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alternativa

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978-84-1130-663-8

9 788411 306638

Seguridad alimentaria y medio ambiente

Esther Muñiz Espada (Directora)

Directora

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Esther Muñiz Espada

Seguridad alimentaria y medio ambiente Nuevas propuestas legislativas, nuevos instrumentos

alternativa

El presente volumen recoge una serie de estudios que se enmarcan en la denominada política legislativa, con la finalidad de colaborar con el legislador en el cumplimiento de los nuevos retos normativos. Particularmente, la actualidad legislativa europea se centra en el ámbito alimentario y por derivación en el medio ambiente. Agricultura, alimentación y medio ambiente se encuentran inseparablemente unidos e intrínsecamente vinculados al territorio. En este contexto, el legislador había asumido el compromiso de desarrollar algunos de los objetivos de la Agenda 2030, respecto de la cual no se ha hecho aún la suficiente reflexión crítica, y asimismo quedaban algunas reformas aplazadas a raíz de la crisis sanitaria. Un panorama que viene a complicarse con una nueva etapa caracterizada por la actual crisis de las materias primas. Una vez más el Derecho tiene que salir al paso con una reconstrucción de difícil equilibrio, donde la gestión de los recursos se ha convertido en un renovado factor estratégico a todos los niveles, condicionando la actividad normativa europea. En esta situación se ofrece aquí al lector un conjunto de estudios novedosos e innovadores sobre seguridad alimentaria y medio ambiente, donde a las reflexiones de carácter jurídico real y obligacional se unen las propias de la seguridad jurídica preventiva.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIO AMBIENTE NUEVAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS, NUEVOS INSTRUMENTOS

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Consuelo Ramón Chornet

Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Marta Lorente Sariñena

Tomás S. Vives Antón

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIO AMBIENTE NUEVAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS, NUEVOS INSTRUMENTOS

ESTHER MUÑIZ ESPADA (DIR.) Universidad de Valladolid

tirant lo blanch Valencia, 2022

Copyright ® 2022 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com. El presente volumen se elabora en el contexto del proyecto de investigación realizado con el apoyo de la Universidad de Valladolid.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email: tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1130-664-5 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-deempresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Listado de autores Leticia A. Bourges José María Caballero Lozano José María de la Cuesta Sáenz Juan Carlos Gamazo Chillón Fernando García-Moreno Rodríguez Mikel Mari Karrera Egialde Esther Muñiz Espada Roland Norer Rocío Perteguer

Índice Presentación..........................................................................................................

Preface or genesis and future of CAP greening........................................................

Seguridad alimentaria: extensión, problemáticas y desafíos....................................

Las llamadas donaciones de alimentos en la proyectada normativa de seguridad alimentaria...........................................................................................................

Registro de la propiedad, mercantil y de bienes muebles para el derecho agrario, una estrategia europea..........................................................................................

115

Red Natura 2000 y aspectos medioambientales de la PAC: su incidencia en el Estatuto de la Propiedad y su Publicidad Registral.......................................................

143

Los suelos contaminados: su régimen hipotecario...................................................

165

Los derechos de emisión de los gases de efecto invernadero y el Registro de la Propiedad...................................................................................................................

207

Registro de la Propiedad y Montes: hacia un reforzamiento de las tradicionales funciones registrales e incorporación de otras nuevas.............................................

243

Esther Muñiz Espada Universidad de Valladolid

Roland Norer University of Lucerne and General Delegate of C.E.D.R.

Leticia A. Bourges Doctor en Derecho por la Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne. Secretaria General, Comité Europeo de Derecho Rural (CEDR)

Esther Muñiz Espada Catedrática de Derecho civil, Universidad de Valladolid

Rocío Perteguer Registradora de la Propieadad

José María de la Cuesta Sáenz Catedrático de Derecho Civil Universidad de Burgos

Mikel Mari Karrera Egialde Profesor Titular de Derecho Civil Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Proyecto Investigación DER2017-86292-P

José María Caballero Lozano Catedrático de Derecho Civil Universidad de Burgos

Fernando García-Moreno Rodríguez Profesor Titular de Derecho Administrativo Facultad de Derecho. Universidad de Burgos

