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Corina Giacomello Coordinadora

POLÍTICA DE DROGAS

desafíos de la justicia penal

POLÍTICA DE DROGAS

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Héctor Olasolo Alonso

Owen Fiss

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda) Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

DIRECTORIO

Alejandro Gertz Manero

Fiscal General de la República y Presidente de la H. Junta de Gobierno del INACIPE

Gerardo Laveaga

Director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales

Rafael Ruiz Mena

Secretario General Académico

Iván Colmenares Álvarez

Secretario General de Extensión

Julio Téllez del Río

Director de Publicaciones y Biblioteca

POLÍTICA DE DROGAS

Coordinadora

CORINA GIACOMELLO Autores

Zara Snapp Jorge Herrera Valderrábano Víctor Gutiérrez Rafael Velázquez Flores Simone Lucatello Lorena Vera Lilian Paola Ovalle Alfonso Díaz Tovar

Sofía M. Cobo Téllez Tania Gordillo Moreno Alicia Azzolini Julieta Di Corleto María Eugenia Cassani Luz Piedad Caicedo Delgado Isabel Blas Guillén Isabel Erreguerena

tirant lo blanch Ciudad de México, 2019

Copyright ® 2019 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www. tirant.com/mex/

© INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES MAGISTERIO NACIONAL 113, Col. Tlalpan C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México Tel: +01(55) 5487 1500 www.inacipe.gob.mx ISBN: 978-607-560-005-5 © EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C. P. 06500 Ciudad de México Tel: +52 1 55 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9190-821-0 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/ empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

ÍNDICE PRESENTACIÓN..................................................................................... 11 Juan-Luis Gómez Colomer

INTRODUCCIÓN: POLÍTICAS DE DROGAS EN MÉXICO DESDE UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL................................................ 13 Corina Giacomello

REGULACIÓN LEGAL DE LA MARIHUANA A NIVEL INTERNACIONAL Y EXPERIENCIAS DE JUSTICIA SOCIAL............................... 19 Zara Snapp Jorge Herrera Valderrábano

ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA EN LA REGULACIÓN DE LA MARIHUANA EN MÉXICO: LOGROS Y PERSPECTIVAS.......................... 51 Víctor Gutiérrez

COOPERACIÓN Y CONFLICTO EN LA RELACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS EN EL CONTEXTO DE LAS POLÍTICAS CONTRA LAS DROGAS: EL CASO DE LA INICIATIVA MÉRIDA................................ 79 Rafael Velázquez Flores

POLÍTICA DE DROGAS Y SUSTENTABILIDAD: RELACIÓN Y NEXOS CON LA AGENDA GLOBAL DE DESARROLLO Y LOS ODS................. 101 Simone Lucatello Lorena Vera

MEMORIA-MANÍA. LA CONMEMORACIÓN OFICIAL DE LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS................................. 121 Lilian Paola Ovalle Alfonso Díaz Tovar

PROGRAMA MEXICANO DE JUSTICIA TERAPÉUTICA PARA PERSONAS CON CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS............... 149 Sofía M. Cobo Téllez Tania Gordillo Moreno

ADOLESCENTES Y DELITOS CONTRA LA SALUD EN MÉXICO...... 171 Alicia Azzolini

Índice

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA Y ARRESTO DOMICILIARIO PARA MUJERES. DESARROLLO JURÍDICO EN LA ARGENTINA...... 189 Julieta Di Corleto María Eugenia Cassani

MUJERES EN PRISIÓN POR DELITOS DE DROGAS: FUGAS DENTRO DEL CERCO DEL PATRIARCADO................................................ 209 Luz Piedad Caicedo Delgado

LOS EFECTOS DEL DISCURSO DEL ENEMIGO, EL DERECHO PENAL Y LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS EN LAS MUJERES.... 231 Isabel Blas Guillén Isabel Erreguerena

