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LUNES
8.5.2023 SUR DE SONORA AÑO LV. ED 21782 12 páginas 2 cuerpos $12.00
Libre expresión al servicio de la verdad
e o a ne a un nue o cho ue go e no s ndus a Aún sin promulgarse, el nuevo marco legal para la minería es un traje que no le agrada a los industriales del ramo, que preparan ya una disputa legal intensa en contra del gobierno de Andrés Manuel López La semana pasada, la mayoría de Morena y sus Obrador, principal interesado en imponer los cambios. ITZHEL HERNÁNDEZ redaccion@tribuna.com.mx
aliados aprobaron varias modificaciones a leyes, entre ellas la propuesta para una nueva Ley Minera, que tiene como origen la presidencia de la república y que, desde el inicio, generó una serie de controversias, temores y críticas feroces por parte de la industria.
El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó cambios sustanciales en el marco legal en el que trabajan las empresas del sector, tocando duración de concesiones, uso de recursos naturales, potestades del Estado y derechos de las comunidades, entre otros. Y si bien el cabildeo de la poderosa industria minera tuvo éxito, ya que los senadores del partido oficial cedieron y modificaron la propuesta para dejar más laxos los controles propuestos, el resultado final no satisfizo a los inversionistas, pero tampoco al gobierno. Por tanto, una nueva y complicada disputa se avecina entre la autoridad federal y los capitalistas mineros, incluyendo a los magnates mexicanos como Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailléres (Grupo Peñoles) o Carlos Slim (Frisco), como a pode-
rosas firmas canadienses y estadounidenses. LAS DIFERENCIAS En tiempos de Carlos Salinas, la industria minera obtuvo una ley completamente a modo, en donde se priorizó la extracción y especulación de minerales por encima del derecho al agua, medio ambiente sano y al territorio por parte de las comunidades. Desde entonces, organizaciones civiles, comunidades indígenas y ambientalistas han señalado el daño sistemático que ello ha significado: abatimiento de mantos acuíferos, despojo de tierras y abusos sociales. Incluso hay casos paradigmáticos como el envenenamiento del Río Sonora por parte de Grupo México, un ecocidio que permanece impune y cuyos daños no han sido resarcidos. También en Sonora está el caso del ejido El Bajío y su disputa legal contra Penmmont, una minera subsidiaria de Grupo Peñoles, que habría abusado de su poder para adueñarse de territorios. La nueva ley, de entrada, modifica el proceso de otorgamiento de concesio-
Con el propósito de contribuir a encontrar una solución pronta y concluir con la huelga que se mantiene en la Universidad de Sonora (Unison), el gobierno del estado ha destinado el presupuesto más grande en la historia para este objetivo, manifestó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
Ante las negociaciones que mantienen la Rectoría de la Unison y el Sindicato de Trabajadores y Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), el mandatario estatal señaló que se han hecho las gestiones pertinentes para coadyuvar a la conclusión de este conflicto, respetando la autonomía del proceso en todo momento. Apuntó que desde el estallamiento de la huelga por parte del Staus, se ha convocado reuniones urgentes para encontrar puntos
de acuerdo entre todas las partes para finalizar la problemática. “A pesar de las carencias presupuestales y las dificultades financieras, de todos conocidas que tiene el gobierno del estado, hemos apoyado a la Universidad de Sonora con recursos por más de 100 millones de pesos de nuestro presupuesto para solventar este litigio. Este apoyo ha sido el más grande en la historia del estado que haya recibido la Universidad de Sonora”, puntualizó. El Ejecutivo estatal mencionó que es urgente encontrar caminos que permitan garantizar los derechos de todos los involucrados, dando prioridad en todo momento a evitar afectar los derechos de los estudiantes universitarios quienes son el futuro de Sonora, ya que la educación debe de ser un derecho innegociable.
Fuentes del gobierno federal han reconocido a la prensa internacional que la presión desde Canadá y Estados Unidos es fuerte, ya que los gobiernos de ambos países se han puesto del lado de sus empresas, que tienen intereses multimillonarios en el país. ADVERTENCIAS Haciendo lo suyo, la industria minera ha señalado que en cuanto se promulgue la Ley, el daño económico y social resultará tremendo, intentando con esto llamar a dar vuelta atrás a la propuesta.
nes, que, en lugar de hacerse de forma directa, prácticamente por ‘dedazo’, ahora será por concurso público. Las concesiones, además, disminuyen su periodo de duración a un máximo de 80 años, cuando en la ley previa podían alcanzar los cien. Aunque el cambio más importante es que ya no se prioriza la producción minera por encima del derecho al agua por parte de ciudadano, además de que obligará a las industrias a pactar contraprestaciones monetarias y sociales para las comunidades donde se encuentre la mina.
