ESTADO, GOBIERNO Y SOCIEDAD
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH
María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Cañizares Laso
Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho.
Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
María Luisa Cuerda Arnau
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón
Carmen Domínguez Hidalgo
Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
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Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
José Luis González Cussac
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Luis López Guerra
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
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Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
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Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania)
Miembro de la Comisión de Venecia
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y
Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
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Catedrática de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia
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Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
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Históricas de la UNAM
Ruth Zimmerling
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Fueron miembros de este Comité:
Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón
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ESTADO, GOBIERNO Y SOCIEDAD
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SERGIO ARNOLDO MORÁN NAVARRO
BLANCA MARGARITA GUERRERO GUERRERO
JOSÉ LUIS SANTANA PÉREZ
tirant lo blanch
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© Alejandra Flores Velázquez, Rocío VictoriaCON LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES Y DE AMPARO EN MÉXICO: APUNTES SOBRE EL DEBATE PREVIO
Índice PRÓLOGO ......................................................................................................... 15 DR. ROCÍO VICTORIA ALEJANDRA FLORES VELÁZQUEZ DERECHOS HUMANOS Y PROCESO (PRUEBA E ILICITUD) CUCARELLA GALIANA LUIS-ANDRÉS I. Justicia y equilibrio entre los poderes en el Estado 17 1. Derechos humanos y reconocimiento de la dignidad humana ............... 17 2. Labor jurisdiccional desempañada por órganos administrativos, principio de exclusividad e ilicitud de las pruebas 18 3. División de poderes y equilibrio de la rama judicial en la configuración política estatal ................................................................................... 20 II. Derechos humanos y prueba 25 1. Introducción ......................................................................................... 25 2. Facilitación de la prueba en los procesos por discriminación: impacto en las normas sobre carga probatoria 26 A) Derechos humanos y UE .............................................................. 26 B) El supuesto especial del derecho a la igualdad y prohibición de discriminación 29 C) Trasposición al ordenamiento español y modificación de las normas sobre carga probatoria........................................................... 29 III. Prueba prohibida y delitos contra la comunidad internacional........................ 36 1. Introducción ......................................................................................... 36 2. Extensión y límites de la CPI ................................................................. 36 3. Prueba prohibida, delitos contra la comunidad internacional y evitación de la impunidad: tratamiento procesal .............................................. 41 A) En fase intermedia no puede cuestionarse el carácter prohibido de la prueba: crítica........................................................................ 41 B) En fase de juicio oral .................................................................... 42 IV. Bibliografía ..................................................................................................... 44 LA PROTECCIÓN HORIZONTAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU
PRIETO GODOY CARLOS ALBERTO BARAJAS PALACIOS FRANCISCO I. El Estado liberal burgués de derecho y la transición del poder. Breves notas a manera de introducción .................................................................................... 47 II. La teoría de la Drittwirkung der Grundrechte ................................................. 49
RELACIÓN
Índice 8 III. Problemas fundamentales ............................................................................... 50 IV. Análisis del caso Marcolfo F. Torres ................................................................ 50 V. La reforma constitucional del 06 de junio del año 2011 ................................... 52 VI. La autoridad responsable en el juicio de amparo y la Convención Americana de Derechos Humanos ........................................................................................ 57 VII. Conclusiones ................................................................................................. 59 VIII. Fuentes de consulta ...................................................................................... 61 LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CONSTITUCIONALISMO MEXICANO. APROXIMACIONES A OTROS PARADIGMAS DE RECONOCIMIENTO JURDÍDICO SALCEDO ROSALES JUAN MIGUEL I. Introducción ..................................................................................................... 63 II. Repensando a los derechos humanos desde otros paradigmas .......................... 64 III. Los Derechos humanos en el constitucionalismo mexicano............................. 68 IV. Reconocimiento jurídico de los derechos humanos desde otras alternativas constitucionales .............................................................................................. 