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Tribuna Sonora 2022-12-29

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JUEVES

29.12.2022 SUR DE SONORA AÑO LIV. ED 21560 12 páginas 2 cuerpos $12.00

Libre expresión al servicio de la verdad

Aportaciones a Bomberos y la Cruz Roja de Navojoa volverían a recibo de agua Para este 2023, el Ayuntamiento de Navojoa contempla el regreso de Cruz Roja y Bomberos al programa de aportaciones voluntarias a través de los recibos del servicio de agua potable, esto luego de que la administración de Rosario Quintero decidiera eliminarlos, ante la denuncia de un posible ‘jineteo de recursos’.

esa de e ur dad ues a ones s n dar resu ados ALEJANDRA AVALOS redaccion@tribuna.com.mx

Cada mes, el Gobierno Estatal gasta 376 mil 088 pesos y 55 centavos (4 millones 513 mil 062 pesos y 60 centavos al año) en el sueldo neto de los integrantes de la Mesa de Seguridad, una jugosa suma de dinero que no se refleja en resultados.

Y como si fuera poco que el ejercicio no funcione, tampoco ha sido transparente, pues en un principio cuando se creó (la Mesa de Seguridad) jamás se dijo que se contrataría personal extra para lo que es prácticamente una oficina más, engordando así la nómina y aumentando la burocracia. El 13 de septiembre de 2021, mediante sus redes sociales, así como por un boletín oficial, Alfonso Durazo Montaño dio a conocer que instaló la Mesa de Seguridad, la cual estaría compuesta por funcionarios de su gabinete y otros provenientes de las filas federales. “La Mesa Estatal de Seguridad, está presidida por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y se integra por la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río, el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte, representantes del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México”, cita el comunicado de aquel día. CREAN NUEVOS PUESTOS TRIBUNA revisó las nóminas de todas las dependencias del estado y encontró que en la de Gubernatura hay 6 puestos dentro de lo que se llama ‘Secretaría Técnica de la Mesa de Seguridad’. Los cargos que registran son: director General de Información y Análisis que lo ocupa Luis Armando Moreno Preciado; director General de Desarrollo, Evaluación y Seguimiento con Jesús Francisco Moreno Cruz a cargo; subdirección Documental y Transparencia quien lo emplea Andrea Arvayo Gómez; secretario

Haciendo del ejercicio un tema burocrático, el Gobierno del Estado tiene en nómina a 13 personas quienes forman parte de la Mesa de Seguridad, además de los funcionarios de primer nivel, pagando por ellos miles de pesos al mes mientras que el clima de inseguridad no mejora.

Voy a atender personalmente este tema, respaldado por supuesto por quienes hoy me acompañan aquí, en esta mesa de seguridad y para quienes expreso mi mayor reconocimiento, particularmente para las fuerzas armadas, el ejército, la marina y para todas las autoridades estatales”. ALFONSO DURAZO 13 DE SEPTIEMBRE 2021

Técnico de la Mesa de Seguridad ocupado por Gustavo Rómulo Salas Chávez; director de Integración de Información donde trabaja Jesús María Sabori Valenzuela y director de Ejecución y Seguimiento que lo ocupa Asseneth Soto Vásquez. A todos ellos, el Gobierno del Estado les paga mensualmente: $34,742.48; $35,147.55; $14,991.01; $74,330.49; $29,302.24 y $20,134.60 pesos netos respectivamente. Lo que suma: $208,648.37 pesos por mes. Aunque se trata de personal que trabaja temas de Seguridad Pública tan delicados como los de Cajeme, Guaymas, Caborca, San Luis Río Colorado o Empalme, sus perfiles son en demasía públicos y una simple búsqueda en Google basta para encontrarlos. Como por ejemplo Gustavo Rómulo Salas Chávez quien con un sueldo de $74,330.49 netos mensuales se desempeña como secretario Técnico de la Mesa de Seguridad. Entre 2015 y 2016, Salas

POR INSEGURIDAD SERVICIOS DE TAXIS EN EL PUERTO DE GUAYMAS SE REDUCEN PESE A TEMPORADA ALTA

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Chávez fue titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (Seido), diversas notas periodísticas de medios como Proceso documentaron que él dio el aval al espionaje y vigilancia que la Procuraduría General de la República (PGR) ordenó contra la periodista Marcela Turati, la abogada Ana Lorena Delgadillo y la perito forense Marcela Doretti. Salas Chávez también estuvo encargado poco tiempo de la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa y formó parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) donde fue dado de baja en el año 2020. Medios como Contra Línea han documentado que a Gustavo Rómulo se le separó del cargo en la Seido por presuntos actos de corrupción. Pese a estos antecedentes, el gobernador Alfonso Durazo decidió darle un cargo importante en el gobierno sonorense. Por otra parte, las nóminas de la Secretaría de Seguridad registran otros 7 puestos más de funcionarios que trabajan en las Mesas de Seguridad; 4 de ellos aparecen con el cargo de coordinador de Mesa de Seguridad con ‘Secretaría’ como área de adscripción, pero los nombres de estos funcionarios aparecen como ‘Información Reservada’. Por ellos se paga: $24,114.97, $24,114.97, $23,240.10 y $23,240.10 respectivamente, lo que suma un total de $94,710.14 pesos netos mensuales. Otros tres puestos más aparecen como: coordinador de Mesa de Seguridad ocupado por Fernando Arturo Buitimea Mercado; otro coordinador de Mesa de Seguridad desempeñado por Ramsés Portillo Ayala y un coordinador de Mesa de Seguridad más

