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Diseño editorial y portada: Willy Daniel Sepúlveda Juárez Corrección de estilo: Beatriz del Carmen Ramírez Berttolini y Andrea Garza Carbajal Coordinación editorial: Rosa Quintanilla Martínez
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UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA
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BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
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Secretario general
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Vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura
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Director general de Publicaciones
INTRODUCCIÓN
MIGRACIÓN DE TRÁNSITO, DETENCIÓN E INTEGRACIÓN EN PUEBLA
16
«A VECES REÍMOS PARA NO LLORAR TODO EL TIEMPO»: MUJERES, FAMILIAS Y NIÑEZ
MIGRANTE EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN DE PUEBLA Y TLAXCALA
Dra. Elena Ayala Galí (ibero Puebla) y Dr. Guillermo Yrizar Barbosa (ibero Puebla)
Dra. Norma Angélica Cuéllar Díaz (buap) 30
ESCENARIOS DE RECEPCIÓN DE MIGRAN TES Y SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO EN PUEBLA
46
EL GÉNERO Y LA CLASE SOCIAL COMO DETERMINANTES DE LA EXPERIENCIA MIGRANTE: EL CASO DE ESTUDIO DE PERSONAS VENEZOLANAS INTEGRADAS LABORALMENTE EN PUEBLA
Dra. Tania Gómez Zapata (udlap)
EMIGRACIÓN Y RETORNO
60
CRISIS FINANCIERA DE 2007-2009, REPRODUCCIÓN SOCIAL Y RETORNO EN DOS LOCALIDADES DEL ESTADO DE PUEBLA
Dra. María Eugenia D’Aubeterre Buznego, Dra. María Leticia Rivermar Pérez y Dr. Jesús Antonio Morfín Liñán (buap)
74
¿CUÁNTO PAGAN LAS Y LOS MIGRANTES POBLANOS EN SU CRUCE POR ESTADOS UNIDOS? USO Y PAGO DE INTERMEDIARIOS, 1995-2023
Dr. Juan Bermúdez Lobera (uacm) y Mtra. Rocío del Carmen Osorno Velázquez (amei)
90
TENDENCIAS MIGRATORIAS MÉXICO-ESTADOS UNIDOS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA DE COVID-19. UNA MIRADA LONGITUDINAL DESDE ZAPOTITLÁN SALINAS, PUEBLA
Mtro. Mario Alberto Macías-Ayala (University of Arizona) y Dra. Alison Elizabeth Lee (udlap)
102
LOS DESAFÍOS LINGÜÍSTICOS EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL, EDUCATIVA Y LABORAL DE LA MIGRACIÓN DE RETORNO
Dra. Myrna Elizabeth Iglesias Barrón (udlap)
AVANCE DE PUEBLA EN MATERIA LEGISLATIVA CON LA PROPUESTA DE LA LEY DE MOVILIDAD HUMANA, PROTECCIÓN DE LAS Y LOS MIGRANTES E INTERCULTURALIDAD DEL ESTADO (2022-2023)
Dr. Luis Miguel Morales Gámez (iap)
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PERFILES MIGRANTES Y POLÍTICAS PÚBLICAS
114
LA DIVERSIDAD DE PERFILES MIGRANTES EN PUEBLA Y LA POLÍTICA MIGRATORIA ESTATAL
LOS DERECHOS HUMANOS, LA INTERCULTURALIDAD Y LA MIGRACIÓN COMO UN BIEN SOCIAL
Dra. Alison Elizabeth Lee (udlap) y Dra. Adriana Sletza Ortega Ramírez (buap)
SEMBLANZAS 150
Introducción
Dra. Adriana Sletza Ortega Ramírez (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)
Dra. Alison Elizabeth Lee (Universidad de las Américas Puebla)
Este libro es el resultado de un esfuerzo para unir a investigadores especialistas en migraciones y movilidades humanas en Puebla. El propósito de este trabajo consiste en brindar un panorama general sobre los cambios en las dinámicas migratorias en la entidad. Puebla cuenta con una larga historia de emigración internacional hacia Estados Unidos, y migración de retorno desde ese país; sin embargo, la entidad también es el escenario de migraciones en tránsito e integración de personas de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, entre otras regiones del mundo.
En esta obra analizamos las historias recientes y las tendencias actuales respecto a la diversidad de los flujos migratorios, las experiencias vividas de las personas en movilidad, así como los retos y logros que enmarcan sus vidas, porque hay una mayor diversidad de nacionalidades en los últimos años. Asimismo, analizamos el contexto nacional e internacional en los que han ocurrido importantes transformaciones que deben tomarse en cuenta.
Las y los investigadores que participan en este volumen tienen en promedio entre quince y veinte años de experiencia en el campo de estudio, por lo que han desarrollado investigaciones longitudinales siguiendo con detalle los procesos migratorios durante largos periodos. En ese sentido, también reflejan una gran experiencia acumulada de observaciones empíricas y reflexiones teóricas.
Cabe hacer notar que el trabajo de investigación académica sobre migraciones y movilidad humana en Puebla se ha transformado, a la par de los propios cambios en las dinámicas que se han presentado durante tres décadas. Hacia finales de la década de 1990 y primera década de 2000, los estudios estaban centrados en la emigración de poblanos hacia Estados Unidos con énfasis en Nueva York y la costa este estadounidense, su inserción en los mercados de trabajo de dicha nación, la participación política de migrantes poblanos, las transformaciones en las comunidades de origen, las familias y el desarrollo de comunidades transnacionales (Macías y Herrera, 1997; Smith, 1998; Binford y D´Aubeterre Buznego, 2000; Smith, 2006; Marroni, 2009).
A partir de 2010, se publicaron estudios sobre la consolidación de los circuitos migratorios de Puebla a Estados Unidos, las remesas y las políticas públicas de Puebla en materia migratoria (Ibarra Mateos y Rivera Sánchez, 2011; Ortega Ramírez, Carvajal Cruz y González Ramírez, 2014). Sin embargo, a partir de la crisis económica en Estados Unidos de 2008, también se comenzó a investigar sobre el retorno de migrantes (D´Aubeterre Buznego, 2012; Lee, 2013; D'Aubeterre Buznego y Rivermar Pérez, 2014; D’Aubeterre Buznego et al., 2020). Los migrantes regresan, ya sea de manera voluntaria o debido también a los procesos de deportación, en el contexto de una política migratoria estadounidense cada vez más restrictiva y criminalizante después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. A partir de la crisis inmobiliaria y la recesión económica que tuvieron lugar entre 2007 y 2009, así como una política sistemática de deportaciones durante los dos periodos presidenciales de Barack Obama (2009-2017), los efectos del retorno eran muy palpables en las comunidades migrantes en Puebla, en especial en aquellas localidades donde había
menos tradición histórica en los procesos migratorios, con poblaciones que volvían después de haber cumplido su ciclo laboral en Estados Unidos y, en el mejor escenario, con una pensión obtenida por sus tareas en ese país.
De este modo, los estudios se centraron en las personas que han retornado de manera forzada por deportación o de manera voluntaria (autodeportación), después de periodos de estancia relativamente prolongados en territorio estadounidense, jóvenes cuya sociabilización y escolarización se ha desarrollado predominantemente en el destino migratorio o bien quienes retornan con hijos e hijas que nacieron en Estados Unidos. Las personas que han regresado enfrentan distintos obstáculos y problemáticas sociales, tales como la discriminación por no haber tenido una migración «exitosa» o una vuelta a casa sin muchas remesas para invertir, y por ese motivo lidian con una difícil adaptación o readaptación a los entornos locales. Además, quienes retornan a menudo se topan con barreras administrativas para el acceso a la educación, trabajo y salud, lo cual torna aún más complicada su vida personal y familiar.
A partir del año 2015, y en particular después de 2018 con el paso de las caravanas migrantes por Puebla, empezaron a realizarse mayores investigaciones sobre el tránsito migratorio hacia el norte del país y Estados Unidos (Sánchez Gavi y Ortega Ramírez, 2020; Marchand, 2021; Rosas-López et al., 2023). Desde entonces, se ha producido un seguimiento más puntual a las estadísticas de detenciones de migrantes irregulares en Puebla, lo que el Instituto Nacional de Migración oficialmente designa como «aseguramiento». Asimismo, se realizan investigaciones sobre el tránsito migratorio desde la perspectiva de género (Manjarrez y Cortés, 2017).
Además, con un mayor despliegue de las políticas de contención migratoria por parte de México a partir de los acuerdos migratorios con Estados Unidos desde el verano de 2019, también las investigaciones se han enfocado en la detención y violaciones a derechos humanos de migrantes en el territorio poblano (Yrizar Barbosa et al ., 2022). Puebla integra los territorios del centro de México, correspondientes a la tercera línea de contención migratoria establecida por el Ejército y la Guardia Nacional (Domínguez, 2022). La primera línea se ubica en los estados fronterizos de Chiapas, Tabasco y Campeche. La segunda en los estados de Oaxaca y Veracruz, específicamente en el istmo de Tehuantepec. La tercera línea se ubica en la zona central del golfo de México en Veracruz, y los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Guerrero. En las primeras tres líneas se busca contener a la mayoría de las personas migrantes irregulares y disuadirlas de continuar al norte. La cuarta línea se establece en la frontera norte. En ese sentido se trata de una estrategia militar, cuyos resultados se reflejan en un alto número de detenciones para mostrar su «efectividad». En 2022 se superaron las 6,200 personas detenidas anualmente en Puebla, en contraposición con menos de dos mil personas en 2013, de acuerdo con la información oficial de la Secretaría de Gobernación.
A la par, con dinámicas entrelazadas entre migraciones económicas y migraciones forzadas por violencia, la migración en tránsito, el incremento en las solicitudes de la condición de refugiados en México, y el hecho de que Puebla fue una de las ciudades elegidas en el año 2019 por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (acnur) para el programa de reubicación de personas refugiadas, han vuelto relevantes las investigaciones sobre las experiencias de personas refugiadas y con necesidades de protección internacional (asilo, refugio o protección complementaria), así como sobre sus dinámicas de asentamiento y vida en Puebla, considerado un espacio de toma de decisiones entre continuar la migración al norte o bien permanecer en el lugar (Cuéllar Díaz, 2020; Rodríguez Vara, 2022; Lee y Marchand, 2025).
CONTENIDO DEL LIBRO
El libro se estructura en tres secciones. La primera consta de tres capítulos y está dedicada al contexto en Puebla de la detención de migrantes irregulares, así como a los escenarios de recepción e integración para quienes se asientan en la entidad. La segunda sección —de cuatro capítulos— se centra en la emigración de poblanas y poblanos a Estados Unidos y el retorno. La tercera concierne a políticas públicas y legislación y está compuesta por dos capítulos. Finalmente, incluimos un capítulo de conclusiones y recomendaciones elaborado por las coordinadoras de la obra. En la primera sección se entrelazan las dificultades del tránsito migratorio, las terribles experiencias durante la detención migratoria en el territorio poblano, e incluso violaciones a derechos de manera sistemática, como resultado de las políticas migratorias de contención. Igualmente, se describen los escenarios y el modo en que nuevos inmigrantes, en especial quienes son de origen latinoamericano, arman su vida en Puebla, sus estrategias y desafíos. La sección comienza con el capítulo de Elena Ayala Galí y Guillermo Yrizar Barbosa sobre mujeres, familias y niñez migrante en experiencias de detención en las estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala, a partir de su trabajo de campo y el acceso que pudieron tener a dichos espacios institucionales que ya se han catalogado como centros de detención y espacios «torturantes», a pesar de que desde 2008 en la legislación mexicana la migración irregular no es considerada formalmente como un delito porque se despenalizó (Morales Sánchez, 2008). El siguiente capítulo es de la autoría de Norma Cuéllar, quien analiza los escenarios de atrapamiento y recepción de migrantes y solicitantes de protección internacional en Puebla (refugio, asilo político o protección complementaria). Explica la ubicación del estado en el tránsito migratorio irregular por territorio mexicano y cómo esto se concatena con que la entidad se convierta en un espacio receptor para migrantes y refugiados: un lugar de destino para las nuevas migraciones con diversas nacionalidades. Esta visión se complementa con el capítulo de Tania Gómez Zapata. Ella, mediante entrevistas con personas originarias de Venezuela, y que recientemente han comenzado a vivir en Puebla, obtiene una narración de sus experiencias y dificultades. Este capítulo enfatiza las diferencias de género y de clase social, así como su impacto en las trayectorias migratorias y de vida entre personas de nueva inmigración, las disparidades en estatus migratorios y acceso al mercado laboral.
La segunda sección es la más extensa, debido a que en términos de volumen poblacional, las dinámicas de emigración internacional desde Puebla a Estados Unidos y el retorno desde ese país son las que involucran a una mayor cantidad de personas. La sección comienza con un capítulo histórico que elaboraron María Eugenia D’Aubeterre Buznego, María Leticia Rivermar Pérez y Jesús Antonio Morfín Liñán en relación con la crisis financiera en Estados Unidos —durante el periodo de 2007 a 2009— y sus impactos en las dinámicas migratorias, familiares y en el retorno de migrantes, con el contraste de dos comunidades, una en el valle de Atlixco y otra enclavada en la sierra norte de Puebla. Después se presenta el capítulo cuya redacción corresponde a Juan Bermúdez Lobera y Rocío del Carmen Osorno Velázquez, quienes describen las tendencias recientes de la emigración irregular desde Puebla hacia la frontera norte de México, el cruce a Estados Unidos por medio de intermediarios, comúnmente llamados «coyotes» o «polleros», y la detención y repatriación desde Estados Unidos. Ambos se centran en analizar las variaciones en los costos que demanda el cruce fronterizo irregular de personas originarias de Puebla, diferenciado también entre varones y mujeres, un tema de la dimensión de emigración internacional poblana que no había sido abordado nunca con demasiada profundidad.
El capítulo siguiente estuvo a cargo de Mario Alberto Macías-Ayala y Alison Elizabeth Lee, y se dedica a explicar las tendencias migratorias México-Estados Unidos antes, durante y después de la pandemia de covid-19, a partir de un caso de estudio longitudinal realizado en Zapotitlán Salinas, en la región de Tehuacán, con base en un trabajo de campo que llevaron a cabo por más de dos décadas, donde además presentan datos de la evolución de los flujos migratorios desde la década de 1980. Este capítulo muestra cómo se entrelazan las dinámicas de emigración internacional, el retorno y el incremento de la emigración hacia Estados Unidos a partir de la pandemia.
El capítulo que concluye esta sección es de la autoría de Myrna Elizabeth Iglesias Barrón, y versa sobre los desafíos lingüísticos en los procesos de integración social, educativa y laboral de la migración de retorno en Puebla. El texto analiza cómo las personas retornadas desde Estados Unidos cuentan con una diversidad de repertorios lingüísticos, ya sea como hablantes bilingües inglés-español, hablantes monolingües de inglés, hablantes de español como lengua patrimonial o como hablantes bilingües de inglés. Esta diversidad lingüística dificulta la integración laboral, educativa y social.
La tercera sección del libro —dedicada a las políticas y legislación— incluye el apartado elaborado por Adriana Sletza Ortega Ramírez y Cristina Carvajal Cruz sobre la diversidad de perfiles migrantes en Puebla, mientras la política migratoria estatal ha quedado restringida a personas originarias de dicho territorio en Estados Unidos y sus familiares, y en menor medida a migrantes en retorno. El capítulo presenta una descripción general de las estadísticas migratorias disponibles, donde se muestra la necesidad de que a partir de las políticas públicas se atiendan los diversos perfiles y se incluya también una perspectiva de género, dado que se evidencia que hay mayor población femenina en los flujos migratorios.
El capítulo final corresponde a Luis Miguel Morales Gámez, quien analiza la propuesta de la ley de movilidad humana, protección de las y los migrantes e interculturalidad del estado de Puebla en el periodo 2022-2023; con base en ello, muestra los obstáculos legislativos que han persistido para el marco normativo en la entidad y con ello la necesidad de que el marco de operación de las políticas públicas amplíe la garantía y el ejercicio de derechos de las personas migrantes en la entidad.
Consideramos que el libro en su conjunto contribuye a exponer y analizar de manera multiescalar y multidisciplinaria las dinámicas migratorias internacionales en Puebla, a partir de las distintas investigaciones realizadas por especialistas en cada uno de los temas que se encuentran incluidos. Las y los investigadores se especializan en diversas ramas de las ciencias sociales, por ejemplo, la antropología, la sociología, la demografía, la economía, las relaciones internacionales y la ciencia política. Esto permitió una diversidad de enfoques, métodos y elementos de análisis para ofrecer una visión holística.
AGRADECIMIENTOS
Corresponde agradecer a nuestras universidades por hacer posible esta producción escrita. Del mismo modo, reconocemos a quienes dictaminaron con mucho profesionalismo cada uno de los capítulos bajo la modalidad de doble-ciego. Dichos dictámenes nos permitieron pulir las versiones originales y garantizar la calidad de los textos que aquí se publican. Y, por supuesto, agradecemos mucho a las y los autores de cada uno de los capítulos que lo integran, porque mediante cada texto se revelan los desafíos y problemáticas que enfrentan las poblaciones migrantes, así como también distintas alternativas de acción en la agenda pública como un tema de alta relevancia para Puebla.
Referencias
Binford, L. y D´Aubeterre Buznego, M. E. (2000). Conflictos migratorios transnacionales y respuestas comunitarias. buap.
Cuéllar Díaz, N. (2020). De la vulnerabilidad del tránsito al asentamiento de migrantes centroamericanos en México. [Tesis de doctorado, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla]. https://hdl.handle.net/20.500.12371/10263.
D’Aubeterre Buznego, M. E. (2012). Empezar de nuevo: migración femenina a Estados Unidos. Retornos y reinserción en la Sierra Norte de Puebla, México. Norteamérica, 7(1) 149-180.
D’Aubeterre Buznego, M. E. y Rivermar Pérez, M. L. (Eds.) (2014). ¿Todos vuelven?: migración acelerada, crisis de la economía estadounidense y retorno en cuatro localidades del Estado de Puebla, México. buap
D’Aubeterre Buznego, M. E., Lee, A. E. y Rivermar Pérez, M. L. (2020). Class, Gender and Migration: Return Flows Between Mexico and the United States in Times of Crisis. Routledge. Domínguez, P. (8 de junio de 2022). México instala 4 líneas de contención a migrantes. Milenio, https://www.milenio.com/estados/mexico-instala-4-lineas-contencion-migrantes.
Ibarra Mateos, M. y Rivera Sánchez, L. (2011). Entre contextos locales y ciudades globales: la configuración de circuitos migratorios Puebla-Nueva York. Universidad Iberoamericana Puebla.
Lee, A. E. (2013). «Illegality», health problems, and return migration, Regions & Cohesion, 3(1), https://doi.org/10.3167/reco.2013.030104.
Lee, A. E. y Marchand, M. H. (2025). Refugees, Asylum Seekers and Other Migrants in Central Mexico: The Possibilities and Limits of Triple Nexus Efforts among State and Non-State Actors. Globalizations. https://doi.org/10.1080/14747731.2025.2510094
Macías, S. y Herrera, F. (Coords.) (1997). Migración laboral internacional. buap
Manjarrez, J. y Cortés, A. (Coords.) (2017). Mujeres, migración centroamericana y violencia: un diagnóstico para el caso de Puebla. buap.
Marchand, M. H. (2021). The caravanas de migrantes making their way north: problematising the biopolitics of mobilities in Mexico. Third World Quarterly, 42(1), https://doi.org/10.1 080/01436597.2020.1824579.
Marroni, G. (2009). Frontera perversa. Familias fracturadas. Los indocumentados mexicanos y el sueño americano buap
Morales Sánchez, J. (2008). Despenalización de la migración irregular en México: Análisis y perspectivas de la reforma a la Ley General de Población de 21 de julio de 2008. Criminalia, (2), 109-147.
Ortega Ramírez, A. S., Carvajal Cruz, C. y González Ramírez, M. (2014). Puebla y sus migrantes. Tendencias y retos de agenda pública. Gernika.
Rodríguez Vara, F. (2022). Desafíos para garantizar la integración a los refugiados en Puebla [Reporte anual en Migración. Agenda Migrante Puebla 2022], (14). https://www.observatoriomigracionpuebla.info/_files/ugd/1f4ddd_0d7690a0fc164edc8b32c6cd02283bcd.pdf.
Rosas-López, M. L., Guilamo-Ramos, V. y Mora-Rivera, J. (2023). Joining a migrant caravan: herd behaviour and structural factors. Third World Quarterly, 44(6), 1137-1154. doi: 10.1080/01436597.2023.2176299.
Sánchez Gavi, J. L. y Ortega Ramírez, A. S. (2020). Migración en tránsito, aportes para su estudio en el escenario poblano. Tla-Melaua. Revista de Ciencias Sociales (49), 1-32. http:// dx.doi.org/10.32399/rtla.14.49.1052.
Smith, R. C. (1998). Los ausentes siempre presentes: comunidad transnacional, tecnología y política de membresía de la migración México-Estados Unidos. En S. Zendejas y P. de Vries. Las disputas por el México rural, vol. 1 (pp. 201-241). El Colegio de Michoacán.
Smith, R. C. (2006). México en Nueva York. Vidas transnacionales de los migrantes mexicanos entre Puebla y Nueva York. Universidad Autónoma de Zacatecas y Miguel Ángel Porrúa.
Yrizar Barbosa, G., Ayala Galí, E., Villagrana Casillas, A., Velázquez Rodríguez, A. y Macías Rodríguez, A. M. (2022), Vidas en contención: privación de la libertad y violaciones a derechos humanos en estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala, 2020-2021. idhie/Ibero Puebla.
MIGRACIÓN DE TRÁNSITO, DETENCIÓN E INTEGRACIÓN EN PUEBLA
«A veces reímos para no llorar todo el tiempo»: mujeres, familias y niñez migrante en los centros de detención de Puebla y tlaxcala
Dra. Elena Ayala Galí Universidad Iberoamericana Puebla
Dr. Guillermo Yrizar Barbosa Universidad Iberoamericana Puebla
INTRODUCCIÓN
«Aquí no se puede hacer nada, solo esperar […] los niños lloran y los intentamos entretener, pero no hay ventanas, no hay juegos, ni una televisión [...] Esto parece el purgatorio: niños llorando y vomitando [...] A veces reímos para no llorar todo el tiempo» (Rosy, 24, Puebla, Pue., diciembre de 2021). Estas fueron las palabras de Rosy, una mujer salvadoreña de 24 años, quien, con su hija de siete años, llevaba dos semanas privada de su libertad, separada de su esposo y sufriendo diversas formas de abusos y violaciones a sus derechos humanos en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (inm) de Puebla.
Este capítulo tiene el propósito de visibilizar y denunciar graves violaciones a la dignidad humana que sufren las y los migrantes en los centros de detención migratoria en México. En particular, centramos este trabajo en la situación que enfrentan las familias, mujeres, niños, niñas y adolescentes, grupos que consideramos en «vulnerabilidad migratoria extrema», si seguimos el concepto de Bustamante (2010). Este concepto aplica para personas migrantes que enfrentan múltiples factores de riesgo que ponen en peligro su integridad física, psicológica y social; entre ellos resaltan la discriminación, explotación, violencia y falta de acceso a derechos básicos.
El tema de las detenciones resulta relevante en un contexto de creciente endurecimiento de las políticas migratorias en México y Estados Unidos. A pesar de la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez en marzo de 2023, en la que murieron quemadas cuarenta personas extranjeras, estos centros de detención (llamados estaciones o estancias migratorias) siguen con sus operaciones. A manera de introducción subrayamos que la movilidad humana es un derecho fundamental y que el Estado mexicano está obligado a respetar la dignidad de las personas migrantes en virtud de los acuerdos internacionales suscritos, así como también para dar cumplimiento a lo que establece la propia Ley de Migración. En el segundo apartado, mostramos mediante indicadores cuantitativos el aumento significativo en la detención durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (amlo), que tan solo en 2023 reportó un número superior a los 780,000 eventos, según la Unidad Política Migratoria, de los cuales casi el 15 % correspondió a detenciones de personas menores de 18 años.
En el tercer apartado presentamos el trabajo cualitativo por medio de los testimonios de Rosy, Luz y Jazmín, mujeres privadas de su libertad en las estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala en 2021. Sus experiencias sirven como ejemplo en relación con lo que padecen miles
de personas al ser detenidas por las autoridades mexicanas (Policía, Ejército, Guardia Nacional o agentes de migración), y cuyos derechos son violentados desde el momento de la detención, la presentación y su estancia en los centros del inm, que en muchas ocasiones culmina en la deportación. Los casos presentados integran un proyecto binacional desarrollado por la Universidad Iberoamericana y The University of Texas System entre 2020 y 2022, titulado «Mexico as Inmigration Enforcer: Unintended Consequences to Migrant Family Life and New Diasporas in Mexico»1. Al priorizar en este texto las experiencias de familias, mujeres y menores migrantes2 buscamos alertar sobre temas graves como la separación familiar y la privación de la libertad de niños, niñas y adolescentes en los centros de detención. El trabajo finaliza con un análisis de estos casos desde un enfoque de derechos humanos y género, mediante un llamado urgente para revisar y reestructurar la política migratoria —priorizando en todo momento el respeto a la dignidad humana de las personas—, cumplir los convenios internacionales suscritos por México y atender de manera prioritaria a los grupos vulnerables en movilidad forzada.
PRINCIPIOS SOBRE LA MOVILIDAD HUMANA
La movilidad humana es un derecho fundamental expresado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 13 dice: «toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado», y «tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país». Además de esta declaración fundamental, que data de 1948, México también adoptó el Pacto Mundial para la Migración, Segura, Ordenada y Regular (2018) que promueve que todos los Estados garanticen un trato de respeto a la dignidad humana de las personas sin importar su condición migratoria; asimismo, establece que la detención debe ser un último recurso y que es necesario buscar medidas alternativas a la privación de la libertad3.
En México, la Ley de Migración establece claramente el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. El artículo 2° señala los principios en los que se sustenta la política migratoria, y en su primer principio dispone lo siguiente:
Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.
1 En el marco de este proyecto financiado por ConTex (A University of Texas System Initiative) 2020-2022, se realizaron visitas de monitoreo a centros de detención en Puebla, Tlaxcala y Veracruz, en donde se aplicaron 316 entrevistas cualitativas y etnoencuestas. El instrumento utilizado está conformado por 170 variables con 120 preguntas abiertas y cerradas. Cada entrevista individual tuvo una duración de 45 a 60 minutos y se contó con el consentimiento informado de los participantes. No se autorizó grabar ni introducir teléfonos u otros dispositivos, por lo que toda la información se registró de forma manual sobre el material impreso de las etnoencuestas (Yrizar, Ayala, Villagrana, Velázquez y Macias, Vidas en contención, 2022, pp. 13-14). Todos los nombres utilizados en este documento son seudónimos, para proteger la identidad de las personas.
2 Para conocer otros testimonios de hombres y mujeres en detención, ver Vidas en contención (2022), https://migracionsuj. mx/publicaciones/informe-idhie/ Este texto se divide en cuatro apartados: 1) detención e ingreso a las instalaciones, 2) condiciones de maltrato y abuso en las estancias, 3) familias, niñez y mujeres detenidas y 4) recomendaciones.
3 Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (2018). Es importante destacar que el Pacto establece entre sus principios rectores el centrarse en las personas, Estado de derecho y garantías procesales, derechos humanos, perspectiva de género y perspectiva infantil, entre otros.
Es muy importante subrayar que transitar sin documentos por el territorio nacional no constituye un delito y se considera una falta administrativa (Ley de Migración; Rabasa, 2023). Por tal motivo, en este texto insistiremos en exponer que los centros de detención migratoria y la privación de la libertad son contrarios a las propias disposiciones jurídicas nacionales y a las convenciones internacionales que buscan salvaguardar los derechos humanos.
La Ley de Migración promulgada en 2011 y las reformas a esta que entraron en vigor el 11 de noviembre de 2020 establecen que el cuidado y la protección de los menores migrantes debe proporcionarlo el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (dif), independientemente de su nacionalidad o de su situación migratoria. La Ley advierte que los migrantes menores de 18 años enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad, y señala que no pueden ser detenidos en centros migratorios. Los niños, niñas y adolescentes califican de forma inmediata para la condición de estancia y visa humanitaria (acceder a servicios básicos, garantizando su protección y derechos) en territorio nacional4.
FLUJOS MIGRATORIOS CRECIENTES Y DETENCIÓN
Diversos trabajos académicos, así como organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de las personas migrantes, han documentado ampliamente que las migraciones tanto internas como internacionales son fenómenos multicausales; en el caso de quienes provienen de Centroamérica, factores como el incremento de la violencia e inseguridad, la persistencia de elevados niveles de pobreza, la creciente desigualdad, las crisis ambientales y la pandemia de covid-19 han recrudecido las condiciones de vida para millones de personas, orillándolas a abandonar sus lugares de origen y buscar nuevos destinos para sobrevivir (Varela Huerta, 2017; Cortés, 2018; Yrizar Barbosa et al., 2023; Redodem, 2023).
Históricamente, México ha sido uno de los países con mayor dinamismo en migraciones internacionales, caracterizadas principalmente por la emigración de personas hacia Estados Unidos; no obstante, entre las décadas de 1940 y 1980 el país se distinguió por ser una nación de acogida que recibió a los refugiados españoles y con posterioridad asiló a sudamericanos y centroamericanos que huían de regímenes autoritarios. En la actualidad, México sigue siendo un país de expulsión, pero también de tránsito, destino y retorno. Los crecientes flujos de personas en migración forzada internacional han aumentado en la última década, la mayoría de ellas provenientes de Centro y Sudamérica, y que se ven en la obligación de transitar por México en un contexto cada vez más hostil, signado por la discriminación, el acoso y la violencia, tanto de las autoridades mexicanas y el crimen organizado como, en ocasiones, de la sociedad civil.
Las personas en movilidad humana en contextos de alta vulnerabilidad se han enfrentado al endurecimiento de las políticas migratorias en las administraciones de Donald Trump (2016-2020) y Joe Biden (2020-2024) en Estados Unidos, así como de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en México. Las políticas de contención se caracterizan por un cierre y militarización en las fronteras, situación que se agravó durante la pandemia bajo el Título 42, una mayor presencia policial involucrándose en tareas de vigilancia y control, y un aumento sin precedentes de las detenciones y deportaciones.
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, la detención migratoria creció de manera exponencial, pues pasó de un total de 131,445 eventos de detención en 2018, a
4Ver los artículos 29, 52, 74 y 99 de la Ley de Migración, así como las reformas a la Ley de Migración del 11 de noviembre de 2020: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lmigra/LMigra_ref11_11nov20.pdf
uno de 782,176 al cierre de 2023 (Unidad de Política Migratoria, 2024). Dichos eventos son llamados por el Gobierno mexicano y los medios de comunicación de manera eufemística «rescates», para invisibilizar la violencia que conllevan estos procesos. El cuadro 1 presenta la evolución de eventos de detención entre 2018 y 2023 en números totales y desagregados por sexo. El año 2020 fue atípico debido a la pandemia de covid-19 y el cierre de fronteras y, en consecuencia, disminuyó de manera importante el número de personas en movilidad internacional. No obstante, durante 2021 se superó en más de cien mil eventos las detenciones prepandémicas. Asimismo, resulta fundamental destacar que los años 2021, 2022 y 2023 presentan cifras récord en la detención de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, provenientes en su mayoría de los países del norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador), así como de Venezuela, Haití y Cuba. Alrededor del 30 % de las personas detenidas fueron del sexo femenino, tal como se puede apreciar en el cuadro 1; en 2023 se reportaron 242,181 eventos de mujeres que enfrentaron la detención migratoria. El cuadro 2 muestra las detenciones con distinción entre personas migrantes mayores de 18 años (adultos) y menores de 17 años (niños, niñas y adolescentes). En 2023 el número de detenciones de menores superó los 113,000 eventos, lo que en comparación con los números de 2018 advierte que las detenciones de menores migrantes crecieron casi cuatro veces en un lapso de cinco años. El trabajo desarrollado por el equipo de la Universidad Iberoamericana Puebla (Yrizar Barbosa et al., 2022) permite afirmar que en los centros de detención del inm hay un número importante de niños, niñas y adolescentes no acompañados, cuya integridad está en riesgo.
Cuadro 1. Eventos de detención de personas migrantes por sexo (2018-2023)
Fuente: Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, Segob, con base en información registrada en las estancias y estaciones migratorias del inm (recuperado el 17 de mayo de 2024).
Cuadro 2. Eventos de detención de personas migrantes por grupos de edad (2018-2023)
Fuente: Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, Segob, con base en información registrada en las estancias y estaciones migratorias del inm (recuperado el 17 de mayo de 2024).
Del total de detenciones a nivel nacional es importante subrayar que, desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador en 2018, más del 50 % del total de eventos de detención ocurrieron en la región centro-sur y sur del país (Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala). En el 2023, el 74.6 % de los arrestos ocurrieron en los estados antes mencionados, con la mayor concentración en Chiapas con el 46.7 % (Unidad de Política Migratoria, 2024). Esto muestra de manera palpable la externalización de la frontera y, en consecuencia, que los centros de detención en el centro y sur del país actúan como muros para que los flujos de migrantes no lleguen a la frontera con Estados Unidos.
TESTIMONIOS DE FAMILIAS Y MUJERES MIGRANTES EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN DE PUEBLA Y TLAXCALA
En este apartado se ofrecen los testimonios de grupos en «vulnerabilidad migratoria extrema», que se obtuvieron en entrevistas y etnoencuestas realizadas en diciembre de 2021 en las estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala (ver notas 1 y 2). Tal y como se señaló en la introducción, consideramos que estos casos son representativos de prácticas que violentan y ponen en riesgo a grupos vulnerables que buscamos privilegiar en este trabajo: familias separadas, menores en detención, mujeres enfermas y mujeres violentadas.
LUZ, ÓSCAR Y LEONEL EN EL CENTRO DE DETENCIÓN
El 14 de diciembre de 2021 ingresamos a la estación migratoria de Puebla y conocimos a un grupo de hombres y mujeres salvadoreños que habían sido detenidos dos semanas antes, el 1 de diciembre, cuando pernoctaban en una casa cercana a la ciudad de Puebla. El grupo estaba compuesto por 29 personas, en su mayoría familias que viajaban con hijas e hijos menores de edad. Nos sentamos en el patio de la estación y escuchamos sus testimonios tras 14 días de encierro dentro de las celdas del inm en la calle de Reforma, en pleno corazón de la ciudad de Puebla.
Ahora bien, Luz —una mujer de 59 años que viajaba sola— quiso participar respondiendo a todas las preguntas de nuestra etnoencuesta, en tanto que Óscar y Leonel, de 29 y 36 años, respectivamente, hicieron algunos comentarios y mencionaban las terribles condiciones del encierro, así como algunos de los motivos que los orillaron a dejar El Salvador y emprender la travesía por México con la esperanza de llegar a Estados Unidos, donde tenían familiares que les esperaban. Luz narró los detalles de la detención: la policía ingresó de manera violenta mientras dormían y «fueron los policías los que llamaron a los de migración», y a la señora que cuidaba la casa «la golpearon hasta sacarle la huella». Leonel lamentó el maltrato que habían recibido de los agentes de migración al afirmar: «dijeron que venían a rescatarnos, pero en lugar de eso nos encerraron aquí». Por su parte, Óscar se mostraba especialmente preocupado por el tiempo encerrados y decía: «llevamos 14 días, pero ellos [los agentes de migración] dicen que solo cuentan de lunes a viernes, entonces ¿el fin de semana no existimos?, ¿qué, somos alienígenas?, ¿qué somos para ellos?». La mujer encuestada es madre de tres hijos y abuela de cinco nietos a los que ayuda económicamente. Con tristeza nos compartió que en 2013 asesinaron a uno de sus hijos; además, la situación familiar se complicó porque otro de ellos sufrió un derrame cerebral como consecuencia del covid-19. Este difícil panorama la impulsó a emigrar a Estados Unidos, donde tiene familiares y había trabajado entre 2012 y 2018. Pese a ello, encerrada en la cárcel migratoria de Puebla, dudaba de que pudiera cumplir su objetivo. Se había quedado sin dinero, no le habían asignado un abogado, tampoco disponía de recursos para pagar uno privado, y no había podido llamar a sus familiares en las dos semanas de encierro5. A esto se suma que Luz padece hipertensión; nos compartió que tuvo episodios de presión elevada dentro de la estación migratoria y que no le habían brindado la atención médica adecuada.
Del total del grupo que llegó el 1 de diciembre, más de la mitad de ellos ya habían sido liberados; no obstante, algunas personas como Óscar y Leonel permanecieron como testigos para la Fiscalía, sin saber cuál había sido el criterio de selección para determinar quiénes podían irse y quiénes no6. Todos se mostraban visiblemente afectados por el encierro, el hacinamiento, la incomunicación con el exterior y la falta de claridad sobre su situación jurídica. Asimismo, se quejaban por la mala calidad de los alimentos, lo que provocó que la mayoría de las personas padecieran enfermedades estomacales la semana previa a nuestra visita. Otro tema que les preocupaba tenía que ver con el frío que experimentaban en las noches, pues dormían en unas colchonetas sucias y cubriéndose con «cobijas de aluminio que ni calientan». El día que llegamos a entrevistarlos no había agua, llevaban más de 24 horas sin ella, «los baños huelen muy mal, es tan fuerte el olor que no se puede dormir en la noche».
Aun en esos entornos inhumanos, padeciendo tratos denigrantes, en condiciones de hacinamiento, percibimos que crearon puentes de hermandad que les ayudaban a sobrevivir. Óscar, Leonel y Luz se habían hecho amigos y se animaban mutuamente. Antes de despedirnos, los tres coincidieron en señalar que la situación dentro de las celdas era casi imposible de soportar, pero nos advirtieron: «los niños y las familias están peor que nosotros […], dicen que los tienen en un estacionamiento, pregunte usted por ellos». Luz se despidió con una acotación final: «Óscar casi no quiere hablar porque su mujer y su niña están allá encerradas en el estacionamiento, le da miedo que si habla algo malo les pase a ellas».
5 La Ley de Migración señala que los extranjeros detenidos deben ser informados en todo momento sobre su situación jurídica, y tienen derecho a contar con un abogado y asistencia consular. Asimismo, no deben permanecer incomunicados, para lo cual el inm debe garantizarles acceso a llamadas con sus familiares.
6 En diversas ocasiones, algunos migrantes son detenidos para actuar como testigos de la fiscalía, ya que su testimonio es considerado crucial en la investigación y procesamiento de casos relacionados con el tráfico de personas; el tiempo de espera antes de ser llamados a declarar genera en los extranjeros un prolongado periodo de incertidumbre y vulnerabilidad.
ROSY, LESLIE Y ÓSCAR, FAMILIA SEPARADA EN EL CENTRO DE DETENCIÓN
Ese 14 de diciembre fue inusual7 porque, al salir de las celdas, los agentes de migración nos permitieron hablar con las familias que se encontraban encerradas en uno de los estacionamientos. Este espacio se utilizaba de manera improvisada como dormitorio para las familias y para niñas, niños y adolescentes no acompañados. De manera «casi fortuita» tuvimos la oportunidad de conversar con Rosy, esposa de Óscar. Ella —una mujer de 24 años—, acompañada por su hija Leslie —de 7 años—, nos narró las terribles condiciones en las que se encontraban y su desesperación por salir libres lo antes posible; también nos compartió detalles sobre la vida de su familia en El Salvador y sobre las causas que los llevaron a emigrar. Rosy, Óscar y Leslie vivían en una población pequeña cerca del mar, su esposo trabajaba en el muelle y ella era comerciante en un mercado. Las pandillas les amenazaban y extorsionaban, por lo cual tuvieron que abandonar su país con el propósito de llegar a Los Ángeles (California), donde viven su padre y una tía; sin embargo, al momento de nuestra entrevista manifestaba haber perdido la esperanza de llegar a Estados Unidos. Nos dijo que lo que más le preocupaba era ver a su hija enferma y, además, se encontraba muy angustiada porque la tenían incomunicada de su esposo. Asimismo, Rosy nos relató que Leslie se enfermó al día siguiente de la detención, ella cree que a causa del frío que pasan en las noches, y porque las colchonetas están sobre el suelo mojado del estacionamiento. Después de varios días de tener temperatura, finalmente una doctora revisó a Leslie y le suministró una pastilla; no obstante, los agentes de migración no le dan la pastilla todos los días, «algunos días sí y otros no […]. Así cómo quieren que se cure», nos expresó indignada. Además, la niña casi no quiere comer, debido a que en dos ocasiones la leche se encontraba en mal estado, por lo tanto, «ya solo le doy galletas y hot cakes», confesó Rosy. El estacionamiento donde permanecen las familias y los menores no tiene sanitarios y el acceso a uno depende de la voluntad de los agentes. Rosy nos comentó que algunos agentes determinan ciertos horarios al día en que se les autoriza ir al sanitario, pero todo se hace discrecionalmente. Por ello, Rosy se quejó: «cuando llega una mujer bonita los agentes la dejan ir al baño y hasta café le dan». Ella no entiende por qué a su familia la separaron pero a otras no. Al momento de la separación, Rosy le reclamó a una agente y esta le respondió que no se quejara y en tono de burla le dijo: «no se te va a perder el marido». En estos 14 días había podido ver a su esposo únicamente en un par de ocasiones, a través de un agujero en la puerta de la celda de las mujeres cuando les permitían bañarse. De esta manera supo que su esposo pagó por una llamada para comunicarse con el padre de ella, quien prometió enviar dinero para que un abogado tramitara su salida. Además, Rosy nos comentó que posiblemente solicitarían ser deportados, si esto les permitía salir antes, para priorizar la salud de su hija, que no mejoraba. Para finalizar la entrevista le pedimos que describiera un día dentro de la estación migratoria y sus palabras fueron las siguientes: Aquí no se puede hacer nada, solo esperar […], los niños lloran y los intentamos entretener, pero no hay ventanas, no hay juegos, ni una televisión […]. Esto parece el purgatorio: niños llorando y vomitando. A veces reímos para no llorar todo el tiempo.
