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MANUAL DE DERECHO PROCESAL ELECTORAL ra Lectu en la

Saúl Mandujano Rubio Patricia Lozano Sanabria

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MANUAL DE DERECHO PROCESAL ELECTORAL

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH

María José Añón Roig Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Javier de Lucas Martín Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania). Miembro de la Comisión de Venecia.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Héctor Olasolo Alonso

Owen Fiss

Luciano Parejo Alfonso

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda) Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/indexphp/editorial/procedimiento-deselección-de-originales

MANUAL DE DERECHO PROCESAL ELECTORAL

Saúl Mandujano Rubio Patricia Lozano Sanabria

tirant lo blanch Ciudad de México, 2021

Copyright ® 2021 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: +52 1 55 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-1378-483-0 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice PRÓLOGO................................................................................................................. 11 INTRODUCCIÓN...................................................................................................... 17 CAPÍTULO 1 DEFINICIÓN, NATURALEZA Y PECULIARIDADES DEL DERECHO PROCESAL ELECTORAL 1. 2. 3. 4

Definición y naturaleza jurídica del derecho procesal electoral............................... 27 Finalidades y peculiaridades del derecho procesal electoral.................................... 32 Antecedentes del derecho procesal electoral en México.......................................... 36 Fuentes del derecho procesal electoral ................................................................... 43 CAPÍTULO 2 INTERPRETACIÓN Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL

1. Aproximación a la interpretación como actividad del conocimiento...................... 49 2. Sistemas tradicionales de interpretación jurídica en materia electoral.................... 51 3. Interpretación en materia electoral mediante la aplicación de principios................ 59 4. Argumentación y test de razonabilidad en materia electoral.................................. 72 CAPÍTULO 3 VALORACIÓN Y ESTÁNDARES PROBATORIOS EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL 1. El derecho a la prueba y la valoración racional de los medios de convicción.......... 75 2. Métodos de valoración probatoria en el derecho procesal electoral....................... 80 3. Estándares de prueba y su construcción jurisdiccional en materia electoral............ 85 4. Diligencias para mejor proveer y acciones afirmativas en materia probatoria........ 90 CAPÍTULO 4 CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL EN MATERIA ELECTORAL 1. Introducción a los mecanismos de control constitucional y convencional en materia electoral............................................................................................................ 95 2. Acciones de inconstitucionalidad en materia electoral; legitimación y procedencia. 98

Índice

3. El TEPJF frente a la inaplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución 104 4. Control convencional en materia electoral y su ejercicio a cargo de los tribunales electorales.......................................................................................................... 110 CAPÍTULO 5 JUSTICIA ELECTORAL E INTRODUCCIÓN A LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 1. Protagonismo del sistema de justicia electoral en la competencia política y democrática................................................................................................................. 117 2. Aspectos generales de los medios de impugnación en el sistema de justicia electoral 121 3. Reglas comunes aplicables a los medios de impugnación electoral ..................... 124 4. Competencia, estructura y labor jurisdiccional del TEPJF .................................. 144 CAPÍTULO 6 DE LOS RECURSOS ELECTORALES COMO MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 1. Recurso de revisión (RRV).................................................................................. 155 2. Recurso de apelación (RAP)................................................................................ 160 3. Recurso de reconsideración (REC)...................................................................... 167 4. Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador (REP)..................... 180 CAPÍTULO 7 DE LOS JUICIOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA ELECTORAL 1. Juicio de inconformidad (JI)................................................................................ 187 2. Juicio de revisión constitucional electoral (JRC).................................................. 197 3. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano(JDC) 210 4. Hacia el impulso jurisdiccional del Juicio Electoral (JE)...................................... 222 5. Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral (JLI).................................................................. 224 CAPÍTULO 8 DE LAS NULIDADES EN MATERIA ELECTORAL 1. Condiciones y principios de la nulidad en materia electoral................................ 233 2. Inelegibilidad de candidatos como causa de nulidad en materia electoral............ 237 3. Nulidad de la votación recibida en casilla........................................................... 240

