Escalas de impunidad en el mundo. Índice Global de Impunidad 2020 (IGI-2020)

© Escalas de impunidad en el mundo. Índice Global de Impunidad 2020 (IGI-2020)

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Publicación y bases de datos disponibles para consulta en www.udlap.mx/cesij

Primera edición: agosto de 2020

ISBN: 978-607-8674-21-3

Coordinadores:

Juan Antonio Le Clercq Ortega

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara

Diseño editorial: Angélica González Flores

Diseño de portada: Diego Castillo Mendoza

Queda prohibida la reproducción parcial o total, por cualquier medio, del contenido de la presente obra, sin contar con autorización por escrito del titular de los derechos de autor. El contenido de este libro, así como su estilo y las opiniones expresadas en él, son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la opinión de la udlap

Versión electrónica hecha en México.

índice global de impunidad 2020 (igi-2020)

Escalas de impunidad en el mundo

DIRECTORIO

Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista Rector

Universidad de las Américas Puebla

Lic. Andrea Ambrogi Domínguez Presidente Consejo Honorario del CESIJ

Dra. Cecilia Anaya Berríos Vicerrectora académica

Mtra. Mónica Ruiz Huerta Vicerrectora administrativa

Mtra. María del Carmen Palafox Ramos Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles

Mtro. Mario Vallejo Pérez Vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional

Embajador Eminente Raphael Steger Cataño Decano de la Escuela de Ciencias Sociales

Mtra. Mayra Ortiz Prida Directora general de la Oficina de Rectoría

Mtra. Mónica Núñez Huerta Directora general de Finanzas

Mtra. Lorena Martínez Gómez

Directora general de Planeación y Evaluación

Equipo de investigación

Dr. Juan Antonio Le Clercq

Director académico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política

Coordinador general del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia

Universidad de las Américas Puebla

Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara

Coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia

Universidad de las Américas Puebla

Consejo académico internacional

Dra. Claudia Barona Castañeda (UDLAP), Dr. John Bailey (Georgetown University), Dr. Raúl Benítez Manaut (CISAN-UNAM), Dra. Celeste Cedillo (UDLAP), Mtro. Israel Cedillo (UDLAP), Dr. Jorge Chabat (CIDE ), Dr. David Cingranelli (Binghamton University, Estados Unidos), Dr. Fausto Quintana ( FCPS-UNAM), Dr. Mohamed Badine El-Yattioui (UDLAP), Dr. Vidal Romero (ITAM), Dra. Marcela Szymanski, Mtra. Volga de Pina Ravest (IMDHD), Mtro. Ariel Ávila (Fundación PARES, Colombia), Mtro. Carlos Barrachina (Universidad Anáhuac), Mtro. Hans Mathieu (Friedrich Ebert Stiftung-Alemania), Dr. Tony Payan (Rice University), Dr. José Roldán Xopa (CIDE ), Irene Muñoz Trujillo (Eje Central) y Luis Daniel Vázquez (IIJ-UNAM/FLACSO, México).

Equipo de análisis cuantitativo

Azucena Cháidez Montenegro, Edgar Valle Álvarez, Julio César Martínez Sánchez, Sandra Rosalía Ruiz de los Santos, Mayra Andrea Benítez Rivero, Emiliano Irena Hernández, Eduardo Patricio Saavedra y Abraham Maldonado Jaramillo.

Alumnos del Programa de Honores, prácticas en la profesión, tesistas y becarios Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política UDLAP

María Teresa Angulo Guillermo, Ivana Del Río Benítez Landa, Itziar Berganza Orozco, Jacqueline Castellanos Castellanos, Jorge Cruz Avalos, Dora Oyuki Díaz Sánchez, Daniela Sarai Domínguez Izquierdo, Dahyane Lisseth Galindo Osuna, Melanie García Flores, María José Goytia Morúa, Mercedes Hernández Ferrer, Ivana Herrera McKinney, Mario Alberto López Espinosa, Enrique López Pérez, Daniela Martínez Rojo, Elena Josuany Mena Munive, Carlos Luis Merino Ayala, Antonio Montes Magaña, Alexis Murillo Corona, Naiki Guadalupe Olivas Gaspar y Xchell Celeste Sánchez Cruz.

ÍNDICE

Resumen ejecutivo Presentación

Carta del Consejo

Introducción

1. Marco conceptual del Índice Global de Impunidad

2. Metodología, indicadores, componentes y modelo estadístico IGI-2020

Dimensión estructural

Dimensión funcional

Dimensión de derechos humanos

Definiciones modelo estadístico del IGI-2020

3. Resultados IGI-2020

Resultados por región

África

América

Asia-Pacífico

Europa

Análisis de correlaciones

Fichas por país

Referencias

Acrónimos y siglas

Diccionario de la impunidad global

RESUMEN EJECUTIVO

• El objetivo del Índice Global de Impunidad (igi) es visibilizar cuantitativamente el problema global de la impunidad y su relación con otros fenómenos complejos como la desigualdad, la corrupción y la violencia.

• El igi representa el esfuerzo académico internacional más importante para medir comparativamente los niveles de impunidad en el mundo. Éste se realiza a partir de una metodología cuantitativa que se enfoca en medir la estructura y funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia, así como el respeto a los derechos humanos en cada país.

• A partir de los resultados estadísticos que presenta el igi (y el acceso abierto a nuestras bases de datos), los investigadores en universidades, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, agencias internacionales, empresas globales y público en general pueden realizar análisis cualitativos específicos, por dimensión, enfocados a cada país y región.

• A partir de nuestro primer reporte, publicado en 2015, hemos destacado que medir la impunidad por sí misma es muy relevante, pero que altos índices de impunidad pueden estar interrelacionados con problemas de desigualdad socioeconómica, acceso a la justicia, fragilidad del Estado de derecho, desarrollo económico insuficiente, dificultades para la atracción de nuevas fuentes de inversión extranjera y turismo, y, lo que no podemos perder de vista, mayores violaciones a los derechos humanos.

• El igi-2020 no alcanzó a medir el impacto que ha tenido la pandemia de covid -19 sobre la impunidad. Sin embargo, dados los vínculos que existen entre impunidad y desigualdad, resulta fundamental comenzar a analizar la forma en que la pandemia puede agudizar los niveles de inseguridad y violencia, así como limitar, aún más, el acceso a la justicia y otros bienes públicos, lo que probablemente tendrá un impacto especialmente negativo sobre todo en las regiones con altos grados de marginación y menores índices de avances en su Estado de derecho, como es el caso de América Latina, África, Asia Central y Asia-Pacífico.

Índice Global de Impunidad 2020

• El cierre parcial o total de oficinas de seguridad y justicia en el mundo afectará de manera negativa los índices de impunidad en los países en 2020, sin embargo, este reporte aún no lo refleja.

Resultados para el mundo

• Con la información disponible en 2019 se analizaron 69 países. El igi-2020 permitió ampliar las unidades de observación total a dos naciones más, aunque se consideran por separado a Escocia e Irlanda del Norte con respecto al Reino Unido. También se incluyeron dos países que generan estadísticas, aunque no son Estados miembros de la onu: Palestina y Kosovo.

• Se integran a esta medición los siguientes países no contemplados en el igi-2017 : Bélgica, Bahréin, Liechtenstein, Escocia, Kosovo, Kirguistán, Belarús, Palestina, Nepal, Guyana, Azerbaiyán, Marruecos y Tailandia.

• A pesar de que se adicionaron nuevos Estados al índice, lamentablemente doce casos tuvieron que salir del estudio por irregularidades o inconsistencias significativas en la presentación de la información: Argentina, Australia, Brasil, República Checa, República Dominicana, El Salvador, Filipinas, Granada, Irlanda, Kenia, Trinidad y Tobago, y Venezuela.

• Se integra un país al estudio de África: Marruecos. En Asia-Pacífico ingresaron Bahréin, Kirguistán, Palestina, Nepal, Azerbaiyán y Tailandia. Mientras que se incorporó Guyana en América, y de Europa se incorporaron Bélgica, Liechtenstein, Escocia, Kosovo y Belarús. Esto permitió contar con una muestra más robusta.

• En 124 países con membresía en las Naciones Unidas no hay estadísticas suficientes sobre seguridad y justicia que permitan una evaluación comparada. Esto destaca la importancia del concepto de impunidad estadística como componente indispensable del análisis comparado de la impunidad. Como hemos señalado anteriormente, la impunidad estadística puede ser resultado de la falta de capacidades de los países para generar estadísticas nacionales, la ausencia de voluntad para reportar información a la comunidad internacional e, incluso, la manipulación de cifras oficiales para minimizar el efecto de fenómenos como la inseguridad, la violencia, la violación a los derechos humanos o la corrupción. Los países incluidos en el grupo de impunidad estadística pueden incorporarse rápidamente al igi si reportan a Naciones Unidas o instituciones estadísticas regionales la información de sus indicadores faltantes.

Impunidad muy baja y baja

• Los veinte países con muy bajo índice de impunidad son: 1) Eslovenia (20.26 puntos), 2) Croacia (20.46 puntos), 3) Grecia (24.05 puntos), 4) Bosnia y Herzegovina (25.31 puntos), 5) Suecia (25.94 puntos), 6) Noruega (27.36 puntos), 7) Hungría (28.34 puntos), 8) Rumanía (28.89 puntos), 9) Países Bajos (29.76 puntos), 10) Serbia (30.97 puntos), 11) Islandia (31.03 puntos), 12) Estonia (31.36 puntos), 13) Bulgaria (31.37 puntos), 14) Montenegro (31.71 puntos), 15) Albania (32.12 puntos), 16) Alemania (32.46 puntos), 17) Inglaterra y Gales (32.49 puntos), 18) Eslovaquia (32.73 puntos), 19) Finlandia (32.90 puntos) y 20) Bélgica (32.97 puntos).

• Los quince países que destacan por un nivel bajo de impunidad son: 21) Portugal (33.06 puntos), 22) Letonia (33.14 puntos), 23) Italia (33.78 puntos), 24) Ucrania (33.84), 25) España (34.81 puntos), 26) Mongolia (35.02 puntos), 27) Lituania (35.78 puntos), 28) Francia (36.06 puntos), 29) Escocia (36.09 puntos), 30) Irlanda del Norte (36.61 puntos), 31) Polonia (37.20 puntos), 32) Austria (37.24 puntos), 33) Japón (37.67 puntos), 34) República de Corea (37.71 puntos) y 35) Suiza (38.42 puntos).

Impunidad media

• Los quince países que se ubican en el rango de impunidad media son: 36) Dinamarca (38.82 puntos), 37) Costa Rica (39.51 puntos), 38) Estados Unidos (40.21 puntos), 39) Barbados (40.48 puntos), 40) Georgia (40.51 puntos), 41) Belarús (41.17 puntos), 42) Panamá (42.54 puntos), 43) Moldavia (44.29 puntos), 44) Singapur (44.89 puntos), 45) Canadá (45.66 puntos), 46) Turquía (46.17 puntos), 47) Bahréin (46.37 puntos), 48) Federación de Rusia (46.37 puntos), 49) Colombia (46.88 puntos) y 50) Chile (47.63 puntos).

Países con mayores índices de impunidad

• Los países con impunidad media alta son: 51) Kosovo (47.69 puntos), 52) Palestina (47.79 puntos), 53) Liechtenstein (47.83 puntos), 54) Camerún (47.87 puntos), 55) Ecuador (48.17 puntos), 56) Kazajistán (48,30 puntos), 57) Perú (48.31 puntos) y 58) Armenia (48.72 puntos).

• Los países con impunidad muy alta son: 59) Guatemala (49.66 puntos), 60) México (49.67 puntos), 61) Kirguistán (51.80 puntos), 62) Nepal (51.94 puntos), 63) Guyana (52.07 puntos), 64) Paraguay (53.15 puntos), 65) Azerbaiyán (54.56 puntos), 66) Argelia (57.63 puntos), 67) Marruecos (58.04 puntos), 68) Honduras (59.69 puntos) y 69) Tailandia (62.82 puntos).

Índice Global de Impunidad 2020

• Cabe señalar que el caso mexicano se mantiene en niveles muy altos de impunidad y que la variación en su posición en el igi, en comparación con los reportes de 2015 y 2017, es resultado de cambios en la posición de otros países, más que de la implementación de acciones efectivas para fortalecer el Estado de derecho, garantizar el acceso a la justicia o proteger los derechos humanos.

Impunidad estadística

• La impunidad estadística significa la imposibilidad de medir estadísticamente las capacidades y funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia, así como el respeto a los derechos humanos en los Estados. La impunidad estadística tiene tres probables orígenes: deficiencia institucional en materia de estadísticas nacionales, falta de voluntad política para generar esta información o la manipulación deliberada de la estadística oficial. En países con niveles económicos altos o altamente desarrollados, la variable más importante para explicar la impunidad estadística es la falta de voluntad política del régimen en turno para generar estadísticas nacionales.

• Arabia Saudita, China, Indonesia y Sudáfrica se mantienen como los únicos cuatro integrantes del G-20 que no fue posible medir en este índice como consecuencia de la impunidad estadística . Es decir, a pesar de que cuentan con capacidades institucionales para reportar información, no están entregando de manera sistemática datos a las Naciones Unidas en materia de sus sistemas de seguridad, justicia, funcionamiento de su sistema penitenciario o violaciones a los derechos humanos, por lo que resulta difícil compararlos con el resto del mundo.

Impunidad en África

• S ólo tres países de este continente pudieron ser evaluados para el igi-2020. Con excepción de Camerún, Argelia y Marruecos, el resto de los países se catalogaron con impunidad estadística.

• A diferencia de la edición 2017, Kenia no pudo ser evaluado por la inconsistencia en las variables de personas frente a los tribunales entre número de jueces y personas frente a los tribunales entre número de fiscales.

• Los países evaluados de África se ubican en el rango de impunidad alta, esto lo lleva a ser catalogado como uno de los continentes con mayores índices de impunidad, cuando se le correlaciona con sus niveles de desigualdad.

• Es importante recordar que la mayoría de los países africanos tuvieron una independencia relativamente tardía. Esto llevó a que la construcción de sus instituciones de seguridad y justicia se efectuara en un ambiente ambiguo,

por lo que su refuerzo es indispensable para que los países de este continente mejoren su posición en el índice.

• En este sentido, se resalta la importancia de la cooperación internacional para que este refuerzo se enfoque en mejorar los sistemas de justicia, seguridad y derechos humanos.

• Si bien se han hecho avances en el desarrollo de oficinas nacionales de estadística en el continente, se debe seguir trabajando para fortalecerlas con el apoyo de organismos internacionales tales como la Comisión Económica para África de Naciones Unidas.

• La generación de estadística en la región podría facilitar la visualización de problemas como la desigualdad correlacionada con la impunidad. Además, a través de estos instrumentos se puede llegar a un progreso en los Objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, así como el fortalecimiento de los sistemas económicos, de justicia, seguridad y de derechos humanos en los países africanos.

Impunidad en América

• En la edición 2020 del Índice Global de Impunidad, se agregó a Guyana en la medición. Sin embargo, debido a inconsistencias con la información reportada, se tuvieron que excluir del modelo a Argentina, Brasil, República Dominicana, El Salvador, Granada, Trinidad y Tobago, y Venezuela, casos que, por lo mismo, son calificados como impunidad estadística.

• Ningún país de la región se encuentra entre los países con niveles bajos de impunidad. Se puede asumir que las naciones que pudieron ser incluidas en esta edición presentan niveles medios y altos de impunidad.

• Costa Rica es el país de la región con menor grado de impunidad (39.5 puntos), sin embargo, se mantiene en el grupo de impunidad media (42). En ese mismo rango se encuentran Estados Unidos (posición 38, con 40.21 puntos), Barbados (posición 39, con 40.48 puntos), Panamá (posición 42, con 42.54 puntos), Canadá (posición 45, con 45.66 puntos), Colombia (posición 49, con 46.88 puntos) y Chile (posición 50, con 47.63 puntos).

• A diferencia del igi -2017, México no encabeza la lista de países con mayor impunidad. En la edición de 2020, es Honduras quien tiene el nivel más alto de impunidad en la región, y es el segundo con impunidad alta en el ámbito global (68). Sin embargo, esto no significa que observemos una mejora o una transformación significativa en el funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia, así como en el respeto a los derechos humanos en el caso mexicano.

• Los países con mayor impunidad de la región, en orden ascendente son: Ecuador, Perú, Guatemala, México, Guyana, Paraguay y Honduras.

• Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Bolivia, Cuba, Dominica, Haití, Jamaica, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Uruguay se mantienen como países con impunidad estadística debido a que no producen la información necesaria para analizarlos en materia de segu-

Índice Global de Impunidad 2020

ridad y justicia. Se requiere de voluntad política por parte de los gobiernos de estos países para poder generar la información necesaria y reportarla a Naciones Unidas.

• Siete países están en el modelo alternativo debido a valores atípicos: Argentina (cinco variables sin información); Brasil (siete variables sin información); República Dominicana (no ofrece información para la dimensión estructural del sistema de seguridad); El Salvador (cifra muy alta en homicidios, no se puede hacer caja de dispersión); Granada (no tiene información con respecto a la dimensión estructural del sistema de seguridad); Trinidad y Tobago (valores atípicos en la variable de encarcelados entre condenados), y Venezuela (ocho variables sin información).

• El cesij observará de manera crítica la situación que enfrenta la región debido a las protestas sociales, y la respuesta que varios gobiernos han tenido frente a ellas. Además, es preocupante la discrepancia entre las cifras de heridos reportadas por parte de los gobiernos en comparación con aquellas reportadas por organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil e internacionales.

• Existe una preocupación por los altos grados de impunidad y desigualdad socioeconómica que caracterizan a la región. La exclusión social es un factor que retroalimenta la impunidad y agrava las consecuencias de la inseguridad y la violencia, especialmente para quienes sufren condiciones de marginación.

• Se deben crear políticas públicas que tengan como objetivo la consolidación del Estado de derecho con énfasis en la transformación de los sistemas de seguridad y justicia.

Impunidad en Asia-Pacífico

• Mongolia (35.02 puntos), Japón (37.67 puntos) y República de Corea (37.71 puntos) tienen los niveles más bajos de impunidad de la región, encontrándose en el grupo de impunidad baja a nivel global. Esto ofrece un contraste importante con el igi -2017, en el cual los países con niveles más bajos de impunidad se encontraban en el rango medio en el ámbito global.

• Para el igi-2020, Asia-Pacífico fue la región que vio un mayor incremento en la muestra. Se añadieron Bahréin, Kirguistán, Palestina, Nepal, Azerbaiyán y Tailandia. Resulta preocupante la situación de violencia entre Israel y Palestina que puede afectar sus niveles de impunidad.

• En el sureste asiático encontramos al país con mayor impunidad a nivel global: Tailandia. Éste ha enfrentado periodos de violencia, desde inicios del siglo, los cuales continúan y se han localizado mayormente al sur del país. Además, persiste la amenaza del narcotráfico, fenómeno que agrava la situación de impunidad.

• Arabia Saudita, China e Indonesia (países pertenecientes al G-20) no reportan la información estadística necesaria en materia de seguridad y justicia para poder ingresarlos al igi-2020.

• En los niveles más altos de impunidad a nivel global se encuentran Palestina, Kazajistán, Armenia, Kirguistán, Nepal y Azerbaiyán.

• Finalmente, Filipinas presenta valores atípicos en las variables de personas frente a los tribunales entre personas en contacto formal con la policía. Es importante resaltar que este país tuvo la valoración más alta en materia de impunidad en el igi -2017. A pesar de que no se pudo estudiar en la edición 2020, se observaron en el país situaciones de violencia con relación a delincuencia organizada y grupos terroristas locales.

Impunidad en Europa

• Europa, como región, presenta los niveles más bajos de impunidad.

• Eslovenia (20.3 puntos) es el país con menores índices de impunidad, mientras que Kosovo (47.7 puntos) y Liechtenstein (47.8 puntos) se mantienen con los niveles más elevados y se ubican en el grupo de países con impunidad alta.

• Se agregaron a la medición los siguientes países: Bélgica, Escocia, Kosovo, Liechtenstein y Belarús.

• Austria y la Federación de Rusia presentan valores atípicos que se deben resaltar. En el primer caso, debido al número de jueces y personal en tribunales (los cuales se encuentran por debajo del promedio), se produce un efecto que envía a Austria al grupo de países con impunidad alta. Esto se debe a que en las otras variables los indicadores se encuentran dentro de los valores promedio.

• En cuanto a la Federación de Rusia, los datos reportados se encuentran por encima del promedio internacional, lo que provoca que, a nivel general, tenga una mejor posición que en los reportes anteriores. Esto representa un cambio muy significativo que deberá ser analizado con especial prudencia.

Impunidad en México

• México ocupa el lugar 60 de 69 países estudiados en el Índice Global de Impunidad 2020. En la edición de 2017, ocupó el lugar 66 de 69 y en el igi-2015 obtuvo el lugar 58 de 59 casos estudiados.

• Debido a las altas puntuaciones en la dimensión estructural (tanto en el sistema de justicia como el de seguridad), ésta debe de ser una prioridad para el país.

• La alta puntuación en la dimensión estructural del sistema de justicia señala la necesidad de incrementar el número de jueces. Esto se traduciría en

Índice Global de Impunidad 2020

una mejora de las capacidades de impartición de justicia, lo que desencadenaría mejores valoraciones en materia del número de personas encarceladas en espera de sentencia y sobrepoblación de cárceles.

• El igi-2020 registra como promedio 17.83 jueces por cada cien mil habitantes. En comparación, México cuenta con 2.17 jueces por cada cien mil habitantes. Esta cifra contrasta con la del país con menor impunidad: Eslovenia, república europea que registró 42.77 jueces por cada cien mil habitantes.

• En cuanto a la estructura del sistema de seguridad, el índice muestra que hay 347.76 policías por cada cien mil habitantes. Esta cifra resulta mayor que el promedio de los 69 países. Sin embargo, esto no se traduce en capacidades efectivas de la policía. Además, al compararse con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se muestra que el estatus actual del estado de fuerza mínimo de la policía en México se encuentra casi un policía por debajo del estándar mínimo internacional (1.05 frente a 1.8 policías por cada mil habitantes).

• A pesar de que el problema de la impunidad está lejos de politizarse, se observa un aumento en las estadísticas delictivas. Esto podría afectar en futuras mediciones de la impunidad.

• La precaria situación en materia de derechos humanos representa un factor crítico para entender los altos grados de impunidad que caracterizan al caso mexicano.

• Es necesario tomar medidas urgentes para reducir los altos índices de impunidad. Se requiere dotar de mayores presupuestos a los sistemas de seguridad y justicia. Estos recursos deben reflejarse en un aumento de sus capacidades humanas, infraestructura y profesionalización.

• Resulta indispensable contar con sistemas de evaluación más efectivos e independientes de los órganos de gobierno para garantizar información verídica y de calidad sobre el funcionamiento de los sistemas de justicia y seguridad.

• La entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal puede crear una percepción equivocada de aumento de la impunidad. Si bien este sistema ha traído una mejoría en los procesos judiciales (sobre todo en materia de transparencia), esto no ha significado una mejoría para México debido a los resultados de los juicios.

• Mejorar las capacidades del sistema de justicia, incluyendo procuración e impartición de justicia, resulta clave para aspirar a reducir niveles de impunidad extremadamente altos. Un sistema de justicia deficiente implica, en primer lugar, acceso desigual a la justicia y permitir procesos de doble victimización, pero significa también la imposibilidad de enfrentar la inseguridad pública a través de las instituciones del sistema de justicia.

• No se debe dejar de lado la existencia de sistemas de seguridad locales y federales mal preparados, con capacidades desiguales y con deficiente funcionamiento, así como sistemas de justicia colapsados y sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas externos.

• Finalmente, observamos con creciente preocupación la tendencia a un populismo punitivo que reivindica penas más fuertes y prisión preventiva oficiosa como el camino para reducir la impunidad. Enfrentar los muy altos

niveles de impunidad para el caso mexicano pasa, necesariamente, por mejorar las capacidades y el funcionamiento de las instituciones de los sistemas de justicia y seguridad, así como brindar una protección más efectiva a los derechos humanos. Apostar por aumentar las penas y permitir prisión preventiva para más delitos supone, por el contrario, reproducir ciclos de impunidad que tendrán un efecto negativo en la población socioeconómicamente más vulnerable.

Metodología

• Para el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (cesij) la impunidad es un fenómeno multidimensional que va más allá del análisis de los delitos susceptibles de ser castigados, como el homicidio. Y ésta tiene tres grandes dimensiones: seguridad, justicia y derechos humanos.

• Medimos la impunidad desde dos criterios centrales: la funcionalidad de los sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos, y la capacidad estructural o instalada con la que cuentan los países.

• La impunidad estadística es un componente indispensable para entender la impunidad en forma comparada, y esto puede ser resultado de la falta de capacidades de los países para generar estadísticas nacionales, la ausencia de voluntad para reportar información a la comunidad internacional o de la manipulación de cifras oficiales.

• Ha sido comprobado —estadísticamente— que la impunidad está correlacionada con fenómenos humanos que preocupan profundamente a la comunidad internacional, como son la desigualdad, la corrupción y el Estado de derecho.

• La riqueza de los países, medida a través de sus capacidades económicas de producción, no es un factor determinante de la impunidad. En efecto, es preciso destinar los recursos necesarios para las estructuras de seguridad y justicia, sin embargo, esto por sí mismo no es suficiente: es importante que dichas instituciones funcionen adecuadamente y respeten los derechos humanos.

• Vemos con profunda preocupación que la desigualdad es un indicador que está relacionado con la impunidad. Aquellos países que no otorgan las oportunidades de desarrollo socioeconómico a su gente, no realizan una tarea adecuada para reducir el acceso desigual a la seguridad y justicia entre su población.

• Este índice no reduce el fenómeno de la impunidad al porcentaje de delitos que son castigados, más bien, propone un acercamiento más complejo y otorga un puntaje con base en las dimensiones de seguridad, justicia y derechos humanos relacionadas con la impunidad.

• Se debe tener cuidado al comparar el igi -2017 y el igi-2020 debido a los ajustes que se realizaron en ciertos indicadores de las tres dimensiones estudiadas. Ajustes inevitables ante la inconsistencia que caracteriza a la información oficial sobre seguridad, justicia y derechos humanos.

Índice Global de Impunidad 2020

• En la dimensión estructural, se ajustó el indicador de reclusos entre capacidad total de los penales por reclusos entre total de población. Lo anterior como consecuencia de la falta de información sobre la variable de capacidad en cárceles. Lo mismo se replica en materia de personal en reclusorios entre capacidad total de los penales, que se ajustó a personal en reclusorios entre total de población.

• En cuanto a la dimensión funcional, se debió ajustar la variable de encarcelados: la variable de encarcelados por homicidio entre homicidios totales se ajustó en razón del total de población; esto debido a que no se encontró la variable de homicidios totales.

• Finalmente, la dimensión de derechos humanos también experimentó cambios significativos. El estudio se encontró con la falta de actualización del puntaje de protección de derechos humanos ( ppdh), estimado por Christopher Fariss (2014) y Fariss y Schnakenberg (2014), el cual fue utilizado para la edición del 2017. Debido a esto, se decidió utilizar las estimaciones producidas por el World Justice Project en materia de derechos humanos.

PRESENTACIÓN

Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista

Rector de la Universidad de las Américas Puebla

Presento la tercera edición del Índice Global de Impunidad (igi), trabajo que mide la impunidad en diversos países con base en información obtenida fundamentalmente de las Naciones Unidas y de diversas organizaciones internacionales. A este esfuerzo se sumó recientemente el igi Colombia 2019, que se añade a los índices de medición de la impunidad al interior de los países como en el caso de México, que cuenta con las ediciones 2016 y 2018, y que tendrá su actualización correspondiente en 2021.

Al comparar la situación mundial al respecto, el igi-2020 refuerza nuestra certeza de que en México permanecen niveles muy altos de impunidad debido a carencias que hemos señalado repetidamente a lo largo de estos cinco años: un mal desempeño de los sistemas de seguridad y justicia que requiere ser corregido si deseamos acabar con la impunidad y la corrupción imperantes en nuestro país. Hoy confirmamos que nuestra recomendación de que el gobierno debe invertir en mejorar las capacidades y funcionamiento de las instituciones, en especial en la procuración e impartición de justicia, es crucial si se aspira a reducir sustantivamente la impunidad y corrupción presentes en nuestra nación.

La Universidad de las Américas Puebla se congratula de que este estudio se haya convertido en una referencia obligada para la investigación académica y los trabajos de organizaciones de la sociedad civil sobre la impunidad a nivel global. Es motivo de gran orgullo que el igi sea un referente para que, en los procesos de toma de decisiones a nivel internacional, se recurra a sus recomendaciones y así formular políticas públicas orientadas a resolver este problema en sus países. En este sentido, el igi es un producto estratégico de alto impacto para el diseño de políticas, análisis de riesgo económico y comprensión de las consecuencias sociales que involucra la ausencia de investigación y sanción ante la comisión de delitos o violaciones a los derechos humanos.

Quiero destacar que el igi es un proyecto desarrollado por investigadores del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de nuestra universidad, en el que participan activamente becarios y estudiantes adscritos al Programa de Honores. Para la udlap, la investigación científica y, en este caso, el desarrollo del igi, son parte fundamental del proceso formativo de los alumnos.

CARTA DEL CONSEJO

Andrea Ambrogi Domínguez Presidente del Consejo Honorario del CESIJ UDLAP

Una vez más, el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la udlap elabora este reporte que nos presenta el panorama preciso sobre el comportamiento de la impunidad en el contexto internacional. Se mantiene el esfuerzo incansable de generar información rigurosa para la ejecución de estrategias y políticas públicas que incidan en la erradicación de este fenómeno.

Desde su primera publicación, el Índice Global de Impunidad del cesij se ha convertido en un referente mundial de la medición de la impunidad. Esto se ha logrado gracias a que cuenta con una metodología sólida y una construcción basada en datos verificables. Actualmente, el índice se ha posicionado con un alto reconocimiento por parte de la academia, la sociedad civil y el ámbito gubernamental.

¿Por qué es importante la continuidad de este índice? Porque ha logrado identificar y dimensionar el fenómeno de la impunidad, y esto ha permitido cuantificar el impacto que tiene en la proliferación de conductas antisociales como la corrupción, la inseguridad y los altos niveles de violencia.

Mi total reconocimiento y agradecimiento al doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, por la constancia y compromiso para con el proyecto —a pesar de los tiempos adversos, sigue impulsando investigaciones que tienden a mejorar nuestro entorno—, al igual que al equipo que integra el cesij, liderado magistralmente por el doctor Juan Antonio Le Clercq Ortega y el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara.

Agradezco el honor y la oportunidad de colaborar con este equipo excepcional.

INTRODUCCIÓN

El año 2020 no será recordado sólo por la pandemia de covid-19 y la crisis económica global que desató, también será un parteaguas para las instituciones estatales que son responsables de proveer bienes sociales como justicia y seguridad, y de garantizar el goce de otros derechos como el acceso a servicios de salud y educación de calidad. El Índice Global de Impunidad 2020 no mide el impacto de la covid - 19 sobre las instituciones de seguridad y justicia porque las estadísticas que reportan los países tienen al menos dos años de retraso, debido al largo proceso de solicitud, entrega, procesamiento y presentación de información en el marco del Sistema de las Naciones Unidas. Por lo anterior, los resultados que se observan en este reporte corresponden a los años 2018 y 2019.

El igi apuesta a la transparencia y acceso a la información de los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario de los países a partir de su obligación de reportar anualmente a la onudd sus estadísticas, por lo que castiga bajo el principio de la impunidad estadística a los Estados de la onu que no reportan su información con oportunidad. Sobre todo, se castiga a aquellos países que teniendo los recursos no tienen la voluntad de reportar su información nacional. Asimismo, contempla como tercera variable el respeto a los derechos humanos, porque un país que quiere hacer cumplir a rajatabla su ley por encima de los derechos fundamentales puede ser extraordinariamente autoritario, tales acciones también son consideradas como actos de impunidad por parte de este índice.

Con base en los criterios de este reporte, el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (cesij) observa que la tendencia global para reducir la impunidad al interior de los países sigue siendo una agenda pendiente por parte los gobiernos en todo el mundo. Es lamentable ver casos de retroceso en el igi-2020 en países como Honduras, Colombia, Myanmar, Filipinas, Guatemala, Venezuela y Rusia. Asimismo, nos preocupa que los siguientes países del G-20 no estén reportando regularmente sus estadísticas de seguridad y justicia al onudd: Arabia Saudita, China e Indonesia.

A continuación, presentamos un análisis sobre las tendencias de la impunidad global por regiones y por ámbitos de su multidimensionalidad. Por último, ofrecemos once recomendaciones extraídas de este índice y de reportes de organizaciones internacionales involucradas con el estudio y atención de problemas relacionados con la impunidad.

