COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Belén Campuzano Laguillo
Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Jorge A. Cerdio Herrán
Angelika Nussberger
José Ramón Cossío Díaz
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México
Owen M. Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
Luis López Guerra
Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania) Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
José Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Tomás S. Vives Antón
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
CRITICAL REVIEW OF CURRENT AND CONTROVERSIAL LEGAL ISSUES IN SPAIN
Directora
EVA M. DOMÍNGUEZ PÉREZ Autores BELÉN ALONSO-OLEA GARCÍA MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ PABLO DE DIEGO ÁNGELES EVA M. DOMÍNGUEZ PÉREZ CRISTINA ELÍAS MÉNDEZ NURIA GONZÁLEZ RABANAL MIRYAM DE LA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ RABANAL MÓNICA HERRANZ BALLESTEROS JUAN C. MENÉNDEZ MATO JOSÉ NÚÑEZ FERNÁNDEZ
Valencia, 2016
Copyright ® 2016 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
© Eva M. Domínguez Pérez y otros
© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email: tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9086-941-3 MAQUETA: Tink Factoría de Color
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Prólogo La obra que en este momento presento constituye el trabajo realizado por un grupo de profesores de la Facultad de Derecho, mayoritariamente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en el marco de la “VIII Red de Innovación Docente”, convocada por la UNED (2014-2015). Se trata de una obra colectiva de investigación, de carácter multidisciplinar, y que aborda temas de actualidad en diversas ramas del ordenamiento jurídico. Los destinatarios de la obra pretenden ser estudiosos del Derecho, tanto nacionales como muy especialmente extranjeros, quienes deciden acercarse a la obra para conocer algunos de los temas de actualidad que se han planteado recientemente en el ordenamiento jurídico español. De esta forma, y sin ánimo de exhaustividad —lo que sería simplemente imposible en una obra como la que en estas líneas presento—, los autores hemos pretendido ofrecer las principales reformas, cuestiones de actualidad o especialmente debatidas en el sector científico, que se ha considerado que pueden ser de interés del lector. No obstante, quedaría todavía por explicar o justificar la razón de ser de la publicación de la obra en inglés. Es evidente que la traducción al inglés dota a la aportación científica de un valor añadido, en cuanto que la obra pretende ser difundida además entre estudiosos extranjeros (investigadores, prácticos del Derecho, y alumnos) del ordenamiento jurídico español que se aproximan al Derecho español y pretenden obtener un conocimiento actualizado de nuestro ordenamiento jurídico. Esta circunstancia, y pese a la dificultad añadida (y no sólo económica, que también) que obviamente supone siempre la traducción al inglés, creemos que constituye un valor añadido que merece la pena lograr. Esta fuerte orientación internacional que demuestran los autores que han colaborado en esta obra colectiva, tiene en gran medida su origen en los Programas de Movilidad Internacional más conocidos en el marco de la Unión europea, como es el Programa Erasmus o Campus Net. En esta línea, la Facultad de Derecho de la UNED ha desarrollado en los últimos tiempos una importante trayectoria Internacional —no en vano, desde el Decanato de la Facultad de Derecho se coordinan diversos Programas Internacionales—, trayectoria en la
Eva M. Domínguez Pérez
que puede perfectamente enmarcarse la presente obra de investigación. Fruto de tal vocación internacional, los autores de la obra que se presenta han colaborado igualmente en otras de reciente publicación (“An Introductory Course on Spanish Law and Economics”, ed. Tirant lo Blanch, 2014; “An Advanced Course on Spanish Law and Economics”, ed. Tirant lo Blanch, 2014), que son ofrecidas tanto en Universidad españolas como extranjeras. En todo caso, no se trata de una obra que pretenda abarcar todas las Disciplinas que integran el ordenamiento jurídico español, ni siquiera todos los aspectos de cada Disciplina abordada en la obra (Economía, Derecho Constitucional, Derecho Mercantil, Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Derecho Procesal, y Derecho