Índice

4. Nulidad de las elecciones federales de diputados, senadores y presidente de la República............................................................................................................ 244 5. Dinero, recursos públicos, medios de comunicación y validez de las elecciones... 249 BIBLIOGRAFÍA HEMEROGRAFÍA ................................................................................................. 263 JURISPRUDENCIA Y TESIS.................................................................................... 265 SENTENCIAS.......................................................................................................... 290 LEGISLACIÓN........................................................................................................ 291

Prólogo No es casual que cuando se habla de perfeccionar las instituciones democráticas, en un lugar central de ese debate se encuentre el análisis de la justicia electoral. La razón por la cual se explica esta evidencia es simple pero trascendental: los procesos y los procedimientos electorales coadyuvan a la realización efectiva de la democracia. El Derecho Procesal Electoral es una asignatura fundamental dentro de las materias contemporáneas del Derecho Público y, aún más, del sistema jurídico mexicano. En su diseño e implementación se juega la garantía adecuada de los derechos políticos y se instrumentan los principios básicos de la dinámica democrática. El marco jurídico que caracteriza al Derecho Procesal Electoral no se ciñe a las disposiciones jurídicas. Tiene una fuente de desarrollo muy importante en la jurisprudencia de los tribunales especializados y en las buenas prácticas de los órganos que tienen atribuida la administración de las elecciones. Ahora bien, no obstante la evolución sostenida de más de tres décadas que ha tenido el Derecho Procesal Electoral, no podemos considerar que exista una amplia bibliografía sobre la materia en México. Por supuesto, pueden identificarse importantes libros que nos llevaron de la mano en los años germinales de la justicia electoral independiente y autónoma en nuestro país, como lo demuestran los estudios académicos de Don José Luis de la Peza o del Maestro Flavio Galván Rivera, por cierto, abrevando ambos sus conceptos esencialmente a partir de la materia procesal civil. Es por ese diagnóstico que se hacen necesarios y pertinentes nuevos estudios que abonen a la edificación sistemática de los procesos electorales. En especial, a partir de contextos actualizados en los que se desenvuelve la materia. Dentro de esos contextos pueden mencionarse, por citar algunos trascendentes, la noción del derecho internacional, el derecho comparado, el impacto de las nuevas tecnologías, o la filosofía de una justicia abierta y ciudadana. Máxime en el ámbito de un Derecho Procesal tan próximo a los principios de convivencia y participación social en la conformación del poder público. Por ello, se comprenderá la importancia de este Manual, en el que se desarrollan metodológicamente temas contemporáneos del Derecho Procesal Electoral, así como bases para la discusión de sus retos más acuciantes, inmediatos y de futuro. Cuestiones imprescindibles para la comprensión teórica de la materia, así como para la implementación práctica de las normas que la caracterizan.

Felipe de la Mata Pizaña

El muy completo Manual que el lector tiene en sus manos, de la autoría de Saúl Mandujano Rubio y Patricia Lozano Sanabria, puede identificarse a partir de 3 grandes temáticas. La primera comprende las particularidades del Derecho Procesal Electoral y los medios de impugnación, en cuanto vehículos para el acceso a la justicia electoral. El análisis de las bases procesales de materia electoral no se reduce a la descripción normativa de los diversos medios para controlar la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los actos, omisiones o resoluciones en materia electoral. Se evidencia el ánimo de apuntar sus deficiencias, que se han hecho patentes a lo largo del tiempo, así como oportunidades de mejora, que materialicen las lecciones aprendidas a lo largo de su historia. También ahí podemos ubicar al sistema de nulidades en la materia electoral, el cual, como lo señalan los autores, representa el instrumental de base constitucional y legal que priva legítimamente de eficacia la votación recibida en casilla o de una elección cuando no se reúnen los elementos mínimos que le dan validez, o no se respetan las reglas esenciales de los comicios. Una segunda gran temática que aporta el Manual es el estudio del sistema de estándares y de valoración probatoria en la materia. En efecto, la prueba es el punto de partida imprescindible para el tratamiento adecuado de la relación de la verdad de los hechos y el proceso judicial. La actuación judicial requiere de ciertos estándares probatorios para emitir una sentencia coherente que cumpla con el deber de motivación como presupuesto lógico del debido proceso. Las reglas de la lógica, la sana crítica y de la experiencia, que convenientemente se desarrollan en el Manual sin excesivas abstracciones intelectuales, tienen como propósito una valoración probatoria mediante mecanismos racionales y facultades analíticas del juzgador. Se trata de buscar un resultado justificado que elimine todos los vestigios de arbitrariedad judicial. La tercera y fundamental temática del Manual es el estudio de los métodos y técnicas de la interpretación y argumentación jurídica, así como el sistema de control de constitucionalidad y convencionalidad electoral aplicable en el Estado mexicano. En esa temática, concuerdo con los autores en la fundamentalidad de los métodos y técnicas de argumentación e interpretación propios y adecuados al orden principialista que caracteriza a los derechos político-electorales. La justicia electoral mexicana no ha estado exenta de considerar la importancia de los principios a lo largo de su desarrollo jurisprudencial histórico. Podría incluso considerarse que el uso de los principios ha marcado una pauta emblemática de su jurisdicción a lo largo de su protagónica trayectoria en la democracia mexicana.

