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LUNES
6.3.2023 SUR DE SONORA AÑO LV. ED 21725 12 páginas 2 cuerpos $12.00
Libre expresión al servicio de la verdad
Con a ar e y Castro se a d a r na de o apasc STAFF redaccion@tribuna.com.mx
Casi diecisiete meses después de llegar a la presidencia municipal, Javier Lamarque ha sido incapaz de sanear las finanzas del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (0omapasc); pero no sólo eso, sino que con él al frente del Ayuntamiento y Luis Miguel Castro de la paramunicipal, las cuentas han ido a peor.
La gestión de Castro ha resultado funesta para las finanzas del organismo, todo avalado por un Lamarque que ha puesto mucho empeño en cuidar a uno de sus incondicionales ante los constantes señalamientos ciudadanos, que no le perdonan las constantes fallas a los servicios que presta el Oomapasc. Al analizar las cuentas públicas del organismo, se ubican varios focos rojos, que no logran ser explicados por una autoridad que rechazó responder las dudas de este medio. El gasto aprobado para 2022 en el Oomapasc fue de 694 millones 808 mil pesos, el más alto de los últimos años, pero aún así no alcanzó y el organismo quedó profundamente comprometido para un 2023 en donde, si ocurre una situación de crisis, no habrá dinero para atenderla. De hecho, la pérdida del ejercicio para el organismo fue de 65.11 millones, que sumada a los 89.36 de 2021, suma más de 154 en negativo desde que Lamarque y Castro velan los intereses de la paramunicipal. PESADA DEUDA Del presupuesto aprobado que ya se mencionó,
Las finanzas del organismo penden de un hilo: una deuda inmanejable, una nómina dorada y la ineficiencia para recaudar lo han dejado al borde del colapso; con múltiples demandas y proveedores cobrándole, las pérdidas se acumulan y las excusas se acaban.
De hecho, el ejercicio contable acabó con subejercicio (dinero no ejercido) de casi 29 millones, esto pese a que las deudas y los compromisos de gasto son incontables. Hay que considerar que al cierre de año la deuda total del organismo era de 1,024 millones 804 mil pesos, casi el doble del total de dinero que gastó durante el 2022. Si bien el año pasado estaba programado pagar 26 millones del pasivo total, al final se invirtieron 71.7, que al final no alcanzan para frenar la ola de intereses que aplasta las buenas intenciones.
2022 EN CIFRAS:
694.8 MDP
556.3 MDP
665.9 MDP
Gasto aprobado
Gasto pagado
Gasto devengado NÓMINA PESADA: Total:
234.246 MDP
(costo promedio por trabajador 410 mil) GRAN DEUDA: Total:
1,024 MDP (67% más que todo el presupuesto para 2022) el organismo reportó que 665 millones 938 mil pesos fueron devengados, es decir, se reco-
POBRE INVERSIÓN PÚBLICA: Total:
FRACASA RECAUDACIÓN PROPIA: Total:
21.06 MDP 411.3 MDP (3.1% del gasto)
(148 millones menos de lo esperado)
noció la obligación de pago, pero hasta el cierre de diciembre pasado, únicamente se habían
liquidado 556 millones, quedándose más de cien millones como pasivo a proveedores diversos.
El drama es tal que, pro citar un ejemplo, en los pasivos contingentes (deudas de administraciones anteriores) hay casos llamativos como la demanda que Solaqua, la empresa administradora de las plantas tratadoras, interpuso contra el organismo, al que le exige 230 millones de pesos. En la lista también se encuentran facturas por renta de copiadoras (1.17 millones) o del servicio de las famosas Aquatecch, donde se exigen 4.8 millones como pago. BUROCRACIA DORADA Uno de los principales problemas del organismo es la nómina, un lastre que no se ha podido sacudir y que, por el contrario, tiende a engrosar. De acuerdo con el reporte financiero 2022, el Oomapasc pagó 234 millones, 246 mil pesos en sueldos y salarios, lo que equivale a un gasto promedio de 410 mil pesos por trabajador (hay 572 activos).
