respondan realmente a las necesidades de la ciudadanía, la mejor ciencia disponible y la ambición necesaria, y así enfrentar de forma efectiva la emergencia climática.

Gabriel Suárez González Vocal de Diseño de Contenido de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP)
La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) defiende la autonomía universitaria como una condición indispensable para que las universidades puedan cumplir con su papel educativo, investigador y social. Esta autonomía no se entiende como un privilegio, sino como una garantía de libertad intelectual frente a intereses ajenos al conocimiento y al bien común. En los últimos años, la tendencia a introducir lógicas empresariales en la gestión universitaria ha generado preocupación entre el estudiantado. CREUP advierte que convertir a las universidades en entes sometidos a la rentabilidad económica o a la competencia del mercado distorsiona su sentido más profundo. La educación superior no puede medirse por criterios de productividad ni reducirse a una herramienta para satisfacer demandas inmediatas del sector privado. Su razón de ser reside en formar ciudadanos críticos, fomentar la investigación libre y contribuir a una sociedad más justa. La autonomía universitaria implica proteger el espacio donde el pensamiento se desarrolla sin presiones externas. Significa permitir que las comunidades académicas definan sus propias líneas de trabajo, prioricen la investigación por su valor social y educativo, y mantengan su independencia
frente a cualquier intento de instrumentalización política o económica. En este sentido, la financiación pública suficiente no es un lujo, sino una necesidad para evitar que las universidades dependan de intereses privados que puedan condicionar su rumbo.
Participación democrática
CREUP recuerda además que la autonomía debe ir de la mano de la participación democrática. No puede entenderse como una libertad exclusiva de los órganos de gobierno, sino como un compromiso compartido con toda la comunidad universitaria. Escuchar y dar protagonismo al estudiantado fortalece la vida académica y garantiza que las decisiones respondan al sentido público de la institución. Defender la autonomía universitaria, por tanto, es defender la posibilidad de que la universidad siga siendo un espacio de conocimiento libre y de transformación social. Es apostar por una institución que piense por sí misma, que investigue sin dependencia y que mantenga su misión educativa al servicio de la sociedad, lejos de planteamientos empresariales o intereses particulares que amenacen su independencia.
Aprobación de Real Decreto para endurecer los criterios de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios
El Consejo de Ministros del 7 de octubre aprobaba el Real Decreto para endurecer los criterios de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios en España, que publicaba el Boletín Oficial del Estado al día siguiente. De esta manera, se establece más exigencia en los requisitos para, según la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, «garantizar la calidad del sistema universitario», pues se trata de criterios que determinarán «si una institución puede llamarse universidad o no, en función si cumple con todas las funciones exigibles o no». El propósito gubernamental es fundamentalmente asegurar que todas las universidades están comprometidas con las tres funciones del sistema universitario: formación, investigación y trasferencia de conocimiento.
Así pues, el nuevo Real Decreto establece unas líneas de actuación que deberán llevarse a cabo por parte de las universidades como son la inversión del 5 % del presupuesto en investigación, así como captar recursos externos equivalentes al 2 %; se exigirán criterios de calidad al profesorado docente e investigador; el personal directivo deberá tener
experiencia contrastable en gestión universitaria; habrá una oferta de un mínimo de titulaciones en grado, máster y doctorado de al menos, tres ramas del conocimiento, con un número mínimo de 4.500 estudiantes; deberán mostrar solvencia económica mediante un aval; y cada universidad que se cree en nuestro país deberá ofrecer plazas de alojamiento equivalentes al 10 % de su alumnado.
En rueda de prensa del Consejo de Ministros, Diana Morant también advertía de que a partir de ahora, «la autorización de nuevas universidades requerirá un informe de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de las agencias de calidad autonómica», que, elaborado por profesores elegidos a sorteo, será preceptivo y vinculante.
Esta reforma del Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, aprobado en el año 2021, nace como respuesta a la proliferación de universidades privadas y la ausencia de creación de universidades públicas desde el año 1998.





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Proponemos una nueva manera de formar, poniendo en práctica estrategias para orientar y acompañar el aprendizaje. El objetivo de nuestro modelo pedagógico es integrar al alumno en las temáticas vinculadas al desempeño de la actividad de los profesionales donde habrá un seguimiento constante e individualizado de la formación al mismo tiempo que podrá debartir con profesionales expertos en las distintas áreas de conocimiento propuestas con los que compartirán su experiencia y, a buen seguro, que le aportarán una nueva visión con soluciones distintas.
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Cristina Sancho Ferrán Presidenta de la Fundación Aranzadi LA LEY
En un contexto de transformación acelerada, donde la digitalización, la transición ecológica y los cambios demográficos están redefiniendo el empleo, la Unión Europea lanzó en 2020 el Pacto por las Competencias ( Pact for Skills ). Este plan, concebido para reforzar la competitividad y la cohesión social de Europa, reúne hoy a más de 3.200 organizaciones públicas y privadas comprometidas con un mismo propósito: anticipar las carencias de competencias en los perfiles profesionales y actuar conjuntamente para reducirlas. Desde su puesta en marcha, más de seis millones de europeos se han formado gracias a este esfuerzo común.
Para las corporaciones profesionales de España, este pacto no debería pasar desapercibido. Al contrario: representa una oportunidad estratégica para reafirmar su papel como agentes de transformación en la sociedad del conocimiento. Los colegios, por su cercanía al ejercicio profesional y su capacidad para interpretar las necesidades reales del mercado, son actores clave para traducir las metas europeas en acciones concretas sobre el terreno.
El Pacto por las Competencias ofrece un marco que encaja perfectamente con la función de las corporaciones colegiales
Calidad, ética y actualización
El Pacto por las Competencias ofrece un marco que encaja perfectamente con la función de las corporaciones colegiales: garantizar la calidad, la ética y la actualización constante del ejercicio profesional. La formación continua ya no es un valor añadido, sino una condición de supervivencia en un entorno donde las competencias tienen fecha de caducidad cada vez más corta. Los colegios pueden, y deben, ser impulsores de esa cultura del aprendizaje per-
manente, actuando como plataformas de recualificación y acompañamiento a lo largo de toda la vida laboral. Además, el Pacto abre la puerta a alianzas europeas por sectores económicos, que facilitan el acceso a proyectos financiados por programas como el Fondo Social Europeo Plus, Erasmus+ o Europa Digital. Para las corporaciones profesionales españolas, participar en estas redes supone ganar visibilidad internacional, acceder a recursos formativos de vanguardia y posicionar a sus colegiados en un mercado laboral europeo cada vez más interconectado.
Transición digital y verde
La relevancia de este movimiento se refuerza al observar los perfiles más demandados hoy en la Unión Europea. Según la Comisión Europea y el Cedefop —Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional—, los empleos con mayor crecimiento se concentran en torno a la transición digital y verde: especialistas en tecnologías de la información, ciberseguridad, inteligencia artificial o análisis de datos; ingenieros en energías renovables y eficiencia energética; expertos en sostenibilidad, economía circular y gestión medioambiental; además de profesionales sanitarios, docentes y formadores en competencias STEM y digitales. Frente a esta realidad, los colegios profesionales pueden desempeñar un papel decisivo en la adecuación entre la oferta y la demanda de talento. Promover certificaciones de competencias, impulsar itinerarios de formación alineados con los marcos europeos y fomentar la movilidad profesional son tres líneas de acción que pueden marcar la diferencia.
El Pacto por las Competencias no es solo una política europea: es una invitación a construir, desde cada profesión, una Europa más preparada, más competitiva y más justa. Los colegios profesionales españoles tienen en él un aliado para liderar el cambio y reforzar su papel como garantes del progreso colectivo.