Internacional Privado), sino tan solo los aspectos que los autores han estimado más relevantes, bien por ser imprescindibles para obtener una visión global de cada materia, bien por resultar novedosos, bien por existir recientes reformas de la normativa de cada Disciplina, o contener referencias a Proyectos normativos que en un breve espacio de tiempo verán la luz, o, en fin, por plantear alguna otra cuestión que los autores han estimado que pueden resultar más interesantes a los lectores a los que va destinada la obra. De esta manera puede afirmarse que no se trata simplemente de una obra expositiva en la que los autores se limitan a destacar los aspectos estimados esenciales de la Disciplina que abordan en cada capítulo, sino que junto a ello, cada Capítulo contiene una elaboración y tratamiento critico personal de cada autor. Finalmente, solo resta indicar que, pese a la existencia de citas a pie de página en cada aportación a la obra, se han evitado las citas excesivamente largas y reiterativas, en la idea de ofrecer al lector un texto claro, preciso y de fácil lectura. Pero es también evidente que sólo la participación en la obra de especialistas en sus respectivas áreas de conocimiento puede permitir afirmar finalmente que la obra sea interesante y técnicamente correcta. En este sentido, los autores de la obra han abordado sus respectivas aportaciones con rigor científico y seriedad, ahondando en los planteamientos expuestos, si bien constreñidos por el limitado espacio que necesariamente la elaboración de este tipo de obras (colectivas) exige.
Prólogo
En este sentido, y siguiendo el orden de los Capítulos de la obra, el Capítulo 1 de la obra ha sido desarrollado por Eva M. Domínguez Pérez, Prof. Titular de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho, UNED, desde junio 2008, previa Habilitación Nacional (2007). Doctora por la Universidad de Salamanca (2002), con Premio Extraordinario de Doctorado, ha desarrollado su actividad investigadora en el Derecho de la Competencia, siendo autora de numerosos trabajos de investigación sobre la materia, publicados tanto en Revistas científicas nacionales como internacionales, de reconocido prestigio y difusión. Es igualmente autora de Monografías y colaboradora en múltiples obras colectivas. La Prof. Domínguez ha realizado diversas estancias de investigación en el Instituto Max Planck für Aüslandicher Wettbewerbsrecht, Munich (Alemania), y Parker School of Law, Columbia University, New York, EEUU, así como estancias docentes en otras Universidades (Escuela Doctoral Ca’ Foscari, Venecia, Italia; Aristoteles University, Tesalónica, Grecia; Universidad de Bologna, Bologna, Italia; Universidad Valahia din Targoviste, Targoviste, Rumania). Su actividad docente se ha desarrollado tanto en la Universidad de Salamanca como en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, habiendo además impartido Seminarios, Cursos, Conferencias en otros Centros, y ocupando en la actualidad el cargo de Vicedecana de Relaciones Internacionales y Metodología desde 2013 en la Facultad de Derecho (UNED). El autor del Capítulo 2 de la obra ha sido redactado por el Prof. Juan Carlos Menéndez Mato, Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo (1993), Dottore in Giurisprudenza por la Universidad de Pisa (1995), Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (2000), Master en Derecho internacional y europeo por la Universidad Católica de Lovaina (2004) y Doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo con Premio Extraordinario (1998). Es en la actualidad Profesor Titular de Universidad y miembro del Departamento de Derecho civil de la UNED. Autor de diversas monografías [La oferta contractual (Aranzadi, Pamplona, 1998), El contrato vía Internet (J.M. Bosch, Barcelona, 2005) y El legado de la legítima estricta en el Derecho común español (Dykinson, Madrid, 2012)], así como autor de diversas obras colectivas y artículos monográficos sobre diversa temática en distintas revistas jurídicas. Entre sus numerosos méritos científicos,
Eva M. Domínguez Pérez