72 V. Conclusiones .................................................................................................... 74 VI. Referencias bibliográficas ............................................................................... 75 LA POBREZA COMO INCUMPLIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO SAMANIEGO SANTAMARÍA LUIS GERARDO I. Introducción ..................................................................................................... 77 II. Pobreza y su relación con los derechos humanos 79 III. La pobreza como resultado del incumplimiento de derechos humanos ........... 81 IV. La pobreza como acción prioritaria de los objetivos de la organización de las naciones unidas ......................................................................................... 83 1. La pobreza como objetivo principal de la agenda 2030 de los objetivos del desarrollo sostenible (ods) ................................................................. 83 V. LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO LIBERAL AL ESTADO SOCIAL DE DERECHO 84 1. El estado liberal de derecho................................................................... 85 2. El estado social de derecho.................................................................... 86 3. El debilitamiento del estado social de derecho....................................... 88 VI. La reconstrucción del estado de bienestar en México 90 VII. Conclusiones ................................................................................................. 92 VIII. Fuentes de referencia .................................................................................... 93
Índice 9 ACERCAMIENTO AL RÉGIMEN FISCAL PARA LAS CRIPTOMONEDAS EN MÉXICO Y LA NECESIDAD DE UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA COSSIO RIVERA MARÍA DOLORES FLORES BECERRA LUIS ALBERTO I. Introducción ..................................................................................................... 97 II. Método ............................................................................................................ 98 III. Marco conceptual ........................................................................................... 99 1. ¿Qué es un activo virtual o criptomoneda? 99 2. ¿Por qué los activos virtuales no son una moneda o producto financiero? 101 3. ¿Qué son las casas de intercambio de monedas? ................................... 103 4. ¿A qué se refiere el principio de legalidad en materia tributaria? ........... 103 IV. Desarrollo 104 1. Situación en México.............................................................................. 104 2. La Ley del Impuesto sobre la Renta y la enajenación de bienes ............. 105 3. La Ley del Impuesto sobre la Renta y la determinación la ganancia en la operación .......................................................................................... 105 4. El Código Fiscal de la Federación y el comprobante fiscal ..................... 106 5. La Resolución Miscelánea Fiscal y las comisiones de las casas de intercambio .............................................................................................. 107 6. La Ley del Impuesto sobre la Renta y el momento en que se genera la obligación ......................................................................................... 108 7. Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y los avisos. ......................................................... 108 V. Discusión ......................................................................................................... 109 VI. Conclusión ..................................................................................................... 111 VII. Referencias .................................................................................................... 112 LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS, LA ESTRATEGIA ATRÁS DEL PRODUCTO GARCÍA MURILLO JOSÉ GUILLERMO I. Introducción ..................................................................................................... 115 II. Fuentes de consulta .......................................................................................... 123 LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL FRENTE AL POPULISMO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ MIGUEL ÁNGEL I. Introducción ..................................................................................................... 125 II. Populismo ........................................................................................................ 126 III. Democracia constitucional .............................................................................. 130 IV. Efectos del populismo sobre la democracia constitucional 135 V. Conclusión general ........................................................................................... 138 VI. Fuentes consultadas ........................................................................................ 138