10 Análisis económico de la reducción de cargas administrativas: una aplicación teórica a los registros administrativos agropecuarios.................................................. Juan Carlos Gamazo Chillón Profesor Titular de la Universidad de Valladolid

Índice

299

Presentación Esther Muñiz Espada Universidad de Valladolid

Se presentan en este volumen colectivo un conjunto de estudios jurídicos cuya selección viene determinada por las reformas legislativas que se hacen necesarias como refuerzo y garantía de la seguridad alimentaria, con una reflexión de la correcta dimensión que debe tomar el medio ambiente en el marco de los recientes acontecimientos sociales y económicos. Para ello hay que tener en cuenta que agricultura, alimentación y medio ambiente se encuentran inseparablemente unidas e intrínsecamente vinculadas al territorio1. Así mismo, hay que tener en cuenta que la normativa viene marcada por una política europea condicionada por una agenda que debería primeramente haber sido depurada de elementos partidistas, a falta de este debate, en cualquier caso, los acontecimientos más recientes ya le han llevado a colocar los objetivos que consideraba incuestionables a un segundo plano. Lo cual quiere decir que cada vez se hace más complejo intervenir, con propuestas legislativas y, en concreto, desde el Derecho privado, en un proceso que avanza lleno de incertidumbres, bajo acontecimientos que se presentan a cada momento de modo imprevisible, a pesar de que tan rápidos se habían querido algunos cambios. La denominada Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, junto a los Acuerdos sobre cambio climático, diseñan un marco de cooperación internacional que ha llevado a la UE a una específica estrategia de actuación con las subsiguientes normas de carácter vinculante que, a su vez, han tenido que secundar cada uno de los Estados miembros. Por lo que se refiere a la normativa de transcendencia medioambiental parte de ella acarrea 1

Por ello, la monografía parte de la noción de seguridad alimentaria como un punto de contacto e imbricación entre agricultura y alimentación, en un necesario análisis de depuración terminológica, pues tan frecuentemente se confunden en ella su perspectiva sociológica o económica pero que no se corresponde con la noción jurídica, no bien entendido por la mayoría y cuya delimitación es esencial para comprender el fenómeno del Derecho agroalimentario y todo lo que le concierne y lo circunda, cuyo estudio lleva a cabo L. Bourges. Trata de identificar, en particular, su objeto y la problemática actual que en ella se presenta. Además se aborda el nuevo eje discursivo a nivel internacional: los sistemas alimentarios. Su alocución implica incorporar una perspectiva global e integral.

Esther Muñiz Espada

pesadas cargas presupuestarias, algunas de difícil justificación, tanto para los Estados, como para los particulares, tanto para los empresarios, como finalmente para los consumidores. De modo especial, las repercusiones de esta normativa se han hecho presentes en la reforma de la PAC, que se percibían como una cierta amenaza para ésta más que como un apoyo, arriesgando la convergencia normativa europea hacia las mismas finalidades. Tan rápidos se suceden los acontecimientos que recientes contingencias han dejado ya parte de esta futura PAC, cuyos reglamentos se aprobaron apenas en diciembre de 2021, sin sentido, o sin la posibilidad de cumplir sus objetivos. Así, se ha reclamado ya una modulación de la Política Agraria Común por la crisis provocada tras el conflicto bélico en Ucrania, para garantizar la denominada soberanía alimentaria además de la rentabilidad del agricultor, que ha visto cómo se han disparado los costes de producción por la crisis de las materias primas, por lo que se ha considerado que la PAC no podría entrar en vigor el 1 de enero de 2023 en las actuales circunstancias. Lo que es más claro es que no puede nacer con el focalizado acento ambiental del que partía, luego una intervención legislativa ha de ponerlo en sus justos límites. Bien por la deriva de la Agenda 2030 o bien a causa de la crisis sanitaria, el legislador tenía pendiente ciertas intervenciones en materia de seguridad alimentaria y medio ambiente, a ello ahora se une una nueva etapa, aún más cruda, caracterizada por la actual crisis de las materias primas2. Nuevamente el Derecho tiene que salir al paso con una reconstrucción de difícil equilibrio, donde la gestión de los recursos se ha convertido en un renovado factor estratégico a todos los niveles, condicionando la actividad normativa europea. Particularmente, esta actividad se centra en el contexto alimentario, y por derivación en el medio ambiente3.