I. Tendencias globales de la impunidad 2019-2020

América. Desde el 2019, ya se vislumbraba en Latinoamérica un escenario complicado por la desaceleración económica provocada por diferentes fenómenos. Resaltan el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, crisis político-económicas al interior de varios países (Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela) y la creciente inseguridad y violencia en los países del Triángulo Norte en Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras), Brasil, Colombia y Venezuela.

Comenzando por Centroamérica, Guatemala mandó un pésimo mensaje a la comunidad internacional al haber solicitado el fin del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (cicig). Esta comisión, establecida por resolución y financiada por la onu, tuvo avances importantes para el fortalecimiento del sistema de justicia en este país para investigar casos de violaciones graves a los derechos humanos. Sobre todo, logró la investigación de alta corrupción política que llevó a imponer pena de privación de la libertad a un presidente y vicepresidenta en funciones.

En Centroamérica, México y Colombia continúan presentándose graves violaciones en contra de migrantes económicos y refugiados. Colombia está presenciando un doble drama con el aumento de la violencia en las zonas desmovilizadas por las farc y el incremento de las bandas criminales locales. La impunidad, desafortunadamente, no se contrajo en la época posterior a los acuerdos de paz con las farc-ep. La impunidad es un fenómeno que se presenta en niveles elevados en Colombia: el 57% de departamentos se clasifica en un grado alto o muy alto de impunidad y sólo el 9% se encuentra en un nivel bajo (igi-Colombia, 2019). Según la Fundación Pares (2019):

las economías ilegales asociadas a la producción de cocaína, la extracción ilícita de minerales y otros recursos naturales son probablemente una de las variables más importantes que explican el fenómeno actual de la impunidad en Colombia. Además, la desmovilización de las farc- ep ha provocado que otros movimientos guerrilleros tradicionales como el eln y grupos neoparamilitares ocupen territorios y espacios criminales, provocando el incremento de diferentes tipos de delitos en el territorio colombiano y, en consecuencia, elevando los niveles de impunidad en algunos departamentos.

En América del Sur, Venezuela sigue siendo el país con las tasas más altas de homicidios, comisión de delitos, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y, por lo tanto, de impunidad (unhchr , 2019 y 2020). A la crisis alimentaria que vive el país, producto de la crisis política y económica, se suma la emergencia humanitaria regional por aproximadamente cuatro millones de refugiados venezolanos que viven en los países del continente. Asimismo, el ejército venezolano y políticos vinculados con el régimen de Nicolás Maduro son acusados de dirigir el trasiego de drogas provenientes de la región andina hacia América del Norte y África (Departamento de Estado, 2020).

Por otro lado, en México, la administración del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) heredó niveles delictivos muy altos, graves casos de corrupción y problemas estructurales en las instituciones de seguridad y justicia por parte del gobierno anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). La implementación de reformas al sistema penal ha favorecido la despresurización de las prisiones mexicanas. Sin embargo, hay un sentimiento de impunidad por un mal desempeño de las instituciones de seguridad y justicia que no se han acoplado de hecho a este sistema garantista. La impunidad en México es estructural en términos institucionales. Por ejemplo, tiene la mitad de jueces en promedio que la región americana y cuatro veces menos que el promedio global. En términos del estado de fuerza policial, el ministerio del interior (Gobernación) señala que hay un déficit de policías estatales de aproximadamente un 50 por ciento (sesnsp, 2020). Se cuenta con 1.02 policías por cada mil habitantes, cuando el estándar mínimo se ubica en 1.8 policías.

Las altas tasas de delitos y homicidios frente al colapso institucional son una importante explicación de por qué los niveles de impunidad continúan siendo muy altos en este país. La Procuraduría General de la República se transformó en la Fiscalía General de la República, sin embargo, enfrenta el reto de consolidar su autonomía y mejorar sus capacidades de investigación, pues, lamentablemente, sus capacidades humanas y financieras son insuficientes para atender el alto número de investigaciones federales vinculadas con la delincuencia organizada y la corrupción.

Los mayores problemas de la impunidad en México se presentan en el ámbito subnacional. Los gobiernos estatales son los responsables de proveer seguridad y justicia en el 85 por ciento de los casos, que son competencia de las autoridades locales (igi- México , 2018). Asimismo, son todavía pocas las fiscalías estatales que se están fortaleciendo institucionalmente y que ejercen independencia funcional de los gobernadores.

Respecto a la Policía Federal, con la creación de la Guardia Nacional deberán entregarse resultados en el mediano plazo, hasta que se alcance la meta de 150,000 efectivos y puedan desplegar sus funciones de investigación y persecución de delitos en todo el país. Por último, el gobierno actual finalmente está utilizando la Unidad de Inteligencia Financiera para investigar graves casos criminales (narcotráfico, trata y tráfico de personas, robo de hidrocarburos, entre otros), así como importantes casos de corrupción política como los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

En Estados Unidos observamos con preocupación el aumento de tensiones en casos de abuso policial hacia las minorías afroamericana e hispana en algunas ciudades, un alto número de encarcelados y una saturación de los sistemas de justicia estatales. Este país se encuentra a media tabla del índice, a pesar de que su sistema de justicia es un referente internacional. Observamos que la carga de trabajo de los jueces en el país es muy alta por el elevado número de casos que presenta la policía y delitos que se cometen. El aumento constante de la población estadounidense en las últimas dos décadas y el rezago en el incremento de las capacidades humanas de los sistemas de justicia federal y estatales son algunas de las razones de la elevada carga de trabajo de su sis-

Índice Global de Impunidad 2020

tema penal. Estados Unidos se mantiene como el país con el mayor número de encarcelados en el mundo.

La década y media de bonanza, crecimiento económico e inclusive de reducción de la pobreza en algunos países de la región tiene una pausa importante en el 2020 por los efectos negativos que tendrá la pandemia de covid-19. Éstos se verán reflejados en los presupuestos gubernamentales, instituciones de seguridad y justicia, aumento de las desigualdades socioeconómicas, entre otras.

Europa es por mucho el continente con los más bajos niveles de impunidad. Los primeros 32 países con menor impunidad son europeos. La región mantiene un equilibrio positivo de sus sistemas de seguridad, justicia y penitenciario. Asimismo, presenta bajos niveles de delitos y violaciones a los derechos humanos.

Lamentablemente, países con extraordinarios resultados en materia de combate a la impunidad (igi-2015, igi-2017) se encuentran en observación del cesij por la implementación de algunas políticas que pueden hacer retroceder importantes reformas de sus sistemas de justicia, sobre todo en Europa del Este. Desde el igi-2015 encontramos que una probable hipótesis que explica que los países de Europa del Este, miembros de la Unión Europea, que tienen bajos niveles de impunidad son aquellos que tuvieron procesos de acompañamiento y supervisión desde las instancias europeas de los procesos de reformas a sus sistemas de justicia. Sería lamentable observar retrocesos en materia de combate a la impunidad y violaciones a los derechos humanos por reformas legislativas que reviertan esta tendencia.

El equipo cuantitativo del igi-2020 identificó datos anormales reportados por la Federación de Rusia a la onudd, lo que amerita un análisis a profundidad de sus estadísticas. En términos de impunidad global, preocupa la actitud hostil que significó la invasión de Ucrania por parte de esta potencia militar. Asimismo, organizaciones internacionales siguen insistiendo en las violaciones a los derechos humanos de algunas minorías en el país.

En Asia-Pacífico, la crisis de refugiados y la violencia sistemática y brutal en Myanmar en contra de la etnia rohingya es un foco de atención de impunidad global. Los conflictos internos con características regionales en Medio Oriente, en países como Afganistán, Irak, Siria y Yemen, siguen creando condiciones de impunidad debido a prácticas de extrema violencia de grupos subnacionales que siguen cometiendo actos de terror en contra de población civil.

En el caso de Filipinas, la combinación de la presencia de grupos subnacionales, grupos terroristas vinculados con el Estado Islámico y organizaciones criminales traficantes de drogas, colocan a este país dentro de impunidad muy alta. Nos preocupa que Filipinas no esté reportando a tiempo sus estadísticas a la onudd. Este país fue el que registró el mayor nivel de impunidad en el igi -2017; lamentablemente, por impunidad estadística y por los reportes, se decidió mantenerlo en la lista de países con impunidad muy alta.

África sigue teniendo los retos más importantes en materia de conflictos que pueden derivar en delitos de lesa humanidad que generen altos índices de impunidad. Este continente continúa presentando los mayores retos para el sistema de Naciones Unidas en materia de generación de información estadística, lo cual es necesario para cumplir con el Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la onu. El igi-2020 sólo incluye

a tres países que generan y reportan estadísticas suficientes para incluirlos en este análisis.

Asimismo, esta región tiene los escenarios de conflictos activos más importantes para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La vinculación de organizaciones transnacionales de delincuencia organizada y terrorismo con conflictos armados genera espacios de impunidad en países con operaciones de paz en activo como Mali, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur.

II. Expresiones de la multidimensionalidad de la impunidad global

La impunidad es un fenómeno multidimensional que atraviesa los sistemas de seguridad, justicia y derechos humanos, principalmente. Sin embargo, es un problema que afecta en lo interno a la mayoría de los países y que tiene una repercusión global. El cesij, preocupado por comprender las ramificaciones de la impunidad dentro de los países y en el ámbito global, busca profundizar los estudios de la impunidad subnacional. Además, está enfocado en analizar este fenómeno a la luz de otras dimensiones globales poco estudiadas como la medioambiental, política, socioeconómica, de salud, entre otras.

La metodología del igi se ha aplicado con éxito para analizar los casos subnacionales de México y Colombia y se está aplicando para estudiar países desarrollados. Lo anterior con la intención de explicar por qué una mayor producción y tamaño de la economía no necesariamente están asociados con menores niveles de impunidad, mayor acceso a la justicia y Estado de derecho, así como de respeto a los derechos humanos.

En el ámbito global, el cesij se encuentra profundamente preocupado por la impunidad relacionada con los crímenes en contra del medio ambiente. Los resultados de esta línea de investigación serán presentados próximamente por el centro.

Impunidad y derechos humanos: crímenes de lesa humanidad

Desde su primera edición en 2015, el igi asume como una de sus tres dimensiones los derechos humanos porque no puede haber justicia y Estado de derecho pleno en países con violaciones graves a los derechos fundamentales de las personas. Hemos visto cómo en países que se encuentran atrapados en guerras regionales, internas o guerras no convencionales (terrorismo y altos niveles de delincuencia organizada) se presentan violaciones masivas a los derechos hu-

Índice Global de Impunidad 2020

manos como genocidios, pandemias de homicidios, graves casos de desapariciones, tráfico y trata de personas, entre otros.

El año 2019 pasará a la historia por la importante condena que impuso el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia al antiguo líder serbobosnio Radovan Karadžić, por su papel en los asesinatos en masa de civiles en el conflicto de Bosnia. La justicia internacional llegó después de tres décadas por la masacre de julio de 1995 de más de 7,000 hombres y niños musulmanes en Srebrenica.

Sin embargo, a lo largo de 2018 y 2019 presenciamos fuertes casos de violaciones a derechos humanos en países que actualmente viven conflictos internos como Afganistán, Argelia, Irak, Mali, Nicaragua, Myanmar, Siria, Sudán, Venezuela y Yemen, que siguen en la impunidad.

Impunidad socioambiental

Resulta crecientemente importante evaluar los grados de impunidad con relación a la comisión de delitos, daño y violaciones a los derechos humanos ambientales. La justicia ambiental es una demanda social, especialmente en pequeñas comunidades y pueblos indígenas, ante la ocurrencia de actos que suponen destrucción de ecosistemas, saqueo de recursos naturales y prácticas económicas que ponen en riesgo la salud.

Los datos sobre ataques contra activistas ambientales alrededor del mundo, especialmente alarmantes en América Latina y en México, así como conflictos ambientales en torno al acceso al agua, frente a las consecuencias de la minería mal regulada o la incidencia creciente del crimen organizado en prácticas de saqueo de recursos, nos advierten sobre la importancia de mejorar el registro estadístico sobre delitos relacionados con el medioambiente, la necesidad de aumentar capacidades para garantizar justicia ambiental y de crear mecanismos más efectivos para proteger a activistas, defensores ambientales y líderes comunitarios que enfrentan amenazas como resultado de sus actividades de protección de recursos y espacios naturales.

Impunidad política: corrupción, captura del Estado y amenazas a la libertad de expresión

La impunidad política es una de las dimensiones que más lastima a las sociedades. Fenómenos perversos como la corrupción, la captura del Estado por organizaciones criminales o grupos económicos oligárquicos, la violencia ejercida en contra de los medios de comunicación, el abuso de las noticias falsas y el regreso de regímenes autoritarios tienen un efecto negativo en la justicia, seguridad y goce de derechos humanos.

La corrupción es un problema que no respeta fronteras y lastima a las sociedades en términos del acceso a la justicia y el desarrollo. La captura de los Estados por parte de grupos de interés económico y de la criminalidad organizada generan trampas de impunidad de las cuales es muy difícil salir.

En este sentido, hay esperanza en el avance de políticas internacionales en contra del soborno, corrupción política, lavado de activos, cumplimiento y debida diligencia de las empresas. Organizaciones internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (gafi), Grupo Egmont y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (onudd), son claves para esta lucha.

Impunidad socioeconómica: desigualdad y pobreza

Los estudios previos del igi han demostrado que no existe una correlación estadística entre el tamaño de la economía, riqueza o pobreza de las naciones, y la impunidad. Sin embargo, la desigualdad socioeconómica sí está correlacionada con bajos niveles de cumplimiento de la ley y castigo a los criminales. Antes de la pandemia, la onu reportaba que aproximadamente 28.5 millones de niños en edad escolar primaria no asisten a la escuela porque viven en áreas afectadas por conflictos. Esta cifra se incrementará debido a las medidas de distanciamiento social mandatadas por los gobiernos y por la nueva realidad de desempleo que provocará la mayor crisis económica de las últimas ocho décadas.

Lamentablemente, varios estudios señalan que después de la pandemia de covid-19 aumentará la pobreza y la desigualdad en todo el mundo. El aumento de las desigualdades sociales se verá no solo en el acceso a los bienes públicos tradicionales como la salud, educación, alimentación y vivienda, también es muy probable que el acceso a bienes públicos como la seguridad y justicia se vean directamente afectados por esta pandemia.

Aquellos países con sistemas de policías, jueces y prisiones ya colapsados antes de 2020 tendrán mayores presiones por reducción en presupuestos, recursos humanos e infraestructura. Esto provocará en algunos países que la brecha de acceso a la justicia se dispare entre clases sociales, favoreciendo violaciones a los derechos humanos y generando posibles tensiones sociales.

Uno de los avances de la redefinición de los Objetivos de la onu es el reconocimiento de que «el Estado de derecho y el desarrollo tienen una interrelación significativa y se refuerzan mutuamente, por lo que es esencial para el desarrollo sostenible a nivel nacional e internacional» (onu, 2020).

Impunidad internacional: conflictos y guerras

Los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia continúan suponiendo una grave amenaza para el desarrollo sostenible.

Índice Global de Impunidad 2020

Las Naciones Unidas a través de Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ( acnur ) indica que el número de personas que huyen de las guerras, persecuciones y conflictos superó los 70 millones en 2018, la cifra más alta registrada en casi 70 años (onu, 2020).

Mientras que la naturaleza del sistema internacional siga siendo anárquica, la única forma de impedir la actuación impune por parte de los Estados es el respeto de los tratados. Lamentablemente, en los últimos cuatro años hemos vistos retrocesos importantes sobre todo por parte de grandes potencias como Estados Unidos (comerciales, armas y medioambientales) y la Federación de Rusia (invasión de Ucrania), y de Estados que están favoreciendo factores de inestabilidad que afectan a sus regiones como Corea del Norte, Irán, Siria, Venezuela y Yemen.

III. Impactos de la COVID-19 en materia de impunidad

Cada vez más países reconocen que la impunidad no sólo es un problema crítico para sus países sino incluso de seguridad nacional. Los Estados se enfrentan en el año 2020, posterior a la crisis pandémica/económica, a más retos para abatir sus índices de impunidad. Existen evidentemente efectos negativos de la pandemia sobre las instituciones de seguridad, justicia, penitenciario y de protección a los derechos humanos. A continuación, se hace un resumen de las principales afectaciones que provocará esta pandemia en las instituciones de seguridad y justicia que pueden aumentar los niveles de impunidad global.

1. Ampliación de las brechas de desigualdad. De acuerdo con el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal ), de manera regional se espera la caída del 9.1% del producto interno bruto (pib). Además, el desempleo creció de 8.1% a 13.5% en 2020, lo que significa que más de 44 millones de personas en la región se encuentran en esta situación. Respecto a la pobreza, esta tasa crecerá hasta 37.3% y cuando se habla de pobreza extrema el incremento llegará al 15.5% a nivel regional. Esto se traducirá en un aumento de hasta 231 millones de personas viviendo en situación de pobreza y 96 millones en situación de pobreza extrema (cepal , 2020).

2. Presión sobre las instituciones de seguridad y justicia. Las Naciones Unidas reconocieron recientemente que «entre las instituciones más afectadas por la corrupción se encuentran el poder judicial y la policía» (onu, 2020). Muchos juzgados y tribunales tuvieron que cerrar por la pandemia lo que provocó que millones de ciudadanos en el mundo no pudieran denunciar delitos y acceder a mecanismos de impartición de justicia.

Asimismo, la mayoría de las fuerzas del orden de los países, además de continuar con sus responsabilidades de prevención e investigación de los delitos tuvieron que auxiliar a las instituciones políticas y de salud para atender diferentes necesidades durante la gestión de esta crisis.

3. Aumento de delitos y fraudes cibernéticos La cibercriminalidad sigue siendo un foco de atención para organizaciones internacionales, incluso durante la pandemia de covid-19. El Grupo de Acción Financiera Internacional en Latinoamérica llama la atención a actividades como fraudes financieros y estafas, tráfico de medicamentos falsos, inversiones fraudulentas en estafas de Ponzi y fraudes o cibrecrímenes relacionados con el consumo (gafilat, 2020). Interpol advierte sobre el incremento de actividades criminales que aprovechan esta pandemia. Entre las ciberamenazas resaltan: el uso de dominios maliciosos, estafas en línea o phishing, malwares relacionados con recolección de información y ransomware o ataques de denegación de servicio (ddos) (Interpol, 2020).

4. Aumento de corrupción política en compras gubernamentales. De acuerdo al Grupo de Acción Financiera Internacional, existe un alto riesgo de corrupción y malversación de recursos públicos por parte de gobiernos en contratos para la compra de material médico relacionado con la pandemia de covid-19. Además, se tiene que analizar con cuidado la licitación de dichas compras, pues gafi también alerta acerca de el uso de canales informales o corruptos por parte de individuos para obtener contratos gubernamentales irregulares. Esto se puede volver algo más frecuente en países donde la supervisión de gastos y compras gubernamentales es percibida como deficiente. (gafi, 2020)

IV. Recomendaciones para reducir la impunidad global

A continuación, presentamos once recomendaciones para reducir los niveles de impunidad global con base en la experiencia recuperada del igi-2020 e índices anteriores, investigaciones propias del cesij y de reportes de organizaciones internacionales.

1. Registro de estadísticas de seguridad y justicia. Los países miembros de las Naciones Unidas no podrán alcanzar el Objetivo 16 de la Agenda 2030 para promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas si no se

Índice Global de Impunidad 2020

comprometen a medir los avances o retrocesos en el desarrollo de mejores sistemas de seguridad y justicia. El igi seguirá castigando la impunidad estadística de aquellos países que teniendo la capacidad de registrar su información y compartirla con la onu, no lo hacen, en particular los Estados que forman parte del G-20.

Aquellos países que no cuentan con instituciones sólidas de estadísticas nacionales deben pedir apoyo de la comunidad internacional para avanzar en esta materia. La onudd tiene mucha experiencia para ayudar a los Estados que así lo solicitan.

2. Cooperación y supervisión internacional. Existen casos de éxito comprobados de cooperación regional e internacional que ayudan a los países a fortalecer y profesionalizar sus sistemas de seguridad y justicia. Los países de Europa del Este y Guatemala son prueba palpable de esta recomendación.

3. Combate al lavado de activos. La prevención del lavado de activos a través de la inteligencia financiera es un instrumento poderoso para abatir la impunidad en aquellos países con fuerte presencia de criminalidad organizada y corrupción política. El seguimiento de las 40 Recomendaciones del gafi, los mecanismos de evaluación mutua de los países miembros de este organismo internacional, así como la cooperación internacional en materia de intercambio de información y mejores prácticas en el marco del Grupo Egmont están dando importantes resultados para combatir la impunidad en muchos países.

Se recomienda el fortalecimiento presupuestal y legal de las Unidades de Inteligencia Financieras, así como mejorar los mecanismos de coordinación entre dichas agencias con las fiscalías nacionales para aumentar la judicialización de casos vinculados con crímenes y actos de corrupción de alto impacto.

4. Fortalecimiento de instituciones de justicia. Además de la profesionalización de los sistemas de justicia, de acuerdo con los mejores estándares democráticos y de eficiencia administrativa, los países deben dotarlos de suficientes recursos humanos, financieros y tecnológicos para que cumplan con su función. Los sistemas de justicia deben tener las capacidades suficientes para atender el tamaño de denuncias no sólo por el tamaño de su población, sino por la magnitud de los fenómenos delictivos y violencia que presenten sus sociedades. De lo contrario, su funcionamiento será subóptimo promoviendo la corrupción al interior de dichas instituciones.

5. Profesionalización de instituciones de seguridad. La mayor parte de los países estudiados en el igi tienen estados de fuerza policial cercanos al promedio global. El problema radica en la falta de profesionalización de

estas corporaciones que sobresaturan a las instituciones de justicia y penitenciarias, o no logran llevar a buen puerto las investigaciones para judicializar los delitos en sus territorios. En la mayoría de los países de América Latina, África y Asia-Pacífico los sueldos y las carreras policiacas no se comparan con los niveles alcanzados de profesionalización y bienestar laboral alcanzados en Europa, algunos países del norte de Asia, Estados Unidos, Canadá y Australia.

6. Revisión de situación de centros penitenciarios. Según la onu y en correspondencia con los datos presentados en este índice, la proporción de presos detenidos sin sentencia se ha mantenido casi constante en la última década en el 31% de todos los presos (onu, 2020). Los países deben utilizar esta información para revisar el grado de saturación de su sistema judicial que impide a las víctimas acceder a la justicia, y a los probables criminales a una sentencia acorde con la legislación nacional. Los países también deben revisar el estado en que se encuentran sus centros penitenciarios en términos de sobrepoblación, políticas de reinserción social y seguridad. De lo contrario, estas instalaciones se convierten en centros de reclutamiento, entrenamiento y operación de pandillas, organizaciones criminales e inclusive de grupos fundamentalistas y terroristas.

7. Defensa del periodismo libre y de investigación. El periodismo libre, profesional e independiente es uno de los mejores escudos que tienen las sociedades democráticas en contra de la impunidad política, las violaciones a los derechos humanos y, en esta época, frente a las noticias falsas (fake news) que promueven regímenes autoritarios y suscitan distintas manifestaciones de impunidad. Los países deben garantizar la libertad de prensa a través del acceso a la información pública, así como de la protección de la integridad física de los periodistas y el desarrollo libre de las empresas de información. Las nuevas compañías de redes sociales globales también deben garantizar el respeto a la libertad de información, restringiendo el uso de sus plataformas para difundir información falsa o que atente contra las libertades, derechos humanos y la democracia en los países.

8. Atención de delitos medioambientales. Mejorar los sistemas de indicadores y estadística oficiales relacionados con el crimen, daño y violaciones a los derechos humanos ambientales, aumentar las capacidades para la atención, denuncia y acceso a la justicia relacionadas con delitos ambientales e implementar mecanismos de protección para activistas y defensores ambientales.

9. Cultura de la legalidad, participación ciudadana y debida diligencia de las empresas. Los gobiernos nacionales no pueden reducir por sí solos la impunidad en sus países. Se requiere involucrar a los ciudadanos, organizaciones civiles, medios de comunicación y a las empresas en la

Índice Global de Impunidad 2020

prevención de los delitos. Los países deben promover políticas públicas de gobernanza para incentivar la participación activa de los diferentes actores sociales en la prevención del delito, así como la denuncia de delitos comunes y de corrupción. Cuando las sociedades tienen altos estándares de cultura de respeto de las leyes y de denuncia de cualquier acto delictivo, se avanza mucho más rápido en el combate a la impunidad.

Las empresas deben promover los más altos estándares de prevención de delitos como el soborno y el uso de su infraestructura para la comisión de actos delictivos y lavado de dinero. Para ello, deben cumplir con las recomendaciones que establecen organizaciones internacionales como gafi, Interpol, onudd, ofac y la Unión Europea en favor de políticas de debida diligencia para la prevención de actividades ilegales transnacionales.

10. Ciberdelincuencia: prevención, investigación y castigo. El espacio de mayor impunidad que se vislumbra en el presente y futuro es el de la ciberdelincuencia. Los gobiernos deben fortalecer rápidamente sus instituciones de seguridad en materia de prevención e investigación de los delitos que se cometen en el ciberespacio. Asimismo, los Estados deben actualizar sus leyes para que sean flexibles para enfrentar la rápida evolución de la cibercriminalidad, sobre todo en el uso de criptoactivos. Por último, las instituciones de justicia deben preparar áreas especializadas en estas materias para que la impunidad no se estacione en este espacio de operación que están explotando nuevos criminales.

11. Uso intensivo de nuevas tecnologías contra la delincuencia. Frente al eterno problema de acceso de recursos públicos para resolver cuestiones sociales, se deben aprovechar al máximo las nuevas tecnologías de la información, con estricto respeto a la privacidad de las personas y sus derechos humanos, para promover la denuncia de los delitos, la investigación y persecución criminal, así como para lograr una mayor eficiencia en los procesos judiciales.

1. Marco conceptual del Índice Global de Impunidad

El Índice Global de Impunidad (igi) retoma el concepto de impunidad establecido por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (cdhnu) en el reporte Orenlichter:

[…] la inexistencia de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas (cdhio, 2005).

Esta definición hace mención a dos situaciones: «de hecho», que involucra el funcionamiento real de las instituciones del Estado para garantizar castigo a los perpetradores de un delito, así como indemnización a la víctima o víctimas; y «de derecho», que refiere al reconocimiento jurídico y de la autoridad competente de fincar responsabilidad penal a los autores de delitos y violaciones, imponer una sanción y resarcir el daño causado a las víctimas. Para medir la impunidad a partir de este concepto es necesario considerar las características del marco legal o jurídico («de derecho»), el contexto sociopolítico en donde ocurren los eventos («de hecho»), así como la existencia de castigos o penas de acuerdo con las leyes al o a los causantes del delito.

Desde nuestra perspectiva, la impunidad puede entenderse y explicarse mediante un proceso encadenado que inicia con la denuncia de un delito, continúa con la adecuada investigación por parte de las instituciones procuradoras de la

Índice Global de Impunidad 2020

justicia, le sigue la resolución por parte de las instancias del Estado impartidoras de justicia y finaliza con el castigo y resarcimiento del daño (ver esquema 1). A este acercamiento lo hemos definido en nuestros diferentes reportes como la «cadena de impunidad».

Esquema 1. El proceso de crimen y castigo.

El marco conceptual, desde el que se estructura el igi, integra el proceso de crimen y castigo a partir de factores que definen el funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia, pero adiciona una dimensión que evalúa la situación de los derechos humanos en el contexto local, lo cual reconoce que los empleados públicos en su carácter de representantes del Estado pueden ser perpetradores de la violación a las garantías individuales, tomando el papel de victimarios activos y no por omisión o negligencia.

A lo largo de nuestros diferentes reportes, hemos considerado indispensable integrar, como elemento central para explicar grados de impunidad, el peso específico de las violaciones a los derechos humanos.

De igual forma, retomando la perspectiva centrada en la impunidad como fenómeno de hecho y de derecho, siguiendo la definición del informe Orenlichter, asumimos que la comprensión del alcance y consecuencias de la impunidad no puede reducirse a la simple división de delitos entre sentencias o cualquier otro criterio estrictamente punitivo. Una visión integral del problema de la impunidad, que destaque sus aspectos institucionales y sociales, al igual que los estrictamente jurídicos, tendría que incluir tanto elementos como denuncias y sentencias, así como la reparación del daño como fase final del acceso a la justicia.

Muchos sistemas e indicadores terminan el análisis del ciclo de impartición de justicia en la sentencia ejecutoria, tenga ésta un sentido negativo o positivo para la víctima, lo cual ofrece una visión limitada. Sin embargo, en el caso de que las autoridades determinen una sentencia favorable para una víctima del delito, debe integrarse al proceso y a la información del expediente, la existencia de algún tipo de reparación del daño por parte del inculpado o del mismo Estado en favor de la víctima. Lamentablemente, por falta de información oficial de los países estudiados, no se puede analizar el último eslabón de esta cadena que es la reparación del daño a las víctimas y la forma en que su ausencia genera impunidad crónica o procesos de doble victimización en muchas sociedades. Además de discutir los problemas propios de la conceptualización de la impunidad en el IGI 2015 y 2017, al igual que en el igi-mex 2016 y 2018 , hemos analizado la problemática relacionada con la construcción conceptual de la impunidad,

retomando las consecuencias analíticas de optar por perspectivas «gruesas» o «delgadas» e integrar elementos más allá de la relación denuncias-sentencias, en Le Clercq, Cháidez y Rodríguez (2016) y Le Clercq (2017, 2018a, 2018b, 2018c) y Le Clercq y Cháidez (2018).

Para el análisis de la cadena de impunidad, y siguiendo los criterios metodológicos establecidos para nuestros diferentes reportes, el igi-2020 se divide en tres dimensiones: estructural, funcional y de derechos humanos. Con el propósito de diferenciar entre la procuración y la impartición de justicia, las cuales se ejecutan por instituciones distintas y, por lo tanto, su desempeño será medido individualmente, adicionalmente, se descomponen las dos primeras dimensiones en dos ejes transversales: el sistema de seguridad y el sistema de justicia (esquema 2).

Esquema 2. Dimensiones del IGI-2020.

DIMENSIONES DEL ÍNDICE

Dimensión estructural

Dimensión funcional

Derechos humanos

Sistema de s eguridad Sistema de justicia

El igi se ha definido como un proyecto preocupado por investigar –empíricamente– las ventajas de ciertas estructuras institucionales para acotar los espacios que permiten la reproducción de la impunidad. Sin embargo, es importante no dejar de lado algunos de los paradigmas específicos en el entendimiento de las estructuras sociales y, de esta forma, comprender el fenómeno en toda su complejidad para poder atacarlo desde su origen y motivación (Le Clercq, 2018a). Las preguntas que nos permiten abrir la discusión sobre las consecuencias institucionales y la economía política de la impunidad son: ¿De qué forma la impunidad es reproducida institucionalmente, generando trayectorias dependientes ( path dependency [Mahone, 2001]) que se mantienen a pesar de cambios en instituciones y políticas públicas? ¿Por qué la impunidad sigue siendo un lastre tan profundo y difícil de erradicar para muchas sociedades, cuando

la magnitud de sus costos políticos, económicos y sociales ha sido plenamente identificada y, además, existen hojas de ruta y buenas prácticas que permiten activar procesos de cambio institucional?

La impunidad persiste a pesar de existir instituciones nacionales y locales formales con la responsabilidad de garantizar acceso a la justicia a todos los ciudadanos. Asimismo, como se refleja en los resultados del igi, la impunidad sistemática e histórica sucede en estados con la capacidad para reformar estructuras legales perniciosas que en muchos casos fueron heredadas y se han reproducido desde tiempos pasados. De igual forma, continúa –incluso– en Estados en los que existe la posibilidad de que a los gobernantes se les castigue periódicamente mediante el voto si no cumplen con las expectativas (reformadoras, por ejemplo) ciudadanas. Analizar los ciclos que generan y reproducen altos niveles de impunidad, implica entender que esto involucra problemas de voluntad e interés político que no permiten transformar instituciones formales propias del Estado de derecho en una práctica política y social caracterizada por la regularidad de la justicia y la legalidad.