Índice 10 EL PARLAMENTO: SU HISTORIA Y SUS RETOS GARCÍA MARTÍNEZ MARÍA ASUNCIÓN I. Del Concilium Regio al Parlamento .................................................................. 141 II. El Parlamento estamental y los retos de nacimiento. El modelo del Parlamento británico .......................................................................................................... 143 III. Los Parlamentos continentales. Los retos del Estado absoluto ........................ 146 IV. El Parlamento liberal. Los retos de adaptación al nuevo modelo político y social y la redefinición de los principios parlamentarios 147 V. El Parlamento liberal en los Estados latinoamericanos ..................................... 150 VI. Los nuevos retos de los siglos XX y XXI. La crisis de la representación ......... 151 VII. Una reflexión final ¿Subsiste el mandato representativo? ............................... 159 AFECTACIONES AL DERECHO A LA SALUD POR EL COVID-19: ¿RESPONSABILIDAD ESTATAL O RESPONSABILIDAD CIVIL? VELOZ ROMO MIGUEL ÁNGEL I. Introducción ..................................................................................................... 163 II. El derecho a la salud y el COVID-19................................................................ 165 III. Obligaciones del estado derivadas de la pandemia .......................................... 167 IV. El rol de los particulares en el cumplimiento de las normas derivadas del COVID-19 171 V. Conclusiones .................................................................................................... 172 VI. Fuentes ........................................................................................................... 173 1. Bibliográficas ........................................................................................ 173 2. Artículos 174 3. Normas ................................................................................................. 174 “EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA COMO MOTOR DE LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO” GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO I. Introducción ..................................................................................................... 175 II. El servicio profesiona de carrera ...................................................................... 177 III. Reflexiones finales 185 IV. Bibliografía ..................................................................................................... 187 LA ESTIGMATIZACIÓN SOCIAL DEL DELINCUENTE EN MÉXICO. EL DERECHO PENAL DEL ETIQUETAMIENTO SOCIAL Y LA SEGREGACIÓN The social stigmatization of the offender in Mexico. The criminal law of social labeling and segregation LAMAS MEZA SAÚL ADOLFO I. Introducción ..................................................................................................... 190 II. El delincuente como constructo social .............................................................. 191
Índice 11 III. Presunción de inocencia versus Presunción de culpabilidad............................. 193 3.1. Reconocimiento del principio de presunción de inocencia en la Carta Magna. 193 3.2. Reconocimiento del principio de presunción de inocencia en tratados e instrumentos internacionales. ............................................................ 194 IV. Autoestigmatización, búsqueda de identidad y la necesidad de pertenencia a un grupo ......................................................................................................... 196 4.1 El surgimiento y expansión de las tribus urbanas en el contexto internacional. ............................................................................................... 197 4.2. El surgimiento contextual de las tribus urbanas en México. ............... 198 4.3. Principales tribus urbanas y movimientos sociales que han tenido auge en México. ........................................................................................ 198 V. El fenómeno sui generis de los ‘’Mara-Salvatruchas’’ ........................................ 200 VI. Condenado a ser criminal. Las teorías del delincuente nato ............................ 201 VII. La filosofía del “labeling approach” (etiquetamiento delictivo). ¿Individualización penitenciaria o estigmatización social? 204 VIII. Conclusiones ................................................................................................ 205 IX. Propuestas ...................................................................................................... 206 X. Fuentes de consulta ......................................................................................... 207 LAS VIDEOGRABACIONES COMO MEDIOS DE PRUEBA EN MATERIA PENAL EN MEXICO DE LA ROSA RODRÍGUEZ PAOLA I. I. Introducción 209 II. Videograbaciones como medios de prueba ....................................................... 210 III. Implicaciones del video como prueba en un proceso judicial........................... 212 IV. Videograbaciones con fines de investigación criminal en el derecho comparado .... 214 VI. Escasa regulación de las videograbaciones en México 218 VI. Conclusión ..................................................................................................... 223 VII. Bibliografía ................................................................................................... 224 Criterios jurisprudenciales ........................................................................ 225 LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN QUE LLEVA ACABO LA AUTORIDAD Y SU VULNERACIÓN, A LA LUZ DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO ANAYA RÍOS MIGUEL ÁNGEL ANAYA RÍOS JOSÉ LUIS I. Introducción 228 II. Etapa de investigación penal y el actuar de la autoridad en la vulneración de los derechos humanos. ................................................................................ 229 III. Institución del Ministerio Público y sus actos de investigación ........................ 233 IV. Conclusión 237 V. Bibliografía ...................................................................................................... 238 Leyes ......................................................................................................... 239