PRESENTACIÓN Cuando la editorial española Tirant lo Blanch, en su rama mexicana, y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (inacipe) mexicano se alían para trabajar conjuntamente, los resultados solo pueden ser excelentes. Me honran al proponerme que presente la colección Desafíos de la justicia penal, el primer fruto de esa puesta en común, porque me reconocen como autor preocupado por la justicia a nivel internacional y, sobre todo, porque me creen muy interesado en el desarrollo procesal penal de México. Ambas cosas son verdad, dicho con toda humildad, pues me limito a aportar granitos de arena, que muchas veces ni yo mismo alcanzo a distinguir. Los temas propuestos en un primer avance revelan que esa preocupación es mucho más amplia de lo que parece. El libro que tiene en sus manos ahora el lector especialista es buena prueba de ello. Tanto desde el punto de vista del derecho penal sustantivo como del derecho procesal penal, la sociedad está exigiendo cada día más esfuerzo a lo público (el Estado y sus fuerzas de persecución penal), para que lo privado (la gente normal y corriente, honrados y trabajadores ciudadanos) sufra menos y, si no hay más remedio que padecer, lo haga en la confianza de que como víctima será restablecida y el causante pagará por ello. Una buena forma de conseguirlo es profundizar en estudios que nos aclaren y simplifiquen el camino para lograrlo; es decir, en análisis como el que ahora les presento. Una aportación necesaria, decisiva y, sobre todo, útil para los prácticos, que ayudará a jueces, fiscales y Policía judicial, a la par que a defensores públicos y litigantes, a encontrar la mejor justicia posible.

Juan-Luis Gómez Colomer

INTRODUCCIÓN: POLÍTICAS DE DROGAS EN MÉXICO DESDE UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL CORINA GIACOMELLO* El término políticas de drogas se asoma cada día con más frecuencia en los debates nacionales y, con él, diversas aristas derivadas del mismo: regulación, legalización, reducción de riesgos y daños, justicia terapéutica, amapola y marihuana medicinal, prohibicionismo, etc. Sin embargo, la comprensión y, por ende, el uso de las palabras no siempre son claros. Son, en cambio, siempre políticos. Desde los inicios de la prohibición de las drogas bajo la arquitectura actual, a principios del siglo xx, los discursos y las prácticas en torno a las sustancias controladas han estado atravesadas por la política, la moral y la geopolítica. Muy poco campo, en cambio, han tenido la ciencia y la evidencia científica para contribuir a regular la relación de los cuerpos, los géneros y las sociedades con las sustancias psicoactivas. Este libro se publica en un momento de transición muy importante en México: una transición política, sin lugar a dudas, debido a la victoria avasalladora de la coalición Juntos Haremos Historia en las elecciones de julio de 2018; pero, también, una transición en cuanto a políticas de drogas que lleva gestándose varios años y que consta de una dimensión internacional y una nacional. Por un lado, el creciente número de países que pasan de un régimen de prohibición de las drogas a alguna graduación de regulación, particularmente de marihuana. Por el otro, los discursos y los procesos de cambio concretos de las políticas de drogas en México; pero, sobre todo, los horizontes futuros que parecen vislumbrarse bajo la dirección del futuro gobierno.1 A nivel nacional, la política de drogas ha sido caracterizada por algunos elementos que, en mayor o menor medida, se han repetido sexenio tras sexenio: a) el uso del derecho penal y de las políticas de persecución como principal herramienta para abordar la producción, el tránsito y el

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Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Esta introducción fue escrita en agosto de 2018, antes de la toma de posesión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y de su gabinete.

CORINA GIACOMELLO

uso de sustancias psicoactivas; b) la prevalencia de medidas de control de la oferta (incautaciones, operativos policiacos, interdicciones, detenciones y encarcelamiento) por encima de medidas de control de la demanda (prevención, tratamiento, reintegración social) o de reducción de daños; c) una retórica de enfrentamiento entre “ellos” —los malos, los traficantes— y “nosotros” —los buenos, los ciudadanos cuyos hijos están expuestos a los riesgos ocasionados por las drogas—, figuras siempre dicotómicas mediadas por la intervención del Estado. Una intervención a menudo plagada de corrupción, violaciones de derechos humanos y una tendencia progresiva a la militarización. Otro elemento constitutivo de las políticas de drogas en México es, sin lugar a dudas, la relación con los Estados Unidos y las atriciones constantes entre cooperación y desconfianza animadas por ambos lados de las fronteras. La cooperación internacional es uno de los temas de este libro en el capítulo “Cooperación y conflicto en la relación México-Estados Unidos en el contexto de las políticas contra las drogas: El caso de la Iniciativa Mérida”. El marco internacional de control de drogas rebasa, desde luego, la relación bilateral entre México y los Estados Unidos y abarca la construcción progresiva y cambiante, a lo largo de las décadas, de una arquitectura internacional de tratados, discursos y posicionamientos. Existen tres tratados que regulan las pautas de las políticas de drogas: la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por su protocolo de 1972; el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, de 1971, y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, de 1998. Para la implementación de los tratados intervienen cuatro órganos: i) la Comisión de Estupefacientes, un órgano político conformados por los Estados; ii) la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (unodc, por su sigla en inglés), un organismo de apoyo técnico a los países; iii) la Junta Internacional de Control de Drogas, un órgano cuasi judicial que vigila la implementación de los tratados, y iv) la Organización Mundial de la Salud, a cargo de la investigación y clasificación de sustancias pero, generalmente, con menor poder de influencia que los demás órganos de control. Los objetivos del marco internacional de control de drogas se pueden dividir en dos grandes rubros: i) vinculados con la salud, a través de garantizar el acceso a medicamentos y de prevenir y tratar el uso de sustancias psicoactivas (control de la demanda); y ii) hacer frente a las actividades relacionadas con las drogas para fines no médicos y científicos, y a delitos conexos —lavado de activo y delincuencia organizada— (control de la oferta).

