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Estudios de la Seguridad Ciudadana
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Estudios de la Seguridad Ciudadana
Revista Científica, Volumen 2, Año 2
Revista Científica, Volumen 2, Año 2
ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Volumen 2
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Javier de Lucas Martín
Ana Cañizares Laso
Víctor Moreno Catena
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
Luis López Guerra
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Tomás S. Vives Antón
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
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ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Volumen 2
tirant lo blanch Ciudad de México, 2019
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Dr. Rogelio Barba Álvarez
Universidad de Salamanca (España)
Universidad de Guadalajara
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Universidad Autónoma del Estado de México
Dr. José de Jesús Quintana Contreras Universidad de Guadalajara
Dra. Aurea Esther Grijalva Eternod Universidad de Guadalajara
Dra. Luz Anyela Morales Quintero
Universidad Autónoma de Puebla
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I
Directorio Director General José Zaragoza Huerta Directora Adjunta Yolanda M. Jiménez Meza Responsable del número Selene López Sánchez Responsables técnicos Carla Monroy Ojeda Gil David Hernández Castillo José de Jesús Hernández García Diseño Gráfico Eduardo González Leal Isla
Revista Semestral. Reserva de derechos al uso exclusivo: 04-2017-073109540700-102, otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor. ISSN en trámite. Fecha de publicación: Abril de 2019. Dirigir correspondencia a: Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León. Carretera libre Monterrey-Saltillo km. 58, sin colonia. Santa Catarina, Nuevo León. México, C.P.66350. Teléfono: (81) 20203800 Ext. 1190 Correo Electrónico: revista@ucs.edu.mx
Portada del segundo volumen de Estudios de la Seguridad Ciudadana
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ÍNDICE
Capacidades estatales en materia de seguridad, los casos del Estado de México (Partido Institucional), Morelos (Partido de la Revolución Democrática) y Sinaloa (Partido Acción Nacional). Alberto Espejel Espinoza Elizabeth C. Cobilt Cruz
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Percepción de inseguridad ciudadana en el municipio de Apodaca, Nuevo León (2013-2015).
El conocimiento cientí co es el mejor medio para combatir la criminalidad” Dr. José Zaragoza Huerta
Sagrario Garay Rosa María Flores
56
El testimonio sobre abuso sexual en el periodo operacional concreto, caracterización desde el Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS) Metropolitano. David Méndez Valiente.
89
La experiencia colombiana en materia de seguridad y la aplicación práctica de la Carta Iusfundamental de 1991. Filiberto Eduardo R. Manrique Molina. Omar Huertas Díaz.
108
La participación de las comunidades en la construcción de la ciudad segura.
Adolfo Benito Narváez Tijerina/UANL.
131
Organizaciones vecinales como estrategia de seguridad ciudadana en el marco del desarrollo sustentable: Un estudio de caso en Nuevo León. María de Jesús Ávila Sánchez. Eric Omar Pantoja Donia. José Alfredo Jáuregui Díaz
159
Prevención del delito y tecnología: La instalación de cámaras de videovigilancia y alarmas como medida de protección de los hogares en México. Lucía Carmina Jasso López.
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Año 2, Número 2, 2019.
studios de la Seguridad Ciudadana tiene como objetivo ofrecer un espacio para la publicación de trabajos de excelencia de investigadores y académicos de las ciencias sociales con alto rigor académico y que desde una perspectiva multidisciplinaria puedan activar el debate teórico y/o presenten resultados de investigación con evidencia empírica sobre los temas relacionados a la seguridad. Por tanto, se aceptarán trabajos de índole teórico desde la filosofía del derecho, ciencia política, sociología y antropología así como trabajos de contraste empírico referido a la seguridad ciudadana; seguridad pública; seguridad nacional; seguridad humana; seguridad alimentaria; seguridad fronteriza; seguridad humana y seguridad ambiental. Así como también a las experiencias sobre la implementación de las mejores prácticas de administración de recursos policiales; la prevención del delito; el combate e investigación del crimen; derechos humanos; observatorios ciudadanos;neuroderecho; victimología; adolescentes en conflicto con la justicia, ciudades seguras, entre otras. Universidad de Ciencias de la Seguridad
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La aceptación de artículos para su publicación es con base en convocatoria pública y para su revisión se utiliza el sistema doble ciego por especialistas internos y externos de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León.