Índice 12 Jurisprudencias ......................................................................................... 239 Consulta de diccionario de la Real Academia del Español ......................... 239 DEL FEDERALISMO DUAL AL CENTRALISMO FROM DUAL FEDERALISM TO CENTRALISM ARMIENTA HERNÁNDEZ GONZALO I. Concepto de federalismo ................................................................................... 241 II. Surgimiento del federalismo 242 III. Origen del federalismo en méxico ................................................................... 243 IV. Los convenios de coordinación federación estados y municipios ..................... 247 V. El sistema nacional de coordinación fiscal ........................................................ 249 VI. La coordinación en materia de seguridad nacional ......................................... 253 VII. La guardia nacional ....................................................................................... 255 VIII. Conclusiones ................................................................................................ 256 IX. Bibliografia 256 Leyes consultadas ..................................................................................... 257 EL CARÁCTER UNIVERSAL DEL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO MANDUJANO SAÚL LOZANO PATRICIA I. Introducción ..................................................................................................... 259 II. El carácter universal del principio democrático como norma imperativa del corpus iuris internacional ................................................................................ 261 III. Defensa de la democracia representativa y el gradualismo de las acciones colectivas prodemocráticas ............................................................................. 265 IV. Acciones colectivas en favor de la democracia y su instrumentación en el sistema interamericano ................................................................................... 267 V. Abrir la legitimación y revisar las causas, un área de oportunidad para las acciones colectivas prodemocráticas ................................................................ 271 VI. Conclusión ..................................................................................................... 274 VII. Fuentes consultadas 274 EL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, ASPECTOS RELEVANTES EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y SU IMPACTO EN LA CONSTITUCIÓN MEXICANA MORÁN NAVARRO SERGIO ARNOLDO I. El derecho a la inviolabilidad del domicilio ....................................................... 277 II. Los elementos del Derecho a la Inviolabilidad del Domicilio 281 III. El concepto de domicilio, como elemento fundamental en el derecho a la inviolabilidad del domicilio. ........................................................................... 286 IV. El derecho a la inviolabilidad del domicilio en la constitución mexicana 288 V. Algunas consideraciones ................................................................................... 293
Índice 13 VI. Literatura consultada Libros y monografías ................................................... 293 Hemerografía ............................................................................................ 295 Normas Jurídicas ...................................................................................... 296 Páginas web 296 Jurisprudencias y tesis: .............................................................................. 296 Precedentes Históricos .............................................................................. 297 EL MEDIO AMBIENTE COMO DERECHO HUMANO Y LA REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL SERRANO MORÁN JOSÉ ANTONIO I. Introducción ..................................................................................................... 300 II. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales .................................. 301 III. Derecho humano al medio ambiente sano....................................................... 305 IV. Las empresas y su impacto en el medio ambiente ............................................ 309 V. La responsabilidad social empresarial como medio de protección al derecho al medio ambiente sano ................................................................................... 312 VI. Conclusión ..................................................................................................... 316 CONSTITUCIONALISMO Y FORMACIÓN JURÍDICA PARA LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS Y LA GOBERNANZA OLMEDA GARCÍA MARINA DEL PILAR INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 317 I. Constitucionalismo, derecho constitucional y constitución 318 II. Derecho constitucional y formación jurídica .................................................... 323 III. El necesario fortalecimiento del constitucionalismo para la vigencia de los derechos y la gobernanza 326 IV. Consideraciones finales ................................................................................... 328 V. Fuentes de consulta .......................................................................................... 330
PRÓLOGO
La investigación científica, es uno de los compromisos que toda institución de educación debe asumir en la actividad cotidiana de sus docentes, así como en los objetivos que se logran establecer en la formación de formadores al más alto nivel educativo, como son los estudios del Doctorado Interinstitucional en Derecho de la región centro occidente de la ANUIES. En la presente obra, es posible identificar, los esfuerzos realizados por la comunidad científica que presentaron los resultados de investigación en el Congreso Internacional de Derecho “Estado, Gobierno y Sociedad”, en donde participaron docentes y doctorantes de las universidades de la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad de Colima, en conjunto con la participación de investigadores consolidados en el ámbito internacional y nacional, que permitió encontrar un foro en el cual se discuten los problemas bajo los cuales se encuentra actualmente la ciencia jurídica.