Prólogo

El uso de principios por los jueces no es de ningún modo gratuita, ni se debe a la preferencia personal o subjetiva de su función. Se debe a la forma en que están configuradas las normas jurídicas que dan base a los derechos de participación política, así como a las bases fundantes del sistema democrático, y que los jueces constitucionales tienen por responsabilidad hacer valer en los casos concretos. En efecto, como es propio a los derechos humanos, los derechos políticos no agotan su contenido normativo con los enunciados de las normas supremas. Son derechos que están formulados de modo indeterminado, y que por ello reclaman un necesario desarrollo en las leyes secundarias. Estas leyes pueden incluso restringir su ejercicio, siempre y cuando lo hagan de modo plenamente razonable y proporcionado de acuerdo con las necesidades de una sociedad democrática. La aproximación principialista de los jueces a los derechos humanos está ligada a un sentido protector o garantista de los mismos. Como lo afirma Robert Alexy, constituyen mandatos de optimización para la labor judicial. Los mandatos de optimización ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes.1 El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha desarrollado una línea jurisprudencial favorable a la aplicación de normas de principios. Cuando el Tribunal se ha enfrentado a problemas de interpretación de los derechos políticos o a normas definitorias de la democracia representativa, ha optado por acudir a interpretaciones inclinadas a la optimización de esos derechos; a la maximización de una justicia igualitaria, material o sustantiva en el ejercicio de los mismos; a un ideal de progresión o evolución democrática; o bien de apertura o extensión protectora desde tratados internacionales de derechos humanos.2 Ahora bien, a mi juicio, el marco contemporáneo de análisis del Derecho Procesal Electoral debe tomar en cuenta que las normas que lo caracterizan no son definitivas, ni perennes. Así, después de más de 2 décadas y media de la Ley de Medios de Impugnación en la materia, resulta razonable una revisión completa y detallada de las normas que la integran.

1 2

Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, 2ª ed., Madrid, CEPC, 2008, págs. 67-68. Me he ocupado de este tema en mi artículo: “Principialismo electoral: ¿cómo proteger efectivamente los derechos político-electorales en el estado democrático de derecho?”, La Silla Rota, 2 de diciembre de 2019, consultable en: https://lasillarota.com/opinion/columnas/principialismo-electoral/340283