INTRODUCCIÓN

El último bloque se ha traducido en el uso desmedido del derecho penal y del encarcelamiento y ha sido desarrollado en detrimento de las políticas de control de la demanda. Lo anterior ha causado una serie de consecuencias, reconocidas incluso por unodc en el Informe Mundial sobre las Drogas 2008: La primera es la creación de un mercado negro delictivo. No faltan delincuentes interesados en competir en un mercado en el que no es poco habitual que los precios se multipliquen por cien desde la fase de producción a la de la venta al por menor. La segunda es lo que se podría denominar “desplazamiento de las políticas”. La expansión del mercado negro delictivo exige medidas de represión conmensuradas, y para ello es necesario destinar mayores recursos. Pero los recursos son finitos y la salud pública, motivo principal subyacente a la fiscalización, que también los requiere, se haya visto obligada a quedar relegada. La tercera consecuencia imprevista es el desplazamiento geográfico, denominado frecuentemente “efecto globo” porque si se oprime un lado (con controles más estrictos) se hincha (es decir, aumenta) por otro, aunque el efecto neto pueda ser una reducción en general. […] La cuarta consecuencia imprevista es lo que podría denominarse “reemplazo de sustancias”. La fiscalización del consumo de una droga, sea por reducción de la oferta o por de la demanda, induce a los proveedores y consumidores a sustituirla por otra droga con efectos psicoactivos similares que esté sujeta a una fiscalización menos estricta. […] La quinta consecuencia imprevista es el modo en que las autoridades perciben a la población de consumidores de drogas ilícitas y se ocupan de ella. Parece haberse creado un sistema por el cual quienes caen en la red de la toxicomanía se encuentran excluidos y marginados de la sociedad, marcados con un estigma moral y, con frecuencia, sin posibilidad alguna de recibir tratamiento, aun cuando se sienten motivados a buscarlo. (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2008: 219-220)

Además de las consecuencias señaladas por la onu, cabe resaltar otras: – violaciones a derechos humanos, incluyendo desplazamientos forzosos, ejecuciones extrajudiciales y tortura bajo el paraguas de combatir el tráfico de drogas; – encarcelamiento masivo, con efectos desproporcionales sobre grupos discriminados en razón de etnia, raza o género; – efectos medioambientales asociados a las políticas de erradicación y el efecto globo; – efectos económicos, vinculados a la corrupción y al lavado de dinero; – generación de marcos específicos de discriminación en contra de grupos específicos de niñas y niños, particularmente, las hijas y los hijos de personas usuarias o de personas privadas de la libertad, así como de las y los que se involucran, por pobreza, a la fuerza, en búsqueda de una

