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Boletines Humanitarios - ONU Mujeres & Union Profesional

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Boletines Humanitarios

AMÉRICA LATINA: FEMINICIDIOS, DISCURSOS DE ODIO Y LA URGENCIA DE UNA RESPUESTA INSTITUCIONAL Y PROFESIONAL

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Una mujer asiste a una concentración como parte del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en San José (Costa Rica). EFE/ Jeffrey Arguedas

25N marcado por el aumento de feminicidios

Las movilizaciones del 25 de noviembre en América Latina han vuelto a subrayar la dimensión estructural de la violencia machista en la región, que mantiene algunas de las tasas más altas de feminicidios del mundo. En 2025, las marchas se desarrollaron en un contexto de retrocesos en políticas públicas, incremento de discursos de odio y criminalización de las activistas, lo que ha intensificado la vulnerabilidad de mujeres, niñas y personas LGTBIQ+.

Cifras que revelan una crisis regional

Los datos disponibles, aunque insuficientes para reflejar la magnitud real del problema, evidencian la gravedad de la situación:

Bolivia registra 71 feminicidios hasta noviembre.

Argentina contabiliza 228 feminicidios, superando la cifra del año anterior

Guatemala suma 376 mujeres asesinadas violentamente en 2025.

Panamá reporta 13 feminicidios y 14 intentos solo hasta octubre.

Paraguay registra 33 feminicidios en 2025

En países como México, Perú, Honduras o República Dominicana, las demandas se enfocan en justicia, protección efectiva y cese de la impunidad.

Una mirada desde las profesiones: la violencia de género también es un tema laboral

La violencia machista tiene efectos directos en la empleabilidad, el bienestar psicosocial, la estabilidad económica y la permanencia laboral de millones de mujeres en América Latina. En muchos países de América Latina, la falta de recursos institucionales y la precarización de servicios públicos profundizan esas desigualdades

Impactos concretos en el ámbito laboral:

Absentismo y pérdida de ingresos asociados a situaciones de violencia.

Interrupción de carreras profesionales y el aumento de la precariedad laboral

Refuerzo de brechas salariales y limitaciones en el acceso a puestos de responsabilidad

Limitaciones para acceder a servicios esenciales, como atención psicológica, asesoría jurídica o acompañamiento social. Entornos laborales inseguros o tolerantes con la violencia, especialmente en sectores feminizados y precarizados

Las profesiones colegiadas psicología, abogacía, trabajo social, sanidad, educación desempeñan un papel central en la detección, prevención y respuesta integral ante la violencia machista Este rol adquiere especial relevancia en contextos donde los Estados no garantizan mecanismos adecuados de justicia y protección

Discursos de odio y retrocesos institucionales: un riesgo para derechos adquiridos

Organizaciones feministas en la región alertan de que los discursos negacionistas, la estigmatización del activismo y los intentos de desmantelar políticas de igualdad están creando un clima hostil que repercute también en el ámbito laboral Esto afecta tanto a las mujeres trabajadoras como a las profesionales que atienden casos de violencia y se exponen a amenazas y criminalización.

Ejemplos recientes incluyen:

Reducción de programas de género en instituciones públicas.

Escasez de datos oficiales y falta de transparencia en registros de feminicidios

Judicialización de defensoras de derechos humanos

La violencia digital contra las mujeres crece en América Latina y profundiza las brechas de seguridad y participación

La violencia digital contra mujeres y niñas se ha intensificado en América Latina, donde el acoso, las amenazas, la difusión no consentida de imágenes y las campañas de desprestigio afectan de forma desproporcionada a activistas, periodistas y profesionales de múltiples sectores Esta forma de violencia que replica y amplifica la violencia machista offline limita la participación pública de las mujeres y se convierte en un riesgo directo para su seguridad, su bienestar emocional y su autonomía económica

En el marco de los Orange Days 2025, ONU Mujeres subraya que la falta de marcos normativos específicos y la débil respuesta institucional permiten que estas agresiones se multipliquen La campaña hace un llamado urgente a fortalecer la prevención, mejorar los mecanismos de denuncia y garantizar entornos digitales seguros para que todas las mujeres puedan estudiar, trabajar y ejercer liderazgo sin miedo a represalias o ataques en línea.

Ecofeminismo, territorio y violencia

Más del 80 % de los asesinatos de personas defensoras del medio ambiente a nivel mundial ocurren en América Latina (Global Witness), con países como Colombia, Brasil, México y Guatemala entre los más peligrosos En 2024 se documentaron 146 asesinatos a nivel global, de los cuales 117 tuvieron lugar en la región Las mujeres representan entre el 10 % y el 15 % de las personas defensoras asesinadas y, en muchos casos, indígenas o rurales, enfrentan violencias diferenciadas como amenazas sexuales, criminalización judicial, campañas de difamación y ataques contra sus familias

Estas violencias específicas evidencian una realidad central del enfoque ecofeminista: en los conflictos socioambientales, las mujeres defensoras están expuestas a riesgos que combinan violencia de género y represión política, agravados por desigualdades económicas y sociales. ONU Mujeres advierte que la falta de protección institucional incrementa estos riesgos, subrayando la urgencia de reconocer y proteger su labor como parte esencial de un desarrollo sostenible y basado en los derechos humanos

ONU Mujeres España y Unión Profesional: Avanzar hacia vidas libres de violencia

Ambas organizaciones renuevan su compromiso con:

La promoción de políticas laborales con perspectiva de género.

La colaboración con profesiones colegiadas para fortalecer respuestas multidisciplinares ante la violencia.

La sensibilización pública frente a discursos de odio y retrocesos normativos.

La defensa de los derechos humanos de mujeres y niñas, en España y en América Latina.

El aumento de feminicidios es un llamado urgente. La articulación entre instituciones, profesiones y sociedad civil es clave para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, un derecho que no admite fronteras.

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