Finalmente, resulta significativo mencionar que la impunidad encuentra un espacio adecuado para su reproducción en aquellos estados en los que existen también altos niveles de desigualdad socioeconómica. En otras palabras, como hemos señalado en el igi 2015 y 2017, al igual que en Le Clercq (2017), los mecanismos democráticos ideados para corregir o reemplazar las estructuras sociales disfuncionales y excluyentes no se activan automáticamente para garantizar la función social para la que fueron ideados y para garantizar un acceso pleno a la seguridad y la justicia entendidos como bienes públicos. Responder por qué subsisten en el tiempo instituciones con resultados subóptimos o que producen patologías políticas, también es fundamental para el éxito de cualquier esfuerzo reformador (Le Clercq 2018c). Hasta el momento no existe suficiente literatura que profundice sobre los múltiples equilibrios en los que se afianzan y reproducen diferentes tipos de prácticas impunes, por lo que es necesario dar un paso previo y desprender, desde distintos enfoques teóricos, una serie de posibles hipótesis para indagar las razones estructurales y funcionales sobre las que se sostiene la alta incidencia de impunidad y se vincula a otros fenómenos sociales como la desigualdad socioeconómica.

2. Metodología, indicadores, componentes y modelo estadístico

igi-2020

El igi ha medido –desde 2015– los grados comparados de impunidad a partir de un modelo que denominamos «la cadena de impunidad», la cual sigue el proceso que arranca con la comisión de un delito o ilícito, continúa con la denuncia y la investigación hasta llegar a una sentencia o proceso de reparación del daño a la víctima. Esta metodología retoma las condiciones estructurales y funcionales de los sistemas de seguridad, penitenciario y de justicia penal de los países, al igual que las violaciones a los derechos humanos. Debido a que la información disponible es limitada o incompleta por país, para esta edición del IGI se realizó un esfuerzo adicional por complementar la información faltante en las bases de datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (onudd o unodc , por sus siglas en inglés) y una dimensión de derechos humanos que fue estimada a partir de la variable de «Debido proceso de la ley y los derechos del acusado», lo que permitió estimar los grados de impunidad para 69 países, dos más que los correspondientes al igi -2017 y doce más que los del igi-2015. Sin embargo, es importante señalar que en esta edición fue necesario realizar ajustes metodológicos importantes que permitieron completar información no reportada a onudd y perfeccionar la precisión de la estimación.

Esquema 3. Dimensiones y ejes transversales del IGI.

ÍNDICE GLOBAL DE IMPUNIDAD IGI-2020

CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE

Dimensión estructural

Policías por cada cien mil habitantes

DELITO

Dimensión funcional

Derechos humanos

Protección de la integridad física de los individuos

Proporción de juece s

Reclusos entre capacidad total de los penales

Personal en reclusorios entre capacidad total de los penales

Personal en reclusorios entre total de reclusos

Porcentaje de encarcelados sin sentencia

Encarcelados entre condenados

Encarcelados por homicidio entre homicidios totales

Sistema de s eguridad Sistema de justicia

Le Clercq y Rodríguez (2017)

Dimensión estructural

La dimensión estructural captura las capacidades instaladas que tiene el Estado para procurar e impartir justicia acorde a las reglas del proceso. Esta dimensión, retomando la definición de la cdhnu, mide especialmente la impunidad «de derecho». Aquí deben incluirse indicadores de los recursos físicos, jurídicos y humanos con los que cuentan los gobiernos, tales como policías, fiscales, jueces, magistrados, legislación anticorrupción y transparencia, infraestructura penitenciaria y presupuesto asignado y ejercido en el sistema de justicia. Sin embargo, no todas estas variables están disponibles para todos los países, por lo que sólo algunas de ellas pueden incorporarse en la medición del igi. En esta estimación se trata de conservar la misma estimación utilizada en el igi -2017, sin embargo, donde no es posible hacerlo porque no existen datos disponibles o actualizados, entonces proponemos un modelo alternativo para analizar la dimensión, pero dentro de la esencia conceptual y metodológica desarrollada por el igi. En el siguiente cuadro se muestra la comparación entre el igi -2017 y el igi-2020, donde, por ejemplo, se observa que no existe información actualizada sobre la capacidad total de los penales y por lo tanto se sustituye este dato ponderando el número de reclusos entre el total de población.

Cuadro 1. Indicadores de la dimensión estructural.

igi-2017

Policías por cada cien mil habitantes

Reclusos entre capacidad total de los penales

Personal en reclusorios entre capacidad total de los penales

Personal en reclusorios entre total de reclusos

Jueces y magistrados profesionales por cada cien mil habitantes (proporción de jueces)

Policías por cada cien mil habitantes

Reclusos entre el total de población

Personal en reclusorios entre total de población

Personal en reclusorios entre total de reclusos

Jueces y magistrados profesionales por cada cien mil habitantes (proporción de jueces)

No está la variable de capacidad en cárceles. Por eso se propone dividir por el total de la población

No está la variable de capacidad en cárceles. Por eso se propone dividir por el total de la población

Elaboración propia basada en los indicadores reportados por la onudd

1. Policías por cada cien mil habitantes. Se refiere al personal de organismos públicos reportado al 31 de diciembre del año de referencia, cuyas funcio -

nes principales consisten en la prevención, detección e investigación de la delincuencia y la aprehensión de los presuntos delincuentes por cada cien mil habitantes.

2. Reclusos entre el total de población. Resulta del cociente del número de personas legalmente privadas de su libertad en cárceles, instituciones penitenciarias o correccionales, culpables o presuntos culpables de la comisión de un delito (excluye a los delincuentes internados con fines administrativos, incluye a las personas internadas mientras se investiga su situación de inmigración), y el total de población para el año 2019. Originalmente, este indicador hacía referencia al total de reclusos en las cárceles, pero no hay actualización de este dato, por lo que se optó por tomar en cuenta el número de habitantes en cada uno de los países.

3. Personal en reclusorios entre total de población. Se refiere al total de empleados de las instituciones penales o correccionales, incluidos el personal administrativo, de tratamiento, custodia y demás personal (mantenimiento, servicios de comida, etcétera) dividido entre la población total. Al igual que el indicador anterior, originalmente se consideraba el total en cárceles, pero este dato no está actualizado por lo que se optó por incorporar el total de población.

4. Personal en reclusorios entre el total de reclusos. Es el número de empleados en las instituciones penales o correccionales dividido entre el número total de reclusos.

5. Jueces y magistrados profesionales por cada cien mil habitantes. Incluye al total de funcionarios, al 31 de diciembre del año de referencia, de tiempo completo o de tiempo parcial, facultados para conocer las causas civiles, penales y de otra índole, incluidos los tribunales de apelaciones, y dictar sentencias o mandamientos en un tribunal de justicia, así como jueces y magistrados adjuntos facultados, por cada cien mil habitantes.

Dimensión funcional

Retomando la definición de la cdhnu, esta dimensión se aproxima a la impunidad «de hecho», es decir, mide el desempeño de las instituciones de procuración e impartición de justicia, independientemente de su marco normativo. La dimensión estructural hace referencia a las capacidades instaladas, como una medida del compromiso de los estados para combatir la impunidad. Por su parte, la dimensión funcional nos habla de los resultados sociales que, efectivamente, arrojan el funcionamiento y acomodo institucional de cada país. Por ello, cada una de las variables que se incluyen dentro de esta dimensión se integra en un indicador que mide el desempeño real de las instituciones del sistema de justicia, para ejercer su función.

Cuadro 2. Indicadores de la dimensión funcional.

igi-2017

Personas frente a los tribunales entre número de jueces

Encarcelados entre condenados

Porcentaje de encarcelados sin sentencia

Encarcelados por homicidio entre homicidios totales

Personas frente a los tribunales entre personas en contacto formal con la policía y con el sistema de justicia penal

Personas frente a los tribunales entre número de fiscales

igi-2020

Personas frente a los tribunales entre número de jueces

Encarcelados entre condenados

Porcentaje de encarcelados sin sentencia

Encarcelados por homicidio entre total de población

Personas frente a los tribunales entre personas en contacto formal con la policía y con el sistema de justicia penal

Personas frente a los tribunales entre número de fiscales

Ajuste

No se encontró la variable de homicidios totales. Por eso se propone dividir entre toda la población

Elaboración propia basada en los indicadores reportados por la onudd

1. Personas frente a tribunales entre personas en contacto formal con la policía. Es el cociente entre las personas contra las que se iniciaron causas frente a tribunales en cualquier órgano judicial autorizado para dictar sentencias condenatorias en virtud de la legislación penal nacional, tanto si la persona finalmente resultó absuelta como si no, y las personas en contacto formal con la policía o con el sistema de justicia penal (incluye a las personas sospechosas, detenidas o advertidas).

2. Personas frente a tribunales entre el número de fiscales. Son las personas contra las que se iniciaron causas frente a tribunales entre el número de fiscales. Esta variable no se consideró en la edición de 2015 porque no se tenía información del número de fiscales.

3. Porcentaje de encarcelados sin sentencia. Es la proporción de personas detenidas en prisiones, instituciones penales o correccionales que no han sido juzgadas o esperan su primera sentencia por parte de la autoridad competente.

4. Encarcelados entre condenados. Es la razón entre el número de personas privadas legalmente de su libertad y las personas declaradas culpables por un órgano judicial autorizado para dictar una sentencia condenatoria en virtud de la legislación penal nacional, tanto si la condena se confirmó ul-

teriormente como si no. El total de personas condenadas debe incluir a los condenados por delitos especiales graves, pero no a aquellos por infracciones de tráfico de escasa gravedad u otras infracciones leves.

5. Encarcelados por homicidio entre total de la población. Se refiere al cociente entre las personas condenadas por homicidio doloso, entendido como el acto de ocasionar deliberadamente la muerte de otra persona, y el total de población. En el indicador anterior se utilizaba el total de homicidios como referente, sin embargo, en esta nueva versión no se logró obtener este dato para todos los países, por lo que se optó por tomar en cuenta el número de encarcelados por este delito entre el total de habitantes con fecha de 2019.

6. Personas frente a tribunales entre el número de jueces. Es el número de personas contra las que se iniciaron causas frente a tribunales entre el número de jueces y magistrados.

Dimensión de derechos humanos

En la versión de 2017 se utilizó el puntaje de protección de derechos humanos (ppdh) estimado por Christopher Fariss (2014) y Fariss y Schnakenberg (2014), el cual indica que, a mayor valor, mejor es la protección de derechos humanos. Esta evaluación sobre la situación de los derechos humanos se centra en la protección de la integridad física de los ciudadanos. Lamentablemente, esta fuente de información no se actualizó en años posteriores, lo cual hizo imposible utilizarla para la actualización del igi-2020

Sin embargo, la dimensión de derechos humanos resulta de vital importancia para nuestro proyecto, ya que sirve de complemento para analizar el comportamiento del sistema de justicia en su conjunto y para identificar la influencia de los agentes del Estado en la impunidad. Por este motivo, se consideraron los datos reportados por el World Justice Project, el cual mide cómo el público en general experimenta y percibe el Estado de derecho en todo el mundo basándose en más de 120,000 encuestas de hogares y 3,800 de expertos. De acuerdo con varios autores, es la fuente líder mundial de datos originales e independientes sobre el Estado de derecho y para hacer comparable la dimensión de esta versión con la de años anteriores se tomó en cuenta la variable de «Debido proceso de la ley y los derechos del acusado»

Definiciones modelo estadístico del IGI-2020

La información del igi-2020 se actualizó para todas las variables y se utilizó el dato más actualizado a 2019. A fin de contar con una base de datos más completa, se eligió a los países que tenían menos de cinco valores perdidos, resultando un total de 73 países.

En gran parte de los estudios que se llevan a cabo a partir de datos estadísticos

Índice Global de Impunidad 2020

se encuentran múltiples obstáculos, uno de los más comunes es no contar con una medición, lo que genera espacios vacíos y se suelen llamar missings. Esto produce problemas al momento de analizar la información ya que no se trata de un valor 0 como tal, sino de una ausencia de información. Desde hace ya varias décadas se han desarrollado nuevas formas de «llenar » estos espacios vacíos, con el fin de obtener un conjunto de datos completos que sirvan como insumo para, posteriormente, utilizar modelos estadísticos. En un ejercicio de estimación como lo es el igi-2020, también se presentaron estos inconvenientes.

Sin embargo, esta situación se complica cuando el número de espacios vacíos o missings supera el umbral del 15% debido a que se puede afectar el comportamiento de la variable en cuestión. Por este motivo, en los últimos tiempos, se han desarrollado –con la ayuda de nuevos programas de computación– formas alternativas de estudiar los datos faltantes de las bases. La intención es evitar sesgos en las estimaciones, alteración de la relación entre las variables, cambios en las varianzas, entre otros.

En los datos del igi-2020 también existen algunos valores perdidos. El paso previo al analizar los datos es diferenciar entre aquellos que son missings de los que efectivamente tienen un valor 0. Hecho este proceso se probaron varios métodos, desde los más sencillos, que consistían en únicamente asignar un promedio, hasta los más avanzados en donde se hace uso de modelos multivariantes.

Un elemento adicional que se tomó en cuenta fue que, desde el punto de vista teórico, el no contar con información es síntoma de que la información no se brinda de manera eficiente y esto debe ser penalizado estadísticamente, ya que refleja una omisión al acceso de la información. Por este motivo, se optó por considerar el promedio a nivel subregional. Por ejemplo, si un país centroamericano (Panamá) tenía algún valor perdido en una variable, entonces se imputó su valor considerando el promedio que resultaba de considerar a todos los países de la región.

Gráfica 1. Ejemplo de imputación a través de los promedios.

Elaboración propia.

De esta forma, una vez que se tenía la base de datos lo más completa posible, el siguiente paso consistió en hacer el cálculo de las variables de acuerdo a la siguiente lógica: se aplicó una normalización Min-Max de todas las variables, considerando el conjunto de los 74 países seleccionados, se estandarizaron bajo el criterio de «entre más grande es peor» y, finalmente, se obtuvieron los índices de cada dimensión y eje transversal mediante una media simple de los indicadores componentes.

De tal forma que cada dimensión se construyó como sigue:

ESS = polpc + reccap + percap + perrec

4

ESS es la dimensión estructural del sistema de seguridad; polpc es policías por cada cien mil habitantes (complemento); reccap es reclusos entre población total; percap es personal en reclusorios entre población total y perrec es personal en reclusorios entre total de reclusos.

ESJ = jpc

ESJ es la dimensión estructural del sistema de justicia; jpc es jueces por cada cien mil habitantes.

FSS = pfcf + pftf

FSS es dimensión funcional del sistema de seguridad; ptcf es personas frente a los tribunales entre personas en contacto formal con la policía y pftf es personas frente a tribunales entre el número de fiscales.

FSJ = pftj + reccon + recssen + rechomh 4

FSJ es dimensión funcional del sistema de justicia; pftj es personas frente a los tribunales entre número de jueces; reccon es encarcelados entre condenados; recssen es porcentaje de encarcelados sin sentencia; rechomh es encarcelados por homicidio entre homicidios totales.

DDH es la dimensión de derechos humanos definida a partir del puntaje de la variable de «Debido proceso de la ley y los derechos del acusado» que forma parte del World Justice Project 2019.

Es importante señalar que las estimaciones del igi-2015, igi -2017 e igi-2020 no son estrictamente comparables en términos estadísticos, lo cual se debe a: 1) los ajustes metodológicos realizados en las estimaciones más recientes; 2) la in -

Índice Global de Impunidad 2020 clusión de más países a la muestra y 3) las variaciones en el indicador correspondiente a los derechos humanos. Sin embargo, es un instrumento que sirve para identificar grados de impunidad entre los países, y analizar variaciones en los niveles por caso, y permite observar las condiciones estructurales y funcionales en que los países mantienen o cambian su índice de impunidad en ambos periodos. Esta edición también permite la identificación de cambios sustantivos en la forma de reportar información, señalando los casos en que ésta está vinculada a cambios de gobierno o bien a omisiones que se penalizan desde ediciones anteriores.

3.

Resultados igi-2020

El igi-2020 es un modelo estadístico para medir y comparar la impunidad entre los países al cual se le denomina «cadena de impunidad ». Ésta consiste en seguir un proceso que da inicio con la comisión de un delito o ilícito, posteriormente está la denuncia e investigación, hasta llegar a una sentencia, o bien, un proceso para poder reparar el daño que le ha sido ocasionado a la víctima. Esta metodología sigue el espíritu de las versiones anteriores (igi-2015 e igi-2017) en el sentido de que se retoman las condiciones estructurales y funcionales de los sistemas de seguridad, penitenciario y de justicia penal de los países.

Un reto importante de esta nueva versión es el hecho de que la información disponible es limitada y en algunos casos incompleta en cada uno de los países. La fuente de información primaria son los datos que se encuentran disponibles en la onudd y que son de acceso libre para todas las personas. De esta forma, en esta nueva edición se logró tener información de 69 países de todo el mundo, dos más que la última versión de 2017. Sin embargo, dado el problema de la falta de información, algunos de los países que se habían considerado no pudieron ingresar en esta edición de 2020. En la siguiente tabla se muestra una comparación entre los países que estaban en versiones anteriores y salieron, así como aquellos que son de nuevo ingreso.

Tabla 1. Resultados del IGI-2020 y IGI-2017.

Tabla 1 (continuación). Resultados del IGI-2020 y IGI-2017.

Índice Global de Impunidad 2020

Tabla 1 (continuación). Resultados del IGI-2020 y IGI-2017.

Se observa en general que las posiciones de los países no varían mucho si se consideran a los grupos más altos, intermedios y bajos. En general, los movimientos suceden al interior de estos tres grandes grupos de países, el mejor ubicado está encabezado por Eslovenia y Croacia, que en la versión de 2017 del igi ocupaban el tercer y primer lugar, respectivamente.

Mapa 1. Índice Global de Impunidad 2020

Impunidad

Impunidad

Índice Global de Impunidad 2020

Como hemos señalado, el igi se configura a partir de dos dimensiones que son estructural y funcional, así como de dos ejes transversales en cada una de ellas que son sistema de seguridad y sistema de justicia, así como una dimensión de derechos humanos. Esta última ha cambiado la fuente de su información a partir de la disponibilidad y actualización de datos. El rango de medición se mantiene del cero al cien, donde cero significa impunidad nula y cien denota el máximo nivel de impunidad que puede alcanzarse en el periodo de referencia.

Gráfica 2. Prisma de impunidad global 2020.

Es importante subrayar que las estimaciones del igi -2015, igi -2017 e igi2020 no son estrictamente comparables en términos estadísticos, lo cual se debe a lo siguiente: 1) los ajustes metodológicos realizados en las estimaciones más recientes; 2) la inclusión de más países a la muestra y 3) las variaciones en el indicador correspondiente a los derechos humanos. El instrumento permite identificar grados de impunidad entre los países, analizar variaciones en los niveles por caso y observar las condiciones estructurales y funcionales en que los países mantienen o cambian su índice de impunidad en ambos periodos. Esta edición también permite la identificación de cambios sustantivos en la forma de reportar información, señalando los casos en que ésta está vinculada a cambios de gobierno o bien a omisiones que se penalizan desde ediciones anteriores. A diferencia de lo ocurrido en las estimaciones anteriores, en esta nueva versión de 2020, Eslovenia es el país que alcanza el menor nivel de impunidad (20.26). Este puesto lo había obtenido anteriormente Croacia, país que ahora ocupa el segundo lugar en la lista (20.46). En el polo opuesto se encuentra Tailandia con un valor del igi de 62.82, sin embargo, esta nación es de nuevo ingreso por lo que no existe un antecedente de comparación.

Una de las ventajas que tiene el igi es que puede descomponerse en las dimensiones que lo integran, lo cual permite que éstas se puedan analizar de manera individual, así como las variables que contribuyen o restan peso a la impunidad dentro del marco de la cadena de impunidad. A manera de ejemplo,

Austria tiene un índice alto en el componente estructural-sistema de seguridad (ess), pero un índice bajo en el componente funcional-sistema de seguridad (fss). Esto sugiere que, si bien el país cuenta con recursos relativamente suficientes para procurar justicia, en la práctica no se caracteriza por un buen desempeño. Un caso interesante es el de República Dominicana que en la dimensión estructural-sistema de seguridad (fss) tiene un valor bajo (37.25), pero en la estructural-sistema de justicia (esj) alcanza un índice de 90.26. La interpretación de esta situación nos da un indicio de la falta de recursos para la procuración de justicia y, si bien existe una «capacidad instalada » suficiente en seguridad, el siguiente eslabón del proceso dificulta garantizar plenamente el acceso a la justicia.

Tabla 2 (continuación). Esquema de posicionamiento por dimensiones.

Tabla 2 (continuación). Esquema de posicionamiento por dimensiones.

Máximos y mínimos generales, por región y dimensión

Antes de mostrar el comportamiento que tienen cada uno de los países, es importante examinar el comportamiento regional. La razón se debe a que los resultados que tienen las naciones de manera individual están relacionados con las zonas en las cuales se ubican. Cabe mencionar el ejemplo de la Unión Europea en donde los lazos económicos y sociales que han establecido a lo largo del tiempo favorecen a todos los Estados miembros.

En la siguiente gráfica se muestra el mínimo, promedio y máximo del comportamiento general. En particular, llama la atención que el promedio del sistema de justicia en la dimensión estructural (70.7) se encuentra cercano al valor máximo que es de 100, lo cual denota que éste es uno de los aspectos que presenta mayores problemas al momento de hacer una evaluación general. En el polo opuesto se encuentra el sistema de justicia en donde el promedio está cercano al mínimo, con lo cual es factible inferir que es uno de los aspectos a los cuales los países ponen más atención, por lo que su calificación es positiva. Conviene recordar que un valor alto es sinónimo de problemas, mientras que un valor bajo en cualquiera de sus dimensiones denota un buen desempeño.

Índice Global de Impunidad 2020

Gráfica 3. IGI-2020 y dimensiones del comportamiento general (valor máximo, promedio y mínimo).

En la siguiente tabla se muestran los valores promedio que se tiene para cada una de las variables que se incorporaron al índice. Estos valores son la referencia y sirven de insumo para la construcción de las dimensiones que se describen en el cuadro anterior. Ciertamente, un aspecto que conviene hacer notar es que sus valores son similares a los que se obtuvieron en el IGI-2017.

Tabla 3. Promedios del IGI-2020

Personal en reclusorios entre

Proporción de jueces

Personas frente a los tribunales entre número de jueces

Porcentaje de encarcelados sin sentencia

Encarcelados por homicidio entre homicidios totales

Personas ante los tribunales entre personas en contacto formal con el sistema de justicia penal

Personas frente a los tribunales entre número de fiscales

Derechos humanos

Dado que el modelo que se trabajó este año hizo una revisión de la actualización de los datos, hay varios países que estuvieron presentes en ediciones anteriores y que ahora salen, como es el caso de Argentina, Brasil, El Salvador, Venezuela y Filipinas: a esto lo denominamos « modelo alternativo»

Debido a la importancia de identificar las razones por las que estos países no se presentan en la primera estimación del índice, se corrió un ejercicio donde se sanciona su impunidad estadística (se debe de enfatizar que estos casos no son comparables con los anteriores debido a que su información estadística presenta irregularidades). Por lo que la única finalidad de este modelo es hacer una comparación entre ellos. Uno de los aspectos más importantes en la construcción del igi, es que para su desarrollo empírico se hace una validación previa de los datos de cada uno de los países. Este paso es de crucial importancia ya que permite hacer una validación e identificar comportamientos atípicos que pueden ocasionar sesgos en los resultados y generar un panorama que no refleje el comportamiento real. Sin embargo, al privilegiar esta validación empírica, se tiene el inconveniente de que se excluyen países que sí se tomaron en cuenta en la versión de 2017, o bien, cuya información podría ser de gran importancia para tener un panorama global del fenómeno.

En el siguiente cuadro se describen los problemas que se presentaron en los quince países que fueron excluidos para este ejercicio. Los primeros doce fueron considerados en el IGI-2017, pero no se incluyeron en el estudio de 2020, mientras que los tres últimos, incluidos tanto en el IGI-2017 como en el IGI-2020, son de gran utilidad para mostrar cómo se comporta el indicador a nivel global, sin embargo, dada la falta de información, desestabilizan el comportamiento del índice. Esto último sucede debido a que el índice se construye con base en la información de todos los países, de ahí que si alguno(s) tiene(n) comportamientos atípicos, se generan problemas.

Índice Global de Impunidad 2020

Cuadro 3. Países con inconsistencias en la información reportada.

País

Comentarios

Argentina Tiene cinco variables perdidas. En la dimensión funcional «sistema de seguridad» no tiene ninguna de las dos variables, por lo que esta dimensión estaría vacía y puede modificar sustancialmente los resultados del cálculo.

Australia Presenta cifras atípicas en el número de policías y en la capacidad de personal penitenciario. Al hacer un diagrama de dispersión de datos se encontró que sus valores podrían ser considerados como atípicos.

Brasil Tiene siete variables sin información.

República Checa Tiene cinco variables perdidas. En la dimensión funcional «sistema de seguridad» no tiene ninguna de las dos variables, por lo que esta dimensión estaría vacía y puede modificar sustancialmente los resultados del cálculo.

República Dominicana En la dimensión estructural «sistema de seguridad» sólo se considera una variable, la cual no tiene valor. Esto significa que no se incluiría esta dimensión en el modelo, lo cual rompe con la esencia del índice.

El Salvador Presenta una cifra muy alta en homicidios. Sale de los límites al hacer una caja de dispersión.

Granada No tiene información en la dimensión estructural «sistema de seguridad».

Irlanda Tiene cinco variables perdidas.

Kenia Presenta valores atípicos en las variables «Personas frente a los tribunales entre número de jueces» y «Personas frente a los tribunales entre número de fiscales».

Filipinas Tiene valores atípicos en la variable «Personas frente a los tribunales entre personas en contacto formal con la policía».

Trinidad y Tobago Tiene valores atípicos en la variable «Encarcelados entre condenados».

Venezuela Tiene ocho variables con missings.

Canadá Presenta un dato muy bajo en la variable de jueces, lo que le afecta a la dimensión estructural «sistema de justicia». De acuerdo con el análisis cuartílico, al momento de hacer la comparación con los demás países, su valor está muy cercano a Q1, lo cual es muy bajo. Otros datos bajos son el número de jueces y el total de personal penitenciario que están relacionados con la dimensión ESS. En su conjunto, estos tres valores provocan que su puntaje en el índice lo ubique en los peores lugares.

Austria Gran parte de sus indicadores se ubican alrededor de los valores promedios de todas las variables y en el número de jueces, así como el personal en tribunal, su valor está por debajo del promedio. El efecto conjunto de estas variables provoca que se ubique en el tercer grupo, a diferencia del índice anterior en donde estaba en los primeros lugares.

Federación de Rusia En general, los datos de Rusia están por arriba del promedio internacional y, en algunos casos, como el número de personal penitenciario está en el rango de Q3, su clasificación general lo ubica en los primeros lugares, a diferencia de la versión anterior donde aparecía en los últimos.

A pesar de que estos países no se incluyen en la versión de 2020, es inevitable preguntarse ¿qué pasaría si se incluyeran?, ¿cuál sería su comportamiento? Para responder tales preguntas, se lleva a cabo un ejercicio considerando únicamente a estos países. Con esta restricción se garantiza que no se afectan los resultados del igi, pero su referencia es de gran utilidad para tener una idea sobre su comportamiento. En la siguiente tabla se muestran los resultados:

Lo interesante de este ejercicio es que Australia y Canadá son los dos países que presentan un mejor comportamiento, a pesar de los problemas que tienen con sus datos, mientras que Filipinas y Kenia son los de peor desempeño. Ciertamente, estos resultados son congruentes con los resultados del igi-2017 y muestran que, a pesar de su carencia o deficiencia en la información, su comportamiento refleja el fenómeno de la impunidad. Esto demuestra la fortaleza teórico-metodológica del igi, ya que su diseño permite incorporar países, aun y cuando tienen grandes carencias de información.

Resultados por región

África

En cuanto al comportamiento de las dimensiones que componen al igi-2020, se observa que el promedio de cuatro dimensiones está cercano a los valores máximos: sistema de seguridad, justicia y derechos humanos. Este sesgo estadístico que existe en donde se tiene una tendencia a los valores altos denota que, en este continente, existen problemas que deben ser atendidos. Esta situación se hace más evidente cuando se observa el promedio del igi-2020 global (54.5), el cual es más cercano al máximo (58.0) que al mínimo (47.9).

Gráfica 4. IGI-2020 y dimensiones en África (valor máximo, promedio y mínimo).

Al fijar la atención en los países que ingresaron al igi-2020, se observa que, al igual que en la versión de 2017, sólo fueron evaluados tres países. La razón es la misma que la que se describió en la edición pasada, la falta de información confiable, ya que muchos de los países carecían de datos, o bien, las cifras resultaban atípicas en comparación con otros países del mundo. Otro aspecto que llama la atención es que las calificaciones que obtienen estos tres países son altas y los ubican entre las naciones con mayores problemas de impunidad. Esto es congruente con la tabla anterior en donde se hacía una descripción de los máximos y los mínimos.

Gráfica 5. IGI-2020 en tres países de África.

5. IGI-2020 : dimensiones en África.

frente a los tribunales entre número de jueces

Personas ante los tribunales entre personas en contacto formal con el sistema de justicia penal

Personas frente a los tribunales entre número de fiscales

Derechos humanos

América

Los resultados del igi-2020 para esta región muestran que, en la dimensión estructural del sistema de seguridad, existe un sesgo hacia los valores máximos ya que su puntaje es de 88.5. En el lado opuesto, el sistema de justicia es uno de los mejor evaluados ya que obtiene un valor promedio de 20.9 y el mínimo es de 11.4 por lo que entre un valor y otro sólo hay una diferencia de 9.5 puntos. Esto significa que esta dimensión es una de las mejor evaluadas.

Gráfica 6. IGI-2020 y dimensiones en América (valor máximo, promedio y mínimo).

Al observar los resultados de los catorce países que entraron a la evaluación se observa que sus valores se encuentran en un rango que va de 39.5 (Costa Rica) a 59.7 (Honduras). Si se considera que el índice oscila entre cero y cien, entonces es factible asumir que las naciones del continente americano se encuentran en los lugares intermedios. Esto es congruente con los resultados de la tabla inicial en donde se hacía evidente que no todas las dimensiones presentaban problemas graves. En consecuencia, existe una compensación estadística que da lugar a que las naciones se ubiquen en los rangos medios.

Personas ante los tribunales entre personas en contacto formal con el sistema de justicia

Personas

Asia-Pacífico

En cuanto al comportamiento regional a partir de los datos del igi-2020 se observa que en la dimensión estructural es donde más problemas se tiene, ya que sus dos componentes que son el sistema de seguridad (61.3) y el de justicia (88.7) muestran que el promedio tiene un sesgo hacia los valores máximos. Sin embargo, el resto de las dimensiones presentan valores que se pueden ubicar en punto medio. En consecuencia, los resultados de los países que fueron evaluados se encuentran polarizados, es decir, algunos de ellos se ubican en las posiciones más bajas, mientras que otros están en las más altas.

Gráfica 8. IGI-2020 y dimensiones en Asia-Pacífico (valor máximo, promedio y mínimo).

3 países*

* Kazajstán / Kirguistán / Nepal ** Bahrein / Armenia / Azerbaiyán

En total, fueron evaluados catorce países, de los cuales los que obtuvieron los mejores resultados fueron Mongolia y Japón, mientras que los que recibieron una calificación alta fueron Azerbaijan y Tailada. De hecho, este último es el que ostenta el lugar más alto en la escala mundial con una calificación de 62.8. En una visión panorámica de los resultados de todo el continente es factible asumir que se trata de una región muy polarizada, ya que tiene algunos de los países con menor grado de impunidad y otros que presentan graves problemas.

3 países **

Gráfica 9. IGI-2020 en 14 países de Asia.

Personas ante los tribunales entre personas en contacto formal con el sistema de justicia penal

Personas frente a los tribunales entre número de

Europa

En cuanto a los resultados que se tienen para el igi-2020, llama la atención que en la dimensión estructural es donde se observan mayores problemas. Esto se debe a que el sistema de seguridad y el de justicia tienen valores promedio que se encuentran cercanos a los máximos. Sin embargo, el resto de los indicadores presenta un comportamiento opuesto, es decir, que sus valores promedio están cercanos a los valores mínimos, lo que significa que tienen un buen desempeño. Esto último se observa al analizar el dato promedio de toda la región (33.6) el cual está ligeramente cargado hacia el valor mínimo (35.7) por lo que es factible asumir que, en general, todos los países que integran esta región tienen un buen comportamiento.

Gráfica 10. IGI-2020 y dimensiones en Europa (valor máximo, promedio y mínimo).

* República de Moldova / Federación de Rusia / Kosovo / Liechtenstein

Para esta edición se analizaron 38 países y llama la atención que la gran parte de ellos se ubican en las mejores posiciones, es decir, su nivel de impunidad es de los más bajos. De hecho, Eslovenia es el país que tiene la mejor posición a nivel mundial con un valor de 20.3. Esta situación denota que, a diferencia de los otros continentes, en este existe un comportamiento más homogéneo en los resultados, los cuales muestran un buen desempeño en términos generales. Una hipótesis de esta situación es que, debido a su estrecha relación comercial y cultural, existe un mejor desarrollo de las instituciones que reducen el grado de impunidad.