destacan sus estancias académicas en la Università degli Studi di Pisa, la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo, La Sorbona de París o la Universidad Católica de Lovaina. La Profesora Mónica Herranz Ballesteros, que es autora del Capítulo 3 de la obra, es Prof. Titular de Derecho internacional privado de la UNED en Licenciatura, Grado y en varios Títulos de Máster Universitario. Es además Profesora del Curso impartido por el CGPJ, financiado por la Comisión Europea, para la formación de Jueces y Magistrados de la UE sobre el Espacio Judicial Europeo, así como profesora invitada en las Universidades de Thessalonika (2014) y Génova (2015). Como áreas prioritarias de investigación se encuentran, entre otras, el Derecho procesal civil internacional, Derecho internacional privado de la Unión Europea, en especial centrado en el ámbito personal y familiar. Es también Autora de dos monografías y de numerosas publicaciones en capítulos de libros y en revistas científicas de impacto nacionales e internacionales. Ha realizado estancias de investigación en: Institut of European and Comparative Law, Academic Visitor (Universidad de Oxford, financiada con una Beca Santander Universidades); Instituto de Derecho Europeo de Florencia, Visiting Fellow; Universidad de Columbia y de Ottawa; Instituto Suizo de Derecho Comparado; Conferencia de La Haya de DIPr.). El autor del Capítulo 4 es el Prof. Manuel Díaz Martínez, Licenciado en Derecho y Diplomado en Ciencias Empresariales por el Centro de Enseñanza Superior San Pablo CEU, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, con nota media en la Licenciatura de Derecho de Sobresaliente; Doctor en Derecho por la UNED, con la máxima calificación de Sobresaliente cum laude por unanimidad y Premio Extraordinario de Doctorado. Ha disfrutado de varias estancias de investigación y participado como miembro del equipo investigador en multitud de proyectos de investigación de ámbito nacional y europeo y es Investigador Principal del Proyecto “Retos procesales para afrontar el uso criminal de las TICs en la sociedad de la información”. Sus líneas de investigación más notables han sido: 1) La reforma del Proceso Penal; 2) El proceso concursal; 3) La protección de los Derechos Fundamentales. Los resultados de estos estudios se han visto plasmados en numerosas obras monográficas, colectivas y artículos científicos publicados en obras colectivas y revistas científicas de reconocido prestigio nacional e internacional. Ha sido durante varios
Prólogo
años Secretario del Departamento de Derecho Procesal, Vicerrector Adjunto de Estudios de Posgrados de la UNED y actualmente desempeña el cargo de Coordinador del Máster de acceso a la Procura. En marzo de 2013 obtuvo la evaluación positiva de la ANECA como Catedrático de Universidad. El Prof. José Núñez Méndez es autor del Capítulo 5 de la obra. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en 1997. Más adelante culmina dos másteres (MsC en Criminología en London School of Economics and Political Science, becado por la Caixa y el British Council —1998—, y LLM Práctica Jurídica —Centro Universitario Villanueva, homologado por el ICAM —2000—). Se doctora en 2004 y obtiene el Premio Extraordinario de Doctorado en la UCM (convocatoria 2005). Cuenta con estancias de investigación pre y postdoctorales en Nueva York (NYU), Londres (Institute of Advanced Legal Studies) y Florida (Florida International University). Ha impartido docencia reglada en Derecho penal en las Facultades de Derecho de la UCM, de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, de la Open Universiteit (Maastricht), Fernuniversität (Berlín) y Universidad de Guadalajara (Méjico). Desde octubre de 2007 y hasta la actualidad, desempeña su labor docente e investigadora en el Departamento de Derecho penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la UNED. Cuenta con numerosas publicaciones sobre las siguientes líneas de investigación: consecuencias jurídicas del delito, delitos sexuales, violencia de género y delitos contra la administración pública y la Constitución. Acreditado por ANECA para el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. El Capítulo 6 de la obra ha sido desarrollado por la Prof. Cristina Elías Méndez, que es Profesora Titular de Derecho Constitucional, en la Facultad de Derecho (UNED), y Directora de la Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho, UNED. La Prof. Belén Alonso-Olea García es autora del Capítulo 7 de la obra, quien es funcionara de carrera del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social desde el año 1990. Con tal condición presta sus servicios en las asesorías jurídicas de las tres entidades gestoras de la Seguridad Social: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) e Instituto Nacional de Salud (INSALUD), siendo