7 Señalamos que fue inusual debido a que en el inm de Puebla se nos autorizaba hacer entrevistas y permanecer en las celdas con los adultos, pero en pocas ocasiones se nos permitió entrevistar a familias. Como equipo, creemos que era una política deliberada de los agentes migratorios en Puebla para ocultar tanto la presencia de familias y menores en detención (contrario a lo dictado por la ley), como el hecho de que se encontraban detenidos en estacionamientos y oficinas en condiciones insalubres, sin sanitarios, con luz artificial las 24 horas del día, poca ventilación, humedad, colchonetas y cobijas sucias; en suma, en peores condiciones de alojamiento que en las mismas celdas.
JAZMÍN,
MUJER
HONDUREÑA EN DETENCIÓN
Jazmín, una joven hondureña de 24 años, nos contó que desde los 11 años debió salir a ganarse la vida. A los 16 años se unió a su primera pareja, estuvieron juntos seis años y tuvieron dos hijos varones. Hace dos años tuvo otro hijo, al que criaba sola. Jazmín huyó debido a las amenazas de los maras, y con lágrimas en los ojos nos compartió: «los mareros metieron preso a mi hermano y querían llevarme», «hace unos días entraron a mi casa y golpearon a mi papá, lo amenazaron y por eso yo salí huyendo […], ya era la segunda advertencia». Su papá le pidió que escapara lo antes posible de Honduras y le prometió cuidar de su niño pequeño. A sus hijos mayores los dejó al cuidado de la abuela paterna. Jazmín considera que tuvo suerte, dado que no estaba en casa cuando los maras entraron y pudo abandonar su pueblo esa misma noche; salió con lo que traía puesto y solo alcanzó a llevarse consigo su cédula de identidad. Cruzó la frontera entre Guatemala y México caminando durante la noche; después, subió al tren y se unió a un grupo de seis hondureños y un salvadoreño. En el tren le robaron su celular a ella y al salvadoreño. Jazmín nos contó que fue la Guardia Nacional la que los bajó del tren a la fuerza y por eso llevaba dos días detenida en la estación migratoria de Tlaxcala. Al ingresar a la estación le quitaron todas sus pertenencias: un reloj, unas argollas, un rosario de plata y 400 pesos mexicanos. Esa mañana estaba visiblemente molesta con los agentes de migración porque el grupo con el que había sido detenida (los seis hondureños y el salvadoreño) había sido trasladado a la Ciudad de México. Asimismo, Jazmín nos compartió sentirse especialmente triste porque en el trayecto se puso de novia con el joven salvadoreño, y al ingresar en la estación migratoria declararon que eran pareja; los agentes de migración prometieron trasladarlos juntos, algo que por supuesto no sucedió. Sin embargo, el miedo a la deportación era superior a la tristeza: «yo puedo tener paciencia porque no puedo llegar a mi país […], ¿de qué me sirve llegar a mi país si solo viviré ocho días?».
UNA MIRADA A LA DETENCIÓN DESDE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Las experiencias de detención que nos compartieron Luz, Rosy, Leslie, Óscar, Leonel y Jazmín exhiben condiciones de maltrato, exclusión, discriminación, humillación, incomunicación y «desaparición administrativa». Estos casos evidencian cómo desde el momento de la detención y a lo largo de la estadía en los centros del inm, tanto adultos como menores padecen tratos denigrantes. Por ello, Manek et al. califican a las estaciones migratorias en México como «espacios torturantes» (2022). Esta afirmación coincide con los informes de la Redodem 2021-2022 (2023) y Vidas en Contención (Yrizar Barbosa et al., 2022), quienes hablan de entornos torturantes, y de otros trabajos sobre centros de detención migratoria en México —por ejemplo, el que compiló Rabasa—, concluyendo que se trata de «espacios que detonan múltiples violaciones a los derechos humanos» (Rabasa, 2023).
Los testimonios presentados también permiten reflexionar sobre la centralidad del género en la migración, desde los interrogantes: ¿quiénes migran?, ¿por qué migran?, ¿cómo migran? El fenómeno migratorio está atravesado por relaciones de género, que implican relaciones desiguales de poder que son naturalizadas por los propios sujetos (Connell, 1987; Scott, 1992). Dentro de las celdas y en los espacios de detención se perciben de manera muy aguda las desigualdades que producen el género, la edad, el origen étnico, la nacionalidad y el origen socioeconómico, entre otros.
La violencia en sus comunidades es para muchas mujeres, y para muchos migrantes, la principal causa para emigrar: «la violencia vivida en el lugar de origen es a menudo el motivo que impulsa a las mujeres a desplazarse; no obstante, migrar sin documentos contribuye a mayor vulnerabilidad durante el trayecto» (Willers, 2016, p. 164). Los casos exhibidos tienen a la violencia como factor principal o uno de los fundamentales, por el cual estas mujeres y sus familias debieron emigrar. En el caso de Jazmín la amenaza de las pandillas la obligó a salir de manera intempestiva, la misma noche en que fue amenazada, pues el temor a ser secuestrada, violada, e incluso asesinada era inminente. Por su parte, Varela Huerta (2017) ofrece muchas luces en el análisis de las migraciones y la violencia de género al argumentar sobre «la trinidad perversa de la que huyen las mujeres migrantes», y en este caso, Jazmín encarna esta trinidad «perversa»: violencia feminicida, violencia de Estado y violencia del mercado.
Ahora bien, la decisión de Luz para emigrar a los 59 años y poder cumplir su rol de madre y abuela está atravesada por la violencia de un hijo asesinado y otro enfermo. La familia de Rosy y Óscar también quería dejar atrás la extorsión y un contexto violento en su población natal en El Salvador. En su lugar de detención, Rosy y Óscar enfrentaron la separación familiar, una práctica común por parte del inm que quebranta la Ley de Migración, y se trata de una manera de violencia por parte del Estado, que infringe el derecho a preservar la unidad de ese vínculo filial. Las mujeres, las niñas y niños que son separados de sus padres manifiestan sentirse desamparados, y están expuestos a sufrir abusos por parte de la autoridad, e incluso de otras personas con las que comparten los reducidos espacios de detención. Por su parte, los padres y esposos separados de su familia temen que su pareja e hijos sufran de mayor violencia, y ellos, a su vez, experimentan situaciones de estrés y angustia por no poder cuidar y proteger a los suyos; este era el sentimiento que permeaba tras la plática con Óscar y la angustia que le provocaba la separación de Rosy y Leslie.
REFLEXIONES FINALES
«A veces reímos para no llorar todo el tiempo», consideramos que se convierte en una frase que muestra lo difícil y complejo que resulta para la niñez y las familias enfrentar la detención, y vivir en entornos torturantes como las estaciones migratorias. Por lo tanto, cabe preguntarse: ¿cómo es posible que niños, niñas y adolescentes, familias enteras, y seres humanos que en su mayoría huyen de la violencia, sean privados de su libertad y tratados como delincuentes?, ¿por qué el Estado no respeta la propia Ley de Migración y los convenios internacionales en materia de derechos humanos que protegen en primera instancia a los niños, niñas y adolescentes?8, ¿por qué el Estado mexicano muestra su lado más inhumano con los más vulnerables?
El año 2023 tuvo un récord de detenciones; lamentablemente el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez (28 marzo de 2023), donde murieron cuarenta personas y otras 27 resultaron heridas, no fue el hecho que pudiera detonar que el Estado cerrara los centros de detención y los adecuara a lo dispuesto por la propia Ley de Migración. La tragedia en
8 En septiembre de 2024 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un comunicado en el que condenó al inm de Puebla por la detención de dos familias, por vulnerar sus derechos humanos a la seguridad jurídica, brindarles un trato indigno, mantenerlas en condiciones insalubres y por no velar por el interés superior de la niñez. La cndh denunció que el inm incumplió su obligación de notificar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (sndif) para el resguardo y protección de los menores y sus familias (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2024).
Juárez no ha sido aclarada y los centros de detención, lejos de desaparecer, operan y encierran a más personas cada año: los derechos humanos de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes son vulnerados y, al mismo tiempo, se profundizan desigualdades de género, étnicas y sociales (Crenshaw, 1991).
El discurso de derechos humanos por parte del Gobierno mexicano consiste en palabras vacías, dado que oculta una política de securitización de la migración, una realidad cruda de tratos torturantes y de violencia de Estado. El concepto de «vida nuda» de Agamben (1998) describe a millones de personas en el mundo en movilidad forzada, y bajo el contexto descrito a lo largo de estas páginas, la «vida nuda» se encarna en los miles de niños, niñas, adolescentes y mujeres cuyas vidas ya vienen marcadas por esta triple violencia de las que nos habla Varela Huerta (2017) y que exacerba su condición de vulnerabilidad al ingresar en territorio mexicano.
La migración forzada es un fenómeno que permanecerá en el mediano y largo plazo, puesto que sus causas son estructurales y muy complejas de transformar. Es por ello que resulta apremiante revisar la política migratoria y exigir como sociedad que no se criminalice la migración. Por lo tanto, resulta indispensable respetar la Ley de Migración y los convenios internacionales que promueven el respeto a la dignidad de las personas en movilidad, cuidando en especial a los grupos vulnerables, desde un enfoque de derechos humanos e incorporando la perspectiva de género y la interseccionalidad.
Referencias
Agamben, G. (1998). Homo Sacer: El poder soberano y la nuda vida. Pre-Textos. Bustamante, J. A. (2010). Extreme Vulnerability of Migrants: The cases of the United States and Mexico. Migraciones Internacionales, 6(20), 97-118. https://doi.org/10.17428/rmi. v6i20.770
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (23 de septiembre de 2024). Comunicado DGDDH/270/2024. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2024-09/ COM__2024_270.pdf
Connell, R. W. (1987), Gender and Power. Stanford University Press.
Cortés, A. (2018). Violencia de género y frontera: migrantes centroamericanas en México hacia los EE. UU. European Review of Latin American and Caribbean Studies, (105), 39-60. https://doi.org/10.18352/erlacs.10321
Crenshaw, K. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics and Violence against Women of Color. Stanford Law Review, 43(6), 1241-1299. https://doi. org/10.2307/1229039
Ley de Migración 2011. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011.
Manek, J., Galán-Santamarina, A. y Pérez-Sales, P. (2022). Torturing environments and multiple injuries in Mexican migration detention. Humanities And Social Sciences Communications, 9(1). https://doi.org/10.1057/s41599-022-01252-y
Organización de las Naciones Unidas (2018). Pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular.
Rabasa, V. (2023). Revisión sistemática de la detención migratoria como proceso que detona múltiples violaciones a los derechos humanos. Revista Latinoamericana de Población, 17, 1-33. https://doi.org/10.31406/relap2023.v17.e202309
Redodem (2023). La esperanza en el camino. La Redodem en un país de impunidad, militarización y violencias Informe 2021-2022
Scott, J. W. (2011). Género: ¿Todavía una categoría útil para el análisis? Teoría y pensamiento feminista (72). https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/53777
Varela Huerta, A. (2017). La trinidad perversa de las que huyen fugitivas centroamericanas: violencia feminicida, violencia de Estado y violencia de mercado. Debate Feminista, 53, 1-17. https://doi.org/10.1016/j.df.2017.02.002
Willers, S. (2016). Migración y violencia: las experiencias de mujeres migrantes centroamericanas en tránsito por México. Sociológica, 31(89), 163-195.
Yrizar Barbosa, G., Ayala Galí, E., Villagrana Casillas, A., Velázquez Rodríguez, A. y Macías Rodríguez, A. M. (2022). Vidas en contención: privación de la libertad y violaciones a derechos humanos en estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala, 2020-2021. idhie/Ibero Puebla.
Yrizar Barbosa, G., A. Hudgins y Ayala Galí, E. (2023). «Tenemos una vida de perros»: Separación de familias migrantes en tránsito durante la pandemia en Puebla. En M. Vilches Hinojosa y L. R. Morán Quiroz (Coords.). Migraciones y ciudadanías: Poderes móviles en Centro-Norteamérica. (pp. 133-157). Universidad de Guanajuato y El Colegio de San Luis.
Fotografías: Alison
E. Lee y Adriana S. Ortega
Escenarios de recepción de migrantes y solicitantes de la condición de refugiado en Puebla
Dra. Norma Angélica Cuéllar Díaz
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
INTRODUCCIÓN
Las medidas de disuasión y contención migratoria tomadas en la región de México y Estados Unidos han generado, a partir de 2018, condiciones para frenar y atrapar migrantes en las fronteras sur y norte de México, pero también a lo largo de las ciudades ubicadas en la ruta migratoria. Una de las premisas que orientan este trabajo es que la zona metropolitana de Puebla se ha convertido en sitio de establecimiento para migrantes irregulares, para solicitantes de la condición de refugiado o de cualquier otro tipo de protección internacional, con una creciente diversificación en cuanto a las nacionalidades de origen.
En este artículo se analiza el impacto de las políticas migratorias adoptadas por el norte global sobre los flujos migratorios con necesidades de protección internacional y en relación con los flujos de migrantes irregulares. El objetivo de este trabajo es examinar los factores que han incidido para que Puebla se haya convertido en un sitio de asentamiento para migrantes y solicitantes de la condición de refugiado. Además, se considera el impacto de las políticas de contención y securitización que han ocasionado un atrapamiento de los flujos migratorios en diversas ciudades del territorio mexicano.
La investigación partió de una perspectiva teórica enfocada en los efectos provocados en México por el control fronterizo estadounidense y la administración por medio de la securitización, que han generado espacios de contención de migrantes bajo la idea de que es dura, pero humana (Mezzadra y Neilson, 2017). De este modo, según Ariadna Estévez (2023), «las instituciones que conceden refugio gestionan la movilidad, criminalizando e impidiendo el tránsito y la reubicación de las personas desplazadas por los proyectos extractivistas».
Para la realización de esta tarea se aplicaron dos acercamientos metodológicos. Uno fundamentalmente cualitativo mediante la observación participante y sistematización de testimonios de migrantes y solicitantes de asilo localizados en la zona metropolitana de Puebla, así como a voceros de organizaciones que atienden a migrantes y a integrantes de organizaciones internacionales. Y el otro estadístico, basado en solicitudes, mediante la Plataforma de Transparencia, a la Comisión de Ayuda a Refugiados (Comar) sobre las características de los flujos migratorios, para completar la información. Asimismo, se procedió a revisar cifras y documentos oficiales.
La estructura de trabajo encarada es la siguiente: primero se hace un análisis de los impactos de la externalización de fronteras y medidas de securitización de Estados Unidos adoptadas por México, así como una investigación de la distribución de recursos enfocados a la gestión de los flujos migratorios dentro del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego, se examinan tres escenarios de asentamiento en Puebla, se hace una aproximación de la situación de migrantes en esta región, y finalmente se extraen las conclusiones.
La pregunta fundamental que guía este estudio consiste en conocer: ¿qué factores han propiciado el establecimiento de migrantes en la zona metropolitana de Puebla?
LA TRANSFORMACIÓN DEL TRÁNSITO AL ASENTAMIENTO EN PUEBLA
Durante décadas, México fue un país de tránsito para las poblaciones en movilidad sur-norte. Los estudios de la comunidad académica estaban enfocados a las rutas de tránsito, los accidentes de migrantes en La Bestia, la creciente presencia de mujeres y niños, la trata de personas, las violaciones a los derechos humanos, el trabajo hospitalario de las organizaciones civiles, la vulnerabilidad de los migrantes, la violencia y, más recientemente, la presencia del crimen organizado (Marroni, 2003; Portes y Dewind, 2006; Marconi, 2011; Rivas Castillo, 2008; Shiavon y Díaz, 2011; París Pombo, 2017). Sin embargo, esas narrativas comenzaron a modificarse a partir de varios sucesos: la aplicación de una creciente y dura etapa de control y securitización de Estados Unidos y del norte global, así como un conjunto de procesos políticos, sociales y, sobre todo, económicos que afectaron de manera negativa a la región latinoamericana (Varela, 2018; Ruiz Lagier y Varela Huerta, 2019; Glockner, 2019; Corral, 2019). A todo ello cabe agregar la inmovilización —entre 2020 y 2023— causada por la cuarentena por la pandemia por covid-19.
A partir de 2021, México se convirtió en el tercer país receptor de solicitantes de la condición de refugiado en el mundo, solo superado por Estados Unidos y Alemania, con cifras de 130,000 solicitantes de asilo, como se observa en la gráfica 1. Las ciudades de Tapachula, Chiapas, y Ciudad de México fueron las mayores captadoras de solicitudes de la condición de refugiado en el territorio mexicano. Otras ciudades, como Puebla, también vieron incrementadas sus cifras de recepción de solicitantes de asilo, aunque en menor número.
Gráfica 1. Cifras de solicitudes de la condición de refugiado recibidas por México en el periodo 2012-2024*
Fuente: elaboración propia con estadísticas de la Comar. *La cifra de 2024 se calculó con base en la tendencia histórica.
Organismos internacionales establecieron los años 2017 y 20181 como el periodo en el que Estados Unidos inició un proceso de desmantelamiento de su sistema de asilo, lo que ocasionó un escenario de desbordamiento migratorio en México. Por un lado, se elevaron las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y, por otro, se pasó a la peor etapa de contención y persecución de migrantes de la historia reciente del país.
El abordaje teórico de esta investigación parte de los efectos de la externalización de fronteras de Estados Unidos hacia México. La externalización de la política migratoria hacia México se ha desarrollado desde la década de los ochenta del siglo pasado (Cordero Díaz y Pérez, 2015) y tuvo un hito significativo a partir del atentado del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York, momento en el cual comenzaron a establecerse diferentes instrumentos bilaterales, enfocados en la capacitación de cuerpos de seguridad, transferencia tecnológica, intercambio de bases de datos en tiempo real, introducción de registros biométricos en fronteras, puertos y aeropuertos y, en general, robustecimiento de los aparatos de seguridad, militares y del Instituto Nacional de Migración (inm). Algunos estudios ya venían anticipando el impacto de estos acuerdos bilaterales (Cordero Díaz y Pérez, 2020; Ortega Velázquez, 2022; FitzGerald, 2020; Menjívar, 2014; Mena y Cruz, 2021; París Pombo, 2022).
Desde 2001, si bien se negoció la Iniciativa Mérida y el Plan Frontera Sur, durante los gobiernos del republicano Donald Trump y del demócrata Joe Biden se intensificó el cierre a la gran movilidad migratoria en la región. En esos dos periodos presidenciales se aplicó el Título 42, con el que fueron enviados miles de migrantes irregularizados a México, sin darles la oportunidad de acogerse al programa de asilo estadounidense, además de la implementación del Programa Quédate en México para hacer antesala a sus audiencias en las cortes. Mientras esto sucedía en Estados Unidos, en el contexto de la pandemia por covid-19, miles de migrantes fueron inmovilizados sobre todo en la frontera sur de México, en una espera incierta. Otro importante factor de condicionamiento al país fueron los acuerdos asumidos por el Gobierno en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018.
En el sexenio que estuvo en el poder Andrés Manuel López Obrador, la política migratoria ha sido ejecutada con un enfoque securitario, mediante el reforzamiento de los controles fronterizos y mediante la legitimización de prácticas de persecución y criminalización de la migración, en el entendido de que «los migrantes son un peligro para la seguridad» (Morales, 2022, p. 199); incluso el informe Bajo la Bota (2022) advierte que se ha intensificado el proceso de militarización, mediante la intervención de la Guardia Nacional en labores migratorias y la colocación de militares en puestos clave del inm. Como resultado de la militarización del país, durante 2023 el inm detuvo a 782,176 migrantes, cifra tres veces superior a la que se produjo en 2019.
Para demostrar de modo fehaciente estas afirmaciones haremos un ejercicio comparativo de los presupuestos de las tres dependencias involucradas en la gestión migratoria: inm, la Comar y la Guardia Nacional.
En 2024, el Gobierno mexicano programó un presupuesto de 18,948 millones de pesos para atender el problema migratorio, pero alrededor del 90 % de los recursos estaría enfocado a las labores de aseguramiento, contención y repatriación de migrantes y no de ayuda humanitaria o de asistencia a las familias y niños.
1 Amnistía Internacional explicó paso a paso las medidas tomadas por el Gobierno de Estados Unidos para desmantelar su sistema de asilo: a) comenzó a realizar expulsiones masivas de solicitantes de asilo a la frontera con México; b) separación de familias, incluso mediante métodos de tortura; c) detenciones arbitrarias e indefinidas a solicitantes de asilo sin posibilidad de libertad condicional, lo que constituye tratos crueles prohibidos por el derecho internacional. ai ha denunciado que «esas políticas y prácticas tenían por objeto disuadir a las personas solicitantes de asilo de pedir protección en Estados Unidos, así como a castigar a las que pedían para obligarlas a renunciar a sus solicitudes de asilo» (Amnistía Internacional, 2019, p. 4).
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (pef) para 2024, tal como se puede observar en la gráfica 2, la Comar2 recibió un presupuesto de 51 millones de pesos, a pesar de que México captó 130,000 solicitudes de asilo en 2023 y habrá alrededor de 150,000 para el cierre de 2024.
En tanto que 17,000 millones de pesos fueron asignados al gasto de 31,000 efectivos de la Guardia Nacional asignados a la frontera norte y a la frontera sur, y otros 1,897 millones de pesos al inm. Sin embargo, por si fuera poco, el 23 % de los efectivos de la Guardia Nacional —casi una cuarta parte de los efectivos de esa fuerza policial-militar— están enfocados a las labores de verificación y contención migratoria. Todo ello ha generado el atrapamiento de extranjeros. Asimismo, los recursos del inm están dirigidos a la deportación y no a labores de atención en las estaciones o estancias migratorias, lo cual quedó evidenciado con el incendio de la estancia provisional de Ciudad Juárez, en marzo de 2023, cuando cuarenta migrantes, sobre todo venezolanos, murieron al quedar atrapados entre el humo y el fuego, sin la presencia de extintores para apagar el incendio. Cabe destacar que el presupuesto asignado a la Comar no refleja el creciente papel de México en la migración internacional. Desde que se inició el incremento en las solicitudes de asilo en México, la Comar ha dependido en gran medida de los recursos que le suministra el acnur
Gráfica 2. Presupuesto de ingresos de cada una de las dependencias relacionadas con la gestión de los flujos migratorios
20,000,000,000
18,000,000,000
16,000,000,000
14,000,000,000
12,000,000,000
10,000,000,000
8,000,000,000
6,000,000,000
4,000,000,000
2,000,000,000
17,000,000,000
Fuente: elaboración propia con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2024, publicado el 25 de noviembre de 2023.
En la actualidad, la Comar está rebasada presupuestariamente para atender la creciente demanda de protección internacional en el territorio mexicano, cuyas cifras tienen ya casi un lustro en permanente crecimiento. Sin embargo, la problemática no solo deriva de la in-
2 El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2024, publicado el 25 de noviembre de 2023, fue aprobado sin reformas por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados. Las cifras reflejan una despreocupación por responder de manera adecuada al crecimiento de solicitudes de asilo en México.
suficiencia presupuestal. En el periodo de crecimiento exponencial de las solicitudes de la condición de refugiado, no ha sido acompañada por políticas públicas que informen, orienten o acompañen a las personas. Entre los recién llegados impera la desinformación.
CONTEXTO EN LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA
Si bien Puebla fue testigo en el pasado de migraciones históricas de españoles, libaneses e italianos que no son objeto de este estudio, la experiencia de la entidad en la migración, en el siglo xxi, se limitaba a ser ciudad de tránsito de las diásporas sur-norte.
La zona metropolitana de Puebla3 —conformada por doce municipios—, más que un lugar de destino para migrantes fue ubicada desde la década de los ochenta como una ciudad de reorientación de trayectorias para los migrantes de tránsito. En una investigación de tesis doctoral (2021), Cuéllar Díaz realizó un trabajo de observación participante y se encontró que la mayoría de los migrantes que viajaban en condiciones de vulnerabilidad se detenían en Puebla por tres situaciones: para reorientar sus rutas, como nodo de transportes; para subirse a La Bestia, rumbo a Lechería, donde había un gran albergue de migrantes, o para capitalizarse en el camino. A menudo se mezclaban con mexicanos para pedir dinero en los semáforos y cruceros, tanto en la capital como en la ciudad turística de Cholula.
Desde años anteriores, se hizo un acopio de información y se desarrollaron técnicas de observación para ubicar el papel de Puebla en el régimen de fronteras globales, partiendo del hecho de que México no solo es un territorio frontera, sino que se ha convertido en un sitio con múltiples fronteras internas, donde las regiones tienen funciones específicas de contención y persecución; también hay territorios donde se teje una sofisticada estrategia para detener el tránsito de migrantes.
La transición de Puebla como ciudad de tránsito a destino tuvo varios hitos. En tal sentido, identificamos tres etapas, o mejor dicho tres escenarios, que han hecho de Puebla una entidad de destino de migrantes y de solicitantes de asilo.
1. Puebla y el asilo durante el gobierno de amlo.
2. Sitio para la aplicación del Programa de Integración Local del acnur
3. Llegada y asentamiento de venezolanos.
PUEBLA Y EL REFUGIO DURANTE EL GOBIERNO DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
El 24 de noviembre de 2021, con el mundo y México en cuarentena por la pandemia por covid-19, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador detuvo una caravana de migrantes en Mapastepec, Chiapas, bajo la promesa de entregarles visas humanitarias para regularizar su estancia en el país; y no solo eso, sino que señaló se los trasladaría a nueve entidades de la región centro del país para continuar allí sus trámites. La lista de entidades la encabezó Puebla, seguida de Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Colima, Jalisco y Guanajuato. El director de la Coordinación de Oficinas de Representación del inm, Héctor Martínez Castuera, informó que además de trasladar a los migrantes a esas entidades, se les expedirían visas por razones humanitarias y se les brindaría alojamiento en albergues del Sistema dif o de la sociedad civil, en tanto permanecieran en la localidad (Pérez, 2021).
3 La zona metropolitana de Puebla está conformada por Acajete, Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Juan C. Bonilla, Ocoyucan, Puebla, San Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa, San Miguel Xoxtla, San Pedro Cholula y Tepatlaxco de Hidalgo.
Sin embargo, el plan de convertir a Puebla en una ciudad de recepción y de refugio forzado, en plena crisis por covid-19, no prosperó. Cerca de 2,000 migrantes, principalmente haitianos, venezolanos, cubanos y centroamericanos fueron enviados al polideportivo Xonaca (en la capital poblana), donde se les entregarían visas humanitarias, con el fin de establecerse en esta entidad. No obstante, el asunto se les salió de las manos, pues un grupo de académicos constató que detrás de la estrategia no hubo un diseño y que se trató únicamente de una medida para despresurizar Tapachula4, Chiapas.
Algunos haitianos se establecieron en Puebla, después de que el polideportivo Xonaca se cerrara. Pero terminada la pandemia, ya no se pudo localizar a ninguno en la entidad. Ahora expondremos la narración de uno de ellos.
—Yo vivía en Chile con mi señora y mi hija; por cuatro años.
—¿Y con quién viniste?
—Se vino toda la familia.
—¿Por qué salieron de Chile?
—Salimos porque cuando no tienes documentos de un país, no se puede trabajar. No puedo cruzar la frontera. Queremos quedarnos en México para trabajar, queremos tener documentos.
—¿Quieren quedarse en Puebla?
—Depende. Si encuentra trabajo aquí en Puebla, aquí me quedo. Quiero vivir en un lugar tranquilo. Los haitianos somos tranquilos. El 80 % de los haitianos son evangélicos.
—¿Cuánto tiempo tiene que llegaron a México?
—De Chile aquí, a Tapachula, dos meses de estar aquí.
—¿Pidieron asilo?
—Estamos esperando el carnet, la tarjeta por un año [tarjeta por razones humanitarias]. Por eso traernos a nosotros acá. (Testimonio de un haitiano entrevistado en el polideportivo Xonaca el 8 de diciembre de 2021)
De acuerdo con un informe de la Organización Internacional para las Migraciones ( oim , 2022), el traslado a las nueve entidades del centro del territorio nacional se hizo para despresurizar la frontera sur, que en esos momentos ya estaba desbordada. Tapachula, Chiapas y Tenosique, Tabasco son las principales ciudades receptoras migrantes en el sur de México. En el año 2021 se rompieron los récords de arribo de población migrante que ingresó a México por la frontera sur, según los registros de la Comar, que reportó 89,636 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado en Tapachula y 7,153 solicitudes en Tabasco.
Sin embargo, uno de los mayores problemas, según lo documentado por la oim dentro del universo entrevistado, era que la cuarta parte de los migrantes (24 %) vivía en situación de calle. Y peor aún, la mayoría de las personas migrantes en Chiapas y Tabasco se encontraba desempleada (79 %). Las razones de ese desempleo, según argumentaron los propios migrantes, se debían a que carecían de permiso laboral (78 %) y a la discriminación (10 %). En una medida desesperada, los migrantes comenzaron a salir de Tapachula en caravanas, pero fueron interceptados por el inm antes de su salida de Chiapas y a muchos se los envió a las nueve entidades, Puebla incluida, sin un plan elaborado y sin instalaciones previamente preparadas.
4 Un grupo de investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap) emitió un comunicado en el que denunciaba que los migrantes trasladados a Puebla se encontraban en un limbo legal y en condiciones de hacinamiento.
A partir de 2019, Puebla fue seleccionada, junto con otras 21 ciudades de México, para ser incluida en el Programa de Integración Local (pil) liderado por el acnur5, apoyada con fondos de Estados Unidos. El pil es un programa que busca ofrecer una opción a los refugiados interesados en integrarse a las comunidades mexicanas, a través de apoyo económico y acompañamiento desde su llegada y hasta su regularización o naturalización. El periodo de seguimiento a cada uno de los casos tiene una duración de un año.
Ahora bien, dependiendo de las circunstancias de cada persona, el acnur les ofrece un mecanismo de reubicación dentro de México u ofrece apoyo para coadyuvar en la integración, más allá de que Puebla no cuenta con albergues de gran tamaño que alojen a los recién llegados. La aplicación del pil se ha articulado con organizaciones civiles, quienes han coadyuvado en la atención de las personas. Una explicación de una funcionaria del acnur en Puebla es reveladora.
—El pil es parte de una solución duradera del acnur. El mandato es proteger a las personas que tienen necesidad de protección internacional. Este programa fue implementado en 2016, y la primera ciudad en el que se implementó fue Saltillo, Coahuila; después ha estado creciendo el pil en diferentes ciudades. En el año 2020 llegamos a Puebla, Querétaro, León y San Luis Potosí.
—¿Y en qué municipios están?
—Nosotros hemos monitoreado alrededor de 18 municipios que tienen población refugiada.
—¿En tu experiencia, cómo ha funcionado el pil en Puebla? ¿Has estado en otros estados?
—El programa en Puebla se ha implementado bien. No se puede implementar de un día a otro. Sobre todo, cuando Puebla ha sido identificada más como una ciudad de tránsito y una ciudad expulsora. No una ciudad de acogida, como por ejemplo la Ciudad de México o Guadalajara o incluso Monterrey. Pero actualmente ya hay empresas que ya contratan a personas refugiadas en Puebla. (Entrevista con Alejandra Domínguez, asociada de Protección del acnur, 26 de agosto de 2022)
Sin embargo, después de nuestra conversación, la oficina del acnur en Puebla fue cerrada; aparentemente, comentaron de manera extraoficial, por la insuficiencia presupuestal ante la invasión de Rusia a Ucrania y la necesidad de dar apoyo a un número masivo de desplazados en esa región del mundo.
Para este trabajo se ubicaron cuatro estudiantes bajo reconocimiento de la condición de refugiado que fueron incluidos en el Programa de Soluciones Duraderas del acnur, todos ellos fueron reinsertados en la ciudad capital de Puebla y llevan un seguimiento del organismo internacional. Los estudiantes de nivel universitario y de preparatoria desarrollaron ya un importante agenciamiento al colaborar de manera conjunta en la realización de eventos para visibilizar a la comunidad de refugiados en Puebla6.
5 De acuerdo con información difundida en su página de internet.
6 La Universidad Popular Autónoma de Puebla (upaep) llevó a cabo una serie de eventos denominados «La verdadera cara del refugiado», del 14 al 19 de marzo de 2024, organizado por estudiantes refugiados de diversas partes del país, principalmente asentados en Puebla. Se puede encontrar más información al respecto en Negrete, M. (2024, marzo). Testimonios de resiliencia, upaep expone realidades migratorias con «Exodus». upress. https://upress.mx/secciones/arte-y-cultura/12061-testimonios-de-resiliencia-upaep-expone-realidades-migratorias-con-exodus
Ahora bien, mediante una solicitud de información a la Comar por la Plataforma Nacional de Transparencia se obtuvo que, de 2019 a 2022, un total de 1,838 migrantes de diferentes nacionalidades han solicitado la condición de refugiado en Puebla. De ellos, 709 son de origen venezolano, la nacionalidad más numerosa. Según la información solicitada a la Comar, las solicitudes de asilo llevadas adelante por venezolanos representan el 38.57 %; seguidas por las de hondureños con un 16.37 %; colombianos, 14.47 %; cubanos, 10 %, y salvadoreños, 6.58 %. El número total se puede observar en la gráfica 3.
Gráfica 3. Solicitudes de la condición de refugiado presentadas por extranjeros en Puebla, periodo 2019-2022
Gráfica 3. Solicitudes de la condición de refugiado presentadas por extranjeros en Puebla, periodo 2019-2022 (continuación)
Nacionalidad
Año 2019 2020 2021 2022
Tajikistán 6
Ucrania 3
Venezuela 235 151219 104
Totales por año: 492 331 578437
Fuente: elaboración propia con base en una consulta por la Plataforma Nacional de Transparencia a la Comar.
LLEGADA Y ASENTAMIENTO DE VENEZOLANOS
Ajenos a las decisiones hegemónicas que han promovido el incremento de los flujos migratorios que cruzan o se establecen en México, decenas de personas en contextos de movilidad, con o sin documentos migratorios, comienzan a establecerse en la ciudad de Puebla, un sitio con muy poca experiencia en la recepción de extranjeros. A pesar de que la configuración urbana ofrece bajas expectativas de empleo, no hay facilidad para conseguir lugar de alojamiento, debido a la ausencia de albergues de gran tamaño7, como sí los hay en otras entidades, y comedores de día, decenas de hondureños, venezolanos, cubanos y haitianos se aferran a su deseo de rehacer su vida en este estado de la zona centro del territorio mexicano.
Sería un error pensar que Puebla solo ha sido una zona para el establecimiento de solicitantes de protección internacional o para refugiados incluidos en el Programa de Integración Local. En realidad, la llegada de migrantes a Puebla está asociada a las dinámicas y reconfiguraciones de México como país de destino que ya se han indicado en este trabajo.
Si bien ya se mencionó el plan del presidente López Obrador para desarrollar una planificación piloto de establecimiento de migrantes en Puebla y el trabajo del acnur y de organizaciones de la sociedad civil en esta región, los resultados no han sido satisfactorios en términos de crear estructuras institucionales y normativas, con partidas presupuestales y capacidad de gestión significativa que coadyuve en el proceso de integración de los migrantes.
Así pues, como se observa en la gráfica anterior, la nacionalidad de origen más numerosa fue la venezolana. Sin embargo, el abanico de oriundos de países que se han establecido en esta entidad abarca migrantes de Latinoamérica, Asia, África y Europa. Una entrevista con un venezolano de 59 años, llegado en 2019 a México, aporta un testimonio fehaciente en tal sentido.
—Nos venimos por avión cuando todavía no había el requisito de la visa. Nosotros llegamos a Puebla porque tenemos un hijo que tiene ya seis años casado con una mexicana. Yo estoy metido en los grupos en WhatsApp de venezolanos aquí en Puebla y hay unos 1,700. Grupos de 800 de fb y en la cdmx estoy en un grupo de 14,000.
—¿Ha tenido muchas dificultades para conseguir empleo en Puebla?
7 En Puebla capital funcionan dos albergues de poca capacidad. El albergue de Los Desamparados, en la parroquia La Aurora, que tiene capacidad para 16 personas, y el albergue de la parroquia de la Asunción, que también tiene baja capacidad para alojar migrantes.
—Por mi edad, es difícil. Soy zootecnista veterinario en seguridad e higiene.
—¿Y no ha conseguido empleo?
—No, no, ni me molesté, me decían que tenía que apostillar, no apostillé.
—¿Se siente discriminado en Puebla?
—Como todo, hay poblanos que ni saludan, nos echan la culpa a nosotros, tienen muy poca educación y así se la transmiten a los hijos, pero en Veracruz son más buenas gentes. Yo no pensé que iba a estudiar tanto para hacer empanadas [se refiere al puesto de empanadas venezolanas que puso junto a su esposa en el centro de Puebla].
—¿Y conoce muchos venezolanos?
—Sí, hay algunos a unos kilómetros de donde vivimos, pero ahora están acá muchos esperando su cita en el cbp One.
Una circunstancia que pudo influir para el establecimiento de migrantes en Puebla es que, a partir de 2017, el tren La Bestia dejó de ser el principal medio de transporte para los migrantes de menores recursos. En su informe de 2018, la Redodem (20198) documentó que los migrantes dejaron de usar el tren como principal medio de transporte en su tránsito hacia el norte del territorio mexicano debido al incremento de la violencia perpetrada por bandas criminales y al aumento en los controles migratorios. En septiembre de 2023, la empresa Ferromex, cuyo propietario es el empresario Germán Larrea, anunció la suspensión de sesenta trenes con rutas hacia el norte.
En ese mismo informe, la Redodem identificó que la preferencia por México como sitio final de su proyecto migratorio también se había incrementado con respecto a años anteriores. Para entonces ya casi el 30 % de las encuestas revelaban que los migrantes buscaban quedarse en el país y que la tendencia continuaba en crecimiento.
Asimismo, lo que se observó en el trabajo de campo en Puebla es que la hondureña es la migración más numerosa que busca cruzar el territorio mexicano, pero hay un incremento importante de venezolanos y cubanos.
Entre las historias que recogimos, destaca la de Pedro, un hondureño de 22 años. Llegó a Puebla en 2018. La elección de esta ciudad no fue por voluntad propia. A mitad de camino rumbo a Estados Unidos, el grupo en el que venía quedó descapitalizado. Bajaron del tren en Veracruz, y como pudieron llegaron a la capital poblana. Aquí ha permanecido durante seis años, elaborando artesanías que vende entre los autos que pasan indiferentes en un crucero de Cholula. En ciertas ocasiones carga bultos en la central de abastos y cuando mejor le ha ido fue chalán en una construcción. Tal como le sucedió a muchos de los migrantes, desconocía la manera acerca de cómo podría obtener su regularización migratoria. La mayoría de migrantes que buscan su regularización migratoria atraviesan por condiciones de vulnerabilidad, como falta de empleo bien remunerado y acceso a la salud e incluso a la educación para sus hijos. Durante el trabajo de campo se diseñaron reactivos enfocados a determinar el grado de desarrollo de acciones y capacidades de gestión gubernamental para ofrecer acceso a derechos y empleo. En una docena de entrevistas fuera de la representación del inm en Puebla, migrantes de nacionalidades hondureña, venezolana, colombiana y cubana, entre los 20 y 47 años de edad, coincidieron en las dificultades para conseguir empleo. Las centrales de abasto o el comercio informal son lo que consiguen con mayor frecuencia; además, pueden vivir en las periferias, donde el precio de las rentas es más bajo.
8 La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes está conformada por 23 albergues, casas de migrantes, estancias y comedores localizados en trece estados de la República mexicana; anualmente levantan cerca de 20,000 encuestas de personas que recibieron sus servicios.