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Presentación El precio de la grandeza es la responsabilidad” Winston Churchill
Es un honor para la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León (UCS), tener esa gran responsabilidad social en Materia de Seguridad, es por ello que a través de la Revista Estudios de la Seguridad Ciudadana se tiene como objetivo vincular a nivel mundial el conocimiento, avance tecnológico y estrategias de vanguardia aplicables a este campo tan sensible y necesario para la estabilidad de cualquier sociedad actual. La UCS se erige hoy en día como una de las Instituciones más avanzadas en Materia de Seguridad, generando capital humano profesional, y capacitando con tecnología de punta a las diversas corporaciones de seguridad del Estado y externas. En este orden de ideas, la creciente evolución de la actividad delictiva, mantiene en constante lucha a las Instituciones encargadas de la Seguridad; la UCS reconoce que es vital la diversificación del conocimiento para prevenir y conocer las necesidades de las distintas sociedades en Materia de Seguridad, por esta razón, lanza el segundo número de la Revista Estudios de la Seguridad Ciudadana, con el objetivo de generar un espacio de conocimiento Científico de consulta masiva que sirva para todos aquellos académicos, investigadores, estudiantes, expertos o interesados en esta Materia, para contrastar y debatir los diferentes ejes de conocimiento que se plasman en esta Segunda Edición.
Dr. José Zaragoza Huerta Rector de la Universidad
de Ciencias de la Seguridad. Universidad de Ciencias de la Seguridad
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ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Volumen 2
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Capacidades estatales en materia de seguridad, los casos del Estado de México (Partido Revolucionario Institucional), Morelos (Partido de la Revolución Democrática) y Sinaloa (Partido Acción Nacional) Alberto Espejel Espinoza (1)
Elizabeth C. Cobilt Cruz (2) State capabilities in security, the cases of the State of México (Institutional Revolutionary Party), Morelos (Party of The Democratic Revolution) and Sinaloa (National Action Party)
Resumen El trabajo tiene como objetivo mostrar si la diversidad partidaria mejora o no los resultados en materia de capacidades estatales a nivel subnacional en cuanto a la incidencia del crimen organizado en la inseguridad y la representación política. Por ello, se analizan y compararán tres casos extremos, estados violentos (Sinaloa 2010-2016, Morelos 2012-2018 y Estado de México 2011-2017), gobernados cada uno por un partido distinto (Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional, respectivamente). Con base en el análisis hemerográfico y la recopilación de información estadística se muestra que el gobierno de partido importa a nivel subnacional, toda vez que las entidades muestran variaciones importantes. 1 Politólogo. Dr. en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor Investigador del Área Política de la División de Ciencias Socioeconómicas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1. Líneas de investigación: Partidos políticos y militancias; Asociaciones Público-Privadas; Capacidades estatales; Seguridad y violencia. alberto.espejel.espinoza@gmail.com 2 Socióloga. Dra. en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Consultora Independiente en las siguientes líneas de investigación: Partidos políticos y democracia; Procesos Electorales Locales; Clientelismo; Capacidades estatales. elizabeth.cobilt@gmail.com
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Palabras clave: partido acción nacional, partido de la revolución democrática, partido revolucionario institucional, inseguridad, crimen organizado. Abstract The work aims to show whether or not the partisan diversity improves outcomes on state capacities at the subnational level in the incidence of organized crime in insecurity and the generation of representation. Therefore, analyzing and comparing three extreme cases, violent states (Sinaloa 2010-2016, Morelos 2012-2018 and State of Mexico 2011-2017), each one governed by a different party (National Action Party, Party of the Democratic Revolution and Institutional Revolutionary Party, respectively). Based on the hemerographic analysis and statistical information, it is shown that the party government matters at the subnational level, since the entities show significant variations. Keywords: national action party, party of the democratic revolution, institutional revolutionary party, insecurity, organized crime. Introducción México es uno de los países más violentos de América Latina, no solo eso también es uno de los más corruptos (OCDE, 2017) y desiguales de la región (CEPAL, 2017). Ahora bien, respecto al primer punto, diversas organizaciones de la sociedad civil alertan que México atraviesa por una severa crisis de seguridad, ya que los delitos de alto impacto, tales como: el homicidio doloso, la extorsión, el robo total con violencia y el robo de vehículo, tuvieron aumentos importantes. De hecho, 2017 ha sido considerado como el año más violento en México. Sin embargo, vale decir que cuando acercamos la mirada al ámbito subnacional, el comportamiento de los delitos difiere. (3) En ese sentido, la literatura referida a las capacidades estatales, entendidas como la condición potencial o demostrada de lograr un resultado a partir de la aplicación de determinados recursos y del exitoso manejo de condicionamientos, es una buena forma de acercarse al ámbito subnacional y apreciar los resultados en materia de seguridad. Dicha literatura se ha enfocado en una enorme variedad de aristas, resaltando tres: la extractiva (tributaria), 3
Al respecto, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) ha construido un ranking nacional con datos de las carpetas de investigación de delitos. Las entidades más violentas e inseguras del país son: Baja California (1º en robo de vehículo), Baja California Sur (1º en extorsión), Colima (1º en homicidio doloso), Guanajuato (1º en homicidio culposo), Tabasco (1º en robo con violencia), así como Tamaulipas (1º en secuestro) (ONC, 2016: 10 y 11).