Eva M. Domínguez Pérez
nombrada representante del Estado español en la iniciativa comunitaria HORIZON. En el año 2001, pasa la situación de excedencia por incompatibilidad al obtener la plaza de Profesora Titular en la UNED. Ha sido profesora del Máster de Derecho Comunitario de la Universidad Complutense desde el año 1998 hasta el 2006, ininterrumpidamente. Tiene publicadas monografías y artículos en revistas de reconocido prestigio relativas tanto al Derecho del Trabajo, individual y colectivo, como al Derecho de la Protección Social. Por su doble condición de Letrada y Profesora de universidad, fue nombrada Académica Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en el año 2008. En el marco de los temas económicos que son abordados en la obra, el Prof. Pablo de Diego Ángeles (Lugo, 1955) es autor del Capítulo 8. El Prof. De Diego es Profesor Titular de Universidad de Economía Aplicada desde diciembre de 2011, con docencia en la Facultad de Derecho de la UNED como Profesor Titular de Escuela Universitaria desde 1989 y como Profesor Asociado desde 1981. En dicha Facultad es ahora también Vicedecano de Espacio Europeo desde 2004. Es Doctor en Derecho por la UNED y Licenciado (con Grado de Licenciatura) en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Sus líneas de investigación, con libros y artículos publicados en revistas especializadas, tienen que ver con la Gestión Pública en general, Economía de la Vivienda, Fiscalidad inmobiliaria e Impuestos sobre la riqueza. En la gestión universitaria ha desempeñado múltiples cargos con incidencia especial en la Cooperación universitaria europea (Másteres conjuntos de las Agencias FRONTEX y CEPOL en 2015, Programas TEMPUS y Erasmus, desde 1994 hasta 2015, participando en diversas actividades de esos Proyectos en, Rotterdam, Bordeaux, Portsmouth, Münster, Turín, Kiev…). Ha impartido docencia (en lengua inglesa) en estancias de breve duración en universidades extranjeras como la Fern Uni alemana (Hagen, Northern Westfalia), Open Universiteit holandesa (sede en Heerlen), Universidad Aristóteles de Tesalónica (Grecia) y Universidad Doshisha de Kyoto (Japón). La Profesora Myriam González Rabanal es autora del Capítulo 9 de la obra. Es Licenciada con Premio Extraordinario y Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, Premio Extraordinario de la Escuela de Práctica Jurídica de Salamanca, licenciada en Ciencias Económicas y de la Administración (UCM) y licenciada en Ciencias
Prólogo
Políticas (UCM) con mención de honor nacional al mejor expediente. Máster en Gestión Pública también por esta última Universidad. Diploma de Alta Dirección Universitaria por la Universidad Antonio de Nebrija. Profesora Titular de Universidad de Economía Aplicada en la Universidad Nacional de Educación a Distancia desde 1989. Ha desempeñado su actividad docente e investigadora en la Universidad de Salamanca, Pontificia de Salamanca, Europea de Madrid. Forma parte del equipo docente de diversos másteres impartidos por el Instituto Ortega y Gasset, el Instituto de Salud Carlos III, el Instituto de Estudios Fiscales y es la coordinadora del Máster oficial en Gestión de Contratos y Programas del Sector Público, con especial aplicación al ámbito de la Defensa de la UNED y el Instituto Gutiérrez Mellado. Ha sido Secretaria General de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Secretaria de la Facultad de Derecho, Secretaria General del Centro Asociado de la UNED de Madrid y Directora del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública de la UNED durante siete años. La obra se cierra con el Capítulo 10, cuya autora es la Prof. Nuria González Rabanal, Prof. en la Universidad de León, quien en la actualidad es miembro de la Comisión de Estudios de Postgrado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Sus principales áreas de especialización e investigación son la Economía Pública (Estado del Bienestar, Seguridad Social y Migraciones), la Economía Pública y la Gestión Pública. Coordinadora y autora de más de 12 libros y de 60 artículos en revistas especializadas. Aunque es cierto que no me corresponde a mi evaluar la obra, sino al lector, a la vista de la breve presentación de los autores colaboradores de la obra, es evidente que se trata de una obra de indudable calidad y rigor científico, que pone una vez mas de relieve el alto nivel académico de muchos profesores universitarios, además de su interés en Proyectos de innovación docente, en el que se enmarca la presenta obra, sí como su marcada vertiente docente e investigadora internacional. Por ello, solo me resta agradecer a cada autor su trabajo y dedicación, así como manifestar la confianza en participar conjuntamente en nuevos Proyectos. Finalmente, una vez más, mi agradecimiento personal, del que participan todos los autores de la obra, a la prestigiosa editorial Tirant