Del 19 al 22 de septiembre se celebró el I Congreso Internacional de Expedicionarios Miguel de la QuadraSalcedo entre las ciudades de Guadalupe, Madrid y Toledo, con motivo del 40 aniversario del Aula Navegante de Expedicionarios Científicos Ilustrados y con el objetivo de analizar el impacto de una experiencia educativa transformadora, creada por un visionario que dejó su impronta en miles de jóvenes estudiantes a lo largo de cuarenta años.
Definiéndose a sí mismo como ‘giróvago’ —monje errante y vagabundo—, Miguel de la Quadra-Salcedo marcó a más de una generación con su espíritu aventurero y su faceta como divulgador científico, especializado en el conocimiento de América. Lugar en el que aprendió a conocerse, tras trasladarse allí para participar en una competición deportiva, sin saber que este sería el punto de impulso del mayor proyecto educativo de exploración, conocimiento y autodescubrimiento de nuestro país.
La Ruta Quetzal , heredera de Aventura 92 , enmarcados en el Aula Navegante —cuyo objetivo principal fue fomentar los valores de convivencia, conocimiento mutuo y cooperación entre culturas, ofreciendo una vivencia única en el marco del patrimonio histórico y cultural iberoamericano— supuso para más de 10.000 jóvenes la oportunidad de vivir aventuras que no solo forjaron su carácter, sino que expandieron sus horizontes, también los profesionales. Se trataba de una expedición formativa que combinaba la exploración geográfica con el estudio histórico y cultural de Iberoamérica. El esfuerzo, la resiliencia y el respeto por otras culturas fueron los valores que los futuros profesionales interiorizaron. Y es que con la participación en esas expediciones científicas, se aprendía a superar desafíos físicos y mentales, también a trabajar en equipo, así como a apreciar y custodiar la diversidad del planeta.
Un auténtico viaje iniciático, que siempre defendió el también cronista y reportero, rescatando el estilo griego de viajar, por lo que supone de ilustración y aprendizaje. Una experiencia en la que el individuo, en edades tempranas (16-17 años), se encuentra con situaciones hostiles y adversas que harán que su personalidad cambie, tras haber tomado conciencia de si mismo y de la realidad externa, viendo modificado su carácter, espíritu o experiencia para lograr una mejora en su persona.
Análisis académico e impacto profesional
Con estos mimbres, De la Quadra-Salcedo presenta, tras una conversación informal con el entonces rey de España, a propósito de las previstas Olimpiadas en 1992, el programa de la Aventura 92 , después Ruta Quetzal (1993-2016). Su buena acogida y su expansión iberoamericana hizo que dicho programa fuera declarado de Interés Universal por la

Unesco, subrayando los intercambios entre jóvenes de 58 países con el fin de realizar viajes de estudio geográfico, histórico y medioambiental por América Latina. Tal fue la relevancia de esta ruta por América Latina y España, que aquel perito agrícola quiso asegurarse de que esta iniciativa se extendería en el futuro y para ello creó junto con sus hijos la Fundación 2092 con el propósito principal de organizar expediciones geográficas y científicas en el marco del sexto centenario del descubrimiento de América.
Antes de ello y nueve años después del fallecimiento de Miguel de la Quadra-Salcedo, ha tenido lugar este I Congreso Internacional, bajo el lema Gracias Miguel 40 Años Aula Navegante , logrando reunir en torno a 700 expedicionarios, investigadores, docentes y representantes institucionales de toda Iberoamérica.
Además, en el contexto de este primer congreso internacional, Casa América (Madrid) estrenaba el 15 de septiembre, un documental titulado Miguel de la Quadra-Salcedo: un expedicionario científico ilustrado en América , en el que se explora la vida y obra de este reconocido aventurero, poniendo el foco en su faceta como divulgador científico y su impacto en la exploración y conocimiento de dicho continente.
Mediante formato presencial y online, la programación de este encuentro internacional fue diseñada para fomentar el análisis académico mediante el reencuentro personal de quienes formaron parte de estas rutas, auténticos protagonistas de esta cita, a quienes se les propuso la iniciativa de enviar comunicaciones o expresiones artísticas en tres líneas temáticas. Una de ellas, dedicada a la profesión, en la que profundizar sobre las relaciones externas entre los expedicionarios y el mundo profesional: influencias, logros personales y profesionales; pasión, vocación y misión; intercambio e Hispanoamérica; y protección del mundo natural. Todo ello dentro del presente del Aula Navegante , herramienta educativa que fomenta la alianza entre América y Europa, con la idea de reflexionar sobre el impacto que tuvo en sus vidas profesionales esta experiencia.

«El español hasta que no viaja a América no se conoce a sí mismo y el americano se conoce al encontrarse con España». De esta manera, explicaba De la Quadra-Salcedo la fórmula más pura de reconocerse como cultura unida, sin fronteras presentes ni futuras.
Así es como numerosos estudiantes forjaron en su carácter el coraje de la aventura, el valor de la expedición científica y el beneficio de la conexión con la naturaleza. La excelencia de este itinerario físico y emocional ha impulsado a los organizadores a llevar a cabo este congreso que en definitiva, ha pretendido ser «la chispa para reactivar esta gran unión desde el agradecimiento que permanece en las distintas asociaciones de amigos de Aventura 92 constituidas en distintos países y comunidades en torno a su expedición. Para entre todos continuar con su legado de cooperación y compromiso que nació con cada expedición para seguir inspirando a las nuevas generaciones», tal y como comenta en Diario Las Américas , su hija, Sol de la Quadra-Salcedo, quien formó parte de estas expediciones y por lo que resalta que su padre, «nos enseñó el poder de entrenar nuestras habilidades desde la pasión, la vocación y la misión».
De la exploración a la expedición científica
La era de los descubrimientos es la antesala de la época de los viajes de exploración científica, aquellos donde el principal objetivo es examinar el lugar descubierto para aprender más sobre él. Fue en la Era de la Ilustración en la que la curiosidad científica fue sumada como motivo
principal de exploración, siendo a partir de mediados del siglo XVIII y sobre todo durante el XIX el momento en el que las expediciones —viajes planificados con propósitos específicos— con carácter eminentemente científico se multiplicaron. Así, estas misiones marcaron nuevos objetivos: cartografiar regiones, descubrir fauna y flora, realizar observaciones astronómicas y meteorológicas, etc. Son varias las expediciones científicas nacionales que destacan de esta época la Sociedad Geográfica Española, como la Real expedición filantrópica de la vacuna de la viruela (1803), la Comisión científica del Pacífico (1862) o la expedición por el Sáhara, un mundo desconocido (1886).
Además, las expediciones estaban conformadas por un grupo de especialistas con conocimientos técnicos en diversos temas y áreas, es decir, profesionales de la geografía, biología, botánica, astronomía o geología, entre otras. Profesiones vinculadas a la expedición científica, tanto por sus conocimientos como por sus habilidades. El empeño de Miguel de la Quadra-Salcedo en extender el espíritu aventurero y de expedición a cualquier tipo de titulación ha tenido su recompensa cuarenta años después y se ha visto demostrado en el encuentro de expedicionarios en el I Congreso Internacional organizado en su nombre durante el mes de septiembre, pues los valores inmersos en la aventura y en la expedición son útiles para forjar carácter, personalidad y profesión.