Gráfica 11. IGI-2020 en 38 países de Europa.

8. IGI-2020: dimensiones en Europa.

Personas ante los tribunales entre personas en contacto formal con el sistema de justicia penal

Personas frente a los tribunales entre número de fiscales

Derechos humanos

Índice Global de Impunidad 2020

Análisis de correlaciones

Para crear una relación entre el igi-2020 y otros indicadores, se decidió utilizar las herramientas estadísticas del coeficiente de correlación de Pearson, para relaciones claramente lineales, y el coeficiente de correlación de Spearman (una correlación que usa los rangos en vez de los valores brutos), para relaciones no lineales.

Gráfica 12. Relación IGI e índice de Gini.

Correlación entre el Índice Global de Impunidad 2020 y el coeficiente de Gini.

De igual manera que en las ediciones de 2015 y 2017, se detectó que había una correlación entre la desigualdad del ingreso, el índice de Gini y el igi. Se encontró una correlación positiva de 0.51 entre los dos índices (p valor < 0.01). Se puede entender, por medio de este análisis, que en países en donde hay una mayor desigualdad de ingresos, también hay impunidad. Sin duda, este dato muestra que la impunidad y la desigualdad de ingresos son problemas relacionados.

Gráfica 13. Relación IGI y PIB per cápita.

Correlación entre el Índice Global de Impunidad 2020 y el PIB per cápita.

La gráfica 13 muestra una relación lineal muy débil entre el pib per cápita de cada país y su igi. Sin embargo, si se usa la correlación de Spearman, encontramos una correlación negativa de -0.498 (p valor < 0.01). La impunidad no sólo reduce las posibilidades de los individuos de salir de su condición de pobreza, sino que alimenta los factores para su reproducción y profundización (Galván y Álvarez, 2000).

Gráfica 14. Relación IGI y percepción de la corrupción.

Correlación entre el Índice Global de Impunidad 2020 y el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

Índice Global de Impunidad 2020

La impunidad lleva a la población a tener mayor desconfianza en las instituciones. Eso se refleja en la relación entre el igi y la percepción de la corrupción (cuanto más grande es, menor la percepción). La gráfica 14 muestra que hay una correlación de Spearman de -0.51 (p valor < 0.01), es decir, mientras mayor es la impunidad, menor es este índice de percepción de la corrupción.

Gráfica 15. Relación IGI e índice de democracia.

Índice de democ ra ci

Correlación entre el Índice Global de Impunidad 2020 y el Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist

Estados no democráticos muchas veces son puestos como Estados poco transparentes y, por lo tanto, con alto grado de impunidad en determinadas áreas. Por medio de la gráfica 15, se ve que hay una correlación de -0.501 (p valor < 0.01) entre el índice de democracia y la impunidad. Es decir, mientras menos democrática es una sociedad, más impunidad hay.

Además de los análisis univariados (análisis de las correlaciones), se hizo una regresión multivariada para que se pudiera ver cómo las variables independientes se relacionan entre ellas y la variable dependiente.

Tabla 9. Coeficientes de regresión lineal múltiples.

La tabla 9 muestra que, conjuntamente, pib per cápita y percepción de la corrupción no son significativos con nivel de significancia de 5%, es decir, esas dos variables no tienen relación con el IGI cuando son vistas conjuntamente con el Gini y el índice de democracia.

Tabla 10. Coeficientes de regresión lineal múltiples.

En el modelo final, se tiene al índice de democracia y al índice de Gini como significantes. Cuando hay un aumento de un punto en el índice de democracia (este índice tiene un puntaje de cero a diez), entonces existe una tendencia de disminución en 2.32 en el IGI. Eso muestra la importancia de la democracia para el combate a la impunidad. Además, cuando hay un aumento de diez puntos en el índice de Gini (este índice tiene un puntaje de cero a cien), entonces se tiene un aumento de 6.125 en el IGI. Es decir, las desigualdades afectan la estructura de combate a la impunidad en los países.

Fichas por país

Eslovenia se posiciona en el lugar 1 de 69 países con menor impunidad a nivel global. En el Índice de Impunidad Global de 2017, obtuvo el tercer puesto entre 67 países y una calificación de 37.23, mientras que en el nuevo cálculo del igi-2020 se reporta un valor total de 20.26.

El país se encuentra en el sudeste europeo, en el límite de la península balcánica. Está rodeado por Italia, Austria, Hungría y Croacia. Se divide en doce distritos políticos con una población de 2.1 millones de habitantes. Es parte de la Unión Europea.

Su forma de gobierno es una república democrática parlamentaria, erigida por la Constitución de 1991, la cual ha sido enmendada varias veces. El poder ejecutivo lo ostenta el presidente, quien es el jefe de Estado y el comandante en jefe de las fuerzas de defensa. El poder legislativo es bicameral, el parlamento está compuesto por la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional.

El poder judicial establece que el Tribunal Supremo es el tribunal más alto en el país. Los jueces son propuestos por el Consejo Judicial y aprobados por la Asamblea Nacional. El sistema judicial está compuesto por tribunales generales y especializados. Los tribunales especializados se ocupan de asuntos relacionados con el derecho labo -

ral, social y administrativo, mientras que los tribunales generales se dividen en tribunales locales, de distrito y superiores, y el Tribunal Supremo.

En 2017, después de la segunda vuelta de elecciones, Borut Pahor renovó su mandato por cinco años más. Tras la dimisión del primer ministro por la anulación de un referéndum sobre un proyecto ferroviario, el país se vio envuelto en negociaciones que duraron tres meses para elegir a un nuevo primer ministro. Marjan Sarec, quien perdió la elección presidencial contra Pahor, fue electo para el cargo.

En términos económicos, el pib per cápita (2018) de Eslovenia es de 26,124.0 usd, el coeficiente de Gini se sitúa en 23.7 (2018), siete décimas por debajo del año anterior. El 20% de las personas más ricas contaron ese año con una renta 3.4 veces superior al 20% de las personas más pobres.

Hay una reducción significativa en las cinco variables analizadas del igi-2020, sin embargo, los cambios más relevantes se encuentran a nivel funcional, con un sistema de seguridad que arroja valores de 9.84 y un sistema de justicia de 6.93. En la dimensión estructural hay una disminución de 15 puntos, bajando de 62.16 del sistema de justicia en 2017 hasta 46.43 en 2020.

Indicadores componentes

Croacia ocupa la posición 2 de 69 países que contaron con información suficiente para el cálculo del IGI-2020. En la edición 2017 obtuvo el primer lugar de 67 países analizados. En esta edición, el rubro en el que tuvo peor calificación fue en la dimensión estructural del sistema de seguridad (43.72).

Croacia limita al noreste con Hungría, al este con Serbia, al sureste con Bosnia-Herzegovina y Montenegro, al noreste con Eslovenia y al suroeste con el mar Adriático, donde comparte frontera marítima con Italia. Tiene una extensión territorial de 56,594 km2 , y su población asciende a 4.076 millones de personas.

Croacia es una república que se autodefine como un Estado unitario e indivisible, democrático y social, con la forma de gobierno mixta, es decir, entre semipresencial y parlamentario. Posee una sola cámara legislativa, compuesta por 151 diputados, de los cuales ocho escaños están destinados a minorías étnicas y tres a los croatas residentes en el extranjero.

La actual constitución es de 1990, en ella se reconoce la separación de poderes, el imperio de la ley, libertades fundamentales de orden civil y político, el pluripartidismo y una serie de derechos. La función judicial se confiere a

los jueces nombrados por el Consejo del Poder Judicial del Estado. En el ejercicio de sus funciones, los jueces deben ser independientes, autónomos y gozar de inmunidad de conformidad con la ley.

La segunda ronda de elecciones presidenciales se celebró el 5 de enero de 2020 y el líder del partido socialdemócrata SDP, Zoran Milanovic, se ha impuesto a la candidata del partido conservador y se convierte en el nuevo presidente de Croacia, lo que significaría un nuevo cambio en la política de Croacia.

De acuerdo con los datos más actualizados del Banco Mundial, su producto interno bruto (pib) fue de 60,972 millones de dólares, con un pib per cápita de 14,000 usd, pese a ello, el valor que este país obtiene en el índice Gini hasta su última medición registrada (2015) es de 31.1, lo anterior indica que la desigualdad va en aumento.

Los datos del igi -2020 asignan un valor total de 20.46, e indican que la dimensión estructural es la que concentra los valores más altos, destacando el sistema de seguridad (43.72), por su parte, el rubro de los derechos humanos (32.61) también debe ser atendido. Para que Croacia se mantenga dentro de los países con menos impunidad debe prestar atención al nivel estructural y seguir manteniéndose del mismo modo, aun con la nueva administración presidencial de Zoran Milanovic.

Indicadores componentes

Grecia ocupó el tercer lugar de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 8 de 67 países. Su peor calificación fue en la dimensión estructural del sistema de seguridad (48.05).

Con cerca de once millones de habitantes, Grecia es un país con gran poder geopolítico al ubicarse entre Europa, Asia y África. Comparte fronteras con Albania, Macedonia del Norte, Bulgaria y Turquía. Su territorio de 131,957 km2 comprende más de cinco mil islas, aunque sólo 225 se encuentran habitadas. Atenas es la capital y ciudad más poblada del país, mientras que Creta es la isla más grande y con mayor población.

Su forma de gobierno es la república parlamentaria. El jefe de gobierno es el primer ministro, el poder legislativo es unicameral con 300 escaños, 280 miembros en circunscripciones de múltiples escaños, doce miembros en una sola circunscripción nacional elegida directamente por voto de representación proporcional de lista abierta de partidos y 8 miembros en circunscripciones unipolares elegidas por mayoría simple de votos.

Por otro lado, el sistema judicial se divide en tres cortes supremas: el Tribunal Supremo civil y penal conocido

como «Areios Pagos» tiene 56 jueces (incluyendo al presidente); el Consejo de Estado, una corte administrativa conformada por el presidente, 7 vicepresidentes, 42 consejeros privados, 48 consejeros asociados y 50 jueces informantes, por último, el Tribunal Auditor se compone del presidente, cinco vicepresidentes, veinte concejales y noventa jueces asociados e informantes.

Ahora bien, desde el 2008, enfrenta una recesión económica. Su deuda externa ha ido en aumento, al ser uno de los mayores beneficiarios de los préstamos de la ue o el fmi. Esto se refleja en el índice de Gini el cual se ubica en 36 (2015), lo que denota una gran brecha de desigualdad, su pib per cápita (2018) es de 20,324.3 usd. Sin embargo, desde el 2017 Grecia ha aumentado su pib y ha reducido su tasa de desempleo.

En términos de impunidad, los resultados muestran que en Grecia el valor del igi -2020 es de 24.05. Si bien en las dimensiones estructural y funcional del índice se comporta mejor que el promedio de la región; no es el caso en el ámbito de derechos humanos (39.13). De hecho, Amnistía Internacional le recomendó a Grecia implementar políticas en materia de igualdad de género, refugiados y migración, crímenes de odio y racismo.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Bosnia y Herzegovina se encuentra en el lugar 4 de 69 países estudiados en el igi2020. En la edición anterior del índice ocupó el lugar 15 de 67 países incluidos. Su variable estructural de sistema de seguridad fue la peor evaluada con 45.19.

Ubicado en los Balcanes, Bosnia y Herzegovina tiene una población de 3,835,586 habitantes. Colinda con el mar Adriático y Croacia, y se divide en la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska.

Su forma de gobierno es la república parlamentaria. La división de poderes en el país está influida por su historia, el poder ejecutivo está compuesto por una presidencia de tres miembros que representan a tres naciones: Bosnia, Serbia y Croacia. Son elegidos directamente a través de un sistema de mayoría simple por un periodo de cuatro años, y lidera la persona que obtenga el número mayor de votos.

El poder legislativo es un parlamento bicameral compuesto por la Cámara de los Pueblos y la Cámara de Representantes. La primera está compuesta por quince asientos elegidos por periodos de cuatro años. La segunda compuesta de 42 asientos elegidos por periodos de cuatro años: 28 miembros le corresponden a la Federación de Bosnia y Herzegovina y catorce a la República

Srpska. El poder judicial se compone de la Corte Constitucional de Bosnia y Herzegovina, con nueve miembros, y la Corte de Bosnia y Herzegovina, con 44 jueces nacionales y siete jueces internacionales.

El sistema de justicia dentro del país se ha transformado a partir del apoyo de la Unión Europea a través de una serie de recomendaciones presentadas en la Estrategia de Reforma del sistema de justicia (2014-2018) y la reciente implementación del programa EU4Justice.

El pib per cápita del país se encuentra en 6,065 usd dólares de acuerdo al Banco Mundial, cifra que ha ido en aumento desde 2015, lo cual es positivo ya que el nivel de vida era considerado bajo; por otro lado, el índice de Gini (2011) es de 33.0 y se considera que es un país de ingresos medios-altos.

La calificación total en el índice es de 25.31 puntos, lo que lo ubica en los niveles bajos de impunidad en el ámbito global y por debajo del promedio regional en Europa (33.6). Es necesario observar de cerca los cambios que puedan devenir de los programas implementados con ayuda de la Unión Europea y cómo esto puede afectar las variables estudiadas en las próximas ediciones del igi. Por ahora, las dimensiones más afectadas por la impunidad son a nivel estructural y en materia de derechos humanos.

Indicadores componentes

Suecia ocupó el lugar 5 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición 2017, obtuvo el cuarto lugar de 67, posicionándose entre los países con un nivel de impunidad muy bajo. El rubro que obtuvo la peor calificación fue la dimensión estructural del sistema de justicia (53.78).

La población es de 10.12 millones de habitantes y tiene una larga línea costera de 7,625 km, esta línea forma el límite este de la península escandinava. Al sur, colinda con el estrecho de Öresund, al sur y el oeste limita con los estrechos de Skagerrak y de Kattegat. De lado este, tiene costa al mar Báltico y el golfo de Botnia. Tiene cerca de 221,800 islas e islotes.

La forma de gobierno es una monarquía constitucional que se basa en los preceptos de la democracia parlamentaria. Existe un gabinete de ministros que se encargan de asuntos de gobierno, este grupo es liderado por el primer ministro. Tanto el primer ministro como el gabinete son los encargados de rendir cuentas sobre sus decisiones ante el Riksdag, o sea, el parlamento.

Por el lado de la monarquía, desde 1973, Carlos XVI es el rey de Suecia, sin embargo, no tiene ninguna competencia, su función principal es protocolaria y moderadora. El primer ministro es nombrado por el presidente y ratificado por el Parlamento. El Parlamento es unicameral desde 1971 y está compuesto por 349 diputados elegidos por sufragio directo.

El Ministerio de Justicia es el órgano responsable de los asuntos relativos a los órganos jurisdiccionales, incluyendo los códigos de procedimiento y la organización de los tribunales. Sin embargo, ni el Gobierno ni ninguna otra institución tiene la facultad de decidir sobre el modo en que los tribunales deben resolver los casos concretos.

Los datos del Banco Mundial indican que el pib per cápita es de 53,442.01 usd lo cual representa un buen indicador del nivel de vida, con relación a esto, el coeficiente de Gini (2018) equivale a 25.7, lo cual indica que la brecha de desigualdad entre pobres y ricos no es tan grande.

Los resultados del igi -2020 muestran que Suecia tiene una calificación de 25.94 y se ubica entre los países con menos problemas de impunidad a nivel mundial y regional, aunque existen problemas estructurales en seguridad (42.90) y justicia (53.78), con respecto al igi -2017 la calificación fue de 39.15, así que podemos concluir que ha habido esfuerzos por reducir los problemas existentes relacionados con la impunidad.

Indicadores componentes

Noruega ocupó el lugar 6 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior obtuvo el quinto lugar de 67 países. El rubro con la peor calificación fue la dimensión estructural del sistema de justicia (66.31).

Con cerca de cinco millones de habitantes, es un país que se ubica en Europa, forma parte de la península escandinava y comparte fronteras con Finlandia, Suecia y Federación de Rusia.

Es una monarquía constitucional con un sistema parlamentario de gobierno. Las funciones del rey son esencialmente ceremoniales, pues la constitución de Noruega se basa en el principio de separación de poderes. El poder ejecutivo se encuentra bajo el mando del primer ministro y el Consejo de Estado. El parlamento, a cargo del poder legislativo, consta de 165 miembros elegidos a través de un sistema de representación proporcional. El poder judicial, por su parte, está a cargo de distintos tribunales, siendo el Tribunal Supremo de Noruega la máxima instancia judicial del país; con el poder de decidir si el gabinete ha actuado de acuerdo con la ley y si el parlamento ha aprobado una legislación consistente con la constitución.

A finales de 2017, Noruega celebró elecciones parlamentarias. Como resultado de dicho proceso, la coalición de centroderecha liderada por los conservadores se mantuvo en el poder por un estrecho margen de diferencia. Aunado a esto, el Partido del Progreso, una formación de corte xenófobo que gobierna en coalición con los conservadores, fue la tercera fuerza más votada en el país; siguiendo la tendencia del auge de partidos de extrema derecha en Europa.

Noruega es un país muy prospero económicamente, de acuerdo con datos del Banco Mundial, su pib per cápita es de 61,414 usd. Por otro lado, su coeficiente en el índice de Gini se ubica en 27.5, esto último demuestra que aún cuando la desigualdad social no es tan acentuada como en otros países, es una problemática que persiste.

En materia de impunidad, su valor total en el igi -2020 es de 27.36 y está por debajo del promedio europeo que es de 33.6. La dimensión estructural tuvo los valores más altos, sistema de justicia (66.31) y sistema de seguridad (35.65). En términos generales es un país estable, mas hay retos a futuro que persisten. Además, en los próximos años será necesario observar atentamente el impacto que las nuevas tendencias políticas puedan tener sobre este rubro.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

En el igi-2020, Hungría se posicionó en el lugar 7 de 69 países evaluados. En la edición anterior, su posición fue la 26 de 67. Su rubro peor evaluado fue el sistema estructural de seguridad (47.48).

Es un país localizado en Europa central, limita al norte con Eslovaquia, al noreste con Ucrania, al este con Rumania, al sur con Serbia, Croacia y Eslovenia, y al oeste con Austria.

Cuenta con un gobierno parlamentario con un jefe de estado y un jefe de gobierno, consta de 19 distritos y 23 ciudades, incluida Budapest, que poseen un poder igual al de un distrito. Es miembro de la UE desde 2003.

El Estado de derecho ha sido erosionado al implementar cambios en el sistema de cortes en que las dependencias de gobierno pueden hacer apelaciones y llevar el caso a la Corte Institucional, donde la mayoría de los jueces son afines al gobierno, estas acciones han provocado críticas del Consejo Europeo, ya que vulneran el balance de poderes. También se implementó una ley que otorga poder al gobierno para controlar los medios de comunicación, y personas afines al mismo han comprado diversas cadenas de medios, debilitando la apertura mediática en aquel país.

Su población es de 9.8 millones de personas, con un pib per cápita de 29,479 usd. En 2018 su pib creció a un ritmo

de 5.1%, sin embargo, para 2019 se previó una desaceleración que tendría un promedio de 4.6% y para 2020 cayó hasta el 2.8%, esto debido a las tendencias mundiales y a que el gobierno actual ha demostrado una postura más reacia al comercio internacional.

Dentro del igi -2020 Hungría dio un resultado total de 28.34 indicando que el nivel estructural alcanzó los valores más altos, 47.48 del sistema de seguridad y 40.71 del sistema de justicia, al igual que la dimensión de los derechos humanos (36.96). Estos valores se relacionan con el estricto control en la recepción de refugiados con medidas restrictivas que ponen en vulnerabilidad a los migrantes, incluso criminaliza a organizaciones no gubernamentales que den apoyo a los refugiados. Para este caso, sería pertinente establecer políticas que mejoren la condición de los migrantes, pero también que den mayor apertura a la sociedad húngara y de esta manera recuperar las transgresiones que se les han hecho durante los últimos dos años, vulnerando así los derechos humanos tanto de extranjeros como de nacionales.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Rumanía ocupa la posición 8 de 69 países para el cálculo del igi-2020. En la edición 2017 obtuvo el lugar 16 de 67 países. Su rubro peor evaluado fue el sistema estructural de seguridad (53.47).

Está situada al sureste de Europa, limita con Ucrania, la República de Moldavia, Hungría, Serbia, Bulgaria y con el mar Negro, su extensión territorial es de 238,391 km2 , y su población asciende a 19,473,936 habitantes.

Se autodefine constitucionalmente como Estado nacional, soberano e independiente, unitario e indivisible. La forma de gobierno del Estado Rumano es la república y se divide en legislativo, ejecutivo y judicial. El Tribunal Supremo de Casación y Justicia ocupa la posición más alta en la jerarquía de los órganos jurisdiccionales del país. Esta institución asegura la interpretación y aplicación unitaria de la ley por los otros órganos jurisdiccionales.

El sistema judicial se complementa con quince tribunales de apelación que tienen bajo su dependencia a los tribunales ordinarios y especializados, 42 tribunales de distrito (más Bucarest) y cuatro tribunales especiales que actúan en asuntos de menores. Los tribunales de distrito tienen bajo su dependencia a 176 juzgados de primera instancia.

La escena política se encuentra dominada por el bipartidismo del Partido Social Demócrata y el Partido Nacional Liberal. En los últimos días se ha hablado de una caída del actual Gobierno, al darse seguimiento a una moción de censura hacia la oposición para evitar una polémica reforma electoral a sólo diez meses del fin de su gobierno. La implementación de una segunda ronda para la elección de alcaldes dejaría al psd sin buena parte de los ayuntamientos en los que gana por mayoría simple, favoreciendo al pnl . Esto desestabiliza políticamente al país y genera incertidumbre democrática.

De acuerdo con los datos más actualizados del Banco Mundial, en 2018 el pib fue de 239,553 millones de dólares, y un pib per cápita de 11,290 usd. Pese a ello, su coeficiente de Gini es de 35.1, lo anterior nos indica que la desigualdad va en aumento.

Los datos que presenta el igi -2020 (28.89) indican que para estar dentro de los primeros puestos y ser considerado un país con baja impunidad, debe prestar atención al nivel estructural ya que ahí se concentran los valores más altos, 53.47 al sistema de seguridad y 27.16 al sistema de justicia. En cuanto a los derechos humanos (32.61), es un rubro que registra valores que merecen la pena atender, sobre todo ante los nuevos retos que significa el fin del actual gobierno y la posible victoria de la oposición.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

El Reino de los Países Bajos se encuentra en el lugar 9 de 69 en el igi-2020. En la edición 2017 obtuvo el lugar 10 de 67 países. Su rubro peor evaluado fue la dimensión estructural del sistema de justicia, con una puntuación de 72.45.

Pertenece a la Unión Europea, se encuentra en el noroeste de Europa, colinda con Bélgica, Alemania, y el Mar del Norte, su nombre se debe a que una parte del norte y oeste del territorio del país se encuentra por debajo del nivel del mar. En 2018 contaba con una población aproximada de 17 millones de personas.

Esta monarquía constitucional tiene una división de poderes en la cual el ejecutivo está liderado por el rey (jefe de estado), quien nombra al primer ministro como jefe de gobierno por cuatro años. Este primer ministro debe de ser parte del partido o coalición mayoritario en el parlamento. El poder legislativo es bicameral, compuesto por la Cámara Baja (Tweede Kamer, 150 integrantes) y la Cámara Alta (Eerste Kamer, 75 miembros), cuyos integrantes son elegidos por representación proporcional. El poder judicial se encuentra en el Tribunal Supremo (Hoge Raad, 41 jueces), que trabaja temas civiles, criminales, fiscales y ombuds.

En 2018, el Senado aprobó un Proyecto de Ley para Implementar la Cuarta Directiva Antilavado de Dinero de la Unión Europea. Las medidas planteadas están encaminadas a detener el uso de dinero para fines terroristas. Los Países Bajos son uno de los fundadores del Fondo Monetario Internacional; es sede de varias organizaciones internacionales, especialmente de carácter judicial, como el Tribunal Internacional de Justicia, la Corte Permanente de Arbitraje, la Corte Penal Internacional, el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y la Academia de Derecho Internacional. También está La Haya, en la Organización para la Prohibición de Armas Químicas.

De acuerdo con el Banco Mundial (2018), tiene un pib de 913,000 millones de dólares, y un pib per cápita de 53,024 usd dólares. Tiene un Gini de 28.2 (2015), y un porcentaje de desempleo del 3.8, casi 3 puntos debajo del promedio de la Unión Europea (6.5).

El Reino de los Países Bajos tiene en el igi -2020 un puntaje total de 29.76, y al igual que otros países, sus problemas son a nivel estructural, 47.39 al sistema de seguridad y 72.45 al sistema de justicia; se recomienda mejorar esta última dimensión; cumpliendo con el número de jueces magistrados profesionales por cada cien mil habitantes.

Países Bajos

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Serbia ocupó el lugar 10 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del IGI-2020.En la edición anterior su posición fue la 12 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de seguridad (46.06).

Se ubica en Europa oriental, limita al este con Rumanía y Bulgaria, al oeste con Montenegro, Croacia y Bosnia y Herzegovina, al sur con Macedonia y Albania. Para 2019 la población de Serbia fue de siete millones.

Serbia es un régimen parlamentario unicameral, el jefe de Estado es el presidente de la República, y el jefe de Gobierno el primer ministro, el legislativo es unicameral y está representado por la Asamblea Nacional; mientras que el judicial es autónomo y reside en el Tribunal Constitucional. La actual Constitución de Serbia fue aprobada en 2006 con separación de poderes, los derechos dinásticos persisten en el príncipe Aleksandar Karadjorjevic, el cual participa en ocasiones en actos oficiales pese a la forma republicana de gobierno. El Parlamento de Kosovo proclamó su independencia bajo el nombre de República de Kosovo, en febrero de 2008, la cual no es reconocida por Serbia.

A principios de 2018, se llevó a cabo el Proyecto «Eficiencia Judicial», que entre sus objetivos buscaba armonizar la jurisprudencia, mejorar el desempeño general de los tribunales y las fiscalías, incluida la gestión de recursos humanos. Cuando se implementó, de 1.4 millones de casos pendientes se redujo a 655,000.

La actividad económica serbia continúa expandiéndose a pesar de su desaceleración temporal en 2017, se apoya en el incremento de la inversión y la mejora de las exportaciones con respecto a las importaciones. De acuerdo con datos del Banco Mundial, el pib per cápita (2018) se sitúa en 7,246.7 usd en términos comparativos, se trata de uno de los más bajos de los Balcanes y tiene una distribución menos igualitaria que otros países de la región con un Índice de Gini (2015) que se sitúa en 39.6.

El igi-2020 ubicó a Serbia entre los diez primeros países con un nivel bajo de impunidad, su valor total fue de 30.97; la dimensión funcional concentra los valores más bajos, con 10.11 al sistema de seguridad y 10.26 al sistema de justicia. En oposición, la dimensión estructural destaca por tener valores altos, 46.06 en seguridad y 38.43 en justicia; no obstante, el rubro más alarmante son los derechos humanos al obtener 50.00, lo cual está asociado a la sensación de ser condenado sin ninguna prueba concreta.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Islandia ocupó el lugar 11 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior su lugar fue el 23 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia (69.82).

Con cerca de 356,991 personas, no es un país muy poblado, y mantiene una muy baja densidad de población, tres habitantes por km2 : 120 millones. Su capital es Reikiavik y su moneda son las coronas islandesas. A causa de su localización en la dorsal meso atlántica, es un país con gran actividad volcánica y geológica.

Es una república parlamentaria, se gobierna por la Constitución que entró en vigor cuando el país obtuvo la plena independencia (1944). No tiene fuerzas armadas a excepción de 130 miembros de la guardia costera, pero es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (otan). Actualmente, el parlamento cuenta con 63 miembros, elegidos por un periodo máximo de cuatro años. El presidente es elegido por voto directo para un mandato de cuatro años. El gobierno y los consejos locales son elegidos por separado de las elecciones presidenciales cada cuatro años.

En 2008, el sistema financiero sufrió un colapso, causando una fuerte contracción económica y manifestaciones que llevaron a adelantar las elecciones parlamentarias. Paralelamente cobró importancia la «Revolución islandesa», una serie de protestas y movimientos de organización ciudadana que resultó en el encausamiento del anterior primer ministro de Islandia. Esta crisis trajo un proceso ciudadano que dio lugar a cambios en la Constitución, y desde entonces, la economía se ha recuperado significativamente, en gran parte debido a un aumento en el turismo.

Su pib per cápita es de 70,056.87 usd (2017). Islandia es uno de los países que se toman como referencia, pues a pesar de la crisis económica que vivieron en el 2008 y aunque no lograron salvar sus bancos, pudieron salvar su economía. El índice de Gini se ubica en 24.4, lo que lo convierte en uno de los países con menores niveles de desigualdad.

En términos de impunidad, los resultados muestran que el valor total para Islandia fue de 31.03 y esto lo ubica entre los países con menores problemas de impunidad a nivel mundial, y refleja que Islandia es un modelo a seguir para muchos otros países, sin embargo, es necesario seguir con voluntad política y herramientas como la legislación, como hasta ahora lo han hecho, pese a que el índice también indica problemas a nivel estructural: seguridad (49.42) y justicia (69.82) al obtener valores altos.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Estonia ocupó el lugar 12 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior se posicionó en el lugar 25 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia (65.19).

Con cerca de 1,228,624 habitantes, la República de Estonia se ubica en Europa del Este, bordeando el mar Báltico y el golfo de Finlandia, entre Letonia y Federación de Rusia.

Su forma de gobierno es la república parlamentaria. Existe una división de poderes en donde la figura del presidente es elegida indirectamente por el Parlamento por un periodo de cinco años, de igual manera el gabinete designado por el primer ministro debe ser aprobado por el Parlamento.

El Parlamento unicameral está representado por 101 miembros elegidos directamente en circunscripciones de varios escaños por voto de representación proporcional por cuatro años. Se basa en un sistema de justicia de derecho civil aceptando la jurisdicción obligatoria de la cij pero con reservas.

La última enmienda hecha en la constitución fue registrada en 2016 mediante un referéndum, según datos del libro de hechos de la cia . Uno de los problemas que más afecta a Estonia son las drogas ilegales, según el libro de hechos de la cia , es productor importante y el narcotráfico es uno de sus principales problemas. La política de seguridad de Estonia es mantener su independencia, soberanía, integridad territorial, orden constitucional y seguridad pública, por ello, reconoce que su membresía en la otan y la ue le ayuda a cumplir estos objetivos.

Estonia tiene una economía moderna basada en el mercado y disfruta de uno de los mayores niveles de ingreso per cápita en Europa central y en la región del Báltico. De acuerdo con los datos del Banco Mundial, su pib per cápita es de 23,266.35 usd, y tiene cierto rango de desigualdad social entre la población reflejado en el índice de Gini el cual se ubica en 34.70.

Los resultados de Estonia en términos de la impunidad muestran que obtuvo el valor de 31.36 para el igi -2020 , por la parte de derechos humanos tiene una puntuación de 15.22, tomando en cuenta que el rango peor calificado es el más cercano al 100, en ese ámbito no se encuentra con mayor problemática, sin embargo podría implementar políticas públicas que mejoren el sistema estructural de seguridad (52.41) y de justicia (65.19).

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Bulgaria ocupa la posición 13 de 69 países que contaron con la información suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición 2017 obtuvo el lugar 2 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de seguridad (57.95).

Situada al sudeste de Europa, limita al norte con Rumania, al este con el mar Negro, al sur con Turquía y Grecia, y al oeste con Serbia y Macedonia del Norte. Tiene una superficie de 110,993.6 km2 y su población asciende a 7,024,216 personas.

Tras la aprobación de la Constitución, en julio de 1991, Bulgaria quedó establecida como una república parlamentaria, unitaria y democrática. La Asamblea Nacional es unicameral y está compuesta por 250 diputados, que son elegidos mediante sufragio universal en un periodo de cuatro años. El poder judicial es independiente y está compuesto por el tribunal Superior de Casación, el Tribunal Superior Administrativo y los tribunales de apelación, regionales, militares y de distrito.

Con la reforma a la Constitución de 1991 se creó el Consejo Supremo del Poder Judicial, el cual es un órgano permanente que representa al poder judicial y garantiza su independencia, determina su composición y organización

del trabajo, además de gestionar la actividad de éste sin intervenir en la independencia de todos los órganos que lo conforman.

Los principales retos de la política actual búlgara son dos: el dossier energético, aunque en los últimos años se han hecho proyectos para mejorarlo, el cual acusa una importante dependencia de proveedores externos, fundamentalmente Rusia. Y, por otro lado, la demografía, reto a mediano y largo plazo, ya que la población del país disminuye de manera constante, en parte por la emigración y por la baja tasa de natalidad.

