DE LA GUERRA A LOS TRIBUNALES DE DROGAS
Política criminal e imposición de regímenes hegemónicos
SILVIO CUNEO NASH
MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ
PAULA MEDINA
NICOLÁS OXMAN
tirant humanidades
Valencia, 2023
Copyright ® 2023
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.
En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant Humanidades publicará la pertinente corrección en la página web https://editorial.tirant.com/cl
© Varios autores
© TIRANT HUMANIDADES
EDITA: TIRANT HUMANIDADES
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELFS.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email: tlb@tirant.com
www.tirant.com/cl
Librería virtual: https://editorial.tirant.com/cl
ISBN: 978-84-19376-97-8
MAQUETA: Innovatext
Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.
Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
Índice PRESENTACIÓN 13 Capítulo I LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS. DE ESTADOS UNIDOS A LATINOAMÉRICA Silvio Cuneo y Nicolás Oxman INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 26 1. EL ORIGEN DE UNA NUEVA POLÍTICA CRIMINAL DE LA DROGA EN ESTADOS UNIDOS ........................................................................ 30 1.1. La legitimación del discurso de la “nueva amenaza” en el contexto internacional ................................................................................... 33 1.2. La intervención de Estados Unidos en la política criminal de los países andinos...................................................................................... 37 2. LEGITIMACIÓN Y EXPANSIÓN IN ACTION DEL PUNITIVISMO EN MATERIA DE DROGAS 43 2.1. La exportación de un sistema penal de excepción ......................... 47 2.2. Masividad y selectividad en el encarcelamiento ............................. 51 3. CONCLUSIONES .......................................................................................... 56 Capítulo II ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS TRIBUNALES DE DROGAS EN CHILE Silvio Cuneo y Paula Medina INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 62 1. TRATAMIENTO Y PENA 64 2. ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y NECESIDAD DE TRATAMIENTO ................................................................................................... 71 3. LOS TTD EN EL CONTEXTO DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS......................................................................................................... 76 4. GÉNESIS DE LOS TTD EN CHILE (LA CURIOSA ALIANZA) ........... 80 5. FUNCIONAMIENTO DE LOS TTD EN CHILE ..................................... 82 6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS ........................................................... 86
8 Índice Capítulo III ASPECTOS DE GÉNERO A CONSIDERAR EN UNA NUEVA POLÍTICA CRIMINAL DE DROGAS EN CHILE Silvio Cuneo y María José Fernández INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 94 1. PATRONES DE INVOLUCRAMIENTO EN MUJERES VINCULADAS A DELITOS DE DROGAS 96 2. ASPECTOS DE GÉNERO A CONSIDERAR EN UNA NUEVA POLÍTICA CRIMINAL DE DROGAS PARA CHILE 99 2.1. Impacto diferenciado en el encarcelamiento .................................. 101 2.2. Vulnerabilidades sociales y económicas .......................................... 106 3. OBLIGACIONES INTERNACIONALES Y ALTERNATIVAS PROPUESTAS EN OTRAS LEGISLACIONES.................................................. 119 3.1. Obligaciones internacionales del estado chileno en esta materia.... 119 3.2. Experiencias internacionales y alternativas al encarcelamiento 121 4. CONCLUSIONES 128 BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................. 133
Cárcel de Calama en tiempos de pandemia. Tres mujeres privadas de libertad por delitos de tráfico:1
Nancy nos cuenta que tuvo una infancia pobre y en la que fue víctima de abusos sexuales. Luego tuvo tres hijos y debió asumir todos los gastos porque el padre nunca la ayudó económicamente. Tras la muerte de su hermana se hizo cargo de otros tres niños. Los problemas económicos se agravaron. Entonces conoció a un hombre que vendía droga con quien tuvo un cuarto (séptimo) hijo.
Tras una costosa y complicada enfermedad de uno de sus hijos que fue hospitalizado en la UCI de Antofagasta entró en el negocio de la droga. Afirma que se tentó al ver la plata fácil. Arrepentida reconoce que pudo haber trabajado como lo hizo antes. Nos señala que antes de entrar en el negocio de la droga trabajó, y que para ahorrar caminaba largas distancias desde su casa al trabajo y viceversa. Más allá del sueldo miserable y las malas condiciones laborales Nancy sabía, por su propia experiencia, que sus hijos corrían peligro al quedarse solos en barrios vulnerables. Por lo mismo, para ella el camino de la venta de la droga era el mejor.