Entrevista
Jordi Marti Grau, secretario de Estado de Cultura
«Documentar, poner en valor, reconocer lo que hacen los trabajadores y trabajadoras de la cultura es indispensable»
Elisa McCausland
Has estado en Mondiacult 2025, la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, que ha tenido lugar en Barcelona entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, donde se ha presentado el Primer Informe Mundial sobre el Estado de la Cultura. Este encuentro persigue un doble objetivo internacional: defender la cultura como «bien público mundial» y promover la creación de un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) específico para la cultura. Es la primera vez que la UNESCO elabora un informe sobre el estado mundial del ámbito cultural. Es un acontecimiento para todos los que nos dedicamos a la cultura porque sabemos que no es tarea fácil al no haber indicadores homologados, y que la propia materia cultural es más complicada de medir que la actividad económica, la equidad social o incluso las cuestiones ambientales. Se trata de un debate que nos acompaña desde in illo tempore A esto se le añade este objetivo que nos hemos propuesto, el de concebir la cultura como bien público mundial. Se aprobó en la última Mondiacult, celebrada en el año 2022 en Ciudad de México, y ahora damos un paso adelante y proponemos que, para que realmente pueda considerarse un bien público mundial, debe haber en la futura agenda posterior al 2030, un objetivo centrado en el ámbito cultural. No decimos que sea un ODS porque no sabremos si habrá ODS, o habrá otra estructura, pero lo que sí tenemos claro es que hemos de estar todos en el mismo punto para coordinar políticas a nivel global.
La dimensión económica de la cultura ha cobrado importancia durante la última década, con el riesgo que supone entenderla exclusivamente desde esa perspectiva. Es una perspectiva que viene de lejos. Acompaña el estallido del neoliberalismo a finales del siglo XX, época en la que el lenguaje del ámbito cultural se transforma. Se habla de marketing cultural, de targets y públicos, de gestión… Pero, hay vida cultural más allá del mercado. La perspectiva de los derechos culturales y del bien público mundial lo que hace es beber de esta segunda interpretación: la cultura nos constituye, lo que trae consigo otras dimensiones, como la social y la ambiental, tan importantes como la económica, y con su propia idiosincrasia a la hora de programar políticas públicas. Y es que, la cultural no es una política industrial más, como la que puedes hacer para el automóvil o para el turismo; está relacionado con la perspectiva de los derechos culturales, cada vez más presente en el debate internacional y gozando de un consenso mayor.
Hace una década la UNESCO no hablaba de derechos culturales…
Y no lo hacía porque la perspectiva mayoritaria en ese momento era otra. Es ahora cuando se vuelve a hablar de derechos. Digo se vuelve porque es un poco back to basics. Los derechos culturales están en la Carta de Derechos Humanos de 1948, así como en una serie de documentos internacionales posteriores en los que se establecen objetivos de desarrollo económico, social y cultural, de manera que hay un cierto retorno a decir que la cultura es más que una industria, lo que significa entenderla desde la perspectiva de los derechos humanos.
El ser humano tiene derecho, primero, a la libertad de expresión. Un derecho que hoy empieza a estar perseguido en algunos países, sorprendentemente. Dos, el derecho al acceso a la cultura, pero no solo al acceso que te proporciona la escuela, sino al acceso en un sentido amplio. Los nutrientes culturales que uno debe encontrarse a lo largo de su vida tienen que ser lo más ricos posible. Y finalmente, un tercer derecho, presente en la Carta de Derechos Humanos y documentos sucesivos, que es el derecho a la participación en la vida cultural. Todo ciudadano tiene derecho no solo a ser receptor, sino también a ser emisor y, por tanto, a ser elemento que constituye también el ecosistema cultural de la comunidad en la que vive.
A partir de este reconocimiento se abre una perspectiva enorme para las políticas públicas y que debiera blindarse en el marco de UNESCO o Naciones Unidas en el momento en el que se apruebe la futura agenda.
El informe ‘La cultura como bien público mundial, esencial, básico y de primera necesidad’, impulsado por la Dirección General de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura y cuya autoría es debida a Jesús Prieto, especialista en Derecho a la Cultura recientemente galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y vicepresidente de la Fundación Gabeiras, tiene entre sus conclusiones instar a la UNESCO a constituir un Foro de expertos en el que se desarrolle el concepto de la cultura como «bien público mundial». Asimismo, se propone la elaboración de un Libro Blanco para una Ley del Sistema público de cultura. Nuestro andamiaje legislativo debe proteger el derecho a la cultura e indagar en la manera de que los poderes públicos puedan garantizarlo, siempre teniendo en cuenta que es un derecho progresivo. Esto Jesús Prieto lo cuenta muy bien. ¿Cuántos museos debe tener una ciudad para que se cumpla el derecho al acceso al patrimonio? Pues hay ciudades que albergan grandes museos, hay otras que cuentan con muchos museos pequeños y hay otras que no tienen. Es decir, se trata de un derecho que tiene sus limitaciones. Es verdad que la incorporación de un objetivo de desarrollo cultural envía un mensaje a todos los Estados, también a