Eva M. Domínguez Pérez
lo Blanch, por la confianza depositada en nosotros para publicar la obra, confianza profesional que esperamos mantener en futuras publicaciones científicas. Madrid, mayo 2015 Eva M. Domínguez Pérez Prof. Titular de Derecho Mercantil (UNED) Vicedecana de Relaciones Internacionales y Metodología Coordinadora del Proyecto Redes de Innovación Docente, 2014-15
Chapter 1
New approach to Corporate Governance in the Capital Companies: changes on the Board of Directors and the General Meeting. Analysis from a Comparative Law point of view1 Eva M. Domínguez Pérez
Proffesor of Commercial Law UNED
I. BRIEF REVIEW ABOUT CORPORATE GOVERNANCE IN THE CAPITAL COMPANIES The issue of Corporate Governance in the Capital Companies has gained a greater dimension in the last years; being so, the legislator on the one hand and private institutions on the other have incorporated this subject as one of the main goals to achieve in the field of Capital Companies. Apart from this increasing importance, it is also obvious that the aspects that belong to the so-called good Corporate Governance have been progressively broadened. This way, initially it was mainly focused in the analysis of a correct functioning of the Board of Directors in the Capital Companies and the problems that may arise dealing with information spreading. But nowadays, apart from this, new issues have merged, such as those dealing with the payments and professionalization of administrators and executives in the Capital Companies.
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Traducido por Mercedes Domínguez Pérez. This Chapter takes part of the Research Project “Financiación y continuidad empresarial de sociedades insolventes”, 2013-2016. DER 2013-43323-P, del que la autora es miembro.
Eva M. Domínguez Pérez
The increasing interest in good Corporate Governance has been based on two cornerstones: on the one hand, the general conviction about the utility of these kinds of business practices, which implies to acknowledge the value of a suitable and clear management of the corporations, especially in the case of listed corporations. This way, good Corporate Governance is an essential factor to regenerate the value of the company, to improve the economic efficiency and to reinforce the investors’ confidence2. On the other hand, the G-20 leaders have stated that the complexity of the structure of the Corporate Governance in certain organizations, added to the lack of transparency and inability to stablish the chain of responsibility within the organization, are aspects that can be considered as direct causes of the recent financial crisis. It is obvious that both financial and non-financial organizations have experienced situations of economic crisis due to the reckless acceptance of economic risks, to a great extend because of unsuitable payment systems and the composition of the management and administration bodies3. For this reason, important modifications about good Corporate Governance have been made lately in the Capital Companies; this way, Act 31/2014, 3rd December, which modifies the Capital Companies Act for the improvement of Corporate Governance, is the last step in a long process of reforms in the field of Corporate Law, and specifically regarding Corporate Governance. These approaches —the problems related to Corporate Governance— already have a long treatment (jurisprudence, mainly) in the American practice although, as we are going to discuss, from different points of view that do not entirely concur with those accepted by Spanish Law, where the inspiring principles of the business judgement rule —of jurisprudence origin and with a long and consolidated application in the courts of common law—, have played the main role to stablish the due diligence of the administrators of the corporation.