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coercitiva (capacidad de salvaguardar el orden), y burocrático-administrativa (provisión de bienes y servicios). La segunda de ellas permite poner atención en la situación de inseguridad que premia a nivel subnacional, un ámbito dicho sea de paso no extensivamente explorado. Por otro lado, el nivel subnacional en México ha estado marcado por estudios enfocados en el ámbito electoral en que se ha resaltado los procesos de alternancia o hegemonías electorales. En todos ellos la figura central han sido los partidos políticos en el acceso al ejercicio de gobierno o la conformación de congresos locales (López, et al, 2011, 2013 y 2014). Empero, una veta poco explorada es cómo han gobernado los partidos y, sobre todo, qué resultados han dado en términos de los principales problemas que aquejan a su población. En ese sentido, el objetivo del presente trabajo es relacionar, por un lado, las capacidades estatales en materia de seguridad y, por otro lado, el color partidista. Para comprender si la diversidad partidaria varía o no las capacidades estatales a nivel subnacional, vía una comparación de tres gestiones, una por cada partido político, en un lapso similar, a saber: Estado de México, gobernada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 2011 a 2017, Sinaloa, gobernada por el Partido Acción Nacional (PAN) de 2010 a 2016 y Morelos, gobernada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de 2012 a 2018. El trabajo está estructurado de la siguiente forma. En primera instancia se presenta brevemente el estado de la cuestión sobre las capacidades estatales en materia de seguridad, junto a ello se explican los criterios de selección de los casos y las dimensiones estudiadas. En segundo lugar, se presenta el caso del Estado de México, seguido de Morelos y, posteriormente, de Sinaloa. En todos ellos se aclara el contexto socioeconómico y electoral previo a la llegada del partido y gobierno analizados, así como los resultados en materia de seguridad en la entidad, concretamente en la violencia perpetrada por el crimen organizado, así como su incidencia en la generación de la representación política. Finalmente, se presenta una discusión en la que se comparan los resultados de los gobiernos previamente aludidos. Capacidades estatales en materia de seguridad y selección de casos La literatura referida a las capacidades estatales recuperada, desde diversas disciplinas, para dar cuenta, explicar y/o evaluar el funcionamiento del Estado en sus diversos niveles. No se trata de una literatura reciente, aunque en América Latina apenas comienza a ser explorada. Siguiendo a Schilde (2015), el interés por la categoría surgió gracias al trabajo de Skocpol, Evans y (1985) que permite pensar al Estado como un conjunto Universidad de Ciencias de la Seguridad
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de instituciones y capacidades. Los autores plantean, retomando a Weber, que existen tres capacidades estatales: extractiva (o tributaria), coercitiva (salvaguardar el orden) y burocrático-administrativa (provisión de bienes y servicios). En México, las capacidades burocrático-administrativa y coercitiva presentan fallas importantes. En el caso de la primera, debido a que la doble transición supuso el vaciamiento Estado y, por ende, el adelgazamiento del sector público en favor del privado. Mientras que la segunda es vulnerada debido a la presencia de poderes fácticos o intereses creados, tal como el crimen organizado, que ponen en jaque el logro de determinadas metas como la seguridad. Ahora bien, ¿qué se ha estudiado en torno a las capacidades en seguridad? Podemos dividir la literatura en dos tipos de acercamientos. En primer lugar, aquellos que la entienden como una variable independiente, cuya debilidad afecta: 1) el gasto público para proveer bienes para la ciudadanía, así como la capacidad para recaudar impuestos (Cárdenas, et al, 2013) o 2) socava la capacidad del gobierno para justificar su propia existencia (Egweni, 2013). En segundo