España, que dice: Ustedes deben legislar porque deben apuntar normativamente de qué manera van a garantizar los derechos culturales. A nosotros en nuestro país nos pareció que el debate todavía estaba comenzando. De momento, hemos apostado por un Plan de Derechos Culturales en el que hemos incorporado la posibilidad futura de que exista una Ley de Derechos Culturales aprobada por las Cortes, lo que ya es un avance. Aquellos países que ya lo tienen o incluso aquellas comunidades autónomas en España que ya han desarrollado normativamente la materia están viendo en qué medida se invierte y cómo se hace para garantizar esos derechos culturales. Porque, si uno dice que es un derecho progresivo, otro puede decir que no lo es; que con muy poco ya es suficiente. Por eso mismo, y viendo tal como está el mundo, no estaría mal garantizar por ley tanto las cosas que ya tenemos como las cosas que aspiramos a tener.
De un tiempo a esta parte, Unión Profesional ha comenzado un proceso de codificación de su acervo cultural en clave de Cultura Profesional, siendo sus patrimonios material, inmaterial y etnográfico los tres ejes que lo organizan. Le preguntamos a Jesús Prieto cómo valoraba esta estrategia desde su perspectiva y conocimientos, ya que le parecía muy positiva. Se trata de un ámbito del patrimonio que estaba totalmente olvidado y que encierra muchos elementos para entender la historia humana. Sobre todo, para comprender el desarrollo de nuestra cultura y de nuestras civilizaciones, porque en él se plasma un mundo de conocimientos científicos, técnicos y de otra naturaleza que explican el progreso en el devenir de nuestra especie.
Me parece interesante esa especie de taxonomía patrimonial de lo que las distintas profesiones han ido generando y cómo han ido evolucionando. Un museólogo hoy es absolutamente distinto a los inicios de la profesión, igual que un médico de hace veinte años, o un artista visual de hace treinta. El único problema, y siempre hay que tener en cuenta esto en el ámbito de la cultura, es que las fronteras son difusas, porque en el momento en que tú planteas que el derecho a la participación en la vida cultural es fundamental, tú no sabes por dónde aparecerá. Es algo que no tiene un parámetro. Ninguna persona va a descubrir una manera de quitar las cataratas que no sea óptico-optometrista, pero es muy posible que surja en el rural algún artefacto cultural en los márgenes del colegio o la academia. Lo digo porque hay un cuerpo de profesionales en el ámbito cultural muy significativo e importante. Por lo tanto, documentar, poner en valor, reconocer lo que hacen los trabajadores y trabajadoras de la cultura es indispensable. Ahí estamos, como sabes, haciendo muchas cosas para reconocerlo, pero siempre teniendo en cuenta que no somos propietarios de la cultura, y lo digo como gestor cultural, porque yo soy un profesional de la cultura venido a político durante un rato. Si yo fuera médico diría «oiga, quien se atreva a meterse en mi campo» sin titulación o experiencia reconocida, es denunciable. Ahora, si yo soy artista o gestor cultural no puedo hacer eso porque hay facetas de mi labor que otra persona puede hacer de maneras infinitamente mejores que la mía; hay que dejar espacio a la innovación que llega de los lugares más inesperados. Creo que es una cuestión que debemos tener en cuenta. Conste que cualquier proceso de profesionalización de nuestro sector tiene elementos muy importantes y muy positivos, pero tiene que mantener siempre esa visión.
Soy miembro de la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Cataluña —no tenemos Colegio Profesional—. Los
socios somos todos profesionales de este ámbito. Cuando llevas años ejerciendo y te has ido especializando, la comunidad profesional conforma también tu propia identidad, y me parece lógico que se reconozcan los distintos patrimonios. Es decir, que la propuesta me parece muy buena siempre y cuando no caigamos en el gremialismo.
En el Estatuto del Artista se da principal cabida a las profesiones culturales más evidentes —cine, artes visuales, música…—. Sin embargo, profesiones como la arquitectura, la arqueología o la arquitectura técnica han quedado en segundo plano. Una de las cosas que tarde o temprano se tendrá que abordar, de acuerdo con Seguridad Social, Hacienda, y otros ministerios, es la taxonomía profesional. Es imprescindible, entre otras cosas, porque si consideramos que la cultura es un derecho, se ha de proteger de manera especial debido a sus muy particulares características. El Estatuto del Artista busca proteger las peculiaridades del sector cultural en toda su complejidad, pero es una tarea que lleva su tiempo. Hemos avanzado en algunas materias, pero todavía quedan muchas otras por abordar.
A Ángeles Albert, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, le pareció acertada la idea de crear en un futuro no muy lejano un centro cultural que pusiera en valor el patrimonio material e inmaterial de las profesiones. Le sugerimos el Centro Nacional de Fotografía como modelo al tratarse de un espacio pensado para la conservación, promoción y difusión del patrimonio. En este tipo de proyectos creo siempre. La consecución de un centro cultural dedicado a un tema concreto no puede ser más apasionante. Pero, como bien dice un buen amigo, los proyectos tienen que pasar por los tres estados de la materia: sólido, líquido o gaseoso. Este proyecto, en particular, lo situaría en este último. ¿Qué hay que hacer para pasar al líquido? Empezar a armar exposiciones, con buena documentación, sobre la evolución de una o varias profesiones. Eso daría la medida de qué se necesita, si fotografía, documentales, textos, otros artefactos. Creo que sería un principio, aunque lleguemos tardísimo porque la necesidad de un espacio donde recuperar archivos y documentos sobre las profesiones, investigarlos, conservarlos, me parece obvia. Si no se nos ha ocurrido antes es muy probablemente porque las profesiones están muy presentes en el día a día, y no olvidemos que hubo un tiempo en el que todos nos definíamos por nuestra profesión. Así que, sí, creo que es una muy buena idea, construir relatos sobre este asunto para ver si da fruto.
El Plan de Derechos Culturales es el instrumento de planificación de las actuaciones y medidas concretas que se pretenden impulsar desde el Ministerio, liderado por la Dirección General de Derechos Culturales. En lo referido a las profesiones, nos comentaba Jazmin Beirak, su directora general, que el enfoque que
aplican desde su dirección es amplio, entendiendo la cultura «no como un compartimento aislado, sino como un vector transversal con impactos positivos en otras áreas de interés público —educación, salud, derechos sociales…—». En este sentido, es fundamental el cruce de disciplinas e integrar a profesionales del ámbito cultural con otros de campos como el científico, social o educativo. Hay un autor australiano, John Hawkes, que afirma haber encontrado en lo cultural el cuarto pilar fundamental a tener en cuenta en conexión con los pilares económico, social y medioambiental si queremos construir una sociedad que goce de una cierta equidad para su ciudadanía. De esa intersección surge la complejidad que también hallamos en el Plan de Derechos Culturales. Uno de los problemas que nos decían técnicos y funcionarios de la casa nos decían que nos metíamos en muchos ámbitos que no son competencia. Si yo solo tengo competencias en el sector cultural, vuelvo a entender pues que el sector es un sector y que lo que yo tengo que hacer es que ese sector crezca sea lo más importante. Si, por el contrario, entiendo que la cultura es un derecho de la ciudadanía, lógicamente mi actividad va a tener relación con Trabajo, para las cuestiones del Estatuto del Artista; con Economía, para las cuestiones relativas a las industrias culturales; con Asuntos Sociales o Sanidad, para las cuestiones que tengan que ver con salud y sociedad… Esa es la concepción.
Luego, lo concretamos en iniciativas y proyectos que están funcionando, por ejemplo, en el ámbito educativo. Si tú metes artistas dentro de un colegio, provocas dos revoluciones: en el artista y en los maestros, y en el alumnado, por descontado. En esta línea, tenemos muchas experiencias por todo el país que ya se están haciendo. Siempre pongo de ejemplo una anécdota que se dio con el Patronato del Museo del Prado cuando trasladé que lo más interesante que había visto en relación con la pinacoteca, hasta el momento, era un documental dirigido por Jonás Trueba y Lola Mayo con un grupo de alumnos de Puente de Vallecas en el que mostraba cómo veían a los trabajadores y trabajadoras de la limpieza y la seguridad. Es un documental que está colgado en la red y que pone la piel de gallina. Un acercamiento al Prado totalmente innovador. Yo lo defendí en el Patronato porque me parece que, desde esta experiencia, se construye otro tipo de museo.
La IA generativa ya ha transformado la dinámica de muchas profesiones, con especial incidencia en las profesiones culturales, que en el actual contexto de cambio se manifiestan en favor de sus derechos de autoría frente a las dinámicas extractivas de estas herramientas.
Nosotros somos inflexibles en la defensa de los derechos de autoría. No es una batalla fácil, pero hay tres cuestiones que tenemos claras: la autorización de uso del material, la transparencia y la remuneración, lo que significa que necesitamos nuevas formas de gestionar estos derechos, porque estamos ante un nuevo medio y una nueva forma de entender la cultura, que esperamos se vaya extendiendo al ámbito europeo.
Como ya es tradición, el Ministerio de Cultura celebra el 24 de octubre el Día de las Bibliotecas. En esta ocasión, la efeméride ha centrado sus esfuerzos en poner en valor todas las tipologías de bibliotecas «como instituciones democráticas que defienden el acceso al conocimiento, a la cultura y a la información veraz», y en divulgar el papel fundamental que desempeñan todas ellas en la lucha contra la desinformación «gracias a sus recursos, colecciones de libros y prensa, bases de datos y un uso adecuado de las nuevas tecnologías». Bajo el lema ‘Contra la desinformación: bibliotecas’, la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura ha promovido iniciativas como el juego de mesa ‘Noticia oculta’ orientado a las nuevas generaciones, o la formación titulada ‘Cómo combatir la desinformación desde las bibliotecas’, dirigido a los profesionales mediadores. También ha compartido con la ciudadanía la iniciativa ‘Pregunte. Las bibliotecas responden’, un espacio online y gratuito diseñado para satisfacer sus necesidades informativas de la mano de más de cincuenta bibliotecas de diferentes Comunidades Autónomas, coordinadas por la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura. El Consejo de Cooperación Bibliotecaria, por su parte, ha compartido las reflexiones de los responsables de sus comisiones técnicas, como es el caso de Luisa Inmaculada Fernández Miedes, presidenta del grupo dedicado a Bibliotecas Especializadas, donde se enmarcan las bibliotecas de las organizaciones colegiales. «En un contexto en el que circula gran cantidad de información errónea o manipulada, las bibliotecas especializadas desempeñan un papel estratégico en el acceso a la información y el conocimiento a través de las instituciones a las que pertenecen. Gracias a sus colecciones, en papel o electrónicas, así como al asesoramiento y la mediación de sus profesionales, los recursos de estas bibliotecas se ponen al servicio de la sociedad, fomentando el pensamiento crítico y el acceso a fuentes de información veraces. La difusión del pensamiento basado en la investigación y la ciencia no sería posible sin las casi 2.000 bibliotecas especializadas españolas», entre las que se encuentra la Biblioteca Digital del Consejo General de la Abogacía con la que Unión Profesional mantiene una colaboración para el libre acceso de las revistas de los Consejos Generales y Colegios Profesionales de ámbito nacional miembros de la asociación.
CLABE contra la desinformación
Detectar los mecanismos que derivan en desinformación y cómo la circulación de noticias falsas, principalmente en redes sociales, dificulta el derecho a recibir información veraz a la ciudadanía ha vertebrado la III Jornada Contra la Desinformación celebrada en Madrid el pasado 23 de octubre. Organizada por el Club Abierto de Editores (CLABE), organización de medios de comunicación de la que Unión Profesional es miem -
bro a través de la revista Profesiones, contó con la voz de editores, periodistas, investigadores y organizaciones de la sociedad civil «comprometidas con la verdad». Tal y como precisó en la inauguración Arsenio Escolar, presidente de CLABE, «combatir la desinformación es una de las líneas centrales de nuestra actuación desde hace más de un lustros. Se trata de un compromiso y una responsabilidad con nosotros mismos, con los editores, porque cuanto más información falsa circule en este mundo hiperconectado, más sufrirá nuestra credibilidad, nuestra reputación y nuestros beneficios».
El reto de la verificación en tiempos de bulos contó con los responsables de los espacios Verifica de los medios públicos EFE y RTVE, y Maldita.es para su debate, así como la necesaria cooperación entre instituciones públicas y la sociedad civil, que contó con Diego Jesús González Vargas, jefe de la Unidad de Análisis de Riesgos Asociados al Espacio Digital (DSN), para su abordaje. Pero, si hubo un momento memorable en la sesión ese fue la presentación de la segunda edición del libro Comprometidos con la verdad , donde expertos y profesionales de la comunicación analizan en sus páginas los principales temas —nuevo marco regulatorio, verificación en prensa, alfabetización mediática, redes sociales, salud mental— a los que hacer frente para seguir defendiendo «la veracidad, la independencia y la responsabilidad informativa frente a la desinformación y el ruido digital». Como recordó el experto en derecho de la información y derecho digital, Borja Adsuara, «hemos de estar atentos a los recientes cambios normativos —Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA), Ley General de Comunicación Audiovisual—, que buscan reforzar el derecho a la información y la libertad de prensa, pero también podrían debilitarla».



