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LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL PODER LEGISLATIVO EN ESPAÑA. FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José añón roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge a. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José raMón Cossío díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

eduardo Ferrer MaC-gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José antonio garCía-CruCes gonzáLez

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis LóPez guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

ángeL M. LóPez y LóPez

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

víCtor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

FranCisCo Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

angeLika nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia

HéCtor oLasoLo aLonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

LuCiano PareJo aLFonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

ConsueLo raMón CHornet

Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia

toMás saLa FranCo

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

ignaCio sanCHo gargaLLo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

toMás s. vives antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

rutH ziMMerLing

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Javier de LuCas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL PODER LEGISLATIVO EN ESPAÑA. FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS

ENRIQUE RIVERO YSERN Catedrático de Derecho Administrativo JAIME RODRÍGUEZ-ARANA Catedrático de Derecho Administrativo

tirant lo blanch Valencia, 2023

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Dedicatoria: A nuestros padres, que nos educaron en el estudio y la verdad.

ÍNDICE

Exordio LA DIMENSIÓN ÉTICA DE LA DEMOCRACIA...................................

Parabasis DE LA RESPONSABILITÉ POUVANT NAÎTRE À L´ OCCASION DE LA LOI.....................................................................................................

Capítulo I LA SOBERANÍA Y SU ORIGEN.............................................................

Capítulo II LA LEY MANIFESTACIÓN DE LA SOBERANÍA...................................

Capítulo III SOBERANÍA. ESTADO. RESPONSABILIDAD. INDEMNIZACIÓN......

Capítulo IV EL ESTADO LEGISLADOR. SOBERANÍA. RESPONSABILIDAD. LA IMPUTACIÓN.........................................................................................

Capítulo V LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LAS LEYES EN FRANCIA.....

Capítulo VI LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL PODER LEGISLATIVO EN ESPAÑA.............................................................................................

Capítulo VII LEY Y REGLAMENTO EN ITALIA........................................................

Capítulo VIII LEY Y REGLAMENTO EN FRANCIA....................................................

Capítulo IX LEY Y CONSTITUCIÓN EN ESPAÑA....................................................

103

Capítulo X LEY Y REGLAMENTO EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO ESPAÑOL.........................................................................................................

107

Capítulo XI LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS DIPUTADOS Y SENADORES POR LOS DAÑOS OCASIONADOS A LOS CIUDADANOS CON DOLO, CULPA O NEGLIGENCIA GRAVE. SISTEMA DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA..................................................................

121

Capítulo XII LOS VALORES CONSTITUCIONALES..................................................

129

Capítulo XIII EL DAÑO CONSTITUCIONAL..............................................................

139

Capítulo XIV LOS PARTIDOS POLÍTICOS...................................................................

141

Capítulo XV LA INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA............................................

147

Exordio LA DIMENSIÓN ÉTICA DE LA DEMOCRACIA

1. LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA EN NUESTRO TIEMPO En este tiempo de pandemia el virus está poniendo a prueba los fundamentos del edificio democrático. Un edificio que se tambalea bajo la fuerza arrolladora de un omnímodo poder, público y privado, que se lleva por delante las señales de identidad de un sistema político y de una forma de gobierno que con el paso del tiempo han sido vaciados de contenido hasta haberlos convertidos en meras formas que el poder maneja a su antojo. Las razones de tal situación son claras y evidentes. No se han fortalecido los contrapesos, se han tolerado, y sublimado, formas de control formales, la participación ciudadana se desnaturaliza, los partidos políticos, al menos en Europa, se convierten en agencias de colocación y en dominadores de todos los resortes del poder hasta licuar esa separación de poderes que antaño era una de las bases del sistema. Por eso, ahora, en plena ofensiva de un totalitarismo sutil y con piel de cordero que nos desgobierna en tantas latitudes, es menester la urgente convocatoria a renovar los basamentos de la democracia, a recuperar los pilares sobre los que se asienta el Estado de Derecho. Efectivamente, se trata de restaurar un maltrecho sistema político repleto de quiebras y añagazas por doquier. En los fundamentos, en la estructura y también en los mismos complementos del edificio. En el fondo, la crisis en la que estamos inmersos precisa recuperar los pilares básicos de la filosofía democrática: la efectiva participación de los ciudadanos en los asuntos de interés general y el control sobre del poder.