donde labora Rene Alejandro Rojas Corral, a ellos se les paga $24,849.92; $23,940.06 y $23,940.06 pesos netos respectivamente, es decir $72,730.04 pesos al mes. Por lo que si se suma $208,648.37 pesos (de la nómina de Gubernatura) más $94,710.14 y $72,730.04 (ambos de la nómina de la Secretaría de Seguridad) da como total $376,088.55 pesos mensuales netos. El gasto de la Mesa de Seguridad sería mayor si se sumarán los sueldos del gobernador $82,667.13 pesos mensuales netos, la secretaría de Seguridad (María Dolores del Río Sánchez) $74,330.49 pesos mensuales netos y la fiscal General (Claudia Indira Contreras Córdova) $113, 277.39 pesos netos mensuales. Ello sin contar el sueldo de los otros funcionarios federales que también participan en el ejercicio de la Mesa de Seguridad. Cabe señalar, además, que las nóminas que corresponden al Gobierno del Estado no están actualizadas como la Ley de Transparencia lo indica, solo aparecen del primero de enero de 2022 al 31 de marzo del 2022. MUCHA MESA POCOS RESULTADOS Aunque la Mesa de Seguridad tiene el objetivo de realizar estrategias para velar por la seguridad de los sonorenses sus resultados han sido bastante cuestionados tras violentos episodios como los sucedidos en San Carlos en junio o lo sucedido en las tiendas de autoservicio de Guaymas hace poco. En otros municipios del norte como Caborca o Magdalena (por los hechos sucedidos en julio) tampoco se han visto los resultados esperados, cuestionándose así el alto costo de la burocracia que no trae beneficios al estado.

UNAM CITA A YASMÍN ESQUIVEL Y LOS OTROS ACADÉMICOS IMPLICADOS PARA ACLARAR SITUACIÓN

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Sin embargo, a pesar de que la Ley de Ingresos 2023 ya contempla el cobro de las aportaciones a partir de enero, la entrega de este apoyo aún es una incógnita para los departamentos de socorristas. LOS COBROS Según la Ley de Ingresos 2023 para el municipio de Navojoa en su página número 13, en la sección de ‘Servicio de Agua Potable y Alcantarillado’, menciona que en los recibos del agua potable, se incluirá un cobro de tres pesos a los usuarios domésticos, seis pesos a los usuarios comerciales y nueve pesos a los usuarios industriales como cooperación voluntaria para el Cuerpo de Bomberos. Mientras que la cooperación para la Cruz Roja, será de dos pesos en los recibos domésticos, cuatro pesos en usuarios comerciales y cinco pesos en usuarios industriales. “La cooperación recaudada para el Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja, será depositada en una cuenta bancaria especial para estos rubros y será entregada íntegramente a sus respectivos organismos, a más tardar el día 30 del mes siguiente de la recaudación, bajo la

Se espera que este jueves 29 de diciembre se debata el Presupuesto de Egresos para el año Fiscal 2023 y ahí se confirme el regreso de la entrega de las aportaciones voluntarias a Cruz Roja y Bomberos. supervisión de la Contraloría Municipal”, se afirma en el documento. Durante la administración de María del Rosario Quintero Borbón, los recursos obtenidos por las aportaciones voluntarias no fueron entregados a los departamentos de socorristas, lo cual provocó que se interpusiera una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS); por ello, regidores aseguraron que para el regreso de este Programa de Ayuda Social, estarán pendientes de que el recurso ahora sí llegue a su destino. “Es un recurso etiquetado, al ser una aportación voluntaria para Cruz Roja y Bomberos, por ningún motivo el Oomapasn debe de hacer uso de él. Lo que se hizo en aquel momento no estuvo bien e incluso se denunció y al final se entregó el dinero a Bomberos, pero el dinero deberá entregarse inmediatamente a estas instituciones conforme se vaya recaudando”, puntualizó Jesús Guillermo Ruiz Campoy, regidor por el Partido del Trabajo (PT).

Trabajan en la instalación de planta de asfalto en Cajeme; estaría en 2023 Fructuoso Méndez, secretario de Imagen Urbana en Cajeme, confirmó a TRIBUNA que las autoridades ya se encuentran trabajando en la instalación de una planta de asfalto, la cual servirá para dar celeridad a los trabajos que se llevan a cabo para el rescate de vialidades. El funcionario mencionó que la planta ya fue adquirida con una inversión de aproximadamente 6 millones de pesos. “Ya se está trabajando en la instalación de la planta, y en la adecuación del lugar

en donde estará ya que requiere de luz”, dijo. Aseguró que aunque no se encuentra operando la planta, se espera que pronto las autoridades municipales informen al respecto y esta se ponga en marcha.

Congreso de Perú condena la intromisión de AMLO Ayer el Congreso de Perú aprobó una moción que permite rechazar la intromisión en los asuntos internos del país por parte del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el mandatario de Colombia, Gustavo Petro. El hecho fue aprobado con 61 votos a favor. La moción plantea: “expresar el rechazo a los constantes e inaceptables actos de intromisión en los asuntos que son de la jurisdicción interna del Perú por parte de

López Obrador y Petro en perjuicio de la República del Perú”. El Congreso también consideró que sus declaraciones constituyen una “violación al derecho internacional en perjuicio de Perú”. Cabe señalar que anteriormente el primer ministro peruano, Alberto Otárola, pidió a López Obrador que “pare de referirse a Perú”, tras que Andrés Manuel señalara que el Ejecutivo del país es “muy cuestionado”.


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