Mariana Rey Rodriguez
Cofundadora y Directora de Marquesa Gallery - Madrid
En la conversación pública sobre cultura solemos pensar en artistas, museos o ferias. Sin embargo, detrás de cada experiencia estética que llega a la ciudadanía hay un entramado de profesiones que garantizan calidad, ética, accesibilidad y sostenibilidad. Ese 'hacer bien las cosas' es imprescindible cuando hablamos de democratización cultural: no basta con abrir puertas; hay que construir confianza, mediación y marcos de calidad que permitan que cualquier persona se acerque al arte con sentido, sin barreras económicas, simbólicas o informativas. Democratizar el arte no significa banalizarlo ni reducirlo a entretenimiento. Implica trabajar con estándares profesionales: deontología en la mediación cultural, transparencia en los precios y las procedencias, criterios curatoriales sólidos, comunicación clara y programas educativos inclusivos. En este proceso confluyen múltiples perfiles: galeristas, comisarios, educadores, gestores culturales, comunicadores, arquitectos y diseñadores de espacios, juristas especializados en propiedad intelectual, economistas de la cultura y técnicos de accesibilidad. La cadena de valor es, en realidad, una cadena de responsabilidades orientadas al interés general.
El barrio, laboratorio de proximidad
En Madrid, pocos lugares ilustran mejor esta transformación que Carabanchel. En la última década el distrito ha visto crecer un ecosistema de galerías y estudios de artista que descentraliza la oferta, atrae a vecinos, familias, estudiantes y nuevos coleccionistas, y genera tejido económico. Círculo Carabanchel, plataforma que reúne actualmente a quince galerías, coordina recorridos y campañas para difundir exposiciones y ofrece un mapa descargable con direcciones y horarios. A veinte minutos del centro, en torno a Oporto y Urgel, se consolida una escena que crece con cooperación. El 25 de septiembre de 2025 el Ayuntamiento reconoció su relevancia cultural, premiando un trabajo colectivo que visibiliza el barrio. Conviene recordar algo que a menudo se olvida: las galerías son espacios gratuitos. Su cometido es acercar la creación contemporánea a todo el mundo, no solo a quienes compran. Ahora bien, la sostenibilidad del sistema también depende de los coleccionistas (públicos y privados), cuyas adquisiciones permiten que artistas y galeristas continúen su trabajo. Democratizar es equilibrar ambas necesidades: abrir puertas y, a la vez, cuidar un mercado transparente, profesional y diverso.
La figura del galerista está cambiando. Frente al cliché del espacio inaccesible, se impone la mediación: visitas comentadas, programas para público joven, contenidos digitales y transparencia con artistas y compradores. Las plataformas colaborativas del barrio, con Círculo Carabanchel como referencia, impulsan fines de semana coordinados e itinerarios conjuntos que facilitan comparar propuestas y conversar con quienes las impulsan. En la ciudad, los arranques de temporada y las inauguraciones cruzadas se conciben ya como gestos de ciudad que convocan a expertos y ciudadanía.
Esta mediación exige competencias concretas: escucha activa, capacidad pedagógica, solvencia en conservación y montaje, orientación ética en la selección y promoción, y manejo de herramientas digitales para documentar y difundir. También requiere códigos de conducta que prevengan conflictos de interés, cuiden la relación con los artistas y garanticen diversidad de miradas. La cultura se democratiza cuando los procesos son legibles y cuando el público percibe coherencia entre discurso y práctica.
Públicos y formatos nuevos
La democratización también pasa por innovar en formatos: ediciones y obra sobre papel para primeros accesos; programación híbrida que cruza arte, diseño y pensamiento; y experiencias de barrio (rutas, talleres y encuentros con artistas) que acortan distancias. El visitante deja de ser 'público' para convertirse en interlocutor. En este marco, galerías del barrio, como Marquesa Gallery, organizan recitales de poesía y visitas guiadas que amplían la comunidad. Y los proyectos educativos de proximidad crean vínculos duraderos: Arte en mi cole, impulsado por Rubén Martín de Lucas, culminó en abril de 2024 con una muestra de escolares en Marquesa Gallery para recaudar fondos, visitar la Colección INELCOM y pintar el patio del colegio. Acercar el arte desde edades tempranas siembra curiosidad y pertenencia: es historia del arte viva.
Un horizonte compartido Democratizar el arte no es abaratarlo ni trivializarlo: es profesionalizar su acceso. La experiencia de Carabanchel ofrece una hoja de ruta replicable. Cuando se ordenan agendas y se visibiliza el trabajo de un tejido diverso, la cultura se vuelve legible, cercana y participativa.
El desafío de la próxima década pasa por medir impactos más allá de la cifra de ventas (aprendizajes, diversidad de públicos, bienestar), cuidar las condiciones de trabajo en toda la cadena, garantizar accesibilidad y reforzar la confianza entre profesionales, instituciones y ciudadanía. Si las profesiones ponen su conocimiento al servicio del bien común y la academia convierte el aula en territorio de práctica, la democratización del arte dejará de ser una promesa para convertirse en un derecho cultural cotidiano. Ese es el compromiso que hoy nos atañe.