Enrique Rivero Ysern / Jaime Rodríguez-Arana

Otro síntoma de la crisis, no menos preocupante, es la peligrosa identificación que se ha ido produciendo en no pocos casos, entre intereses generales e intereses privados, con las funestas consecuencias que todos, más o menos impasibles, estamos contemplando. Otro elemento de este diagnóstico es la efectiva y real falta de configuración de la persona como centro del sistema por más que se declame hasta el paroxismo o se haya recogido en un sinfín de preceptos normativos y declaraciones burocráticas. La real realidad nos muestra que la desigualdad aumenta, que las diferencias entre ricos y pobres crece y que la dignidad humana, canon supremo de las tareas judiciales, ejecutivas y parlamentarias, es más bien un objeto decorativo de gran valor que, es bien triste, no alcanza a permear al conjunto del Ordenamiento jurídico, sea público, sea privado. En este sentido, la democracia debe reencontrarse como espacio que, en un modelo de Estado social de Derecho, promueva las condiciones necesarias para el pleno desarrollo del ser humano y para el libre y solidario ejercicio de sus derechos fundamentales. En definitiva, la democracia del presente ha ido perdiendo sus valores primigenios abonando el terreno para la demagogia y el populismo, sea del signo que sea. Hoy lo comprobamos a diario en tantas latitudes ante la general inactividad de una sociedad enferma, incapaz y sin resortes morales. La mediocracia, el libro de Alain Deneault, profesor de sociología en Canadá, es un muy buen análisis de las causas del ascenso de la mediocridad a la dirección y gobierno de instituciones y corporaciones públicas, también privadas, en el presente, lo que da lugar, lo comprobamos a diario, a una tiranía de lo políticamente correcto y a una merma preocupante de la libertad de expresión. Edgard Pisani, director que fue del Instituto del Mundo Árabe de París, pronosticaba tiempo atrás una profecía cumplida: “sabemos que la democracia, tal y como hoy la vivimos (…) llevará al poder (…) a hombres y mujeres cuya principal cualidad no será precisamente la excelencia, sino la mediocridad. (…) Estamos lejos de aquello que constituía la ambición de las democracias nacientes: que la elección de todos distinguiera al mejor de todos”1.

PISANI, E., “Los peligros de la democracia”, El País, 12.VIII.1992, p. 7.

La Dimensión Ética de la Democracia

En efecto, en estos años, como consecuencia del ascenso de la mediocridad y de la banalización creciente de los asuntos públicos, se ha ido agostando una de las principales funciones de la democracia: dar sentido a las cosas haciendo a cada hombre responsable más allá de los estrechos límites de un horizonte cotidiano2. Hoy en plena pandemia tal sombrío y funesto panorama se certifica a diario cuando nos acercamos a la forma en que se gobierna y gestiona la aguda crisis que estamos sufriendo a nivel mundial con ocasión de la pandemia. En este contexto, la democracia moderna, hija de la fe en la razón propia de la época de la Ilustración, debiera haber alumbrado una forma de gobierno en la que la racionalidad humana impregnara la función de gobiernos, parlamentos y jueces. La realidad es la que es: concentración del poder y colosales campañas de manipulación y control social como consecuencia de la primacía de la razón técnica y funcional que ha terminado por eclipsar, cuando no arrumbar, hasta laminar, a la dignidad del ser humano, hoy por los suelos en tantas partes del globo. En 1992, la editorial Paidós tradujo al castellano el libro del antiguo profesor de la Universidad de Yale y expresidente de la Asociación Norteamericana de Ciencia Política Robert. A. Dahl, titulado “La democracia y sus críticos”. El libro está escrito en 1989 y no tiene desperdicio. Para lo que aquí interesa, conviene destacar que Dahl es de los que razonablemente piensa que la democracia tiene que ser criticada para que mejore, sobre todo después de lo que aconteció a finales del siglo pasado. En concreto, Dahl señala que en estos tiempos del llamado posmodernismo es necesario potenciar la civilidad, la vida intelectual y la honradez moral. Porque, sin valores, sin cualidades morales, falla el fundamento principal de la democracia: la centralidad de la dignidad humana. Es necesario regenerar la democracia. Y, para ello, nada mejor que volver a los principios, marco en el que reviste especial importancia la exigencia de un nivel ético elevado. En efecto, no es solo necesaria la existencia de códigos de conducta sino, sobre todo, transparencia en cada uno de los aspectos en que la vida privada se encuentra