La vulnerabilidad se ha abordado desde diversas perspectivas teóricas, que van desde el enfoque de las amenazas físicas hasta la importancia de las construcciones simbólicas en su análisis. En el contexto migratorio, la vulnerabilidad se manifiesta de manera significativa, y se relaciona con la exposición física y la fragilidad social. Durante este siglo, han proliferado los estudios sobre la vulnerabilidad de migrantes. Amplias poblaciones se han definido como vulnerables, ya sea por las circunstancias de su origen que da lugar a desplazamientos de amplios contingentes de personas, o a los potenciales peligros que viven en el tránsito y las situaciones a las que se enfrentan en sus nuevos destinos (Mallimaci y Pedone, 2020). La mayoría de los migrantes residentes en Puebla aducen situaciones de vulnerabilidad.
La información obtenida mostró que hay un desfase entre las políticas públicas del Gobierno federal orientadas a garantizar derechos y empleo. Para este trabajo solo se utilizó la variable de la dimensión laboral, de manera particular, por su importancia en los procesos de integración, en el entendido de que la capacidad de los migrantes para sustentarse por medio del empleo contribuye a su integración a la sociedad receptora y reduce de modo significativo su sensación de vulnerabilidad (Weller, 2007).
CONCLUSIONES
Puebla se ha convertido en una metrópoli de llegada de flujos de personas de diversas nacionalidades que han encontrado en esta región una posibilidad de rehacer su vida.
En las entrevistas, se destaca que los migrantes solicitantes de protección internacional mediante el reconocimiento de la condición de refugiado suelen tener más apoyos, ya sea en forma de información o ayuda económica de asociaciones civiles o de organismos internacionales, como el acnur.
Los migrantes que buscan otras formas de regularización ante el inm con frecuencia desconocen la tramitología, las figuras legales que pueden solicitar o, simplemente, aducen que los costos de la regularización son muy altos.
De los migrantes desempleados en la zona metropolitana de Puebla, la mitad refiere que tiene su sostén económico por medio del apoyo de otras personas migrantes, mientras que otros tantos refieren que piden dinero en la calle; asimismo, otros llegaron con ahorros y un cierto número de ellos recibe algún tipo de apoyo gubernamental o de organismos internacionales.
La transformación del espacio público en Puebla para la inserción de los nuevos flujos migratorios ha sido lenta. Los recién llegados no acceden con facilidad a empleo ni a servicios.
Organismos internacionales se han posicionado como ejes articuladores de una estrategia de integración de migrantes en esta zona del país, donde no hay albergues de gran capacidad ni comedores públicos. Finalmente, aunque Puebla ya tiene gran presencia de migrantes, se sigue erigiendo en una ciudad de tránsito de la migración sur-norte.
Pese a esta realidad, el 90 % del presupuesto del inm está enfocado a las labores de aseguramiento, contención y repatriación de migrantes, y no de ayuda humanitaria o de asistencia a las familias y niños.
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Fotografías: Norma Angélica Cuéllar Díaz
El género y la clase social como
determinantes de la experiencia migrante: el caso de estudio de personas venezolanas
integradas
laboralmente en Puebla
Dra. Tania Gómez Zapata Universidad de las Américas Puebla
INTRODUCCIÓN
Desde que la crisis económica golpeó a Venezuela tras la muerte del presidente Hugo Chávez en 2013, casi ocho millones de personas de esa nacionalidad han emigrado en la última década. Esto se ha considerado como uno de los mayores éxodos del mundo y el más grande de la región latinoamericana (R4V, 2024a; Aljazeera, 2022). De acuerdo con información de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes, una de las bases de datos más actualizadas de migrantes de Venezuela, 7.7 millones de nacionales han salido de su país en la última década, de los cuales 6.5 millones se encuentran en América Latina y el Caribe, quienes eligieron a Colombia y Perú como los principales receptores, con alrededor de 2.9 y 1.5 millones, respectivamente. Se calcula que 113,000 de estas personas están radicadas en México (R4V, 2024a). Venezuela reporta una población de 28.2 millones de habitantes (Datosmacro, 2024), lo que indica que alrededor del 25 % de la población venezolana ha emigrado.
Las principales preguntas de investigación de este estudio son: ¿qué diferencias experimentan los hombres y las mujeres en su experiencia migrante?, ¿cómo el género y la clase social podrían ser determinantes en la experiencia migrante de personas venezolanas insertadas laboralmente en el estado de Puebla?
El propósito fundamental del estudio y su línea argumentativa consiste en sostener que la experiencia de las personas migrantes, así como su inserción laboral y económica al nuevo país de residencia, es condicionada, tanto por su género como por su clase social. Si bien el género subordina las particularidades de la experiencia de las personas migrantes, este factor impacta mayormente en los individuos de clase baja, tanto en hombres como en mujeres, por ser ellas las que sufren especialmente por dicha condición. Por otro lado, las personas migrantes enfrentaron un declive en su movilidad social. Dicho fenómeno se describe en la literatura como movilidad de clase descendente o conflictiva (Salazar Parreñas, 2000, p. 574).
El capítulo comprende una revisión de la literatura sobre los conceptos de género, clase social y discriminación. Después se presenta la metodología utilizada, para con posterioridad abordar las historias de las mujeres y de los hombres participantes en la investigación. Finalmente, se presenta una discusión y las conclusiones.
REVISIÓN DE LA LITERATURA
Género y clase social como determinantes de la experiencia migrante
El concepto de género sigue en reconfiguración por los estudiosos; sin embargo, Curiel (2017) realiza una exhaustiva revisión de la literatura sobre sus orígenes y diferentes perspectivas,
concluyendo que «existen dos grupos: hombres y mujeres, diferentes pero complementados y los asume como grupos homogéneos y descontextualizados» (2017, p. 49). Por lo anterior, en este estudio se entiende género como la existencia de dos grupos, los varones y las féminas, considerando las desigualdades y las estructuras de poder en el marco de los fenómenos sociales, por ejemplo, la migración.
Por su parte, Dannecker (2005, p. 655), quien estudia la migración de mujeres, enfatiza que los procesos migratorios y patrones se han modificado en las últimas décadas, lo que ha derivado en una «feminización de la migración», dado que en las últimas décadas del siglo xx el 50 % de las personas que migran en Asia han sido mujeres.
Diversos estudios señalan que las mujeres y niñas migrantes se encuentran en un mayor riesgo de desigualdades y violencia de género durante su travesía e inserción en el nuevo país de residencia (Ehrenreich y Hochschild, 2003; Monzón, 2006; Salazar Parreñas, 2015; Silvey y Salazar Parreñas, 2019; Obinna, 2023).
Monzón (2006, p. 4) escribe sobre el fenómeno de desplazamiento y refugio como consecuencia de conflictos políticos en Centroamérica y México, e indica que las mujeres «enfrentan un sinfín de riesgos en el camino y dificultades bajo nuevas condiciones de vida en su inserción laboral y personal en los centros urbanos de la región o en los países del "norte"». Por su parte, Obinna (2023) reitera lo anterior en su investigación sobre venezolanas que migran a Colombia y Perú, ya que son uno de los grupos más vulnerados en la travesía, debido a que se enfrentan a altos riesgos por violencia de género en el lugar de origen, en tránsito y en el país de destino.
En este acápite se entiende la violencia de género como el abuso ejercido hacia mujeres por sus parejas masculinas; si bien también se ha detectado posible violencia o abuso de mujeres sobre sus parejas hombres, este fenómeno ocurre en mucho menor proporción. Se considera que la mayoría de abusos hacia parejas sentimentales es perpetrado por hombres (Heise et al., 2002). Cabe señalar que este fenómeno se puede presentar en parejas del mismo sexo, y otras orientaciones y diversidad de género (Blackburn et al., 2024).
También es relevante precisar que, pese a que no existe una definición universal de la discriminación, en este caso de estudio se cita la descripción del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el tratado internacional de los derechos humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas. La no discriminación se entiende como el trato igualitario garantizado a todas las personas sin distinción de «raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social» (onu, 1966).
En la literatura se ha enfatizado la relevancia de observar los fenómenos de la migración, tanto desde la perspectiva del género como de la clase social. Asimismo, D’Aubeterre Buznego et al. (2020) observan que existe una ausencia de estudios sobre clase social en la literatura contemporánea en migración, pero al mismo tiempo, citando a Archer (2013), señalan un incremento en investigaciones sobre «género, sexualidad, raza y etnia» (p. 9). De igual manera, citan a Kofman y Raghuram (2015) al señalar que «clase continúa siendo clave para entender la migración porque los flujos son estratificados en diversas maneras» (2020, p. 10).
Al continuar con quienes dominan el tema, Correa et al. (2024, p. 1099) revisan varias concepciones de clase social, concluyendo que «las personas pertenecen a distintas clases sociales en función del acceso que posean a distintos recursos materiales o simbólicos o la percepción que poseen sobre su posición en la jerarquía social». En este estudio se entiende clase social como el nivel adquisitivo que tienen las personas para acceder a casa y alimenta-
ción y, por ende, al nivel de ingresos que provenga de su labor productiva. Para ello se utiliza la clasificación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi, 2021), que las divide según sus tres niveles de ingresos: clase baja con ingresos mensuales promedio por debajo de los 11,343 pesos; clase media con al menos 22,927, y la clase alta superior con 77,975. Otro concepto relevante es el de movilidad social descendente o conflictiva, acuñado por Salazar Parreñas (2000). Dicho fenómeno se replica en el caso de este examen, puesto que todas las personas migrantes entrevistadas se han visto en la necesidad de realizar trabajos u oficios menores en México, excepto por una, que contrastan con las labores que realizaban en su país de origen, Venezuela. Por lo tanto, la clase social, además de entenderse aquí en la división mencionada como baja, media y alta, se presenta también desde la perspectiva de movilidad de clase descendente o conflictiva (Salazar Parreñas, 2000, p. 574), pues se encuentra como un patrón que se replica en los testimonios recabados de personas migrantes venezolanas que radican de manera permanente o intermitentemente en Puebla.
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
La metodología corresponde a entrevistas semiestructuradas con set de preguntas, ajustadas de acuerdo a las particularidades de cada participante, ya que en algunas ocasiones se tuvieron que modificar o añadir nuevos interrogantes cuando fue necesario. El levantamiento de las entrevistas se realizó vía telefónica entre octubre de 2023 y marzo de 2024, por medio de llamadas por WhatsApp. Solo una se llevó a cabo de manera presencial. Las requisitorias tuvieron una duración de entre 15 minutos y una hora, promediando entre 30 y 45 minutos. Se usó el sistema de bola de nieve para acceder a nuevos participantes por medio de la recomendación. Todas las entrevistas fueron grabadas y transcriptas con ayuda del software Transkriptor, excepto por una, en la que el participante prefirió dejar mensajes de voz y texto para responder a las preguntas. Los nombres de las personas participantes han sido modificados para proteger su identidad. Tampoco se especifica el municipio en el que radican para mantener su anonimato. Resulta importante aclarar que las personas entrevistadas otorgaron su consentimiento expreso para usar su testimonio para esta investigación. Antes de la entrevista se les explicó el objetivo y el uso que se le daría a la información, enfatizando que este trabajo de investigación académico ha sido realizado con los estándares éticos esperados para un estudio de estas características.
En la literatura se ha reportado el uso de la aplicación WhatsApp en el desarrollo de investigaciones académicas, en particular en entrevistas. Se ha detectado que este uso de la tecnología digital acerca a la persona investigadora con el grupo de individuos del que está recolectando información (Gibson, 2020; Manji et al., 2021). Incluso se ha comprobado la eficacia del uso de WhatsApp como técnica para acercarse a comunidades difíciles de acceder en la realización de estudios científicos, pues facilita el darle voz a audiencias complejas (Ivey y Meuter, 2024). Entrevistar a personas migrantes venezolanas, en particular que experimentaron situaciones de violencia de género y discriminación, conllevó un arduo trabajo para acercarse al grupo objetivo, muestra de esta investigación.
Ahora bien, cinco mujeres y cuatro hombres de entre 22 y 69 años de diversas clases sociales y nivel educativo participaron en el estudio. Fue mucho más laborioso conseguir participantes hombres que mujeres, ya que varios se negaron a ser entrevistados, mientras que las mujeres consultadas generalmente accedían. Se aplicó un cuestionario que contenía preguntas sobre su origen, edad y profesión, además de su experiencia migrante. En especial,
se les interrogó sobre su llegada a México y su vivencia de ingreso al pasar por la oficina de migración en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, ya que todos ingresaron al país por vía área. También se indagó sobre su integración laboral al país, principalmente en el estado de Puebla, estatus migratorio actual, y su decisión de emigrar de su país de origen. Además, se les preguntó sobre sus hábitos de envíos de remesas a familiares y amistades, radicadas en Venezuela.
Tabla 1. Características socioeconómicas de los participantes en el estudio
Caracterísicas socieconómicas de los participantes en el estudio
Seudónimo Edad
Llegada a México
María 41 2017
Estatus migratorio actual
Ocupación en Venezuela
Residencia permanente Médica cirujana
Felicia 56 2016 Visa temporal
Zaidah 52 2014
Gisela 40 2015
Yasmín 69 2018
Luis 22 2018
Carlos 36 2009
Residencia permanente
Residencia permanente
Residencia permanente
Visa temporal
Residencia permanente
Héctor 49 2015
Miguel 57 2012
Residencia permanente
Residencia permanente
Ocupación en México
Auxiliar de enfermería
Licenciada en Derecho con posgrado Limpia casas
Licenciada en Administración de Empresas
Odontología con posgrado
Licenciada en Periodismo
Estudiante de 1° de secundaria
Recién egresado del bachillerato
Licenciado en Mercadotecnia (trunca)
Ingeniero petrolero
Asistente de organizaciones
Negocio propio
Salario promedio actual declarado
8,000 pesos mexicanos (+ -)
7,000 pesos mexicanos (+ -)
25,000 pesos mexicanos (+ -)
Envía remesas a Venezuela
A veces (solo si obtiene alguna entrada extra)
Sí (50 a 100 dólares al mes)
Sí (100 a 200 dólares al mes)
No especificado No
Administradora No especificado
Mesero
Funcionario público (y deportista amateur)
Gerente regional de ventas (y chofer de uber)
Autoempleado (reparaciones y mantenimiento)
HISTORIAS DE PERSONAS MIGRANTES VENEZOLANAS EN PUEBLA
Sí (150 dólares al mes)
10,000 pesos mexicanos (+ -) No
25,000 pesos mexicanos (+ -)
No específico
40,00045,000 pesos mexicanos
A continuación se presentan historias de migrantes originarios de Venezuela que arribaron a México vía aérea entre 2014 y 2018; solo uno de ellos ingresó en 2009. Su caso contribuye a la
Sí (400 dólares al mes)
Sí (entre 200 y 400 dólares al mes)
Sí (500 dólares al mes)
investigación puesto que ingresó como deportista, visibilizando un perfil de personas venezolanas que han emigrado al país y después se han insertado laboralmente en el estado de Puebla (ver tabla 1). Las personas venezolanas entrevistadas radican en esta entidad o radicaron en ella por varios años, por lo que para alguna representó un lugar de residencia itinerante. Las y los participantes coincidieron en que, mientras en 2015 ingresaban sin problemas a México como turistas, a partir de 2017 los careos a su llegada en el área de migración se intensificaron. En 2022, desde la obligatoriedad de visa impuesta por México para las personas venezolanas han surgido otras modalidades migratorias para ingresar o cruzar el territorio, especialmente vía terrestre, cruzando por la selva del Darién; sin embargo, este estudio no considera a este perfil de migrantes.
¿POR QUÉ SALÍ DE VENEZUELA?
Escasez de alimentos, materiales y servicios, además de incremento de la violencia
La mayoría de las personas entrevistadas convinieron en que dejaron el país en un momento de desesperación, a causa de la escasez de comida y servicios básicos como luz, gasolina y agua. Narran que la situación se agravó con la muerte del presidente Hugo Chávez en 2013, e incluso algunos relataron que el desabastecimiento inició un poco antes. Una de las participantes comentó que «mi vida era una antes de Chávez y otra después de su muerte […]. Era un país muy rico donde había mucho turismo, dinero, trabajo, comida, bienes y servicios. Teníamos un país maravilloso con Chávez». Otras personas aseguran que la situación comenzó a empeorar progresivamente desde 2012, cuando Chávez estaba aún en el poder.
De hecho, al menos cuatro de las personas entrevistadas compartieron que su decisión de emigrar surgió justamente por el ritual implementado para comprar comida. La situación llegó al límite cuando los comenzaron a marcar en el brazo con números, lo que indicaba su posición en la fila.
La violencia fue otro de los factores por el que decidieron emigrar. Por ejemplo, María cuenta que sufrió dos ataques en el hospital donde trabajaba como auxiliar de enfermería; uno, perpetrado por los familiares de un paciente que falleció, quienes «aseguraban que lo habíamos matado y con picahielo en mano nos amenazaban»; y el segundo, mientras ella misma atendía a un hombre que llegó herido, quien aún en la camilla recibió un tiro en la cabeza, perpetrado por una persona que ingresó sin autorización al hospital.
Los nueve participantes del estudio reconocieron que el tener familiares o amistades en México los motivó a migrar al país, dado que recibieron apoyo durante su proceso de inserción. Todos y todas reportaron haber replicado dicha ayuda con familiares y amistades que han salido de Venezuela, ya sea para cruzar el territorio mexicano en su intento por ingresar a Estados Unidos, o bien para insertarse laboralmente en México, algunos en el propio estado de Puebla.
Del total de entrevistados, siete envían dinero con regularidad a Venezuela (cuatro mujeres y tres hombres); la mayoría lo hace mensualmente. Las dos personas que respondieron que no lo hacen son Luis, joven de 22 años, quien pertenece a la clase social baja y labora como mesero en centros nocturnos, por lo cual percibe ingresos promedio de 10,000 pesos; y Gisela, una de las mujeres de clase alta, dado que su padre falleció recientemente y ya no tiene familiares cercanos en Venezuela. Las siete personas venezolanas que envían remesas a su país de origen reportan que destinan entre el 10 % y el 30 % de sus ingresos mensuales para apoyar a familiares o amistades.
LAS HISTORIAS DE
LAS
MUJERES VENEZOLANAS ENTREVISTADAS
Cinco mujeres compartieron su experiencia de inserción laboral y social en Puebla. Dos de clase baja (Felicia y María), una de clase media (Zaidah) y dos de clase alta (Gisela y Jasmín), según la categorización que mencionamos del inegi. De acuerdo con esta muestra, existen diferencias en la experiencia migrante de las mujeres venezolanas; entre ellas, el trato diferenciado y discriminatorio por agentes de migración según el año de ingreso al país y su clase social. Tomemos el caso de Zaidah, quien actualmente tiene 52 años y se autodescribe de clase media; sus ingresos económicos la clasifican en dicha categoría. Ella llegó por primera vez a México en 2014; entre ese año y 2015 realizó dos entradas más como turista (en total tuvo tres ingresos). Narró que en ninguna de las tres veces tuvo problemas con el área de migración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, en la última ocasión, su cuarto ingreso, el agente de migración cuestionó sus reiteradas entradas como turista. Zaidah tuvo a su favor el portar visa estadounidense, y que uno de sus ingresos fue vía Estados Unidos. La última vez que accedió como turista en 2015 advirtió que sería la última vez que podría realizar la misma práctica. Ella ya radicaba en México e incluso tenía un trabajo estable. A los pocos meses de su último ingreso pidió refugio humanitario, el cual le fue concedido al poco tiempo. Primero obtuvo la visa temporal, y finalmente la visa permanente. Después de siete años de radicar en Puebla, decidió cambiar su residencia a Veracruz por razones laborales. Zaidah reporta tener ingresos mensuales de 25,000 pesos como asistente de eventos en empresas turísticas.
Pasemos al caso de Gisela de 40 años, perteneciente a la clase alta de Venezuela y clase media alta en México, según sus propias palabras (aunque según la categorización del inegi, en México también pertenece a la clase alta). Ella manifiesta que ingresó al país en 2015 como turista para visitar a familiares en el norte del país y plantearse la posibilidad de migrar. Al poco tiempo obtuvo visa como inversora, con la apertura de su propio negocio, y la obtención del estatus de visa temporal. Al tener a su hijo en México obtuvo la visa permanente por ser madre de un mexicano. Gisela reportó no haber tenido ningún incidente al ingresar al país. De hecho, unos años más tarde, en 2018, hizo los trámites necesarios para traer a su madre, Yasmín, de 69 años, quien tiene visa como dependiente familiar. La madre afirma que en Venezuela su clase social era alta, y aquí se define como de clase media alta, pero según el estilo de vida reportado, se le podría clasificar como una persona de clase alta en México. Yasmín tampoco menciona haber sufrido ningún trato discriminatorio por agentes de migración durante su ingreso al país. Tanto la hija como la madre prefirieron no reportar sus ingresos mensuales. Como se advierte, las dos mujeres de «clase alta en Venezuela y clase media alta en México», según sus propias palabras (Gisela y Yasmín), y la de clase media (Zaidah), quienes ingresaron entre 2014 y 2018, experimentaron un ingreso fluido y sin discriminación debido a las circunstancias narradas.
Por su parte, dos mujeres de clase baja, según los ingresos reportados con base en la estratificación del inegi, reportaron haber tenido experiencias muy distintas. Felicia —de 56 años— compartió tener entradas de 7,000 pesos por limpiar casas, pintar cuadros y cantar, mientras que María —de 41 años—, quien es auxiliar de enfermería, tiene un salario mensual de 8,000 pesos.
Felicia ingresó en dos ocasiones a México como turista, la primera en 2016 sin contratiempos en la revisión migratoria, y la segunda en 2018 junto con su hijo de 15 años. Ambos experi-
mentaron discriminación severa por agentes de migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Algo similar le ocurrió a María, quien entró a México en 2017 por el mismo aeropuerto con su hija en brazos. Ella narró una historia muy similar a Felicia. Manifestó que el agente de migración le ofreció ayudarla si «cooperaba», lo cual tenía connotaciones sexuales. Tanto Felicia como María parecían perturbadas al recordar estas experiencias; las dos lloraron en algunos momentos de la entrevista al recordar la «humillación» vivida durante su ingreso y revisiones en el área de migración en el aeropuerto de la Ciudad de México. Como ya se mencionó, ambas pertenecen al estrato social bajo, según lo que ellas reportaron y la estratificación de clases sociales del inegi.
Ante la pregunta expresa del porqué eligieron el estado de Puebla como su lugar de residencia, las cinco entrevistadas coincidieron que se debió a la presencia de amistades o familiares, quienes radican allí. Por su parte, Zaidah compartió que cuando buscó en Google entidades seguras en México en 2014, el buscador le arrojó «Puebla», y eso fue un factor muy relevante para que tomara la decisión.
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA EXPERIENCIA MIGRANTE
María (de clase baja) y Zaidah (de clase media) compartieron haber sufrido violencia doméstica en las relaciones que mantuvieron con hombres mexicanos al poco tiempo de su llegada al país. Ambas se involucraron con servidores públicos «influyentes» de la política local. Una de ellas está intentando dejar esa relación, pero confiesa que «a veces me siento sola y vulnerable y me vuelve a buscar y regreso; es muy difícil dejarlo».
Este fenómeno de permanencia en relaciones abusivas por parte de mujeres con desventaja económica y social ha sido investigado académicamente. En tal sentido, es posible encontrar que no abandonan a sus parejas masculinas por temor a quedar desamparadas económicamente, en aislamiento social o vulnerabilidad, lo cual está vinculado con relaciones de género desiguales en un sistema patriarcal de dominación hombre-mujer, que vulnera la condición de mujeres que no tienen otra alternativa más que tratar de sobrevivir en estas condiciones (DeKerseredy, 2020; Heron, Eisma y Browne, 2022).
El abuso sexual también ha sido una experiencia sufrida por al menos una de las mujeres migrantes participantes en el estudio. Felicia, con ingresos que la ubican en la clase baja, comparte que una madrugada, tras salir de trabajar como cantante de un restaurante, tomó un taxi y fue víctima de violación por parte del taxista. En esos momentos, Felicia tenía estatus de refugiada, lo cual le impedía laborar legalmente; así, era totalmente vulnerable por su condición migrante e impotente al no poder denunciar la situación por miedo a ser recriminada. Afortunadamente, logró el estatus de visa temporal en México al poco tiempo de ser entrevistada.
Las tres mujeres que han compartido su historia de episodios de violencia de género en México consideran que los mexicanos son en general «muy machistas».
En el caso de Gisela (hija) y Yasmín (madre), cuyo estatus social en México podría considerarse alto, según la estratificación siempre tenida en cuenta del inegi, consideran que no han sufrido situación de violencia de género en el país. De hecho, al preguntar a Yasmín si considera que existe alguna diferencia entre la experiencia migrante de una mujer y de un hombre nos responde: «considero que no hay ninguna diferencia, al menos yo no la he experimentado».
Como queda de manifiesto, la experiencia de las cinco mujeres difiere tanto por el año en el que ingresaron a México, como por su clase social. Sin embargo, hay varias coincidencias;
mientras las mujeres de clase social baja y media comparten haber experimentado experiencias difíciles por su condición de género con episodios de violencia de género (e incluso una de ellas, abuso sexual), las dos mujeres de clase alta comparten historias en las que no sufrieron contratiempos por su condición de género.
EL RECURSO DE REFUGIO HUMANITARIO Y LA DIFICULTAD DE LA INSERCIÓN LABORAL
Otro de los temas que se perciben en las narraciones es que tres de las entrevistadas (Zaidah, María y Felicia), quienes pertenecen a la clase baja o media, pidieron refugio humanitario al poco tiempo de su último ingreso a México. Mientras tuvieron este estatus migratorio debieron ir a firmar a la oficina de migración de la ciudad de Puebla. Dos de ellas (Zaidah, de clase media, y María, de clase baja) comentaron tener trato con políticos locales que les ayudaron a agilizar sus procesos de visado temporal, y luego permanente; mientras que Felicia (clase baja), quien no cuenta con contactos influyentes, debió aguardar cinco años para obtener su visa temporal, por lo que durante ese lustro tuvo estatus de asilada.
Las tres mujeres (María, Felicia y Zaidah) deben trabajar en ocupaciones menores a pesar de tener estudios universitarios, pues no han podido apostillar sus grados venezolanos debido a los costos y a las trabas impuestas por su Gobierno, ya que este considera desertoras a las personas que piden asilo en otro país.
Felicia (clase baja) limpia casas pese a tener el grado de abogada y un posgrado en derecho humanitario; María (clase baja) trabaja como auxiliar de enfermería, aunque posee el grado de médica cirujana, y Zaidah (clase media) es asistente de organizaciones turísticas, más allá de ser licenciada en Administración de Empresas. Las historias de las tres entrevistadas son un claro ejemplo de movilidad de clase descendente o conflictiva (Salazar Parreñas, 2000). Todas tienen hijos o hijas y dos fueron abandonadas por sus parejas; esto se ha convertido en una de las razones por las que agilizaron su salida de Venezuela. Mientras tanto, una es divorciada y no tiene pareja al momento de esta investigación, un factor que agudiza sus experiencias migrantes al ser madre soltera.
Ahora bien, en el caso de las dos mujeres de clase alta, Gisela es casada y tiene un hijo. Por su parte, Yasmín no tiene pareja desde hace muchos años y tiene una hija que vive en Puebla y otra en el extranjero, ambas con matrimonios estables, y con un hijo/a cada una. Asimismo, reportaron tener vidas placenteras y felices en el estado de Puebla.
LAS HISTORIAS DE LOS HOMBRES VENEZOLANOS ENTREVISTADOS
Antes de sintetizar las entrevistas de los hombres participantes en el estudio, resulta importante señalar que, a diferencia de los testimonios de las mujeres, la mayoría de los varones no extendían sus respuestas, así como tampoco manifestaron tener historias de violencia de género o abuso sexual, ni haber sufrido actos de discriminación durante su ingreso a México; a excepción de uno, el más joven —hijo de Felicia—, quien describió haber padecido maltratos por parte de los agentes de migración, violencia de género de su expareja mujer y hostigamiento sexual por personas de su mismo sexo. Coincidentemente, el joven, que ingresó a México cuando aún era menor de edad (15 años), y que dijo tener 22 al momento de la entrevista, reportó ingresos que lo ubican en el estrato social de clase baja, según la siempre considerada
clasificación de ingresos del inegi. El resto de los participantes pertenecen a la clase media, de acuerdo con los ingresos reportados o con la descripción de su estilo de vida.
Los cuatro hombres venezolanos entrevistados para este estudio reportaron haber ingresado a México entre 2009 y 2018. Miguel, de 57 años, es ingeniero de profesión; Héctor, de 49 años, tiene estudios universitarios truncos; Carlos, de 36 años, cuenta con estudios de bachillerato, y Luis, de 22 años, estudió hasta primero de secundaria. Los tres mencionados en primer término manifiestan tener visa permanente (clase media), mientras el más joven consiguió recientemente la visa temporal, después de cinco años de tener estatus de asilado humanitario (clase baja).
Pasaremos a relatar la realidad en la que viven. Luis es mesero en bares (con ingresos de 10,000 pesos mensuales); Carlos es funcionario público y beisbolista en su tiempo libre (con ingresos de 25,000 pesos mensuales); Héctor es gerente regional de ventas en una empresa internacional y en su tiempo libre es chofer de la aplicación uber (prefirió no reportar ingresos mensuales). Por su parte, Miguel (con ingresos de entre 40,000 y 45,000 pesos mensuales) vive diferentes periodos entre Venezuela y los estados mexicanos de Tabasco y Puebla con estadías heterogéneas, debido a que su esposa radica en Tabasco, tiene familiares en Venezuela (él mismo se hace cargo de su madre), y desarrolla su actividad profesional (autoempleo) en Puebla.
Luis y Carlos tienen hijos con mujeres mexicanas, de quienes en la actualidad se encuentran separados. Ello no ha beneficiado su estatus migratorio. Carlos tramitó la visa permanente al poco tiempo de haber ingresado al país en 2009, dado que fue contratado como beisbolista, mientras que Luis obtuvo su residencia temporal de manera independiente a su expareja. Tres de los entrevistados, quienes ingresaron a México entre 2009 y 2015, no declararon haber sufrido algún tipo de discriminación en el aeropuerto a su arribo al país, ni haber tenido experiencias negativas por su condición de género. Sin embargo, Luis comentó que, al ingresar a México en 2018 con su madre, siendo aún menor de edad, enfrentó actos de discriminación por parte de los agentes de migración en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (lo mismo que fue reportado por su madre, Felicia). También compartió que en los centros nocturnos donde labora ha sido acosado sexualmente por personas de su mismo sexo, que lo han hecho experimentar situaciones «desagradables» por su condición de migrante. Asimismo, reportó que su expareja, quien es diez años mayor que él y con quien tuvo un hijo, era una mujer violenta. Narró que en dos ocasiones tuvo que salir de los lugares donde vivía debido a las fuertes escenas de celos que ella le causaba por sus infidelidades.
De las cuatro historias de los hombres venezolanos, solo en el caso de Luis se registra discriminación por su condición migrante, violencia de género y hostigamiento sexual. Ello contrasta con los testimonios de las mujeres dado que, mientras solo un hombre sufrió discriminación y violencia de género, tres de las cinco reportaron haber vivido estas experiencias, incluso una confesó haber sufrido abuso sexual. Asimismo, cabe consignar que, coincidentemente, dos de ellas están categorizadas en la clase baja y una en la clase media.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
De acuerdo con la producción escrita en relación con la temática, existe amplia evidencia de que el género es determinante en la experiencia migrante. Por ejemplo, así lo demuestran diversas investigaciones, como las de Ehrenreich y Hochschild (2003), Dannecker (2005), Salazar Parreñas (2015), Silvey y Salazar Parreñas (2019) y Obinna (2023). De hecho, se ha acuñado el término «feminización de la migración» para señalar que a partir de las últimas
décadas del siglo xx las mujeres en Asia han representado al 50 % de las personas que migran, lo que modificó las dinámicas sociales del statu quo. En el siglo xxi esta realidad se ha replicado en otras regiones, como en Latinoamérica; un ejemplo de ello es la migración de mujeres venezolanas a territorio mexicano.
La literatura también señala la relevancia de investigar el fenómeno de la migración desde diversas perspectivas; uno de ellos es la clase social (D’Aubeterre Buznego et al., 2020). Este capítulo plantea la importancia de estudiar los efectos de la clase social en los fenómenos migratorios y las condicionantes que circundan al género, por ello se plantea la necesidad de explorar las particularidades tanto de hombres como de mujeres argumentando que, si bien el género es condicionante de la experiencia migrante, también lo es la clase social.
En este caso, se observa que mujeres de estrato social alto podrían haber experimentado igualdad de circunstancias que varones de clase social media, e incluso tener experiencias mucho más favorables que hombres de clase social baja o media. Por ejemplo, uno de los hombres entrevistados, quien era aún menor de edad y de clase baja, afirmó ser discriminado y violentado junto con su madre durante su ingreso a México en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Por otro lado, la madre de una mujer de estrato social alto no sufrió discriminación alguna cuando emigró a México, en particular porque su hija había arribado como inversionista de negocios, y tramitó la visa permanente para su madre como dependiente familiar.
También se observa la vulnerabilidad de las mujeres de clase baja y media sobre los hombres de clase media que participaron en este estudio. Ellas debieron enfrentar mayores dificultades, en especial en el caso de ser madres solteras.
Asimismo, se encontró que una mujer de clase social baja y una de clase media reportaron haber sufrido episodios de violencia de género a manos de sus nuevas parejas masculinas en el país receptor, mientras que ninguna de las dos mujeres de clase social alta participantes experimentó dicha situación. Inclusive, una de las mujeres de clase baja relató haber sido víctima de abuso sexual a manos de un taxista, sintiéndose totalmente indefensa por su estatus migratorio de refugiada. En contraste, las dos mujeres de clase alta no registran haber sido víctimas de discriminación ni violencia de género. De hecho, se encuentra que la experiencia migratoria de las dos mujeres de clase alta resulta satisfactoria. Estos dos testimonios contrastan dramáticamente con el caso del joven varón de clase social baja, quien además de haber sufrido discriminación, padeció violencia de género por su expareja —identificada como mujer—, y narró haber sido objeto de acoso sexual por personas de su mismo género en su ámbito laboral al desempeñarse en bares como mesero.
La descripción anterior, en este caso de estudio, plantea que los procesos migratorios deben estudiarse desde diferentes perspectivas, tales como el género y la clase social, pues se trata de condicionantes de la experiencia migrante.
De igual manera, se ejemplifica el fenómeno de movilidad de clase descendente o conflictiva (Salazar Parreñas, 2000, p. 574), dado que todas las personas participantes en la investigación —a excepción del varón que ingresó cuando era menor de edad—, afirmaron poseer en Venezuela un nivel educativo y profesional superior (ver tabla 1).
Este capítulo también muestra casos de inserción laboral de personas venezolanas en el estado de Puebla. Un ejemplo consiste en los cambios estructurales de la migración en México, ya que, generalmente, se le reconoce como un país emisor de migrantes, en particular hacia Estados Unidos, dinámica que ha cambiado, porque en la actualidad además de nación emisora de migrantes se ha convertido en un territorio de tránsito y receptor de migrantes, mayoritariamente provenientes de Sudamérica y Centroamérica. Estas personas se han incor-
porado a la vida social y cultural de México, contribuyendo a su economía y desarrollo. Las autoridades mexicanas deben atender esta realidad, con el fomento de políticas públicas que favorezcan la inserción de estas comunidades, faciliten su inserción laboral y la obtención de necesidades básicas, y aprovechen los beneficios, retos y oportunidades que conlleva el arribo de personas de otras naciones.
Cabe destacar que la naturaleza de los estudios cualitativos consiste en recabar datos que permitan comprender los fenómenos sociales y explicar dichas realidades (Schettini y Cortazzo, 2015, pp. 10 y 19). Por lo tanto, en el futuro valdría la pena contrastar los resultados de esta investigación con otros grupos de venezolanos asentados en otros estados del país, considerando las diferencias propias de las variables regionales. También se podrían corroborar los resultados de este estudio con investigaciones sobre migrantes de otras nacionalidades. En adición, sería posible realizar estudios sobre masculinidades en los contextos migratorios.
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Crisis financiera de 2007-2009, reproducción social y retorno en dos localidades del estado de Puebla
Dra. María Eugenia D’Aubeterre Buznego
Benemérita Univesidad Autónoma de Puebla
Dra. María Leticia Rivermar Pérez
Benemérita Univesidad Autónoma de Puebla
Dr. Jesús Antonio Morfín Liñán
Benemérita Univesidad Autónoma de Puebla
INTRODUCCIÓN
En este capítulo analizamos información arrojada por un estudio etnográfico de carácter longitudinal y estadístico retomando algunas claves de la teoría de la reproducción social (Bhattacharya, 2017; Fraser, 2023). A diez años de la publicación de nuestras indagaciones iniciales (D’Aubeterre Buznego y Rivermar Pérez, 2014, 2015) ahora reparamos en «algunas conexiones» entre los sitios de la producción y reproducción social de migrantes poblanos y sus familias, tanto en Estados Unidos como en sus lugares de origen, aristas que hace una década no exploramos en toda su complejidad. Entendemos el retorno en el marco de tensiones entre producción y reproducción social que, en escenarios de desregulación de la vida social y precarización laboral, se transfieren a las familias y comunidades. El retorno, casi siempre, desestabiliza las condiciones de reproducción de estos trabajadores y sus familias (Miraftab y Huq, 2024).
En el análisis de la migración y el retorno adoptamos una perspectiva histórica estructural. Partimos de la premisa de que el ciclo corto de la migración en el estado de Puebla aquí documentado, que se extendió de mediados de los 80 a fines de los 2000, corrió en tándem con la desarticulación de la agricultura, ya en franco declive desde la firma del gatt en 1986, y con la «liberación» de importantes contingentes de fuerza de trabajo rural. Un punto crítico de este proceso de desregulación fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) en 1992, expresión de la reorientación de la economía mexicana hacia el exterior (Binford, 2003; Harvey, 1989). La desindustrialización de la economía estadounidense y la precarización y feminización del trabajo (Fraser, 2023; Sassen, 2007; Rothstein, 2007) crearon condiciones propicias para la absorción de esa fuerza de trabajo barata, de baja calificación, relativamente excedente, marcada por su condición de ilegalidad y deportabilidad, bajo nuevos patrones de desplazamiento (Heyman, 1995; De Genova, 2002). En las siguientes secciones de este capítulo analizamos resultados de una investigación iniciada en 20101. Entonces documentamos la migración de retorno en cuatro localidades del estado de Puebla (D’Aubeterre Buznego y Rivermar Pérez, 2014, 2015); aquí nos centramos en dos de ellas: Pahuatlán de Valle y Huaquechula. La primera es la cabecera del municipio de Pahuatlán, ubicado en el noroccidente de la Sierra Norte de Puebla. Confluyen allí poblaciones mestizas, nahuas y otomíes. La producción cañera para la fabricación de piloncillo dominó la economía política regional desde el siglo xvi. A mediados del xix, la caficultura
1 Proyecto Conacyt «Crisis económica global y respuesta en tres comunidades de reciente migración» (número de proyecto CV-22008-01-001102222).
adquirió gran relevancia desplazando paulatinamente el cultivo de la gramínea e, incluso, la producción de subsistencia (D’Aubeterre Buznego y Rivermar Pérez, 2023, 2014). Por su parte, Huaquechula, también cabecera del municipio del mismo nombre, localizado en el valle de Atlixco, se ha destacado desde épocas precolombinas por una importante producción agrícola. Durante el siglo xvii la producción triguera alcanzó su apogeo en dicho valle, lo que le valió el calificativo de «granero de la Nueva España» (Pacheco Gómez y Morfin Liñán, 2014; Marroni, 2004).
La reestructuración neoliberal del campo mexicano en las últimas décadas del siglo xx impactó ambas regiones. La migración masiva y acelerada a Estados Unidos fue una de las manifestaciones de estas transformaciones en las zonas de estudio. En Huaquechula la migración emergió y se aceleró antes que en Pahuatlán, pero en ambas localidades los flujos de primera salida se contuvieron en la coyuntura de la crisis de 2007-2009 (D’Aubeterre Buznego y Rivermar Pérez, 2014). El ciclo de migración y retorno que estudiamos se consolidó en el crisol de dos procesos que corren en paralelo: la relocalización de capitales en los años setenta y ochenta del pasado siglo en una vasta región renombrada como Nuevo New South (Mohl, 2003) y la desindustrialización y terciarización de la economía de la zona metropolitana de Nueva York en aquellos mismos años (Sassen, 2007). Pretendemos dar cuenta de dos circuitos migratorios que articulan el estado de Puebla con la ciudad de Nueva York y con el corredor Raleigh-Durham en Carolina del Norte. Analizamos además la selectividad del retorno a México en la coyuntura de la crisis financiera de 2007-2009. En esos años se traslapan retorno y reemigración, temas aquí analizados.