Así, se analiza seguidamente en la obra la actual proyección normativa que sobre seguridad alimentaria se nos presenta en relación con la prevención de los excedentes alimentarios, en cuyo estudio se ofrecen propuestas de mejora legislativa y un detallado examen de sus aspectos contractuales. Desde el punto de vista ambiental, el estudio Red Natura 2000 y aspectos medioambientales de la PAC: su incidencia en el estatuto de la propiedad y su publicidad registral, de J. M. de la Cuesta Saenz, ofrece una visión del ya viejo marco regulatorio conocido como RED Natura 2000, formado por un extenso tejido de espacios protegidos bajo las denominaciones de LIC (lugar de Importancia Comunitaria) y ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves), que abarcan un 27% de la superficie de España, y cuya incidencia en el estatuto de la propiedad rural puede ser muy aguda, y disfrutar de publicidad registral tras la reforma de la Ley de Patrimonio natural por la Ley 33/2015 de 21 de septiembre. No menor incidencia en el estatuto de la propiedad rural tiene el aspecto medioambiental de la PAC en constante incremento desde los años ochenta del pasa-

Presentación

Bajo todas estas circunstancias se ofrecen al lector un conjunto de estudios que a las reflexiones de carácter jurídico real y obligacional se añaden y aportan las pertinentes propuestas de lege ferenda de un jurista comprometido con su tiempo que atento a las necesidades sociales y económicas propone soluciones legislativas justas y económicamente eficientes. De otro lado, la forma de abordar ahora los nuevos cambios normativos es desde modalidades más flexibles de asociación público-privada o nuevas formas de cooperación, que se basan en fuentes de datos públicos para analizar el seguimiento de los progresos realizados. Ahora sirven para fundamentar decisiones políticas y de inversión, para imposición de sancio-

do siglo XX hasta la actualidad, si bien en este caso, su vinculación a la actividad empresarial agroalimentaria esencialmente dinámica por la rotación de cultivos, requiere de instrumentos muy afinados de control (el llamado SIGPAC), que es poco apto, por lo general, para beneficiarse de la publicidad registral. Bajo el título Los derechos de emisión de los gases de efecto invernadero y el registro de la propiedad, de J. M. Caballero, el trabajo pretende realzar la utilidad del Registro de la Propiedad (y, por extensión, del Registro de Bienes Muebles) en orden a una adecuada implementación de la política medioambiental de eliminación o al menos reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero, propugnando la coordinación entre el Registro de la Unión Europea que da vida a los derechos de emisión de gases de efecto invernadero y el Registro de la Propiedad, donde pueden inscribirse las explotaciones agrarias e industriales contaminantes y los derechos a ellas concedidos, los cuales constituyen un valor económico de interés para su aprovechamiento como garantía hipotecaria. Así mismo, los principios de desarrollo territorial propios del ámbito agroalimentario aspiran a prevenir y minimizar la contaminación del suelo y del subsuelo. Se afronta la cuestión de los suelos contaminados mediante un régimen especial cimentado sobre la información de las actividades potencialmente nocivas y la publicidad de los registros. El nudo jurídico que enlaza y controla los distintos datos inmobiliarios se sitúa en el Registro de la Propiedad en cuyo seno la nota marginal instaurada al efecto adquiere especial trascendencia al irradiar sus efectos hacia diversos planos (sustantivo, económico, temporal e institucional) para favorecer la seguridad y soberanía alimentaria. Cuyo análisis realiza M. Karrera con el título Suelos contaminados. El Régimen hipotecario. Por su parte, el capítulo Registro de la Propiedad y Montes: Hacia un reforzamiento de las tradicionales funciones registrales e incorporación de otras, de Fernando García-Moreno, aborda, en primer lugar, partiendo del insustituible servicio público que presta el Registro de la Propiedad, la multisecular relación de este último con los Montes. Tras esta breve remembranza histórica, una buena parte del trabajo se dedica a destacar las funciones registrales tradicionalmente contempladas por la legislación forestal que, perviviendo hoy en día, deben ser reforzadas. Por último, la parte final, más novedosa de la investigación, se centra en destacar las últimas funciones atribuidas al Registro de la Propiedad en relación con los montes, como la consistente en proteger las superficies forestales incendiadas, así como en llamar la atención sobre la necesidad de incorporar nuevas funciones que posibiliten una mayor y mejor contribución del mismo a la protección de un bien tan valioso para todos como son los montes.