Ibidem.

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con la pública3. La Ética es, o debe ser, una condición intrínseca a la democracia. Incluso en tiempo de pandemia, las frecuentes corrupciones detectadas en las compras públicas, por ejemplo, nos alertan de la necesidad de combatir ese virus de la corrupción que carcome y degrada la democracia entregándose, por mor de la inmoralidad reinante en los gobernantes, a sus peores fantasmas: la demagogia y el populismo. Y para levantar el listón actual de comportamientos éticos precisamos, he aquí la cuestión, de sistemas educativos que formen en los valores en un ambiente de creciente humanización de la realidad. Algo, no es un secreto, que se ha ido abandonando o se ha tratado muy superficial y frívolamente. Y ahí están las consecuencias. En este sentido, se están perdiendo los hábitos vitales de la democracia que, en opinión del filósofo norteamericano John Dewey, se resumen en la capacidad de perseguir un argumento, captar el punto de vista del otro, extender las fronteras de nuestra comprensión y debatir objetivos alternativos. Es decir, mente abierta, plural, crítica, compatible y, sobre todo, dispuesta a incorporar argumentos, vengan de donde vengan, si son aptos o positivos para resolver problemas de interés general. Algo que la polarización actual, deliberadamente inducida, impide completamente. La democracia debe ser perfeccionada, mejorada para que recupere sus valores originarios y pueda contribuir a una sociedad libre, en paz, participativa, presidida por la justicia y la igualdad de oportunidades. Para ello, la crítica es un buen instrumento siempre que se utilice desde planteamientos constructivos. Y, en este contexto, hay otra cuestión que tratando de Ética y Democracia no se debe omitir. Nos referimos a lo que muchos vienen calificando como partitocracia. Es decir, el gobierno de los partidos. En el sistema parlamentario, el partido que gana con mayoría para gobernar dispone del control del Parlamento, del Ejecutivo y, tal y como está conformada la actual designación de los integrantes de las más elevadas magistraturas del Poder Judicial, del control también de estos Tribunales. Y quien manda en el partido, no digamos si es el Presidente del Gobierno, dispone de

TUSELL, J., “La regeneración de la democracia”, Cuenta y Razón, nº78-79, Madrid, 1993, pp. 27-32.