Elisa McCausland
Contra el Arte
Chantal Maillard
Galaxia Gutenberg

Académica y escritora belga afincada en nuestro país desde hace décadas, Chantal Maillard ha cimentado sus reflexiones y su poesía en torno a la razón, las emociones y el género en un estilo amante del debate y las contradicciones internas, en busca siempre de una lucidez que no ha tenido más remedio que enfrentarse a la hipocresía y la comodidad. El título de su nuevo trabajo es sintomático al respecto. Publicado originalmente en 2009 en el seno de la editorial valenciana Pre-Textos, Contra el arte ha sido resignificado por Maillard para otra época, quince años después, en la cual «ya no es tan importante la idea de verdad, que identificamos con una supuesta realidad originaria, como la de validez, que atiende sobre todo a la coherencia interna de un discurso». Con esa dicotomía en mente, Maillard argumenta contra la institucionalización, la uniformización de la experiencia estética, que preside el entendimiento actual de arte por la sociedad, la economía, la política, la academia y la Cultura, a través de ensayos más o menos temáticos agrupados a su vez en tres ejes vertebradores. El primero atiende sobre todo a los vínculos del arte y la estética con los valores de las sociedades en que se han articulado, y analiza la trivialización del arte que se ha producido en manos del consumo y una globalización que Maillard no duda en tildar de occidentalización. El segundo eje que articula Contra el Arte atiende a la importancia del lenguaje para definir, delimitar y representar lo que acordamos en denominar arte, con el objetivo de advertir de los peligros que supone «transformar las ideologías/teorías científicas en verdades metafísicas, teológicas, que aspiran a dar una medida exacta del valor de la expresión artística». El tercer eje es el más especulativo, pues Maillard contrapone a los límites de la razón occidental en el entendimiento del arte los paradigmas de una cultura que conoce muy bien, la india, capaz de poner en jaque «nuestras concepciones del mundo y nuestras estrategias de supervivencia». Una obra de voz tan subjetiva como rigurosa, algo nada fácil de lograr.

La nueva era del kitsch
Gilles Lipovetsky & Jean Serroy
Anagrama
Sobre la civilización del exceso, reza el subtítulo de este ensayo conjunto de Gilles Lipovetsky, peso pesado del pensamiento contemporáneo, y el crítico Jean Serroy. No es ni mucho menos la primera vez que Lipovetsky y Serroy escriben a cuatro manos, lo que se nota enseguida leyendo La nueva era del kitsch, un libro que ahonda y amplía muchas de las ideas esbozadas en colaboraciones previas de ambos —publicadas asimismo en nuestro país por Anagrama—, como La cultura-mundo (2008). En esta ocasión, Lipovetsky y Serroy fijan su atención en el concepto del kitsch, que antaño aludía a las estéticas chillonas, de mal gusto, a que era adepto el orden pequeño-burgués, para descubrirnos que en nuestros tiempos ha pasado a ser un estilo prevalente en el ocio, la comunicación, la arquitectura o la moda; un estilo legitimado curiosamente en base al subrayado y el gigantismo, un exceso o demasiado que, para los autores, «redibuja de los pies a la cabeza el perfil de nuestras sociedades por sus efectos cada vez más espectaculares, cada vez más llamativos, más paroxísticos, delirantes (...) Justo cuando los estereotipos de género, sentimentales o culturales se desmontan como nunca antes, prolifera una lógica neokitsch al servicio de nuestro modo de vida consumista, del siempre más». El recorrido histórico y analítico de Lipovetsky y Serroy por el neokitsch es apabullante y, además, muy divertido, pues abunda en ejemplos que nos recuerdan hasta qué punto la normalidad a principios del siglo XXI es una ficción bajo la que se revuelve sin reservas ni disimulos un trastorno colectivo de la sensibilidad y los sentidos, de modo que «las delicias inextinguibles de lo espectacular no podemos dejar de disfrutar hoy amenazan la calidad de vida, la viabilidad del planeta y las generaciones futuras». Uno de los libros del año.

Tomás Cobo
Presidente de Unión Profesional y de la Organización Médica Colegial.
Vicepresidente del Consejo Europeo de Profesiones Liberales y de la Unión Mundial de Profesiones Liberales
En tiempos de conflicto, la peor enfermedad a la que nos enfrentamos como ciudadanía es la indiferencia; indiferencia ante las pequeñas miserias del día a día, que nos afectan como individuos, e indiferencia ante los sucesos atroces que nos interpelan como sociedad y ante los cuales el silencio y la inacción no pueden, ni deben, ser una opción. Por la propia naturaleza de las profesiones, quienes las ejercen o han ejercido saben que es imposible separar el bienestar de una persona del bienestar de su familia, de su comunidad y, por ende, del bienestar del mundo. Una realidad compartida y un principio esencial que se hace más patente, si cabe, en contextos extremos —conflictos armados, catástrofes ambientales— en los que la prohibición u obstrucción del ejercicio profesional atenta contra la dignidad de las personas e impacta de manera decisiva en sus cuerpos, en sus vidas.
Comunidad profesional: Objetivo de guerra
Esta realidad tiene su ejemplo más dramático ahora mismo en la situación que han vivido profesionales y sociedad civil en la Franja de Gaza, lugar donde ha estado ocurriendo a ojos del mundo una masacre genocida por parte del ejército israelí que dinamita los principios rectores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos al atacar a la población civil de manera indiscriminada y al impedir que asistencia vital llegue sin obstrucciones ni demoras a la población.
La masacre ha convertido además a la comunidad profesional —periodistas, sanitarios, docentes— en objetivo de guerra, atentando contra todos los principios deontológicos y humanitarios al elegir como blancos deliberados hospitales, escuelas y puestos de socorro.
La violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) es una constante en este conflicto, e imposibilitar de manera premeditada la labor profesional supone una grave vulneración del derecho de acceso a servicios básicos esenciales y una de las estrategias de guerra más inhumanas, cuyas consecuencias no son otras que la enfermedad, el hambre y la muerte.
Los profesionales presentes en la zona han llevado y están llevando a cabo su
trabajo bajo presión, sin recursos y al límite de sus fuerzas. La salud física y mental de todos ellos es crítica, y se agudiza por la presencia de menores entre las víctimas, lo que aumenta la carga psicológica y los niveles de frustración y duelo entre quienes todavía resisten sobre el terreno. Un sufrimiento complejo, que trasciende el cometido profesional y filtra todos los aspectos de la vida de aquellos que permanecen junto a mujeres, ancianos e infantes.
La realidad a la que nos enfrentamos se traduce en hospitales colapsados o destruidos; carencias extremas de personal médico y recursos sanitarios; niñas y niños sin docentes y escuelas; víctimas de violencia sin apoyo legal o psicosocial.
Movilización profesional
En este sentido, Unión Profesional se ha sumado al llamamiento de Reporteros Sin Fronteras (RSF) que condena el asesinato de 220 periodistas en la Franja de Gaza en casi 23 meses, y la Organización Médica Colegial publicó un manifiesto junto a las principales organizacio -