Así, la nómina equivale al 35.1% del presupuesto total, y al 43.58% del presupuesto no etiquetado (537.4 millones), que es del rubro de donde proviene. En la nómina hay desproporciones vergonzantes. Mientras Luis Miguel Castro recibió un millón 426 mil pesos o Guillermo Patiño, cuñado de Javier Lamarque, un millón 398 mil, otros empleados apenas cobraron el mínimo Fracasa recaudación Aunada a la pesada nómina, el Oomapac carga con el rotundo fracaso de esta administración en recaudar, en lograr que los ciudadanos paguen por los servicios que presta; lo único que han hecho ha sido amenazar con cortes, reclamar en voz del alcalde el impago, sin gran resultado. El presupuesto del 2022 consideraba que el organismo alcanzaría 571 millones en recaudación, pero ésta se quedó en tan sólo 411, es decir, 160 millones de pesos menos de lo necesario. SIN INVERSIÓN Las carencias presupuestales mencionadas provocan que prácticamente no haya margen para la inversión y obra pública; pese a que los drenajes están colapsados, los cárcamos sobrepasados, la planta tratadora trabajando en sus mínimos y el servicio de agua potable es intermitente en muchas colonias, no hay recurso para ello. El reporte financiero 2022, obtenido por este diario a través de Transparencia, detalla que únicamente se erogaron 21.06 millones de pesos en inversión pública, lo que significa que poco más de 30 centavos de cada diez pesos se van al gasto para obra.
Corte recibe siete controversias contra ‘Plan B’ de AMLO Activistas alzan la voz: “violencia feminicida no baja”
A pesar de que en los últimos cuatro años se redujo el ritmo de crecimiento de muertes violentas de mujeres que se registraron del año 2015 al 2019, activistas advierten que esto no significa que la violencia feminicida haya bajado, solo “no ha crecido al ritmo que traía”.
María de la Luz Estrada Mendoza, quien se desempeña como directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) habló sobre la importancia de que existan programas por parte del gobierno, que verdaderamente ayuden a erradicar la violencia contra la mujer.
Explicó que debido a que las violencias no solo están suscritas en el ámbito familiar, sino en contextos criminales, tendría que contarse con evidencia que pudiera demostrar cómo están impactando las intervenciones gubernamentales, sobre todo porque en materia de seguridad no ha habido un cambio sustancial en comparación con otras administraciones. “La militarización para nosotros es algo que genera mucho más vulneración a los derechos humanos y las mujeres se encuentran en mayor riesgo. Nosotros no vemos que en los gobiernos de
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto eso funcionara”, dijo. Por su parte, Alma Guadarrama Muñoz, investigadora de la Universidad La Salle, expuso que, en el tema del feminicidio, este delito no se tipifica como debe de ser en muchas ocasiones. “Cuando el mundo regresó a la nueva normalidad volvió a incrementarse el número de feminicidios, sin embargo, hay que tomar en cuenta que en muchas ocasiones no se tipifica adecuadamente el feminicidio y eso se debe a la deficiente capacitación de los ministerios públicos y personal del poder Judicial”.
ESTUDIANTES DEL INSTITUTO LA SALLE, EN CIUDAD OBREGÓN, BRILLAN DURANTE ‘NOCHE DE ESTRELLAS’
>Sociales Pág. 8A
Luego de que se publicara la primera parte del ‘Plan B’ de reforma electoral impulsado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite siete controversias constitucionales que impugnan las modificaciones a Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El ministro, Alberto Pérez Dayán, fue quien dio entrada a los recursos legales promovidos por municipios de Coahuila, Estado de México y Guanajuato. En las controversias constitucionales, las autoridades municipales señalan que las adiciones de los párrafos tercero y cuarto al artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, les “generan una afectación directa en su autonomía presupuestaria en tanto que los Poderes
Legislativo y Ejecutivo Federales se extralimitan o desbordan las facultades que tienen encomendadas constitucionalmente”. Las impugnaciones se suman a las controversias constitucionales que promovieron el Instituto Nacional Electoral (INE) y el municipio de Chihuahua, en la entidad que lleva el mismo nombre, mismas que ya se admitieron a trámite. Cabe señalar que la presidenta de la SCJN, Norma Piña, pidió a juzgadores ser prudentes y actuar con
El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, otorgó un plazo de 30 días hábiles para que el Congreso de la Unión, la Presidencia de la República y Segob presenten su contestación. “responsabilidad, sin que esto se confunda con cobardía”.
‘CHECO’ PÉREZ INICIA CON FUERZA: TERMINA SEGUNDO EN BAHRÉIN; RED BULL HACE EL 1-2
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