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Vid. Vives Ruiz, F., “Sistema de la propuesta de reforma en el estudio de la Comisión de expertos en materia de gobierno corporativo”, p. 45 and following, in AA.VV., Dir. Ibáñez Jiménez, J., “Comentarios a la reforma del Régimen de la Junta General de accionistas en la reforma del buen gobierno de las sociedades”, ed. Thomson Reuters Aranzadi, 2014. Preamble Law 31/2014.
New approach to Corporate Governance in the Capital Companies: changes…
This doctrine, which origins go back to 1742 (Charitable Corp. V Sutton) and consolidates with later pronouncements (Percy v. Millaudon, 1829, among others), basically aims to avoid the responsibility of the administrators of the corporations in the case of management errors when those have acted in the decision-making process in the fulfilment of their duty. This way, the actions taken by the administrators as part of their duty would be on the fringes of the subsequent procedures in the courts, in order to protect the discretional management of the administrators —which is left outside of the courts examination— and to encourage their stability in the position4.
II. THE BUSINESS JUDGEMENT RULE AND ITS INFLUENCE IN THE SPANISH LAW ON CAPITAL COMPANIES (CORPORATE GOVERNANCE) 1. The business judgement rule as the protection rule of the discretionary action in the management of capital companies by the administrators The so-called business judgement rule aims to minimize as much as possible the number of lawsuits that can be brought by the stockholders to review the decisions adopted by the administrators of the corporation. The goal is to gain a balance between the need to preserve the discretionary decisions of the administrators on the one hand and the need to control their actions on the other. According to this approach, the business decisions taken by the administrators among all the possibilities could not be questioned nor revoked in the courts, and the administrators cannot be declared responsible for the consequences of their decisions when having acted in the fulfilment of their general duties. The reason that takes to this conclusion is that the administrators, as the management force of the corporation, are in charge of making the decisions dealing with business issues, and it is not the role of the judges to evaluate later the quality of
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Vid., in extenso, Guerrero Trevijano, C., “El deber de diligencia de los administradores en el gobierno de las sociedades de capital”, ed. Civitas, 2014, p. 44 and following.
Eva M. Domínguez Pérez
such decisions, as long as there is no doubt that the decisions were made placing certain interests before the interests of the company, and thus showing no respect for their loyalty duty. As a conclusion, we can assert that the aforementioned doctrine starts from the presumption that the administrators act in an independent way, in good faith, promptitude and with the certainty that they acted in favour of the shareholders’ interests. According to this premise, it can be said that the main goal of this Anglo-Saxon rule is to provide the administrators and their business decisions with confidence and stability. The American doctrine5 has stated that the rule intends, in the first place, to encourage well prepared people to take the positions of responsibility in the administration bodies of the corporations who, in spite of making their decisions in a selflessly, informed and well-meaning way, could cause a negative result or effect for the corporation with their business decision. The point is to encourage them to take the position as an administrator in spite of the consequences or negative effects that their decisions could originate, because otherwise they would not accept the position for the fear of the responsibility which derives from their mistakes6. In the second place, this rule aims for administrators’ decisions to be made in a more innovative way and accepting new risks and challenges. All in all, it is considered that the administrators’ decisions imply the assumption of new challenges that could require the acceptance of risks and dangers which are considered necessary for the administrators to make their decisions in a more efficient way and without being taken to court afterwards. Some of the administrators’ decisions may seem reckless, but the business system necessarily requires the administrators to take certain risks. In the third place, the point is to avoid that judges, inexperienced in business matters, make an opportunity assessment about the decisions made by the administrators, who are better qualified than the judges to make business decisions. It is also stated that the circum-
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Vid., among others, Block, D./Barton, N./Radin, S., “The Bussiness Judgement Rule: Fiduciary Duties of Corporate Directors”, New York, 1998, p. 12 and following. Vid., with general character Guerrero Trevijano, C., “El deber de diligencia…”.