Estamos ante un trabajo intelectual en el que de su lectura nace la posibilidad de analisar los distintos problemas globales, nacionales e incluso regionales y al mismo tiempo visualizar las posibles soluciones a los mismos. De ahí que, para nosotros, es importante resaltar la colaboración que se ha generado con quienes se han formado al más alto nivel eductativo, y el seguimiento y colaboración que se tiene, al participar en el Congreso de referencia, tanto profesores y doctorantes en activo, como también egresados de dicho programa educativo, que, al propiciar la participación con investigadores consolidados, permite sentar las bases para las redes de colaboración científica, mediante las cuales, es dable realizar el trabajo colegiado que se requiere para conocer las distintas visiones ante los retos en nuestra nación, y la influencia que pretendemos construir desde la región centro occidente de nuetro país.
Así, partiendo de la composición bajo la cual funciona una nación, como lo es el Estado, el Gobierno y la Sociedad, en la presente obra, es el eje transversal que quien accesa al contenido de las diversas colaboraciones que se presentan, logrará encontrar ese análisis que le permitirá identificar los problemas que tiene en el funcionamiento, no sólo la nación mexicana, sino también la experiencia compartida de los colaboradores que analizaron el caso español, así como también el impacto de la organización estructural del Estado, la vigencia de los derechos y la problemática bajo la cual se encuentran, y de manera específica, igualmente podrán reflexionar sobre el funcionamiento de algunas de las instituciones públicas y la regulación de la legislación aplicable a las mismas.
Rocío Victoria Alejandra Flores VelázquezEs por eso que, al encontrar en la presente obra dichas aportaciones que derivan del análisis científico de los problemas actuales del Estado, Gobierno y Sociedad, nos complace poner a su consideración estos resultados de investigación que se publican hoy en día con el respaldo editorial de Tirant lo Blanch.
DR. ROCÍO VICTORIA ALEJANDRA FLORES VELÁZQUEZ
Directora de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit
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DERECHOS HUMANOS Y PROCESO (PRUEBA E ILICITUD1)
CUCARELLA GALIANA LUIS-ANDRÉS
Catedrático de Derecho Procesal. Facultad de Derecho de la Universitat de València (España) Doctor en Derecho por las Universidades de Bolonia y Valencia
SUMARIO: I: Justicia y equilibrio de poderes en el Estado.–1.- Derechos humanos y reconocimiento de la dignidad humana.–2.- Labor jurisdiccional desempañada por órganos administrativos, principio de exclusividad e ilicitud de las pruebas.–3.- División de poderes y equilibrio de la rama judicial en la configuración política estatal.–II. Derechos humanos y prueba.–1. Introducción.–2. Facilitación de la prueba en los procesos por discriminación: impacto en las normas sobre carga probatoria.–A) Derechos humanos y UE.–B) El supuesto especial del derecho a la igualdad y prohibición de discriminación.–C) Trasposición al ordenamiento español y modificación de las normas sobre carga probatoria.–III.- Prueba prohibida y delitos contra la comunidad internacional.–1. Introducción.–2.Extensión y límites de la CPI.–3. Prueba prohibida, delitos contra la comunidad internacional y evitación de la impunidad: tratamiento procesal.–A) En fase intermedia no puede cuestionarse el carácter prohibido de la prueba: crítica.–B) En fase de juicio oral.–a) Prueba obtenida con violación de lo regulado en el ECPI.–b) Fuentes de prueba obtenidas con violación del Derecho convencional de los derechos humanos.–IV. Bibliografía-
I. JUSTICIA Y EQUILIBRIO ENTRE LOS PODERES EN EL ESTADO
1. Derechos humanos y reconocimiento de la dignidad humana
El Estado de Derecho debe estructurarse sobre la base de una configuración democrática, y en todo caso, aspirar a que la persona sea el eje central y básico de la política y el funcionamiento de una Nación2. Dicho con otras palabras, los Estados deben articularse sobre el pilar del reconocimiento y protección de los derechos humanos.
1 Ponencia presentada en el Congreso Internacional de posgrado en Derecho 2022: “Estado, Gobierno y sociedad”, organizado por el Doctorado Interinstitucional en Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Nayarit; Universidad de Colima; Universidad de Guanajuato; Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México). Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación con número de referencia PID2020-114707GB-100, del Ministerio de Ciencia e Innovación (España), cuyo investigador principal es el prof. Dr. Agustín-Jesús Pérez-Cruz.