Esther Muñiz Espada

nes, o son garantía de mayor intercambio de información y coordinación, son un medio de control eficaz y eficiente y, a lo que más importa, garantía o demostración de cumplimiento de obligaciones; y para esto no sirve en este contexto la actual organización de los registros administrativos agropecuarios, como ya tuve la oportunidad de advertir en un estudio, y ahora habría que añadir que ni siquiera tampoco con la reforma propuesta por la que se establece y regula el sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria. De modo que este nuevo sistema de información que se reclama, y cuyas características destilan del mismo modo todos los documentos europeos de la tan manida sostenibilidad, requiere un modelo más sofisticado que no podrían ofrecer este tipo de registros administrativos ni siquiera actualizándose. Un nuevo protagonismo, pues, está llamado a cumplir el Registro de la propiedad y el Registro mercantil en el contexto de la seguridad alimentaria y el medio ambiente. Por ello, en el presente volumen al tratamiento de las relaciones jurídico reales y obligacionales se añaden las propias de la seguridad jurídica preventiva4.

Todo ello se aborda, también, desde un punto de vista económico, en el trabajo de J. C. Gamazo, donde se destaca la relevancia de tales Registros que vienen a contribuir a la corrección de los fallos del mercado, reducción de los costes de transacción, y protección de los derechos de los consumidores. La mala regulación asociada a cargas administrativas conduce a una pérdida de eficiencia, siendo imprescindible entonces llevar a cabo una mejora de la regulación better regulation. En este sentido, con la pretensión de reducir cargas administrativas a los operadores económicos, en el presente trabajo aboga por la unificación de los registros administrativos que afectan a la actividad agraria en un único órgano registral. El tema se completa con el análisis de los derechos, actos y personas relacionadas con el Derecho Agrario que figuran en los registros jurídicos, analizando las cuestiones inscritas, anotadas o constando por nota marginal relativas a instituciones y figuras jurídicas íntimamente relacionadas con el Derecho Agrario y que deberían ser utilizadas a los efectos de agilizar el mercado agroalimentario y del sector del agroindustrial en general, a cargo de R. Perteguer, Registradora de la propiedad, y vocal de medio ambiente del Colegio de Registradores de la propiedad y mercantiles de España. En el presente artículo se ofrece una reflexión sobre aquéllos derechos, actos y personas relacionados con el mundo y el derecho agrario que de alguna forma constan en el Registro de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles, así como las posibilidades de cooperación de dichas instituciones para la mejora de la seguridad jurídica, la interrelación de los sujetos y empresas del sector con los mercados europeos, la facilidad de los mismos para el acceso a los Fondos Next, así como el impacto de la crisis por la invasión de Ucrania en relación a la referida temática. Así, se analizan de una forma más minuciosa el papel determinante de las Sociedades agrarias de transformación y su necesaria interrelación con el Registro Mercantil, el papel básico de conocimiento frente a terceros y también para las instituciones y Administraciones del Registro de la Propiedad en la nueva Ley de Residuos y suelos contaminados para una economía

Presentación

circular y la garantía en la transparencia y protección de los contratantes que otorga el depósito de los modelos de contratos en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, así como el deseable depósito de los contratos alimentarios en dicho Registro por parte de los predisponentes para evitar las ventas a pérdidas en el sector agrario. Finalmente, se aportan supuestos de notas marginales en materia medioambiental en el Registro de la Propiedad como muestra de su papel protector del medio ambiente y de las limitaciones administrativas, medioambientales y urbanísticas en línea con los objetivos de la Agenda 2030. También se realiza una breve descripción del Geoportal de Registradores como una herramienta necesaria para la calificación y como un servicio al ciudadano que quiere conocer las limitaciones que puedan afectar a un concreto espacio georreferenciado.

Preface or genesis and future of CAP greening Roland Norer

University of Lucerne and General Delegate of C.E.D.R.