Ahora que está presa lo que más lamenta es sentir que perdió a sus hijos. La tuición se la dieron a su madre —abuela de los menores— y ella quiere aprovechar el tiempo en la cárcel para aprender cosas. Cuando por fin pueda volver a la libertad, su único objetivo es recuperar a sus hijos. ***
1 Las mujeres privadas de libertad fueron entrevistadas para la elaboración de un artículo investigativo en el que trabajé junto a Marco Pedamonte y Fernando Codoceo.
Nash
Gabriela es boliviana. Nos cuenta que de chica fue abusada sexualmente y que a los 13 años fue madre producto de una violación. Se hizo alcohólica, pero a los 17 años se rehabilitó, se casó, tuvo dos hijos más y enviudó. En una nueva relación tuvo otros dos hijos con un hombre que la maltratada. “Me pegaba mucho”, señala Gabriela sin ningún tipo de rencor, y agrega que él terminó preso. Entonces ella, para ayudarlo y poder pagar un buen abogado, empezó a vender droga y pidió dinero prestado a unos usureros colombianos. Para pagar las deudas empezó a traer droga a Chile hasta que ella también terminó presa.
De manera recurrente Gabriela interrumpe su relato para hablar de sus hijos. El mayor tiene 14, el que sigue 11, la niña seis y el más chico, dos años. Señala que temía que los prestamistas colombianos hicieran algo a sus hijos.
Ya lleva un año presa en Chile y lo que más le duele es la distancia con sus hijos. A veces los ve por videollamadas, pero el padre la chantajea y le exige que mande plata si quiere verlos. Esta situación le duele y la encuentra muy injusta, porque cuando él estuvo preso ella jamás le pidió dinero, todo lo contrario.
Lucía es de Santiago, pero a los siete años se fue a vivir a Calama. Su padre las abandonó y se trasladaron con su madre y sus dos hermanas. Tiene dos hijos grandes de un primer padre y uno pequeño de un calameño. Este último se drogaba y le pegaba. Tras múltiples maltratos no aguantó más y se fue.
Empezó a trabajar, pero no le alcanzaba para pagar arriendo, agua, luz y comida. Lucía nos cuenta que ganaba cerca de 450 mil pesos, pero tenía que pagar entre 600 y 700 mil y no sabía cómo poder hacerlo. Si pagaban todas las cuentas, entonces no podían seguir comiendo. Lucía intentó hacer otros trabajos adicionales como limpiar casas, lavar y planchar, pero ni así alcanzaba y veía muy poco a sus hijos. Entonces se le ofreció la oportunidad de vender drogas y no lo pensó dos veces porque de esa forma podría asegurar que a sus hijos no les faltara la comida.
10
Silvio Cuneo
***
Lucía interrumpe su relato y llora. Nos cuenta que por la pandemia no hay visitas y que lleva ocho meses privada de libertad y no soporta estar lejos de sus hijos. Se siente sola y culpable. Cambia de tema y nos dice que antes por lo menos tenían clases de zumba dos veces por semana. Sonríe y dice que esperaba ansiosa las clases, pero que ahora también eso se eliminó. “Esto de no hacer nada, nos psicosiamos, na que hacer”, agrega. Luego vuelve a hablar de sus hijos: “estar ocho meses sin ver a mis hijos es pa volverse loca porque en mi vida soy primero mamá, segundo mamá y tercero mamá. Mis hijos son todo para mí”.
Si bien tres relatos constituyen una muestra minúscula que no permite llegar a conclusiones generales, dichos testimonios coinciden en elementos esenciales. Estos nos aproximan a los efectos reales que genera en las personas la política criminal sobre el tráfico de drogas la que, en gran medida, es el fruto de una imposición de un régimen hegemónico que desde Estados Unidos va uniformando las legislaciones latinoamericanas. En este sentido, es muy probable que la realidad que se vive en la cárcel calameña sea similar a la de muchas ciudades latinoamericanas.
Dentro de las múltiples dificultades que vivieron estas mujeres —historias de pobreza, abusos sexuales, violencia patriarcal— la separación de sus hijos es el principal problema que para ellas trae el encarcelamiento. Las vidas de estas mujeres, que transitan desde infancias vulnerables hasta la prisión evidencian las falacias del discurso oficial que, al promulgar normas de control de estupefacientes, prometen sancionar el gran narcotráfico. Como tantas veces, la implementación de políticas públicas rinde frutos electorales, otorga réditos y popularidad a sus impulsores, al costo de desconocer la dignidad humana de las personas más vulnerables y desfavorecidas.