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un poder incompatible con un sistema político fundado precisamente en su limitación y en la participación social. En efecto, la partitocracia es un mal que hay que combatir. La peligrosa tendencia a la oligarquización que se está produciendo en la vida política, y sobre todo en los partidos, es una de las más peligrosas enfermedades de la democracia. Para extirpar este maligno tumor hay que ir a un sistema de listas abiertas, limitar el número de los mandatos, fomentar la libertad de voto en determinados temas que afecten a los principios y valores del sistema, aumentar el número de las autoridades independientes o neutrales y buscar fórmulas para que el nivel de los dirigentes públicos sea el que se merece la sociedad. Es decir, cumplir el artículo 6 de la Constitución que manda que estas instituciones tengan una estructura interna y un funcionamiento democráticos, algo que, salvo excepciones, es pura teoría. Por tanto, los partidos políticos también deben recuperar su funcionalidad propia dentro de la filosofía democrática. Para ello, nada mejor que los electores puedan elegir libremente a los candidatos que les merezcan mayor confianza y garantía de acierto y no aclamar la lista que impone el que tiene poder en el partido. Esta es una de las mayores corrupciones de la democracia y un caldo de cultivo en el que florece la mediocridad y la arbitrariedad. En este sentido, es conveniente recordar el discurso que el entonces Presidente italiano Cossiga dirigió el 26 de junio de 1991 al Parlamento para propiciar la reforma de la Constitución de 1947. Pues bien, uno de sus argumentos, el más contundente, fue el de la transformación de la democracia en partitocracia: “el sistema de partidos ha manifestado tendencias a, en lugar de ser un instrumento de intermediación entre la sociedad política y la civil, transformarse en un complejo y cerrado aparato de recolección y defensa del consenso como título para ejercer una impropia gestión del poder (...)”. Para Cossiga, la partitocracia desnaturaliza el sistema democrático ya que produce “disfunción de las instituciones, empañamiento de los valores de credibilidad del Estado y de los demás sujetos del poder público, debilitamiento de la autoridad efectiva del Estado, carencias y lentitud de la Administración de Justicia y sospecha de partidismo, insuficiente respuesta de los servicios a la demanda social y creciente manifestación de los partidos más como gestores del poder que como organizadores del consenso para la afirmación de programas (...). De ahí “la creciente desafección popular

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hacia nuestro sistema de Gobierno”. Esta reflexión puede parecer dura pero realmente describe una situación real que, en algunos países, es un clamor a gritos. La selección oligopólica de los cargos públicos trae consecuencias claras: la anulación de la división y separación de poderes, se quiera o no, y, ya lo hemos adelantado, el creciente distanciamiento entre gobernantes y ciudadanos. En este contexto, la democracia se encuentra falseada por las listas cerradas y bloqueadas, por la sujeción a órdenes de partido que anulan la libertad de los representantes, por la lectura de discursos en un Parlamento en que, contradictoriamente, no se debate, convirtiéndose en un espacio de control y dominio de quien verdaderamente dispone del poder real en la democracia. Los partidos, pues, no deben prometer lo que no pueden cumplir, no deben encerrase en sí mismos. Deben, por el contrario, conocer las aspiraciones sociales y buscar la forma de hacerlas posibles, en el marco de su ideario, en un contexto de libertad y prosperidad. Porque no sería correcto decir que todos los ciudadanos quieren lo mismo, o que todos plantean de la misma forma los problemas colectivos. Pues precisamente para representar este sano pluralismo están los partidos. Pero para ello, es necesario que los partidos políticos piensen más en la configuración de la vida social y menos en los cargos. Como señalara el ex-Presidente alemán Weizsäcker en 1992, el 19 de junio, se echa en falta un liderazgo moral mientras los partidos, eso sí, hablan o discuten mucho sobre las luchas por cargos y por intereses, olvidándose de que son instrumentos para la solución de los problemas. En fin, la convivencia en paz o la efectividad de los derechos fundamentales acaban convirtiéndose en un instrumento al servicio de los dirigentes de los partidos. Es más, las nobles aspiraciones de la colectividad se transforman en el expediente para fortalecer el poder de determinados líderes que sólo aspiran al llamado control de aparato. Se trata, pues, de la prostitución de la democracia porque al final, la partitocracia equivale, o supone, la confusión de los intereses generales con los de un grupo que buscará la forma de perpetuarse en el poder a través de la instrumentalización de las más loables y justas necesidades colectivas. Un ambiente de partitocracia es el propicio para la proliferación de la mediocridad como criterio para estar cerca del poder o para