2 Al respecto, GARRIDO GÓMEZ, M. I., Derechos fundamentales y estado social y democrático de derecho. Paracuellos del Jarama (Madrid), Dilex 2007.
Cucarella Galiana Luis-AndrésEn este contexto, por citar tres textos constitucionales con una finalidad meramente ejemplificativa, puede tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 1, párrafo 1 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se dispone que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.
Por su parte, el artículo 1.1 de la Constitución española del año 19783, dispone que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
También, queremos citar el artículo 1 de la Constitución política de Colombia del año 19914, en donde se establece que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
2. Labor jurisdiccional desempañada por órganos administrativos, principio de exclusividad e ilicitud de las pruebas
A día de hoy, cuando se habla de división de poderes en los textos constitucionales resulta claro que al poder judicial (o rama judicial como se le califica en Colombia) se le encomienda la labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. No obstante, queremos hacer hincapié en que hay textos constitucionales en los que esa labor se reserva en exclusiva a la Jurisdicción, mientras que, en otras Constituciones, se admiten excepciones, permitiendo que órganos de naturaleza administrativa puedan asumir funciones jurisdiccionales.
En relación con el primer supuesto, citamos el artículo 117.3 CE, que consagra el principio de exclusividad jurisdiccional, al indicarse que “el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por la ley, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan5”.
3 A partir de ahora CE.
4 A partir de ahora CPC.
5 Este principio tiene también una manifestación negativa consagrada en el apartado 4 de la citada disposición. En concreto, el apartado indicado dispone que “los juzgados y tribunales
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Derechos humanos y proceso (prueba e ilicitud)
En el segundo de los supuestos, creemos que es interesante referirse el artículo 116 CPC en donde se habilita para que se puedan atribuir legislativamente funciones jurisdiccionales a órganos de naturaleza administrativa. Así, el párrafo tercero de la citada disposición establece que “excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos6”.
Como puede apreciarse, el texto constitucional colombiano relaja las exigencias de exclusividad jurisdiccional, en la medida en que consagra la regla general de que la labor jurisdiccional deba ser desempeñada por jueces y magistrados.
no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho”.
Dejando a un lado las referencias a la manifestación negativa del principio, y volviendo a la dimensión positiva, a pesar de que la CE es clara al consagrar el principio de exclusividad de Jurisdicción, podemos encontrar un supuesto en el ordenamiento jurídico español en el que entendemos que no se respeta. Nos referimos al supuesto en el que se permite que un órgano administrativo, la Comisión de Propiedad Intelectual, sea la que resuelva -actuando como si fuera un juez- sobre el cierre de una página web desde la que se permiten las descargas ilegales de obras amparadas por el derecho de autor.
En doctrina, sobre esta regulación normativa, puede verse, BARRIO ANDRÉS, M., Luces y sombras del procedimiento para el cierre de páginas web: a propósito del desarrollo reglamentario de la «Ley Sinde». Diario La Ley núm. 7789, 2012; DAMIÁN MORENO, J., Consideraciones en torno al procedimiento previsto en España para el cierre de páginas web por infracción de la normativa de derechos de autor (a propósito de la Ley Sinde). Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje, núm. 1, 2010, 10 págs.; MAGRO SERVET, V., La competencia judicial para el cierre de páginas web a propósito del Proyecto de Ley de Economía Sostenible. Diario La Ley núm. 7475, 2010. Es decir, el sujeto cuyo derecho de propiedad intelectual se lesiona con la descarga ilegal, debe presentar una denuncia ante el órgano administrativo que hemos señalado, y este órgano, con desinterés objetivo, juzga si se ha producido la violación del derecho. En el caso en que concluya que dicha violación tenga lugar, ordena el cierre de la página web. Se trata, sin duda alguna, de una actuación administrativa en la que se arroga actuaciones judiciales.