Como tantas veces, debemos abandonar aquellas ideas que ven en el derecho penal un sistema de gestión de la delincuencia y simplemente entenderlo como lo que es en la práctica: un medio de control social y de gestión de la pobreza que castiga selectivamente a supuestos “enemigos” del orden establecido y de la “paz ciudadana”.
De la guerra a los tribunales de drogas 11
PRESENTACIÓN1
La promulgación de la ley 20.000 en Chile, sobre delitos de tráfico de estupefacientes en 2005, fue fruto de un gran consenso de la clase política que dio un nuevo paso hacia el autoritarismo penal. El texto presentado con orgullo por los gobiernos de la Concertación2 prometía ser un duro golpe al gran narcotráfico y el consecuente encarcelamiento de poderosos narcotraficantes que aparecen como los principales responsables de tantos males. El ambiente propicio para la promulgación de esta ley corresponde a la visión, mediáticamente reforzada, que ve en la venta de droga un millonario negocio de facinerosos que se traduce en la destrucción de familias, el aumento de la criminalidad y la explosión de los niveles de violencia. De ahí la necesidad de enfrentar al enemigo con la violencia estatal que otorga el derecho penal.
El simbólico número 20 mil no es casualidad y busca dar notoriedad al hecho de que esta ley, aprobada casi unánimemente por las cúpulas del poder, sería una muestra de unidad de una clase política que atacaría sin tregua a los agentes del mal. Las imágenes de la época y los discursos oficiales nos recuerdan a Ronald y Nancy Reagan en la década de los 80, cuando en Estados Unidos impulsaban
1 El presente trabajo recopila tres artículos sobre la Guerra contra las Drogas y los Tribunales de Drogas cuya investigación se enmarca en el proyecto “Tribunales de Drogas. ¿Complemento o alternativa al punitivismo? Análisis crítico y propuestas de mejora para Chile”, patrocinado por la Universidad Central de Chile, Proyecto I+D, CIP 2021013, concurso 2021 y su investigador responsable es el Dr. Silvio Cuneo.
2 La Concertación de Partidos por la Democracia, también conocida como Concertación, fue una coalición de partidos autoproclamados socialdemócratas de centroizquierda, que gobernó Chile ininterrumpidamente desde 1990 hasta 2010. Sus principales líderes son los expresidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei Riuz-Tagle, Ricardo Lagos y la expresidenta Michelle Bachelet.
Silvio Cuneo Nash
la Guerra contra las Drogas. El tiempo evidenció que dicha guerra fue la causa inmediata más relevante del encarcelamiento masivo, un régimen de encierro selectivo principalmente de población pobre y negra consumidora y adicta al crack.
A continuación, a modo de presentación, describiremos la Guerra contra las Drogas como política criminal estadounidense, contraponiendo discursos oficiales y realidad, para luego vincularla a la política criminal chilena.
Tras una vastísima literatura crítica norteamericana3 queda en evidencia que dicha guerra jamás significó un duro golpe a los grandes traficantes y sí, en cambio, trajo sanciones de prisión para consumidores y para los últimos eslabones en la cadena del tráfico, especialmente personas afroamericanas, incluyendo a muchas mujeres. En Chile, con el apoyo de la poderosa plataforma comunicacional, la Fundación Paz Ciudadana, y contra toda la evidencia existente, se dio rienda suelta a esta Guerra contra las Drogas a la chilensis, cuyos efectos han tenido varias semejanzas con lo que pasa en el país del norte.
En este trabajo, como su título sugiere, primeramente, se aborda la Guerra contra las Drogas y, luego, los Tribunales de Drogas (TTD). Está pensado para un lector no académico y busca explicar de modo simple un fenómeno complejo.
En el primer capítulo, escrito de manera conjunta con Nicolás Oxman, se analiza el origen de la Guerra contra las Drogas en Estados Unidos y sus consecuencias posteriores en los países andinos (Colombia, Perú y Bolivia), y la imposición de un régimen político criminal hegemónico en Latinoamérica. Luego se explica cómo la lucha contra las drogas fomenta el encarcelamiento masivo. Finalmente se analiza cómo esta guerra aumenta el encarcelamiento femenino.