CORINA GIACOMELLO

identidad y de un sentido de pertenencia, a pandillas o al crimen organizado. El marco internacional de control de drogas, que, en su retórica, surge para proteger a la infancia, termina, en cambio, discriminando a las hijas y los hijos de “los malos”, reproduciendo sobre ellos las mismas prácticas y los mismos estigmas. Los temas anteriores son abordados en distintos capítulos de esta obra, a saber: “Adolescentes y delitos contra la salud en México”, donde se analiza el caso de la criminalización de adolescentes por delitos relacionados con drogas en México; “Memoria-manía. La conmemoración oficial de las víctimas de la guerra contra las drogas”, que muestra cómo el Estado mexicano ha capitalizado la política y la pedagogía de la memoria, construyendo obras monumentales para conmemorar a ciertas víctimas y reproducir ciertos discursos; y “Política de drogas y sustentabilidad: relación y nexos con la Agenda Global de Desarrollo y los ods”, en el cual se vinculan las políticas de drogas con los objetivos de desarrollo sostenible. Los efectos negativos del marco internacional de control de drogas conllevan que este se encuentre, hoy en día, cuestionado y en proceso de cambio. Los cambios son, generalmente, parciales, es decir, no se apunta a una revisión de los tratados ni se ha logrado un cambio de paradigma integral ni consensuado por toda la comunidad internacional, pero sí políticas que abren horizontes posibles de transformación y que se abordan en este libro. El cambio más conocido y el más relevante tiene que ver con los procesos de regulación de la marihuana para fines médicos y/o recreativos. Los casos donde esta regulación tiene lugar bajo el control del Estado en todo el territorio nacional son Uruguay (para fines recreativos) y Canadá (medicinal y recreativo). En los Estados Unidos existen estados con marihuana legal para fines médicos o ambos. Los artículos “Estrategias de incidencia en la regulación de la marihuana en México: logros y perspectivas” y “Regulación legal de la marihuana a nivel internacional y experiencias de justicia social” plantean los diversos escenarios de regulación de la marihuana a nivel internacional y en México. Pero estos no son los únicos ámbitos de intervención. También existen modificaciones que atienen específicamente el caso de mujeres encarceladas por delitos de drogas; ejemplo de ello es Costa Rica: en este país, en 2013 se aprobó una reforma a la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales, y financiamiento al terrorismo, donde se introdujo el artículo 77 bis, que prevé una reducción de penas para mujeres en condición de vulnerabilidad, acusadas de introducir drogas a centros de reclusión. El texto del artículo dice textualmente:

INTRODUCCIÓN

La pena prevista en el artículo anterior será de 3 a 8 años de prisión, cuando una mujer sea autora o participe en la introducción en establecimientos penitenciarios de sustancias tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y cumpla una o varias de las siguientes condiciones: • Se encuentre en condición de pobreza; • Sea jefa de hogar en condición de vulnerabilidad; • Tenga bajo su cargo personas menores de edad, adultas mayores o personas con cualquier tipo de discapacidad que amerite la dependencia de la persona que la tiene a su cargo; • Sea una persona adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad.

Antes de esta reforma, todas las personas eran sentenciadas con el mismo artículo, que prevé penas de entre ocho y veinte años por todos los delitos de drogas (excepto la posesión para consumo personal, que no es considerada delito); 66% de las mujeres en prisión estaban acusadas de delitos de drogas y en su mayoría compartían el perfil descrito en la primera sección de este capítulo: pobres, con bajos niveles de estudio y madres solteras. El caso de Costa Rica no es único, al contrario, a nivel mundial, el encarcelamiento por delitos de drogas tiene claramente un rostro femenino, siendo la primera o segunda causa de encarcelamiento de mujeres y el gran propulsor del aumento de la población femenina privada de la libertad. Este tema se aborda en los capítulos “Mujeres en prisión por delitos de drogas: fugas dentro del cerco del patriarcado”, “Los efectos del discurso del enemigo, el derecho penal y la guerra contra las drogas en las mujeres” e “Individualización de la pena y arresto domiciliario para mujeres. Desarrollo jurídico en la Argentina”. Por otro lado, el debate sobre alternativas al encarcelamiento por delitos de drogas en México ha ganado cierto espacio en América Latina y el Caribe. En 2015, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (cicad), publicó el Informe técnico sobre alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con drogas, elaborado por el Grupo de Soporte Técnico bajo el liderazgo del reconocido jurista colombiano Rodrigo Uprimny. El informe contiene reflexiones jurídicas y teóricas sobre las medidas alternativas y sus alcances, así como un abanico de experiencias que podrían ser adaptadas al contexto regional. Si bien el estudio aborda un amplio abanico de alternativas, en la región se ha privilegiado la creación de las llamadas cortes de drogas, una alternativa al encarcelamiento para delitos menores no violentos asociados al uso dependiente de sustancias. En México operan bajo la figura de la suspensión condicional del proceso (Código Nacional de Procedimientos Penales) y de la Ley Nacional de Ejecución Penal, como

CORINA GIACOMELLO

alternativa en la ejecución de la pena, con el nombre de Programa de Justicia Terapéutica. El capítulo “Programa mexicano de justicia terapéutica para personas con consumo de sustancias psicoactivas” explica la implementación de este modelo en México. Esta obra, por lo tanto, aborda desde el enfoque internacional y nacional los debates actuales en materia de políticas de drogas y ayuda a entender cómo estas políticas afectan todas las áreas de nuestras vidas y se intersectan con otros ámbitos de las políticas públicas y de las relaciones sociales y geopolíticas.