El capítulo está organizado en cuatro apartados y conclusiones. Dedicamos un breve apartado a la discusión de la estrategia metodológica. Enseguida trazamos el giro observado en la migración mexicana hacia Estados Unidos en el último tercio del pasado siglo, la dislocación de patrones de desplazamiento y el nuevo perfil de estos flujos. Sostenemos que estas «nuevas migraciones» originadas en el centro del país desencadenaron importantes cambios demográficos y que, en consonancia, el retorno durante los años críticos de 2007-2009 fue selectivo.
La feminización de estas migraciones, medidas antiinmigrantes más restrictivas, migración de asentamiento y la creciente importancia de la llamada «segunda generación» (Portes, 2006) ameritan un acercamiento con herramientas teóricas más sofisticadas.
En la cuarta parte comparamos la dinámica del retorno y la reemigración en las dos localidades, considerando el peso explicativo de la antigüedad y de las específicas condiciones de reproducción de los hogares, dislocadas en la coyuntura de la crisis.
ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Información estadística y etnográfica nos permitió comparar las localidades de estudio en términos del surgimiento y aceleración de la migración, permanencia en Estados Unidos y el retorno a México. En 2010 aplicamos una versión modificada de la encuesta del Mexican Migration Project al 20 % de los hogares de las dos localidades: en Pahuatlán se aplicaron 135 encuestas entre octubre y diciembre de 2010 y en Huaquechula 130, entre agosto y octubre del mismo año. La información recabada nutrió una base de datos sobre la composición de los hogares muestreados, trayectorias migratorias, destinos, remesas, retornos, entre otros tópicos. En esta primera fase la unidad de análisis fueron los hogares (D’Aubeterre Buznego y Rivermar Pérez, 2014).
En una segunda etapa de la investigación, la unidad de análisis fueron las y los migrantes retornados. Designamos como migrantes retornados a todos los que regresaron después de
2007. En 2011 realizamos entrevistas a migrantes retornados, identificados tanto en la encuesta como mediante la técnica de bola de nieve. En Huaquechula entrevistamos a 21 migrantes retornados y en Pahuatlán a 30. Entre 2012 y 2013, en una tercera fase de la investigación, dimos seguimiento trimestral a cuatro tipos de hogares: sin migrantes; con migrantes activos; con migrantes retornados forzados; con migrantes retornados voluntarios. Las entrevistas, con una extensión de entre una y dos horas de duración, fueron transcriptas y procesadas utilizando el programa NVivo.
NUEVAS MIGRACIONES Y CAMBIOS EN LOS PATRONES DE MOVILIDAD
La migración mexicana a Estados Unidos se remonta a finales del siglo xix. Hasta el último tercio del xx estas corrientes involucraron fundamentalmente a poblaciones de estados fronterizos y del occidente del país (Durand y Massey, 2003). En el estado de Puebla, ubicado en el centro de México, estos desplazamientos fueron comparativamente más tardíos y se masificaron en un tiempo muy corto en las últimas décadas del siglo xx. El empleo formal e informal en la zona metropolitana de la Ciudad de México y ciudades intermedias del centro del país, la producción agrícola de básicos —predominantemente orientada a los mercados regionales— y desplazamientos pendulares hacia zonas de agricultura comercial contuvieron relativamente la migración a Estados Unidos en el centro de México (Binford, 2003). Con el ingreso de México al gatt en 1984, se inició un proceso de privatización y desregulación del campo mexicano que implicó la eliminación de aranceles y la exclusión de pequeños y medianos productores a favor de la agricultura de exportación (Rubio, 1991).
La caída del empleo y los salarios (Fitting, 2011; Binford, 2003), entre 1985 y 1995, explican la pérdida de importancia relativa de la zona metropolitana de la Ciudad de México y ciudades intermedias del centro del país como zonas de atracción de fuerza de trabajo. En contraposición, se registró un incremento de la migración hacia Estados Unidos. Según Arroyo et al. (2010) y bbva Bancomer y Conapo (2014), entre 1990 y 2000 la migración de mexicanos a Estados Unidos se incrementó diez veces en comparación con las décadas previas. Mientras que entre 1986 y 1996 los mexicanos representaban solo 24.8 % del total de migrantes radicados en aquel país, entre 1996 y 2007 este porcentaje se elevó a 44 % (D’Aubeterre Buznego y Rivermar Pérez, 2014, p. 12).
Los datos del censo de 2000 muestran que la mayoría (39 %) de los migrantes que se desplazaron de México a Estados Unidos entre 1995 y 2000 procedían de zonas rurales de menos de 2,500 habitantes. El 25.2 % del total de migrantes activos entre 1995 y 2000 eran originarios de la región central del país, lo cual incluye los estados de Querétaro, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, el Distrito Federal, Puebla y Guerrero. (Roberts y Hamilton, 2007, pp. 99 y 107)
Binford (2003) refiere que en esos años emergió y se consolidó un patrón de «migración acelerada», pues en apenas dos décadas, entre los años ochenta y principios de los 2000 en cientos de pueblos del centro de México, alrededor de 30 % de jóvenes adultos —hombres y mujeres— adquirió experiencia laboral en Estados Unidos.
Cabe remarcar que, de acuerdo con el Pew Hispanic Center (2011), entre 1990 y 2000 el número de niños nacidos en Estados Unidos de familias de origen mexicano igualó el número de migrantes mexicanos: 4.7 millones. Una década después, 2000-2010, la cifra de niños de padres
mexicanos nacidos en aquel país alcanzó 7.2 millones, lo que sobrepasó los 4.2 millones de nuevos migrantes. Estos niños integran la llamada «nueva segunda generación» (Portes et al., 2006). Dotados de derechos ciudadanos, se distinguen de «la generación uno y medio», aquellos que fueron llevados por sus padres en sus primeros años de vida y que no gozan de la movilidad para desplazarse entre uno y otro país; en suma, no reconocidos como ciudadanos plenos.
Esta transición demográfica está relacionada con la reorganización global de la producción —relocalización de capitales, desarticulación de cadenas productivas— y del trabajo (Harvey, 1998), que generó movilidad e inmovilidad del trabajo en sintonía con lo que Miraftab y Huq (2024) llaman «la reestructuración global de la reproducción social». Mediante este proceso las familias migrantes reestructuran temporal y espacialmente el trabajo de reproducción, de manera tal que los cuidados que se realizan en la familia y en la comunidad puedan llevarse a cabo en otro lugar y por otros. El régimen migratorio preexistente se conmocionó de igual manera (Kofman y Raghuram, 2015).
El cambio en el perfil de los migrantes mexicanos resultó de la superposición de tres patrones de movilidad: la continuidad de la migración de hombres solos, la migración familiar y la migración de mujeres solas con hijos y de otras no acompañadas que iniciaron sus familias en Estados Unidos. En el caso mexicano, la migración femenina con fines de reunificación familiar perdió importancia relativa, a medida que se demandaba una fuerza de trabajo más barata y desorganizada ocupada en la provisión de servicios de diversa índole, destacadamente cuidados (Bhattacharya, 2017; Fraser, 2023). Controles fronterizos y políticas migratorias más severas resultaron en la pérdida de circularidad de la migración mexicana en esos años y en la criminalización de estos trabajadores ilegalizados y deportables2 (De Genova, 2002). Emergieron nuevas instituciones y marcos regulatorios y se impuso una nueva selectividad: quiénes migran, cómo lo hacen y hacia dónde (Kofman y Raghuran, 2015). En consonancia, como veremos, los patrones de retorno también se modificaron.
LA SELECTIVIDAD DEL RETORNO EN HUAQUECHULA Y PAHUATLÁN
¿Se incrementó la migración de retorno en la coyuntura de la crisis financiera de 2007-2009? ¿Quiénes regresaron y bajo qué condiciones lo hicieron? ¿Quiénes y por qué permanecieron en Estados Unidos? Estas fueron las interrogantes rectoras de la investigación emprendida en 2010. A la luz de nuestros datos etnográficos y estadísticos concluimos que la migración de retorno en esa coyuntura fue selectiva. Alarcón et al . (2009) documentan la pérdida de empleos y la reducción de salarios y horas de trabajo entre 2006 y 2008 en sectores económicos que han absorbido la fuerza de trabajo mexicana en las últimas décadas: la manufactura, la industria de la construcción y los servicios de baja calificación. Sin embargo, los autores admiten que el retorno no había alcanzado las cifras esperadas, debido a que estos trabajadores podrían haber buscado otros empleos o realizado diversas actividades para mitigar los efectos de la crisis. Asimismo, advierten que el estatus migratorio fue un factor que condicionó la decisión de permanecer o regresar.
2 De acuerdo con un estudio realizado en abril de 2012 por el Pew Hispanic Center (Passel y Cohn, 2011), el número de mexicanos en Estados Unidos se había estacionado en 12 millones aproximadamente. Del 2005 a 2010 cruzaron la frontera 1,400,000 mexicanos y fueron deportados y regresados una cantidad idéntica. En 2010, 286,000 trabajadores mexicanos fueron arrestados y repatriados por las autoridades estadounidenses, 27 % llevaba un año o más de residencia en Estados Unidos (en contraste con el 6 % en el 2000) y 17 % fue arrestado en sus domicilios o lugares de trabajo (contrastando con el 3 % de deportados en el 2003).
Sin descartar la importancia de estos factores, nuestro análisis repara, además, en las condiciones de la reproducción social en sentido amplio (Kofman y Ragharum, 2016) de estos trabajadores y sus familias en ambos lados de la frontera. A tal efecto, tomamos en cuenta el ciclo demográfico de los hogares, su composición, el estatus migratorio de sus miembros y la fortaleza de recursos públicos y privados aplicados en el cuidado de las personas. El carácter longitudinal de nuestra investigación, la información arrojada por la encuesta y por las entrevistas a profundidad nos permitieron identificar dos modalidades de retorno. Por una parte, el retorno de hombres y mujeres solos (solteros o casados) sin dependientes y, por otra, el retorno familiar. Tanto en Huaquechula como en Pahuatlán registramos un mayor número de personas que retornaron solas.
En la modalidad del retorno familiar distinguimos, por un lado, el regreso del grupo familiar integrado, casi siempre, por la pareja conyugal y sus dependientes. Por otro, identificamos el retorno de grupos familiares segmentados, usualmente madres con sus hijos, en su mayoría niños y niñas en edad preescolar, nacidos en Estados Unidos, es decir, la «nueva segunda generación» (Portes et al., 2006). Se esperaba que, pasado un tiempo variable, los padres se reencontraran con sus familias en la localidad de origen, pero esta expectativa no siempre se cumplió.
Esta modalidad de retorno que supone la reagrupación en México expresa el desgaste de la centralidad del patrón de «hombres solos», cabezas de puente del movimiento migratorio, patrón de desplazamiento dominante desde los tiempos del Programa Bracero (1942-1964) que se prolongó una vez terminado este acuerdo binacional, en el que la reunificación de esposas e hijos eventualmente ocurría en Estados Unidos pasado un tiempo (Hondagneu-Sotelo y Ávila, 2003). Subyace a este dislocamiento de patrones migratorios y de retorno la feminización de los flujos migratorios de las últimas décadas en el marco de la reorganización global del trabajo y de la formación de nuevas clases trabajadoras (Fraser, 2023; Verschuur, 2013). Además, cabe advertir que para los hijos nacidos en Estados Unidos el retorno familiar es, en realidad, una migración que supone la inmersión cultural y el ejercicio de derechos ciudadanos, usualmente un proceso complicado.
A diferencia de lo reportado en otros estudios realizados en la coyuntura de la crisis financiera (Moctezuma y Martínez, 2016; Cornelius et al., 2010), en los casos aquí analizados la migración familiar de retorno no tradujo necesariamente el fin de las trayectorias migratorias individuales o familiares. Otras investigaciones reportan que «el retornar al lugar de origen no es la etapa final del proceso migratorio, sino un momento más del mismo» y que los desplazamientos entre uno y otro país se articulan con desplazamientos en el territorio nacional, lo que evidencia el grado de complejidad de estas movilidades (Cruz-Manjarrez, 2023, pp. 62-63; Kofman y Ragharum, 2016).
Por nuestra parte, observamos casos de reemigración de mujeres u hombres solos, de parejas que dejaron a los hijos al cuidado de los abuelos e, incluso, la reemigración de todo el grupo familiar pasado un tiempo en la localidad, hasta que los niños alcanzaban edades que les permitirían ingresar al sistema educativo en Estados Unidos, donde nacieron. Otros retornados, a pesar de los efectos perniciosos de la crisis, se mantenían a la expectativa de que mejoraran las condiciones en los nichos laborales de inserción. Habida cuenta de que tampoco la situación en México era muy esperanzadora, urdían planes para volver a cruzar la frontera. El propósito de la reemigración tanto de hombres como de mujeres era recuperar su condición de trabajadores hipermóviles, una suerte de degradación voluntaria para reducir al mínimo nivel la satisfacción de sus necesidades básicas, con el objetivo de vender su fuerza de trabajo más ventajosamente que otros trabajadores «más caros», nativos o migrantes (D’Aubeterre Buznego et al., 2020; Bahttacharya, 2017). La transferencia del cuidado de los hijos a la familia en la
localidad de origen también contribuye al abaratamiento de estos trabajadores, estrategia que, en los hechos, resulta en una forma de subsidio al capital, en tanto que los países receptores no han invertido en la reproducción de estos trabajadores (Delgado et al., 2009).
El retorno familiar implica el remodelamiento de tareas y circuitos donde se (re)produce esta fuerza de trabajo más allá de los hogares en su relación con el mercado, el Estado y otras organizaciones de la llamada sociedad civil. Supone un rediseño de estrategias y prácticas cotidianas en el mundo de la vida. Se requiere, por tanto, efectuar un inventario estructural de las fuerzas y tendencias que modelan las experiencias de estos trabajadores y trabajadoras sometidos a una «perenne incertidumbre» (Green, 2009), no solo en términos de su oscilante relación con el capital, sino en el ámbito de la reproducción y mantenimiento de relaciones y acceso a recursos valiosos, entre ellos los vínculos de parentesco y comunitarios, cuya fortaleza y bondades no pueden darse por sentadas.
El retorno de mujeres con hijos preescolares implicó una una superespecialización como cuidadoras de infantes y adultos mayores, en tanto que no disponen de ingresos propios y los recursos disponibles en los circuitos de reproducción (escuelas, guarderías, clínicas) son limitados y fragmentados dada la debilidad de lo público, aunque usualmente se espera que las parentelas contribuyan a hacer más llevadera esa carga de trabajo. Bhattacharya (2017) se refiere a este proceso como «privatización de la reproducción social», en el sentido de la transferencia de un conjunto de actividades de cuidado del Estado a las familias y localidades o su mercantilización.
Los varones casados que reemigraron sin dependientes después de una corta estadía en la localidad de origen transitaron a la condición de proveedores fundamentales, y casi siempre monopolizan el control de los recursos (casas, terrenos, negocios). Podemos pensar que estas formaciones domésticas de doble proveeduría (padre y madre) en Estados Unidos transitan a una de provedor único a la distancia vía remesas. Sin embargo, esta suposición debe ser matizada, en tanto que la expectativa no siempre se cumple, pues en los hechos las mujeres contribuyen a la reproducción de sus hogares por medio de la realización de diversas actividades que generan ingresos. Estas estrategias, que reorganizan la vida familiar entre los dos lugares, están rodeadas de diversos costos y riesgos, entre ellos volver a cruzar la frontera, aprehensiones, deportaciones, abandono conyugal o familiar.
De acuerdo con los datos de nuestra encuesta, tanto los que retornaron solos como quienes regresaron con sus familias a Huaquechula y Pahuatlán residieron en promedio en Estados Unidos durante doce años. La mayoría de los huaquechulences se establecieron en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York, mientras que los pahuatecos se concentraron en el corredor Durham-Raleigh en Carolina del Norte. En general, quienes retornaron sin dependientes no lograron regularizar su situación migratoria durante su estancia en aquel país; tampoco lo consiguieron quienes regresaron con sus familias. Sin embargo, existen diferencias entre uno y otro caso: identificamos en Huaquechula un mayor número de personas que contaban con documentación migratoria en su última salida. Así, mientras en Huaquechula dos tercios (alrededor de 66 %) de los migrantes seguían siendo indocumentados en su última salida, en Pahuatlán 93 % carecía de documentación migratoria3.
3 En este trabajo no consideramos el retorno por deportación. En Huaquechula la encuesta no captó a ninguna persona con esa condición, aunque el trabajo etnográfico permitió identificar a algunos que sí admitieron serlo. En cambio, en Pahuatlán se identificaron dos personas deportadas en la encuesta. Más allá de un asunto de subregistro, debido al estigma que acarrea esta condición, cabe reconocer que las políticas antinmigrantes son más restrictivas en algunos estados de la Unión Americana que en otros. La ciudad de Nueva York gozaba de un reconocimiento como «ciudad santuario» para los inmigrantes indocumentados. En cambio, Carolina del Norte era un estado que desde 2006 encabezaba una activa política de deportaciones. Allí se echó a andar el Programa 287 (g) que fue impulsado como modelo en distintos estados del país por
También en el primer caso registramos un mayor número de cruces entre los dos países, casi siempre varones (D´Aubeterre y Rivermar, 2014).
Atribuimos el relativo mejor estatus migratorio de los huaquechulences y una movilidad comparativamente más fluida a la antigüedad de este flujo: en Huaquechula la migración se incrementó exponencialmente entre 1986 y 1989; en cambio, en Pahuatlán la aceleración fue más tardía, entre 1995 y 1998, una década después. En suma, el ciclo de aceleración de la migración en Pahuatlán fue más corto que en Huaquechula. En ambas localidades observamos un descenso de la migración de primera salida en 2008, atribuible a los efectos de la crisis financiera de 2007-2009. La tasa de permanencia-retorno entre 2007 y 2010 de los huaquechulences fue superior (57.2 %) a la observada entre los pahuatecos (49.3 %). Este cálculo resulta de establecer la proporción entre migrantes activos y retornados durante el trienio 2007-2010. Mientras que 57.2 % de los huaquechulences permaneció en Estados Unidos en ese lapso, la mitad de los pahuatecos se quedó en aquel país.
En el entendimiento de la selectividad del retorno es importante examinar el impacto diferenciado de la crisis en aquellos sectores económicos en los que los trabajadores mexicanos estaban insertos en aquellos años (Levine y LeBaron, 2011; Canales et al., 2009; Rothstein, 2007). Los huaquechulences, asentados en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York, se insertaron en la industria restaurantera, donde las horas pueden ser reducidas, pero el despido franco y llano es menos probable que el observado en la industria de la construcción, severamente afectada en esos años (Canales et al., 2009), en la que laboraba la mayoría de los pahuatecos establecidos en el corredor Durham-Raleigh. A nuestro juicio, estos efectos diferenciados de la crisis por sector económico tuvieron un peso decisivo en la mayor permanencia de los huaquechulences, a pesar de que los costos de vida (renta, comida, servicios) eran más elevados en la ciudad de Nueva York que en Carolina del Norte. En otros trabajos (D’Aubeterre Buznego et al., 2014) hemos señalado, además, que el contraste entre una y otra localidad obedeció a que los huaquechulences contaban con mayores recursos de diversa índole (familiares, institucionales), habida cuenta de la mayor antigüedad del flujo, en comparación con personas originarias de comunidades con ciclos migratorios más cortos, como el caso de Pahuatlán. Cabe también reparar en la variación de la tasa de permanencia-retorno entre hombres y mujeres. Un mayor porcentaje de mujeres que de hombres regresaron a Pahuatlán, en particular, aquellas con hijos en edad preescolar que habían residido en Carolina del Norte menos tiempo que sus parejas. Dada su condición de ilegalidad, las madres jóvenes que regresaron con parejas e hijos pequeños nacidos en Estados Unidos tenían un limitado acceso a apoyos institucionales que podrían aliviar sus cargas de trabajo de cuidado. Además, la específica demanda de atención que requieren los infantes en los primeros años de vida, conlleva en automático la pérdida temporal de la hiperflexibilidad que exigen los empleos de tiempo parcial, disponibilidad plena y de bajos ingresos (Smith y Winders, 2007), lo que dificultaba la contratación de cuidadoras para sus hijos. Estas mujeres tampoco contaban con parientes en quienes pudieran delegar el cuidado de los infantes. El nacimiento de un segundo hijo en los hogares jóvenes, tanto de pahuatecos como de huaquechulences, que usualmente compartían vivienda con otras parejas, limitaba aún más la movilidad de las mujeres con hijos preescolares y su inserción en el mercado de trabajo. En suma, en ambos casos, considerar las transiciones en el ciclo demográfico y la reestructuración espacio-temporal de las condiciones de la reproducción social de estos hogares de inmigrantes es una de las claves para el análisis del retorno (Miraftab y Huq, 2024).
el Department of Homeland of Security (Gill, 2010).
A diferencia del caso pahuateco, un mayor porcentaje de mujeres huaquechulences (63 %) que de hombres (51 %) permaneció en Estados Unidos. Una vez más, la mayor antigüedad del flujo y, en consecuencia, la fase del ciclo demográfico de los hogares, en particular la edad del hijo/hija menor, intervinieron como importantes factores en la explicación de una mayor permanencia de las huaquechulences en Nueva York. Las mujeres con hijos escolares y adolescentes tendieron a permanecer en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York. Cabe colegir que estas migrantes pudieron balancear mejor trabajo de cuidados y trabajo asalariado en la medida que contaban con mayores recursos y apoyo institucional, particularmente escuelas y otros servicios (atención médica, subsidios, centros comunitarios) que articulan el lugar de trabajo, los hogares y los diferentes sitios de reproducción (Bhattacharya, 2017).
CONCLUSIONES
Usualmente el análisis de la migración de retorno durante los años de la crisis económica y financiera de 2007-2009 puso el acento en la pérdida del empleo, la baja de los salarios y la inestabilidad económica. Sin subestimar el enorme peso de esta conmoción en la vida de las y los trabajadores migrantes, en este trabajo reparamos en aspectos que han recibido menor atención. Concluimos que el retorno en esos años fue selectivo y no alcanzó la escala prevista. En la explicación de la selectividad del retorno intervinieron variados factores: los destinos, el sector de inserción laboral, el estatus migratorio, la antigüedad del flujo y el patrón de movilidad. Además, de manera destacada actuaron las condiciones de reproducción social de estos trabajadores y sus familias en los lugares de destino y de origen, modeladas por las transiciones en el ciclo de vida de los hogares, su composición, el acceso a recursos y los arreglos desplegados en el cuidado y mantenimiento cotidiano e intergeneracional de las personas (D’Aubeterre et al., 2020, p. 114). Advertimos, asimismo, que el retorno no necesariamente marcó el fin de trayectorias migratorias individuales y familiares, fue solo un hito en la experiencia de la formación y reconfiguración de estas clases trabajadoras móviles, precarizadas, articuladas intermitentemente con el capital, que transitaron entre el empleo, el subempleo y el desempleo.
Con Tania Li (2009), sostenemos que estas poblaciones son disciplinadas en el trabajo temporal, estacional, de tiempo parcial y expulsadas en constantes ciclos de incertidumbre de variada duración e indeterminada frecuencia. Pensar en la condición de latencia de esta «superpoblación relativa», como la concibió Marx (2008), nos permitió dilucidar algunas aristas del tema del retorno desde una perspectiva que trasciende los enfoques que privilegian al sujeto migrante como un actor racional que toma decisiones informadas en búsqueda de la maximización de beneficios. Cabe reconocer que el retorno define a estos trabajadores en nuevas tramas de vida en las que despliegan una variedad de «estrategias»; sin embargo, en todo caso, las decisiones y estrategias que rodean el retorno ocurren siempre «[...] en el contexto de una economía capitalista que tiene por motor la acumulación ampliada de capital» (Narotsky, 1995, p. 155). Este fenómeno es parte del proceso de formación y remodelación de las nuevas clases trabajadoras precarizadas en esta fase de la acumulación capitalista.
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Fotografías: Jesús Antonio Morfín Liñán
¿Cuánto pagan las y los migrantes poblanos en
su cruce por Estados Unidos? Uso y pago de intermediarios,
INTRODUCCIÓN
1995-2023
Dr. Juan Bermúdez Lobera
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Mtra. Rocío del Carmen Osorno Velázquez
Asociación Mexicana de Estudios Internacionales
De acuerdo con datos de la Encuesta de la Dinámica Demográfica (Enadid) 20231 se estima que, entre 2018 y 2023, el 64 % (47,258) de las personas residentes en Puebla que se dirigieron a Estados Unidos lo hizo sin documentos, es decir, de una manera irregular, y el otro 36 % lo efectuó de una forma regular. Este comportamiento contrasta con los datos nacionales, los cuales indican que 59 % de las y los residentes mexicanos que se dirigieron a dicho país utilizó algún documento, mientras el porcentaje restante (41 %) lo hizo sin documentos. Este tipo de discrepancias invita a reflexionar sobre la forma y medios que usa la población migrante para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos de manera irregular, como puede ser el uso de intermediarios y coyotes. Tan solo en 2023, la Secretaría de Gobernación (2023) estimó —con base en la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (Emif Norte)— que el pago al coyote para cruzar hacia Estados Unidos de forma irregular por parte de las y los migrantes mexicanos ascendió a 6,937 dólares durante el periodo de julio a noviembre de 2022. En promedio, las mujeres pagaron 7,839 dólares a los coyotes, lo que significó alrededor de un 19 % más en comparación con los hombres, quienes pagaron en promedio 6,565 dólares por cada cruce. Por ende, para conocer algunas de las particularidades de la migración poblana, esta investigación tiene como objetivo explorar el impacto de los cambios en la política migratoria estadounidense sobre el uso y pago de intermediarios, principalmente coyotes, por parte de los flujos migratorios poblanos.
En este sentido, el capítulo se divide en cuatro apartados. En el primero se brindan algunas consideraciones conceptuales asociadas a la figura de los intermediarios en la migración irregular, mientras en el segundo se examinan tres fases derivadas de los cambios y ajustes en la política migratoria estadounidense, en las que se enmarca el comportamiento de los flujos migratorios irregulares mexicanos en Estados Unidos. En el tercer apartado se explora el uso y pago de intermediarios realizado por la población migrante poblana en las últimas tres décadas, en su intento por llegar a territorio estadounidense, sin que ello garantice necesariamente su ingreso exitoso a aquel país. Por último, en la cuarta sección se presentan algunas reflexiones finales sobre el caso poblano.
1 Con datos de la Enadid 2023 se estima que de las 52,003 personas que residían en Puebla y emigraron a otro país en el periodo 2018-2023, el 91 % lo hizo a Estados Unidos.
MIGRACIÓN IRREGULAR Y EL PAPEL DE LOS INTERMEDIARIOS: CONSIDERACIONES
CONCEPTUALES
Ante la complejidad y multidimensionalidad de las migraciones internacionales, los países clasifican y diferencian los flujos migratorios 2 desde distintas aristas. Por ejemplo, en materia legislativa y normativa, el cumplimiento o incumplimiento de las leyes, normas y regulaciones migratorias establecidas por los países (de origen, tránsito o destino) puede dar lugar a flujos migratorios regulares e irregulares. Los primeros están vinculados a los movimientos de personas extranjeras, no nacionales, que tienen una condición migratoria reglamentada, la cual es verificada por alguna autoridad migratoria en los puntos de internación ya sea aéreos, terrestres o marítimos. Comúnmente, estos flujos son asociados a una «migración regular», lo que significa que «se produce de conformidad con las leyes del país de origen, de tránsito y de destino» (oim, 2024).
En cambio, los segundos se relacionan a una «migración irregular» que se da «al margen de las leyes, las normas o los acuerdos internacionales que rigen la entrada o la salida del país de origen, de tránsito o de destino» (oim, 2024) por diversos factores, por ejemplo, la estancia extemporánea al vencimiento de su documentación migratoria; la realización de alguna actividad no autorizada en el país de destino; el desplazamiento al interior del territorio sin previa autorización; la entrada al país por algún punto no autorizado por la instancia migratoria correspondiente.
Generalmente, la migración irregular se da en condiciones de clandestinidad, lo cual ocasiona la intervención de una serie de actores3 que buscan obtener beneficios económicos, quienes llegan incluso a lucrar con la persona migrante al verla como una mercancía, ya sea por los servicios que consume, la mano de obra que ofrece, o por los pagos que realiza a diversos intermediarios para llegar al país de destino.
Ante la preocupación de los países por estas prácticas, a inicios del siglo xxi se estableció el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire (2000) como complemento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Protocolo reconoce al tráfico ilícito de migrantes como «la facilitación de la entrada ilegal de una persona a un Estado parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material» (oea, 2005) y, a partir de ello, promover la adopción de medidas para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes por parte de los Estados, así como establecer medidas de penalización, cooperación técnica y cooperación internacional.
Este tipo de acciones coloca en el centro de la discusión lo siguiente: la forma en que los países miran la migración irregular y lidian con la realización de prácticas e intervenciones asociadas a ella, como es el traslado de personas bajo la dirección de algún intermediario (pollero, coyote, traficante)4 a través de las fronteras nacionales.
2 Por flujos migratorios se entiende el «número de migrantes que entran o salen de un determinado país en un periodo de tiempo dado, por lo general un año» (desa, 2017).
3 Que pueden ir desde empresarios, agentes de migración, policías estatales, guardias nacionales, hoteleros, taxistas, vendedores, gestores, intermediarios, incluyendo a traficantes, asaltantes y crimen organizado, entre otros.
4 Casillas (2023) sugiere diferenciar a los polleros, coyotes y traficantes de migrantes como actores sociales distintos, que se diferencian por sus roles, actividades, esquemas de riesgos y recompensas. Para el autor, los polleros se distinguen por formar parte de un tejido social que responde una dinámica de acuerdo solidario para el traslado de las personas migrantes sin que medie alguna transacción económica, por lo que la ruptura de este acuerdo puede llevar a convertirle en coyote o traficante.
En el caso de México-Estados Unidos, una de las figuras de intermediación más referida son los «coyotes», entendidos como aquellas personas «cuyo negocio consiste en cruzar a los migrantes a través de la frontera de México a Estados Unidos, por un lugar no habilitado para el control migratorio o por un lugar habilitado, pero eludiendo el control migratorio utilizando documentación apócrifa» (Jáuregui Díaz y Ávila Sánchez, 2017). Para Andrade Rubio et al. (2022), el término «coyote» se distingue por ser polisémico en tono peyorativo, dado que sirve para aludir a la actividad de intermediación.
En su revisión bibliográfica, Isidro Luna y López Vega (2024) presentan y discuten algunas reconsideraciones del coyote desde distintas facetas. Algunas de ellas mediadas por la relación que sostienen los coyotes con las personas migrantes, ya sea por ser contratados a partir de una recomendación o referencia (de un familiar, amistad o comunidad) o por entablar vínculos de tradición, confianza obligada y solidaridad circunscrita (Portes, 1995, citado por Spener, 2008). Así, se establece una relación única entre coyote y migrante al confiar la persona migrante su seguridad física a un actor clandestino (Slack y Martínez, 2018). Otra cara de su contratación puede asociarse a prácticas de resistencia que realizan las personas migrantes como respuesta a políticas migratorias restrictivas (Spener, 2008) implementadas por los Estados.
Un nuevo aspecto que surge con mayor ahínco es aquel asociado a los intermediarios como parte de un negocio rentable y lucrativo, como son las redes de tráfico trasnacionales. De acuerdo con Casillas (2023), los traficantes de migrantes surgen como un producto social del mundo mercantil al ofrecer servicios de traslado, tener un listado de precios, modalidades y condiciones de pago para quienes se ajusten a sus tarifas. Esta situación implica, como sugiere Izcara (2023), que los lazos que entablan con las personas migrantes se reducen a una transacción económica.
El conjunto de estas facetas lleva a reflexionar sobre el modo en que el pago a intermediarios, además de surgir como una forma de beneficio del capital financiero derivado de la construcción de redes migratorias y su capital social (Durand y Massey, 2003), llega a formar parte de estrategias clandestinas autónomas de cruce de fronteras, siendo una de las más reconocidas el coyotaje de cruce clandestino y de evasión burocrática (Spener, 2008).
En el primer tipo de coyotaje, las personas migrantes contratan a los coyotes para guiarles en el cruce de la frontera y transportarles de forma clandestina en el interior de Estados Unidos, mientras en el segundo se busca la evasión de los documentos requeridos o de las filas impuestas por el Gobierno estadounidense a los solicitantes para entrar y trabajar en el país con autorización oficial (Spener, 2008).
La intermediación, desde la óptica de la teoría institucional de la migración, puede verse como resultado del desequilibrio suscitado entre la demanda de ingreso y la oferta delimitada por las políticas migratorias, lo que da lugar a mercados informales asociados al contrabando subrepticio a través de las fronteras, el transporte clandestino, los contratos ilegales, la falsificación de documentos, entre otros (Massey, Arango et al., 1993), así como a la sistematización de los procesos de coyotaje y tráfico. Ahora bien, como destaca Casillas (2023), los procesos se vuelven sistémicos al formar parte del mercado y mantener una interacción dual. Por un lado, responden a una relación de competencia, ganancias y pérdidas, y por el otro, generan una relación de tensión, conflicto, castigo y exclusión al criminalizar su práctica y hacer más costosos sus servicios para las y los migrantes. Esta dualidad se hace más evidente con los cambios en la política migratoria estadounidense y su búsqueda para contener los cruces fronterizos asociados a flujos migratorios irregulares.
CAMBIOS EN LA POLÍTICA ESTADOUNIDENSE Y SUS EFECTOS EN EL CRUCE FRONTERIZO PARA LA CONTRATACIÓN DE INTERMEDIARIOS
En la década los noventa, la migración irregular a Estados Unidos tuvo notables cambios a partir de la implementación de diversas medidas de control migratorio por parte de las administraciones de aquel país. Algunos de los ajustes y cambios conllevaron a una paulatina modificación en el perfil migratorio, temporalidad, intensidad, forma y tiempo de cruce de los flujos migratorios con dirección a ese país.
En el caso de la migración mexicana, esta pasó de tener un carácter circular, masculino y regional, a distinguirse por ser una migración establecida, familiar y de dimensiones nacionales (Massey et al., 2009). Un ejemplo de la transformación se observa con el número de aprehensiones5 realizadas en Estados Unidos por parte de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) (gráfica 1).
En 1992, el 97 % de los eventos por aprehensiones realizados por la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos correspondía a personas mexicanas, mientras el resto (3 %) a personas de otras nacionalidades. Tres décadas después, el porcentaje referente a mexicanos se redujo hasta representar solo una tercera parte del total (33 %), mientras que el 31 % correspondió a personas centroamericanas y el restante 36 % a personas de otras nacionalidades. Como se distingue en la gráfica 1, a partir de 2005 se dieron cambios continuos en la composición de los eventos asociados a extranjeros aprehendidos por la Patrulla Fronteriza según nacionalidad, que se agudizaron en el último quinquenio analizado.
Gráfica 1. Total de eventos de extranjeros aprehendidos en Estados Unidos por la Patrulla Fronteriza, años fiscales* 2000-2023
1,700,000 1,600,000 1,500,000 1,400,000
Fuente: elaboración propia con base en U. S. Department of Homeland Security: Statistical Yearbook of the Immigration and Naturalization Service, U. S. Border Patrol (1995-2018), y U. S. Customs and Border Protection (2007-2020).
Nota: *año fiscal o fiscal year, que va de octubre del año previo a septiembre del año de referencia.
5 Por aprehensiones se entiende el control físico o la detención temporal de una persona que no se encuentra legalmente en Estados Unidos, lo que puede o no resultar en un arresto (cbp, 2024).
La gráfica 1 de las aprehensiones muestra la intensidad y composición de los diversos flujos migratorios irregulares que se dirigen hacia Estados Unidos y, en este sentido, sirven de evidencia para identificar dos etapas de la política migratoria estadounidense: la «fase bipolar» (1987-2007) y la «nueva fase»6 iniciada a partir de 2007, a las que Durand (2013, 2016) hace referencia. Si bien se pensaría que cada fase tendría una duración aproximada de veinte años, el presente estudio observa que la «nueva fase» tuvo un ciclo menor al esperado (2027), concluyendo en 2020 con el inicio de la pandemia por covid-19.
A partir de ese año, como se contempla en la gráfica 1, se produce una mayor heterogeneidad en las nacionalidades correspondientes a los flujos migratorios irregulares que tienen como destino Estados Unidos y que entran por la frontera sur de ese país. La diversificación de los flujos migratorios podría responder a otra fase de la política migratoria estadounidense que aún está en construcción, y que para fines de este análisis se denomina «fase transcontinental». Dicha fase se caracteriza por un incremento en los flujos irregulares provenientes de Sudamérica (principalmente de Venezuela y Ecuador), Caribe (Haití y Cuba), África, Asia y Europa del este, que buscan llegar a Estados Unidos.
Cada una de las tres fases tiene sus particularidades. En la «fase bipolar» se distinguen tres momentos: l) las operaciones de control fronterizo iniciadas en 1993; 2) el establecimiento del Acta para la Reforma de la Inmigración Ilegal y de la Responsabilidad Migratoria (iirira, por sus siglas en inglés) en 1996, y 3) la creación del Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U. S. Immigration and Customs Enforcement, ice) en 2003 (Durand, 2016). En este sentido, como identifica Imaz Bayona (2023), la migración mexicana se vio afectada por un cambio radical en el enfoque de la gestión migratoria de Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001, el cual significó una mayor imposición de controles a sus entradas (aéreas, marítimas y terrestres) para la recepción de migrantes.
Todo ello derivó en que la «nueva fase» se caracterizara por un incremento en los castigos y sanciones a la migración irregular. A la par que la política migratoria estadounidense se transformaba en una pieza clave de un proyecto de seguridad nacional, la frontera se convertía progresivamente en un espacio controlado y vigilado (Durand, 2016). Un posible efecto de esa transformación fue el descenso en la migración mexicana irregular que tenía como fin ingresar a Estados Unidos durante esa fase.
En coincidencia con Izcara (2023), este declive dio lugar a que las redes de tráfico humano abrieran su mercado al transporte de migrantes centroamericanos, cuyo traslado e intensidad le volvieron más rentable al tener que pagar una tarifa adicional por transitar por el territorio mexicano. Un ejemplo de ello se observa con la conformación de flujos irregulares mixtos compuestos por mujeres, niñas, niños y adolescentes provenientes mayormente de la región de Centroamérica. Tan solo en la «nueva fase», los eventos de extranjeros aprehendidos nacionales de Centroamérica crecieron de manera importante para 2019 hasta representar el 73 % del total (gráfica 1), año que igualmente se distinguió por la llegada de caravanas migratorias procedentes de esa región.
La llegada masiva de personas extranjeras a la frontera norte de México con el fin de cruzar a Estados Unidos llevó a una mayor demanda de servicios de coyotaje (Durand, 2016), los cuales, además de caracterizarse por establecer diversas rutas para evadir los controles fronterizos, complejizaron sus dinámicas de tráfico para dar lugar a una sofisticación de métodos y el encarecimiento de los costos por sus servicios de intermediación.
6 Aunque Durand no delimita la nueva fase en su análisis de 2013, muchas de las características presentadas en dicha etapa se observan hasta el año 2019.
Después del año 2020, en la «fase transcontinental» —propuesta en este estudio—, se identifica que en los dos últimos años fiscales (2022 y 2023) ni los mexicanos ni los centroamericanos fueron el principal grupo aprehendido en la frontera México-Estados Unidos (gráfica 1), sino que el primer lugar de aprehensiones correspondió a una agrupación conformada por diversas nacionalidades. Esto implica que el negocio del tráfico ilícito de personas para el cruce de la frontera México-Estados Unidos ya no es solo nacional o regional, sino que también tiene un carácter global. Bajo este contexto, con el fin de eludir la vigilancia fronteriza, las personas migrantes tienden a ser más dependientes de las redes de tráfico, llevando a que estas puedan elevar sus tarifas según sus costes de intermediación (Izcara, 2023). Esta tendencia también da lugar a que ninguno de los flujos migratorios irregulares mexicanos esté exento del uso y pago de intermediarios para cruzar la frontera y migrar a Estados Unidos, como sucede con el caso de Puebla.
LA MIGRACIÓN POBLANA: USO DE INTERMEDIARIOS EN SU INTENTO DE CRUCE A ESTADOS UNIDOS
Para profundizar en el impacto de los cambios en la política migratoria estadounidense sobre el uso y pago de intermediarios por parte de los flujos migratorios irregulares poblanos, se procesó y analizó la información de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (Emif Norte) 7 para el periodo 1995-2023. Para ello, se delimitó como población objetivo al flujo de migrantes devueltos por las autoridades migratorias de Estados Unidos, correspondiente a personas migrantes residentes en Puebla mayores de 18 años, con menos de un año de estancia en Estados Unidos. La selección de este flujo y de esta población permite tener un acercamiento anual a los eventos migratorios correspondientes a las devoluciones registradas durante el periodo de levantamiento de la encuesta e identificar las entradas irregulares realizadas por parte de las y los poblanos en la frontera que conllevaron a una devolución. Por lo tanto, para entender por qué el análisis de las devoluciones permite obtener algunas de las características de los flujos de salida, es necesario entender a la «devolución» como «la acción ejecutada por una autoridad migratoria de Estados Unidos de regresar, devolver o repatriar a personas extranjeras —en este caso mexicanas— en situación migratoria irregular a su país de origen» ( upmrip, 2022).