De acuerdo con los datos más actualizados del Banco Mundial en 2018 el pib per cápita fue de 8,860 dólares, su coeficiente de Gini es de 38.3, esto lo ubica en una economía altamente centralizada y planificada a un sistema de mercado abierto y libre, con una economía de ingresos medios-altos.

En el igi -2020 Bulgaria obtuvo un valor total de 31.37, cercano al promedio de la región (33.6), por lo que debe de mantener fuerte su dimensión funcional de sistema de justicia (17.16) y se seguridad (5.58), la cual tiene las puntuaciones más bajas de las variables estudiadas en el igi. Debe enfocarse en crear políticas públicas que vayan dirigidas a reducir las deficiencias enmarcadas por su alta calificación en la dimensión estructural, sin olvidar los derechos humanos (40.22).

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Montenegro ocupó el lugar 14 de 69 países que tuvieron información necesaria y suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior se posicionó en el lugar 6 de 67 países. El valor total obtenido fue de 31.71, y su rubro con la peor calificación fue el de derechos humanos.

El país se ubica en el sur de Europa, colinda con Serbia y Bosnia Herzegovina al norte, con el territorio de Kosovo al este, con Albania al sur, con Croacia al este y con el mar Adriático al oeste. Tiene una población de 622,387 habitantes. Está divido territorialmente en 23 municipalidades, que integran 40 ciudades.

Montenegro es una República Parlamentaria. La Constitución de 2007 define al Estado como civil, democrático y ecológico basado en el Estado de derecho. El poder ejecutivo recae en el presidente quien representa al país en el exterior. El Parlamento se integra por 81 miembros electos directamente para un periodo de cuatro años. El poder judicial es ejercido por una serie de cortes autónomas e independientes.

Actualmente el presidente es Milo Djukanovic, quien ocupa el cargo desde 2018, y anteriormente fue presidente en el periodo de 1998 a 2002 y ha ocupado del cargo de primer ministro siete veces, en su cuarto mandato se ce -

lebró un referéndum para declarar la independencia de Serbia en 2006. En 2008 Montenegro presentó su candidatura para unirse a la Unión Europea, dos años después se le reconoció como candidato y se espera su anexión en el 2025.

El país tiene una calificación de 31.9 en el índice de Gini, el nivel de desigualdad es el mismo con el que se realizó el estudio de impunidad en 2017. En términos económicos, el pib per cápita (2018) es de 8,844.2 usd mientras que su pib es de 5,504 millones de dólares, un aumento respecto a los 4,663 millones de dólares que se reportaron en 2016.

El cambio más significativo y contrastante de los resultados de Montenegro en el igi -2020 corresponde al nivel estructural, por un lado, el sistema de seguridad (42.77) obtuvo uno de los valores altos, y al mismo tiempo, el sistema de justicia (0.00) reporta el valor más bajo de todos. En esta última categoría, se muestra un gran avance en comparación con el igi-2017, donde se reportó una calificación de 30.19.

Finalmente, se debe poner atención a los derechos humanos, al obtener el puntaje más alto posible (100) ya que existen violaciones graves del derecho internacional humanitario, en donde las libertades y las minorías son sacrificadas.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Albania ocupó el lugar 15 de los 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 38 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia (72.35).

Con cerca de 3,074,579 habitantes y doce estados, la República de Albania es un país que se ubica en el Sudeste de Europa, bordeando el Mar Adriático y el mar Jónico, entre Grecia al sur, y Montenegro y Kosovo al norte. Su constitución fue promulgada el 28 de noviembre de 1998.

Es una república parlamentaria con una división de poderes. El poder ejecutivo es representado por el presidente de la República (jefe de Estado). El primer ministro es designado por el presidente bajo una propuesta del partido o coalición con mayoría en la Asamblea. Existe un Consejo de Ministros que es propuesto por el primer ministro, designado por el presidente y aprobado por la Asamblea.

El poder legislativo es unicameral. El Parlamento está conformado por 140 diputados elegidos directamente y por representación proporcional por un periodo de cuatro años. El poder judicial se integra por el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional los tribunales de Apelación, los Tribunales de Primera Instancia, y Tribunales especializados en materias de corrupción y delincuencia organizada.

En los últimos veinte años, el Partido Democrático y el Partido Socialista de Albania se han alternado en el poder. El 5 marzo de 2020, el Parlamento de Albania aprobó una ley de aplicación especial para incrementar los poderes policiales para «combatir la delincuencia organizada» hasta finales de este año. Así, la normativa otorga facultades a la policía para confiscar propiedades de presuntos delincuentes y para ordenarles que no cambien de domicilio sin su permiso.

De acuerdo con los datos del Banco Mundial, posee una economía de mercado estable, su pib per cápita (2019) alcanzó los 5,448 usd, sin embargo, tiene un importante rango de desigualdad social que se refleja en el índice de Gini (2017) el cual se ubica en 33.2. Así, Albania sigue siendo uno de los países con desigualdad en Europa.

En términos de la impunidad, los resultados del igi -2020 lo ubican con un valor total de 32.12 e indican que su principal problemática se encuentra a nivel estructural obteniendo 72.35 en el sistema de justicia y 40.13 en el sistema de seguridad, por lo que se sugiere modificar y tomar en cuenta nuevas políticas públicas para mejorar esta situación.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Alemania ocupó el lugar 16 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 9 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia (72.45).

Con 83 millones de habitantes, es el país más poblado entre los estados miembros de la Unión Europea, y es el hogar del tercer mayor grupo de emigrantes internacionales. Su capital es Berlín. Alemania está formada por dieciséis estados federados (Bundesländer) y limita al norte con el mar del Norte, Dinamarca y el mar Báltico; al este con Polonia y la República Checa; al sur con Austria y Suiza; y al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos.

Alemania es una república federal, democrática, representativa y parlamentaria con un jefe de Gobierno (el canciller), y un jefe de Estado (el presidente), cuyas principales responsabilidades son representativas. El poder legislativo recae en el parlamento compuesto por el Bundestag y el Bundesrat, que conforman un único tipo de órgano legislativo.

A finales de 2019, la elección de los candidatos del antiestablishment Norbert Walter-Borjans y Saskia Esken

al frente del spd sometieron a presión a Angela Merkel, jefa del Ejecutivo, ya que el nuevo spd quiere renegociar el contrato de coalición que firmó con los conservadores (cdu/csu) hace más de un año para imprimirle un carácter más social.

Datos del Banco Mundial indican que el pib per cápita (2018) es de 47,603.0 usd y su índice de Gini (2016) se ubicó en 31.9. En el último trimestre de 2018, el pib alemán se contrajo un 0.2% y no recuperó el crecimiento en los tres primeros meses de 2019. Aunque el nivel de vida de sus habitantes es bueno, la producción industrial de Alemania atraviesa un momento delicado, otro factor que afectó la economía alemana fue la incertidumbre por el Brexit.

En términos de la impunidad, los resultados muestran que el resultado total en el igi -2020 es de 32.46, y da cuenta que es necesario revisar el nivel estructural del sistema de seguridad (51.60) y justicia (72.45). Esto lo ubica entre los países de que están en el promedio de los indicadores. Aunque este año fue difícil para Alemania en cuestiones económicas, es innegable que sigue siendo un modelo a seguir para otros Estados y una potencia europea con peso internacional, por lo que, para mejorar su posicionamiento en el igi , es necesario evaluar la estructura de su sistema de justicia.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Inglaterra y Gales ocuparon el lugar 17 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 20 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia (66.31).

El Reino Unido está formado por Inglaterra, Gales y Escocia (Gran Bretaña), e Irlanda del Norte. La población de Inglaterra alcanza los 55,977,200 de habitantes, la de Gales es de 3,138,600 de habitantes. Es un Estado unitario que está compuesto por cuatro naciones constitutivas: Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte.

El sistema de gobierno es parlamentario con sede de gobierno y capital en Londres, pero cuenta con tres administraciones nacionales descentralizadas en Edimburgo, Cardiff y Belfast, que corresponden a las capitales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, respectivamente. Funciona como una monarquía parlamentaria, la reina Isabel II es la jefa de Estado. Todas las leyes aprobadas por el parlamento requieren el consentimiento real para convertirse en ley.

El Parlamento cuenta con dos cámaras: la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. El poder ejecutivo se constituye por el primer ministro y el gabinete. No existe

plazo mínimo para ocupar un puesto en el parlamento, sin embargo, la ley exige llamar a una nueva elección cada cinco años.

El sistema jurídico fue creado por la unión política de países que en el pasado eran independientes. Actualmente, el país tiene tres diferentes sistemas jurídicos, primero el derecho de Inglaterra, segundo el derecho de Irlanda del Norte y por último la ley escocesa.

En 2009, hubo modificaciones constitucionales que resultaron en la creación de una nueva Corte Suprema que asumiría funciones de apelación de la Comisión de Apelación de la Cámara de los Lores.

El PIB per cápita del Reino Unido es de 39,720.44 usd y se ubica en el índice de Gini en 32.80, lo que denota que no existe una gran brecha entre ricos y pobres, sin embargo, la diferencia existente es relevante.

El valor que arroja el igi -2020 es de 32.49; en cuanto al ámbito estructural de su sistema de justicia, obtuvo una calificación de 66.31, lo cual habla sobre un sistema de justicia que requiere ajustes sistemáticos para alcanzar un nivel de impunidad más bajo y, de no ser así, podría representar un grave problema para tener acceso a la justicia.

Inglaterra y Gales

IGI y dimensiones

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Eslovaquia ocupó el lugar número 18 de 69 países de los que se obtuvo información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 11 de 67 países que fueron evaluados en materia de impunidad. Su rubro peor calificado fue el de derechos humanos (50.64).

Tiene 5.13 millones de habitantes. Es un país centroeuropeo miembro de la Unión Europea, no tiene costa y hace frontera con Polonia en el norte, al oeste con República Checa y Austria, al sur con Hungría y al este con Ucrania.

Su forma de gobierno es la república democrática parlamentaria con un sistema multipartidista. Existe una división de poderes constituida por un primer ministro como figura de jefe de gobierno y un presidente como figura de jefe de Estado, este último es elegido mediante voto popular directo y es quien designa al primer ministro. El más alto órgano legislativo es el Consejo Nacional de la República Eslovaca, unicameral constituida por 150 integrantes.

El órgano judicial de más alta jerarquía es la Corte Constitucional encargada de asuntos constitucionales, formada por trece miembros que son designados por el presidente a partir de una lista de candidatos presentada por

el Parlamento. Desde el 2002, por motivos descentralizadores, se divide en ocho unidades territoriales superiores y sus respectivas regiones autónomas, cada una posee su propio consejo y presidente. El objetivo es establecer un nivel regional de autogobierno.

Su pib per cápita es de 17,604.95 usd. Existe una brecha considerable entre los sectores más ricos de la población y los más pobres, de acuerdo con datos de la ocde el 60% de las familias con ingresos más bajos tienen de hecho el 26% de la riqueza neta, mientras que el 10% de los hogares más ricos poseen el 34% de la riqueza. Esto puede verse reflejado en el coeficiente de Gini que es de 26.5.

En 2019, los derechos humanos se vieron expuestos cuando el Parlamento rechazó la ratificación del Convenio de Estambul y persistió la preocupación que suscitaba la discriminación a la comunidad romaní, el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y continuas denuncias de irregularidades en la contratación pública.

En términos de impunidad, los resultados muestran que el valor del igi -2020 es de 32.73 y aunque se encuentra en el continente con los menores niveles de impunidad global, la dimensión estructural concentra valores muy altos 47.65 (seguridad) y 47.35 (justicia) que deben ser atendidos para lograr una mejor posición en el índice.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Finlandia ocupó la posición 19 de 69 países en el igi-2020, mientras que en el igi-2017 ocupó el lugar 17 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia, con una puntuación de 62.10.

Con 5.5 millones de personas, Finlandia es parte de la Unión Europea y está ubicada en el norte de Europa colindando con Rusia, Suecia y Noruega. Fue parte de Suecia hasta que en 1809 fue anexionada por el Imperio ruso, pasando a ser el gran ducado de Finlandia (entidad autónoma de Rusia hasta 1917, cuando obtuvo la independencia).

Finlandia es una república parlamentaria dividida en 317 municipios. Su poder Ejecutivo es liderado por un primer ministro (hoy, primera ministra) y su gabinete. El primer ministro es el líder del partido mayoritario después de una elección, y comparte el gobierno con su gabinete de ministros. Su órgano legislativo es el Parlamento, compuesto por 200 miembros elegidos cada cuatro años utilizando el método D’Hondt. También cuenta con un presidente, quien es el jefe del Estado.

Su sistema de justicia funciona de manera independiente y está compuesto por una suprema corte de justicia y por cortes distritales (27), regionales (6) y de apelación (6). Finlandia también tiene una oficina especial para el

Ombudsman, un oficial independiente electo por el parlamento que se encarga de supervisar a los funcionarios públicos y proteger los derechos tanto constitucionales como humanos.

Finlandia es utilizada frecuentemente como ejemplo por su desempeño económico, competitividad e innovación, ha sufrido para recuperarse de la crisis financiera global y la crisis de la zona euro, esto la hace vulnerable a la coyuntura internacional. Por otra parte, Finlandia se vio penalizada por las sanciones rusas contra países de la ue

De acuerdo con datos del Banco Mundial, su pib es de 276,000 millones de dólares (2018), mientras que su pib per cápita es de 50,152 usd (2018). La desigualdad en cuanto a riqueza no es muy alta, con un Gini de 27.1.

Finlandia cuenta con un puntaje total de 32.90 en el igi2020 , casi un punto mejor evaluado que Europa (33.6). Tuvo una mejora fuerte en cuanto al puntaje del igi 2017, mejorando por 15.8 puntos. Se destaca el notable valor de los derechos humanos (0.00) y se recomienda continuar con la mejora en la dimensión estructural, debido al 54.73 en el sistema de seguridad y 62.10 en el sistema de justicia.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Bélgica ocupó el lugar 20 de los 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. Por falta de información estadística no formó parte del igi 2017. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia (72.45)

Bélgica se encuentra localizada al norte de Europa Central. Limita con el mar del Norte, Países Bajos, Alemania, Luxemburgo y Francia. Su población es de 11,720,716 habitantes.

Es una monarquía constitucional federal en la que el rey es el jefe del Estado y el primer ministro, el jefe del Gobierno en un sistema multipartidista. Los poderes se reparten entre tres niveles de gobierno: el Gobierno Federal, tres comunidades lingüísticas (de lengua flamenca, francesa y alemana) y tres regiones (Flandes, Valonia y Bruselas-Capital).

El sistema jurídico belga es un sistema de tradición civilista que comprende un conjunto de normas codificadas, aplicadas e interpretadas por los jueces. En Bélgica la organización de los tribunales y los juzgados es una competencia exclusivamente federal. El poder judicial es ejercido por los órganos jurisdiccionales en el marco de las disposiciones constitucionales y legislativas. Se distingue

la judicatura (jueces y asesores de los tribunales y juzgados) y el Ministerio Fiscal (ministerio público o fiscalía).

Su Estado ha evolucionado progresivamente desde un Estado unitario a un Estado federal, tras sucesivas reformas. Un paso importante se materializó en la VI Reforma del Estado, aprobada de 2011 y 2014 por la coalición gobernante, que contempló las transferencias de competencias (empleo, sanidad, familia, juventud, etcétera) que representaban un 40% de aumento del presupuesto de las entidades federadas; y la reforma del Senado que significó la reducción de sus atribuciones y que pasó de 71 a 60 miembros.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, el pib per cápita (2018) de Bélgica fue de 47,518.6 usd, mientras que el coeficiente de Gini en 2015 era de 27.7, lo que lo mantiene en niveles bajos de desigualdad.

En términos de impunidad, los resultados del igi -2020 muestran que su valor total fue de 32.97, a pesar de obtener calificaciones altas en la dimensión estructural 49.28 para el sistema de seguridad y 72.45 al sistema de justicia. Por otro lado, los valores más bajos están a nivel funcional, 18.31 al sistema de seguridad y 11.74 al sistema de justicia, por lo que el gobierno debe prestar atención a los valores más altos para reducir la impunidad.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Portugal ocupó el lugar 21 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 32 de 67 países. Su rubro peor calificado fue el sistema de justicia con 65.25.

Portugal es un país del sur de Europa en la península ibérica, sólo tiene fronteras con España al este, norte y sur, al oeste limita con el océano Atlántico Norte. Su población es de 10.3 millones de habitantes. Es un país soberano, miembro de la Unión Europea, constituido como un estado democrático de derecho.

Su gobierno es la república parlamentaria, cuya carta magna es la Constitución de 1976, revisada en seis ocasiones. La república portuguesa es un estado democrático con separación e interdependencia de poderes. El poder ejecutivo está constituido por el presidente de la República y el Gobierno, encabezado por el primer ministro, quien preside el Consejo de Ministros. El poder judicial es independiente y la planta judicial culmina en el Supremo Tribunal de Justicia, mientras que el poder legislativo reside en la Asamblea de la República y es unicameral.

Desde finales de noviembre de 2015, Portugal está regido por un gobierno en minoría del Partido Socialista ( ps), con estricta austeridad. El Gobierno portugués se ha com-

prometido a revertir la austeridad dentro de los límites establecidos en el pacto fiscal con la ue , apoyándose en el crecimiento económico, el aumento de impuestos indirectos y la contracción de la inversión pública para reducir el déficit.

Después de alcanzar su crecimiento más fuerte del siglo en 2017, la economía portuguesa sigue expandiéndose, este crecimiento es impulsado por la fuerte demanda interna, no obstante, existe falta de empleos y riesgo de pobreza. De acuerdo con los datos del Banco Mundial, el índice de Gini (2015) fue de 35.5, mientras que el pib per cápita (2018) se ubicó en 23.407,9 usd

Los resultados del igi -2020 ubican a Portugal con un valor total de 33.06, asignan a la dimensión funcional los valores más bajos: sistema de seguridad (9.12) y sistema de justicia (11.61). Las áreas de oportunidad se ubican a nivel estructural y en los derechos humanos (28.26). Esta situación deberá ser atendida en conjunto, pues responde a disparidades sociales y a la transgresión de derechos fundamentales, por lo cual es importante poner atención a las violaciones y abusos de los derechos humanos en situaciones de conflicto, en particular los perpetrados contra los grupos más vulnerables como las mujeres y los inmigrantes.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Letonia ocupó el lugar 22 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 22 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión de derechos humanos (60.88).

Con alrededor de 1,881,223 habitantes, Letonia se ubica al norte de Europa. Colinda con Estonia, Lituania y el océano Báltico. Es importante mencionar que es una exrepública soviética.

Actualmente es una república parlamentaria que cuenta con un sistema de división de poderes. El poder ejecutivo consta de un jefe de Gobierno (primer ministro) y jefe de Estado (presidente). El presidente es elegido por el parlamento para un mandato de cuatro años, con opción de un segundo mandato. Asimismo, el primer ministro es designado por el presidente y confirmado por el parlamento. El poder legislativo consiste en un parlamento unicameral, o Saeima, compuesto de cien escaños elegidos directamente.

Respecto al poder judicial, los tribunales superiores de Letonia son el Tribunal Supremo, el cual está integrado por el Senado y 36 jueces, y el Tribunal Constitucional que consta de 7. Los jueces del Tribunal Supremo son nominados por el presidente y aprobados por el Saeima y

sirven durante diez años; los del Constitucional, tres son nominados por la Saeima, dos por el pleno del Tribunal Supremo y dos por ministros del gabinete. Todos ellos deben ser confirmados por el voto mayoritario del Parlamento.

De acuerdo con los datos más actualizados del Banco Mundial, en 2018 Letonia contó con un pib per cápita de 17,860.62 usd, cifra que ha venido en ascenso desde el 2016. En 2015 contó con una calificación de 34.2 en el índice de Gini, lo que nos indica que a la par de crecimiento económico ha venido el de la igualdad.

El valor total que muestra el igi -2020 es de 33.14 e indica que los valores más altos son a nivel estructural con 52.23 para el sistema de justicia y 38.10 para el de seguridad, y aunque no rebasa el promedio regional con la puntuación, ésta se mantiene alta a comparación de sus otras dimensiones. Un hecho preocupante es que uno de cada tres habitantes es rusoparlante, pero el Estado les habla a sus habitantes sólo en letón, por lo tanto, desconocer el idioma merma el acceso de los ciudadanos al sistema de justicia. Por otro lado, se ha hecho un avance importante para reducir los casos de niños apátridas, no obstante, poco ha mejorado la situación de los refugiados y la condición en la que se encuentran los centros de detención.

Indicadores componentes

Italia ocupó el lugar 23 de 69 países que fueron evaluados en el igi-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 29 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia (65.04).

Se encuentra al sur de Europa, en el centro del Mediterráneo, limita al norte con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. El país forma una península y tiene dos grandes islas en el Mediterráneo: Sicilia y Cerdeña. El tamaño de su población es de 60.48 millones de habitantes.

Su forma de gobierno es la república parlamentaria con democracia representativa y multipartidista, el sistema político está definido conforme a la ley suprema de 1948, establecida en la Constitución de la República Italiana. Existe división de poderes en donde el poder ejecutivo está a cargo del Gobierno, el cual se forma por tres órganos: el presidente del Consejo de Ministros, el cual es el jefe de Gobierno, conocido como primer ministro; los ministros y el consejo de los ministros.

El presidente de la República es el jefe de Estado y es quien nombra al primer ministro y a los ministros. El poder legislativo está representado por el Parlamento, que tiene una estructura bicameral (la Cámara de los Diputados y el Senado de la República). El poder judicial es independiente del ejecutivo y del legislativo.

El Consejo Superior de la Magistratura es un órgano de peso constitucional y de autogobierno del Poder Judicial. Su función es garantizar la independencia y autonomía de la magistratura respecto a los otros poderes del Estado. El sistema judicial se encuadra en el sistema continental. Las funciones del juez y de fiscal son ejercidas por miembros de la magistratura.

El pib per cápita es de 31,952.98 usd, el cual es buen indicador del nivel de vida, sin embargo, pertenece al grupo de países mediterráneos, donde la desigualdad va en aumento. El Gini (2018) se ubica en 33.40, y aunque en comparación con otros países no representa una gran brecha entre ricos y pobres, la desigualdad va en aumento.

Los resultados del igi -2020 muestran que los valores posicionan a Italia con una calificación de 33.78, lo cual la ubica como uno de los países europeos con mayores problemas de impunidad al obtener 42.16 en el sistema de seguridad y 65.04 en el sistema de justicia a nivel estructural, e implica que se deberán hacer mayores esfuerzos para reducir la incidencia de ésta.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Ucrania ocupó el lugar 24 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del IGI-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 41 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión de derechos humanos (51.09).

Con una población de 42,028,846 habitantes, Ucrania tiene una superficie de 603,550 km2 . Tiene frontera con siete países: Rusia, Belarús, Polonia, Rumania, Hungría y Moldavia.

En su constitución se establece el equilibrio entre los poderes legislativo y el ejecutivo, con una reducción significativa de los poderes del presidente, que mantiene el control casi exclusivamente sobre los ministerios de exteriores, defensa y servicios de seguridad, así como sobre los nombramientos de los gobernadores regionales. El Parlamento ucraniano es unicameral, compuesto por 450 diputados, elegidos por sufragio universal. En Ucrania la justicia es administrada únicamente por los tribunales, cuya jurisdicción abarca todos los tipos de conflictos legales.

El sistema judicial de Ucrania se basa en los principios de territorialidad y especialización. Está formado por los tribunales locales, de apelación y el Tribunal Supremo. No está permitido crear tribunales extraordinarios o especiales. En 2016 hubo un cambio vital en el sistema judicial

y se introdujeron concursos transparentes e independientes para la designación de los jueces del nuevo Tribunal Supremo de Ucrania, la creación del Tribunal Superior sobre la Propiedad Intelectual y el Tribunal Superior de Lucha contra la Corrupción.

Uno de los fenómenos de impunidad política que se puede encontrar en el país es el escándalo de corrupción relacionado con Donald Trump. Las acusaciones al presidente de Estados Unidos tienen que ver con sobornos, extorsión u otro tipo de abuso para que se investigara a Burisma, la empresa gasista en la que trabajaba el hijo de Joe Biden, mientras su padre era vicepresidente.

El valor total en el igi -2020 fue de 33.84, y los rubros más altos fueron el sistema de seguridad a nivel estructural (50.54) y los derechos humanos (51.09). La puntuación de este último está relacionada con la guerra al este del país, esto ha ocasionado que Human Rights Watch catalogue al registro en esta materia como «mixto». A pesar de que se han dado pasos en la dirección correcta para combatir la corrupción, aún se mantienen problemas como presión a los medios de comunicación independientes, riesgo de violencia por parte de grupos de extrema derecha hacia personas y activistas de la comunidad lgbt+ y minorías étnicas. Finalmente, se continúan con practicas discriminatorias hacia prisioneros en áreas controladas por agentes ( proxies) rusos.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

España obtuvo la posición número 25 de los 69 países analizados en esta edición, mejorando con respecto a los resultados obtenidos en el igi 2017 donde ocupó el lugar 27 de 67. La dimensión peor evaluada es la estructural, en específico el rubro que respecta al sistema de justicia (76.92).

Es un país transcontinental situado en el suroeste de Europa y en el norte de África. Limita al oeste con el océano Atlántico y Portugal; al norte con el mar Cantábrico, al noreste con Francia y Andorra, al este con el mar Mediterráneo y al sur con Marruecos.

El gobierno español está constituido como una monarquía parlamentaria en el cual el jefe Estado es el rey, y existen los poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde el jefe de Gobierno es el presidente. El territorio está organizado en 17 comunidades autónomas, que poseen un gobierno y legislaciones propias cada una y dos ciudades autónomas: Ceuta y Melilla.

En 2019 su población fue de 47.1 millones de habitantes, durante ese mismo periodo, su economía sufrió su peor crecimiento (2%) desde el 2014. Tiene un pib per cápita (2018) de 30,370.9 usd. En los últimos años, se ha convertido en una de las regiones más importantes para la migración africana, en 2018 recibió un total de 65,000

por medio de los enclaves en Ceuta, Melilla y el mar Mediterráneo, que en el mismo año cobró la vida de 2,200 migrantes. En 2019 la cifra de migrantes que arribaron al territorio disminuyó en un 39%.

La desigualdad económica en España ha venido disminuyendo desde el 2014 cuando obtuvo un 34.7 en índice Gini, para 2018 esa cifra disminuyó a 33.2. La región central del norte y provincias como Madrid, Valencia, Barcelona y Gerona son las que tienen mayor complejidad económica, por otro lado, quienes tienen menor complejidad son Almería, Murcia, Alicante y gran parte las provincias fronterizas con Portugal, afectando la distribución económica y el acceso a bienes y servicios.

Con base en los resultados obtenidos en el índice, España tuvo un total de 34.81 y los valores más altos son a nivel estructural 53.79 en el sistema de seguridad y 76.92 en el sistema de justicia. Se debe destacar la necesidad de aumentar los recursos con los que cuentan los mecanismos de seguridad y justicia españoles y de esta manera poder dar mayor cobertura a los delitos cometidos y evitar que éstos queden impunes, incluso si involucran a los mismos funcionarios públicos y las víctimas son nacionales o extranjeros.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Mongolia se ubicó en la posición 26 de los 69 países que incluye el igi-2020. En 2017, el lugar que ocupó fue el 31 de 67 países. En esta edición Mongolia obtuvo el valor total de 35.02.

País asiático que al norte comparte frontera con Rusia y al sur con China. Es considerado como uno de los países más grandes, con 1,564,116 km2 , pero también el menos poblado, en 2019 el número de habitantes fue de 3.2 millones. Esta nación tiene sus raíces en el antiguo imperio mongol que dominó Asia en el siglo xiii

El gobierno de Mongolia pasó de un sistema socialista hacia una república democrática con tintes parlamentarios. El presidente es el jefe de Estado, el gabinete del primer ministro lo ostenta el poder ejecutivo, mientras que el poder judicial es regulado por el Tribunal Supremo de Mongolia, y el poder legislativo es unicameral y corresponde al gran Hural. El derecho civil es influenciado por los sistemas jurídicos soviéticos y romano-germánico.

El territorio está constituido por provincias y una ciudad capital que a su vez se divide en distritos, los órganos autónomos de las unidades anteriores son los parlamentos de representantes de los ciudadanos y las asambleas públicas de ciudadanos, órganos que, a todos los niveles, tienen sus presidentes.

Después de décadas de control total por parte del gobierno su economía se encuentra en transición, la gestión de los recursos mineros y el papel de las inversiones extranjeras en el sector son uno de los principales desafíos del gobierno debido a que de esto depende su economía. El pib per cápita (2018) fue de 4,121.7 usd, mientras que el índice de Gini (2016) fue de 32.3, así que uno de los princípiales retos es consolidar el desarrollo económico basado en la explotación de los recursos mineros, y asegurar que los beneficios lleguen a toda la población.

Los resultados en materia de impunidad para el igi -2020 muestran a Mongolia con contrastes, su valor total fue de 35.02, la dimensión funcional fue la mejor evaluada con el 4.17 al sistema de seguridad y 10.11 al sistema de justicia. Por otro lado, el nivel estructural mostró las peores calificaciones, 45.90 al sistema de seguridad y 68.21 al sistema de justicia. En materia de derechos humanos el índice reportó el 46.74, la segunda dimensión peor evaluada.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Lituania ocupó el lugar 27 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 19 de 67 países. Su rubro peor calificado fue en derechos humanos (54.65).

Se encuentra situada en el centro geográfico del continente europeo y tiene fronteras con Letonia, Belarús, Polonia, Kaliningrado y el mar Báltico. Su población es de 2,890,679 habitantes, según las últimas estadísticas.

Es una república parlamentaria donde el presidente es elegido por sufragio universal por un periodo de cinco años y es el jefe del Estado. El Parlamento, o Seimas, es unicameral y es el depositario de la soberanía popular. Se compone de 141 diputados elegidos por un periodo de cuatro años. El gobierno es nombrado por el presidente de la República y confirmado por el Seimas. La constitución es la norma básica del ordenamiento jurídico lituano.

En Lituania existen 56 órganos jurisdiccionales ordinarios y seis órganos jurisdiccionales especializados (administrativos). El Consejo General de la Magistratura es el organismo superior del poder judicial independiente, tiene competencias sobre todos los jueces y magistrados lituanos. El Consejo Judicial de Lituania es el órgano ejecutivo del poder judicial, está constituido por 23 miem-

bros y garantiza la independencia de los jueces y tribunales. Estos se complementan por el Tribunal de Honor Judicial y la Administración Judicial Nacional.

De acuerdo con el Proyecto de Reporte del Crimen Organizado y Corrupción, en 2019 las autoridades lituanas detuvieron a 26 personas, incluidos jueces y abogados, en una investigación anticorrupción a gran escala del poder judicial. Los sospechosos son acusados de soborno, comercio de influencias y abuso de poderes.

Según el Banco Mundial, el pib de Lituania fue de 47.17 miles de millones de dólares en 2017, mientras que su pib per cápita es de 19,153.40 usd. El valor del índice de Gini fue de 34.20 (2018).

Para el igi -2020 el valor total fue de 35.78, y después del rubro de los derechos humanos (54.56), la dimensión estructural es la que presenta más problemas con 44.02 al sistema de justicia y 52.48 al de seguridad. De acuerdo al Instituto Monitor de Derechos Humanos, se avanzó en materia de libertad de expresión con la descriminalización al insulto de personas privadas y servidores públicos. Sin embargo, persiste la discriminación hacia la comunidad lgbt, hay debilidades en el derecho al juicio justo y resalta la mala situación en centros de detención (prisiones).

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Francia ocupó el lugar 28 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 37 de 67 países. Su valor total del índice en esta edición fue de 36.06.

La República de Francia cuenta con una población de alrededor de 67.8 millones de habitantes (2020). El país está ubicado en Europa Occidental, comparte fronteras con Andorra, Bélgica, Alemania, Italia, Luxemburgo, Mónaco, España y Suiza. Además, cuenta con una gran línea costera que se divide entre el mar Mediterráneo, el océano Atlántico, el canal de la Mancha y el mar del Norte. Francia es poseedora de la Guyana Francesa, en Sudamérica, y de varias islas y archipiélagos alrededor del mundo.

Francia es una república semi-presidencialista, en la cual el presidente es el jefe de Estado y es elegido por voto popular para cumplir con un periodo de cinco años, con posibilidad de reelección. El primer ministro funge como jefe de Gobierno y es elegido por el presidente. También cuenta con un sistema parlamentario bicameral, conformado por un Senado (348 escaños) y una Asamblea Nacional (577 escaños). El sistema de justicia francés está conformado principalmente por la Corte de Casación, que es el órgano supremo de impartición de justicia, el Consejo Constitucional, Tribunales Regionales y de Primera Instancia.