Felipe de la Mata Pizaña

Hoy en día debemos reconocer que la legislación procesal electoral no es acorde a los tiempos de una justicia abierta e incluyente, y tampoco corresponde al paradigma actual de protección integral de los derechos humanos. Además, no está actualizada a los avances tecnológicos: por ejemplo, la ley adjetiva vigente aún contempla el uso de faxes y ni siquiera plantea el uso de correo electrónico o herramientas de Internet. En mi opinión, debe abrirse un debate acerca de la creación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Electoral que sustituya a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Dentro de los temas que deberían considerarse se encuentra el de un sistema de medios de impugnación simplificado; un juicio en línea y actuaciones procesales electrónicas, el cual hoy se advierte imprescindible, a partir de la experiencia derivada de la pandemia por COVID-19, y que en los meses de la contingencia han debido instrumentarse a través de acuerdos generales del TEPJF. Asimismo, debe considerarse a la accesibilidad ciudadana como principio procesal obligatorio; prever acciones y protecciones especiales en favor de grupos en situación de desventaja. Los conflictos laborales entre el INE y el Tribunal Electoral con sus empleados deben reconocerse como competencia de la justicia laboral; deben regularse las audiencias públicas “de oreja”, así como implementarse una efectiva justicia partidista. Por otro lado, debe fortalecerse el principio de la suplencia de queja; replantearse la noción del interés jurídico como requisito procesal cuando se afecte el interés legítimo individual o colectivo; debe concentrarse el procedimiento especial sancionador; mejorarse el sistema de nulidades electorales; deben establecerse medidas reparatorias y las garantías de no repetición, así como un mecanismo de opinión consultiva en materia electoral, y modificar y actualizar las reglas del sistema de jurisprudencia. Todas estas propuestas las he desarrollado en otra parte,3 y estimo que la adopción de al menos algunas de ellas podría fortalecer nuestro sistema judicial electoral federal y modernizarlo de cara al siglo XX, para que sea más cercano a las y los mexicanos. No tengo duda de que el Manual de Derecho Procesal Electoral de Saúl Mandujano y Patricia Lozano, que en esta oportunidad tengo el honor de prologar, contribuye con sumo provecho y con un método pedagógico a estas dis-

Véase, mi artículo: “Por una nueva legislación procesal electoral”, 18 de junio de 2019, SDP noticias, consultable en: https://www.sdpnoticias.com/columnas/legislacion-electoral-procesal-nueva. html

Prólogo

cusiones. Y que, en la búsqueda de realizar este propósito, abona con destacada destreza al estudio y la práctica de la materia, a sus instituciones y procedimientos, y, por lo tanto, a nuestra propia democracia. Enhorabuena a los autores, a la editorial Tirant lo Blanch por el atino de publicar y difundir esta obra, y a todos sus lectores que, estoy plenamente seguro de ello, se beneficiarán con su estudio, su lectura, y su puesta en práctica ante la justicia electoral. Felipe de la Mata Pizaña Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Introducción

Mediante Acuerdo General 7/2020, del mes de septiembre de 2020, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) implementa el juicio en línea, como una alternativa permanente para la interposición de los medios de impugnación existentes en materia electoral, específicamente en lo que se refiere a los recursos de Reconsideración y de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador. Optativo para los promoventes y las tercerías, y obligatorio para las Salas responsables, esta clase de juicio responde a los desafíos de una pandemia como situación de emergencia. Permitirá esta clase de juicios interponer recursos, presentar promociones, consultar expedientes y recibir notificaciones. Para registrarse en el sistema y suscribir los documentos electrónicamente, se utilizará la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación FIREL, la e.firma o cualquier otra de esas características. A través de un acuerdo que se comunica a las partes, podrá determinarse también la celebración virtual de audiencias laborales. Cuestionado por la ausencia de disposiciones legales y reglamentarias que lo acompañen, el juicio en línea no transforma la naturaleza, el procedimiento y los fines de los medios de impugnación en materia electoral. Se trata en realidad de agregar una opción digital para el trámite de la cadena impugnativa. En esencia, el sistema de justicia electoral sigue siendo el mismo, ya que la implementación de este juicio obedece, en realidad, a una política judicial que busca acercar al TEPJF a la ciudadanía, y apoyar la impartición de justicia en las herramientas y los avances tecnológicos que permitan un mayor aprovechamiento de los recursos. Dedicado al derecho procesal electoral y la justicia en esta disciplina, el presente Manual se distingue de un libro de texto por varias razones. Ofrece acceder de manera concisa y ordenada a los medios de impugnación electorales, y comprender el funcionamiento de un sistema integral que protege los derechos políticos de la ciudadanía. Mediante un enfoque ágil y dinámico, su contenido incorpora la transformación interpretativa de los mecanismos de defensa electorales, y acerca a los instrumentos de control constitucional y convencional de los actos, resoluciones y leyes que podrían afectar el ejercicio de los derechos de votar, ser votado, y asociarse con fines políticos. Mientras un libro de texto puede indagar diferentes temas que brindan una información generalizada sobre la materia, el Manual responde a una estructu-