En este marco, la selección de la población devuelta contribuye a explorar indirectamente algunas de las características de las personas que salen de Puebla con el fin de emigrar, pues el tiempo registrado entre la salida de su comunidad y la devolución es relativamente corto. Por ejemplo, en el año 2022, de los 21,086 sucesos de devolución de personas poblanas a México por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos, se estima que el 79.2 % (17,708 eventos) de las y los poblanos permanecieron en aquel país menos de 30 días y el 17.6 % (3,708 eventos) de uno a seis meses. Al sumar los dos porcentajes, se observa que el 96.8 % del total de eventos correspondiente a la población poblana estuvo menos de seis meses en aquel país, lo que implica que algunas de sus características se relacionan más con un flujo de salida que de retorno, como es el caso del costo y el uso de intermediarios para cruzar a Estados Unidos. Desde la información recabada por la Emif del flujo de migrantes devueltos por las autori-
7 Las Emif son encuestas con un muestreo probabilístico representativo, que buscan estimar el volumen de los flujos migratorios y las características de las personas que participan en ellos. Esto significa que cada flujo que compone a las encuestas se entiende como el conjunto de desplazamientos humanos que pasan por un espacio geográfico y un periodo de tiempo determinado. Por lo que la información asociada a cada flujo corresponde al número de eventos y no de personas, ya que una persona puede tener más de un movimiento migratorio (El Colef, 2024).
dades migratorias de Estados Unidos para los años 1995, 1999-2020 y 2022-20238, se construyó una serie histórica referente al uso de intermediarios o coyotes con el fin de identificar las experiencias de cruce clandestino de las personas y los montos que pagaron las y los migrantes poblanos. Para la delimitación de la información se utilizaron dos preguntas de la encuesta: En esta ocasión, ¿contrató a alguna persona (coyote, pollero, guía, lanchero[a], etc.) para que le guiara para cruzar a Estados Unidos?
¿Cuánto pagó o quedó de pagarle a esa persona por usted?
A partir de estas preguntas se estimó la evolución de la contratación de intermediario (coyote) por parte de la población objetivo, desagregada por sexo de manera anual; a su vez, se identificó una tendencia generalizada para el caso de Puebla.
Como se observa en la gráfica 2, durante los años de la «fase bipolar», la migración poblana se enmarcó en un proceso de migración acelerada hacia Estados Unidos (Binford, 2003; D’Aubeterre Buznego y Rivermar Pérez, 2014), lo que también dio lugar a un aumento en el número de devoluciones de migrantes poblanos. De acuerdo con datos de la Emif Norte, Puebla tuvo los mayores registros de eventos de devolución en el año 2000, con más de 40,000 eventos.
También durante esta fase, los datos de la Emif Norte muestran un incremento en el número de eventos asociados a mujeres y hombres poblanos que fueron devueltos por autoridades estadounidenses. Como se observa en la gráfica 2, la utilización de algún intermediario para el cruce clandestino de migrantes poblanos durante la «fase bipolar» fue en ascenso, al pasar de representar 6.9 % del total en 1995 a significar el 59.3 % para 2005.
Gráfica 2. Total de eventos de personas residentes en Puebla mayores de 18 años, con menos de un año de estancia en Estados Unidos, y porcentaje que utilizó un intermediario en su último cruce, 1995 y 1999-2023
Eventos
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 1995, 1999-2020, 2022-2023. Nota: en 2021 no se levantó el cuestionario de la Emif.
8 Cabe destacar que para 2020, 2022 y 2023, la información corresponde a los resultados de periodos específicos, debido a que durante estos años se dio una reducción en las jornadas de levantamiento por la pandemia del covid-19 y la falta de presupuesto para su levantamiento anual.
A partir de la transformación institucional estadounidense dada en 2003 con el establecimiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ice, por sus siglas en inglés) y la vinculación de la política migratoria a la seguridad nacional, se contempla un notable ascenso en el uso de intermediarios para pasar la frontera. Tan solo en una década (1995-2005) de la «fase bipolar», la utilización de un intermediario por parte de las y los poblanos para cruzar la frontera norte creció más de ocho veces. Esto posiblemente asociado a los cambios en las dinámicas de cruce que dominaban en aquella época y el papel que jugaban los intermediarios en las comunidades de salida.
Al igual que el comportamiento general, como se refleja en las gráficas 1 y 2, la movilidad de las y los migrantes poblanos, a partir del 2001, comenzó a modificarse a la luz de las políticas de contención y criminalización de la migración indocumentada (D’Aubeterre Buznego y Rivermar Pérez, 2014). Ello significó que a la par que la política migratoria reforzaba su marco de acción a través de medidas de control, restricción y sanción, también fue aumentando el porcentaje de migrantes poblanos que señalaron contratar a algún intermediario para ingresar a territorio estadounidense.
En la «nueva fase», la utilización de intermediarios por parte de los flujos migratorios poblanos alcanzó su punto máximo en el 2010 con 75.4 %, justamente solo dos años después de la crisis económica que enfrentaba la economía estadounidense, y que marcó un hito en la dinámica migratoria de Puebla, particularmente en el tema del retorno. A diferencia de la «fase bipolar», algunos de los años que conforman la «nueva fase» se distinguen por registrar un poco más del 70 % de utilización de intermediarios por parte de los flujos migratorios poblanos. Un ejemplo de ello fue 2017, cuando se registró uno de los porcentajes más elevados de utilización con 72.9 %.
Considerando la distribución por sexo, es de notar que en la «nueva fase» se observa una brecha en la utilización de intermediarios por parte de hombres y mujeres que no era tan visible en la fase anterior. Mientras en la «fase bipolar», como se distingue en la gráfica 3, la diferencia en el porcentaje de hombres y mujeres en la utilización de algún intermediario nunca superó los diez puntos porcentuales, para la nueva fase la disparidad llegó incluso a ser de 30 puntos porcentuales. Ejemplo de este comportamiento se observa en 2011, cuando solo 50.4 % de los flujos migratorios masculinos señaló haber recurrido a un intermediario para su cruce, en comparación con el 85.2 % de las mujeres (gráfica 3).
Gráfica 3. Porcentaje de eventos de personas devueltas, residentes en Puebla, que utilizó un intermediario en su último cruce a Estados Unidos, por sexo, 1995 y 1999-2023
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 1995, 1999-2020, 2022-2023. Nota: en 2021 no se levantó el cuestionario de la Emif.
Cabe destacar que a partir de la «nueva fase», los porcentajes de mujeres que contrataron intermediarios para su cruce clandestino registraron los mayores niveles de uso. Tan solo en 2010, un 90.3 % de los eventos asociados a mujeres migrantes poblanas utilizó los servicios de intermediación para su cruce clandestino. En el caso de los hombres, el porcentaje de contratación más alto se produjo en 2017, representado por un 75.5 %.
La diferencia entre hombres y mujeres, en la «nueva fase», puede explicarse por varios factores. Entre ellos, el interés por parte de las personas migrantes, principalmente mujeres, para disminuir algunos de los riesgos asociados al cruce, como la privación de la libertad y extorsión, el acoso y hostigamiento sexual, la coerción y amenazas de muertes (Cueva Luna y Terrón Caro, 2014). Ahora bien, ya que como señala Aquino Moreschi (2012), «la forma en que las mujeres experimentan el cruce de la frontera está marcada por la conciencia de los riesgos particulares a los que se enfrentan por el hecho de ser mujeres, por ejemplo, el miedo a la violación sexual siempre presente». Por ello, el uso y pago de coyote por parte de mujeres podría estar ligado no solo a la búsqueda de un cruce exitoso, sino también a tratar de disminuir los peligros y tipos de violencias (física, verbal, psicológica, sexual, entre otras).
Por lo que respecta a la «fase transcontinental», el uso de intermediarios para cruce clandestino disminuyó notablemente para los flujos irregulares poblanos, al pasar de 61.4 % en 2020 a representar el 39.5 % para 2023 (gráfica 2). En dicha fase, los flujos correspondientes a los hombres registraron un repunte en la contratación de intermediarios para su cruce con 66.6 % y 66.9 % para 2020 y 2022, respectivamente. Paradójicamente, las mujeres tuvieron un importante descenso de hasta un 17 % para 2020 y del 36.6 % durante 2022. Para 2023, se observa una tendencia a la baja en la contratación y uso de intermediarios para el cruce clandestino tanto para hombres como para mujeres (gráfica 3).
Este cambio en el comportamiento pone en consideración las posibles causas y motivaciones que han llevado a las personas migrantes a no contratar algún intermediario en los últimos años.
Hombre Mujer
Esto a pesar de que la participación de las mujeres en eventos de devolución sigue en aumento. De acuerdo con datos de la estadística migratoria oficial9, la participación de las mujeres representó más de los 3,000 eventos asociados a mujeres poblanas durante 2022 (upmrip, 2024). El incremento en los eventos de devolución por parte de las mujeres también da referencia, aunque de manera indirecta, a la participación que tienen en los flujos migratorios que buscan cruzar a Estados Unidos de manera irregular, la cual lejos de disminuir sigue en aumento.
En relación con los pagos realizados a intermediarios o coyotes, según datos de la Emif Norte (1995-2023), se identifica que el pago que realizaron las personas poblanas para cruzar de manera irregular hacia Estados Unidos pasó de usd 160 en el año 1995 a ser de 10,656 para 2023, en valores nominales. Del mismo modo, considerando como año base 1995, se observa que —en valores reales— los costos por contratación de intermediarios pasaron de usd 160 a 5,326, como se distingue en la gráfica 4, lo cual significa un crecimiento del 3,238 %.
Gráfica 4. Pago en dólares que realizaron las personas residentes en Puebla devueltas por autoridades estadounidenses a un intermediario en su último cruce a Estados Unidos, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2019, 2020 y 2023
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 1995, 1999-2020, 2022-2023.
9 La estadística migratoria es el compendio de datos realizado por el Gobierno de México que busca comprender la composición y comportamiento de diversos flujos de movilidad y migración y ser una fuente de información de corte administrativo (upmrip, 2022 y 2024).
Si bien en la primera década del siglo xxi, durante la «fase bipolar», los pagos —en valores nominales— realizados por las y los poblanos a coyotes representaron menos de 2,000 dólares, los montos se duplicaron una década después, al sobrepasar los usd 4,000 a lo largo de la «nueva fase» y la «fase transcontinental».
Hacia 2023 los pagos crecieron de manera exorbitante, por lo que surge la pregunta: ¿a qué se debió esto? Es de notar que para este año, solo el 39.5 % de las y los poblanos había contratado a un intermediario, convirtiéndose así en el porcentaje más bajo realizado por este flujo en los últimos 17 años. Pese a ello, los montos por pagar a un intermediario para lograr cruzar clandestinamente a Estados Unidos siguen en aumento. Estas tendencias, entre la disminución del uso de los intermediarios y el aumento en los costos por los servicios de coyotaje, puede ser una evidencia del cambio de modelo de contratación, al pasar de un sistema basado en la confianza a un modelo de contratación mercantil, en el que la llegada masiva de migrantes extranjeros a la frontera norte hace que se demanden más servicios de coyotaje o intermediación, lo que entonces provoca un incremento en los precios.
Ello significa que la llegada de flujos migratorios extracontinentales y sudamericanos tiende a generar presión en el mercado, antes ocupado en su mayoría por flujos centroamericanos y mexicanos, lo que dio lugar a un incremento en los costos, sobre todo si se consideran otros factores adicionales como el endurecimiento de los controles fronterizos dentro de México, el ingreso del crimen organizado al tráfico de personas, y al control de las rutas por las que transitan las personas migrantes.
REFLEXIONES FINALES
Ante la complejidad y multidimensionalidad de la migración mexicana hacia Estados Unidos, el análisis de algunas de sus particularidades, como el uso y pago de intermediarios para el cruce clandestino, requiere identificar la vinculación y articulación que se puede dar entre los flujos migratorios desde distintas aristas.
Particularmente, el comportamiento de las aprehensiones de personas mexicanas registradas por la Patrulla Fronteriza refleja, aunque de manera indirecta, el aumento o disminución de los intentos realizados por los mexicanos para ingresar a Estados Unidos de manera irregular. En este sentido, es de notar que, al igual que el comportamiento nacional identificado por las aprehensiones realizadas por autoridades estadounidenses, la migración poblana que busca ingresar a Estados Unidos de manera irregular también muestra en los últimos años una tendencia decreciente, tal como lo demuestran los flujos migratorios de ciudadanos devueltos descritos en el capítulo.
Dicho comportamiento se enmarca en la conformación de una política migratoria estadounidense cada vez más restrictiva y punitiva que ha derivado en un mayor uso de intermediarios para cruzar la frontera México-Estados Unidos, así como en el incremento de los pagos por sus servicios.
Sin ser la excepción, el comportamiento de los flujos migratorios poblanos da evidencia del impacto que la política migratoria estadounidense tiene sobre el uso y pago de intermediarios para cruzar la frontera ya que, a medida que Estados Unidos endurece sus medidas migratorias, robustece su infraestructura y refuerza sus recursos (humanos, materiales e institucionales) para prohibir e inhibir la migración irregular, surgen y se transforman los mercados informales asociados a la contratación de intermediarios para la realización de traslados clandestinos y cruces subrepticios a través de su frontera.
Desde esta perspectiva, con el fin de disminuir los riesgos de ser aprehendidos por autoridades migratorias de Estados Unidos y ser devueltos a México, las y los migrantes poblanos ven la contratación de un intermediario (coyote) como una alternativa para llegar a EE. UU., convirtiéndose así en «un producto de las leyes restrictivas que incrementan la vulnerabilidad del migrante, quien requiere más apoyos para cruzar o evadir los puestos de control migratorio» (Casillas, 2023).
Estos apoyos, más que basarse en lazos de confianza o solidaridad, tienden a responder a una lógica mercantil que permite a los intermediarios subir sus costos por contratación a discrecionalidad. Tan solo para 2023, el precio que pagaron los migrantes poblanos devueltos llegó a 10,656 dólares (en valores nominales); es decir, alrededor de 201,786 pesos mexicanos, cantidades que muy pocas personas pueden pagar.
Paradójicamente al aumento de los precios, en los flujos migratorios estudiados se detecta una disminución en el porcentaje de personas que llega a utilizar los servicios de coyotaje. Esto podría ser explicado por varios factores. Por un lado, el uso y pago de intermediarios a costos elevados no necesariamente garantiza el cruce exitoso o salvaguarda de la persona que los contrata, dando lugar también a una pérdida de confianza en sus servicios. Por otro lado, para solventar los costos, las personas migrantes deben buscar apoyarse en sus familiares o amistades para cubrir los costos o asumir grandes deudas y riesgos, ya sea a corto, mediano o largo plazo, lo que lleva a que muy pocas personas puede pagar los costos actuales. Además, en el caso de ser capturado (aprehendido o devuelto), como señala Durand (2016), las personas deberán enfrentar no solo el pago de su viaje y la contratación de un coyote, sino también deberán afrontar otras situaciones como la adquisición de deudas y la falta de empleo, marcando con ello su experiencia de retorno a la entidad.
Ante este contexto, será necesario continuar con la revisión y análisis del uso y pago de coyotes en la «fase transcontinental», sobre todo si se considera que los cambios en las dinámicas de los flujos migratorios no solo impactan los costos de contratación de intermediarios, sino también afectan el modo en que estos ejercen sus servicios, lo que requiere así profundizar en su observación desde distintos niveles de análisis y ámbitos de intervención.
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Fotografías: Rocío del Carmen Osorno
Tendencias migratorias México-Estados Unidos
antes, durante y después de la pandemia de covid-19. Una mirada longitudinal desde Zapotitlán Salinas, Puebla
Mtro. Mario Alberto Macías-Ayala University of Arizona
Dra. Alison Elizabeth Lee
Universidad de las Américas Puebla
INTRODUCCIÓN
¿Qué está pasando con los flujos de migración a Estados Unidos y de retorno en el estado de Puebla? ¿Cómo han afectado las políticas antiinmigratorias estadounidenses a las personas migrantes? ¿La migración sigue siendo una de las estrategias de subsistencia más importantes para los hogares? En este capítulo, ofreceremos respuestas basadas en nuestras investigaciones etnográficas en Zapotitlán Salinas, Puebla, una localidad rural en el sureste de la entidad. Nuestra colaboración en la localidad es de más de dos décadas. Durante este periodo hemos analizado el vaivén de la migración desde su inicio en los años ochenta, su masificación en los años noventa, su caída tras la Gran Recesión (2007-2009) y la pandemia por covid-19, además del impacto de las políticas antiinmigratorias en las experiencias de las personas migrantes. Desde estas experiencias de investigación, proporcionamos una perspectiva distinta a las afirmaciones recientes en los medios, explicando que la migración mexicana hacia Estados Unidos se mantiene en niveles bajos por mejores condiciones económicas en México y cambios demográficos. Proponemos que este decremento se debe principalmente a la creciente militarización de la frontera y al aumento en los costos y los riesgos asociados con el acto de migrar. A pesar de estos desafíos, la migración sigue siendo una de las estrategias de subsistencia más importantes en Zapotitlán. El repunte significativo de la migración en la época pospandemia afirma tal observación. El capítulo está dividido en cuatro secciones. Primero, discutimos la migración a Estados Unidos como un proceso histórico, enfocándonos en la migración acelerada y su relación con las políticas neoliberales adoptadas en los años ochenta y noventa. En segundo lugar, describimos nuestra investigación etnográfica de larga duración en Zapotitlán. En tercer lugar, explicamos los cambios en los flujos migratorios en Zapotitlán, desde sus inicios en los años ochenta hasta 2023, después de la pandemia por covid-19. Finalmente, cerramos con algunas reflexiones sobre cómo el caso de Zapotitlán nos ayuda a entender las transformaciones recientes en la migración mexicana a Estados Unidos y de retorno.
RAÍCES HISTÓRICAS Y TENDENCIAS CONTEMPORÁNEAS: LA MIGRACIÓN ACELERADA MEXICANA A ESTADOS UNIDOS
Aunque diversos autores, como Massey et al., abordan el fenómeno migratorio de los mexicanos hacia Estados Unidos desde la perspectiva del deseo, el anhelo, y la «cultura de migra-
ción», muchos de estos estudios pasan por alto procesos históricos que provocaron la masificación de este flujo migratorio. Siguiendo la premisa de Eric Wolf (1987) sobre la importancia del estudio de procesos históricos como elemento esencial para comprender las dinámicas contemporáneas, nos centramos en las reestructuraciones económicas y políticas de las décadas de los ochenta y noventa, que dieron pie a la acelerada incorporación de mexicanos al flujo migratorio hacia Estados Unidos en menos de dos décadas.
Pese a que la migración de mexicanos hacia Estados Unidos tiene sus raíces en el siglo xix, su masificación ocurrió a principios de la década de 1980. Regiones del centro y sur de México, donde anteriormente no había una tendencia significativa a migrar hacia el norte, se convirtieron rápidamente en emisoras de migrantes hacia Estados Unidos, incorporando un porcentaje significativo de la población local en solo dos décadas. Este fenómeno es conocido como migración acelerada y se debió en parte al declive de la economía agrícola en el medio rural mexicano desde los años ochenta (Binford, 2004). En poco tiempo, la migración hacia Estados Unidos— junto con los desplazamientos internos en el país y la inserción en centros periurbanos— se posicionó como una de las estrategias diversificadas de subsistencia en los hogares rurales de México, una estrategia que complementaría las nuevas realidades del México rural (Appendini y Torres-Mazuera, 2008; Bada y Fox, 2022). La incorporación de los «nuevos migrantes» al flujo hacia Estados Unidos se incrementó en tal grado que la cifra de mexicanos en el norte pasó de 2.2 millones en 1980 a 9.1 millones en el año 2000 (Migration Policy Institute, 2022).
La rápida expansión de la migración se atribuye a la reestructuración económica y política del orden global, que dio lugar a la implementación del neoliberalismo, modelo que promueve valores como la libertad individual, la responsabilidad personal y la iniciativa privada, así como políticas de privatización, libre mercado y comercio internacional (Harvey, 1998). En México, la adopción del neoliberalismo trajo consigo la privatización de empresas y recursos nacionales, campañas a favor de la privatización de la tierra, la disminución de los subsidios agrícolas y la apertura de los mercados a flujos de bienes y capitales extranjeros, pero limitando la libre movilidad de personas a través de las fronteras (Binford, 2004; D’Aubeterre Buznego et al., 2020). Estas medidas intensificaron las prácticas ya en marcha de desarticulación, desplazamiento y despojo en poblaciones rurales extendiéndose a zonas urbanas del país (Appendini y Torres-Mazuera, 2008).
A partir de 1980, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas se sumaron a los tradicionales estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Zacatecas en el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Este cambio se enmarca en un contexto de globalización y reestructuración económica mundial, donde la mano de obra barata, flexible y desechable del sur global se convirtió en una fuerza de trabajo aprovechada por las crecientes urbes del norte global (Sassen, 2001). Millones de trabajadores alrededor del mundo han sido atraídos hacia ciudades globales para ocupar los puestos más bajos en la jerarquía laboral (D’Aubeterre et al., 2020; Sassen, 2001). En este contexto, los migrantes del centro y sur de México encontraron oportunidades laborales en las crecientes urbes de la costa este estadounidense, en particular en los sectores de servicios y construcción. A diferencia de los flujos migratorios previos, los nuevos migrantes tuvieron como principales destinos estados como Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania (Binford, 2004).
Ahora bien, dada la tardía incorporación de este flujo migratorio, la mayoría de los migrantes del centro y sur incumplieron con los requisitos establecidos por la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986-1987 (irca, por sus siglas en inglés), limitando sus opor-
tunidades de empleo, movilidad y acceso a la seguridad social en Estados Unidos debido a su condición de indocumentados. La construcción de la narrativa de «ilegalidad», promovida por las políticas nacionales estadounidenses y respaldada por sus instituciones y prácticas cotidianas, ha sido fundamental para el control y la explotación capitalista de las poblaciones migrantes (De Genova, 2002; Ngai, 2004).
A pesar de que las tendencias nacionales recientes apuntan a un aumento en el número de mexicanos que regresan a sus comunidades de origen y una disminución en la migración hacia Estados Unidos, intentaremos contextualizar este escenario nacional desde una perspectiva histórica utilizando la localidad de Zapotitlán Salinas, en Puebla, como estudio de caso, ofreciendo una mirada sobre cómo las y los migrantes han respondido a los cambios económicos y políticos en ambos países a lo largo del tiempo. Se analizarán los flujos migratorios y de retorno y las experiencias de los migrantes durante su proceso de incorporación al flujo migratorio hacia Estados Unidos.
METODOLOGÍA: LA INVESTIGACIÓN LONGITUDINAL EN UNA LOCALIDAD MIGRANTE DE ORIGEN RECIENTE
Este capítulo es el resultado de nuestro prolongado trabajo etnográfico en Zapotitlán Salinas, Puebla. Durante nuestra visita más reciente a la localidad en 2023-2024, como parte del proyecto doctoral de Macías, se llevó a cabo la aplicación de una versión modificada de la etnoencuesta del programa de migración mexicana en el 25 % (177) de los hogares, así como entrevistas semiestructuradas con migrantes retornados y personas sin experiencia migratoria. Las primeras se centraron en su vivencia previa, durante y después de su estancia en Estados Unidos, así como en su práctica en el cruce fronterizo y las adversidades enfrentadas frente a eventos históricos que han afectado el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Además de estos datos, utilizamos los obtenidos entre 2003 y 2005 del trabajo de campo realizado por Lee, integrantes de su tesis doctoral y el trabajo de campo realizado entre 2011-2014 como parte del proyecto Crisis Económica Global y Respuesta en Cuatro Comunidades de Reciente Migración, dirigido por la Dra. María Eugenia D'Aubeterre Buznego, en el cual participaron Lee y Macías. Por razones de privacidad de los entrevistados y respeto a sus historias, los nombres han sido modificados y se han omitido detalles para garantizar la confidencialidad de las entrevistas.
DE LA PROSPERIDAD A LA PARTIDA AL NORTE: LA TRANSFORMACIÓN DE ZAPOTITLÁN SALINAS Y SU MIGRACIÓN HACIA ESTADOS UNIDOS
El colapso de la industria de onix y las primeras migraciones
Antes de 1980, la migración desde Puebla hacia Estados Unidos era mínima y se concentraba principalmente en la región de la mixteca alta poblana, donde los migrantes comenzaron a trasladarse hacia Estados Unidos desde la década de 1950 (Smith, 1994). A partir del año mencionado, la migración se expandió rápidamente por todo el estado. Hacia mediados de 1990, tecnócratas, académicos y críticos anticiparon que tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), una cantidad creciente de población del sector rural dejaría sus hogares en búsqueda de mejores oportunidades en el norte (Binford, 2004; Lee, 2008). En principio, fueron los hombres jóvenes los que lideraron este flujo, pero a medida que este se consolidó, mujeres, niños y familias enteras se sumaron en busca de mejores oportunidades. Zapotitlán Salinas es una localidad entre cientos, que desde los años ochenta se incorporó aceleradamente al flujo hacia Estados Unidos.
Actualmente, Puebla es uno de los estados a nivel nacional con altos índices de migración hacia Estados Unidos. Especialmente, regiones periurbanas de la ciudad de Puebla, la mixteca poblana y la región de la Sierra Norte concentran las principales regiones emisoras hacia el norte. Su dependencia de las remesas es de 6.3 % de su valor agregado bruto, colocando a la entidad en el duodécimo lugar en el país (Fundación bbva, 2023). Zapotitlán Salinas se ubica en la región de la mixteca poblana. Hasta mediados del siglo xx, la economía local dependía principalmente de la agricultura de temporal, la cría de ganado caprino y la producción de sal. En la década de 1960, con la apertura de la carretera regional que conecta Tehuacán (Puebla) con Huajuapan de León (Oaxaca), dos importantes centros urbanos regionales, la industria de extracción de piedra tabernita, conocida localmente como ónix, experimentó un auge en Zapotitlán. Esta industria proporcionó empleo a los habitantes locales y atrajo mano de obra de poblados cercanos debido a su próspera actividad económica.
Durante las décadas de 1960 a 1980, Zapotitlán Salinas se destacó en la región por su próspera explotación de extracción y procesamiento de piedra ónix, junto con la elaboración de artesanías, por lo cual logró alcanzar mercados regionales, nacionales e incluso internacionales. Esta industria representó un pilar fundamental en la economía de los hogares zapotitecos, al proporcionar sustento y contribuir al desarrollo económico de la localidad (Lee, 2008).
Hacia mediados de la década de 1980, Zapotitlán enfrentó una serie de desafíos que culminaron en el colapso de esta industria y su acelerada incorporación al flujo hacia Estados Unidos. La crisis financiera petrolera mundial, las políticas de desmantelamiento del sector rural en México y la sobreexplotación de los depósitos de piedra en la localidad contribuyeron a su declive (Lee, 2008). Juan, un cantero, recuerda cómo en el pasado la extracción en las canteras era relativamente fácil, con depósitos de piedra de acceso sencillo. Asimismo, reconoce que la sobreexplotación de las canteras fue excesiva: «no supimos administrarlo, solo queríamos sacar y sacar [piedra] lo más rápido posible, y al final acabamos con todo» (entrevista del 16 de noviembre de 2023). Este rápido declive llevó a que los dueños de canteras y talleres se enfrentaran a una nueva realidad, migrando hacia el norte (figura 1).
Según la encuesta aplicada en 2024, mayormente, los zapotitecos han migrado como indocumentados (91 %). Este grupo está compuesto por un 72 % de hombres y un 28 % de mujeres, principalmente concentrados en el rango de edades de entre 15 y 25 años (53 %). Esta migración constituye un sector importante de la fuerza laboral de Zapotitlán y abarca gran parte de su juventud. El destino principal de estos migrantes fue el estado de Nueva York (81 %), donde se integraron especialmente en la industria de servicios (61 %). Los roles más comunes desempeñados incluyen cocineros, lavaplatos, repartidores de comida, empleadas domésticas y niñeras.
La securitización y criminalización de la migración: la violencia contra migrantes en la frontera mexicana-estadounidense militarizada y la reducción de la circulación
Damián es un migrante retornado que viajó hacia Estados Unidos en múltiples ocasiones entre 1986 y 2011. Su experiencia es un testimonio vívido del reforzamiento de la frontera en el contexto de la securitización de la migración en la época pos 11 de septiembre (Del Monte Madrigal, 2021), la criminalización de la migración a partir de mediados de los 2000 (Yrizar Barbosa y Alarcón, 2015) y del aumento en los costos y peligros asociados con el acto de migrar clandestinamente bajo estas condiciones. Así, Damián relata lo que sigue a continuación:
—Damián: La primera vez estuve [en Estados Unidos] siete años y medio [regresando a Zapotitlán en 1993]. Después, alrededor de un año después, venía y me quedaba solo una semana antes de volverme a ir porque el cruce era más fácil […] ya la última vez que crucé [en 2011], desde entonces ya se veía que estaba más difícil […], tuve que cruzar por el desierto.
—Entrevistador: ¿Y antes de eso, ya habías cruzado por el desierto?
—Damián: No, esa fue la primera vez. La primera y la última. Yo dije, no, ya hasta aquí, ya se estaba poniendo más difícil. Estuve en el desierto tres días y dos noches.
—Entrevistador: Cuando cruzaste por primera vez, ¿cuánto les estaban cobrando a las personas?
—Damián: Cuando fui la primera vez, cobraban usd 500.
—Entrevistador: ¿Y ahora?
—Damián: Ahorita me cuentan que anda entre usd 10,000 y 12,000. (entrevista con Damián el 15 de febrero de 2024).
Testimonios como el de Damián revelan el proceso de fortalecimiento de la frontera entre México y Estados Unidos, así como el aumento en los costos y la peligrosidad asociados con la migración clandestina en las últimas tres décadas. Las personas migrantes indocumentadas son especialmente vulnerables a las campañas antiinmigrantes implementadas por Estados Unidos.
Desde principios del siglo xx , las autoridades estadounidenses han buscado controlar y regular la población migrante en el país. En 1994 se implementó la estrategia de «prevención a través de disuasión», marcando el inicio de una crisis humanitaria en la frontera entre ambos países. Esta estrategia, que ha tenido como objetivo desalentar la migración hacia Estados Unidos, ha consistido en reforzar los principales cruces fronterizos con el fin de disuadir a las personas de cruzar la frontera de manera irregular. Paradójicamente, en lugar de desanimar a los migrantes, esta estrategia los ha empujado hacia rutas más difíciles, peligrosas y costosas. El resultado ha sido el aumento significativo en el número de muertes de personas en su intento por cruzar por el desierto o el río Bravo, así como en abusos por parte de autoridades fronterizas y traficantes de personas (Reineke, 2016; Lee, 2018). A pesar de esto, el flujo migratorio continuó en crecimiento entre 1994 y 2010. Testimonios como el de Damián ejemplifican cómo, con el paso de los años, las rutas fronterizas se volvieron más costosas y peligrosas debido a la militarización de la frontera. Finalmente, uno de los elementos que disuadió a Damián de volver a cruzar la frontera fue el aumento en los costos y su experiencia al atravesar el desierto, lo que le hizo temer por su propia vida.
Desde 1994 hasta la fecha, la historia de la frontera ha sido una de reforzamiento y militarización. Un momento crítico fue el año 2001, cuando los atentados del 11 de septiembre transformaron la migración irregular hacia Estados Unidos en un tema de seguridad nacional. Desde entonces, se han implementado leyes a nivel federal y estatal con el objetivo de contener y controlar la entrada irregular al país, así como disposiciones que buscan perseguir y criminalizar a poblaciones inmigrantes indocumentadas en Estados Unidos. Ejemplos de estas medidas incluyen la Operación Streamline, implementada en 2005, que criminaliza el cruce fronterizo irregular, y leyes estatales como la SB1070 en Arizona en 2010, y la SB4 en Texas en 2024, diseñadas para castigar y deportar a poblaciones inmigrantes por su estatus migratorio y origen étnico. Estos cambios importantes contribuyeron al retorno de zapotitecos a México (figura 2).
Hasta el 2006, la migración de mexicanos hacia Estados Unidos se caracterizó por ser de carácter circular. Un ejemplo lo representa el caso de Damián, dado que los migrantes permanecían en Estados Unidos por periodos de uno a tres años y regresaban a Zapotitlán por un tiempo, para volver a migrar a dicho país si las condiciones económicas lo demandaban. Esto fue posible gracias a la porosidad de la frontera y el relativo «fácil» y «barato» cruce fronterizo al compararlo con los años recientes. Se estimó que, a finales del siglo xx , el costo promedio del cruce oscilaba entre los usd 1,000 y 1,500. Sin embargo, en nuestra última visita de campo en 2023-2024, se registró que el precio fluctuaba entre los usd 10,000 y 15,000, según la ruta. El aumento en el costo del cruce fronterizo y su dificultad propiciaron estadías más largas en el norte por parte de los paisanos, acción evidente en el registro etnográfico donde los migrantes han reportado estadías entre los cinco y diez años en aquel país.
LA GRAN RECESIÓN (2007-09) Y LA MIGRACIÓN DE RETORNO A ZAPOTITLÁN
El año 2007 marcó el inicio de la peor crisis económica enfrentada por Estados Unidos desde la Gran Depresión de 1929. La ruptura de la burbuja inmobiliaria estadounidense desencadenó una crisis financiera global que trajo consigo caos en los mercados internacionales, la quiebra de instituciones financieras, múltiples rescates gubernamentales y la congelación del crédito. La Gran Recesión (2007-2009) provocó un aumento en la tasa de desempleo en Estados Unidos, alcanzando su punto máximo en octubre de 2009 con un 10 %. Los sectores laborales más afectados fueron la industria de servicios y la construcción, donde una gran cantidad de migrantes mexicanos encontraba algún empleo. Los migrantes zapotitecos insertados principalmente en la industria de servicios en la ciudad neoyorquina se vieron fuertemente afectados (Lee, 2014).
Los efectos de ese periodo en la migración de mexicanos hacia Estados Unidos se manifestaron en la reducción de oportunidades laborales, el aumento del control fronterizo por parte de las autoridades estadounidenses, altas tasas de desempleo y un clima hostil en dicha nación, lo cual contribuyó al incremento en el retorno de mexicanos al país. En 2010, se produjo un evento inédito en el flujo migratorio: por primera vez, el número de mexicanos que regresaron al país superó al de los que emigraron hacia Estados Unidos. Según el Pew Hispanic Center (2015), entre 2009 y 2014, aproximadamente un millón de mexicanos regresaron a México. Además, en 2009, se estima que el flujo migratorio promedio hacia Estados Unidos decayó a 140,000. Entre 2010 y 2019, la población de mexicanos en Estados Unidos disminuyó un 7 % comparado con su punto más alto registrado en 2008, donde alcanzó la cifra récord de 12.8 millones (Bada y Fox, 2021). Nuestra muestra, representada en las figuras 1 y 2, refleja consistentemente estas tendencias, mostrando una disminución en el número de migrantes zapotitecos que se desplazan hacia el norte y un aumento en el número de retornados a la localidad.
Además del refuerzo de la frontera y su vigilancia, la creciente presencia del crimen organizado en México ha impactado al flujo de mexicanos. El crimen organizado ha incrementado su presencia en la frontera, controlando las rutas del tráfico de personas y haciendo que el cruce fronterizo sea cada vez más costoso y peligroso, sin garantizar que este se concrete de manera exitosa (Lee, 2018).
RESULTADOS DE LA ETNOENCUESTA 2024: FLUJOS MIGRATORIOS A ESTADOS UNIDOS DE PRIMERA SALIDA Y FLUJOS DE RETORNO
A MÉXICO
Figura 1. Flujo migratorio de zapotitecos hacia Estados Unidos: primera salida
Fuente: etnoencuesta enero de 2024.
La figura 1 muestra que, en el año 2000, debido a la vulnerabilidad económica pos-tlcan, eventos históricos importantes influenciaron la migración, como los ataques del 11 de septiembre de 2001 y la Gran Recesión en 2008. Sorprendentemente, el año 2023 registró el pico más alto de migración, a pesar de las restricciones fronterizas y los mayores riesgos asociados con la migración irregular debido a la pandemia de covid-19.
Figura 2. Flujo migratorio de retorno a México
Fuente: etnoencuesta enero de 2024.
La figura 2 exhibe flujos de retornos significativos entre 1987 y 1989, así como entre 1994 y 1997, asociados con la circularidad de la migración en esa época. Los años 2000-2003 reflejan una respuesta a la recesión económica experimentada en la ciudad de Nueva York después del 11 de septiembre, particularmente afectando al sector de servicios. Los picos entre 2008 y 2010 coinciden con la Gran Recesión, caracterizada por una disminución en la oferta de empleo en el sector servicios y las condiciones hostiles hacia las personas migrantes. A medida que la travesía fronteriza se tornaba más peligrosa y costosa, se redujo la migración circular. Durante los años 2013 a 2018, observaciones etnográficas sugieren una tendencia a posponer el retorno, indicando una adaptación a las condiciones cambiantes del flujo migratorio. Por último, durante el periodo de 2020 a 2022, las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia de covid-19 limitaron los retornos a Zapotitlán. A pesar de los recortes en el sector de servicios, muchos mexicanos continuaron trabajando durante este periodo, ocupando las primeras filas de trabajadores esenciales durante la pandemia.
TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE: IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LA MIGRACIÓN MEXICANA A ESTADOS UNIDOS
El distanciamiento social, el cierre de fronteras y las restricciones de viaje de las autoridades estadounidenses para hacer frente a las adversidades de la pandemia covid-19 afectaron el flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos entre 2020 y 2022. La crisis sanitaria representó un aumento significativo en la exacerbación de la precarización y vulnerabilidad de las comunidades migrantes en Estados Unidos y en especial para zapotitecos (Lee y D’Aubeterre Buznego, 2022). La implementación de políticas como el Título 42, destinadas a restringir aún más el flujo de personas cruzando la frontera bajo el argumento de salvaguardar la salud pública, se sumó a otras restricciones migratorias ya vigentes, lo cual creó un obstáculo adicional para aquellos en busca de oportunidades laborales en el país vecino (Del Monte Madrigal, 2023). La incertidumbre económica y sanitaria generada por la pandemia desalentó a muchos mexicanos de aventurarse a cruzar la frontera. Para aquellos que decidieron arriesgarse, el camino fue más peligroso y costoso, lo que se reflejó en la disminución del número de emigrantes hacia Estados Unidos (figura 1). Alberto, un migrante experimentado que había cruzado la frontera en 2011 y que intentó hacerlo nuevamente en 2022 con su hijo adulto, nos compartió el arduo recorrido que realizaron en el desierto, siendo capturados y deportados en dos ocasiones por las autoridades estadounidenses. Después de más de quince días en la frontera y ante la evidente dificultad y peligrosidad del cruce, Alberto y su hijo decidieron regresar a Zapotitlán, acumulando una deuda de usd 8,000. Durante la pandemia, a pesar de la pérdida de empleo y la incertidumbre causada por la crisis sanitaria, un gran número de mexicanos decidieron permanecer en Estados Unidos, considerando el elevado costo actual del cruce y la dureza de la frontera. Como mencionó Rodrigo, un migrante que regresó en 2023, la mentalidad se tornó en «aguantar hasta más no poder», ya que, si regresaban a México, no sabrían cuándo podrían volver a Estados Unidos. Muchos de los migrantes insertados en sectores como la agricultura, la industria alimentaria y la atención médica se convirtieron de la noche a la mañana en trabajadores esenciales, pasando de ser indeseados a «héroes» de la pandemia, lo cual minimizó la condición de incertidumbre y precariedad ante la situación (Lee y Vázquez, 2020).
En la figura 2, nuestra muestra evidenció que durante la pandemia hubo un bajo número de retornados, atribuible a que muchos migrantes, insertados en el sector de servicios, ocuparon roles de trabajadores esenciales. Tal fue el caso de Rodrigo, quien en la emergencia sanitaria se encargó de hacer entregas de comida a hospitales. A pesar de que volvió en 2023, en la entrevista no atribuyó su retorno a la pandemia de covid-19, sino que después de 25 años fuera consideró que era el momento de regresar e iniciar un nuevo proyecto de vida en Zapotitlán.
CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN
Desde su acelerada incorporación al flujo migratorio en las décadas de 1980 y 1990, una combinación de factores estructurales ha influenciado la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, tales como la implementación del neoliberalismo en México, que afectó las condiciones de subsistencia —principalmente en el sector rural mexicano—. Estos cambios provocaron una acelerada incorporación al flujo migratorio hacia Estados Unidos, atrayendo a millones de personas del centro y sur de México, incluidas las personas de Zapotitlán Salinas, donde con anterioridad no existía una tendencia significativa a migrar.
El crecimiento de este flujo no ha sido lineal, sino que está marcado por eventos y crisis económicas que han influido en los patrones migratorios. La Gran Recesión de 2008, por ejemplo, tuvo impactos significativos en este flujo, dada la contracción del mercado laboral estadounidense y el aumento en el número de mexicanos que regresaron a México. Asimismo, la pandemia de covid-19 tuvo un impacto sin precedentes al imponer restricciones de viaje y medidas fronterizas que dificultaron aún más la migración de mexicanos hacia Estados Unidos.
Además, la militarización de la frontera y la creciente violencia en México a manos del crimen organizado contribuyen a un cruce fronterizo más peligroso y costoso. Estos factores transformaron prácticas previamente registradas como la migración circular, en la que los migrantes viajaban entre México y Estados Unidos de manera temporal. Por lo tanto, predomina una tendencia en la cual las y los migrantes optan por una permanencia prolongada en el país receptor.
Contrario a las recientes afirmaciones de fuentes y medios de comunicación que atribuyen la disminución de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos a supuestas mejoras en las condiciones y oportunidades en México, proponemos que este decremento se debe principalmente al creciente proceso de militarización de la frontera, así como al aumento en los costos y riesgos asociados con el acto de migrar. A pesar de estos desafíos, la migración sigue siendo una de las estrategias de subsistencia más importantes entre localidades con perfiles similares al de Zapotitlán Salinas. Como se observa claramente en la figura 1, en el año 2023, el número de personas que viajaban a Estados Unidos alcanzó niveles similares a los registrados en 1994, coincidiendo con la entrada en vigor del tlcan. En lugar de considerar la migración como un evento puntual o un fenómeno estático, en este capítulo pretendemos contextualizar dicho fenómeno dentro de los marcos históricos y estructurales que determinaron su masificación. Desde la década de 1980 hasta la actualidad, las condiciones precarias en México convirtieron la migración hacia Estados Unidos, a pesar de su dificultad y alto costo, en una de las principales opciones de subsistencia para millones de hogares en el país.
Referencias
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Los desafíos lingüísticos en los procesos de integración social, educativa y laboral de la migración de retorno
Dra. Myrna Elizabeth Iglesias Barrón Universidad de las Américas Puebla
INTRODUCCIÓN
En un artículo publicado por Cruz Cortés (11 de septiembre de 2023 en el Sol de Puebla) se destaca la escasa atención a la población migrante de retorno en la entidad poblana y se exponen las pocas oportunidades de empleo formal, a pesar de las ventajas que podría representar para dicha población el hecho de hablar inglés. Si bien en el citado artículo se asume erróneamente que toda persona que ha migrado de regreso de Estados Unidos a México es hablante del inglés, lo cierto es que pone de relieve una situación que ha sido pasada por alto y que está estrechamente ligada a las implicaciones lingüísticas y sociolingüísticas de los procesos de movilidad humana, tales como el bilingüismo, el cambio y la alternancia de códigos, el desplazamiento lingüístico, entre otros. En este capítulo se describen algunos de los fenómenos lingüísticos que surgen del contacto entre lenguas durante los procesos migratorios, así como algunas implicaciones que ello tiene para la integración social, educativa y laboral de la comunidad de retorno en México.
En la literatura académica, periodística y política se usa el término «migración de retorno» para hacer referencia a la situación de personas en movilidad que regresan a su país de origen o al país de origen de sus padres, de forma definitiva o temporal, por voluntad propia o forzada, después de haber vivido en un país extranjero (Cobo Quintero et al., 2021; Durand, 2004; Gandini et. al., 2015; Izquierdo Escribano, 2011). Según los datos proporcionados en el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias de la Secretaría de Gobernación, en el año 2023 retornaron 214,549 connacionales de Estados Unidos a México, entre adultos, jóvenes e infancias; específicamente, en el estado de Puebla, según datos del citado documento, en 2023 regresaron un total de 16,246 personas (Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, 2023, p. 191).
Ahora bien, si tomamos en cuenta que cualquier cambio de vida de un país a otro implica sortear dificultades y sobrepasar condiciones adversas, el término «retorno» podría reducir la complejidad de lo que implica este proceso, dado que la palabra «retorno» sugiere que quienes han emigrado a otro país regresan a un entorno conocido y se integran a las condiciones sociales, familiares, laborales, políticas y económicas preestablecidas de la localidad. Sin embargo, ello está muy lejos de la realidad que enfrentan miles de personas que vuelven por voluntad propia, o de manera forzada, y se torna más problemático aún para quienes salieron del país a muy temprana edad y conservan pocos lazos sociales, familiares y culturales con el país al que regresan.
Cualesquiera que sean los perfiles de la población migrante de retorno, coincidimos con autores como Gandini et al. (2015) y Rivera-Sánchez (2013), quienes invitan a reconocer la importancia de la diversidad de perfiles étnicos, socioculturales y de experiencias en la trayectoria migratoria de retorno. Sin duda, estos factores son determinantes para el proceso de
integración a México. Para Rivera-Sánchez (2013), el proceso de integración de retorno debe ser entendido como el de «agentes sociales que median entre las condiciones estructurales y las subjetivas/objetivas» del entorno (p. 33).
Sin soslayar la heterogeneidad de perfiles de la población migrante de retorno, una característica que comparte la población que ha regresado a México en los últimos años es que se encuentra en edad laboral o educativa (Gandini et. al., 2015; Jacobo y Cárdenas Alaminos, 2018). Es por esta razón que su acceso a la educación o a oportunidades de trabajo resulta clave para facilitar su proceso de integración y participación en la sociedad. Aunque ello podría representar una ruta viable para este proceso, las expectativas de encontrar nuevas oportunidades chocan con la realidad de las experiencias de discriminación, estigmatización social, problemas burocráticos, retos económicos y condiciones de empleo al regreso (Anderson y Solís, 2021; Silver, 2018).
En este sentido, las observaciones de Rivera-Sánchez (2013) indican que la integración de las personas migrantes de retorno depende de las condiciones sociales y económicas entre las comunidades de salida y retorno, y de una compleja dinámica de intercambio de bienes materiales, sociales y culturales. Así, según esta autora, el retorno ocurre en un «tercer espacio» que no necesariamente es el país de origen sino un lugar alterno que forma parte de un proceso «de atravesar diversas fronteras y circular constantemente por diferentes lugares, finalmente como parte de la experiencia de las movilidades entre sociedades desiguales» (Glick-Schiller en Rivera-Sánchez, 2013, p. 61).
INTEGRACIÓN SOCIAL
En el episodio 2 del podcast Pochas so what? Loredo y Leni (2021) razonan sobre ello. Además de inspeccionar cómo se entretejen las conexiones personales y sociales entre los dos países, sus observaciones apuntan a cómo se construyen los puentes culturales entre los lugares de experiencia vivida después de la deportación o el regreso voluntario. Asimismo, estas reflexiones exploran las diferentes adscripciones identitarias que la población migrante de retorno experimenta: como mexicano, latino, dreamer, mexicano-americano, pocho, hispano.
Este ejercicio de búsqueda transcurre en español y en inglés, e ilustra con claridad y de manera vívida la complejidad de este encuentro con una nueva identidad translingüe1 y translocal, de aquí y de allá, ni de aquí ni de allá (Anderson y Solís 2021; Loredo y Leni, 2021). Y es que otro de los impactos significativos en los procesos de movilidad humana es el contacto entre las lenguas de sus hablantes. Como resultado de esta interacción, los perfiles lingüísticos de las personas migrantes de retorno a México son diversos y reflejan la vitalidad de dichas interconexiones culturales y lingüísticas.
Entre la población migrante de retorno se encuentran hablantes monolingües del español, hablantes monolingües del inglés, hablantes multilingües, español, inglés y lenguas originarias de México y hablantes bilingües del español y el inglés (Anderson y Solís, 2021). Aunque los datos que se integran en los boletines sobre las personas migrantes de retorno no incluyen un censo o registro de los repertorios lingüísticos, las implicaciones sociales y políticas de estos perfiles son importantes, ya que estos factores contribuyen al perfilamiento de la identidad lingüística personal y la dinámica comunicativa de las comunidades.
1 La habilidad translingüe se describe como aquella capacidad que tienen los hablantes bilingües o multilingües de usar los recursos de dos o más códigos lingüísticos diferentes de manera flexible para maximizar su capacidad comunicativa. El término se adjudica a Cen Williams (1996) y actualmente se usa ampliamente en el área educativa de segundas lenguas y lenguas extranjeras (Marreo-Colón, M., 2021).
Algunos ejemplos que ilustran lo anterior se pueden ver en Lxs Otrxs Dreamers de Anderson y Solís (2021). En esta colección se recopilan testimonios de personas migrantes de retorno que relatan sus experiencias de deportación forzada o regreso voluntario de Estados Unidos a México. Mediante la combinación de fotografías y relatos, estos testimonios, sinceros y entrañables, abordan anécdotas de encuentros y desencuentros, ilusiones y desencantos en sus experiencias de deportación, regreso voluntario y retorno. Además de las vicisitudes administrativas, económicas y personales que deben enfrentar los migrantes de retorno, estas historias están marcadas por las dificultades, desafíos y discrepancias surgidas a causa de sus diferentes perfiles lingüísticos, tanto en las experiencias de retorno, como en las de integración en México. Un ejemplo que ilustra vívidamente estas experiencias es el recopilado en Anderson y Solís (2021):
Mi hijo ha sido víctima de bullying (desde abuso físico hasta psicológico) en las escuelas, por sus compañeros y algunas veces hasta por maestros. Al no hablar bien el español, los niños se burlaban de él y le decían sobrenombres como «pocho» y «gringo». (p. 211)
Un nuevo ejemplo que ilustra este fenómeno se encuentra en el trabajo de Da Cruz (2018). Por medio de la recopilación de entrevistas biográficas, este autor nos comparte detalles de las vivencias y percepciones de las personas migrantes de retorno en México. Entre las problemáticas y desavenencias que se reportan, algunas de las personas entrevistadas comentan sobre la estigmatización que han recibido por hablar inglés o por el acento del inglés al hablar español: «as a result, many felt isolated, misunderstood, and even discriminated against because of their appearance or the way they spoke Spanish and some felt judged because of their behaviour» (Da Cruz, 2018, p. 49).
Esta estigmatización se debe, en parte, a que el español que se habla en Estados Unidos es una variante del español caracterizada por las influencias de otras variantes dialectales como el español dominicano, cubano o mexicano, y del inglés norteamericano (Betti, 2010). Algunos ejemplos que ilustran lo antes mencionado incluyen calcos lingüísticos del inglés como «te llamo pa´ atrás» (call you back), préstamos lingüísticos como el de «carpeta» por alfombra (carpet), el uso de la interjección «oh!», el uso de muletillas como «humm», o la utilización de marcadores del discurso como so. Además, se identifican palabras «españolizadas» como «chipero» o interjecciones tabú como «soramabiche» por son of a bitch, como lo documenta Zentella (1998, en Betti, 2010). Además de las influencias en el vocabulario, el significado de palabras o frases, la pronunciación de las palabras españolas también tiene marcas de transferencia de la fonética del inglés al español.
Estas «innovaciones lingüísticas» representan un repertorio diferente en la lengua española que autores como Betti (2010, 2016) y Moreno-Fernández (2009) relacionan con el término spanglish debido a su naturaleza como mezcla entre el español e inglés, o viceversa. El uso de este término es controversial y ha sido objeto de crítica y estudio desde diversas perspectivas, incluyendo las históricas, políticas, sociales y lingüísticas (Betti, 2010; Otheguy y Stern, 2011). Al respecto, Betti (2011) ve en el uso del spanglish una manifestación «algunas veces mestiza, híbrida, a veces rebelde, pero siempre expresión de una vida in-between, que les hace únicos» (p. 34).
Aunque existe un consenso entre los estudiosos de este tema en reconocer en estas prácticas una habilidad lingüística creativa y no una limitación, algunas de estas formas han sido objeto de estigmatización. Ello refleja las dinámicas sociopolíticas que influyen en la percep-
ción del prestigio de las variantes lingüísticas. Al respecto, Flores y Rosa (2017) proponen un análisis de las intersecciones entre las categorías raciales y lingüísticas en las experiencias cotidianas de los hablantes. De este modo, la asignación de valor que se hace a diferentes variantes lingüísticas está influida por ideologías «raciolingüísticas»; es decir, la serie de creencias, actitudes y prejuicios que se hace desde los círculos de poder para valorar o estigmatizar el uso que hacen grupos étnicos o de clase socioeconómica específicos.
Bajo esta perspectiva raciolingüística, Flores y Rosa (2017) señalan que el papel del oyente desempeña un papel crucial en la asignación de valor a las formas lingüísticas que se usan para la comunicación. Esta valoración social tiene afectación significativa para la población migrante de retorno en sus procesos de integración social, educativa y laboral, dado que el acento, el uso de préstamos del inglés al español, el uso de calcos del inglés, el uso del spanglish, e incluso la preferencia por la utilización del inglés en lugar del español resultan objeto de escrutinio y prejuicio por parte de la sociedad receptora una vez que regresan a México.
INTEGRACIÓN ESCOLAR
La integración al sistema educativo en México es otro de los contextos donde la población migrante de retorno enfrenta desafíos lingüísticos. Ello es especialmente relevante entre la llamada generación 1.5. Según los datos que reportan autores como Da Cruz (2018) y Silver (2018), estos jóvenes utilizan el inglés, que es la lengua dominante en este país de emigración, para la socialización escolar y otras actividades fuera del ambiente familiar, mientras que alternan con el español para la comunicación familiar y comunitaria.
Ahora bien, investigadores como Polinsky (2014) y Potowski (2011; 2018) coinciden en la caracterización de la lengua que se usa para la socialización comunitaria y familiar como lengua de herencia. Este término resulta polémico, dado que una definición del término depende de muchos factores, tales como la variedad del español que la familia heredante habla, el nivel de escolarización de sus usuarios en español e inglés, el grado de contacto entre los dos idiomas y la integración del hablante en la sociedad de acogida, además de la práctica o necesidad de uso de los dos idiomas en la vida diaria (Potowski 2011; Zentella, 2014).
Asimismo, como lo observa Polinsky (2014), resulta importante tomar en cuenta las consideraciones sociopolíticas en torno a este perfil lingüístico. Las lenguas de herencia suelen encontrarse en desventaja en comparación con la lengua dominante del país de inmigración, ya que son percibidas como propias de una minoría étnica o migrante, y por ello carecen del mismo prestigio. Esto es lo que señala Potowski (2011), en cuanto a que las lenguas de herencia presentan características que difieren de la variante estándar, y por ello suelen ser estigmatizadas y discriminadas.
Algunos ejemplos de estas formas peculiares del español como lengua de herencia han sido documentados en Potowski (2018); por ejemplo, la conjugación en segunda persona del singular del presente de indicativo, tú «dijistes» en vez de «dijiste», o la conjugación en presente de subjuntivo como «aiga» en vez de «haya». Esta misma autora también registra formas antiguas del español en el repertorio lingüístico de los hablantes de herencia. Ello se debe a que estas formas se usaban en regiones remotas en México, en donde no sufrieron cambios y más tarde fueron llevadas a Estados Unidos por los abuelos de los ahora herederos de la lengua. Una muestra de ello es la palabra «ansina» por «así», que ahora se ve como forma no estándar del español (Potowski, 2018).
Además de estas consideraciones es importante resaltar que, tal como se documenta en Rosa (2018), el sistema escolar en Estados Unidos tradicionalmente ha privilegiado prácticas monolingües en inglés. De este modo, las actividades escolares como el tomar notas, discutir, argumentar, hacer síntesis y analizar textos o evaluar información en mapas, tablas o estadísticas son tareas que se llevan a cabo principalmente en inglés, lo cual podría dificultar a los hablantes de lengua de herencia el uso del español para la redacción de ensayos y otros documentos escolares, la lectura de textos académicos o con lenguaje técnico o especializado y la elaboración y producción oral de discursos académicos. Con el objetivo de recabar información respecto a los retos específicos que experimentan estudiantes universitarios en su integración a la vida académica-escolar, en una universidad privada en el estado de Puebla se realizaron entrevistas a nueve estudiantes estadounidenses hablantes del español como lengua de herencia, inscritos en diferentes programas de licenciatura (entrevista Iglesias y Mejía, Puebla, 2018). Los datos obtenidos de dichas entrevistas fueron analizados con base en un enfoque de análisis cualitativo, en el que se aplicaron las herramientas del análisis crítico del discurso (acd, por sus siglas), que de acuerdo con Van Dijk (2016) es una perspectiva crítica mediante la cual se pueden encontrar marcas o pautas en el discurso que «se centra en las formas en las que las estructuras discursivas representan, confirman, legitiman, reproducen o desafían las relaciones de abuso de poder (dominación) en la sociedad» (p. 206). En el análisis de las narrativas de los estudiantes entrevistados se fijó como objetivo identificar distintos factores externos, tales como las actitudes sociales que influyen en las experiencias y retos de los hablantes de lengua de herencia para su integración a la vida académica universitaria.
En las nueve entrevistas, el análisis se centró en la respuesta narrativa de los aprendientes ante las experiencias de conflicto lingüístico en sus clases o en su interacción con compañeros de clases o profesores. En todas las entrevistas se identificaron aserciones sobre la evaluación negativa de profesores u otros pares sobre su manejo del idioma español. Algunos ejemplos que ilustran lo antes mencionado se encuentran en las siguientes narrativas:
El participante A explica:
Es que no te entiendo, exprésate bien, si […] entonces eso es un detalle muy fuerte para mí, que muchas personas [no me] entienden, cuando de verdad sé lo que estoy hablando.
El participante B explica:
Otra parte era la parte escritura, a lo largo tanto [aquí] en [estudiante menciona dos instituciones] como aquí en […] los profesores me decían que ese no es mi problema, así como no sabes escribirlo bien, pues es que «no (hay) excusas ¿no?, porque estás aquí en México». Y yo así [como que] de bueno, pues estoy tratando, de verdad me estoy esforzando, lo reviso y para mí según está bien, pero para otras personas […] es que te falló este, y te falló el otro.
El participante C comparte:
Pero el profesor que me tocó en ese entonces era psicólogo, me decía «es que no puedo creer que estés aquí en México y ya estás aquí por cuatro o cinco años, y no conozcas el español». Y no es que no lo conozca, tengo el idioma, lo sé hablar, lo sé escribir, sí me falla la escritura, me fallan los acentos, pero sé que es un proceso.
El participante D comparte:
Yo casi lloro ese día, yo dije yo creo que nunca en mi vida nunca tuve un curso tan difícil. No por el curso, sino por el profesor que aparte es psicólogo. Me decía «¿Cómo sé que no me estás mintiendo? ¿Cómo sé que haber estado, tú al haber estado aquí tanto tiempo ehh [...] no hayas aprendido el español?» (entrevistas por Iglesias y Mejía, Puebla, 2018).
Estos testimonios revelan que el desempeño de dichos estudiantes se ve doblemente cuestionado. Por un lado, desde el punto de vista lingüístico, dado que no solo se cuestiona su capacidad comunicativa, sino su legitimidad como hablantes de la lengua y esta «incapacidad» se relaciona con su desempeño académico. Autores como Rosa y Flores (2019) explican cómo las ideologías raciolingüísticas, es decir, aquellas que vinculan la apariencia física con la competencia lingüística de ciertos grupos, no solo estigmatizan a quienes no hablan la lengua dominante de manera «correcta», sino que dichas valoraciones también despojan a estos hablantes de su lengua dejándolos en un estado de languagelessness, es decir, «sin lengua», y contribuyendo así a su marginación.
Por esta razón es que resulta crucial implementar estrategias pedagógicas específicas y coherentes con las formas de organizar el conocimiento, propias de hablantes de lengua de herencia. Dichas estrategias deben fomentar de forma paralela el ejercicio de su autonomía y la gestión de su aprendizaje. Tal como lo observan Despagne y Jacobo (2016), la población migrante de retorno, al igual que las comunidades indígenas, requiere de modelos pedagógicos y prácticas escolares alternativas que garanticen mayor equidad e inclusión.
INTEGRACIÓN LABORAL
Si retomamos el artículo del periódico local que detonó estas reflexiones en torno a los desafíos que enfrentan los diferentes perfiles lingüísticos de la población migrante, ahora describiremos algunas adversidades para la integración laboral. En el 2020, la onu identificó un posible aspecto favorable de la movilidad de retorno debido a la pandemia del virus covid-19, al destacar que dicha población podría apoyar en la recuperación de sus economías locales. Ello, según se señala en la entusiasta nota de dicho organismo, se debe a que las competencias, habilidades y talentos que esta población ha desarrollado en su estancia en el país vecino podrían representar una ventaja competitiva en integración laboral en el país de retorno (Noticias onu, 2020).
Al respecto, se han hecho diversos estudios sobre el impacto de la experiencia migratoria en el desarrollo de habilidades y competencias laborales de la población migrante de retorno. Rivera Sánchez (2014) destaca el concepto de «remesas socioculturales», al señalar cambios positivos en algunos hábitos de trabajo, actitudes y participación ciudadana crítica. También Jacobo y Cárdenas Alaminos (2018) reconocen que la población migrante de retorno trae consigo perfiles que pueden representar una ventaja para ellos. Sin embargo, otros estudios, como el de Padilla Flores y Jardón Hernández (2014), observan que las habilidades adquiridas durante la experiencia migratoria no suelen traducirse en beneficios tangibles para los migrantes que regresan, debido a la falta de reconocimiento y certificación de sus habilidades técnicas, conocimientos específicos y competencias.
En el estado de Puebla, el Instituto Poblano para la Atención al Migrante en Puebla (ipam) fue creado para ofrecer asistencia tanto a personas migrantes en Estados Unidos como a mi-
grantes que regresan a esta entidad. Entre las actividades que dicha dependencia realiza se incluye la gestión de documentación, la convalidación de estudios y orientación para la integración laboral. No obstante, de acuerdo con la información recabada por medio de entrevistas con gestores administrativos de este instituto, una de las dificultades que la población migrante de retorno experimenta en la búsqueda de un empleo es la de aprovechar su perfil bilingüe inglés-español.
Ello se debe en proporción a que las empresas solicitan los resultados de exámenes de inglés estandarizados para validar la suficiencia de los hablantes. La mayoría de dichos exámenes como el toeic, toefl, tefl, aptis incluyen secciones de ejercicios de gramática, comprensión lectora y tareas de producción escrita. Esto representa una desventaja para las personas migrantes que informan haber adquirido el dominio del idioma mediante la interacción en el trabajo, en la vida cotidiana y en las experiencias sociales y culturales. El testimonio recogido en Da Cruz (2018) da cuenta de ello:
But if you ask someone who studied English here what is past perfect and why you say it that way and not this way, they can explain it to you because they studied English like this at school. But I can’t, because my English is native. So, I can tell you when you said it wrong, but I can’t explain why. (p. 50)
Por otro lado, un sector de interés para migrantes de retorno bilingües es el de las empresas de telemarketing y centros de atención telefónica (call centers). Para Da Cruz (2018), estos últimos representan una oportunidad laboral para los migrantes de retorno, sobre todo para los jóvenes retornados que pertenecen a la generación 1.5. Ello se debe a que en dichos centros el personal debe hablar fluidamente el inglés, con un acento lo más cercano al de un hablante nativo, tener un conocimiento de «el aquí y el ahora» de la cultura anglosajona y estar familiarizado con la realidad contemporánea de países angloparlantes. Además, según las investigaciones de Da Cruz (2018) y Silver (2018), trabajar en los call centers ofrece una oportunidad única en las grandes ciudades, donde se puede laborar y socializar en inglés. Una demostración de ello lo ilustra el testimonio recogido por Silver (2018):
You’re so used to seeing people that speak English, especially in call centers. That’s why most of us work there. In a way, it makes you feel like you’re back home, you know? And then we’ll go clubbing and go grab a couple of beers, speak English, so it makes you feel at home. (p. 218)
Aunque las vacantes de empleo en los call centers representan una opción laboral y un espacio para crear comunidad, Silver (2018) observa que el trabajo en dichos centros presenta algunos desafíos. Por un lado, el trabajo se realiza en jornadas rotativas que pueden resultar extenuantes, y al tener que resolver problemas de clientes demandantes e insatisfechos, la tarea puede resultar poco valorada y presionante. Además, estos centros generalmente no ofrecen especialización ni hay expectativas de continuidad a largo plazo.
PLANEACIÓN Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Como se ha ilustrado, los distintos repertorios lingüísticos de la población migrante de retorno juegan un papel importante para su integración a México y a nuestra entidad en el contexto social, educativo y laboral. Por ello es crucial que las condiciones para la reintegración
de esta población promuevan su desarrollo con igualdad de oportunidades. Una herramienta fundamental para promover la equidad es la implementación de una planeación y política lingüística acorde con estas necesidades.
A nivel federal, desde la modificación al artículo 2 de la Constitución en 2002, se reconoce la configuración multicultural del país y se establecen las responsabilidades del Gobierno para promover y garantizar las políticas necesarias para el uso, presencia y representación de las lenguas indígenas en el territorio nacional (Morris-Bermúdez, 2007). Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos las ideologías imperantes han dado lugar a prácticas educativas que favorecen a hablantes monolingües (Despagne y Jacobo Suárez, 2016). Ello ha contribuido a fenómenos de bilingüismo sustractivo en detrimento de las lenguas originarias de México. Desde una perspectiva crítica, Ricento (2006) subraya que cualquier proceso de planeación lingüística debe adherirse a principios de justicia lingüística. Esto implica que los lineamientos y directrices no solo garanticen los derechos básicos mencionados previamente, sino que también promuevan una representación digna de las lenguas y la posibilidad de una autoidentificación de sus hablantes. Además de tomar en cuenta a las lenguas originarias, una planeación y política lingüística debe considerar las lenguas de las poblaciones migrantes. La ausencia de estas medidas, como lo advierte Zavala (2019), puede resultar en «discontinuidades lingüísticas y culturales» que impactan negativamente a ciertos grupos, como a la población migrante de retorno, lo que dificulta su plena participación en la sociedad y su desarrollo integral.
CONCLUSIÓN
En definitiva, podemos ver, por medio de las observaciones en narrativas y testimonios de la población migrante de retorno al estado de Puebla, la importancia de tomar en cuenta los aspectos lingüístico-culturales en los procesos de integración de dicha población en nuestra entidad. Ello se vuelve crucial para que esta población pueda participar de una forma plena y en igualdad de oportunidades en contextos laborales, educativos y sociales. Las necesidades y oportunidades que devienen de la diversidad de repertorios lingüísticos de la población migrante de retorno debe ser entendida, atendida y tomada en cuenta para la planeación y el lineamiento de políticas lingüísticas con perspectiva de justicia lingüística. De tal modo que, como lo comenta Einar Haugen (1973) en su documento «The Curse of Babel», la diversidad lingüística no es un problema, a menos de que se utilice como base para la discriminación, «language [diversity] is not a problem unless it is used as a basis for discrimination» (p. 57).
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La diversidad de perfiles migrantes en Puebla y la política migratoria estatal
Dra. Adriana Sletza Ortega Ramírez Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Dra. Cristina Cruz Carvajal
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
INTRODUCCIÓN
A partir del siglo xxi, en Puebla han acontecido transformaciones relevantes en las dinámicas migratorias internacionales. Mientras a principios de siglo la emigración hacia Estados Unidos era la más visible y a la que el Gobierno estatal brindó mayor prioridad por medio de las políticas públicas, en la última década ha cobrado más relevancia la migración de retorno, el tránsito, la inmigración, así como la presencia de personas que requieren protección internacional, y que solicitan la condición de refugiado y la tarjeta de visitante temporal por razones humanitarias. A partir de la revisión de datos cuantitativos de las estadísticas migratorias también se revela la importancia que están cobrando las migraciones femeninas.
Este capítulo tiene como objetivo examinar los diferentes perfiles migratorios que se localizan en Puebla, en contraste con los objetivos de la política del Gobierno del estado de esta ciudad en materia de atención a migrantes a través del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (ipam). Ello debido a que esta institución ha tenido un enfoque centrado en la emigración internacional de personas originarias de Puebla que radican en Estados Unidos y aquellas que han retornado de ese mismo país. Por lo anterior, las preguntas de análisis que se plantean en este texto son las siguientes: ¿cómo han cambiado los perfiles migratorios en Puebla a partir del siglo xxi?, ¿cómo propone el Gobierno poblano su política migratoria a partir de 2019?, y ¿por qué se requiere un enfoque de género e interseccionalidad en las políticas para migrantes en Puebla?
Para cumplir su propósito, el texto se divide en tres secciones. En el primer fragmento se presentan los perfiles migratorios en Puebla, donde se brindan datos cuantitativos de inmigración y emigración, retorno por municipio, población poblana nacida en el extranjero, eventos de detención y solicitudes de refugio, con el fin de mostrar y caracterizar a grandes rasgos a la diversidad de poblaciones migrantes internacionales. En la segunda parte se evalúa el papel del ipam, cubriendo el periodo de análisis de 2019 a 2022, que incluye al gobierno de Miguel Barbosa y el inicio del gobierno de Salomón Céspedes; en esta evaluación se consideran los objetivos que se plantearon y las acciones reportadas. También se incorpora una tercera sección sobre problemáticas de género, donde se presentan los riesgos y vulnerabilidades por las que atraviesan las mujeres migrantes en Puebla, así como la necesidad de implementar políticas públicas dirigidas hacia este sector específico bajo la perspectiva de género. Para el desarrollo de este texto se sigue una metodología de tipo cuantitativo, basada en investigación en diversas fuentes, como las emanadas del inegi, Segob, Comar e ipam. Para el apartado de «Problemáticas de género» se utilizó la metodología cualitativa por medio de la etnografía, dado que en él se incorporan observaciones sobre este tipo de investigación. En ese sentido, la etnografía se ha realizado a largo plazo, desde el año 2017 a la actualidad,
lo cual ha sido posible gracias a la constante presencia de personas migrantes en territorio poblano. La investigación se refuerza con investigación en fuentes que abordan la temática en el entorno poblano.
PERFILES MIGRATORIOS EN PUEBLA
Las dinámicas de movilidad humana y migraciones internacionales en Puebla han presentado cambios importantes en las últimas dos décadas, desde el año 2000. Los flujos migratorios más relevantes y visibles son la emigración internacional, migrantes en retorno desde Estados Unidos, la migración en tránsito, migrantes con estatus migratorio temporal, solicitantes de la condición de refugiado y personas refugiadas. También se articula una mayor preponderancia de estas dinámicas en los municipios de la zona metropolitana de la capital poblana, en conjunto con un aumento en las estadísticas de mujeres migrantes.
Ahora bien, es importante mostrar la evolución histórica de la emigración y la inmigración internacional en Puebla durante dos décadas para contextualizarla. Mientras que en el año 2000 emigraron internacionalmente 70,385 personas, y en 2010 fueron 73,458, en el año 2020 lo hicieron 31,404, lo que representa una disminución muy relevante. En oposición, la inmigración internacional en el año 2000 fue de 11,527, mientras que en 2010 fueron 24,076 personas, y en el 2020 se movilizaron 30,819 personas, lo que implica un crecimiento sostenido, que además tiende a un saldo migratorio internacional más equilibrado. Todo se puede observar en la gráfica 1.
Además, la información de los censos muestra que la composición por sexo difiere mucho entre los procesos de emigración e inmigración. Asimismo, al diferenciar entre hombres y mujeres, la emigración internacional tiene un componente mayoritariamente masculino, mientras que la inmigración refleja una composición más igualitaria.
Gráfica 1. Emigración e inmigración internacional, Puebla (2000-2020)
Fuente: elaboración propia con datos del inegi (2000, 2010, 2020).
En particular, el censo del inegi de 2020 reveló algunos datos estadísticos migratorios a tomar en cuenta debido a su importancia para municipios del área metropolitana de la ciudad de Puebla. En emigración internacional —en el periodo de 2015 a 2022— destacaron los siguientes cinco municipios: Puebla capital (21.3 %), Atlixco (3.4 %), Tehuacán (3.2 %), San Andrés Cholula (2.6 %) y Acajete (2.3 %). Esto refleja la concentración de población en esta zona, así como el número de emigrantes internacionales. Respecto a la migración de retorno en ese mismo periodo, si bien hay una mayor diversidad en contraste con la emigración, también se destacaron los siguientes municipios: Puebla capital (15 %), Atlixco (4.6 %), Tehuacán (4.1 %), San Andrés Cholula (4 %) e Izúcar de Matamoros (3.4 %), como se muestra en la gráfica 2, donde se especifica el número de personas en retorno.
Gráfica 2. Migrantes en retorno por municipio en Puebla (2015-2020)
SanAndrésCholulaIzúcardeMatamorosSanPedroCholula
Fuente: elaboración propia con datos del inegi (2020).
ChietlaHuejotzingoHuaquechula
Además, en relación con la población nacida en el extranjero, el censo del inegi de 2020 reportó que los siguientes municipios revisten una mayor importancia: Puebla capital (24.4 %), San Andrés Cholula (9 %), Atlixco (4.1 %), San Pedro Cholula (4 %) e Izúcar de Matamoros (3.5 %). Asimismo, esa información revela que los cinco principales países de origen de esta población son Estados Unidos (64.3 %), Venezuela (5.7 %), Colombia (4.5 %), España (3.25 %) y Alemania (2.9 %), lo cual se aprecia en la gráfica 3. Los datos sobre Estados Unidos son relevantes porque incluyen a poblaciones menores de 18 años que pueden ser hijos de personas mexicanas que nacieron en ese país y cuentan paralelamente con nacionalidad mexicana, es decir, población binacional.
Gráfica 3. Población en Puebla nacida en el extranjero por país de nacimiento (2020)
Fuente: elaboración propia con datos del inegi (2020).
Respecto a la migración en tránsito por la entidad, se debe tomar en cuenta que no es fácilmente cuantificable. Y oficialmente solo se pueden revisar los datos que proporciona el Instituto Nacional de Migración (inm), tales como las personas que fueron detenidas y llevadas a una estación migratoria por no contar con documentos; o en el caso de menores de 18 años que fueron canalizados a albergues, como establece la legislación. Además, el estado de Puebla únicamente tiene una estación migratoria que se ubica en la capital. Así, los datos estadísticos del inm no necesariamente reflejan el flujo migratorio, sino el resultado de los operativos de esa institución, con el fin de detener a las personas en situación migratoria irregular presuntamente en tránsito por Puebla.
En el periodo de 2013 a 2023, los datos del inm muestran un promedio anual de 4,089 personas detenidas en tránsito irregular en territorio poblano; el año 2022 fue el que presentó una mayor cantidad, con 6,717. El análisis estadístico revela que el 80.6 % del total de las personas en este periodo de diez años provino solo de tres países, que son Guatemala, con 39.28 %; Honduras, con 28 %, y El Salvador, con 13.38 %. Igualmente, destaca la similitud de los números entre poblaciones adultas (presentadas) y personas menores de 18 años (canalizadas), como se puede percibir en la gráfica 4.
Gráfica 4. Eventos de personas migrantes irregulares detenidas por el inm en Puebla (2013-2023)
Fuente: elaboración propia con datos de la Segob-upmrip.
Otro perfil importante es la población con necesidades de protección internacional, debido a que huye de situaciones de violencia o conflicto que ponen en peligro su vida, y solicita en México la condición de refugiado o una visa por razones humanitarias. Lamentablemente, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) no divulga información por entidad federativa de aquellas personas que fueron reconocidas como refugiadas o a quienes se les otorgó protección complementaria. Los datos disponibles para el estado de Puebla son de los individuos que solicitaron refugio ante la Comar y recibieron una tarjeta de visitante por razones humanitarias (tvrh) por parte del inm.
Del mismo modo, existen estadísticas disponibles sobre el número de tarjetas y nacionalidades de las personas a quienes les han sido otorgadas por entidad federativa. En Puebla, los datos de 2018 a 2022 muestran cambios importantes en las principales nacionalidades que las solicitan. En dicho periodo, la principal nacionalidad se trató de oriundos de Venezuela, excepto en 2021, cuando predominó Haití como país de origen. Mientras tanto, la segunda nacionalidad en importancia varió en ese periodo, dado que durante 2018 y 2019 correspondió a personas de nacionalidad cubana con 6.3 % y 10.5 %, respectivamente; en 2020 lo alcanzó Colombia con 14.2 %; en 2021, Honduras con 10 %, y en 2022 Haití con 16.2 % (Segob-upmrip, 2020a, 2020b, 2021, 2022, 2023).
Para complementar la información de personas migrantes que requieren protección internacional, están disponibles las estadísticas de la Comar respecto a las poblaciones que solicitaron la condición de refugiado en Puebla. Los datos disponibles son del periodo de 2013 a 2018 y muestran un incremento notable. Mientras que en 2013 fueron solo seis personas, en 2018 se incrementó a 209. También se revela una presencia destacada de mujeres, dado que incluso en el año 2017 fueron 69 quienes solicitaron la condición de refugiado en Puebla respecto a 38 varones, tal como se aprecia en la gráfica 5.
Gráfica 5. Solicitantes de la condición de refugiado en Puebla, por sexo (2013-2018)
Fuente: elaboración propia con datos de la Comar (2019).
Así, en este breve panorama estadístico —con base en la información disponible— se revelan los cambios presentados en diversos perfiles migratorios en Puebla, los cuales requieren que la política pública considere las necesidades diferenciadas de las distintas poblaciones migrantes. Incluso se observa la importancia que tienen las mujeres migrantes, en especial entre las poblaciones extranjeras que radican en Puebla y aquellas que tienen una tarjeta de visitante por razones humanitarias o han solicitado formalmente la condición de refugiado (por lo que deben esperar su resolución en territorio poblano).
IPAM: OBJETIVOS Y ALCANCES
El Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (ipam) se creó en el año 2017 como organismo público descentralizado para sustituir a la entonces Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos. En su decreto de creación delimitó a las poblaciones migrantes que atiende, que son ciudadanos poblanos en el extranjero y sus familias en sus lugares de origen (Orden Jurídico Poblano, 2017). De esta manera, formalmente todas las acciones del ipam están delimitadas a las poblaciones objetivo, aunque con el paso por Puebla de las caravanas migrantes que recorrieron de Honduras a Tijuana a finales de 2018, la Secretaría de Gobierno estatal y el ipam tuvieron un liderazgo institucional importante y de trabajo conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, la Secretaría de Salud y de Seguridad Pública estatal (Municipios Puebla, 2018). Con esto parecía que el ipam podría cambiar su enfoque limitado y atender a una mayor diversidad de poblaciones migrantes. En el transcurso de la administración de Miguel Barbosa, el Plan Estatal de Desarrollo para el periodo 2019-2024 presentó un enfoque orientado a las causas de las migraciones, sin especificar las acciones a favor de las poblaciones migrantes. Propuso planes de desarrollo regionales con el fin de considerar las especificidades de 32 regiones de la entidad bajo el diagnóstico de que debido «al poco desarrollo de diversas zonas del estado poblano, los habi-
tantes deciden trasladarse a otros estados dentro del país o incluso al extranjero para mejorar la calidad de vida de sus familiares» (Gobierno de Puebla, 2019, p. 21). Incluso estableció un apartado de «Felicidad» como «un tema muy importante para entender el fenómeno migratorio ya que una población que es feliz con su entorno no buscaría cambiar de residencia» (p. 24). Asimismo, dentro de su diagnóstico consideró la problemática del abandono del campo poblano por diversos factores, entre los que destacó la migración urbana, interestatal e internacional (p. 170).
De esta manera, el abordaje planteado por la administración de Barbosa estaba centrado en promover el desarrollo local. En ese sentido, el ipam en funciones reportó sus actividades en sus informes anuales entre 2019 y 2021, los cuales fueron publicados por la Auditoría Superior del Estado (ver tabla 1), en conjunto con acciones concretas de apoyo a migrantes.
Tabla 1. Actividades del ipam 2019-2021
Fuente: elaboración propia con información de la ase (2019, 2020, 2021). 2019 2020 2021
Capacitaciones para ciudadanos poblanos repatriados
Vinculaciones laborales y de autoempleo a ciudadanos poblanos repatriados
Reunificar a adultos mayores con sus familias
381 (Programa Raíces de Puebla)
79 (Programa Certificación de competencias)
200 (Programa Juntos Otra Vez)
87 (Programa Juntos Otra Vez)
Jornadas de promoción de servicios 38 46 13
Trámites de documentos oficiales para ciudadanos poblanos en el extranjero
Repatriaciones de restos mortales de ciudadanos
Apoyos económicos directos
74 (a familiares de migrantes poblanos fallecidos por covid-19 mediante programa de sustento laboral o Start Up Migrante)
175 (a ciudadanos poblanos repatriados para laborar o autoemplearse con el Programa Migrante Emprende)
Como puede observarse en la tabla 1, el ipam se ha centrado en la expedición de documen-
tos oficiales solicitados por personas de Puebla en el extranjero, en ofrecer capacitaciones y certificaciones a personas repatriadas, vincularlos laboralmente o darles apoyo económico para generar autoempleo. También ha implementado programas de visita de adultos mayores a sus hijos migrantes en Estados Unidos (Programa Raíces de Puebla y Programa Juntos Otra Vez), y ofrece el servicio de repatriación de restos mortales a migrantes poblanos que fallecen en el exterior.