Ecologisation, or —as the term is also called in the context of agriculture at the latest since the Green Box of the WTO Agreement on Agriculture— greening is advancing inexorably. The relevant topics are diverse and range from environmentally sound forms of farming, nature conservation and water protection regulations, food safety and animal welfare to climate protection and carbonisation. The driving force behind this is the everincreasing political and social demands that ultimately find their way into normative requirements. The influence of European law, especially the law of the Common Agricultural Policy (CAP), should not be underestimated. This raises the question of how such an EU agricultural policy, expanded into many areas and facets, could be founded on a legal basis that essentially dates back to 1957. Measured against the initial situation at the time of the Stresa Conference of July 1958, which, in accordance with the mandate of ex-Art. 43 (1) EEC Treaty, the history of the CAP and its greening may seem surprising from a legal point of view. Nevertheless, it was not without reason that the principles of primary law were conceived as a framework regulation in order to leave sufficient room for manoeuvre for the concrete political design. It was this deficit in primary legislation that made the transformations described here possible in the first place.

I. INSTRUMENTS The first aspects of a separate agri-environmental policy emerged clearly for the first time, particularly in the context of the 1992 CAP reform. Agrienvironmental programmes to be offered by the member states served to ensure extensive, environmentally sound agriculture [Regulation (EEC) No 2078/92 on agricultural production methods compatible with the requirements of the protection of the environment and the maintenance of the countryside, OJ 1992, L 215/85]. This legal framework was then incorporated into the newly created 2nd pillar of the CAP with the 1999 reform («Agenda 2000») [Art. 22 ff. Regulation (EC) No 1257/1999 on support

Roland Norer

for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF), OJ 1999, L 160/80], where it will also exist in the regime of the new CAP post-2020 [Art. 70 Regulation (EU) 2021/2115 establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), OJ 2021, L 435/1]. With Agenda 2000, however, environmental objectives were integrated into the first pillar for the first time. Under the heading «environmental protection requirements», the member states were required to take appropriate environmental measures, which included aid for environmental protection obligations in agriculture, general environmental requirements and specific environmental requirements as a prerequisite for direct payments [Art. 3 Regulation (EC) No 1259/1999 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy, OJ 1999, L 160/113]. The 2003 reform then enshrined the cross-compliance system, which ties the (full) payment of direct aid to compliance with certain rules relating to agricultural land, production and activity. Statutory management requirements (SMR) concerning environmental protection, food safety, public, animal and plant health, animal welfare and the maintenance of land in good agricultural and environmental condition (GAEC) were incorporated into market organisation law [Art. 3 ff. in connection with Annex III and IV Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, OJ 2003, L 270/1]. The 2013 reform then saw the additional introduction of so-called greening, whereby 30% of the available national financial envelope is linked to the application of certain sustainable agricultural practices. Part of the direct payments was made conditional on compliance with agricultural practices beneficial for the climate and the environment [Art. 43 Regulation (EU) No 1307/2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy, OJ 2013, L 347/608.]. The new CAP post-2020 brings from 1 January 2023 a cross-compliance regime renamed conditionality, into which greening, abandoned as a stand-alone instrument, is integrated [Art. 12 f. in connection with Annex III Regulation (EU) 2021/2115].

Preface or genesis and future of CAP greening

II. COHERENCE This volume vividly illustrates the thematic diversity that these greening efforts have produced in the meantime. However, the influences of the CAP shown here are only one area. In addition, at the level of European law, there are the general requirements of environmental law as well as those of national law, which the new CAP post-2020 increasingly draws on with the new instrument of strategic plans. It is a demanding task to clothe these requirements in a coherent policy and a legal framework. This involves implementing what is required, for example, by the integration clause of Article 11 TFEU, according to which the requirements of environmental protection must be integrated into the definition and implementation of other Union policies and activities, in particular with a view to promoting sustainable development. According to Article 4 (2) (d) TFEU, these other policies include agriculture. The obligation to take environmental concerns into account is not limited to certain Union policies, but covers all areas of EU activity, in particular transport and energy policy in addition to agriculture. But agricultural policy has a much higher level of integration than other policies. On the basis of the national CAP strategic plans implementing EU agricultural law, it seems to be a Herculean task to combine the issues of food security, food safety, Natura 2000, conditionality (cross-compliance) and emission allowance trading at all levels of legislation into a coherent whole. This volume shows the thematic fields and focuses on the exciting question of whether the land register and the commercial register as traditionally national instruments can also make a contribution to this.