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acceder al mismo. Hoy, la oligarquía y la desideologización son dos características de la vida de los partidos por lo que, en este contexto, no parece extraño que los partidos se dividan en pequeñas, o grandes, camarillas que solo funcionan en clave de clientela personalista. Por eso, la política se ha convertido en una actividad para quienes carecen de una vida profesional razonable y quieren tener una cierta dimensión pública en la que se reciben privilegios, inmunidades y sueldos jamás soñados. Y, lo que es más grave, ni se conecta con los ciudadanos, ni se recupera el espíritu del servicio público, ni se aumenta la sensibilidad social. Desgraciadamente, el político actual parece aspirar solo a ganar las elecciones y ejercer el poder sin más. A veces, incluso se llega al poder después de haber “comprado” los votos por determinados favores o que, después, impiden o dificultan la gestión racional, equitativa y justa de los intereses generales. La democracia es, sobre todo, más que una forma de gobierno, una forma de vida. Cuando se acentúa el aspecto del poder y no se vive en clave democrática, las consecuencias no pueden más que las que se producen en estos tiempos. Por eso, es buena hora de recordar, siguiendo al profesor Bobbio en un trabajo sobre “El futuro de la democracia” que la democracia no puede prescindir de la virtud, entendida como amor a la cosa pública, pues al mismo tiempo debe promoverla, alimentarla y fortalecerla.

2. PLURALISMO, VALORES Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA La primacía de los valores y principios constitucionales reclama que la legalidad administrativa se impregne de ellos. Tal tarea, lamentablemente todavía “in fieri” a pesar del tiempo transcurrido, se pone de manifiesto precisamente cuando se estudia, por ejemplo, la funcionalidad de los derechos sociales fundamentales en el Derecho Administrativo. El denominado Derecho Administrativo Constitucional, del que se puede hablar con propiedad a partir de la vigente Carta Magna, exige nuevos estudios e investigaciones más conectados con los valores y principios constitucionales entre los que se encuentran, entre otros, el servicio objetivo al interés general, la centralidad de la dignidad del

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ser humano, la función promocional de los Poderes públicos, y, por supuesto, una concepción más abierta de los derechos fundamentales de la persona, entre los que se encuentran también los denominados derechos fundamentales sociales. La cláusula del Estado social ha significado una profunda transformación en el tradicional entendimiento del Derecho Administrativo. En efecto, el Estado debe promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impiden su efectividad y fomentando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural. Por tanto, esta prescripción constitucional, en España reconocida en el artículo 9.2 de la Carta Magna, debe presidir el sentido y funcionalidad de todas las categorías e instituciones del Derecho Administrativo. Un Derecho Administrativo que habrá de tener una nueva textura y sensibilidad, para lo que precisará de instituciones y técnicas adecuadas a las nuevas finalidades que la Constitución le impone. Los valores constitucionales son centrales para comprender el sentido de la reforma integral de la Constitución que debiera afrontarse si es que se da el clima de entendimiento necesario para ello. En efecto, los valores y principios conforman la sustancia constitucional que nos interesa. Donde reside el espíritu constitucional, el centro de donde procede el dinamismo y las virtualidades de la Constitución, es en ese conjunto de valores o de vectores, recogidos tanto en el preámbulo como en el articulado, que dan sentido a todo el texto constitucional y que deben impregnar el régimen jurídico y el orden social colectivo. Es decir, se trata de las directrices que deben guiar nuestra vida política, no sólo la de los partidos, la de todos los españoles, nuestra vida cívica. Los partidos políticos, cuya estructura y funcionamiento interno deben ser democráticos, por mandato del artículo 6 constitucional, como cualquier organización, tienen el compromiso, por el hecho de constituirse, de luchar por la consecución de sus fines. Esta aspiración es bidireccional, porque la sustenta en primer lugar quien participa del trabajo, y después los destinatarios naturales de la actividad que se realiza. Así, ante el posible éxito de la iniciativa, habrá que considerar que los primeros beneficiarios sean los propios autores de la activi-