Introducción

ra más concreta, de ahí la razón por la que el lector no encontrará en esta obra un marco teórico sobre los derechos político-electorales del ciudadano, pero si una descripción pormenorizada de los medios de protección a su alcance. No se trata de una investigación respecto al Derecho Electoral, se aboca a la parte formal relacionada con los instrumentos procesales de la disciplina. Inicia el Manual con un capítulo dedicado a la descripción, naturaleza y peculiaridades del Derecho Procesal Electoral. Quizás una de las características más típicas de esta rama adjetiva, es que la pretensión del actor siempre tiene un carácter impugnativo. En el procedimiento electoral se resuelve un medio de impugnación en contra de actos o resoluciones imputables a las autoridades electorales o a los partidos políticos. No es un procedimiento que dirima un conflicto entre particulares, sino que determine el apego o no de los actos debatidos a los principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. De ahí que el sentido de las resoluciones puede ser, según el recurso o juicio, confirmar, modificar o revocar el acto impugnado. Además de exponer la transformación de los fines que atañen al derecho procesal electoral, y sus antecedentes en México, el primer capítulo cierra con un análisis de sus fuentes o procesos de creación normativa. Como todo ordenamiento jurídico, el derecho procesal electoral es un sistema en constante mutación. En la medida que intenta adaptarse a la dinámica propia de los temas electorales, permite la incorporación de nuevos elementos de estudio. Más que en cualquier otra, debe destacarse que en la normativa electoral lo político gravita con vigor sobre lo jurídico. Entrando al tema, en la elaboración de las normas adjetivas que integran el derecho procesal electoral, no es ajeno el doble papel que desempeñan los partidos políticos; al mismo tiempo son creadores y destinatarios de la norma, circunstancia que podría notarse más en el derecho electoral. Son los partidos quienes deciden modificar o no los ordenamientos electorales. Sin soslayar esa característica, es pertinente mencionar que, como parte del sistema jurídico nacional, en el derecho procesal electoral se acude a fuentes tradicionales para la conformación de la norma jurídica. Sin embargo, desde hace tiempo se aprecia una tendencia a invocar normas internacionales, circunstancia que denota una evidente relación entre el derecho interno y la norma convencional internacional. Revisar las fuentes tradicionales como la legislación y los principios generales del derecho, amerita acompañarse del significado que la jurisprudencia y el control de convencionalidad agregan al derecho procesal electoral. Tiene gran valor la prudencia de lo justo en el derecho procesal electoral, de manera especial cuando adquiere carácter integrador.