REGULACIÓN LEGAL DE LA MARIHUANA A NIVEL INTERNACIONAL Y EXPERIENCIAS DE JUSTICIA SOCIAL ZARA SNAPP* JORGE HERRERA VALDERRÁBANO** Resumen En este artículo se realiza una evaluación de las reformas en materia de políticas de drogas a nivel internacional y se propone la regulación del mercado de drogas bajo la perspectiva de justicia social. Dicha propuesta surge en contraposición con las políticas prohibicionistas que por décadas han prevalecido y provocado graves consecuencias en la economía, seguridad y los derechos humanos. Palabras clave: regulación, política de drogas, marihuana, derechos humanos, justicia social. Abstract In this article, an evaluation concerning national drug reforms is made, and a regulation of the drug market from a social justice perspective is proposed. This proposal arises as a contraposition of the prohibitionist policies that for decades have prevailed and provoked severe consequences in the economy, security, and human rights. Keywords: regulation, drug politics, marijuana, human rights, social justice. SUMARIO: 1. Introducción. 2. Regulación desde un marco de justicia social; 2.1. Países Bajos; 2.2. Colorado; 2.3. Washington; 2.4. California; 2.5. Jamaica; 2.6. Uruguay. 3. Conclusiones. 4. Bibliografía.

Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Cofundadora del Instituto ria. Licenciado en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey. Cofundador del Instituto ria.

ZARA SNAPP, JORGE HERRERA VALDERRÁBANO

1. INTRODUCCIÓN En los últimos 50 años, el sistema internacional de fiscalización de las drogas ha determinado las políticas prohibicionistas en la materia, mismas que han sido implementadas por la mayoría de los países en el mundo. Estas se han caracterizado por centrarse en la reducción de la producción y oferta de sustancias psicoactivas, afectando a su paso a la población, debido a la violencia asociada a las políticas represivas, el sobre encarcelamiento, y las violaciones a derechos humanos resultantes. En el mundo, el 18% de las personas están en prisión por delitos relacionados con drogas,1 situación que tiene evidentes disparidades raciales (40% de las personas por delitos relacionados con drogas en eua son afroamericanos)2 y de género (el 70% de las mujeres en prisión en América Latina y el sudeste asiático han sido sentenciadas por delitos relacionados con drogas, incluyendo la posesión).3 Las comunidades originarias siguen empobreciéndose sin poder hacer uso lícito de los cultivos de plantas fiscalizadas. Las personas siguen desplazándose al huir del combate frontal entre los grupos criminales y las fuerzas de seguridad; y las personas que usan drogas siguen siendo estigmatizadas, encarceladas, y en muchas ocasiones, asesinadas bajo la pena de muerte, que aún está presente en 33 países.4 Por medio de detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas, los países pretenden demostrar resultados en términos de incautaciones y arrestos, cuando los “resultados” en derechos humanos han sido atroces. Las consecuencias devastadoras del paradigma prohibicionista han llegado a cada sector de la sociedad en las Américas, incluyendo violaciones a los derechos humanos, la falta de un Estado de derecho, de acceso a la justicia y una criminalización de las y los usuarios de sustancias. Las poblaciones que más sufren los impactos negativos de las actuales políticas de drogas son las mujeres, jóvenes, afrodescendientes, indígenas y per-

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onudd, World Drug Report 2016, Sistema de Naciones Unidas, 2016, pp. 101 Drug Policy Alliance, The Drug War, Mass Incarceration and Race, dpa, New York, 2016. http://www.drugpolicy.org/sites/default/les/DPA%20Fact%20Sheet_ Drug%20War%20Mass%20In-carceration%20and%20Race_(Feb.%202016). pdf (consultado el 4 de agosto de 2016). Or http://www.globalcommissionondrugs. org/wp-content/uploads/2016/11/GCDP-Report-2016_ES.pdf. Fecha de consulta: 8 de octubre de 2017. Global Commission on Drug Policy, Avanzando la Reforma de la Política de Drogas, 2016, pp. 19, fecha de consulta: 8 de octubre de 2017, http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2016/11/GCDP-Report-2016_ES.pdf. Ibid., p. 27.