El segundo capítulo, escrito junto a Paula Medina, sobre los Tribunales de Drogas en Chile, busca comprender si dicha institución
3 Sobre la Guerra contra las Drogas en Estados Unidos y sus efectos existe abundante literatura, la que puede consultarse en: Alexander, M., (2012).
14
constituye una alternativa o un complemento al encarcelamiento. Para esto se analiza el contexto normativo en el que nacen dentro de la legislación penal en materia de tráfico ilícito de estupefacientes. Sin perjuicio de valorar la existencia de tratamientos contra las drogas, cuestionamos que los TTD sean una alternativa al encarcelamiento. Más bien, se trata de un aumento de la red punitiva que sirve de complemento al punitivismo extremo en la legislación penal sobre drogas. Asimismo, por los requisitos de elegibilidad establecidos en los TTD chilenos, se impide la posibilidad de un tratamiento para muchas personas que podrían requerirlo, toda vez que en la forma actual los TTD combinan y confunden criterios de salud pública con nociones de peligrosidad.
En las conclusiones de dicho capítulo recomendamos la mantención y el aumento presupuestario de los tratamientos contra las drogas. No obstante, sugerimos la separación de las valoraciones o imputaciones jurídico-penales de los criterios de salud pública. Asimismo, como política pública en materia penal sobre drogas, recomendamos la despenalización de conductas y la disminución de sanciones para construir un camino real descarcelatorio y respetuoso de la dignidad humana.
El tercer y último capítulo, escrito junto a María José Fernández, vuelve al estudio de la Guerra contras las Drogas, pero poniendo un énfasis especial en cómo dicha guerra promueve una alta criminalización de mujeres especialmente vulnerables. Este capítulo final, tras analizar críticamente la situación antes señalada, propone recomendaciones que sirvan de directriz a una nueva política criminal en delitos de drogas, considerando especialmente el impacto que genera el encarcelamiento en las mujeres y sus hijas e hijos. Asimismo, a través de revisión de experiencias y normativa internacional, se elaboran propuestas concretas que, de esta manera, den un tratamiento con perspectiva de género y cumplan con la normativa internacional.
Si bien los tres capítulos tratan temas diferentes (la Guerra contra las Drogas, los Tribunales de Drogas y el encarcelamiento femenino respectivamente), el análisis de estos en un mismo trabajo mono-
Presentación 15
Silvio Cuneo Nash
gráfico se debe a los nexos que existen entre los temas tratados. En varios aspectos, como se desprenderá de la lectura del libro, los TTD son una arista de la Guerra contra las Drogas, una cara amable que busca otorgar legitimidad a una política criminal populista y punitivista. Asimismo, los TTD en esencia configuran un complemento al punitivismo que supone la Guerra contra las Drogas.
Conviene insistir en que son las políticas de Guerra contra las Drogas la principal causa inmediata del encarcelamiento masivo, y que los índices del encarcelamiento en los último 40 años, sin precedentes en la historia mundial y nacional, tiran por tierra conceptos demagógicos como el de “puerta giratoria” que sólo son construcciones mediáticas que, distorsionando la real dimensión del problema de la delincuencia, alimentan un populismo punitivo que otorga grandes réditos electorales a quienes aspiran o detentan el poder político. De esta manera, sin importar las consecuencias reales de un mayor nivel de encarcelamiento ni el estratosférico gasto que supone el encarcelamiento masivo, proliferan políticas penales irracionales, inhumanas e ineficientes.
A poco más de doscientos años de su nacimiento, la prisión moderna, sorda a las críticas que la han acompañado desde siempre, se venga y desmiente bibliotecas enteras que hablan de crisis, de perenne crisis, de una institución obsoleta, indefendible, cuyos días se encontrarían contados. Las cifras son aplastantes y, pese al leve decrecimiento en los últimos años en algunos países centrales, la prisión entró al siglo XXI con más presencia que nunca. El aumento de presos es un dato duro que evidencia que nuestras sociedades se acostumbran, cada vez más, a segregar a grandes grupos humanos. La crisis de la prisión —de la que hablan Foucault y otros— no es tal, y más bien es la crisis de sus discursos legitimantes lo que, en todo caso, no parece afectar ni a su existencia, ni a su extensión.