Con un pib per cápita de 41,463 usd, Francia es la sexta economía más grande a nivel mundial y la segunda de la Unión Europea, sólo por debajo de Alemania. También es un país con desigualdad, el índice de Gini (2017) es de 31.6 esta desigualdad aumenta con la gentrificación que padecen la mayoría de sus ciudades.

La reciente ola migratoria proveniente de Medio Oriente y Asia Occidental, aunada al endurecimiento de las leyes antiterroristas, han provocado violaciones de derechos humanos dentro del territorio francés, sobre todo contra las poblaciones desplazadas por conflictos armados en las regiones antes mencionadas. El Estado francés ha tenido problemas gestionando la entrada de migrantes, y tras una serie de ataques terroristas Francia ahora prioriza la seguridad nacional sobre los preceptos internacionales.

Con un valor total de 36.06, el igi -2020 apunta que los valores más altos se encuentran en su dimensión estructural, para ejemplificar pueden mencionarse los crímenes contra periodistas, que en su mayoría han quedado impunes, además de ser continuamente amenazados, agredidos y encarcelados, por lo que también el rubro de los derechos humanos (26.09) debe ser un foco de atención.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Escocia es uno de los países que se incorpora al igi-2020 en el lugar 29 de 69 países; en la edición anterior no contaba con información estadística para el cálculo de su perfil. El valor total en esta edición fue 36.09 y el rubro en el que obtuvo la peor calificación fue en la dimensión estructural del sistema de justicia (90.30). No obstante, la mejor calificación se obtuvo en la dimensión de derechos humanos (11.96).

Escocia es uno de los cuatro países que conforman al Reino Unido junto con Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Tiene un territorio de 78,772km2 , su capital es Edimburgo, mientras que su ciudad más poblada es Glasgow. Tiene una población de 5,400,161 habitantes.

Gran parte de las decisiones políticas están a cargo del jefe de Estado, la Reina Isabel II, el primer ministro de Reino Unido, y el parlamento británico, aunque es cierto que goza de un grado de autonomía tras el referéndum de 1997. El poder legislativo recae en el primer ministro, 11 secretarías de gabinete y otros 16 ministerios. El parlamento escocés es unicameral, compuesto por 129 miembros, 73 elegidos por el principio de mayoría relativa y 56

por el sistema de representación proporcional; se ocupa de tareas locales o de bienestar en la región.

Cuenta con representación de 59 miembros en el parlamento británico. El poder judicial se conforma principalmente por dos tipos de tribunales: civiles y criminales. Éstos tienen una corte suprema, la Court of Session y la High Court of Justiciary y cada una tiene cortes de apelación. No obstante, hay más cortes y tribunales especializados.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, el pib per cápita (2018) es de 42,943.9 usd, y el índice de Gini (2016) de 34.8. por lo que se encuentra en una buena posición. Escocia está en proceso de abandonar la Unión Europea después de los resultados del referéndum de 2016 y, por lo tanto, dejará de contar con la representación en diversas instituciones de la organización que complementaban su sistema político.

Aunque en los últimos años ha mostrado crecimiento económico y es conocido como un Estado innovador, preocupado por el bienestar de su población, en términos de impunidad los resultados muestran que el valor total del igi -2020 es de 36.09, mientras que el promedio de Europa es de 33.6. Escocia tiene una gran tarea, que es aumentar su capacidad policial, el desempeño de sus reclusorios y el de su personal.

NO PARTICIPÓ

IGI y dimensiones

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Irlanda del Norte ocupó el lugar 30 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 21 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia (85.71).

La población de Irlanda del Norte es de 1.88 millones de personas y se divide en 26 distritos territoriales. Es parte del Reino Unido y colinda con la República de Irlanda, el océano Atlántico y el mar de Irlanda.

El primer ministro británico es el jefe de Gobierno y la reina Isabel II es la jefa de Estado. Es una monarquía parlamentaria constitucional. Posterior a los referéndums de 1998 (o el Acuerdo de Belfast), Irlanda del Norte presenció una independencia en su forma de gobierno a través de la transferencia de poderes a su parlamento nacional.

La Asamblea de Irlanda del Norte es considerada como la base del gobierno. Está compuesta por 90 miembros de la Asamblea Legislativa, quienes pertenecen a partidos unionistas y nacionalistas principalmente. El ejecutivo es un comité conocido como Ejecutivo de Irlanda del Norte, el cual es dirigido por el ministro principal y el sub-ministro principal. Estas dos figuras fungen como presidentes conjuntos (cada uno pertenece a uno de los dos partidos en el

poder) y se acompañan de otros ocho ministros elegidos por la Asamblea y el ministro de Justicia. Es importante mencionar que el gobierno de Irlanda del Norte acaba de superar una crisis gubernamental que duró cerca de tres años por el desacuerdo entre los dos partidos gobernantes: Partido Unionista Democrático y Sinn Fein.

El sistema de justicia funciona al paralelo con el sistema de Reino Unido. Es administrado por la Corte Real, la Alta Corte y la Corte de Apelación. En materia de ofensas menores, éstas pueden ser juzgadas por cortes magisteriales o por cortes de condado. Las elecciones a la Asamblea y el Parlamento de Europa se llevan a cabo a través de representación proporcional y el voto lo pueden ejercer los ciudadanos mayores de 18 años.

Irlanda del Norte tiene la menor economía de Reino Unido con un pib de aproximadamente 59,890 millones de dólares (2.1% del pib total de Reino Unido) y un pib per cápita de 28,000 usd. Sin embargo, su coeficiente de Gini es de 30, un poco más bajo que el de Reino Unido (34).

En términos de impunidad, el valor que arroja el igi -2020 es de 36.61, lo cual denota un nivel de impunidad bajo, pero que se aproxima a los países que se catalogan con impunidad media. Su sistema de justicia, en cuanto a lo estructural, obtuvo una calificación de 85.71, lo que representa una calificación negativa que afecta su valor total.

Irlanda del Norte

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Polonia ocupa la posición 31 de 69 países que contaron con la información suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición 2017 obtuvo el lugar 14 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural de sistema de seguridad (56.17).

Polonia es un estado de Europa central. Limita con el mar Báltico, Federación de Rusia, Lituania, Belarús, Ucrania, República Checa, Eslovaquia y Alemania. La frontera occidental fue fijada tras la Segunda Guerra Mundial, en el curso del río Oder, mientras que la Oriental, parcialmente, en el río Bug. Tiene una superficie de 311,888 km2 y su población es de 37,980,000 habitantes.

Polonia es una república parlamentaria con un presidente elegido por sufragio universal directo cada cinco años. El Parlamento está compuesto por la Cámara baja (460 diputados) y el Senado (100 senadores). El poder judicial se regula en la Constitución de la República conforme a los principios de independencia y la separación de poderes, plasmados en los artículos 173, 178 y 180. Además, se divide en dos niveles: ordinario y administrativo, junto a los cuales se encuentran jueces especiales.

La actual escena política de Polonia se encuentra dominada por la incertidumbre generada por las reformas

que buscan ser implementadas por el gobierno de derecha. Manifestaciones se han producido después de la promulgación de leyes que otorgaban a los políticos el poder de multar y despedir a jueces cuyas acciones y decisiones consideraran perjudiciales. Esa ley lleva más de cuatro años de cambios en el sistema judicial realizados por el partido gobernante «Ley y Justicia». La Unión Europea y muchos jueces polacos dicen que los cambios violan la separación de poderes, que es esencial en una democracia.

De acuerdo con los datos más actualizados del Banco Mundial, en 2018 el pib fue de 585,664 millones de dólares, y el pib per cápita de 14,100 usd. Pese a ello, su coeficiente Gini es de 32.10. Lo anterior indica que la desigualdad es un elemento presente en la sociedad actual polaca.

En el igi -2020 el valor total que obtuvo Polonia es 37.20, para que reduzca sus índices de impunidad, debe enfocarse en la mejora del sistema a nivel estructural, con ello, queda claro que las políticas restrictivas que padecen los polacos deber ser atendidas y aunque ha habido veto a las polémicas propuestas sobre el poder judicial, el descontento sigue latente, prueba de ello es el valor de 30.43 en derechos humanos.

Indicadores componentes

Austria ocupa el lugar 32 de los 69 países contemplados para la elaboración del igi-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 13 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia (91.17).

La República de Austria cuenta con una población de alrededor de 8.8 millones de habitantes (2019) y el idioma oficial de la nación es el alemán. Sus colindancias son: al noroeste con Alemania, al suroeste con Italia, al norte con República Checa, al noreste con Eslovaquia, al sureste con Eslovenia y al este con Suiza y Liechtenstein.

Es una república federal parlamentaria, con tres poderes de gobierno, el ejecutivo, encabezado por el presidente, el legislativo representado por el Parlamento Austriaco, que a su vez cuenta con dos cámaras: la cámara baja o Asamblea Nacional, y la cámara alta o Consejo Federal. El poder judicial está conformado por cuatro niveles de justicia: tribunales locales, tribunales regionales, tribunal regional superior y la Suprema Corte de Justicia. En adición a estos cuerpos de justicia existe la Corte Administrativa y la Corte Constitucional.

Los ciudadanos que alcanzan los 16 años de edad son capaces de elegir, por medio del sufragio directo, a la mayoría de los miembros de los Organismos que rigen su país:

la Asamblea Nacional, el Parlamento de su Provincia de Residencia, el Consejo Municipal de su localidad y al presidente de la nación. Como miembro de la Unión Europea, también eligen, por medio del sufragio, a los 19 representantes de Austria en el Parlamento Europeo.

Según el Banco Mundial, el pib per cápita es de 49,310 usd, uno de los más altos de la Unión Europea, de igual manera, en el índice de Gini podemos ver cómo el país se ubica en 30.5 (2015), datos que en su conjunto nos indican que el desarrollo económico y social de la nación se mantienen saludables.

De acuerdo al igi -2020 , el valor total fue de 37.24, la dimensión estructural tiene los valores más altos, 53.38 en seguridad y 91.17 en su sistema de justicia. La constante violencia hacia los migrantes y periodistas que laboran en el país, muchas veces queda impune, esto debido al diseño del modelo de justicia del país, en el cual las faltas a la ley por parte de las grandes corporaciones o personas con poder político quedan en su mayoría sin sanción.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Japón ocupó el lugar 33 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 33 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia con 78.24.

Conocido popularmente como la tierra del sol saliente por convertirse en una de las economías más fuertes después de la Segunda Guerra Mundial. Japón es un país insular al este de Asia, con un territorio de 377,864 km2 alberga una población de 125,507,472 habitantes, la mayor parte se localizan en Tokio, su capital.

Su forma de gobierno es la monarquía constitucional parlamentaria; la jefatura de Estado está en manos del emperador. El Partido Liberal Democrático ha gobernado durante los últimos 61 años, a excepción del periodo entre 2009 y 2012, en el que gobernó el Partido Democrático. El poder legislativo es bicameral, constituido por la cámara baja o Cámara de Representantes, mientras que el poder judicial está representado por la Corte Suprema.

La cámara de consejeros tiene 242 escaños, 146 de ellos elegidos por distritos de mayoría simple, 96 en una sola circunscripción por el principio de representación proporcional. Sirven términos de seis años, pero la mitad

de los miembros son renovados cada tres. Por otro lado, la cámara de representantes tiene 465 escaños, 289 de ellos elegidos por distritos de mayoría simple, 176 en una sola circunscripción por el principio de representación proporcional.

El poder judicial se deposita en la Corte Suprema de Justicia, consiste en el presidente del tribunal y 14 jueces asociados; otros entes son los tribunales subordinados, que se dividen en ocho tribunales superiores, tribunales de distrito con 203 sucursales adicionales y 438 tribunales sumarios.

En 2018 el pib per cápita fue de 39,290 usd y ubicó a Japón como la tercera economía más grande del mundo, pese a no presentar ritmos de crecimiento sostenidos, ofrece un entorno seguro para los negocios. El índice de Gini (2013) es de 32.9 esto lo ubica como un país desarrollado en donde los pobres se empobrecen más.

En términos de impunidad, los resultados muestran que en Japón el valor total del igi -2020 es de 37.67. Comparado con su región, tiene una mejor calificación en la dimensión funcional, sin embargo, en la dimensión estructural obtuvo los valores más altos, 51.58 para el sistema de seguridad y 78.24 para el sistema de justicia, por lo que se recomienda que Japón aumente su capacidad policial, el desempeño de sus reclusorios y el de su personal.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

La República de Corea ocupó el lugar 34 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 47 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia (88.26).

El país se independizó después de ser ocupado por Japón (1910-1945), y al finalizar la Guerra de Corea (19501953). La península montañosa tiene frontera en el oeste con el mar Amarillo, y el mar de Japón al este; hacia el sur se encuentra el estrecho de Corea y el mar de China Oriental, al norte limita con la República Popular Democrática de Corea. Su capital y ciudad más poblada es Seúl. En 2019 tuvo una población estimada de 51.6 millones de habitantes.

Su forma de gobierno es una república presidencialista. El poder ejecutivo recae en el jefe de Estado y de Gobierno, el presidente. La rama legislativa es unicameral, reside en la Asamblea Nacional con 300 escaños, 253 elegidos por mayoría simple y 47 por representación proporcional; sirven cada cuatro años y hubo elecciones en abril de 2020.

El poder judicial se deposita en seis tribunales: el Tribunal Supremo, el tribunal superior, el tribunal de distrito, el tribunal de patentes, el tribunal de familia y el tribunal

administrativo. El sistema judicial coreano se basa en el sistema de juicio de tres instancias, que se compone de los tribunales de distrito, los tribunales superiores y el Tribunal Supremo.

Desde la división de las dos Coreas en 1948, el país se ha convertido en uno de los más prósperos de Asia; de acuerdo con los datos del Banco Mundial, para 2018, su pib per cápita fue de 31,362.75 usd, y su coeficiente de Gini (2012) de 0.316, no obstante, el país tiene problema de corrupción al más alto nivel, todos sus líderes, desde que hay democracia, se han visto envueltos en escándalos, incluida la expresidenta del país, lo cual apunta a una realidad compleja.

Ha enfrentado problemas políticos de gran magnitud, en 2016 la presidenta Park Geun-hye enfrentó un juicio político que terminó por su destitución; recientemente el ministro de justicia Cho Kuk renunció en razón a una ola de protestas. Ambos personajes políticos eran acusados de corrupción. Esto se refleja en los resultados del igi2020 , su puntaje total (37.71) lo ubica entre los países con problemas de impunidad y mantiene restricciones irrazonables a la libertad de expresión, asociación y reunión.

Indicadores componentes

República de Corea

Suiza ocupó el lugar 35 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 28 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia (72.45).

Ubicada en Europa central, Suiza cuenta con una población de aproximadamente 8.57 millones de habitantes. Limita al norte con Alemania, al oeste con Francia, al sur con Italia y al este con Austria y Liechtenstein. Actualmente es percibido como uno de los países más ricos del mundo.

Suiza es una república democrática, parlamentaria, federal pluripartidista. El Estado suizo está organizado en tres niveles políticos. Existen tres principales cuerpos de gobierno a nivel federal, el parlamento bicameral (poder legislativo), el Consejo Federal (poder ejecutivo) y el Tribunal Federal de Suiza (poder judicial). Los jueces o magistrados son elegidos por la Asamblea Federal para un periodo de seis años. El Gobierno nacional (Consejo Federal) está conformado por un colegio de siete miembros elegidos por el Parlamento. Para llevar a cabo cualquier cambio en la constitución es obligatorio aprobarlo mediante el referéndum obligatorio.

En 2019, aprobó una reforma del impuesto de sociedades, por la que el país ha decidido mantenerse como un lugar atractivo para la residencia fiscal de multinacionales como Procter & Gamble, Vitol o Carterpillar. La reforma recibió el respaldo del 66.4% de los votos, disminuyendo la posibilidad de que grandes compañías salgan del país.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, Suiza es uno de los países más ricos del mundo. Su pib per cápita (2018) asciende a 82,796.5 usd, mientras que su índice de Gini (2017) es de 32.7. De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano, o idh , que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país, se muestra que el nivel de vida de los habitantes suizos se encuentra entre los mejores del mundo.

En términos de impunidad, los resultados en el igi -2020 fueron de 38.42, esto lo ubica entre los países que se encuentran en el promedio en términos de impunidad a nivel mundial. A nivel estructural obtuvo los valores más altos: sistema de seguridad (52.45) y justicia (72.45), no obstante, Suiza ha mantenido su posicionamiento en los últimos años. Sin embargo, es necesario evaluar las inversiones que se hacen en este país, ya que es bien sabido que se invierte dinero de procedencia dudosa, por lo que hay que implementar políticas para regular esa situación.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Dinamarca ocupó el lugar 36 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del IGI-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 24 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia (73.62).

País escandinavo que comprende la península de Jutlandia (Jylland) y 400 islas, 82 de las cuales están deshabitadas. Sólo tiene frontera terrestre con Alemania, aunque desde 1999 está unida con Suecia por carretera y ferrocarril. Su población en 2019 fue de 5.8 millones.

Su forma de gobierno es la monarquía parlamentaria. La última modificación de su constitución (1849) tuvo lugar en 1953. Aunque la monarquía es la del Estado, el poder ejecutivo está en manos del Consejo de ministros, con el primer ministro de Dinamarca (Statsminister), el poder legislativo lo comparten el Gobierno y el Parlamento danés, conocido con el nombre de Folketing, compuesto por 179 miembros, incluidos dos diputados por las islas Feroe y dos por Groenlandia. El Parlamento danés es funcional y administrativamente independiente del ejecutivo y la legislatura.

En 2017, las elecciones municipales y regionales dieron como resultado un avance del bloque de centro-izquierda

en perjuicio del bloque de centro-derecha y con un resultado particularmente desfavorable para el Partido Liberal. En 2019, tuvieron lugar las elecciones generales en Dinamarca, en las cuales resultó ganador el bloque centro-izquierda.

De acuerdo con los datos del Banco Mundial, su pib per cápita es de 56,305.51 usd. La gente ve a Dinamarca como un modelo de Estado de bienestar, sin embargo, en los últimos años, a pesar de que encabeza las listas en muchos ámbitos, en cuestión de protección a los derechos humanos ha decaído. Dinamarca acumula el más alto porcentaje de denuncias de violencia de género de la ue

En términos de impunidad, los resultados totales muestran a Dinamarca en el igi -2020 con 38.82 puntos, esto lo convierte en uno de los países que más ha cambiado su posicionamiento en los últimos años. De esta manera, es necesario el reajuste de su sistema de justicia y revisar lo que ha cambiado en el gobierno y sus reformas de los últimos años, esto con el fin de desarrollar políticas públicas que ayuden a reducir las violaciones a los derechos humanos.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Costa Rica ocupó el lugar 37 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 35 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia (89.99).

Costa Rica tiene alrededor de 5,097,988 habitantes, se ubica en la región de América Central, colinda con Nicaragua, Panamá, el mar Caribe y el océano Pacífico. Actualmente es uno de los pocos países que no cuenta con ejército, lo que implica invertir su gasto en otros rubros y aumentar su tasa de crecimiento del pib per cápita.

Su tipo de gobierno es la república presidencialista y se basa en la división de poderes. El poder ejecutivo es representado por la figura del presidente, quien cumple funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno. El poder legislativo es representado por la Asamblea Legislativa y se compone de 57 escaños, sus miembros son directamente electos en circunscripciones que representan las siete provincias del país y son elegidos por periodos de cuatro años.

El poder judicial está compuesto por la Suprema Corte de Justicia, que a su vez está organizada por 22 jueces dividios en tres cámaras de casación y elegidos por la

Asamblea Nacional. A ésta se le añaden jueces de distinta natuaraleza tales como de apelación, juicio, de primera instancia y cortes de paz, y el Tribunal Superior Electoral.

Costa Rica tiene un pib per cápita de 12,027 usd, sin embargo, éste se ve afectado en gran medida por los altos niveles de desigualdad que el país enfrenta. El coeficiente de Gini es uno de los más altos de la región con 48.3 reportado en 2017. A pesar de la historia del país, la desigualdad se estima ha ido en ligero aumento en los últimos años, y de no buscar políticas fuertes que busquen contrarrestar esta situación, el fenómeno puede convertirse en un factor que alimente a la impunidad.

Se puede observar que el país se encuentra en un rango medio de impunidad con un valor total para el igi -2020 de 39.51, sin embargo, debe de hacer un gran esfuerzo para fortalecer la dimensión estructural, tanto de seguridad como de justicia. Si bien no es de los países de la región con un mayor grado de impunidad, se debe de trabajar para no seguir empeorando su posición en futuros años.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Estados Unidos ocupó el lugar 38 de 69 países con un valor total de 40.21. En la edición anterior obtuvo el lugar 56 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia (98.53).

Es el tercer país con más habitantes (332,639,102). Estados Unidos se encuentra en la región de América del Norte. Colinda con Canadá, México y los océanos Atlántico y Pacífico.

Es una república federal constitucional. El presidente es el poder ejecutivo y ejerce funciones del jefe de Estado y jefe de Gobierno. Es elegido indirectamente a través del Colegio Electoral por periodos de cuatro años con posibilidad de reelección. El poder legislativo es bicameral y se compone por la Cámara de Representantes y por el Senado.

El poder judicial es representado por la Corte Suprema, compuesta por nueve jueces que ejercen de por vida. También está integrado por cortes de apelación y 94 cortes federales. A pesar de que cada corte tiene su jurisdicción territorial, ninguna es completamente independiente de la otra. El sistema de justicia destaca la presunción de inocencia como un elemento central del sistema estadounidense; las características de los tribunales han

cambiado en las últimas décadas debido a los medios de comunicación y adelantos tecnológicos que han llevado a la modernización de tribunales y a la manera en que se realizan los juicios.

Posee una de las economías más grandes del mundo, con un pib per cápita de 62,794 usd, a pesar de eso, uno de los problemas grandes que enfrenta el país es el de la desigualdad. Con un índice de Gini de 39, es el sexto país de la ocde con niveles más altos de desigualdad, esto puede llegar a afectar especialmente a personas con menor ingreso ante su fallido sistema de justicia.

La altísima calificación en la dimensión estructural del sistema de justicia se debe al gran número de encarcelamientos por cada cien mil habitantes (la mayor del mundo), lo anterior está relacionado con el tráfico de drogas y el tiempo de encarcelamiento de las personas. Este tipo de sistema afecta mayormente a personas afroamericanas (uno de cada tres hombres es más probable sea encarcelado y una en 18 para mujeres) y latinos (uno de cada seis en hombres y una de 45 en mujeres). Es indispensable una reforma profunda para poder tapar las grietas que este sistema de justicia ha creado, sólo así se podrá ver una mejora significativa en materia de impunidad en el país.

Estados Unidos

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

El IGI-2020 ubica a este país en el lugar 39 de 69 países, con un puntaje de 40.48, de 69 países considerados para esta medición. En la edición igi-2017 el lugar que ocupó fue el 18 de 67. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia con un puntaje de 100.

Barbados es uno de los trece países que conforman las islas del Caribe, ubicada en las Antillas Menores al este de San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía. Cuenta con un área territorial de 430 km2 y con 285,000 habitantes. Su división territorial consta once parroquias y una ciudad, que también es la capital, Bridgetown.

Su forma de gobierno es la democracia parlamentaria bajo una monarquía constitucional. Dentro de la rama del poder ejecutivo se encuentran: el jefe de Estado (Reina Isabel II) representada por un gobernador general y un primer ministro. El poder legislativo es bicameral, el senado cuenta con 21 miembros y la cámara baja tiene 30 escaños. Su poder judicial se compone del Tribunal Supremo (Tribunal Superior y Tribunal de Apelación) y de Tribunales Magistrados, así como de la Corte de Justicia del Caribe.

La economía barbadense ha sufrido una importante ralentización desde el 2011 como consecuencia de los efec -

tos de la crisis financiera internacional. De acuerdo con los datos del Banco Mundial, su pib per cápita (2018) fue de 17,949 usd, con ello goza de una envidiable reputación en su región, con respecto al índice de Gini, se ubica en el 42 lo cual refleja la pobreza y desigualdad de este país caribeño.

En términos de impunidad, los resultados del igi -2020 otorgan un valor total de 40.48, esto lo ubica entre los países con mayores problemas de impunidad a nivel mundial, aun cuando a nivel regional se encuentra por debajo del promedio en prácticamente todas las dimensiones. Es uno de los países con mayor estabilidad económica, política y social de la región; pero en los próximos años tendrá que enfrentar la falta de oposición y la impartición de justicia acorde a las reglas del proceso. Se recomienda aumentar los niveles de transparencia y participación, así como aumentar los recursos destinados a policías, jueces y magistrados.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Georgia se ubicó en la posición 40 de los 69 países que incluye el igi-2020. En 2017, el lugar que ocupó fue el 50 de 67 países. Su rubro peor calificado fue el sistema de justicia a nivel estructural con 85.24.

Situada al suroeste de Asia, en la costa este del mar Negro y al sur de la cordillera del Cáucaso, Georgia tiene frontera con Armenia, Azerbaiyán, Federación de Rusia y Turquía; su franja costera tiene una extensión de 310 km. Por su ubicación geográfica, su territorio ha sido clasificado como euroasiático. En 2019 su población estimada fue de 3.7 millones.

Georgia es una república semi presidencialista organizada como un Estado unitario en transición hacia un sistema parlamentario. El jefe del Estado es el presidente, el jefe del gobierno es el primer ministro, la tercera autoridad del Estado es el presidente del Parlamento.

El poder legislativo se compone del parlamento, el cual cuenta con 150 miembros elegidos por mayoría relativa y representación proporcional cada cuatro años. Por último, el poder judicial está liderado por dos cortes: la Suprema Corte y la Corte Constitucional. La primera trata todos los asuntos administrativos de las cortes más bajas, mientras que la segunda trata temas de derechos humanos y, como su nombre lo dice, temas constitucionales.

Al igual que muchos países postcomunistas, Georgia sufrió disturbios civiles y crisis económicas, pero a través de Revolución de las Rosas de 2003 el nuevo gobierno introdujo reformas democráticas y económicas. En 2018 entró en vigor la nueva Constitución de Georgia, que instaura un régimen parlamentario, establece un sistema electoral proporcional y suprime la elección presidencial por sufragio universal.

El pib de Georgia es de 17,000 millones de dólares, mientras que su pib per cápita es de 4,717 dólares (Banco Mundial, 2018). Este país tiene un Gini medio alto de 37.9 (Banco Mundial, 2017), y se posiciona en el lugar 70 de 189 en el Índice de Desarrollo Humano, lo cual significa que se considera un país con un desarrollo humano alto.

La puntuación total de Georgia en el igi -2020 es de 40.51, lo cual lo coloca en una mejor posición que la región asiática (46.7). En comparación con el igi -2017, Georgia sigue teniendo un rezago alto en la dimensión estructural del sistema de justicia.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Belarús debuta en esta edición igi-2020 con la posición 41, en la edición anterior no fue evaluado. Su rubro peor calificado fue la categoría estructural de sistema de justicia (74.51), en las dimensiones funcionales se mantiene muy cerca de la media europea.

República independiente del este de Europa que limita al noroeste con Lituania y Letonia, al noreste y este con Rusia, al sur con Ucrania y al oeste con Polonia. Es el único país de la Unión Europea que mantiene en vigencia la pena de muerte para delitos graves como el asesinato, y cuyos sentenciados son ejecutados mediante un disparo en la cabeza, el Consejo Europeo ha establecido negociaciones que sienten las bases para la abolición de la pena capital en aquel país.

Está organizada como una república donde hay un presidente, cuyo gobierno data de 1994, y un primer ministro. El poder legislativo está conformado por el consejo de la República con 64 miembros, por otra parte, la cámara de representantes posee 110 integrantes que son electos por la población, no obstante, la continuidad del presidente en el cargo hace que sea catalogado como un dictador.

Posee una población de 9.5 millones de habitantes. Económicamente tiene un crecimiento de 2.4% y un pib per

cápita de 6,289.94 usd, sin embargo, es el país con menor inequidad de toda la Unión Europea, además de tener el porcentaje más bajo de personas que viven con menos de 5.50 usd por día, el índice de Gini es de 25.2 (2018).

La comunidad periodística es hostigada por el gobierno por medio de una serie de medidas para controlar la información, mientras que aquellos que publican de manera clandestina son demandados bajo el cargo de «producción y distribución ilegal de productos de medios de comunicación» (Human Rights Watch, 2019).

Otro aspecto en el que Belarús despierta alarmas es en la discriminación que ejerce sobre la comunidad gitana, en mayo de 2019 arrestó violentamente a un centenar de ellos bajo la premisa de que habían asesinado a un policía, sin embargo, esta aseveración fue desmentida, por lo que se evidenció que la represión estuvo alentada por conductas discriminatorias y xenofóbicas.

Belarús debe adoptar medidas que otorguen mayor apertura democrática, económica y social, ya que hasta ahora todo apunta a que la sociedad está contenida por la sistemática violación de los derechos humanos de libre expresión, asociación y reunión, así como el debido proceso. El valor más alto después de los arrojados por el nivel estructural, es justamente el de los derechos humanos (50.00). Por otro lado, debe atender su dimensión estructural ya que en ella obtuvo los valores más altos: 58.46 para el sistema de seguridad y 74.51 para el sistema de justicia.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

En el igi-2020 Panamá ocupa el lugar 42 de 69 países, su puntaje total es de 42.54. El igi-2017 lo posicionó en el sitio 54, respecto de 67 países evaluados. Su rubro peor calificado fue el sistema de justicia a nivel estructural (76.23).

Panamá limita al norte con el mar Caribe, al este con la República de Colombia, al sur con el océano Pacífico y al oeste con la República de Costa Rica. En 2019 tenía una población de 4.2 millones de habitantes.

El tipo de gobierno es una democracia constitucional, una república centralizada. Su sistema legal está basado en el sistema de ley civil y una revisión judicial de actos legislativos en la Corte Suprema de Justicia.

En la región se habla del milagro panameño por reducir significativamente la pobreza, lo cual se explica por el crecimiento económico y las transferencias públicas. Sin embargo, durante los últimos años el país vive una crisis judicial que involucra denuncias de corrupción y conflictos de poder entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En 2015 el presidente de la Corte Suprema de Justicia fue destituido, procesado y condenado a años de prisión por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos, se llevó la nominación de magistra -

dos en medio de un clima opaco que resultó en querellas en contra de siete de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En Panamá el pib per cápita (2018) es de 15,575 usd, mientras el coeficiente de Gini (2017) es de 49.9. La bonanza panameña se ha concentrado en una fracción de su población ya que los ingresos de un 10% de la población pueden llegar a ser hasta 35 veces superiores que los del resto de la población.

El principal problema del sistema judicial panameño es la falta de acceso a la justicia, a su vez se conecta a una crisis política más compleja que requiere un proceso de consolidación institucional para una justicia independiente y transparente. El Órgano Judicial tiene un alto nivel de dependencia de los otros poderes públicos. El ejecutivo controla su presupuesto y el legislativo elige a la Corte Suprema, con base en las nóminas que le envía el presidente de la República por lo que resulta crucial solucionar la actual crisis en el Órgano Judicial. Así que no sorprende que las peores calificaciones sean a nivel estructural y a nivel funcional se mantengan los valores más bajos.

IGI y dimensiones

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Moldavia ocupó el lugar 43 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del IGI-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 43 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión de derechos humanos (100).

Moldavia está situada en el sureste de Europa. Su territorio se extiende sobre la parte norte de Besarabia y la parte sur de Bucovina. Se trata de un país interior que limita al norte y al este con Ucrania y al oeste con Rumanía. Su población es de 2,681,735 residentes. La presente Constitución de Moldavia entró en vigor en julio de 1994 y fue enmendada posteriormente en 2004.

El principal órgano legislativo es el parlamento, una asamblea unicameral de 104 diputados. Los votantes eligen a los diputados y al presidente para un periodo de cinco años. El presidente elige a los miembros del Consejo de Ministros para ayudar en las funciones de gobierno. Su sistema de justicia se divide en tribunales de primera instancia, un tribunal de apelaciones, un Tribunal Supremo y un Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo está dividido en secciones civiles y penales.

De acuerdo con el reporte de derechos humanos del Gobierno de Estados Unidos, Moldavia tuvo severas violaciones de derechos humanos, incluidas tortura, detención

arbitraria, condiciones penitenciarias severas, prisioneros políticos, interferencia arbitraria con la privacidad, problemas con la independencia judicial, violencia y abuso médico de niños y adultos en hospitales psiquiátricos, y el uso de trabajo infantil forzoso u obligatorio.