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dad, que supieron concretar una idea, un proyecto, una estrategia que se traducen en un resultado que pusieron al servicio de la sociedad, que también se reconoce mejorada por ese producto, por ese servicio. De este esquema –que no pretende obviar la complejidad de los procesos– pueden extraerse las consecuencias que se derivan cuando la finalidad de la actividad no reside en el servicio o en los bienes que se ofrecen, sino que se instala en el bien de la propia organización. Cuando tal cosa sucede en el ámbito de las organizaciones políticas los resultados son manifiestos y casi, casi, pueden deducirse. La organización se convierte en fin: se burocratiza, los llamados aparatos cobran protagonismo absoluto. No se abre; se cierra, pierde los vínculos con la realidad social. Y, en última instancia, cuando no hay un proyecto que ofrecer más que la propia permanencia que se considera un bien por sí, el centro de interés estará en el control-dominio, que será la mejor garantía de subsistencia. La autoridad moral se derrumba, la iniciativa se pierde, el proyecto se vacía, y la organización se vuelve autista, sin capacidad para detectar los intereses de la gente, sin sensibilidad para captar las nuevas necesidades sociales. En cambio, una organización que mira eficazmente a los bienes que la sociedad demanda y que permitirá hacerla mejor, es capaz de aglutinar las voluntades y de concitar las energías de la sociedad. Atiende a los ámbitos de convivencia y de cooperación, se convierte en centro de las aspiraciones de una mayoría social y en perseguidora del bien de todos. Esto es ocupar el centro social, o más bien estar centrada en el interés social, no simplemente en el interés de una mayoría social. Una forma de ejercer el control cuando el poder se esclerotiza, se sirve sólo a sí mismo, es la preocupación central por cercenar al rival. Es lógico que se pretenda derrotar al adversario, pero la forma de hacerlo tiene que ser ganándole la partida en el aprecio de los ciudadanos, dando soluciones realistas, y también con los proyectos más ilusionantes. Lo que constituiría una negación del espíritu democrático sería pretender ganar a base de socavar el trabajo de los demás. La hegemonía política que siempre tendrá en un régimen democrático un carácter temporal, no debe encumbrase prepotentemente por verse establecida sobre un yermo de ideas y de proyectos políticos. Triste hegemonía, reinado de tuertos en un país de ciegos políticos.

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Tal situación es signo inequívoco de debilidad democrática, lo que se traduce en debilidad de la libertad y de la participación. El juego democrático tiene componentes esencialmente competitivos, como sucede con la concurrencia electoral. La competitividad se manifiesta también en el trabajo de control –en el sentido de fiscalización– del ejecutivo por la oposición. No es vana la afirmación de que un buen gobierno precisa de una buena oposición. Por eso tan nocivos son para el bien general el trabajo opositor de entorpecimiento del trabajo de gobierno -no ciertamente el de control del ejecutivo- que llegue a negar radicalmente la posibilidad de entendimiento, como el trabajo de gobierno que se dirija torcidamente a destruir la oposición o que sistemáticamente se imponga por mayorías mecánicas, o que no dé ocasiones a la oposición para sus aportaciones y cooperación.

3. SOBRE LA ÉTICA POLÍTICA La dimensión ética de la política constituye un problema intelectual, y sobre todo práctico, de primer orden, de gran calado4. Desde los inicios mismos del pensamiento filosófico y a lo largo de toda la historia en Occidente ha sido abordado por tratadistas de gran talla, desde las perspectivas más diversas y con conclusiones bien dispares. Y por mucho que se haya pretendido traducir algunas de ellas en formulaciones políticas concretas, la experiencia histórica ha demostrado sobradamente que ninguna puede tomarse como una solución definitiva de tan difícil cuestión. La Ética Política, como sabemos, tiene su fundamento en el bien común y, por tanto, en los fines existenciales del hombre. Es más, la “Política” entendida como el ejercicio de la responsabilidad en los asuntos públicos tiene una evidente relación con el progreso del hombre y, por ello, con el compromiso en la defensa de la dignidad humana. La Ética Política, en este contexto, es claramente contraria a entender la comunidad política como una institución de organización técnica al servicio de diversos intereses. La comunidad política se justifica en la medida en que aumenta la dignidad del hombre concreto 4

Vid. Pouvoirs, Revue française d’études constitutionnelles et politiques, nº65, dedicado a Política y Moral, 1993.