En diciembre de 2022, estos programas del ipam se institucionalizaron por medio de la publicación de sus lineamientos y se añadió un nuevo programa denominado Reencuentro Familiar, en dos modalidades: adultos mayores y jóvenes (Periódico Oficial, 20 de diciembre de 2022). El de adultos mayores ya se había realizado previamente, y la nueva modalidad estuvo orientada a jóvenes hijos de migrantes poblanos que viven en Puebla o en Estados Unidos (únicamente en las áreas que atienden las oficinas Mi Casa es Puebla en Los Ángeles, California, Passaic, Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York). Esto se formalizó en diciembre, aunque previamente —en noviembre de 2022— el ipam ya había organizado un viaje de once jóvenes con doble nacionalidad que radican en Nueva York para visitar a familiares en Puebla (Instituto de la Discapacidad, 2022).
En diciembre de 2022, el nuevo titular del Ejecutivo estatal —Sergio Salomón Céspedes— publicó su Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, el cual menciona que se realizaron consultas, entre las que se incluyó a población migrante a través del ipam y se propuso un enfoque interseccional que integra a grupos particulares de identificación, como migrantes (Gobierno de Puebla, 2022, p. 56). Al igual que en el gobierno de Barbosa se estableció que debía priorizarse el campo debido a que «crea empleos y oportunidades, mejora la calidad de vida y mitiga las migraciones forzadas» (p. 98), en el eje 4 del plan dedicado a desarrollo integral, educación y diversidad cultural se incluyó el objetivo de «desarrollar esquemas de atención a migrantes poblanos en el extranjero y en retorno» (p.131).
Si bien este plan propone un enfoque con un lenguaje más inclusivo que incorpora los términos de interseccionalidad y diversidad cultural, de nueva cuenta las únicas poblaciones migrantes que se reconocen son migrantes poblanos y en retorno. Bajo estas limitaciones, la política migratoria de Puebla no reconoce las transformaciones en las dinámicas migratorias internacionales que se han desarrollado en los últimos años, ni los cambios en los perfiles migratorios que se documentan por medio de las estadísticas mostradas en la primera sección de este capítulo.
PROBLEMÁTICAS DE GÉNERO
Como hemos visto, Puebla ya cuenta con una diversidad de flujos de migrantes internacionales. Tradicionalmente, esta entidad era, sobre todo, un lugar de emigración masculina, pero en los últimos años se ha convertido también en un lugar de paso y destino de migraciones forzadas de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, como consecuencia de las crisis económicas y sociales de sus países de origen. Debido a las circunstancias de salida de dichos países, pueden acceder a la condición de refugio; de esta diversidad de perfiles surge la necesidad de crear nuevas políticas migratorias a nivel estatal y de generar elementos que visibilicen y atiendan sus problemáticas.
En particular, como lo demuestran los datos cuantitativos de las gráficas 1 y 5, Puebla también cuenta con una importante presencia migratoria femenina, tanto en datos de emigración e inmigración, como en solicitudes de refugio. Esta situación no visibiliza únicamente a las mujeres migrantes, sino también las formas en las que se pueden analizar sus distintos pro-
cesos de movilidad, lo cual permite crear políticas públicas migratorias con perspectiva de género que contemplen la presencia, agencia y experiencias femeninas en los procesos de migración.
De acuerdo con Hondagneu-Sotelo (2013), se entiende el género como una categoría dinámica y constitutiva de las migraciones, por lo que en la actualidad se observa la necesidad de incorporar una perspectiva de interseccionalidad en las políticas migratorias. Es necesario comprender el género ya que, de esa forma, las mujeres rompen con roles estipulados tradicionalmente por los hombres, en los cuales se les asigna el espacio privado. La mujer migrante, aunque ha ganado visibilidad, continúa estigmatizada, de ahí que haya pocos avances en torno a la creación de políticas migratorias desde un enfoque de género.
Respecto al tema migratorio y el género, se observa que las mujeres migran cuando han agotado todas sus opciones en sus lugares de origen. Su mismo género les dificulta el acceso a distintos tipos de recursos, sobre todo económicos. En la migración, a las mujeres se les asigna las labores de cuidado, al tiempo que están más expuestas a la violencia; de ahí la necesidad de que el Estado reconozca la particularidad de su situación durante su movilidad. Una de las principales causas de la migración femenina es la violencia a la que están sometidas en sus lugares de origen, al punto en que encuentran preferible migrar y enfrentarse a una situación riesgosa, a permanecer en contextos intolerables. De igual manera, es importante reconocer que la violencia sistémica a la que están expuestas sirve para mantener poder sobre ellas. Por otro lado, cabe señalar que la migración trasgrede el orden tradicional de género, de ahí la aplicación de violencia que, a su vez, es un tema invisibilizado en políticas públicas.
Tal como se expuso en líneas anteriores, es necesario reconocer que la migración femenina no solo surge por motivos económicos, sino como medio de escape de la violencia, así como por conflictos políticos y sociales, por la afectación al establecer políticas neoliberales, por reunificación familiar, e incluso debido a problemas medioambientales. Dichos elementos han afectado en mayor medida a las mujeres y han roto los esquemas tradicionales de género. El sur global ha remarcado estas desigualdades y dificultades entre hombres y mujeres, mientras que el norte global ha favorecido la migración internacional, sin perder de vista la situación de tránsito y destino forzado por la que atraviesan las mujeres migrantes, como es el caso de Puebla.
La perspectiva de migración femenina, en particular aquella de origen centroamericano, pasó de enfocarse en el desarrollo surgido a través de las remesas recibidas en las comunidades, a centrarse en los procesos de violencia que atravesaban durante su tránsito por México en la última década. En concreto, después de la crisis de 2008, los objetivos de los Estados se dirigieron a luchar contra la migración, lo cual incluye esfuerzos de detención, deportación y violencia, que a su vez se refleja en el aumento de solicitudes de refugio, como se observa en el caso poblano: «las deportaciones masivas desde EE. UU. y México no han detenido a los centroamericanos, quienes siguen huyendo de la pobreza y la violencia generalizada y de género» (Sørensen, 2021, p. 284).
Al migrar, las mujeres atraviesan diferentes fronteras que han cobrado relevancia a nivel mundial, debido justamente a distintos procesos de movilidad humana, como los que significan y conllevan la migración y el refugio; es importante recalcar que las mujeres migrantes que transitan por México o se quedan en el territorio por imposibilidad de continuar hacia al norte no migran únicamente por situaciones económicas, sino también para salir de la situación de violencia en la que viven. Por su parte, Saskia Sassen (2015) menciona que el aumento de diversos tipos de conflictos en el mundo, así como de desastres naturales, provocan estas
movilidades y expulsiones. Y las mujeres, en particular, se ven muy expuestas y vulnerables. De ahí que el tema de la movilidad humana se haya politizado a nivel mundial. Las movilidades, migraciones y solicitudes de refugio son tan amplias que los Gobiernos comienzan a dar prioridad a los temas migratorios en sus agendas políticas, y a relacionarlos con otras problemáticas, tales como la seguridad nacional y el aseguramiento de fronteras internacionales.
Las políticas migratorias de control de las fronteras, la recepción de personas refugiadas, la detención y la deportación se han convertido en políticas centrales y son la causa por la que los partidos políticos ganan o pierden elecciones en los Estados liberales democráticos en el mundo. Como resultado de lo anterior, las condiciones políticas y sociales de la movilidad física son cada vez más penosas, precarias y peligrosas para las personas migrantes y refugiadas debido a las políticas migratorias en la coyuntura contemporánea. (Cortés Maisonave, 2022, p. 3)
Así, los procesos migratorios involucran a millones de personas que están en situación de tránsito, al tiempo que las afectaciones están presentes tanto en el lugar de origen como en el destino, en las distintas fases migratorias e incluso en el retorno forzado. En el caso de las mujeres se esconde el impacto de esta movilidad en relación con la violencia de género. Ellas, a sabiendas de la violencia a la que se exponen al migrar, rara vez son disuadidas, dada la creciente violencia y situación económica en sus países de origen. Como menciona Cortés, «de hecho, la violencia sexual y de género suele quedar subregistrada y subsumida, oculta en los discursos sobre la criminalidad, desdibujándose así su naturaleza política, histórica y cultural» (2018).
Puebla es un importante expulsor de migrantes hacia Estados Unidos, de ahí que se perciba a la migración de manera distinta a estados que no son expulsores o fronterizos. En general, es un lugar de tránsito para migrantes internacionales por diversas razones, una de las cuales es que en esta entidad circula el tren conocido como La Bestia. Incluso en los ámbitos urbanos, en la ciudad de Puebla es muy común observar lugares de paso estratégicos de este tren (Carrasco González, 2013, p. 178), como la vía que transita por Amalucan o en la colonia Maravillas.
Otro motivo por el que Puebla es elegido como lugar de paso o destino es que cuenta con diversos albergues, sobre todo pertenecientes al ámbito religioso:
En la ciudad de Puebla, un total de cinco albergues y una casa social ubicados en la capital apoyan a los migrantes: San Pablo Xochimehuacán, La Aurora, Nuestra Señora de los Desamparados, San Felipe Hueyotlipan, la casa juvenil El Calvario, Nuestra Señora de la Asunción; y la Casa Social María Auxiliadora. Al interior del estado, la arquidiócesis atiende a los indocumentados en albergues ubicados en Lara Grajales, Soltepec, Amozoc y Esperanza. (Cortés y Manjarrez, 2017, p. 81)
Asimismo, en la ciudad es muy común encontrar a migrantes internacionales en cruceros y en el transporte público, donde solicitan ayuda; incluso, para obtener credibilidad portan identificaciones de sus países de origen. Es así que, dentro del entorno poblano, la migración de diversos orígenes cobra importante visibilidad, aunque también las problemáticas a las que se exponen. De igual forma, Puebla es elegido porque resulta un lugar de paso estratégico desde la perspectiva geográfica, tanto para el descanso como para la continuación de la travesía.
Sin embargo, es asimismo un sitio donde son comunes los asaltos, violaciones, vejaciones, y otros tipos de delitos (Juárez, 6 de febrero de 2024; Sánchez Gavi, 2015, p. 118).
Hace falta prestar mayor atención al caso poblano como lugar de paso y destino de migrantes internacionales expulsados de sus países de origen, y en general, a todo México, pues su presencia es cada vez más constante. Al mismo tiempo, las políticas deben enfocarse a la situación especial de las mujeres, niños y miembros de la comunidad lgbtiq+ que migren, que pasen por Puebla o que decidan establecerse, puesto que, de diversos modos, sus derechos humanos son violentados asiduamente. En cuanto a la migración y los derechos humanos, recordemos que nadie es ilegal y que migrar es un derecho humano, porque cualquier persona debería poder optar migrar para alcanzar su propio desarrollo —incluso si ello conlleva salir de su propio país de origen—, como lo establece en su artículo 13 la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
La diversidad de flujos migrantes recibidos y establecidos en Puebla hace viable el establecimiento de políticas migratorias con perspectiva de género e inclusive de interseccionalidad, la cual se refiere a elementos como el color de piel, origen étnico y la clase, así como a la forma en que estos se entrelazan e interconectan, aumentando las desventajas, subordinación u opresión por las que atraviesan algunas personas; en este caso, mujeres migrantes. Es importante retomar la interseccionalidad en la creación de políticas migratorias, dado que la falta de reconocimiento de las distintas categorías puede provocar análisis simplistas y, por ende, políticas mal concebidas (Bastia, 2021).
Así, es necesario crear y aplicar políticas migratorias bajo el reconocimiento de que la migración y sus implicaciones son asumidas de manera distinta en función de los roles de género. Es imperativa la valoración social y económica de las aportaciones de las mujeres respecto a la reproducción del trabajo, así como en torno a lo social y económico; al no reconocerse, se remarca la invisibilidad de las contribuciones de las mujeres migrantes. Sin embargo, la política migratoria mexicana actual ha pasado por dificultades al no poder crear acuerdos bilaterales con Estados Unidos que favorezcan la garantía de derechos de las personas migrantes y de quienes requieren protección internacional a través de la figura del refugio. Las políticas de dicho país han orillado a México a proteger escasamente los derechos humanos de las personas migrantes, además de que han criminalizado a la población migrante de paso por nuestro país, lo cual se observa con la militarización de las fronteras.
Por ello, es necesario crear políticas migratorias específicas que consideren los diversos aspectos de la migración femenina mediante un enfoque interseccional y de género, tanto a nivel nacional como en el territorio poblano. Asimismo, es vital la confluencia y comunicación entre actores políticos, sector académico, organizaciones defensoras de derechos humanos y la sociedad civil para seguir y evaluar la política migratoria, e implementar acciones congruentes con las necesidades de las diversas poblaciones migrantes y en movilidad.
CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
En las últimas dos décadas han evolucionado rápidamente los perfiles migratorios internacionales en Puebla. En contraste con la tradición histórica de una emigración internacional proveniente de la mixteca poblana hacia Nueva York (Smith, 2006), en los últimos años destacan las dinámicas migratorias internacionales en entornos urbanos en las principales ciudades del estado de Puebla, concentrándose en la zona metropolitana de la capital, como pudimos constatar en las estadísticas que expusimos en la primera sección de este capítulo.
A la dinámica de emigración que continúa se suman migrantes en retorno, inmigrantes internacionales, migrantes irregulares en tránsito, solicitantes de refugio y de tarjetas de visitante por razones humanitarias.
El enfoque de atención a migrantes por parte del Gobierno estatal a través del ipam se ha centrado en las comunidades poblanas en el exterior y en quienes están en retorno voluntario o por deportación. Sin embargo, la diversidad de perfiles y, en particular, el incremento de mujeres migrantes requieren ajustes en el planteamiento de la política migratoria de la entidad.
Aunque en diversas investigaciones académicas se han abordado las causas y perfiles de la migración desde y a través de Puebla (Cortés y Manjarrez, 2017; Ortega Ramírez, Carvajal Cruz y González Ramírez, 2014; Sánchez Gavi, 2015), resulta necesario continuar analizando los efectos de esta movilidad en el estado, así como las políticas implementadas y sus repercusiones entre la misma población migrante. A su vez, el endurecimiento en el trayecto migratorio por México crea nuevas formas de violencia hacia las personas migrantes, especialmente hacia las mujeres, lo cual puede observarse en la militarización de las fronteras bajo el discurso de securitización del territorio. No obstante, a pesar de dichas situaciones, las mujeres asumen los riesgos que implica la migración.
Las gestiones migratorias de los últimos gobiernos de México y Estados Unidos han centrado sus discursos en la seguridad nacional, lo cual conlleva el reforzamiento fronterizo e identifica a las personas migrantes como amenazas de dicha seguridad. Las políticas restrictivas aumentan la vulnerabilidad de los migrantes, que tiende a variar según el perfil de la mujer migrante.
Con base en lo planteado en este capítulo, es importante analizar los procesos migratorios a partir de la perspectiva de género y la interseccionalidad, pues ello permite resaltar y analizar las desventajas de las políticas migratorias y posibilita enmendar sus deficiencias . Además, favorece la comprensión de la manera en que las mujeres ejecutan sus roles al tiempo que atraviesan —y escapan— procesos de violencia. Las mujeres migrantes se agencian, aunque no siempre con éxito, porque las mismas relaciones de género marcan las relaciones de poder. Así, pueden llevar a cabo actividades encasilladas en los propios roles de género, tales como la búsqueda de hombres que las protejan o cuiden durante el tránsito migratorio, la prostitución, labores de tipo doméstico y de cuidado, lo cual refuerza los estereotipos de género. En ese tenor, resulta relevante que las políticas migratorias de Puebla prioricen las perspectivas de género e interseccionalidad, así como las distintas dinámicas y perfiles migratorios.
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Fotografías: Guillermo Yrizar Barbosa
Avance de Puebla en materia legislativa con la propuesta de la Ley de Movilidad Humana, protección de las y los migrantes e interculturalidad del estado (2022-2023)
Dr. Luis Miguel Morales Gámez Instituto de Administración Pública de Puebla
INTRODUCCIÓN
En el estado de Puebla son los Gobiernos municipales, el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, entre otros, quienes atienden la constante movilización de personas que llegan de diferentes países y cuyo destino es Estados Unidos. El Gobierno estatal y los diputados han sido presionados para dar respuesta a este panorama, tras lo cual se propuso la iniciativa de decreto que expide la Ley de Movilidad Humana, Protección de las y los Migrantes e Interculturalidad del Estado de Puebla (Congreso del Estado de Puebla, 2022). Dicha iniciativa legislativa busca atender la movilidad humana que existe en la entidad y responde a los compromisos internacionales que México adoptó con el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Las preguntas de discusión en esta investigación se refieren a ¿cómo fue que las autoridades se interesaron en legislar sobre la movilidad en el estado?, ¿se puede considerar un avance con esta propuesta a pesar de que no sea aprobada como ley?, ¿qué razones impedirían su aprobación?
En este trabajo se plantea cómo el estado de Puebla se pondría a la vanguardia en uno de los compromisos internacionales más importantes de México, sobre todo porque la entidad vive a diario el paso de migrantes de diferentes nacionalidades y esta iniciativa atendería sus demandas sociales. Se analizan las condiciones que propiciaron una ley en materia de movilidad humana, cuál ha sido el avance generado en torno a este interés legislativo y los retos que enfrentarían los legisladores para aprobarla.
El estado de Puebla se ha caracterizado como un lugar de tránsito para las personas que salen de países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe con el objetivo de llegar a Estados Unidos.
A lo largo del siglo xxi, la entidad ha dejado de ser un estado de paso para las personas que se desplazan por territorio mexicano, para convertirse en un lugar de destino para quienes deciden quedarse por diferentes motivos. Esto ha impactado el interior de las comunidades por las cuales transitan durante su camino, pues los migrantes tienen la necesidad de solicitar servicios y atenciones, que van desde las cuestiones más básicas como comer y descansar, hasta eventualidades no previstas que pueden suscitarse durante la trayectoria. En los municipios donde se ha atendido a los migrantes las autoridades se capacitaron e instituyeron coordinación intermunicipal para tratar el tema (Domínguez Cruz y Romero Ortega, 2023).
Por otro lado, anteriormente la experiencia de las comunidades consistía en recibir a los migrantes retornados, quienes regresaban por voluntad propia o por deportación al ser arrestados por las autoridades de Estados Unidos, pero la nueva migración internacional se carac-
teriza por las situaciones de violencia o inseguridad a las que los migrantes se enfrentan en sus países, o bien porque no existen las condiciones sociales y económicas para que puedan desarrollarse.
El Gobierno de Puebla creó el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (ipam), organismo que tiene por objetivo atender las necesidades de los migrantes poblanos ya sea que radiquen en el extranjero o en el país, por lo que su función ha sido solamente atender a este grupo de personas, ignorando a aquellos de otra nacionalidad (ipam, 2017).
El análisis sobre la propuesta legislativa que contempla atender la movilidad de las personas en tránsito por la entidad se basa en el compromiso adoptado por México de cumplir el Pacto Global para una Migración Segura, Regular y Ordenada, cuyo objetivo es lograr que los estados atiendan las necesidades y prioridades de los migrantes en diferentes partes del mundo, cubriendo no solo la cuestión legal de su situación de vulnerabilidad sino desarrollando una serie de políticas públicas de acuerdo a las características que se presenten en diferentes localidades (Farahat y Bast, 2022).
En el presente trabajo se expone cómo la propuesta legislativa que surgió en el Congreso de Puebla atiende en muchos aspectos este compromiso internacional adoptado por México. También se exhiben las razones y objetivos de esta propuesta, que impactarían las funciones del ipam. De este modo, se podrá determinar si la iniciativa cubre la gama de exigencias que surgen en la entidad ante la creciente movilidad de personas cuyas características y necesidades han cambiado sobremanera.
Cabe mencionar que este caso de estudio es resultado de mi colaboración (octubre 2022-marzo 2023) en el Congreso del Estado con la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, donde mi trabajo fue asesorar a los congresistas para la elaboración de la Iniciativa de Movilidad. Además, se pudo tener contacto de primera mano tanto por el trabajo de asesoría legislativa que se realizaba, como por la colaboración directa con los legisladores.
Asimismo, se logró conversar con la directora del ipam, personal de Gobernación (que también atiende a los migrantes de paso en sus localidades), regidores y presidentes municipales, entre otras autoridades, en conjunto con los propios legisladores. Cada uno de ellos proporcionó información directa que fue utilizada en este trabajo como caso de estudio. No obstante, cabe señalar que a pesar de que trabajan atendiendo a los migrantes en situación de movilidad, la mayoría desconoce el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular adoptado por México.
El estudio está dividido en tres secciones. La primera refiere el conjunto de circunstancias políticas y migratorias en la entidad que promovieron el surgimiento de una propuesta legislativa para atender esta demanda. Se parte de la trayectoria política del Congreso del Estado, y cómo esta ha afectado el desempeño tanto en la composición de los legisladores como en las demandas sociales que han surgido en la sociedad y que han sido atendidas por los propios diputados. En segundo lugar, se analiza la propuesta legislativa en materia de movilidad humana, la cual contiene elementos importantes que responden al compromiso adoptado por México en el Pacto; pese a que este es desconocido por los legisladores, se atienden las solicitudes de las autoridades municipales interesadas en las personas en situación de movilidad. Finalmente, se analiza y señala el impacto que tendría esta propuesta legislativa una vez aprobada en el Congreso local. Ello, porque implica acciones que deberán tomar tanto instituciones como autoridades locales en la entidad.
Este caso de estudio se escogió por dos razones; por un lado, porque integra una experiencia personal en la cual se tuvo acceso a información de primera mano al poder conversar
con autoridades locales, quienes atienden a los migrantes en el estado. Dicha información formó parte de un momento político social. Cabe señalar que, al momento de redactar este documento, la legislatura abordada ha terminado su periodo legislativo, por lo que este tema quedará pendiente en caso de que la próxima muestre interés en continuar con el trabajo. Por otro lado, la experiencia personal complementó un trabajo de investigación que tiende a realizarse a la distancia de los acontecimientos, por lo que la interpretación se obtiene a partir de una conjetura o suposición de lo que se observa o lee en documentos. En este caso se pudo estar cerca del proceso de elaboración del proyecto de ley y de la consideración de su contenido, además de que se pudo comprender en qué consistía el juego de poder entre los diferentes actores políticos. Es importante mencionar que este escenario político sufrirá cambios en todas las instituciones, no solamente en el Congreso del Estado, por lo que se verá afectada la posible aprobación de la propuesta legislativa.
CIRCUNSTANCIAS POLÍTICAS EN EL CONGRESO Y MIGRACIÓN EN PUEBLA
Antes de la legislatura de 2021, en el Congreso del Estado de Puebla la política se ejercía con una mayoría del Partido Revolucionario Institucional (pri), el cual también gobernaba la ciudad, diferentes localidades y, sobre todo, controlaba políticamente los temas que eran de su interés o en los que quería influir a su conveniencia. Ello lo conseguía por medio de la legislación que se impulsaba en el estado y por indicación expresa del gobernador en turno.
Sin embargo, a comienzos de la década de 2000 este escenario político comenzó a cambiar; en principio, debido a la victoria de partidos de oposición en diferentes localidades. Por lo tanto, hubo mayor presencia opositora, lo cual se reflejó tanto en los temas legislativos que se impulsaban en el Congreso como en los que eran incorporados, y que en muchas ocasiones no solo habían sido rechazados sino dejados fuera de las prioridades legislativas por parte de los congresistas, quienes eran influenciados directamente por el titular del Ejecutivo.
Por otro lado, también se presentaba el hecho de que los legisladores no priorizaron asuntos que debían atender y eran apremiantes en la entidad, pues eran aplazados, rechazados o simplemente no considerados, a pesar de que había una exigencia social en las comunidades que representaban o que surgía en la mayoría de la población.
En tal sentido, se podría decir que la conducta legislativa en el estado era reflejo de la dominación política del pri en el país, porque se reproducía la conducta política que emanaba del partido en el poder y que gobernó durante más de ochenta años esta comunidad. Esto se modificó no solo por la mayor presencia de legisladores opositores al pri, sino porque a partir de 2011 perdió la gubernatura en la entidad.
De este modo, los legisladores tuvieron que considerar en su agenda temas que antes no contemplaban; incluso pasaron a ser prioritarias cuestiones que se habían presentado antes, pero que siempre mantenían archivadas porque se respetaba un orden y se obedecía al líder de bancada, quien a su vez recibía indicaciones del gobernador que ostentaba el poder.
Un ejemplo de lo anterior consistió en la creación de la Comisión Estatal para la Atención del Migrante Poblano en 2005, cuyo objetivo fue atender las solicitudes de los familiares de migrantes, como expedir documentos oficiales y otros trámites que requerían quienes residían en el extranjero. Sin embargo, esta comisión no sustituía las funciones de los consulados mexicanos, ya que estos tienen una responsabilidad federal (Ortega Ramírez, 2014, pp. 185-194).
Ahora bien, otra prioridad de los migrantes «exitosos» fue atendida mediante el programa social «3X1», cuyo objetivo era construir obras de infraestructura pública con sus aportaciones, y con las de los municipios, el estado y el Gobierno federal. No obstante, este programa no logró los resultados esperados, pues en más de una ocasión el estado intervino para emprender obras a su conveniencia y, de igual manera, los migrantes «exitosos» lo utilizaron para financiar sus proyectos empresariales. Este programa sí tuvo resultados tangibles —argumentaba el Gobierno estatal—, pero en muchas ocasiones las obras eran dirigidas por los intereses locales de los presidentes municipales para construir calles, puentes, drenajes y parques, que no tenían gran impacto en el desarrollo de la comunidad (Ortega Ramírez y Morales, 2014, pp. 123-138).
El programa no debió haber sido usado para financiar empresas, ni obras privadas de interés para los migrantes, especialmente con apoyo del Gobierno estatal, cuyo único incentivo era quedar bien posicionado y así obtener respaldo en las elecciones. Esto era una muestra de la forma superficial en que se atendía el tema migratorio en la entidad, puesto que los migrantes de paso no llamaban la atención lo suficiente como para ser incluidos en la agenda de gobierno, ya sea por su número o por su falta de presencia en las localidades.
En 2018, la primera caravana de migrantes provenientes de Honduras cruzó la frontera de México en Chiapas, y se fue desplazando por el país en los siguientes meses. A partir de este hecho los migrantes de paso fueron identificando comunidades en el estado de Puebla donde podían detenerse a comer, pasar la noche e incluso pedir asistencia cuando se encontraban mal de salud.
Comunidades poblanas como San Pedro Cholula, Xoxtla, San Andrés Cholula, Huejotzingo y Cuautlancingo, entre otras, empezaron a recibir más migrantes que iban rumbo a la frontera con Estados Unidos. En varios casos, estas localidades los atendieron sin tener la suficiente experiencia o sin saber cómo hacerlo. Esto se debía a que, aunque parecía sencillo asistir a migrantes de retorno connacionales, ignoraban cómo y dónde solicitar apoyo para migrantes de otras nacionalidades, por lo que optaban con canalizarlos con instituciones de la entidad o delegaciones federales.
Las personas que comenzaron a llegar a estas comunidades eran centroamericanas, sudamericanas —en su mayoría venezolanas—, y de otras nacionalidades, quienes vieron incrementadas sus necesidades cuando se trataba de familias y no de una sola persona; también en caso de arribar enfermas, lo cual había que comunicar a sus consulados para que a su vez se notificara a sus familiares.
Por otro lado, la estancia prolongada de algunas personas en las comunidades comenzó a generar xenofobia. Se consideraba que no debían permanecer allí, puesto que provocaban disturbios, había mayor demanda de alimentos y de cuidado a menores, tareas que no podían llevar a cabo las autoridades al faltar los medios y las instituciones que pudieran solventar dicho cometido.
Esta nueva experiencia con migrantes ocasionó el establecimiento de oficinas de atención con el objetivo de que autoridades estatales —como los legisladores— dieran respuesta a un fenómeno social que no podía ser atendido por el ipam, pues este solo se ocupa de los ciudadanos de la entidad. Además, el Instituto Nacional de Migración —instancia federal— no podía atender a todas las comunidades (Gobierno del Estado de Puebla, 2011).
En medio de este escenario fueron elegidos nuevos diputados (2021) en el estado de Puebla, un Congreso compuesto en su mayoría por legisladores del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la lxi Legislatura, mismos que carecían de experiencia
legislativa y carrera política que les permitiera identificar esta demanda de los presidentes municipales; de igual manera, desconocían el tema y las características que se presentaban en la entidad.
En su mayoría, los diputados de este partido no tenían contacto con las autoridades de las comunidades por donde transitaban los migrantes, ni con las organizaciones, asociaciones y migrantes empresariales de la entidad. En general, no solo se trataba de un distanciamiento sino también de un desinterés por este tema. Nuevamente parecía que en esta legislatura no se le daría importancia al tema migratorio, a pesar de las necesidades apremiantes que se continuaban presentando en las comunidades.
Otra de las características de esta legislatura consistía en que los compromisos sociales prioritarios no eran atendidos como tal, pues más que nada se le daba seguimiento a las políticas nacionales del presidente. Su inexperiencia no los colocaba como legisladores que atendieran los problemas sociales de la entidad, sino solo aquellos marcados por su partido.
Los partidos que tenían legisladores con mayor experiencia eran el pri y el Partido Acción Nacional (pan), pero su minoría les impedía aprobar las leyes que propusieran, por lo cual debían negociar posturas o apoyos requeridos para atender diversas cuestiones.
Los diputados del pri atendieron la solicitud de los migrantes poblanos y de las comunidades locales que constantemente recibían migrantes de paso. Esto permitió a los legisladores ganarse el apoyo de la sociedad, sobre todo de las comunidades que recibían y expulsaban personas, porque propusieron una ley para los migrantes de paso y para los poblanos que regresan a sus comunidades y buscan un espacio de representación política en el estado.
De acuerdo con el Reporte de la Unidad de Política Migratoria de 2022, en Puebla ha crecido el número de migrantes que deciden radicar en la entidad. En el año 2000 eran 11,527 personas y para 2022 incrementó un 167.4 %, con un total de 30,819 personas. Sus nacionalidades corresponden a Estados Unidos (64.3 %), Venezuela (5.7 %), Colombia (4.5 %), España (3.2 %), Alemania (2.9 %), Honduras (1.6 %), Argentina (1.6 %), Guatemala (1.5 %), Cuba (1.5 %), El Salvador (1.2 %), Brasil (1 %) y Francia (1 %). Esto no significa que todas hayan estado en tránsito, pero sí se crearon redes sociales de migración para atraerlas al estado (Gobernación, 2022). En 2013, los migrantes en tránsito representaron 13,059 eventos de presentación; para 2014 fueron 2,362; en 2019 fueron 2,804, y para 2021 incrementó a 5,107 personas extranjeras presentadas o canalizadas. Otro dato que muestra el incremento en el flujo de migrantes en Puebla fue la expedición de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (tvrh), pues mientras que en 2019 se emitieron 373, en 2021 este número ascendió a 3,073; se contabilizaron personas haitianas (53.27 %), chilenas (6.4 %) y brasileñas (5.8 %), la mayoría, niños nacidos en estos dos últimos países. Así, se presentó un nuevo grupo de migrantes de nacionalidad no registrada con anterioridad: haitianos. Asimismo, los centroamericanos siguieron con su ingreso a la entidad: Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala representaron en conjunto un 15.4 %, seguidos por personas de Venezuela (8.8 %), Cuba (4.7 %) y Colombia (3.2 %) (Gobernación, 2022).
De este modo, desde 2018 el estado de Puebla se ha convertido en un punto de referencia para los migrantes que transitan por territorio mexicano, característica que antes no se presentaba y que ha afectado a las comunidades cercanas a la ciudad capital, porque requieren servicios y atención (Padilla, 2019).
Ahora bien, lo anterior dio pie a que se presentara en el Congreso del Estado de Puebla la Ley de Movilidad Humana, para que las autoridades locales atiendan de forma permanente tanto la migración en tránsito como la que permanece, puesto que el flujo de personas causa
un impacto cultural, social y de responsabilidad institucional; además, esto respondería al cumplimiento del compromiso internacional de México sobre el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (onu, 2018).
LEY DE MOVILIDAD HUMANA, PROTECCIÓN DE LAS Y LOS MIGRANTES E INTERCULTURALIDAD
La iniciativa de decreto que expide la Ley de Movilidad Humana, Protección de las y los Migrantes e Interculturalidad del estado de Puebla que se presentó en el Congreso está dividida en cuatro títulos y contiene 48 artículos que contemplan las obligaciones que tendrá el Instituto Poblano de Atención al Migrante (ipam) para atender a la migración; la atención que recibirán los migrantes que lleguen al estado, los ciudadanos poblanos que se encuentren en cualquier parte que no sea el estado, las personas que se desplazan por la entidad y la interculturalidad, tema importante para el respeto de las personas que transitan por el estado (Congreso del Estado de Puebla, 2022).
Una de las primeras consideraciones que marca la ley es definir lo que se entenderá por movilidad humana, destacando que se considerará a toda persona que se asiente con fines de tránsito, permanencia temporal o definitiva, así como para encontrar refugio o protección en los términos de la legislación del país. También se contempla a los ciudadanos de la entidad, al mencionar que serán también los habitantes que salen de su lugar de origen asentándose fuera de él, pudiendo ser en el país o el extranjero y los que retornan después de un tiempo.
En cualquiera de estas condiciones tienen el derecho de acceder a programas y servicios públicos en la entidad porque se trata de derechos humanos ( dh ). Al referirse a las autoridades estatales se menciona que deben procurar su asistencia según los protocolos de las políticas y programas; también debe prevenirse el discurso de odio, porque al ser figuras públicas se puede propagar el mensaje que dirijan contra los migrantes, el cual podría replicarse en los medios de comunicación. En caso de surgir esta situación, serían sancionados conforme a la ley.
Por otro lado, se enfatiza que las organizaciones sociales y civiles podrán participar —las autoridades deberán permitírselo— en el diseño y evaluación de los programas sociales. De igual forma, se responsabiliza al Estado de atender a las personas en situación de movilidad, si es que se encuentran enfermas o mujeres embarazadas, de manera que se prevengan enfermedades infecciosas o contagiosas.
También se señala que el Instituto Poblano de Atención al Migrante (ipam) será el organismo encargado de adecuar sus acciones en materia de movilidad humana, porque tiene experiencia en la atención de personas en situación de movilidad, si bien actualmente solo atiende ciudadanos de la entidad.
En los artículos 13 al 16 de la iniciativa se señalan las atribuciones, competencias y responsabilidades que tendrá el ipam para atender a las personas en situación de movilidad; los objetivos más importantes son garantizar en todo momento el respeto de sus derechos humanos y coordinarse con las instancias y organismos a nivel nacional y estatal para velar por la seguridad y los derechos humanos de las personas que se encuentren en esta condición. Es importante destacar que estos artículos otorgan al ipam las atribuciones necesarias para ser el organismo encargado de atender las necesidades de las personas en situación de movilidad.
Esta iniciativa constitucional respondería al compromiso de adoptar el Pacto de una Migración Segura y Ordenada en territorio mexicano; se pondría de ejemplo el avance legislativo
de la entidad al respecto. Convertir al ipam en el encargado de vigilar y atender las situaciones de vulnerabilidad de quienes se desplazan por territorio mexicano será la forma de responder al Pacto que México promovió para que hubiese una respuesta de parte de los estados a una de las crisis humanitarias que existen en el mundo.
Además del ipam, se considera al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (dif) para atender a los menores de edad —que representan una mayoría—, dado que si su vulnerabilidad se encuentra expuesta es necesaria la intervención de este organismo. Cabe destacar que el hecho de que el dif se encargue de atender a los menores evitará que lleguen solos a la frontera de Estados Unidos, como sucedió en 2017, año que conmocionó a las autoridades de ese país, tanto a nivel local como nacional, porque nunca se había presentado un fenómeno así (Sánchez y Zhang, 2020).
Las secciones uno y dos del capítulo cuatro apuntan que el ipam continuará atendiendo a los ciudadanos poblanos, ya sea en el exterior o en la entidad, tal como ha realizado hasta el momento. El artículo 23 menciona que los migrantes podrán tener participación política a través de la figura del diputado, para representar sus intereses en la entidad.
Este artículo tendría un impacto profundo en la vida política del estado, porque se estaría atendiendo una de las demandas que todos los migrantes del país han tenido desde principios del siglo xxi, y que ha tenido un avance constitucional tanto en algunas entidades como a nivel federal. Ello como parte de la integración de las personas que se encontraban en el extranjero y han solicitado tener una participación política para promover los intereses y la atención a los migrantes que radican fuera del país y que tienen diversas solicitudes, además de su participación en las elecciones con el voto a la distancia.
La participación política de los migrantes se alcanzaría mediante la promoción de un cambio constitucional en el estado, el cual es una de las solicitudes que se han negociado desde finales del siglo xx con diversos gobernadores; sin embargo, no se ha concretado debido a que una reforma en este tema trastocaría muchos intereses políticos en la entidad, tanto aquellos de los grupos y asociaciones de migrantes, los diputados que la impulsen y hasta del mismo gobernador. No todos tienen la misma perspectiva sobre la participación política de los migrantes en Puebla, porque piensan que podría perjudicar sus intereses locales el contar con diputados que anteriormente residieron en el extranjero.
Por otro lado, como se mencionó con anterioridad, en la actual legislatura no existe una mayoría del grupo parlamentario del pri, que ha tenido un acercamiento con los diferentes grupos de migrantes en la entidad. De hecho, el diputado que propuso cambios a la legislación para la participación política en la entidad bajo la figura de diputado migrante comentó lo siguiente:
[…] todo lo revisan en Gobernación y cuando ven que algo no es viable para sus intereses lo detienen en automático a través de sus legisladores (Morena), o bien, llaman al líder del partido del diputado que promovió una legislación que contraviene sus intereses, por eso no veo viable que pase esta propuesta legislativa [diputado migrante].
En el artículo 35 se propone recurrir a la interculturalidad para usarla como marco de referencia en la inclusión de diversas culturas en la sociedad, con el propósito de respetar y permitir el ejercicio de las libertades y los derechos humanos de las personas, de manera que se conforme una identidad colectiva y se fortalezca la cohesión social para reducir tensiones, propiciar confianza mutua y desarrollar un sentido de pertenencia hacia una sociedad abierta que promueva la diversidad, interacción y convivencia intercultural.
Se contempla que la Secretaría de Gobernación y el ipam sean los encargados de promover, diseñar y propiciar todas las acciones de gobierno relacionadas con la inclusión e interculturalidad de las personas que se encuentren en la entidad, porque al implementar una política pública lo más importante no es mencionar quién tiene que realizarlo, sino la reglamentación del paso a paso de las acciones que se deben efectuar en un momento determinado. No obstante, cabe señalar que el referido artículo omite la mención de tiempos y de los mecanismos que se deben operar en la ejecución de la política pública de interculturalidad. Es necesario reglamentar este apartado.
Se menciona la creación de una Comisión Interdependencial, cuyo objetivo será coordinar acciones para promover la política intercultural y los trabajos que deben realizar las dependencias en torno a este tema. Quienes integren esta comisión serían las dependencias a que se refiere el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla. La finalidad es coordinar e impulsar el trabajo interinstitucional para atender a las personas en movilidad.
Es importante destacar que la Secretaría de Gobernación instrumentará un índice estatal de interculturalidad que, a través de indicadores, evaluará y dará seguimiento a los municipios para reconocer las buenas prácticas e identificar dónde se deben concentrar los esfuerzos. Los indicadores serán compromiso sobre el reconocimiento de la interculturalidad; composición pluricultural y lenguas, movilidad humana; educación intercultural, salud intercultural; emprendimiento y mercado laboral, vida cultural y civil, comunicación intercultural, espacio público, servicios públicos, acceso a la justicia, participación social y ciudadana, medición y solución de conflictos, perspectiva internacional, y otros que considere necesarios la Secretaría.
En el marco de la política intercultural, la Secretaría de Educación Pública del estado es la encargada de implementar una serie de acciones, que incluyen promover la convivencia entre las personas pese a sus diferencias e inculcar una conciencia sobre la diversidad cultural y lingüística en todos los niveles educativos, porque la escuela es el sitio ideal donde los menores de edad pueden aprender respecto a la interculturalidad. Estas acciones no solo van dirigidas hacia los migrantes, sino también a los indígenas y ciudadanos binacionales; es decir, es una población amplia.