6 Concreciones prácticas de la atribución de funciones jurisdiccionales a órganos de naturaleza administrativa lo encontramos en la Ley que regula la insolvencia empresarial en Colombia (Ley 1116 de 200612). En la misma, se atribuye a la Superintendencia de Sociedades, funciones judiciales en materia de concurso.
Esta Superintendencia se divide en diferentes delegaturas. Pues bien, la delegatura para los procedimientos de insolvencia es a la que se le encomiendan las funciones jurisdiccionales en materia de concurso (art. 17 del Decreto 1023 del 18 de mayo de 2013).
Situación parecida encontramos en este país, en los supuestos de protección del interés individual de los consumidores. Así se deriva de la Ley 1480 de 2012 (Estatuto del Consumidor), al atribuirse a la Superintendencia de Industria y Comercio- perteneciente también al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo-, la función de conocer de las demandas individuales que un consumidor interponga para solicitar la indemnización de perjuicios por la difusión de publicidad o información engañosa o los daños derivados de la prestación de servicios que supongan la entrega de un bien. La demanda se dirige contra el proveedor, comerciante o fabricante.
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Cucarella Galiana Luis-Andrés
No obstante, la ley, porque así lo habilita la CPC, puede atribuir expresamente a un órgano de naturaleza administrativa, funciones jurisdiccionales. En todo caso, se deja claro desde un punto de vista constitucional, que nunca esa actuación administrativa con rol judicial puede desempeñarse en materia criminal.
Pues bien, como habrá podido apreciarse de la lectura del título de este capítulo, a lo largo del mismo vamos a hacer referencia, principalmente, a cuestiones relacionadas con la prueba, entre ellas, las referentes a la ilicitud. En este punto queremos hacer una reflexión. La teoría sobre la prueba prohibida o ilícita se ha construido básicamente en torno a las pruebas judiciales, es decir, las referentes a las que puedan conformar una decisión judicial, Sin embargo, en la medida en que hay constituciones políticas que permiten que órganos administrativos puedan excepcionalmente “juzgar”, consideramos que también debe extrapolarse a dichos procedimientos la construcción dogmática al respecto. La administración pública, en los casos en que pueda juzgar, debe hacerlo ajustándose a los parámetros que se derivan del respeto a los derechos humanos. Incluso no hay que perder de vista que los órganos administrativos pueden tener más fácil acceso a información especialmente sensible sobre la intimidad de los particulares, que, si se introdujera indebidamente en el proceso administrativo de enjuiciamiento, deberían ser totalmente inadmisibles.
3. División de poderes y equilibrio de la rama judicial en la configuración política estatal
Dejando a un lado los ejemplos de regulación constitucional a que nos hemos referido, y avanzando en nuestra investigación7, queremos indicar que la atribución al poder judicial de la función de juzgar, viene haciéndose desde
7 Somos conscientes de que los que sostienen que estas previsiones normativas son acertadas, argumentan que esa “justicia administrativa” ofrece más garantías de celeridad y tutela efectiva de los derechos que la “justicia jurisdiccional”. Es evidente que esa afirmación no la podemos desconocer, pero quizás deberíamos preguntarnos el motivo por el que la Administración está en mejores condiciones que la Justicia, para poder dar respuesta a las necesidades de protección de los derechos de los ciudadanos. Desde nuestro punto de vista, esa inquietud que nos hemos planteado puede resolverse teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo ha sido capaz de dotarse de medios adecuados para poder actuar, de hecho, es posible obtener citas previas electrónicas, hacer gestiones telemáticas desde un punto de vista administrativo, etcétera. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, no se ha hecho un esfuerzo inversor y presupuestario por parte de los poderes públicos, para dotar de medios e instrumentos digitales efectivos a la Justicia. Los poderes públicos han invertido y han hecho esfuerzo para agilizar el funcionamiento de la Administración, lo que le permite actuar de manera más eficaz en los ejemplos que hemos puesto. Sin embargo, la Justicia, por esa falta de apuesta de inversión y dotación presupuestaria, sigue funcionando en la mayoría de los
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