Últimamente el discurso se ha venido sincerando, y el derecho penal se ha mostrado como un instrumento de neutralización de enemigos, cuya principal finalidad es sacarlos de circulación. La sobreutilización de conceptos belicistas —la Guerra contra la Droga, la Guerra contra el Terrorismo, la Guerra contra la Pedofilia— se
16
nutren mediáticamente y resultan funcionales a la legitimación del autoritarismo penal. En directa oposición al discurso oficial, quienes llenan las prisiones no son ni peligrosos pedófilos, ni líderes de bandas terroristas, ni grandes narcotraficantes.
Esperamos que los temas acá tratados otorguen a los lectores y lectoras elementos para un juicio crítico de las decisiones político criminales en materia de drogas y, al mismo tiempo, ayuden a develar las falacias de los discursos promovidos por grupos influyentes, que interesadamente realizan un montaje que criminaliza la pobreza, estereotipando al delincuente y centrando la atención de la opinión pública sólo en un tipo de criminalidad, omitiendo todo análisis a delitos graves vinculados a la corrupción, contaminación del medio ambiente, desviación de fondos públicos, grandes estafas, etc. Asimismo, esta criminología mediática, sin carácter científico, no hace referencia a los vínculos entre delito y estructura social, promoviendo la utilización del derecho penal como mecanismo de control, terror y sometimiento.
Durante todo nuestro derrotero esperamos no perder de vista, a modo de estrella polar, el concepto de persona. Es imperativo ver hasta qué punto nuestras sociedades lo tienen en consideración: si conciben a la persona como fin o como medio y si su esencia resulta inviolable o no. No olvidemos que la existencia de un concepto de persona mundialmente reconocido, fijado en pactos internacionales —sobre el tema penal, procesal penal y penitenciario, y especialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos— plantea límites a la intromisión o trato estatal y obliga a no instrumentalizar a nuestros semejantes. Estos pactos integran los ordenamientos jurídicos en un lugar prioritario. Por ende, la legislación, la reglamentación y las prácticas funcionarias deben ajustarse a ellos, puesto que, todo ordenamiento jurídico debe ser congruente consigo mismo, lógica y axiológicamente.
Para comprender la Guerra contra las Drogas y los Tribunales de Drogas como apéndice del mismo fenómeno, es menester analizar el contexto estadounidense y, siguiendo a Alexander, cuestionar la imparcialidad, neutralidad o daltonismo de la estructura racial estadounidense actual.
Presentación 17
Silvio Cuneo Nash
La propia Michelle Alexander contrapone los símbolos raciales, especialmente la llegada al sillón presidencial de un afroamericano, con la realidad estructural que muestra a un país que sigue segregando y encerrando con criterios raciales. La premisa gatopardesca formulada por Giuseppe Tomasi de Lampedusa nos ayuda a comprender la segregación racial norteamericana: “que todo cambie, para que todo siga igual”. Primero fue la esclavitud, luego la era de la segregación y hoy es el régimen penal el que subrepticiamente mantiene el sistema de castas raciales en la sociedad norteamericana. Que el racismo no sea explícito no significa que no exista. Los argumentos y las racionalizaciones de la discriminación y exclusión racial han mutado, pero los resultados han sido prácticamente los mismos.
La Guerra contra las Drogas en Estados Unidos, observa Wacquant,4 significa para los afroamericanos pobres no una sociedad con cárceles (como la perciben los blancos y los afroamericanos no pobres), sino la primera sociedad carcelaria. Sin embargo, el control racial por parte del sistema penal no se limita al mero encarcelamiento, y la cárcel no se agota con el encierro, toda vez que, tras el cumplimiento de la pena, la segregación se mantiene como un estigma legal que significa la separación, incluso de por vida, de los excondenados y las excondenadas, a quienes se les priva de sus derechos políticos más esenciales, como el voto, la posibilidad de ser jurados, la vivienda social, becas de estudio, etcétera. De esta manera, la sanción recae en, y segrega a, la familia de las personas condenadas.
En Estados Unidos sostener que el encarcelamiento masivo es un sistema de segregación racial resulta complejo, principalmente por el problema de la negación. La mayoría de los norteamericanos no quieren ver el componente racial y se dejan seducir por la aparente neutralidad racial del sistema penal. Esta negación colectiva representa uno de los principales obstáculos para comprender el papel de la raza en la sociedad y limita las oportunidades para una acción colectiva que sea verdaderamente transformadora. 4 Wacquant, L., (2000).