Los datos del Banco Mundial ubican el pib per cápita (2017) en 2,279.6 usd, su índice de Gini en 25.7 (2018), y el PIB se ubica en 8,128 millones de dólares, sin embargo, de acuerdo con unhcr , actualmente es uno de los estados con mayores índices de pobreza en Europa, se calcula que cerca del 41% de su población vive con menos de cinco euros al día.

Con un valor total de 44.29, el igi -2020 apunta que además de los derechos humanos (100.00), los valores más elevados están a nivel estructural con 54.14 en seguridad y 47.02 en justicia. Con respecto a derechos humanos, las autoridades han llevado a cabo investigaciones respecto a abusos oficiales, procesando exitosamente a funcionarios acusados de violaciones o corrupción, aunque aún persiste el enjuiciamiento selectivo de funcionarios por razones políticas, así que el país requiere de reformas institucionales que contribuyan a solucionar el problema de impunidad y violación de derechos humanos que le atañe hasta el día de hoy.

IGI y dimensiones

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Singapur ocupó el lugar 44 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 40 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia (96.06).

Con cerca de 5.6 millones de habitantes estimados en 2019, Singapur se localiza en el sudeste asiático, está integrada por una isla principal y 64 pequeñas islas, limita al norte con el estrecho de Johor que lo separa de Malasia, al suroeste con el estrecho de Malaca, que le separa de Indonesia. El 1965 se independizó de Malasia.

Su forma de gobierno es la república parlamentaria. El jefe de Estado es el presidente, el jefe de Gobierno el primer ministro; por su parte, el poder legislativo consta de un parlamento unicameral. En 2018 se aprobó una enmienda constitucional para garantizar la representación multirracial en la presidencia en la que, si un grupo racial no ha ocupado este cargo durante cinco periodos continuos, las elecciones se reservarán para dicho grupo.

Singapur pasó de ser un país pobre y con altos índices de corrupción a una nación próspera, reduciendo la corrupción con el aumento de salarios y la rotación de los funcionarios; lleva inspecciones sin previo aviso. Sin embargo, en

los últimos años su transparencia fue cuestionada por el hecho de que algunos ministros tienen permitido desempeñar varias funciones de manera simultánea y los legisladores pueden pertenecer a los consejos de compañías privadas, lo que podría generar conflictos de interés.

Considerado como uno de los grandes centros financieros de Asia por gozar de una economía sana, su pib per cápita fue de 64,581.9 usd (2018) y el coeficiente de Gini se ubica en 0.417 (2018), indicadores que lo colocan como un país con una gran fortaleza y dinamismo en términos económicos. Sin embargo, pese a estos datos, existen diversas limitaciones a las libertades civiles, como la de acceso a la información y la Ley de Sedición.

En términos de impunidad, los resultados del igi -2020 muestran a Singapur con un valor de 44.89, la dimensión más preocupante es la estructural, con 96.09 en el sistema de justicia y 69.04 en el sistema de seguridad. En otro extremo, los valores más bajos se ubican a nivel funcional para el sistema de justicia (30.79) y de seguridad (8.99), así como la dimensión de los derechos humanos (19.57).

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

El igi-2020 ubica a este país en el lugar 45 de 69 países, con un puntaje total de 45.66. En el igi-2017 el lugar que ocupó fue el 36 de 67. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia con un valor de 98.53.

Canadá es el segundo país más grande del mundo, se encuentra en América del Norte extendiéndose a lo largo de la frontera con los EE. UU., hasta el círculo polar ártico en el norte, por esta cercanía geográfica es su principal socio económico y aliado político. Su población es de 37.1 millones de habitantes.

El gobierno de Canadá es una monarquía constitucional, un Estado federal y una democracia parlamentaria. La Reina Isabel II es reina de Canadá y como tal, jefa de Gobierno del país, delega sus poderes a su representante, la gobernadora general de Canadá. El primer ministro y su gabinete ejercen el poder ejecutivo. El poder legislativo es ejercido por el Parlamento, que está compuesto por dos cámaras: la cámara alta o Senado y la cámara baja o Cámara de los Comunes, compuesta por diputados elegidos mediante sufragio universal.

La Cámara de los Comunes es la principal instancia legislativa. Canadá tiene dos sistemas jurídicos: el derecho anglosajón (common law) que constituye la base del dere -

cho federal; y el derecho provincial en nueve de las diez provincias, esta división se aplica de forma diferente en todo el territorio nacional.

De acuerdo con los datos del Banco Mundial, su pib per cápita (2018) fue de 46,233.0 usd, mientras que el coeficiente Gini fue de 34.0 (2013), por lo que los retos de este país están en torno a la desigualdad en los ingresos que afectan a las minorías como comunidades indígenas e inmigrantes y refugiados, situación que empeoró a causa del racismo que prevalece en la sociedad canadiense.

Canadá es considerado uno de los mejores países para vivir, pero esto es sólo una parte de la realidad, el igi -2020 indica que a nivel estructural los principales problemas están en el sistema de justicia (98.53). Por su parte, los sistemas de seguridad estructural (50.53) y funcional (50.98) tienen datos muy similares, una hipótesis es que son errores del sistema que habría que atender, principalmente en los procesos judiciales que son considerados inadecuados, traumáticos e injustos, esto se conecta con el tema de derechos humanos en donde el índice lo ubica con 14.13 puntos.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Turquía ocupó el lugar 46 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 53 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia (85.09).

Situada en Asia Occidental, cuenta con aproximadamente 82,003,882 habitantes, su capital es Ankara y su moneda es la lira turca. Es un país que limita al norte con las aguas territoriales ucranianas en el mar Negro, al noroeste con Bulgaria y Grecia, al este con Armenia, Irán y Azerbaiyán, al sur con las aguas chipriotas del mar Mediterráneo y con Siria, y al sureste con Irak.

El gobierno turco consiste en una república presidencialista y en su constitución (la cual fue adoptada el 7 de noviembre de 1982, después de un periodo de gobierno militar) se establece que es un Estado democrático, laico, social y de derecho. Los tribunales supremos en Turquía son el Tribunal Constitucional, el Alto Tribunal de Apelación, el Consejo de Estado, el Alto Tribunal Militar de Apelación, el Alto Tribunal Administrativo Militar, el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales y el Tribunal de Cuentas de Turquía.

En 2017 se aprobó una reforma constitucional referente a un nuevo sistema presidencialista, la cual elimina la figura del primer ministro y le confiere los poderes ejecutivos al presidente, en este caso, el conservador islamista Recep Tayyip Erdogan.

Según datos del Banco Mundial, el pib per cápita es de 10,540.62 usd (2017). Los principales problemas en Turquía son económicos; de acuerdo con la ocde , el 52% de las personas de 15-64 años en Turquía tienen un empleo remunerado. Por lo tanto, el ingreso familiar disponible neto ajustado promedio per cápita es menor que el promedio de la ocde de 33,604 usd al año. Por lo que se da pie a otro de los problemas que más afecta a Turquía, la desigualdad social. Esto se refleja en el índice de Gini el cual se ubica en 39.80.

Turquía destaca por estar entre los tres primeros países de Asia con mayor impunidad. Los resultados muestran que el valor total del igi -2020 es de 46.17, y que el nivel estructural requiere ajustes. De esta manera, urge revisar la estructura y funcionalidad de sus instituciones, los sistemas de seguridad, justicia y protección a los derechos es fundamental. Se deberán implementar reformas que destinen recursos para otorgar nuevos empleos y mejorar la educación, esto con el fin de reducir la desigualdad y generar un cambio en su sistema.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Baréin ocupó el lugar 47 de 69 países para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior no se obtuvo información necesaria para realizar el cálculo, por lo que el país quedó fuera del índice. Su rubro peor calificado fue la dimensión de derechos humanos (100).

Con una población de 1.5 millones de habitantes, es el país con menor número poblacional en el Medio Oriente, y es un archipiélago que colinda al sureste con Catar, al norte con el golfo Pérsico y al oeste con Arabia Saudita.

Se rige bajo una monarquía constitucional que cuenta con un parlamento bicameral. El poder es hereditario en el país, el rey funge como jefe de Estado, mientras que el primer ministro (también elegido por el rey) es el jefe de Gobierno. La rama legislativa se compone por la cámara alta, que es elegida por el rey, mientras que la camara baja se elige por voto universal. El poder judicial está compuesto por dos cortes superiores, la Corte de Casación y la Corte Constitucional, y diversos tribunales regionales.

La división entre la población chiita y sunita ha llevado a una tensión prolongada que esporádicamente se ha convertido en desobediencia civil. Los chiitas afirman que existe una discriminación sistemática en el empleo y los servicios. En relación con los derechos humanos, al paso

de los años el país ha gozado de mayor libertad de expresión y está a favor de una solución pacífica al conflicto palestino-israelí mediante negociaciones directas.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, el pib per cápita (2018) se mantiene como uno de los más altos de la región (24,050 usd) y su economía se basa en la exportación de energéticos, como el crudo y el gas natural, y con una población reducida. La diversificación de la economía ha sido lenta para el país, su fuerte inclinacion a la extracción y producción de energéticos ha hecho difícil la introducción de otros campos a la economía, como por ejemplo el sector financiero o el turístico.

El igi -2020 otorga una calificación total de 46.37, los valores más altos en términos de impunidad son a nivel estructural. El gobierno dictatorial de Baréin incurre frecuentemente en violaciones a derechos humanos, que van ligadas, en muchas ocasiones, a grupos disidentes que pretenden generar una oposición al gobierno. Esto ha mermado de manera importante el ejercicio de las libertades de expresión y de asociación de los ciudadanos del país. NO PARTICIPÓ

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

La Federación de Rusia ocupó el lugar 48 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 60 de 67 países. Los rubros en los que obtuvo las peores calificaciones fueron la dimensión estructural del sistema de justicia (54.49) y los derechos humanos (100).

Es el país con las fronteras más extensas en el mundo, particularmente con catorce países: Azerbaiyán, Belarús, China, Corea del Norte, Estonia, Finlandia, Georgia, Kazajistán, Letonia, Lituania, Mongolia, Noruega, Polonia y Ucrania, comparte fronteras marítimas con Estados Unidos y Japón. En 2019 su población fue de 144.5 millones.

Tiene una organización de república federal semi presidencialista, con división de poderes, así como un presidente quien es el jefe de Estado y un primer ministro como jefe de Gobierno, mientras que el poder legislativo consta de la cámara alta, que se conoce como Parlamento Federal, y la cámara baja llamada también Duma de Estado. El sistema legal ruso tiene sus bases en la tradición del derecho civil.

En términos generales, su economía es sana, lo cual le permite mantenerse estable pese a las sanciones impuestas por los Estados Unidos de Norteamérica. Tiene un pib per cápita de 27,834 usd, mientras que en el índice Gini obtuvo una puntuación de 43.90 (Federación de Rusia Índice Gini, 2017-2019, 2019), revelando la existencia de pobreza.

Los resultados del igi -2020 ubicaron a Rusia con un valor total de 46.74, también se exhibe que a nivel estructural se ubican los valores más altos, no obstante, la dimensión más preocupante son los derechos humanos al obtener el valor de cien.

Aunque desde 2009 Rusia incorporó recomendaciones para mejorar en materia de derechos humanos, en 2019 se manifestaron situaciones preocupantes como la ley de lucha contra actividades extremistas que en términos generales restringe la libertad de opinión. Los reportes revelan la necesidad de emitir políticas con mayor apertura y tolerancia a las minorías étnicas y sociales, además de que se debe implementar un sistema de justicia en apego a los derechos humanos y en contra de la corrupción y el encubrimiento institucional.

Federación de Rusia

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

El igi-2020 asignó a Colombia el lugar 49 con un valor total de 46.88. En 2017, el IGI evaluó 67 países y para ese año su posición fue la 61. Su rubro peor calificado fue en el sistema de justicia estructural obteniendo un puntaje de 88.91.

Colombia se ubica al noroeste de Sudamérica, entre Panamá y Venezuela, tiene costas en el Pacífico y el Atlántico. Se estima que en 2019 la población fue de 49.6 millones. Su localización geográfica es privilegiada por tener una interconexión comercial entre Centroamérica y Sudamérica.

Con una república presidencialista, el gobierno colombiano concentra su poder en manos del ejecutivo, el presidente de la República es el jefe de Estado y suprema autoridad administrativa. El poder legislativo está formado por dos cámaras: la cámara de representantes y el Senado. El poder judicial lo forma la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y jueces civiles y militares. La institución judicial sufre la influencia de los mandos militares que habían conseguido que se legislara que cualquier actuación realizada en acto de servicio se considerara dentro de la jurisdicción militar y fuese juzgada por tribunales militares.

Colombia ha vivido un ciclo expansivo de quince años, sin embargo, desde 2014, tuvo que hacer frente a una desaceleración continua, acompañada de inflación, una caída de la inversión extranjera y un creciente endeudamiento público.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, el pib per cápita (2018) fue de 6,667.8 usd, mientras que el coeficiente de Gini (2016) se ubicó en 0.517. Estos datos se pueden ver reflejados en una tasa de desempleo del 9% (oit), pobreza y desigualdad social.

Asimismo, de acuerdo al igi -2020 , a nivel estructural el sistema de seguridad (66.26) y de justicia (88.91) son las dos dimensiones con más problemas, lo anterior es atribuible a la debilidad mostrada por el Estado con incapacidad de controlar la corrupción generalizada que alcanza instituciones públicas y privadas, y ha sido estimulada por la debilidad de los partidos políticos. Esto se agrava por el arraigo del narcotráfico en todos los niveles y una situación de violencia continuada que aumenta al combatirla pues se usan las armas con resultados poco efectivos y serias consecuencias respecto al tema de los derechos humanos (56.52).

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

En la evaluación más reciente del igi 2020, Chile ocupó el puesto número 50 de 69, a diferencia de su posición en la edición anterior, donde obtuvo el lugar 45 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia, donde obtuvo una calificación de 89.72 puntos.

Con una población que ya rebasa los 18 millones de habitantes, Chile colinda con Argentina, Bolivia, Perú y el océano Pacífico, debido a su presencia en Sudamérica, Oceanía y la Antártida, se considera un país tricontinental.

Su forma de gobierno es la república democrática, el gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República. Existen tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo reside en el Congreso Nacional, tiene atribuciones fiscalizadoras y colegisladoras, es bicameral entre el Senado y la Cámara de Diputados. El poder judicial es un órgano independiente y autónomo que tiene la responsabilidad de la administración de justicia, el tribunal superior de este poder, es la Corte Suprema.

A pesar de que en las últimas dos décadas Chile ha hecho esfuerzos importantes por reducir la pobreza –la cual ahora es menor en ese país que en cualquier otro en

América Latina–, el nivel de desigualdad de este país es el peor entre los miembros de la ocde . Esto se ve reflejado en el índice Gini, en el cual tiene una puntuación de 46.6, y en las protestas que ocurrieron desde octubre del año pasado, mientras aumentaba su pib per cápita (2018) a 15,923.36 usd

El sistema procesal penal chileno ha sido reformulado profundamente en los últimos años, el resultado es una justicia moderna y ágil en la resolución de los procesos, no obstante, en el último año, este país sorprendió al mundo con una ola de violencia ocasionadas por las protestas masivas de las clases medias chilenas a causa de alzas de precios en el transporte, medicamentos y problemas sin resolver como la salud y la educación. Recientemente se aprobó una la ley que criminaliza los movimientos sociales.

En este contexto, el igi -2020 muestra que las peores calificaciones son a nivel estructural, mientras que las dimensiones funcionales fueron las menos malas con 31.18 para el sistema de justicia y 38.52 para el sistema de seguridad; lo mismo ocurre con la dimensión de derechos humanos que tuvo un valor de 30.43.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Kosovo obtuvo el lugar 51 de 69 países analizados en este estudio, ubicándose como uno de los países europeos con mayor impunidad en la región. Por falta de información estadística no formó parte del igi-2017. Su rubro peor calificado fueron los derechos humanos (100.00).

Kosovo es un territorio que no tiene acceso al mar y se encuentra en el centro de la Península de los Balcanes, colinda con Montenegro, Albania, Macedonia del Norte y Serbia. Su capital es Pristina y tiene una población de 1.845 millones de habitantes.

Se encuentra bajo un régimen especial, en junio de 1999 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó la resolución 1224, después del bombardeo a Serbia liderado por la otan y la firma del tratado Kumano. El líder serbio Milosevic retiró sus fuerzas de Kosovo y el territorio quedó en manos de las Naciones Unidas. En 2001 se conformó un Parlamento y un presidente fue electo a través del voto.

En 2008 Hashim Thaci, exlíder del Ejército de Liberación de Kosovo ganó las elecciones para primer ministro y declaró unilateralmente la independencia. 107 países reconocen la independencia de Kosovo (entre ellos Estados Unidos y los países de la Unión Europea). Sin embargo,

tanto Naciones Unidas como la otan consideran el territorio de Kosovo parte de Serbia, aunque no ejerza soberanía sobre éste. Actualmente, Thaci ostenta el cargo de presidente de la República

Cuenta con un pib per cápita de 4,302.28 usd y con un índice de Gini de 26.7. Su economía es una de las más pobres de Europa, las remesas de los emigrantes y la ayuda extranjera representan una parte importante de su sostenimiento. El sector industrial es muy débil y el desempleo es elevado.

Es uno de los países con los índices más altos de impunidad en la región, Europa tiene un índice de impunidad de 33.6 y Kosovo tiene un índice total de 47.69 en los cálculos del igi -2020. Este país obtuvo resultados poco favorables en la dimensión estructural, tanto en el sistema de justicia (57.16) como en el sistema de seguridad (50.21).

La corrupción y la influencia de las bandas de delincuencia organizada son motivo de gran preocupación internacional, existe contrabando de gasolina, cigarrillos y cemento. En este contexto, en 2010, eulex llevó a cabo la detención del gobernador del Banco Central de Kosovo, acusado de corrupción, evasión fiscal y blanqueo de dinero. Esto ha llevado a que algunos medios califiquen a Kosovo como un narco-estado. NO PARTICIPÓ

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Palestina ocupó el lugar 52 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior, igi-2017, no estuvo incluido. Sus rubros peor calificados fueron la dimensión estructural del sistema de justicia (85.09) y los derechos humanos (86.28).

Es un país ubicado entre el mar Mediterráneo y el valle del río Jordán, limita con Israel, Egipto y Jordania. Es un Estado con reconocimiento limitado, en 2019 su población fue de 4.8 millones de habitantes divididos entre Cisjordania y Gaza; hay 4.9 millones de palestinos refugiados y residentes en países árabes, principalmente en Jordania, Siria y Líbano.

La forma de Estado es una democracia parlamentaria y existe una división de facto entre Cisjordania y la Franja de Gaza. La Autoridad Nacional Palestina es un organismo administrativo interino establecido. La política exterior palestina está marcada por la ocupación israelí, por ello, el logro de la independencia y su reconocimiento como Estado soberano es su objetivo principal.

Desde 2006 no hay elecciones legislativas, por lo que sigue pendiente la renovación tanto de la Jefatura del Estado como del Consejo Legislativo Palestino, también está

pendiente la renovación del Consejo Nacional Palestino, que representa a los palestinos de Palestina, a la diáspora y los refugiados.

La situación económica y sus finanzas públicas se han deteriorado en los últimos años debido al bloqueo económico impuesto por Israel desde hace años. La persistencia de restricciones a la libertad de movimientos de personas como a la libre circulación de mercancías sobrecargan el desarrollo de la economía palestina. En 2017 el pib per cápita fue de 2,810.6 usd y para 2019 el coeficiente de Gini fue de 0.64 así, en Palestina existen dos ámbitos económicos diferenciados, con realidades y perspectivas distintas: Cisjordania y la Franja Gaza.

En términos de impunidad, los resultados muestran que el valor total del igi -2020 es de 47.79 y la dimensión mejor ubicada fue la funcional con un puntaje para el sistema de justicia de 1.57 y seguridad con 2.97. En oposición, la dimensión estructural reporta serios problemas, 63.06 al sistema de seguridad, 85.09 al sistema de justicia, mientras que los derechos humanos tuvieron el valor de 86.28, lo cual puede explicarse por la situación social que se vive en Gaza, donde se apela a la justicia y solidaridad para el pueblo palestino.

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IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Liechtenstein ocupó el lugar 53 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. Ésta es la primera edición en la cual hay información suficiente para contemplarlo dentro de las mediciones. Su rubro peor calificado fue la dimensión de los derechos humanos (100).

Con cerca de 40,000 habitantes, Liechtenstein es un país que se ubica al centro de Europa y comparte fronteras con Suiza y Austria.

Es una monarquía constitucional con un sistema parlamentario de gobierno. A pesar de que el príncipe encabeza el Estado, la soberanía de éste se comparte entre el príncipe y el parlamento, mismo que es elegido democráticamente. El parlamento de Liechtenstein, conocido como Landtag, consta de 25 miembros seleccionados a través de elecciones directas.

A diferencia del caso de otras monarquías, el príncipe aún conserva facultades importantes para decidir sobre el destino del país. Sin embargo, el sistema político de Liechtenstein tiene un fuerte componente de democracia directa: con la firma de mil ciudadanos se puede convocar una asamblea del Parlamento y con la firma de mil quinientos solicitar su disolución.

A principios de 2017, Liechtenstein celebró elecciones parlamentarias. Como resultado de dicho proceso, el Partido Cívico Progresista se posicionó a la delantera con nueve escaños en el parlamento. Dicho partido promueve el sistema monárquico, el liberalismo económico y el conservadurismo social.

Liechtenstein es un país muy próspero económicamente. De acuerdo con los datos del Banco Mundial, su pib per cápita es de 168,146 usd. Por otro lado, no existen datos capturados para observar el coeficiente del país en el índice de Gini, lo cual por sí mismo puede indicarnos que quizá la problemática de la desigualdad social continúa estando presente.

En materia de impunidad, su valor total en el igi -2020 es de 47.83, el sistema de seguridad (56.93) y el sistema de justicia (72.45) a nivel estructural reportan los valores más altos de esta medición. Liechtenstein es el país europeo con los índices de impunidad más altos en la región, incluso está trece puntos arriba del promedio regional.

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IGI y dimensiones

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Camerún ocupó el lugar 54 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 66 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia (100).

País africano que colinda al sur con Guinea Ecuatorial, Gabón y Congo; al este limita con la República Centroafricana; al noroeste con Chad y al oeste con Nigeria. Hasta 1959 Camerún estuvo bajo la tutela de Francia, en 2019 se estimó una población de 25.2 millones.

Según la Constitución de 1996 Camerún es una república unitaria de carácter presidencialista, con un régimen multipartidista. El ejecutivo está formado por el presidente de la República, y el gobierno por un primer ministro y ministros nombrados por el presidente. El legislativo es bicameral, con una Asamblea Nacional, en la cumbre del poder judicial se sitúa el Tribunal Supremo.

En 1992 se introdujo el multipartidismo y en 1996 se promulgó la nueva Constitución, que mantiene el carácter unitario de Camerún. La última revisión constitucional tuvo lugar en 2008 y eliminó el límite de dos mandatos por parte del presidente de la República. Tras siete años de mandato, en julio de 2018 el presidente convocó elec -

ciones presidenciales para ese mismo año. En 2019 se reconfiguró el Ejecutivo y se enfrentó a la necesidad de buscar soluciones a las crisis de seguridad que vive el país.

La economía de Camerún padece un estancamiento del ingreso per cápita, una distribución del ingreso relativamente desigual, corrupción endémica, endeudamiento del Estado, desempleo e ineficiencias de un sistema paraestatal en sectores clave. De acuerdo con los datos del Banco Mundial, su pib per cápita es de 1,533.7 usd (2018), por su parte, el índice de Gini se ubica en 46.6 (2014), lo que denota una gran brecha entre ricos y pobres.

El valor total del igi -2020 para Camerún fue de 47.87, los mejores valores del índice se encuentran a nivel funcional para el sistema de seguridad (0.0) y justicia (5.78). No obstante, los problemas se encuentran a nivel estructural, en el sistema de seguridad (70.54), justicia (100) y derechos humanos (63.04) lo cual se asocia a la ley antiterrorista, en la que las autoridades pueden tratar a cualquier persona como sospechosa, por lo que se sugiere una definición más precisa de terrorismo apegada a las normas internacionales.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Con el lugar 55 de 69 países, el igi-2020 asigna un valor total de 48.17 a Ecuador. En el índice 2017 su posición fue la 52 entre 67 países. Su rubro peor evaluado fue el sistema de justicia (84.41).

Con alrededor de 16,904,867 habitantes, Ecuador se ubica en la región de América del Sur. Colinda con Colombia, Perú y el océano Pacífico, se divide territorialmente en 24 provincias

Es una república presidencialista basada en la división de poderes. El poder ejecutivo está conformado por el presidente, el cual es elegido por mayoría absoluta en dos periodos de cuatro años. El poder legislativo es representado a través de una cámara llamada Asamblea Nacional compuesta por 137 escaños, de los cuales 116 son elegidos a través del principio de mayoría simple, quince por representación proporcional y seis por ecuatorianos que viven en el extranjero.

El poder judicial está compuesto por la Corte Nacional de Justicia, integrada por 21 jueces, y por la Corte Constitucional. Los jueces miembros de la primera son elegidos por el Consejo Judicial y los de la segunda son nombrados por el ejecutivo, legislativo y poderes de la participación ciudadana. La lucha para combatir la impunidad y corrupción en el país recae en el trabajo llevado a cabo por el contralor general del Estado, de manera independiente, de acuerdo a las leyes respectivas.

Preocupa la reciente situación de violencia desencadenada por protestas en contra de la eliminación de subsidios a los combustibles, estas acciones llevaron a presenciar a un posible debilitamiento de una de las instituciones más sólidas del país: la policía nacional.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, el índice de Gini (2017) es de 44.7 y el pib per cápita (2018) es de 6,344.87 usd, pero éstos no son los principales problemas en la sociedad andina, sino la impunidad. A finales de 2019 se presentó al presidente en turno propuestas que modificarían los procesos penales, se espera su efectividad y en el corto plazo los resultados.

La peor dimensión calificada para Ecuador es la estructural, seguida por la de derechos humanos. El país se mantiene con puntuaciones cercanas al promedio regional, sin embargo, se sigue posicionando en el rango de impunidad alto en el índice. Es indispensable que Ecuador continúe el fortalecimiento del sistema de justicia penal en el país para seguir en el combate a la impunidad y, sobre todo, enfocarse en proteger los derechos humanos, que se mantiene como una variable con puntuación alta.

IGI y dimensiones

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Kazajistán ocupó el lugar 56 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 49 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia (100).

Kazajistán se encuentra situado en el centro del continente euroasiático, tiene fronteras en el norte y oeste con la Federación de Rusia, en el este con la República Popular de China y en el sur con Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Es el noveno país del mundo por extensión territorial y la más grande de las antiguas repúblicas soviéticas; su independencia fue en 1991. Su población total fue de 18.3 millones (2018).

Su forma de gobierno es la república unitaria con un régimen presidencial, la Constitución en vigor es de 1995. El poder legislativo es un parlamento bicameral; el poder judicial está integrado por el Tribunal Supremo y el Consejo Constitucional. Desde su independencia la presidencia fue ostentada de forma ininterrumpida por una sola persona elegida en 1992 y reelegida en cuatro ocasiones consecutivas (1999, 2005, 2011 y 2015). En 2019 renunció y, de acuerdo con la Constitución, asumió la presidencia de manera interina el presidente del Senado.

En 2016 Kazajistán recibió 700 denuncias de torturas en centros de detención y 158 funcionarios habían sido declarados culpables de tortura. También se reportó que las autoridades no investigan exhaustiva y eficazmente las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en relación con los enfrentamientos violentos producidos y que la policía empleó fuerza excesiva contra los manifestantes, dejando personas muertas y heridas.

Debido a la producción de petróleo y gas, el pib per cápita (2018) fue de 9,812.6 usd, el cual es el mayor en la región, y el índice de Gini fue 27.5 (2017), con ello, Kazajstán se ve fortalecido económicamente. Pese a su estabilidad macroeconómica, afronta importantes retos en su desarrollo, como el desempleo, problemas medioambientales y atender la pobreza y desigualdad.

En términos de impunidad, los resultados muestran que el valor total del igi -2020 es de 48.30, esto lo ubica entre los países con problemas de impunidad a nivel mundial. A nivel estructural el sistema de seguridad (73.91) y la dimensión de los derechos humanos (51.09) se destacan por tener valores altos. En contraparte, la dimensión funcional fue evaluada con niveles muy bajos, 4.35 al sistema de seguridad y 12.17 al sistema de justicia.

IGI y dimensiones

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Perú ocupó la posición 57 del igi-2020, en la edición igi-2017, su lugar fue el 64 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión del sistema de justicia a nivel estructural con 80.96.

La ubicación de este país la encontramos en la parte occidental de América del Sur y tiene límites al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil, al sureste con Bolivia y al sur con Chile. La población en 2019 fue de 32 millones.

El sistema político peruano es una república democrática, social, independiente y soberana con un gobierno unitario, representativo y descentralizado, que a su vez se organiza bajo el principio de la separación de poderes. El poder ejecutivo recae en el presidente, el poder legislativo es unicameral y se encuentra depositado en el Congreso de la República. El poder judicial se compone de órganos jerárquicos como las Cortes Superiores y la Corte Suprema de Justicia de la República y es representado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

La gobernabilidad de Perú es complicada, tras el enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el legislativo, que llevó a la destitución de un gabinete presidencial y a la conformación de otro. En 2020 se elegirá un Congreso y se celebrarán elecciones presidenciales y legislativas que volverán a renovar la cámara parlamentaria. En este con-

texto, la producción legislativa será mínima y las ambiciones reformistas en pro de mejorar los sistemas de justicia quedarán pendientes.

Según datos del Banco Mundial, el pib per cápita (2017) es de 6,762 usd y el coeficiente de Gini (2017) se ubicó en 0.35, con ello, Perú fue reconocido como uno de los países que han reducido el índice de pobreza multidimensional, con tendencia positiva en cerrar la brecha de pobreza rural-urbana (ipm, 2019).

Pese a lo anterior, esto no deja de ser contrastante con la evaluación que hace el igi -2020 , en donde se observa la necesidad y urgencia de trabajar a nivel estructural el sistema de seguridad (67.59) y justicia (80.96), ya que ambas son dimensiones mal calificadas, que desde el igi -2017 no han podido mejorar. Ante los últimos acontecimientos, es imperioso continuar la lucha contra la corrupción e impunidad y que la elección de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional no sea cooptada por intereses particulares que perjudiquen los procesos judiciales y fiscales.

IGI y dimensiones

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Armenia ocupó el lugar 58 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición igi-2017 ocupó el lugar 46 de 67. Su rubro peor calificado fue el de derechos humanos (100).

Armenia comparte 1,570 kilómetros de fronteras con Turquía, Georgia, Azerbaiyán e Irán, y tiene una población pequeña que apenas rebasa los tres millones de habitantes.

Los cambios constitucionales adoptados en diciembre de 2015, convirtieron al sistema político en una democracia parlamentaria. Al frente del ejecutivo se encuentra el jefe de Estado (presidente), electo de manera indirecta por la Asamblea Nacional en tres rondas para ocupar un solo término de siete años. El jefe de Gobierno (primer ministro) es electo en dos rondas por mayoría de votos.

La rama legislativa se compone por la Asamblea Nacional (o parlamento) que está conformada por un mínimo de 103 escaños. Los miembros son electos por representación proporcional para ejercer términos de cinco años. El poder judicial está dividido en la Corte de Casación y la Corte Constitucional; consta también de cortes subordinadas para temas especializados: Sala Civil, Laboral, Penal, de Tutelas y Sala Plena.

De acuerdo con el Banco Mundial, el pib per cápita de Armenia es de 4,238 usd. El nuevo gobierno se ha caracterizado por implementar medidas anticorrupción, una buena gobernanza, transparencia y ha adoptado mecanismos de rendición de cuentas. La situación económica también se ha visto beneficiada en este país, con un crecimiento de 6.8% en 2019 y bajos niveles de inflación, lo que ha resultado en un decremento de los índices de pobreza. El registro del índice de Gini en 2017 fue de 33.6 puntos, lo que lleva a pensar que la desigualdad se encuentra en un nivel «intermedio-bajo».

El valor total del igi -2020 fue de 48.72, la dimensión mejor evaluada fue a nivel funcional, en contraste, la dimensión estructural fue la peor junto con la dimensión de los derechos humanos con cien puntos. Persisten la violencia y discriminación basadas en orientación sexual e identidad de género, discriminación y segregación a personas con discapacidades y violencia doméstica, esto denota represión de los derechos universales de las personas y la falta de implementación de políticas públicas que atiendan sus principales problemas, todo ello a causa de las reformas sobre el sistema político que comenzó a operar a finales del 2018.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

El igi-2020 asignó a Guatemala el lugar 59 de 69 países con un valor total de 46.88. Este país formó parte del igi-2017 en donde su lugar fue el 51 de 67 países. Su rubro peor calificado fue el sistema de justicia con 89.96 a nivel estructural.