Introducción

Dentro de la aplicación del derecho electoral sustantivo, la interpretación a cargo del TEPJF también le ha dado enorme impulso a la parte adjetiva o formal. Mucho se ha transformado el derecho procesal electoral a raíz de las pautas interpretativas del TEPJF. Gran avance representa haber transitado de la aplicación estricta de la legalidad a la constitucionalidad y convencionalidad. Por esa razón, el examen de las fuentes concluye destacando el calibre que corresponde a la jurisprudencia y los tratados de derechos humanos. Previo a exponer los pormenores de la justicia electoral, el capítulo segundo del Manual se aplica a la interpretación y argumentación jurídica en el derecho procesal electoral. Sin descuidar los sistemas tradicionales de interpretación aludidos en materia electoral, se decide explorar otros métodos que incorporan nuevas apreciaciones del derecho. Si el objeto de la interpretación es determinar de modo racional una conducta jurídica, puede acudirse a distintas opciones interpretativas. Los criterios a los que hace mención la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), no son los únicos que pueden utilizarse para exponer las disposiciones electorales, menos aun cuando se trata de derechos fundamentales. En efecto, los ordenamientos electorales no restringen el empleo de otros métodos interpretativos. Ese es uno de los motivos que provoca acudir a la interpretación mediante la aplicación de principios. Diferentes normas que contienen derechos humanos están redactadas en forma de principios, los jueces y otros operadores jurídicos deben realizar su labor bajo parámetros interpretativos novedosos. Entran en juego, las técnicas interpretativas propias de los principios constitucionales, la ponderación, la proporcionalidad, la razonabilidad, la maximización de los efectos normativos de los derechos fundamentales, el efecto de irradiación, la proyección horizontal de los derechos y el principio pro persona, la interpretación conforme. Apela el Manual a la interpretación principalista, sin desconocer la existencia de otros criterios y argumentos, pues de esa manera se permite resolver mejor los supuestos que limitan o restringen un derecho fundamental. A través de esta técnica interpretativa, se materializa la evolución jurídica descrita a partir de la inclusión de principios en las constituciones y tratados. En un contexto amplio, la argumentación jurídica de base principalista abre la puerta a la creación del derecho por parte de los jueces. Para la solución de futuros casos paradigmáticos, favoreciendo el esquema de universalidad en las decisiones judiciales, el formalismo tal vez no sea la mejor alternativa. El control de la razonabilidad y la previsión de los resultados también se logran mediante la argumentación principalista.

Introducción

Plantea el segundo capítulo del Manual que exponer las nuevas técnicas de interpretación jurídica disculpa abordar los cambios significativos en la argumentación y el test de razonabilidad. Elemento decisivo de la actuación judicial, su legitimidad se transfiere al proceso argumentativo, con el fin de demostrar racionalmente que la solución propuesta al caso concreto es la más adecuada y correcta. Imperiosa en la actividad jurídica, la argumentación impulsa y propone criterios que mejoran la toma de decisiones. En la nueva tendencia interpretativa, las teorías de la argumentación se ocupan de analizar la forma en que los jueces pueden justificar sus decisiones. Alcanzar una verdad relativa o verdad procesal requiere de los medios de prueba. Consagrado a la valoración y estándares probatorios en materia electoral, el tercer capítulo de la obra se compone de cuatro incisos. Comienza a través de una breve exposición del derecho a la prueba y la valoración racional. Con importantes consecuencias de tipo jurídico, sobresale que la prueba es el punto de partida imprescindible para tratar de manera adecuada la relación de la verdad de los hechos con el proceso. Insiste el capítulo en destacar que, para valorar el resultado de la prueba, existen diversos sistemas. Un sistema de excesiva rigidez, donde la ley le indica al juzgador el valor exacto que deba dar a los medios de prueba. Conocido como sistema legal o tasado, el juez examina la prueba según los esquemas abstractos y apriorísticos consagrados en la ley. Otro sistema alude a la valoración libre de la prueba. Basado primero en la libre convicción, el juez toma su decisión sin apoyarse en reglas abstractas y generales de valoración probatoria. Reducida la abstracción de orden intelectual, se agrega la sana crítica, y la prueba se aprecia conforme al más eficaz y certero razonamiento. Por imperativo legal, el juez valora la prueba tomando en cuenta no solo los principios de la lógica, sino también los de la experiencia, determinados por razones de tiempo y lugar. Después de explicar los métodos de valoración probatoria que determina la normativa electoral, el capítulo tercero explora acerca de los estándares probatorios y su construcción jurisdiccional. Según la materia que se discuta, los estándares de prueba varían. Parte del estándar probatorio en materia electoral está referido a precisar las condiciones, positivas o negativas, que rigen el ofrecimiento y admisión de las pruebas. Concluye el capítulo con un análisis de las diligencias para mejor proveer y las acciones afirmativas que en materia probatoria se impulsan. De manera específica se atiende cuando se juzga con perspectiva intercultural o de género. Tratándose de comunidades indígenas o de situaciones alusivas a la violencia