nes internacionales de médicos europeas e iberoamericanas donde se denuncia de manera clara y contundente la violación del Derecho Internacional Humanitario en Gaza, un derecho que protege a la población civil y a la comunidad profesional.
La realidad a la que nos enfrentamos se traduce en hospitales colapsados o destruidos; carencias extremas de personal médico y recursos sanitarios; niñas y niños sin docentes y escuelas; víctimas de violencia sin apoyo legal o psicosocial… Asesinatos debidos a bombardeos, pero también muertes producidas por la falta de acceso a servicios médicos, espacios seguros y mecanismos de protección, todos ellos directamente relacionados con la ausencia de profesionales capacitados en el terreno.
En el marco del 80 aniversario de la creación de Naciones Unidas, Unión Profesional quiso exhortar a la comunidad internacional que cesaran los actos genocidas perpetrados por el Ejército de Israel sobre profesionales y población civil, se facilite el acceso inmediato y seguro de profesionales humanitarios en la Franja de Gaza, y se permita ofrecer servicios básicos urgentes de manera inmediata y efectiva. Es necesario que el acceso sea sostenido en el tiempo para poder responder a la hambruna y la desnutrición en la zona. Es urgente que demos esperanza a una población en peligro de desaparición.
Asesinatos debidos a bombardeos; muertes producidas por la falta de acceso a servicios médicos, espacios seguros y mecanismos de protección Gaza no es una cuestión política. La urgente resolución del conflicto y posterior reconstrucción de la zona es una cuestión de dignidad humana.
En estos momentos en los que el proceso de paz vuelve a ser noticia, desde Unión Profesional queremos insistir en la urgente formalidad del mismo, poniendo en el centro la dignidad de las personas como derecho fundamental inherente a todo ser humano y base en la que se cimenta la Declaración Universal. Como ya hemos señalado en otras ocasiones, Gaza no es una cuestión política. La urgente resolución del conflicto y posterior reconstrucción de la zona es una cuestión de dignidad humana. No hay nada, absolutamente nada, sea esta una creencia política, filosófica o religiosa, que esté por encima de los principios de autonomía, beneficencia y privacidad de las personas. Es nuestro deber, nuestra obligación, proteger y ser útiles. Es nuestra vocación como profesionales acompañar y socorrer a los más frágiles. Es nuestro deber, nuestra obligación, protegera quienes más nos necesitan.
La situación desde hace más de dos años en Gaza, los ataques contra hospitales, escuelas, lugares de culto, infraestructuras esenciales o contra civiles en espera de alimentos, así como el bloqueo al acceso humanitario y la prensa, evidencian una vulneración sistemática del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos. Estas prácticas alimentan un clima de impunidad con repercusiones graves a nivel internacional. Solo en 2025, 300 personas trabajadoras humanitarias han perdido la vida mientras ejercían su profesión, 198 de ellas en Palestina. Son cifras sin precedentes. Cabe resaltar además las graves consecuencias para dos ámbitos profesionales fundamentales: el sanitario y el educativo. El DIH contempla la protección a la misión médica y a la educativa, el respeto a su personal, sus instalaciones y el acceso a los servicios de salud y de educación. Esta protección viene reforzada por compromisos políticos como la Declaración sobre Escuelas Seguras, suscrita por más de 120 países para la protección de estudiantes, profesorado y escuelas durante conflictos armados. Sin embargo, hospitales y centros educativos continúan sufriendo ataques intolerables con consecuencias devastadoras para la población, especialmente la más vulnerable, y socavando los esfuerzos para preservar la dignidad y los derechos humanos.
Aunque el foco mediático es mucho mayor cuando las víctimas son occidentales, la inmensa mayoría del personal afectado, humanitario, médico o educativo, es local. Estas personas, que trabajan en colaboración con organizaciones internacionales

Abogados/as: tienen sus pilares en el asesoramiento, la defensa de los derechos humanos y la garantía del derecho constitucional de defensa, elemento esencial del Estado de Derecho, sin el cual todos los demás derechos decaen. El modelo de Justicia Gratuita, que prestan a los más desfavorecidos 36.000 abogados 24 horas al día, 365 días al año en cualquier lugar de España, es el mejor y más eficiente del mundo y la evidencia del compromiso social de la Abogacía.
Notarios/as: son funcionarios públicos que, por delegación del Estado, tienen atribuidas importantes funciones, como la de dar fe pública y controlar la legalidad. Así, los documentos y acuerdos redactados y/o autorizados por un notario adquieren la entidad de documentos públicos, a los que la Ley reconoce veracidad, firmeza y fuerza probatoria. Los notarios proporcionan la seguridad jurídica preventiva que ampara la Constitución. El notario es garantía de autenticidad, legalidad y seguridad, tanto para los ciudadanos y empresas como para el Estado.
Registradores/as de la Propiedad: tienen encomendado por la Ley el control de legalidad de todos los actos de constitución, adquisición, transmisión, modificación y cancelación o extinción del dominio y demás derechos reales sobre los bienes inmuebles y muebles, así como la garantía y efectividad de los derechos de crédito y, de toda clase de obligaciones, asignando derechos, constituyendo hipotecas o practicando anotaciones, determinando preferencias, así como facilitando los actos de nacimiento y vida jurídica de todas las Sociedades, constituyendo y dotando de personalidad jurídica a las mismas, concretando y especificando derechos, y, haciendo notoria y fehaciente su situación a todos los efectos que el ordenamiento jurídico establece, y, cooperando a la sostenibilidad y diversidad del territorio.
Procuradores/as: es el representante procesal del ciudadano, su garantía ante los Tribunales, en cualquier clase de litigios. Como profesional experto en derecho procesal, le informará del coste aproximado de un proceso, se ocupará de agilizar la tramitación del mismo, responsabilizándose de todos los trámites y sustituyéndole en todas las diligencias y actos necesarios de un pleito.
Gestores/as Administrativos/as: profesionales con vocación de servicio público, especializados en la mediación entre los ciudadanos y la Administración y en la gestión de procedimientos administrativos no judiciales. Como profesionales de diversa procedencia académica sus actuaciones de asesoramiento, gestión, representación y tramitación abarcan no sólo el ámbito público sino también los asuntos privados.
Administradores/as de Fincas: profesionales que defienden, con la máxima garantía, los derechos de consumidores y usuarios a través de la prestación de un servicio de la más alta calidad profesional, administrando el patrimonio inmobiliario privado español.
Graduados/as Sociales: especialistas que conocen el Derecho del trabajo y de seguridad social y como tal, titulado universitario con el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Expertos en relaciones laborales, recursos humanos y en organización del trabajo, así como en materia de prevención de riesgos laborales. Perito en la rama social del derecho.

Economistas y Titulados/as Mercantiles: tienen por función contribuir a la mejora de la condiciones de vida de los ciudadanos, estudiando y asesorando sobre los aspectos económicos que presenta toda actividad humana, desde los problemas del desarrollo económico a nivel general, como a nivel de la empresa para conseguir la continuidad de la misma con los mejores resultados posibles, o a nivel individual para que los ciudadanos puedan adoptar las decisiones más adecuadas en beneficio propio y de la sociedad, incluyendo la formación económica de estos.
Actuarios/as: profesionales regulados, titulados superiores, habilitados legalmente para cuantificar riesgos económicos de toda índole, con profundos conocimientos estadísticos y financieros. Entre sus funciones están: cuantificación de las primas de seguros; de los importes que Aseguradoras o Bancos tienen disponibles para afrontar solventemente sus riesgos; de riesgos de Fondos de Pensiones; o riesgos que asume el sistema de Seguridad Social.
Biólogos/as: visión holística que permite dotar al profesional de una función social de análisis y pre vención de todas las fuentes de contaminación y origen de enfermedaes, aplicando el concepto de salud global y aportando soluciones desde las actividades productivas, sanitarias y ambientales.