lugar, se encuentran quienes conciben que dicha capacidad se explica por: 1) la precarización laboral -Besley y Persson, 2015- o 2) los altos niveles de precariedad (Gans-Morse, 2017). En ese sentido, su estudio ha sido abordado desde los métodos cualitativo, cuantitativo y comparativo. No obstante, los trabajos realizados han sido interestatales, no intraestatal en contextos federales, como la que aquí se propone. Por ello, retomando la idea de que la capacidad en seguridad debe ser analizada, pues podría afectar a otras, se plantea observar la influencia del crimen organizado en el ámbito subnacional, en dos dimensiones: 1.) El monopolio de la violencia: se trata de la capacidad del control de la violencia y la coerción, la cual es vulnerada, en zonas geográficas en que son los grupos delictivos los que imponen castigos vía una relación de dominación en territorios concretos (Hendrix, 2015; Mejías, 2016). Tal situación pone en tela de juicio el monopolio
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de la violencia ante la omisión y/o complicidad de autoridades a nivel subnacional (4). 2.) Violencia política en elecciones: la dominación estatal toma cuerpo en la forma de gobierno democrático. No obstante, cada vez es más habitual que el crimen organizado interfiera en los procesos electorales, amedrentando o desapareciendo candidatos o generando un clima de inseguridad que desaliente la participación (Ponce, 2016), lo cual puede afectar sustancialmente la representación política (Hernández y Schobert, 2012). (5) Ahora bien, ¿qué tipo de dinámicas subnacionales importan? Se propone trabajar con un tipo de dinámica subnacional en que la violencia esté presente en su máxima expresión al inicio de la gestión, para tratar de apreciar si existió o no variación en los resultados de gobierno. El informe 8 Delitos Primero. Índice Delictivo (CIDAC, 2015) combina la percepción de la población con los datos de las carpetas de investigación de delitos de alto impacto, gracias a lo cual clasifica las entidades de acuerdo con el grado de afectación severa, grave, media y moderada. Recuperando dicho trabajo, se seleccionaron tres entidades con afectación severa, tratando de mantener estable dicho nivel de incidencia, gobernadas por distintos partidos. De ahí que se seleccionaron los casos de: Sinaloa gobernado por el PAN (2010-2016), Morelos por el PRD (2012-2018), así como el Estado de 4 Para dar evidencia de lo anterior, se configuraron dos bases de datos. La primera con el registro de las Averiguaciones sobre Homicidios Dolosos (AHD) vía fuentes oficiales como el Secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ya que se trata de la única fuente que ofrece continuidad en la recuperación de datos para los tres casos de estudio. El problema con dicha cifra es que una averiguación hace referencia a un evento, el cual puede incluir uno o más homicidios dolosos, por ende, tiende a subestimar el número real de homicidios dolosos. Por ende, con el objetivo de apreciar el nivel de violencia perpetrada por grupos criminales, se complementó con una segunda base en que se registraron los Homicidios dolosos ligados al Crimen Organizado (HDCO) vía datos emanados de Organizaciones de la Sociedad Civil, ya que el SESNSP no midió tal cifra en los periodos de estudio. No obstante, aquí surgió un problema, ninguna fuente dio continuidad a dicha medición en las entidades seleccionadas, aunado a que existen periodos en donde ni siquiera se midió. 5 Para dar evidencia de lo anterior, se construyó una base de datos hemerográficos, para identificar la violencia en periodos electorales en cada entidad. En todos los casos se revisó solamente el periodo de campaña, salvo en el caso de Morelos en 2018, ya que la campaña recién está en marcha, por lo cual ahí se revisó el periodo de precampaña. La violencia hacia políticos se clasificó en: asesinato; atentado contra familiares; heridos con arma; asaltos violentos; intimidaciones y amenazas; agresiones con arma de fuego; agresiones y lesiones; secuestros (Etellekt, 2018).