ANÁLISIS DE LA INICIATIVA SOBRE MOVILIDAD HUMANA
Tal como se mencionó con anterioridad, de ser aprobada esta propuesta el estado de Puebla estaría a la vanguardia en materia internacional en cuanto al compromiso de México de adoptar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, puesto que este busca que los países cuiden los derechos humanos de las personas en situación de movilidad. Esta es una de las consideraciones más importantes del pacto y fue la razón por la cual se pudo promover entre los países la perspectiva de que los derechos humanos debían ser atendidos, y serán las políticas públicas locales de los Estados las que deberán implementar los procedimientos de atención a las personas en situación de movilidad (Farahat y Bast, 2022).
El estado de Puebla también sería un ejemplo porque, además de la creación de políticas públicas en torno a la movilidad humana, se establecería un orden público relativo a las instituciones y leyes, que brindaría a las comunidades donde arriban o transitan los migrantes las herramientas necesarias para atenderlos.
Una consideración importante en la dimensión política de esta propuesta es la posibilidad de que no sea aprobada, no solo porque el partido con mayoría en el Congreso —Morena— no considere que el tema sea prioritario o ayude a sus intereses, sino porque las propuestas planteadas por los partidos de oposición son negociadas o canjeadas por posturas políticas, posicionamiento en las comunidades o apoyo a las propuestas que surgen del grupo parlamentario morenista, entre otros.
En una reunión de congresistas priistas se mencionó que solo unas cuantas propuestas iban a ser apoyadas; estas se entregarían por escrito porque ya se había apoyado al gobernador en temas sin que hubiera pronunciamientos en su contra. En esa reunión se aceptó proponer la iniciativa de movilidad, mas no la de diputado migrante, porque causaría problemas tanto para el partido que gobernaba como para otras fuerzas políticas.
Aunque el legislador que hizo la propuesta mencionó que, pese a haber elaborado otras iniciativas, la de movilidad tendría un gran impacto en el estado. Su líder de bancada lo aceptó, pero señaló que desistiera de la del diputado migrante, pues no era conveniente para el grupo parlamentario, ni para el futuro político de quien la propuso. Además, había otras iniciativas que querían impulsar como parte de sus compromisos de campaña o dentro de su periodo legislativo.
[…] el líder nos marca lo que tenemos que apoyar y proponer, yo he propuesto varias iniciativas en otros temas y muchas no han sido aprobadas, espero que en su momento puedan ser aprobadas y se conviertan en ley; quiero demostrar con mi trabajo que cuando adopto un tema trato de cumplirlo aunque no se pueda con todos mis compañeros de bancada porque hay que negociar y primero ser apoyado por mi líder de bancada.
Esta negociación interna del pri para buscar el apoyo a sus iniciativas demuestra que el tema migratorio no es prioritario, sino que se utiliza en la medida en que pueda impulsar su acomodo político al interior del partido y en torno a la autoridad gobernante. De igual manera, consideran su futuro político para evitar comprometerse con un tema que puede afectarlos a largo plazo, incluso acabar con su carrera política, puesto que su paso por el Congreso local forma parte de un camino que se han trazado, y que les reditúa para posteriormente aspirar a otros cargos políticos.
Por otro lado, en esta propuesta se promueve que el ipam pueda atender a las personas en situación de movilidad. En una entrevista a la directora del instituto Martha Laris Patiño, mencionó que su actividad estaba marcada por el decreto que creó al instituto, por lo que solo podía atender a personas en movilidad que fueran ciudadanos de la entidad.
En la iniciativa se contempla al ipam como la instancia más importante para asistir a las personas en situación de movilidad porque cuenta con experiencia en la atención de los ciudadanos del estado que están en el extranjero o retornan. Ha sido una institución que se ha transformado a lo largo de su historia con el propósito de atender a los migrantes poblanos, por lo cual no ha perdido su enfoque.
Asimismo, es la instancia institucional más acorde para que se atienda a las personas en movilidad, pues de este modo se aprovecharía la experiencia del organismo y, por otro lado, se evitaría una mayor burocracia, porque el objetivo es el respeto a los derechos humanos y procurar a todos los migrantes, sin desatender a los ciudadanos poblanos.
Lo más relevante de este impulso al ipam será el hecho de que se coordine con otras instancias, pero no se menciona cuál estará a la cabeza de la atención a las personas, sino que
cada una intervendrá dentro de su marco de atribuciones; por ejemplo, el dif y la Secretaría de Gobernación, entre otras.
De lo que carece esta ley es la consideración de otras instituciones que podrían ser requeridas pero que son de competencia federal, como la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Por otro lado, se debe tomar en cuenta la interculturalidad, pues es necesaria para la interacción en los espacios públicos, tanto en las comunidades como en la capital del estado, pues el objetivo —como lo plantea la iniciativa— es la convivencia de las personas de diferentes identidades y garantizar el respeto de sus derechos humanos cuando se encuentren en la entidad.
Ejecutar este proceso puede parecer sencillo, pero en la práctica la convivencia de las personas de diferentes identidades no es fácil de lograr; se debe prevenir la discriminación, el racismo y la xenofobia.
Sin afán de profundizar en una perspectiva filosófica y social, cabe mencionar que el espacio de convivencia de las personas se construye de forma cotidiana, a través de la interacción con otros y de la recreación de sus experiencias, tanto individuales como del grupo social al que pertenecen (Berger y Luckman, 1967).
Respecto a la convivencia social de las personas, Wend toma como ejemplo el encuentro entre españoles y aztecas. En un primer momento, interactuaron con base en sus creencias, arraigadas en experiencias de preencuentros y, por lo tanto, no compartidas mutuamente; es decir, la estructura de su interacción fue social, mas no cultural dado que no se conocían (Wendt, 1999).
Eso es lo que sucede en los sitios donde arriban los migrantes, y por ello puede existir conflicto y rechazo de parte de los miembros de la comunidad. La convivencia es un proceso constante de interacción entre las personas, donde hay situaciones de acomodo o rechazo que nacen de sus costumbres, experiencias personales y, sobre todo, porque los locales tienen un mayor sentido de pertenencia hacia su comunidad que quienes llegan de fuera o están de paso. La propuesta legislativa pretende evitar conflictos sociales, pero no existe certeza de que pueda lograrlo porque el fenómeno de la movilidad puede transformarse con el tiempo, rebasándola, tras lo cual habrá que hacer adecuaciones al marco legal que regula esta convivencia social.
CONCLUSIÓN
Al inicio de este capítulo se preguntó cómo fue que las autoridades se interesaron en legislar sobre la movilidad. La respuesta es que las comunidades que atienden personas en tránsito solicitaron a los legisladores priorizar este tema en su agenda legislativa, pues de esa forma podrían atenderlas. Es un asunto al que no se le puede dar la espalda o desatender, porque representa una constante en el día a día de las comunidades y autoridades locales de diferentes partes del estado, que deben ocuparse de los migrantes todos los días tanto por razones de atención como de seguridad humanitaria. Así, se solicitó a los diputados legislar al respecto, lo cual se llevó a cabo como parte de su vinculación con las comunidades a las que arribaban los migrantes; desde una perspectiva política, las comunidades pudieron ver que se estaba dando respuesta a su solicitud.
Por otro lado, con ello el estado de Puebla se pondría a la vanguardia con el compromiso internacional adoptado por México en materia de movilidad humana —un tema recurrente
en la agenda de muchos países—, no solo por el contenido de la propuesta legislativa, sino porque también se impulsa el trabajo del ipam que, si bien tiene experiencia en la atención de migrantes, está limitado en su actuación por el decreto que lo instituyó.
Al momento de escribir el presente documento, la legislatura que creó esta propuesta ha concluido su periodo sin que fuera discutida —y mucho menos aprobada— entre los diputados, debido a las circunstancias políticas que enfrenta el siguiente Gobierno a nivel local, y al interés de los legisladores por buscar otro cargo.
A pesar de este escenario, se puede considerar que ha habido un adelanto, pues el tema llegó a la Cámara de Diputados y se legisló al respecto. Ahora bien, se trata de un trabajo incompleto porque no fue aprobado; apenas se quedó en buenas intenciones y no se pudo concretar. Entonces, no se puede considerar un avance vanguardista, sino solo un pequeño paso legislativo.
Además, como se planteó al comienzo de este capítulo en relación con los motivos que impedirían su aprobación, resulta obvio que el interés se modifica de una legislatura a otra, por lo cual se postergan algunos temas. Por otro lado, puede que la siguiente legislatura se preocupe por aprobar esta propuesta o, en caso contrario, se deberá empezar con un nuevo proyecto en la materia. Sucede habitualmente que cuando sale una generación de diputados sus propuestas no tienen continuidad, bien porque llegan legisladores de otros partidos a presidir las comisiones, o porque ya no es de su interés reanudar las propuestas legislativas que se presentaron con anterioridad. En definitiva, la nueva generación quiere demostrar su triunfo político, no retomar una cuestión del pasado.
La propuesta legislativa que se presentó y analizó contiene todos los elementos necesarios para que se atienda la movilidad de las personas; la modificación de su contenido puede afectar las consideraciones que se hicieron para abordar lo estipulado por el pacto. Dichos cambios podrían surgir de intereses políticos o de la influencia de actores que se vean afectados por la iniciativa.
Este trabajo examina un caso de estudio que incorpora el análisis de la construcción del contenido de la propuesta frente al reto de movilidad humana en el estado, el proceso de negociación en el Congreso local y, sobre todo, la perspectiva local que, sin conocer el compromiso de México al adoptar el pacto, estaría sumando a nivel nacional.
En un último diálogo con el diputado que llevó adelante la propuesta, manifestó lo siguiente:
Yo estoy orgulloso de mi trabajo, aunque no se aprobó la Ley de Movilidad seguiré con el tema de migración, porque yo me comprometí con ellos y seguiré trabajando para ellos, agradezco la asesoría y espero que la siguiente legislatura la apruebe, aunque no lo creo porque todos vienen del partido que no la apoyó.
En la medida en que no exista un avance legislativo en este tema, el compromiso internacional de México no se cumplirá; además, se debe tomar en cuenta que las demandas de quienes transitan por la entidad podrían aumentar debido a otras circunstancias que impulsan la movilidad.
Referencias
Berger, L. B. y Luckman, T. (1967). The social construction of reality. Random House. Congreso del Estado de Puebla (2022). Iniciativa de Decreto que expide la Ley de Movilidad Humana, Protección de las y los Migrantes e Interculturalidad del Estado de Puebla. https://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=238.
Domínguez Cruz, N. D. y Romero Ortega, A. V. (29 de octubre de 2023). Oficina Municipal de atención al migrante en Izúcar de Matamoros, Puebla. La Jornada Veracruz. https:// jornadaveracruz.com.mx/suplementos/veracruz-tierra-de-migrantes-octubre-2023/ Farahat, A. y Bast, J. (2022) A global view on the global Compact for Migration en VRÜ Verfassung und Recht in Übersee, 55(1), 3-18. http://dx.doi.org/10.5771/0506-7286-2022-1-3 Gobierno del Estado de Puebla (2011). Instituto Poblano de Asistencia al Migrante. https:// ipam.puebla.gob.mx/ Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (ipam) (2017). https://ojp.puebla.gob.mx/legislacion-del-estado/item/1222-instituto-poblano-de-asistencia-al-migrante onu (2018). El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular https://www. un.org/es/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml
Ortega Ramírez, A. S. (2014). Puebla y sus migrantes: Reflexiones para la construcción de una agenda pública. En A. S. Ortega Ramírez, C. Cruz Carvajal y M. González, M. Puebla y sus migrantes. Gernika. Ortega Ramírez, A. S. y Morales, G. L. M. (2014). Usos y abusos el programa 3x1 en Puebla. Retrospectiva del período 2005-2010. En A. S. Ortega Ramírez, C. Cruz Carvajal y M. González. Puebla y sus migrantes. Gernika. Padilla, A. (2019). Caravana. Cómo el éxodo Centroamericano salió de la clandestinidad. Debate. Sánchez, G. y Zhang, S. X. (2020). In their own words: children and the facilitation of migrant journeys on the U.S.-Mexico Border. Victims & Offenders, 15(3), 370-389. https://doi.org /10.1080/15564886.2020.1721388
Unidad de Política Migratoria, Registro de Entidad de Personas. (2022). Diagnóstico de la movilidad humana en Puebla. http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CPM/foros_regionales/estados/centro/info_diag_F_centro/diag_Puebla. pdf
Wendt, A. (1999). Social Theory of International Politics. Cambridge University Press.
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES
Y RECOMENDACIONES
Los derechos humanos, la interculturalidad y la migración como un bien social
Dra. Alison Elizabeth Lee Universidad de las Américas Puebla
Dra. Adriana Sletza Ortega Ramírez Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Este libro aborda diversas dimensiones de la movilidad humana en el estado de Puebla. Su enfoque multidisciplinario y multiescalar traza la complejidad de este fenómeno y sus implicaciones no solo para las personas que migran y los residentes de Puebla, sino también para la región y el país. A pesar de los contextos sociales y económicos particulares de las localidades e instituciones investigadas, muchos de los hallazgos de los capítulos son relevantes para otros casos, donde esperamos que se estimulen discusiones y debates útiles.
Con los procesos electorales en México y Estados Unidos durante el año pasado, el tema de la movilidad humana ocupó un lugar central y fue altamente politizado. Como académicas y académicos con años de experiencia en el estudio de la migración, nuestras investigaciones se enfocan en procesos que van más allá de los discursos superficiales comúnmente discutidos en los medios. Por medio de investigaciones a largo plazo e incluso longitudinales, y basándonos en una sólida base de estudios de décadas anteriores, los capítulos analizan cómo está cambiando la movilidad humana en Puebla. Por lo tanto, cabe preguntar: ¿qué es lo nuevo? ¿Qué procesos han permanecido con variaciones menores? Antes de pasar a una visión general de los principales hallazgos del libro, queremos subrayar que lo que está ocurriendo en Puebla también refleja lo que está sucediendo a nivel global. Un artículo reciente de los renombrados académicos Michiel Baas y Nina Glick Schiller (2024), «El fin de la migración: Tendencias emergentes y fuerzas contrapuestas», analiza cómo los contextos y posibilidades de la movilidad humana han cambiado en el siglo xxi La securitización de la migración y la criminalización de los migrantes deshumanizan a las personas que son desplazadas por conflictos armados, desastres naturales, violencia generalizada o condiciones socioeconómicas que no permiten una vida digna. La deshumanización, a su vez, conduce a la creación de grandes clases de personas que no tienen el derecho a tener derechos. La retórica antiinmigrante, un elemento central de algunas campañas políticas, contribuye a este proceso, trasladando el odio y el vitriolo a los corazones y mentes de personas que pueden tener poca o ninguna experiencia cotidiana con migrantes, y mucho menos una comprensión de cómo contribuyen de manera positiva al crecimiento económico y la diversidad social del Estado nación. Por estas innumerables contribuciones positivas, Baas y Glick-Schiller argumentan que la migración debe ser vista como un bien social, en el cual los beneficios se acumulan en las comunidades de los países de destino.
Sin embargo, esta dimensión positiva de la migración a menudo es aplastada por discursos de odio que, en sí mismos, son una plaga para la sociedad. Aunque sería un error no considerar lo que logran la xenofobia y el odio más allá de la deshumanización. Nunca ha sido el objetivo excluir a los refugiados, solicitantes de asilo y otras personas en movilidad de la economía y la acumulación de capital. Los regímenes migratorios, financiados con fondos públicos en nombre de la «seguridad nacional», crean situaciones extremadamente inseguras para las personas desplazadas
forzadamente. Por un lado, las personas en movilidad que son ilegalizadas y racializadas son presas de actores estatales y no estatales durante su tránsito, quienes extraen sus recursos mediante rescates por secuestros, pagos a traficantes, trata de personas, pagos por cruzar ciertos territorios, etcétera (Andersson, 2016). Por otro lado, los regímenes migratorios filtran la fuerza laboral de las personas que migran para que se presenten a trabajar en los países de destino (o «terceros países seguros») en su forma más barata y desesperada. Despojados de derechos, el capital procede a aprovechar su fuerza vital para producir bienes y servicios al costo más bajo posible (Heyman, 2012). El odio no solo nos ciega a la humanidad de las personas que migran, sino que también nubla nuestra visión colectiva sobre cómo algunos actores económicos se benefician de un entorno hostil para los inmigrantes.
Dadas estas condiciones tan difíciles del siglo xxi para la movilidad humana, Baas y Glick-Schiller (2024) enfatizan fuertemente cómo las teorías de la migración del siglo xx son inadecuadas para describir las experiencias de las personas que migran y los flujos migratorios. Mientras que antes generalmente era posible que las personas dejaran una situación peligrosa o con oportunidades limitadas y construyeran una vida en otro lugar, esto ya no es así.
La securitización de la migración, la militarización de las fronteras y la criminalización de los migrantes presentan un escenario muy diferente para la movilidad humana. En las primeras décadas del siglo xxi se incorporaron las perspectivas de la biopolítica y necropolítica para analizar las políticas migratorias, y que han logrado explicar el panorama contemporáneo (Bolaños Guerra, 2015; Estévez, 2020). Las personas migrantes son extremadamente vulnerables mientras transitan por países y cruzan fronteras, y son superexplotadas en sus países de residencia. Desde este contexto global, resulta notable que las investigaciones presentadas en el presente libro señalan estos cambios en Puebla.
La primera sección del libro examina las experiencias de las personas en movilidad que llegaron a este estado, mayormente durante la última década. Para algunas, Puebla fue un lugar de tránsito mientras continuaban hacia el norte. Muchas han sido detenidas por las autoridades migratorias. Ayala Galí e Yrizar Barbosa proporcionan un análisis perturbador de múltiples violaciones de derechos humanos de migrantes detenidos. Por otro lado, para un número creciente de personas Puebla se está convirtiendo en un destino, ayudado por las estrategias de contención migratoria en las fronteras sur y norte de México, las cuales dificultan que continúen hacia el norte. Por su parte, Cuéllar Díaz examina cómo la ciudad de Puebla se ha convertido en un lugar para que refugiados, solicitantes de asilo y otras personas que migran se establezcan. Junto con el capítulo de Gómez Zapata, estas investigadoras muestran cómo las personas migrantes enfrentan dificultades para encontrar empleo y acceder a servicios básicos para su sustento y el de sus familias. Asimismo, dependen del mercado laboral informal y de otras personas migrantes y refugiadas para sobrevivir. Juntos, estos capítulos señalan la diversificación de los flujos migratorios, trayendo a personas no solo de Centroamérica, sino de América del Sur y otros confines. Esta situación plantea la cuestión de la hospitalidad; abajo proporcionamos algunas recomendaciones sobre cómo hacer de Puebla un lugar más acogedor, una tarea crítica para los Gobiernos municipales, el Gobierno estatal y sus residentes, a medida que más personas son desplazadas y terminarán por llamar a Puebla su nuevo hogar.
La segunda sección del libro discute las tendencias recientes en la migración de poblanas y poblanos hacia Estados Unidos y la migración de retorno a Puebla. Después de casi veinte años de flujos significativos hacia Estados Unidos desde mediados de la década de 1980 hasta mediados de los 2000, la emigración se desaceleró y la migración de retorno aumentó sustan-
cialmente después de la crisis económica global (2007-2009). D’Aubeterre Buznego et al., centrándose en dos pueblos rurales poblanos, discuten cómo la teoría de la reproducción social es una poderosa herramienta para entender los flujos cambiantes de migración y la selectividad de retorno de personas desde Estados Unidos. Macías-Ayala y Lee debaten cómo, contrario a las recientes afirmaciones de los medios de comunicación que atribuyen la disminución de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos a supuestas mejoras en las condiciones y oportunidades en México, este decremento se debe principalmente al creciente proceso de militarización de la frontera, así como al aumento en los costos y los riesgos asociados con el acto de migrar. En tal sentido, Bermúdez Lobera y Osorno Velázquez demuestran cómo la industria de la migración se beneficia de las tarifas exorbitantes cobradas a los migrantes poblanos. Muestran que el costo de contratar a un intermediario ha aumentado más de 3,000 % (ajustado por la inflación) de 1995 a 2023 para poblanos y poblanas que buscan cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Atribuyen este aumento exorbitante a la llegada de migrantes sudamericanos y extracontinentales a México, lo que ejerce presión sobre el mercado y eleva el costo de cruce, así como a la creciente dificultad de evadir los controles fronterizos entre Estados Unidos y México y la entrada de grupos del crimen organizado que controlan las rutas migratorias. En el último capítulo de esta sección, Iglesias Barrón analiza las dificultades que tienen las personas retornadas con distintos repertorios lingüísticos en México y Puebla en el proceso de integración educativa, social y laboral. Ella aboga por la promoción de la justicia lingüística, es decir, la planeación y el lineamiento de políticas lingüísticas justas que faciliten el proceso de integración. La justicia lingüística nos acercaría a promover el desarrollo de las personas retornadas con igualdad de oportunidades.
En la sección final del libro, los capítulos deliberan en relación con las políticas públicas en materia de migración en Puebla, señalando que es necesario tomar en cuenta la diversidad de flujos de personas en la condición de movilidad. Además de las y los poblanos que migran a Estados Unidos y retornan a la entidad, en Puebla hay un número creciente de personas de diversos países. Ortega Ramírez y Cruz Carvajal muestran que un mayor número de mujeres está en la condición de movilidad en la entidad, así como estableciéndose y buscando refugio. Por lo tanto, las autoras señalan que es importante crear políticas públicas con una perspectiva interseccional y de género para abordar las múltiples formas de violencia de género que las mujeres experimentan en sus lugares de origen, durante el tránsito y en el proceso de asentamiento. Para Morales Gámez la propuesta de ley de migración para el estado de Puebla abordaría de manera adecuada las necesidades de este flujo diversificado, así como fortalecería los esfuerzos de integración cultural y social.
RECOMENDACIONES
Varias autoras y autores de los capítulos ofrecen importantes recomendaciones en términos de política pública en el estado para garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes y para mejorar su integración exitosa en nuestras comunidades. 1. Legislar la propuesta de la Ley de Movilidad Humana, Protección de las y los Migrantes e Interculturalidad. Esta ley continuaría la asistencia del Estado a los migrantes poblanos y expandiría la asistencia a las personas no poblanas que transitan por el estado y a aquellos que deciden establecerse y buscar refugio, garantizando el ejercicio de sus derechos humanos. Esto alinearía la legislación del estado de Puebla con el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular; un pacto en el que
México, junto con Suiza, desempeñó un papel destacado en su adopción multilateral. La ley también promueve la interculturalidad, lo que asegura la inclusión de diversas culturas en la entidad, fortalece la cohesión social y desarrolla la confianza con los grupos migrantes, creando las condiciones para que los migrantes desarrollen un sentido de pertenencia a las comunidades poblanas.
2. Las políticas públicas respecto a los migrantes y la migración deben tener una perspectiva de género e interseccional. La diversidad sociocultural de los migrantes que pasan por el estado es significativa. Además de migrantes de un número creciente de países de las Américas y el Caribe y migrantes «extracontinentales», ha aumentado el número de mujeres y niños, niñas y adolescentes acompañados y no acompañados que viajan y se establecen en el estado. Como resultado, las políticas públicas deben considerar y abordar la diversidad de experiencias y las diferencias socioculturales, incluyendo el género y la edad, para atender convenientemente a esta población diversa. Esto fortalecería el marco legal para garantizar los derechos humanos de los y las migrantes en Puebla y para que se respeten sus diferencias.
3. Finalmente, recomendamos el desarrollo de políticas lingüísticas que promuevan la justicia lingüística; es decir, políticas que faciliten la integración en las esferas educativa, laboral y social, que brinden a infancias y adultas/os igualdad de oportunidades. Nadie debería ser discriminado por su repertorio lingüístico. Para una ciudad cosmopolita con personas de muchas partes del mundo como Puebla, es recomendable fortalecer políticas y prácticas hospitalarias que acojan a la población foránea adecuadamente.
Estas políticas propuestas impulsan prácticas para garantizar los derechos humanos a las personas en condición de movilidad y permiten que ellas y sus sociedades de acogida gocen de la migración como un bien social. La diversidad cultural que las personas que migran traen a sus países de residencia enriquece las comunidades y genera nuevas formas de pensar que pueden estimular la innovación. Ellas contribuyen económicamente a sus comunidades, haciéndolas más dinámicas y productivas. Garantizar sus derechos humanos asegura que los beneficios de la migración se distribuyan entre los migrantes y las comunidades en las que se integran.
RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES
Las políticas públicas solo serán efectivas si se basan en la investigación sistemática y rigurosa. El panorama cambiante de la migración en Puebla, parte del cual hemos presentado en este libro, debe ser una prioridad de la investigación en el futuro. Tenemos las siguientes recomendaciones para estudios posteriores:
1. Migración y derechos humanos: la migración es un derecho humano. Varios capítulos, sin embargo, documentaron graves violaciones de los derechos humanos de los migrantes en nuestro estado (ver capítulos de Ayala Galí e Yrizar Barbosa, Cuéllar Díaz). Es importante que la investigación futura continúe monitoreando y teorizando estas situaciones.
2. Experiencias a largo plazo de refugiados y otros migrantes en Puebla: otra prioridad de investigación debería centrarse en Puebla como un lugar receptor. ¿Cómo están cambiando los recién llegados sus comunidades económica y socialmente? ¿Cuáles son las experiencias cotidianas de inclusión/exclusión para grupos de diferentes na-
cionalidades en Puebla? ¿Qué acciones pueden tomar el gobierno, la sociedad civil y la ciudadanía para promover la inclusión?
3. Continuar la investigación longitudinal sobre comunidades poblanas: nuestra estimación es que Puebla será un sitio de emigración y retorno significativo hacia Estados Unidos en los próximos años. Resulta importante continuar la investigación sobre comunidades rurales y urbanas con altas tasas de emigración y retorno. ¿Cuáles son las experiencias de los migrantes retornados en nuestro estado? ¿Cómo se puede mejorar su integración laboral, educativa y social en la entidad?
4. La industria de la migración: dado los exorbitantes costos que los migrantes deben pagar a los intermediarios para cubrir los gastos de migrar a Estados Unidos desde Puebla, es fundamental enfocarnos en la industria de la migración. A partir de los capítulos del libro, somos conscientes de que los migrantes son explotados no solo en los mercados laborales de Estados Unidos, sino también durante el tránsito, particularmente mediante pagos a intermediarios. Estas no son simples deudas que se saldan a un familiar cercano una vez que se comienza a trabajar en Estados Unidos; requieren préstamos de múltiples individuos, así como la venta o entrega en garantía de la propiedad en México. Esto representa una drástica extracción de los recursos de los migrantes, condiciones que necesitan ser estudiadas más a fondo para dimensionar el nivel de explotación que experimentan. Colectivamente, los capítulos de este libro demuestran que las personas en movilidad son cada vez más desechables y despojadas de derechos. Baas y Glick-Schiller (2024) presentan la idea del «desposariado» (dispossariat), «una categoría global de los no libres», una clase social aún más marginada que el precariado (Standing, 2013). No son personas solamente desposeídas del trabajo estable, sino también de los derechos humanos y un sentido de pertenencia a la sociedad en la cual residen y trabajan. Puede ser fácil desestimar la precariedad, la desposesión y la «otredad» de las personas que migran como un fenómeno lejos de la cotidianidad de los residentes del estado de Puebla, y, por ende, algo que no necesita preocuparnos. Sin embargo, muchas de las mismas prácticas que crean el «desposariado» erosionan los derechos de la ciudadanía, incluso para quienes no son migrantes. La deshumanización de las personas que migran fácilmente se extiende a otros grupos vulnerables de la sociedad. Este análisis multifacético de la movilidad humana invita a una reflexión más profunda sobre cómo nuestras vidas están vinculadas con las personas en situación de movilidad. Proteger los derechos de quienes viven y se mueven por Puebla requiere resaltar los beneficios de la interculturalidad, la diversidad y la innovación que surgen de la movilidad humana. Nuestra lucha por la justicia y la paz en Puebla debe incluir la idea de que la migración es un bien social que beneficia a nuestras comunidades.
Referencias
Andersson, R. (2016). Europe’s failed «fight» against irregular migration: Ethnographic notes on a counterproductive industry. Journal of Ethnic and Migration Studies, 42(7), 10551075. https://doi.org/10.1080/1369183X.2016.1139446
Baas, M. y Glick-Schiller, N. (2024). «The End of Migration»: Emerging trends and countervailing forces. Transitions: Journal of Transient Migration, 8(1), 3-23. https://doi.org/10.1386/ tjtm_00064_2
Bolaños Guerra, B. (Coord.) (2015). Biopolítica y migración. El eslabón perdido de la globalización uam, Unidad Cuajimalpa.
Estévez, A. (2020). Biopolítica y Necropolítica: ¿constitutivos y opuestos? En Varela, A. (Comp.) Necropolítica y migración en la frontera vertical mexicana. Un ejercicio de conocimiento situado (pp. 13-44). unam
Heyman, J. (2012). Capitalism and us policy at the Mexican border. Dialectical Anthropology, 36(3-4), 263-277. https://doi.org/10.1007/s10624-012-9274-x
Standing, G. (2013). El precariado. Una nueva clase social. Pasado y Presente.
SEMBLANZAS DE AUTORES
SEMBLANZAS AUTORES
Elena Ayala Galí (Ibero-Puebla)
orcid: 0009-0008-8054-5735
elena.ayala.gali@iberopuebla.mx
Doctora en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la buap y maestra en Latin American Studies por la Universidad de Georgetown (Washington, D. C.). Ha sido profesora en la Universidad de las Américas Puebla, y desde 2015 es académica de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla, donde coordina la Licenciatura en Relaciones Internacionales (2019). Sus líneas de investigación son migraciones internacionales, política social, derechos humanos y estudios de género. Es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y de la Latin American Studies Association. Es coautora de Vidas en contención: privación de la libertad y violaciones a derechos humanos en estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala (Ibero Puebla, 2022).
Juan Bermúdez Lobera (uacm)
orcid: 0009-0005-5450-214 jbermudezlobera@outlook.com Doctor en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) y maestro en Demografía por El Colegio de México (El Colmex). Ha trabajado en el Consejo Nacional de Población (Conapo) y en el Centro de Estudios Migratorios (cem) de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (upmrip). Entre sus publicaciones ha participado en la colección del Anuario de migración y remesas (Conapo-bbva, 2014-2018), y es coautor de varias publicaciones en el cem, entre las que se destacan «Caracterización de los flujos financieros asociados al tráfico ilícito de personas migrantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica» (2020) y «La transformación de los procesos administrativos migratorios (pam) para la atención de la migración irregular en México» (2024).
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de conahcyt, nivel 1. Es doctora en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con la tesis titulada Redes rurales y urbanas. Un estudio de su dinámica en el circuito migratorio Puebla-Nueva York. Es maestra y licenciada en Historia por la misma universidad. Ha sido autora de diversos artículos, participante en varios proyectos de investigación y eventos relacionados a estudios migratorios, lo que constituye su línea de investigación. Actualmente se desempeña como profesora en la Licenciatura en Relaciones Internacionales y en la Maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de la buap.
Norma Angélica Cuéllar Díaz (buap)
orcid: 0000-0001-9413-8518 norcudi@gmail.com
Es periodista e investigadora posdoctorante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudió el doctorado en Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades «Alfonso Vélez Pliego» de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap). Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por la unam y licenciatura en Ciencias de la Comunicación también por la unam. Pertenece al Seminario Fronteras, Migraciones y Subjetividades en el Capitalismo Contemporáneo de la buap. Es miembro del grupo de investigación «Producción de espacios de agenciamiento y estrategias de movilización, resistencia y disputa por derechos de poblaciones migrantes», ganadora del concurso «Migración, Estado y políticas: dinámicas de los movimientos y organizaciones de migrantes y respuestas gubernamentales», convocado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (clacso). Tiene publicaciones sobre migración y política en revistas especializadas y diarios nacionales. Sus investigaciones actuales se centran en la gobernanza neoliberal y violencia en el tránsito por México, publicadas en revistas especializadas.
Egresada del doctorado en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México. Premio Fray Bernardino de Sahagún 1999. Profesora investigadora titular C, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se desempeña como docente del posgrado en Antropología Sociocultural del mismo instituto. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2.
Tania Gómez Zapata (udlap)
orcid: 0009-0005-0891-6069 tania.gomez@udlap.mx
Doctora en Ciencia Política con enfoque en diplomacia pública y poder suave por la Queen Mary University of London. Estudió la maestría en Globalización y Comunicaciones por la University of Leicester, y la licenciatura en Periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Desde 2019 es profesora de tiempo completo del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla (udlap), en donde se desempeña como directora académica desde 2023, y anteriormente como coordinadora de posgrado. Es miembro de varias organizaciones académicas como isa, ica, lasa y la amei; en esta última coordina el Comité de Comunicación Internacional, Diplomacia Pública y Cultural. Sus áreas de interés son la comunicación internacional, diplomacia pública, poder suave, marca país y diásporas. Es candidata a investigadora nacional del snii
Myrna Elizabeth Iglesias Barrón (udlap)
orcid: 0009-0001-6316-6142
myrna.iglesias@udlap.mx
Doctorado en Ciencias del Lenguaje por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (2011), Maestría en Español por la Universidad de Villanova, Pennsylvania, Estados Unidos de América (1988) y Licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (1995). Sus áreas de investigación son la sociolingüística y la enseñanza de lenguas. Sus líneas de interés incluyen temas relacionados con la planeación y política lingüística, los derechos lingüísticos en procesos de movilidad humana, el español como lengua de herencia, y la enseñanza del español como segunda lengua. Ha colaborado en proyectos de formación docente de ele y participa en proyectos interinstitucionales, implementando estrategias innovadoras en procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. En el verano de 2017 participó como profesora invitada en Duke University.
Alison Elizabeth Lee (udlap)
orcid: 0000-0002-0927-1582
alison.lee@udlap.mx
Profesora-investigadora en el Departamento de Antropología de la Universidad de las Américas Puebla (udlap). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 1. Sus líneas de investigación son la migración internacional y el retorno, la reproducción social, el género y las fronteras. Algunas publicaciones recientes son «Al separarme de ellos, creo que sentiré una gran tristeza: Paternidad transnacional y regímenes fronterizos en el centro de México» (con Mario Alberto Macías-Ayala, Latin American Research Review, 2024); «La pandemia de covid-19, la crisis de cuidados y los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos: un análisis preliminar» (con María Eugenia D’Aubeterre Buznego, Mexican Studies/ Estudios Mexicanos, 2022). La Dra. Lee recibió su maestría y el doctorado en Antropología de la Universidad de California, Riverside.
Mario Alberto Macias-Ayala (University of Arizona)
Antropólogo enfocado en la migración de retorno y el cooperativismo, con especial interés en el despojo, desplazamiento y rearticulación identitaria. Es licenciado en Antropología por la Universidad de las Américas Puebla; tiene una maestría en Estudios de Nacionalismo por la Universidad Central Europea en Budapest, Hungría, y actualmente es candidato a doctor en Antropología por la Universidad de Arizona en Tucson. Es becario del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (conahcyt) y ha recibido apoyos como la beca flas para estudios de portugués y cultura portuguesa y Mellon-Fronteridades para investigaciones fronterizas entre México y Estados Unidos. En la actualidad, es asistente de investigación en el Bureau of Applied Research in Anthropology (bara), donde colabora en proyectos sobre riesgo y vulnerabilidad para poblaciones minoritarias.
Doctor en Ciencias de Gobierno y Política por la buap en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (icgde); estancia de investigación doctoral en la Universidad de Georgetown 2015; miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1; profesor por asignatura en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde imparte cursos en la Licenciatura de Relaciones Internacionales; investigador en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (icgde) de la buap. Desde 2012 a 2021, editor del Reporte en Migración; agenda migrante Puebla, de 2020 a 2021; secretario técnico y enlace de la presidencia de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales del Honorable Congreso del Estado de Puebla, de 2022 a 2024.
Jesús Antonio Morfín Liñán (buap)
orcid: 0009-0009-6179-8187
morfin_uam@yahoo.com
Doctor en Ciencias Sociales en el área de Relaciones de Poder y Cultura Política de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (uam-X). Investigador posdoctoral en la Maestría en Antropología Sociocultural (masc) del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSyH) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (snii) del conahcyt. Integrante del gt: Trabajo agrario, desigualdades y ruralidades de clacso. Un tema recurrente en sus trabajos es la vinculación de la crítica de la economía política con las formas cotidianas de las relaciones sociales, la formación de las nuevas clases trabajadoras y la reproducción social en el contexto de los desplazamientos migratorios.
Adriana Sletza Ortega Ramírez (buap)
orcid: 0002-3387-9635
adriana.ortega@correo.buap.mx y asletza@gmail.com
Profesora-investigadora de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Integrante del Cuerpo Académico Procesos Transnacionales y Migración (buap-ca-230). Presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (amei) en el periodo 2023-2025. Sus líneas de investigación se centran en las políticas migratorias locales, relaciones internacionales de los Gobiernos locales (paradiplomacia) y derechos humanos. Ha coordinado los libros Derecho y migración (Tirant lo Blanch, 2022), Teorías de relaciones internacionales. Interpretaciones críticas desde México y América Latina (cide, 2021), Migraciones contemporáneas desde Puebla y gestión migratoria extraterritorial (buap, 2019), Puebla y sus migrantes. Tendencias y retos de agenda pública (Gernika, 2014), y Conexión Puebla: hacia una política migratoria estatal (buap, Montiel y Soriano, 2006).
Rocío del Carmen Osorno Velázquez (amei)
orcid: 0000-0003-3443-7158
rocio.osorno@gmail.com
Maestra en Estudios de Norteamérica y licenciada en Relaciones Internacionales por parte de la Universidad de las Américas Puebla (udlap), así como licenciada en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap). Actualmente es consultora social, certificada por la International Coaching and Consulting Network y coordinadora del Comité de Género, Interseccionalidad, Teorías Feministas y Queer (gifq ) en la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (amei) para el periodo 2023-2025. Ha trabajado como investigadora en el Centro de Estudios Migratorios (cem) de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (upmrip), docente universitaria y analista en la sociedad civil. Sus temas de interés son políticas públicas, feminismo, género y migración.
María Leticia Rivermar Pérez (buap)
orcid: 0000-0002-5154-0731
lrivermar@gmail.com
Licenciada en Antropología Social por la enah, maestra en Sociología por la buap y doctora en Antropología por la unam. Profesora investigadora ptc, y actualmente coordinadora de la maestría en Antropología Sociocultural, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Autora y coautora de más de treinta artículos, capítulos y dos libros y cocompiladora de cuatro libros. Temas de interés: migraciones y ruralidades.
Guillermo Yrizar Barbosa (Ibero-Puebla)
orcid: 0000-0002-6988-8226
guillermo.yrizar@iberopuebla.mx
Académico titular de tiempo completo, profesor e investigador en migraciones internacionales y derechos humanos en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla. Es doctor en Sociología con un certificado en demografía del Centro de Posgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (cuny Graduate Center). Es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores (snii) en México y desde 2021 es coordinador de la dimensión investigativo-teórica de la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica-Norteamérica. Ha sido investigador invitado en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego e investigador afiliado al Binational Migration Institute de la Universidad de Arizona. Es integrante del Programa Universitario en Migraciones de la Ibero Puebla.
La movilidad humana en Puebla: experiencias vividas, políticas y posibilidades para el futur0 fue preparado por el Departamento de Publicaciones de la Universidad de las Américas Puebla, Ex hacienda Santa Catarina Mártir s/n, San Andrés Cholula, Puebla, 72810, para su publicación en línea en febrero de 2026.
Puebla tiene una larga historia tanto de emigración hacia Estados Unidos como de migración de retorno desde ese país; pero también es el escenario de migraciones en tránsito e integración de personas del centro y sur de América, el Caribe y otras regiones.
Esta obra ofrece un panorama general sobre los cambios en las dinámicas migratorias en la entidad. Así, se analizan las historias recientes y las tendencias respecto a la diversidad de los flujos migratorios, las experiencias vividas de las personas en movilidad, así como los retos y logros que enmarcan sus vidas. Se revisa también el contexto nacional e internacional en el que han ocurrido importantes transformaciones que se deben considerar.
En su conjunto, el libro contribuye a exponer y analizar de manera multiescalar y multidisciplinaria las dinámicas migratorias internacionales en Puebla, a partir de las investigaciones realizadas por especialistas cuya experiencia les ha permitido seguir de cerca los procesos migratorios durante largos periodos. El fenómeno se analiza desde la óptica de disciplinas como la antropología, la sociología, la demografía, la economía, las relaciones internacionales y la ciencia política. Esto brinda una diversidad de enfoques, métodos y elementos de análisis para ofrecer una visión holística.