Ubicado en la región de América Central, Guatemala tiene alrededor de 17,153,288 habitantes. Colinda con el oceáno Pacífico, El Salvador, México, Honduras y Belice.

Basado en la división de poderes, se define como una república presidencial. El poder ejecutvio emana del presidente y es elegido por mayoría absoluta en dos vueltas por un periodo de cuatro años. El poder legislativo es unicameral y es representado por el Congreso de la República con 158 escaños, de los cuales 127 son elegidos directamente y 31 a través de representación proporcional.

El poder judicial está compuesto en su más alto nivel por dos cortes. La Corte Suprema de Justicia integrada por trece magistrados y tres cámaras. El presidente de la corte es el encargado de los jueces en todo el país. La Corte Constitucional está integrada por cinco magistrados titulares y cinco substitutos.

Guatemala representa uno de los retrocesos más grandes de la región. En septiembre de 2019 se oficializó el

cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (cicig). Además de investigar casos relacionados con magistrados de la Suprema Corte de Justicia, miembros del Congreso y del gobierno, la cicig contribuyó a la reducción de la tasa de homicidios en el país de 45.1 en 2009 hasta 26.1 para 2017. La cicig cierra después de que el presidente actual de Guatemala decidió no renovar el mandato de la institución.

De acuerdo al Banco Mundial, el pib per cápita (2018) fue de 4,549 usd y el coeficiente de Gini de 0.63 (2017); a ello se añade el bajo nivel educativo de su población, y la reducida importancia y falta de continuidad de las políticas públicas.

Guatemala afronta importantes desafíos: altos grados de inseguridad, violencia e impunidad que socavan las instituciones del Estado, mientras que la presencia del narcotráfico y el crimen organizado suponen una seria amenaza para la seguridad pública. El igi -2020 reafirma esta situación al mostrar que las malas calificaciones se encuentran a nivel estructural y que la dimensión de los derechos humanos (56.52) también es un problema latente, sin lugar a duda, los efectos negativos pueden llegar a impactar más fuerte un país donde la desigualdad y la pobreza son factores que dificultan el acceso a la justicia.

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México ocupó el lugar 60 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 65 de 67 países. El rubro en el que tuvo una peor calificación fue en la dimensión estructural del sistema de justicia (95.65).

Con cerca de 120 millones de habitantes, México se ubica en América del Norte y tiene como vecinos a Estados Unidos, Guatemala y Belice. Por su extensión territorial, es el tercer país más grande de América Latina.

Su forma de gobierno es representativa, democrática y federal. Existe una división de poderes en donde la figura del presidente es elegida mediante voto directo y universal en el que participan todos los mayores de 18 años que cuentan con ciudadanía. El poder legislativo está representado por dos cámaras, la de diputados y la de senadores. La primera está constituida por quinientos integrantes, entre sus facultades principales está la de aprobar todas las leyes generales y federales así como la aprobación del presupuesto nacional. Mientras que la cámara de senadores se conforma por 128 personas y se encarga de aprobar las leyes y reformas a la Constitución que también aprueben los diputados. Por otro lado, está el poder judicial, el cual se compone de diversos órganos y está encargado de vigilar el cumplimiento de las leyes y normas con las cuales se rige el Estado.

En 2016 se tuvo un cambio de vital importancia en la forma de impartir de justicia, ya que se adoptó la modalidad de juicios orales y la posibilidad de que en los casos de delitos menores las partes involucradas pudieran acordar la reparación del daño y lograr un acuerdo vía justicia alternativa.

De acuerdo con los datos del Banco Mundial, su pib per cápita es de 18,900 usd, sin embargo, uno de los problemas que más afecta a México es la desigualdad social que existe entre la población. Esto se refleja en el índice de Gini el cual se ubica en 48.3, lo que denota una gran brecha entre ricos y pobres.

Los resultados del igi -2020 muestran un valor total de 49.67, esto lo ubica entre los países con mayores problemas de impunidad a nivel mundial, aún y cuando a nivel regional se encuentra en el promedio. De esta manera, es necesario el desarrollo de políticas públicas que coadyuven a reducir su incidencia. Además, en los próximos años será necesario evaluar la eficiencia del nuevo sistema de justicia que abre la posibilidad de tener juicios orales.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Kirguistán ocupó el lugar 61 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior no fue considerado por la falta de información estadísticamente representativa. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia (100).

Kirguistán es una de las cinco exrepúblicas soviéticas de Asia central, tiene frontera con la República Popular China, al norte con Kazajstán; al sur con Yayikistán y al oeste con Uzbekistán. En 1991 la República Kirguisa obtuvo su independencia de la Unión Soviética. Para 2019 se estimó una población de 6.3 millones.

Su sistema de gobierno es la república semipresidencial, el jefe de Estado es el primer ministro, el poder legislativo es unicameral y descansa en un parlamento. La máxima instancia judicial es el Tribunal Supremo. En 2010 se aprobó un referéndum que incluía cambios en la estructura política del país, se aprobó una nueva Constitución que establece un sistema de balance entre el ejecutivo, el legislativo y el presidente.

La figura del presidente es la que más recortes ha sufrido con la reforma constitucional, aunque sigue manteniendo el papel de jefe del Estado, con prerrogativas sobre

el ejército y los organismos de seguridad estatal. Desde su independencia de la urss , han habido sublevaciones, de carácter y origen popular, en 2010 hubo brotes de violencia interétnica, detenciones arbitrarias, tortura, intimidación y ataques físicos a los acusados; algunas investigaciones penales siguen abiertas y las autoridades fiscales se han negado a investigar estos hechos.

Es uno de los países más pobres de la región y su economía es considerada en transición, por lo cual muestra desigualdad y pobreza. Su economía es muy dependiente de las remesas de los ciudadanos que trabajan en el extranjero. Se prevé que el crecimiento del país dependerá del progreso en la lucha contra la corrupción y la mejora de la transparencia administrativa. De acuerdo con los datos del Banco Mundial, su pib per cápita es de 1,281.4 usd (2018) y el índice de Gini se ubica en 27.3 (2017).

En términos de impunidad, el valor total del igi -2020 es de 51.80, mientras que los resultados por dimensión indican que sus mejores puntuaciones se concentran a nivel funcional, en el sistema de seguridad (8.23) y justicia (13.45); a nivel estructural los rubros que deben atenderse son el sistema de justicia (100) y seguridad (73.17), la misma situación se observa en la dimensión de los derechos humanos (64.13).

PARTICIPÓ

IGI y dimensiones

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Nepal ocupó el lugar 62 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior no fue considerado en el índice. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia (100).

Nepal se encuentra situado entre China e India, los dos principales polos geográficos de su política exterior. De China le separa la cordillera del Himalaya y es un país pequeño que tiene una gran diversidad geográfica. En 2019 se estimó una población de 28.1 millones.

Su sistema de gobierno es la república parlamentaria, con un jefe de Estado y un jefe de Gobierno. El poder legislativo es un parlamento bicameral, el poder judicial lo conforman la Suprema Corte y los juzgados de distrito. Un presidente y el consejo de ministros desempeñan el poder ejecutivo, el presidente ostenta poderes esencialmente ceremoniales y es elegido indirectamente por un colegio electoral formado por miembros de la cámara baja y de las asambleas parlamentarias provinciales.

Hasta 1990 fue una monarquía absoluta, después fue una monarquía parlamentaria en 2007 la constitución provisional abolió la monarquía y proclamó la república. La actual constitución entró en vigor en 2015 y define a Nepal

como una república democrática y federal, que reconoce la diversidad étnica, lingüística, religiosa y cultural del país.

De acuerdo con los datos del Banco Mundial, su pib per cápita es de 1,033.9 usd (2018) y el índice de Gini se ubica en 32.8 (2010). Nepal se encuentra entre los países menos desarrollados del mundo, aproximadamente un cuarto de su población vive por debajo del umbral de la pobreza, depende en gran medida de las remesas, y la agricultura es la base de su economía. En 2015 sufrió un fuerte terremoto, el estancamiento político en los últimos años y las recientes protestas públicas han obstaculizado la recuperación posterior al sismo y han evitado la necesaria reforma económica.

En términos de impunidad, los resultados muestran que el valor total del igi -2020 es de 51.94, y que sus problemas de impunidad se concentran a nivel estructural, con el sistema de justicia (100) y seguridad (70.38) y los derechos humanos (56.52); mientras que a nivel funcional el sistema de justicia y seguridad se ubicaron en 15.95 y 16.86 respectivamente. Lo anterior se puede explicar debido a que la nueva constitución ejerce discriminación y exclusión a grupos vulnerables como indígenas, mujeres y personas con nivel socioeconómico bajo.

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Por primera vez, Guyana cuenta con la información suficiente para ser añadida al igi, por esta razón, en la edición pasada fue considerado parte del grupo de países con impunidad estadística. En esta edición ocupó el lugar número 63 de 69 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia, con 84.41 puntos.

Con cerca de 779,000 habitantes (2019) se ubica al norte de América del Sur, bordeando el océano Atlántico Norte, entre Surinam y Venezuela. Originariamente fue colonia holandesa y se independizó del Reino Unido en 1966; desde esa fecha la política de la república cooperativa ha estado marcada por gobiernos de índole socialista.

Es una república parlamentaria con tres divisiones de poder. Al frente del ejecutivo, el presidente funge como jefe de Gobierno y jefe de Estado y tiene cuatro vicepresidentes. El poder legislativo consiste en una Asamblea Nacional unicameral formada por 65 miembros elegidos por representación proporcional que sirven términos de cinco años. Al frente del poder judicial está la Suprema Corte de la Judicatura que se divide en el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo. En 2009 Guyana hizo a la Corte de Justicia del Caribe su corte final de apelaciones en casos civiles y criminales.

Según datos del Banco Mundial, el pib per cápita de Guyana es de 4,979 usd, sin embargo, el último registro que se tiene del índice de Gini para este país data de 1998, con un valor de 44.60, lo que complica la medición de la distribución de ingresos en años recientes.

Los resultados arrojados por el igi -2020 , muestran que el rubro más deficiente de Guyana es la dimensión estructural, asimismo, el valor total que recibe este país es de 52.07, ubicándolo dentro de los países con mayor índice de impunidad en el mundo. Con ello, enfrenta retos para la mejora del país en términos de impunidad: existe un problema importante de tráfico de personas con fines de explotación sexual y laboral. En 2020 se celebrarán elecciones generales ya que el presidente en turno perdió una moción de censura en el Parlamento, lo que significa que se disolverá el gobierno y el país elegirá a su sucesor. Es la primera vez en la historia de Guyana que prospera una moción de censura, el motivo fue el desperdicio de recursos petroleros, los cuales han sido entregados a la empresa Exxon Mobil.

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Paraguay se ubicó en la posición 64 de los 69 países que incluye el igi-2020. En 2017, el lugar que ocupó fue el 59 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión de derechos humanos (100).

Con una población de alrededor de 7.2 millones de habitantes, es un país que se encuentra en América del Sur y comparte sus fronteras con Bolivia, Brasil y Argentina. El país está dividido en 17 departamentos y una ciudad capital (Asunción).

Su forma de gobierno es democrática, representativa y federal. El jefe del Ejecutivo, con el cargo de presidente de la República, dura en sus funciones un periodo de cinco años. Una de las características específicas de este país fue la temprana instalación de un sistema político pluralista, con un sistema electoral que permitía la renovación regular de sus figuras públicas. Los ciudadanos ejercen su derecho al voto para elegir a su presidente, quien no tiene posibilidad de reelección.

Posee una economía pequeña, con un pib per cápita de 5,800 usd. La economía del país ha crecido a un promedio de 4.5% anual entre 2004 y 2017, esto es mayor que la mayoría de los países de la región. El crecimiento económico del país se ve fuertemente afectado por la gran brecha de desigualdad que existe, así lo muestra el índice de Gini, donde el país alcanza una puntuación

de 48.8, postulándose como el tercer país con mayores niveles de desigualdad en la región, sólo por debajo de Brasil y Colombia.

El gobierno de la dictadura militar de Alfredo Stroessner institucionalizó prácticas como la corrupción y la impunidad, provocando una profunda inestabilidad económica y social, y conformando también el deficiente sistema de Justicia actual en el que estas conductas son comunes. El país necesita, de manera urgente, una reforma al sistema de justicia en la cual se garantice la impartición de justicia, se promueva el respeto a los derechos humanos y se rechace cualquier tipo de tolerancia al crimen.

Los resultados del igi -2020 ubican a este país con un valor total de 53.15 y muestran que la dimensión estructural es la que obtuvo los más altos valores, sin embargo, la dimensión más alarmante es la de los derechos humanos (100), por lo anterior, es necesario revisar a la justicia paraguaya y garantizar la independencia e imparcialidad en todas las etapas del proceso judicial.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Azerbaiyán ocupó el lugar 65 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior no fue incluido. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia (90.36) y los derechos humanos (100).

Con cerca de 9.9 millones de habitantes, Azerbaiyán es un país que se ubica en Asia Occidental y colinda al norte con la Federación de Rusia, al oeste con Armenia, al sur con Irán y al noreste con Georgia.

Su forma de gobierno es la república democrática, con parlamento unicameral, el jefe de Estado es el presidente, a quien corresponde designar a los vicepresidentes, al primer ministro y demás miembros del Gobierno. El actual presidente fue reelegido para su cuarto mandato en las elecciones presidenciales de 2018: los observadores internacionales constataron irregularidades en las elecciones y la jornada electoral.

En 2002 se aprobó una reforma constitucional que afectó aspectos importantes del sistema, esto implicó la adopción de un sistema electoral mayoritario para la Asamblea, la reducción de la mayoría necesaria para reelegir al presidente y la sustitución del presidente del Parlamento por el primer ministro, como sucesor del presidente de

la República, en caso de muerte o incapacidad de éste. De parte de organizaciones no gubernamentales, existen acusaciones de que el gobierno de Azerbaiyán restringe las libertades, viola los derechos humanos, persigue opositores y engaña en las elecciones.

Declarada independiente en 1991 se vio inmersa durante sus primeros años en una situación de enorme inestabilidad a causa del colapso de la economía y de la guerra contra Armenia, no obstante, Azerbaiyán se considera una economía en transición. De acuerdo con los datos del Banco Mundial, su pib per cápita es de 4,721.2 usd (2018) lo que implica un nivel de vida bajo para sus ciudadanos; mientras que el índice de Gini se ubica en 26.6 (2005) y muestra que se deben afrontar retos como la pobreza, desigualdad, desempleo y migración laboral, pero sobre todo un conflicto político no resuelto.

En términos de impunidad, los resultados muestran que el valor del igi -2020 es de 54.56, esto lo ubica entre los países con problemas de impunidad a nivel mundial, aunado a problemas en las dimensiones a nivel estructural. En contraste, sobresalen las buenas calificaciones a nivel funcional para el sistema de seguridad (6.90) y el sistema de justicia (12.97).

PARTICIPÓ

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Argelia ocupó el lugar 66 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 30 de 67 países. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia (83.21).

Argelia está localizada en el norte de África, en la cuenca sur, bordeando el mar Mediterráneo, entre Marruecos y Túnez limita al sur con Malí y Níger. Es el país más extenso de África, se estima que en 2019 su población fue de 42.2 millones; la urbanización es intensa, más del 70% de la población reside en los núcleos urbanos.

El sistema de gobierno argelino es la república presidencialista, el jefe del Estado es el presidente, el jefe de Gobierno es el primer ministro; el parlamento es bicameral y está compuesto por el Consejo de la Nación; el poder judicial está representado por la Corte Suprema. En 1989 se instauró el multipartidismo, en 2008 se suprimió el límite establecido sobre los mandatos presidenciales mediante enmienda constitucional, lo que ha permitido la reelección por cuarta vez del actual presidente.

De 2010 a 2012 se produjeron protestas conocidas como la Primavera Árabe, en donde quedaron expuestos problemas de empleo, democracia, falta de transparencia del

gobierno, un sistema judicial débil y opaco, desempleo y corrupción en el sector público y empresarial: como respuesta, el gobierno restringió las libertades civiles y utilizó la represión en las protestas políticas.

La economía de Argelia sigue dominada por el Estado y éste ha detenido la privatización de las industrias estatales e impuesto restricciones a las importaciones y participación extranjera, mientras que los hidrocarburos han sido durante mucho tiempo la fuente principal de su economía. De acuerdo con los datos del Banco Mundial, su pib per cápita es de 4,114.7 usd (2018) y el índice de Gini se ubica en 27.6 (2011), lo que denota una gran brecha entre ricos y pobres, así como desafíos económicos a largo plazo.

El igi -2020 ubicó a Argelia en los últimos sitios del índice, con un valor total de 57.63. Además, los resultados muestran que el sistema de justicia a nivel estructural (83.21) y funcional en materia de seguridad (68.50) deben ser atendidos con alta prioridad.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Con un valor total de 58.04 ocupó el lugar 67 de 69 países para el igi-2020. En la edición anterior no fue incluido. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia (83.21).

Con una población de 36 millones de habitantes (2019), está situado en el extremo noroeste del continente africano, bordeado por el mar Mediterráneo al norte y el océano Atlántico al oeste; el desierto del Sahara se extiende por gran parte del sur y del este.

Su forma de gobierno es la monarquía constitucional democrática, parlamentaria. El gobierno marroquí se compone del jefe de gobierno y de los ministros, el gobierno es responsable ante el rey y ante el parlamento. El primer ministro pasa a ser el jefe de Gobierno; el Parlamento consta de dos cámaras de representantes y de consejeros, el poder judicial es independiente del poder legislativo y del poder ejecutivo.

Con una nueva constitución, más liberal y con recortes de poderes del rey a favor del jefe de gobierno, Marruecos es considerado con estabilidad política. Desde 2016 se han presentado protestas y revueltas que reclaman inversiones en salud, educación y empleo. También se han presentado factores de riesgo como la elevada corrupción y el autoritarismo del régimen, por lo que hay una distancia

de la clase política y la población, así lo prueban las altas tasas de abstención en todas las consultas electorales.

En relación al resto de los países de la región, la economía marroquí ha alcanzado en los últimos años tasas medias de crecimiento, a pesar del contexto geopolítico y económico. Su desarrollo económico se caracteriza por su dualidad, con sectores tradicionales y modernos en donde se va ganando productividad e incorporando tecnología. De acuerdo con los datos del Banco Mundial, su pib per cápita es de 3,237.9 usd (2018) y el índice de Gini se ubica en 39.5 (2013) y esto hace que la desigualdad social, el desempleo, la falta de transparencia y la corrupción generen descontento.

Los resultados del igi -2020 muestran que en general todas las dimensiones analizadas deben ser atendidas; las de nivel estructural presentan los valores más alarmantes, sin embargo, a nivel funcional también hay problemas al tener valores de 22.30 para el sistema de justicia y 53.05 en seguridad. Esto mismo pasa con los derechos humanos cuyo valor fue de 58.70.

PARTICIPÓ

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Honduras ocupó el lugar 68 de los 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 58 de 67 países. Su rubro peor calificado fue a nivel estructural, en el sistema de justicia (86.96).

Con cerca de 9,235,340 habitantes, la República de Honduras es un país que se ubica en América Central, bordeando el mar Caribe, entre Guatemala y Nicaragua, y bordeando el golfo de Fonseca (océano Pacífico Norte), entre El Salvador y Nicaragua.

Su forma de gobierno es republicana, presidencialista, democrática y representativa, cuenta con 18 departamentos, 128 miembros del Congreso Nacional elegidos directamente por cuatro años. El presidente es electo por voto popular y gana con la mayoría simple.

La Constitución vigente data de 1982, y ha sido objeto de numerosas reformas durante los últimos años. Varios artículos de la Constitución hondureña de 1982 prohibían la reelección del presidente, si bien una sentencia de la Corte Suprema de 22 de abril de 2015 los declaró inaplicables, abriendo la puerta a la reelección. Una de sus principales problemáticas es la migración, se calcula

que para 2019 su migración internacional fue de 38,900 hondureños que viven entre Estados Unidos de América, España, Canadá e Italia.

De acuerdo con los datos del Banco Mundial, su pib per cápita es de 2,500.11 usd, sin embargo, uno de los problemas que afecta a Honduras son sus disputas en la frontera con El Salvador, así como el consumo y el transporte de drogas ilegales, pero sobre todo la corrupción. De igual manera, tiene un gran rango de desigualdad social que está reflejado en el índice de Gini el cual se ubica en 52.1.

Los resultados del igi -2020 muestran que Honduras obtuvo un valor de 59.69 lo cual implica cierta mejora frente al valor del igi -2017 que fue de 65.04, aunque en ambos índices se ubica entre los países con serios problemas en materia de impunidad.

En esta medición, su problemática se encuentra a nivel estructural al obtener 72.06 en el sistema de seguridad y 86.96 en el sistema de justicia. En cuanto a derechos humanos, tiene una puntuación de 66.30, por ello se sugiere implementar políticas públicas que lo mejoren. En términos generales Honduras presenta grandes desafíos ligados a la impunidad, como son los altos niveles de crimen y la violencia.

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Tailandia ocupó el lugar 69 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior no fue incluido. Su rubro peor calificado fue la dimensión estructural del sistema de justicia (95.89).

Con cerca de 69.4 millones de habitantes, Tailandia limita al este con Camboya y Laos; al oeste con Myanmar y el mar de Andamán, y al sur con Malasia. Desde 2005 el país se encuentra sumido en una gran agitación política y se han producido varios golpes de Estado.

Es una monarquía constitucional democrática en la que el primer ministro es el jefe de Gobierno. El jefe del Estado es el rey, el poder judicial reside en tres órganos principales: el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Administrativo. El poder legislativo se concentra en el Parlamento que es unicameral.

A pesar de que la monarquía tailandesa carece de poderes absolutos desde 1932, el rey está considerado como símbolo de la unidad y una especie de padre espiritual de la nación tailandesa. La vida política se caracteriza por la pugna entre las viejas y las nuevas élites, los burócratas y el ejército. Tailandia se enfrenta a graves desafíos políticos y sociales que deben ser abordados, principalmente la pobreza y la desigualdad.

La economía tailandesa ha experimentado un crecimiento lento en los últimos años debido a los problemas políticos y al lento avance de la economía mundial, esto ha producido una contracción de las exportaciones tailandesas. En las últimas décadas, pasó de una base eminentemente agrícola de exportación a una plataforma de producción de manufacturas intensivas en trabajo con destino al mercado internacional. Su pib per cápita es de 7,273.6 usd (2018) y el índice de Gini se ubica en 36.5 (2017) lo que denota una gran desigualdad entre ricos y pobres, así como una brecha entre lo urbano y lo rural.

En términos de impunidad, los resultados muestran que el valor total del igi -2020 es de 62.82 ubicándolo en el último lugar del índice y señalando que es el país con las peores calificaciones. A excepción del sistema de justicia a nivel funcional (21.73), el resto de dimensiones tienen valores muy altos: sistema de seguridad (80.71) a nivel estructural, sistema de seguridad funcional (59.23) y derechos humanos (56.52).

IGI y dimensiones

Indicadores componentes

Referencias

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Acrónimos y siglas

CICIG

CEPAL

CESIJ

CIDH

IGI

OCDE

OEA

ONU

ONUDD

PNUD

UDLAP

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Centro de Estudios sobre Impunidad y Justica de la UDLAP

Corte Interamericana de los Derechos Humanos

Índice Global de Impunidad

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

Organización de Estados Americanos

Organización de las Naciones Unidas

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Universidad de las Américas Puebla

Diccionario de la impunidad global

Cadena de impunidad Recurso visual y cuantitativo que permite medir e identificar la trayectoria desde que se inicia una averiguación previa o carpeta de investigación hasta el momento en el que se condena a una o varias personas por la comisión del o los delitos que dieron lugar a una denuncia (igi-mex , 2016 , p. 57).

Cifra negra. Es el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa. Para el caso de México la envipe del inegi calcula que fue de 93.6% a nivel nacional durante 2016.

Complejo impunidad. Fenómeno político-social que toma forma de entramado de relaciones sociales e institucionales en la que coexisten, interactúan y se retroalimentan las trampas sociales anidadas de desempeño institucional, inseguridad y desigualdad socioeconómica, entendiendo por «trampa social» una situación en donde los actores sociales no son capaces de generar la cooperación necesaria para que tenga lugar algún proceso de cambio y quedan atrapados en equilibrios subóptimos (Le Clercq, 2018).

Costo del delito e impunidad. La probabilidad de que un transgresor sea descubierto y castigado es muy importante para analizar los incentivos que tiene cada persona al momento de decidir cómo actuar frente a la ley. De acuerdo con Gary Becker, el cumplimiento de la ley no es algo que se pueda considerar garantizado de manera absoluta, por lo que los recursos públicos y privados son utilizados para prevenir crímenes o para castigarlos. Sin embargo, es muy importante cuestionarse qué cantidad de recursos debe ser asignada para la administración de sanciones. Para Becker, el monto óptimo de recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley depende del costo de atrapar al infractor que cometa una ofensa y de la naturaleza del castigo que le será impuesto. Desde su enfoque, el delito es económicamente relevante porque la administración de justicia debe incurrir en diferentes costos.

El análisis que propone, toma en cuenta cinco variables principales que se enumeran a continuación: 1) el número de delitos y el costo de dichas ofensas, 2) el número de delitos respecto al número de castigos que se imponen; 3) el número de ofensas; a la ley y la relación que existe entre estas y los gastos públicos en los que se incurre para combatirlas (los costos que

implican las corporaciones de policía o los ministerios públicos); 4) el número de delitos que son castigados y su relación con el costo de imponer prisión u otras sanciones, y 5) el número de delitos con respecto a lo que debe gastar el sector privado para evitarlos. Este autor sugiere que existe una función económica que toma en cuenta los delitos u ofensas y los relaciona con los costos de ser condenado o sancionado como variables determinantes al momento de decidir si se llevará a cabo un ilícito.

Cultura de la legalidad y crimen organizado. Alda Mejías (2017) describe claramente la relación de la cultura de la legalidad con la criminalidad en América Latina. La aplicación de la norma, sin excepciones, por el Estado y el cumplimiento de ésta, por parte de la ciudadanía, es una herramienta trascendental para evitar la implantación del crimen organizado en la sociedad y en el Estado. Ambos comportamientos, tanto por parte del Estado como por parte de los ciudadanos, no siempre están garantizados en las sociedades latinoamericanas, lo que las hace particularmente vulnerables al desarrollo de este tipo de criminalidad. En términos de seguridad, la importancia de ambos factores se debe a la fortaleza que proporcionan a la sociedad y al Estado ante el crimen organizado, ya que el buen gobierno asegura la existencia del Estado de derecho y la implantación del imperio de la ley. Este logro, a su vez, proporciona suficiente legitimidad al Estado, para que la población interiorice y acepte el atacamiento de ésta, fortaleciéndose de esta manera la cultura de la legalidad. Ambos conceptos se retroalimentan y refuerzan recíprocamente pero ciertamente es el Estado quien debe de tomar la iniciativa.

Déficit de jueces y magistrados. Falta o escasez por cada cien mil habitantes. No hay un estándar internacional avalado por Naciones Unidas, sin embargo, el igi -2015 e igi -2017 señalaron que el promedio de jueces y magistrados de los países con información estadística al respecto es de dieciséis por cien mil habitantes.

Encuestas de victimización e impunidad. Las encuestas de victimización son una herramienta establecida que ayuda a gobiernos y ciudadanos a comprender los problemas delictivos e identificar la mejor manera de abordarlos (onudd, 2010). Un aspecto particular que puede abordarse en esta área es evaluar la opinión de los encuestados sobre el castigo. Esto

Índice Global de Impunidad 2020

se puede hacer, como en la encuesta icvs , ofreciendo un ejemplo de una situación en la que se haya cometido un delito y el agresor deba ser sancionado por el encuestado, quien puede elegir una variedad de sanciones, desde una multa hasta varios años de cárcel. Los resultados pueden ofrecer importantes indicadores del nivel de tolerancia de los ciudadanos hacia los temas delictivos (onudd, 2010, p. 79). Entre las preguntas que se encuentran en estas encuestas están las siguientes: ¿Qué cantidad de delitos existen y cuáles son sus características? ¿Cuáles son las características de las víctimas y los perpetradores? ¿Ha cambiado el nivel de delito a lo largo del tiempo? ¿Cuáles son los riesgos de convertirse en víctima? ¿Ha cambiado la percepción de seguridad a lo largo del tiempo? ¿Cuánto del delito se denuncia a las autoridades, y, si no se denuncia, por qué? ¿Están funcionando las políticas de prevención del delito? ¿Existe una relación entre el miedo al delito y los niveles delictivos reales? ¿Cuál es el impacto sobre los grupos vulnerables de la comunidad, como migrantes, grupos indígenas, ancianos y personas con alguna enfermedad mental? (onudd, 2010, p. 5).

Impunidad estadística. Se refiere a la falta de capacidad institucional o voluntad política para reportar información (igi, 2016 , p. 21). Se utilizan las variables sin datos que se codifican con el valor máximo normalizado (igi-mex , 2016 , p. 57).

Impunidad estructural. Es la dimensión enfocada en las capacidades instaladas que tienen los estados para castigar, de acuerdo con las reglas del debido proceso, a aquellos que infringen el Estado de derecho (igi, 2015, p. 29).

Impunidad funcional. Dimensión cuyo objetivo es registrar la manera en que las áreas de gobierno encargadas de castigar a quienes violentan el Estado de derecho operan, independientemente de su marco normativo, o de sus capacidades e infraestructura institucional (igi, 2015, p. 29).

Prisma de la impunidad. Gráfica que muestra el nivel de impunidad en sus dos dimensiones, tomando en cuenta el sistema de justicia y el sistema de seguridad. Entre más alto y más abierto esté el triángulo significa que la impunidad es mayor. La altura del triángulo es la cifra negra, el lado izquierdo repre -

senta la dimensión estructural y el lado derecho la dimensión funcional (igi-mex , 2016 , p. 58-59).

Impunidad. Inexistencia de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas Esta definición es la que utiliza el igi para la construcción de su modelo estadístico y proviene del documento titulado «Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad», del Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas (Orentlicher, onu, 2005).

Impunidad global. Este es un ámbito de los estudios sobre impunidad emergente el cual compete a los temas globales en donde el Estado no es el único actor responsable. En este escenario, actores privados pueden tener una responsabilidad directa como afectaciones al medio ambiente, violaciones a los derechos humanos, seguridad sanitaria, ciberespacio, seguridad espacial, entre otros.

Impunidad internacional. Es la falta de cumplimiento de los tratados internacionales, resoluciones, fallos u sentencias que son responsabilidad de los organismos internacionales creados ex profeso como el Consejo de Seguridad, Corte Internacional de Justicia y Corte Penal Internacional.

Impunidad subnacional. También conocida como impunidad estatal, es el ámbito de responsabilidad agregada de los gobiernos locales que no castigan los delitos que causan algún tipo de pena dentro de su jurisdicción.

Índice Global de Impunidad (IGI). El Índice de Impunidad Global (igi) es el primer trabajo académico internacional (2015) que mide este fenómeno multidimensional, y fue realizado por investigadores del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y especialistas del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado de Puebla. El igi analiza la infor-

mación de los 193 Estados miembros de la onu que generan información estadística comparable y que es publicada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. De los 193 miembros de la onu, sólo 59 países fueron incluidos en el Índice Global de Impunidad de 2015 por haber contado con información estadística suficiente y actualizada en materia de seguridad, justicia y derechos humanos. La segunda edición del igi fue publicada en 2017 con la inclusión de 69 países. La tercera edición del igi fue publicada en agosto 2020 y corresponde a información actualizada en la onudd hasta 2019.

EDITORIAL UDLAP

Izraim Marrufo Fernández Director

Rosa Quintanilla Martínez Jefa editorial

Angélica González Flores

Guillermo Pelayo Olmos Coordinadores de diseño

Aldo Chiquini Zamora

Andrea Garza Carbajal Coordinadores de corrección

Carolina Tepetla Briones Coordinadora administrativa

María Fernanda Ortiz de la Fuente Auxiliar administrativa

Andrea Monserrat Flores Santaella Coordinadora de preprensa

Guadalupe Salinas Martínez Coordinadora de producción

José de Jesús López Castillo José Enrique Ortega Oliver Impresores

María del Rosario Montiel Sánchez Encuadernación y acabados

Escalas de impunidad en el mundo. Índice Global de Impunidad 2020 (IGI-2020)

se terminó de integrar como libro electrónico en formato pdf por el Departamento de Publicaciones de la Universidad de las Américas Puebla, Ex hacienda Santa Catarina Mártir s/n, San Andrés Cholula, Puebla, C. P. 72810, el 18 de agosto de 2020.