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México gobernado por el PRI (2011-2017). Lo anterior permitirá apreciar si el que un partido distinto gobierne mejora o no las capacidades en materia de seguridad en las dimensiones seleccionadas. A continuación, se presenta cada caso, todos incluyen un panorama socioeconómico y político previo a la llegada del nuevo gobierno (PAN y PRD) o el mantenimiento del tradicional (PRI). Luego se muestran los resultados en las dos dimensiones de interés. Estado de México, un gobierno de larga data con malos resultados (2011-2017) El PRI no ha perdido el gobierno del Estado de México, se trata de una de las pocas entidades de la República Mexicana que no ha vivido la alternancia de su gobernador. No obstante, que a nivel de congreso local y presidencias municipales si ha vivido transformaciones sustanciales, desde la década de los noventa, gracias a las reformas y decretos electorales de esa década. Cuadro 1. Elecciones de gobernador Proceso electoral 1993 Partido o coalición Porcentaje
PRI 62.36
PAN 17.82
PRD 8.7
Proceso electoral 1999 Partido o coalición Porcentaje
PRI 41.06
PAN-PVEM 34.31
PRD y PT 21.27
Porcentaje
PRI-PVEM 47.57
PAN-Convergencia 24.73
PRD-PT 24.25
Proceso electoral 2011 PRD, PT y Convergencia Porcentaje 64 12.86 22 Fuente: Elaboración propia con base en Sánchez (2013). Partido o coalición
PRI, PVEM y PNA
44.54 Diferencia porcentual entre primer y segundo lugar 6.75 Diferencia porcentual entre primer y segundo lugar
Proceso electoral 2005 Partido o coalición
Diferencia porcentual entre primer y segundo lugar
PAN
22.84 Diferencia porcentual entre primer y segundo lugar 42
Como se aprecia en el Cuadro 1, las elecciones de gobernador han tenido resultados ambivalentes, pero en ninguna de ellas ha existido una competitividad
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que haga pensar que el PRI podría perder la gubernatura. (6) De hecho, el PRI, de la mano de Eruviel Ávila Villegas, triunfó en 2011 con 42% de ventaja sobre el segundo lugar. Además, que en esa elección recuperó la mayoría en la Legislatura local. Ahora bien, respecto a los problemas socioeconómicos del inicio del periodo de estudio, vale la pena plantear que se trataba del territorio más poblado del país con poco más de 15 millones de habitantes, es decir, cerca del 15% de población del país. En términos económicos, aportaba el 9.4% al Producto Interno Bruto Nacional, ocupando el segundo lugar en las entidades que más aportaba. Entretanto, en educación se encontraba en el lugar 26 de las 32 entidades federativas, ya que el promedio de escolaridad de la población de 15 años y más era de 9.1, por arriba de la media nacional que se ubicaba en 8.6 años (INEGI, 2011). Mientras que, en cuanto pobreza, casi el 50% de su población se encontraba en dicha situación, mientras el 7.2 por ciento lo estaba en pobreza extrema; ocupando el lugar 11 y 14, respectivamente, frente a otras entidades (CONEVAL, 2012). Finalmente, en materia de corrupción se encontraba en el lugar número dos de las entidades federativas, de acuerdo con el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010, con una puntuación de 16.4. Es decir, la entidad más corrupta solo superada por el Distrito Federal (Transparencia Mexicana, 2011). Ahora bien, qué se encontró respecto al monopolio legítimo de la violencia en la entidad. Dadas las inconsistencias de los datos oficiales e incluso de los proporcionados por organizaciones de la sociedad civil, no se puede concluir tajantemente. Gráfica 1. Averiguaciones sobre Homicidios Dolosos (AHD) en EDOMEX, anual (2011-2017) 7000
5934
6000
5863
6014 5075
5000 4000 3000
4337
4863 2620
2000 1000 0
Primer Segundo Tercer Cuarto Quinto Sexto Último Año (2001) Año (2012) Año (2013) Año (2014) Año (2015) Año(2016) Año (2017)
Fuente: Elaboración propia con base en información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
6 Recientemente, al término del gobierno analizado el resultado electoral fue el más cerrado de la historia de la entidad. El partido, de reciente creación, Movimiento Regeneración Nacional estuvo a 2.78% de diferencia del PRI.
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