New approach to Corporate Governance in the Capital Companies: changes…
stances surrounding the facts because of which the administrators made one business decision or another do not merge later when the judges judge the opportunity of the business decision adopted by the administrators. In the fourth place, with the Anglo-Saxon rule we can avoid the interference of the associates in the management of the corporation, bearing in mind that the administration and management of the corporation should be performed by the administrators and not by the shareholders, who are not in charge of the management issues. Finally, it is stated that the shareholders who wish to express their dissatisfaction with the administrators’ management can vote for their dismissal, without the necessity to apply the disproportionate social action of responsibility as a mean of control and censure of the management on the part of the administrators. Anyway, this doctrine must not be understood as a doctrine without limits —the decisions of the administrators of the corporations are not outside the judicial control. In fact, the point is to differentiate the responsibility that the administrators accept, not for the decisions per se but for the correctness of the procedure when making them, which let us conclude that the administrators’ duty is a duty of means rather than of result. Despite the frequent application of the business judgement rule, it is not widely encompassed and regulated in all of the states of the USA. On the contrary, there has been a very unequal typification depending on the states, and even those which have typificated the rule have not done it with the same level of development7. In fact, there has been an intense debate about the convenience of typificating a rule that, originated from the case law8 —in harmony with Anglo-Saxon
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For a very detailed analysis of this question, vid. Guerrero Trevijano, C., “El deber de diligencia…”, op. cit., p. 44 and following. Case “Charitable Corporation V. Sutton”, 1742; case “Percy V. Millaudon”, Pensilvania Supreme Court, 1829; case “Goldboch V. Branch Bank, Alabama Supreme Court”, 1847; case “Hodges V. New England Screw Co.”, 1850 and 1853, Rhode Island Supreme Court; case “Aronson V. Lewis”, Delawe, 1984; case “Smith V. Gorñom”, Delawe, 1985; and more recently case “Disney” (Del. Ch. 2003, Del. S.C., June 6th, 2006).
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law—, is constantly being developed by the courts, so its codification would not be desirable for the development of the legal definition. The rule is still in force as a general rule in the USA after the Disney9 issue, despite the fact that the Sarbanes Oxley Act (2002) established a responsibility regime on the part of the administrators which was much more exacerbated in comparison with the previous regime10. In particular, the obligation to monitor the fulfilment of the rule was introduced (Corporate compliance), as well as effective mechanisms of supervision and control. It was precisely with the Disney issue that the courts reasserted the business judgement doctrine as they considered that the infraction of the duty of care can only be argued on the basis of gross negligence in the administrators’ action. Those occasions in which the administrators act without gross negligence stand on the sidelines, as they take some risks in their management that son not imply responsibility.
2. Influence of the business judgement rule in the Spanish Law on Capital Corporations The incorporation of Spain to the European Union implied the acceptance of the Common Law on Corporations that existed in that time. Although this task was not easy from a technical point of view, it is also true that our country was deep into an Europeanist fervor in that moment, and the Spanish doctrine was identified with the unifying tendencies of the Law on Corporations in the EU11. However, during the 80s and especially in the 90s, the strong unifying feelings from the European Union on Corporate Law have been halted to a large extend due to the majority tendencies in the international scenary about the corporations regime. In the frame of a clear tendency towards deregulation, an unsuitable atmosphere for
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Case “Disney Co. Derivative Litigation”, cit. Winston & Strawn, “The Sarbanes-Oxley Act of 2002: What Corporate Directors and executives need to know”, New York Business Law Journal, 2005, vol. p. 1. Vid. Embid Irujo, J.M., “Apuntes sobre la evolución del Derecho español de Sociedades desde la perspectiva del ordenamiento comunitario”, en AA.VV., “El Derecho mercantil en el umbral del siglo XXI”, J.A. Gómez Segade/A. García Vidal, ed. M. Pons, 2010, p. 152.