Llamado a la tranquilidad Conocedor de que Sonora es uno de los estados mineros más importantes del país, el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha insistido en lo público y en lo privado que la industria del sector en el estado no se verá afectada. La semana pasada, recién aprobada la Ley por los senadores, el gobernador rechazó que la intención del gobierno federal fuera perjudicar al sector, sobre todo en un estado con el nivel de inversión como el que tiene Sonora. Durazo ha insistido en que siguen las conversaciones con los empresarios, para dejarles en claro que lo que se busca es el bienestar de la ciudadanía. DUDAS Ante el embiste de la industria, que sigue con su cabildeo y presión mediática, el mismo presidente ha retrasado la promulgación de la ley, al tiempo de aceptar que esperan “una llu-
via” de amparos por parte de las empresas nacionales e internacionales. En un intento de poner paños fríos al tema, el presidente aclaró que los cambios afectarán sólo a las
INAI denuncia ante otros países ser objeto de presiones políticas Gobierno coadyuva en levantar la huelga de la Unison: Durazo
nuevas concesiones, que no será retroactiva, pero al mismo tiempo apuntó que los cambios eran necesarios “porque abusaron durante muchos años; nunca vamos a olvidar lo que destruyeron por la extracción”.
La Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, denunció ante sus homólogos de diversos países, presiones políticas y reticencia al escrutinio. Lo anterior, al asumir la Presidencia de la Red para la Integridad, para el periodo 2023-2025, la cual se conforma por 19 instituciones de cuatro continentes. “Hoy la falta de designación de tres comisionados
en el INAI ha puesto en entredicho el ejercicio de dos derechos humanos de las y los mexicanos. No obstante, aun frente a la adversidad, tengo la certeza de que juntas y juntos, con nuestro trabajo y
resultados, habremos de superar estos desafíos, demostrando la valía y la importancia de nuestras instituciones”, subrayó. Ante representantes de las instituciones integran-
“Estamos hablando de que dejarán de invertirse unos 4 mil millones de dólares anuales”, aseguró José Gutiérrez, director de la Cámara Minera de México (Camimex). El de la Cámara es un mensaje similar al que autoridades canadienses se encargaron de llevar a la Secretaría de Economía en una reunión con su titular Raquel Buenrostro. De acuerdo con el abogado Edmond Grieger, representante de varias firmas mineras, al menos “cuarenta empresas canadienses y estadounidenses nos han mostrado interés en ampararse contra la Ley, para después “recurrir incluso a arbitrajes por el Tratado de Libre Comercio”.
tes de la Red, la Comisionada Presidenta presentó el plan de acción para el periodo 20232025, basado en tres pilares estratégicos: primero, la cooperación, integración e interlocución de los miembros para incentivar la participación abierta; segundo, la vinculación con actores externos a la Red para establecer alianzas estratégicas, y tercero, la promoción del intercambio de experiencias y mejores prácticas. El objetivo de la red, es compartir las mejores prácticas, planes de trabajo y mecanismos para promover la integridad, así como el combate a la corrupción y a la impunidad en todos los niveles de la vida pública.
Presidencia conmina a la SCJN no invalidar el ‘Plan B’ electoral A unas horas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta el proyecto que invalida la primera parte del llamado ‘Plan B’ en materia electoral, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) advirtió que, en caso de invalidarlo, el Máximo Tribunal practicamente estaría sustituyendo al Congreso de la Unión. En un comunicado difundido ayer, la CJEF
‘CHECO’ PÉREZ SUMA OTRO PODIO AL DEJAR ESCAPAR EL LIDERATO EN LAS VUELTAS FINALES DEL GRAN PREMIO DE MIAMI
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acusó que el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán privilegia los formalismos por encima “de la verdadera justicia de fondo”, con lo que se viola flagrante el artículo 17 constitucional. Al tratarse de un poder derivado “sin legitimación popular” la Consejería señaló que la Corte no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental con-
cede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión. “De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre
estos. Se hace un llamado a las ministras y los ministros de la SCJN para que actúen con responsabilidad y privilegien la solución del verdadero conflicto constitucional de las normas impugnadas por encima de las formalidades de trámite a las que hace referencia el proyecto de sentencia”, advirtió la CJEF.
MADRES MEXICANAS SON OLVIDADAS EN EL SEXENIO DE AMLO; EL CIERRE DE GUARDERÍAS CLARO EJEMPLO QUE NO IMPORTAN A LA 4T
>Política Pág. 3A