18
La disparidad racial del encarcelamiento en Estados Unidos no es resultado de una acción neutral por parte de quienes detentan el poder. Las políticas implementadas tanto por republicanos como por demócratas han tenido unas claras y directas intenciones segregativas. El propio Obama, como se desprende del análisis de sus discursos y acciones, favorece la mantención de los estereotipos raciales. Así, el sistema penal estadounidense, pese a que negros y blancos delinquen en términos similares, tuvo que hacer sinónimo de delincuente a negro pobre. Esta asociación ha sido posible y permitida legalmente por la selectividad de órganos que operan con discrecionalidad, como la fiscalía y la policía. De esta manera se autoriza la discriminación racial a los operadores del sistema penal.
Si analizamos el papel de la raza en el sistema penal, veremos como dicho sistema puede encarcelar desproporcionadamente a un enorme número de jóvenes pobres negros, cuando en realidad éstos tienen prácticamente las mismas posibilidades que un blanco de perpetrar delitos. Esta disparidad responde a la selectividad de las detenciones, controles policiales y los prejuicios raciales por parte de todos los operadores del sistema penal.
En una época donde el color racial es en apariencia invisible, ya no resulta compatible con las sensibilidades actuales usar la raza de manera explícita para justificar la discriminación. Por lo mismo se utiliza el sistema penal para etiquetar a los negros pobres como “delincuentes”, y sólo en cuanto tales, discriminarlos y despreciarlos. De esta manera, la discriminación abiertamente racial no está permitida, sí en cambio la de los delincuentes, de la misma manera que años atrás se discriminaba abiertamente a los negros. Luego, la neutralidad teórica del concepto delincuente permite el encierro, la discriminación y la privación de derechos esenciales del condenado “sin importar el color de su piel”. Los hechos en cambio demuestran que jóvenes-negros-pobres y delincuentes son conceptos coincidentes.
Los prejuicios en contra de los negros no sólo se refieren a la delincuencia. La imagen de sujetos irresponsables y aprovechadores, que envuelve un posible fundamento para privarlos de las ayudas sociales,
Presentación 19
Silvio Cuneo Nash
se ve reforzada por políticos demócratas y republicanos, e incluso por líderes negros. Así, Obama en su campaña presidencial, el Día del Padre en la Iglesia Apostólica de Dios de Chicago habló a un auditorio repleto de feligreses negros y dijo: Si somos sinceros, admitiremos que hay demasiados padres desaparecidos: desaparecidos de demasiadas vidas y de demasiados hogares… Demasiados son desertores. Han desertado de sus responsabilidades… Sabemos que esto es así en todas partes, pero en ningún sitio tanto como en la comunidad afroamericana.
El estereotipo del discurso de Obama carece de toda base empírica, e incluso investigaciones de sicología social han demostrado que los padres negros que no vivían en el hogar son más proclives a mantener contacto con sus hijos que los padres de cualquier otro grupo étnico y racial.
Algún día los historiadores analizarán con perplejidad el encarcelamiento masivo como un sistema de control racial y social extraordinariamente completo. Explicarán aturdidos que una Guerra contra las Drogas haya sido lanzada casi exclusivamente contra gente pobre de color, gente que ya estaba atrapada en los guetos, que no tenía empleo ni colegios decentes. Personas que fueron encarceladas por millones, y tras la prisión fueron estigmatizadas y les fueron quitados los derechos más básicos. Los historiadores se preguntarán por qué describimos este sistema como uno de control de la delincuencia y no de castas, cuando es difícil imaginar un sistema mejor diseñado para crear, en lugar de prevenir, delincuencia.
Como hemos venido repitiendo, es la Guerra contra la Droga el vehículo principal del encarcelamiento masivo, y en el campo de batalla ha sido racialmente selectiva a la hora de sancionar y encarcelar al enemigo.
En 1982, el presidente Ronald Reagan anunció oficialmente la campaña “Guerra contra la Droga” de su administración. Con esta guerra, Reagan cumplía su promesa de aplicar mano dura al concepto definido racialmente de “otros”, y dicha guerra se declaró como parte de una estratagema política para capitalizar el resentimiento racial blanco contra los afroamericanos.
20