Geólogos/as: impulsan que la geología esté al servicio de los ciudadanos en las áreas de la ingeniería geológica, los recursos minerales, la protección del medio ambiente, la gestión de las aguas y la prevención de riesgos naturales.
Médicos/as: Ocupación basada en el desempeño de tareas encaminadas a afrontar problemas de salud y a identificar, diagnosticar y tratar enfermedades, aplicando un cuerpo de conocimiento especializado propio de nivel superior, en la que preside el espíritu de servicio y en la que se persigue el beneficio del paciente por encima de cualquier otro interés.
Farmacéuticos/as: Como expertos en el medicamento, intervienen en las fases de investigación, desarrollo y producción, y son responsables de su almacenamiento, distribución, custodia y dispensación. También desempeñan su actuación en ámbitos como la Docencia, los Análisis Clínicos y la Salud Pública, colaborando con el resto de profesionales sanitarios. Además, desarrollan Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales que, entre otros, reducen los errores asociados a la medicación y mejoran la adherencia a los tratamientos, contribuyendo a su éxito.
Fisioterapeutas: La Fisioterapia es una profesión sanitaria de primera intención, que interviene en la prevención, prehabilitación, readaptación y rehabilitación del individuo, y en la gestión de procesos y de recursos. Su objetivo es la recuperación, mantenimiento, optimización, readaptación y/o potencialización del movimiento adaptado a las diferentes etapas de la vida mediante la aplicación de métodos, actuaciones y medios físicos como el ejercicio terapéutico.
Enfermeros/as: es una profesión sanitaria con autonomía, responsabilidades, cuerpo de doctrina y funciones propias, que valora y evalúa científicamente. Sus intervenciones están basadas en principios científicos, humanísticos y éticos. Para ello emplea medios clínicos y tecnológicos, con el fin de garantizar una calidad de la asistencia sanitaria a los pacientes.
Veterinarios/as: son el nexo de unión entre el mun do animal y el humano. Previenen, diagnostican y tratan enfermedades de los animales domésticos, de producción y silvestres, incluyendo las que se transmiten a las perso nas. Trabajan e investigan en producción, reproducción y alimentación animal. Vela por el bienestar animal. Y apli can tecnologías para que los alimentos de origen animal lleguen con calidad y seguridad al consumidor.
Ópticos/as-optometristas: desarrollan las actividades dirigidas a la detección de los defectos de la refracción ocular, a través de su medida instrumental, a la utilización de técnicas de reeducación, prevención e higiene visual, y a la adaptación, verificación y control de las ayudas ópticas.
Psicólogos/as: realizan evaluaciones, diagnósticos e intervenciones sobre comportamiento humano. Intervienen en distintos niveles (individual, pareja, familiar, grupal, organizacional y comunitario) mejorando las capacidades mentales y conductuales de las personas, de acuerdo con sus demandas y necesidades, y con el fin último de aumentar su salud y calidad de vida.
Logopedas: se ocupan del estudio, la prevención, la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento logopédico de los procesos de la comunicación humana, de las funciones orales no verbales y de las alteraciones que le están relacionadas (trastornos de la deglución, la audición, el habla, la voz, el lenguaje…) interviniendo en todas las etapas de la vida.
Terapeutas Ocupacionales: Se ocupan de la promoción de la salud y el bienestar a través del uso terapéutico de la ocupación. Su principal objetivo es capacitar a las personas para participar en sus actividades de la vida diaria y así conseguir una vida lo más plena posible. Sus “herramientas” son las propias actividades de la vida diaria junto con la estructuración o adaptación del medio ambiente o el uso de productos de apoyo (ayudas técnicas).

Dentistas: son los únicos responsables de la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de todas las anomalías y enfermedades de la boca, dientes, maxilares y tejidos anexos como las glándulas salivales y las articulaciones temporo-mandibulares. Son también los encargados de prescribir los medicamentos y productos sanitarios correspondientes al ámbito de su ejercicio profesional.
Arquitectos/as: Ordena el territorio y el espacio urbano; proyecta edificios nuevos o rehabilita los antiguos; dirigiendo la obra; con distintos grados de especialización atiende a las necesidades de los agentes implicados en el mercado inmobiliario; desempeña una función social de mejora de la habitabilidad e interviene en la preservación del patrimonio inmueble con especial atención a sus valores históricos y culturales.
Arquitectos/as Técnicos/as: Profundos conocedores del ciclo de vida del edificio, asumen la dirección de ejecución de su construcción y rehabilitación, garantizando la sostenibilidad, óptima calidad y mantenimiento de lo edificado, así como la seguridad de los trabajadores y de los futuros usuarios. Asesoran en la obtención de autorizaciones y licencias y, en general, en la gestión de todo el proceso edificatorio, incluyendo la detección y solución de posibles patologías.
Técnicos/as de minas: abarcan además de la explotación de mina, el uso de explosivos, energía túneles, movimiento de tierras, energías renovables, seguridad laboral y medio ambiente entre otros. Esta profesión ha sido pionera en temas de seguridad laboral y medio ambiente, aunque pueda ser paradójico por la imagen que la sociedad tiene de ella.
Técnicos/as de obras públicas: Autopistas, ferrocarriles, obras marítimas, aeropuertos, urbanismo, medio ambiente, servicios urbanos, seguridad y salud en las obras de construcción..., son algunos de los campos de actuación donde puede desarrollar su actividad el ingeniero técnico de obras públicas.
Técnicos/as de telecomunicaciones:
El ‘boom’ tecnológico crece de la mano de los ingenieros técnicos de telecomunicación, cuyo papel al servicio de la sociedad es cada día más demandado, pues las TIC se presentan como motor estratégico de desarrollo económico en España. Sumamos más de 30.000 ingenieros graduados, que orientamos a los ciudadanos hacia comunicaciones de calidad, interactivas y seguras, abiertas a todos los servicios que ofrece el sector de las Telecomunicaciones.
Técnicos/as en topografía: profesionales en la Gestión Geomática del Territorio y la Medida de la Propiedad. La delimitación de la propiedad es fuente habitual de conflictos, estos profesionales garantizan la realidad física, como ADN de la propiedad y agilizan la resolución de los procesos judiciales, contribuyendo a velar por la transparencia e intereses de la sociedad.
Técnicos/as agrícolas: profesionales responsables de la tecnificación y eficiencia del sector agroalimentario, con el máximo interés por la sostenibilidad del medio y la mejora de la calidad de la alimentación humana. Ocupado en la mejora de la calidad de vida del entorno urbano, de su paisaje y del medio rural y natural.
Técnicos/as forestales: son expertos en la gestión sostenible de los ecosistemas naturales para obtener materias primas renovables, productos recreativos y culturales. Son garantes de la biodiversidad y perpetuadores del medio natural y también diseñan y gestionan los jardines que purifican el aire de nuestra ciudad. Están comprometidos con la gestión forestal sostenible, su trabajo es garantía de conservación y desarrollo.
Técnicos/as industriales: hacen más fácil, confortable y segura la vida cotidiana de los ciudadanos, proyectando y dirigiendo la realización instalaciones y obras, de edificios y otros, utilizados de forma cotidiana. Además, actúan como motor del desarrollo industrial, ya que su trabajo está ligado a los procesos productivos, la innovación tecnológica y la investigación con el objetivo puesto en el aumento de competitividad de las empresas.
Aeroespaciales: garantizan la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad en el transporte aéreo a través de su trabajo en el diseño, mantenimiento y optimización de aeronaves, sistema de navegación aérea y sistemas aeroportuarios, siendo pieza fundamental en la seguridad en vuelo, reduciendo el impacto ambiental, mejorando la eficiencia energética, disminuyendo las emisiones contaminantes y la huella de carbono.
Doctores/as y Licenciados/as en Filosofía y Letras, y Ciencias: Los titulados en las facultades desglosadas de las antiguas de Filosofía y Letras y Ciencias, así como los grados y másteres habilitantes para la enseñanza primaria y secundaria, se dedican mayoritariamente a la docencia y, de forma simultánea o independiente, a la investigación y a otras profesiones emergentes en el ámbito de la cultura.
Trabajadores/as Sociales: promueven el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, se interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno.
Educadores/as Sociales: promoción del sujeto de educación en las redes sociales y divulgación cultural y social. Profesión de carácter pedagógico entendida como un derecho de la ciudadanía y que es generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas.
Profesionales de la Educación Física y Deportiva: prestan un servicio a la sociedad de interés público, en el marco de un cuidado estricto de la salud y seguridad de la ciudadanía y de la protección del consumidor, por medio de métodos técnicos y científicos orientados a la formación integral del individuo a través del movimiento y de la ejercitación física. Dirigen técnicamente y/o intervienen directamente en todo tipo de actividades físicas que, mediante una participación organizada, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, la mejora de los hábitos saludables, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de todos los niveles.



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