New approach to Corporate Governance in the Capital Companies: changes…
the continuity of the ruling program of European Corporate Law12 arose slowly. Many jurists and even some institutions of the European Union focused their attention on issues related to Corporate Governance, in accordance with the approaches from the United States. Following the foreign postulates, autoregulation was considered the preferential instrument for the legal system regarding Corporate Law13. Recently there have been relevant statements regarding this line of importance of the Corporate Governance, on the occasion of Law 31/2014, 3rd December. In particular, as we will see later, the business judgement rule has been specifically introduced into the Spanish legal system (Capital Corporations Law, CCL), on occasion of the protection of business discretionality. It is not strange that Spanish legislators have specifically acknowledged the mentioned rule as a law (a rule which was already applied by our courts) as other legal systems around us have already accepted it, although in different degrees and intensities. The doctrine has had a strong influence, but with different intensities, in the changes that had been made in the continental Corporate Law during the last years. This way, the German AktienGesetz directly refers to it in parragraph 93.1.2., or article 22.a. of the Greek Law 2190/1920, among other countries. We even find recent rules that do not specifically mention the doctrine —Italy, Holland or Luxemburg—, but apply it in the courts and sets of laws that do not specifically regulate this doctrine and do not apply it either in the courts (Cyprus or Latvia)14. But anyway, the recent changes just mentioned show the “renewed urge” of Corporate Governance on Corporate Law. This was evident in the Declaration of Pittsburgh (September 2009), as well as in the Green Book, published in 2011, to analize the effectiveness of the non-binding rules on Corporate Governance (European Commission, COM 2011, 164 final) and the Parliament Resolution of 29th March 2012 about a rule on Corporate Governance for European Companies (2011/2181, IM), which left the door open for the possibility of a further regulation on Corporate Governance through binding rules.
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Vid. Embid Irujo, J.M., “Apuntes…”, p. 154. Vid. Embid Irujo, J.M., “Apuntes…”, p. 154. Vid. Guerrero Trevijano, C., “El deber de diligencia…”, op. cit., p. 65 and 66.
Eva M. Domínguez Pérez
Along the same lines, and with a considerable delay in comparison to the legislators and courts of other countries, the Spanish legislator has also ruled upon good Corporate Governance in a recent law. It is true that prior to Law 31/2014 the Spanish legislator had already ruled on some aspects of good Corporate Governance, but it is not until Law 31/2014 when this subject finally gets a full regulation in the field of Companies Law. In the middle of the 90s, movements of good governance that claimed for new measures of autoregulation in the context of Corporate Governance started to gain strength (other legal sectors have not been oblivious to this movements of good governance and autoregulation codes, like Competition Law, through the specific regulation of the codes of conduct in Law 29/2009 30th December that modified the Law on Unfair Competition of 1991). This way, the movement of Corporate Law had its first manifestation in Spain with the Olivencia Report (1998) —which pretended to reach the degree of agility, transparency and responsibility in the governance of corporations that the financial markets were demanding—. The Aldama Report (2003) came later —focused in the establishment of a suitable functioning system of the management bodies, setting a number of requirements about professionalism and efficacy in order to encourage the active participation of the administrators in the management of the corporation—. This report was mirrored in the Transparency Law (2003) that changed the Public Limited Company Law of 1989 and the Stock Market Law (1988)15. The Capital Corporations Law (CCL) of 2010 did not face in a complete and definitive way the questions of good Corporate Governance; it only separated the traditional duty of care and loyalty on the part of the administrators, which were established in two separate provisions following the opinion of the major doctrine in this aspect. Anyway, the duty of care ruled in the CCL should be completed with the regulations of the Unified Code on Good Corporate Governance (2006) to this respect, basically a series of recommendations aimed to guarantee a diligent action by the administrators of the corporations.
15
Vid. in extenso Guerrero Trevijano, C., “El deber de diligencia…”, op. cit., p. 108 and 109.