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monografías ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

(personas LGTB); su o cio (trabajo sexual); su

Coordinadores

COLECTIVOS EN LOS MÁRGENES DEL DERECHO

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH MARÍA JOSÉ AÑÓN ROIG

VÍCTOR MORENO CATENA

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

ANA BELÉN CAMPUZANO LAGUILLO

FRANCISCO MUÑOZ CONDE

Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo

JORGE A. CERDIO HERRÁN Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

OWEN M. FISS Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

LUIS LÓPEZ GUERRA Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

ÁNGEL M. LÓPEZ Y LÓPEZ Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

MARTA LORENTE SARIÑENA Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

JAVIER DE LUCAS MARTÍN Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

ANGELIKA NUSSBERGER Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

HÉCTOR OLASOLO ALONSO Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

LUCIANO PAREJO ALFONSO Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

TOMÁS SALA FRANCO Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

IGNACIO SANCHO GARGALLO Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

TOMÁS S. VIVES ANTÓN Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

RUTH ZIMMERLING Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

COLECTIVOS EN LOS MÁRGENES DEL DERECHO

Coordinadores:

PATRICIA LAURENZO COPELLO ALBERTO DAUNIS RODRÍGUEZ

Valencia, 2016

Copyright ® 2016 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Este libro recoge los resultados del proyecto de investigación “Colectivos en los márgenes. Su exclusión por el derecho en tiempos de crisis” (DER 2012-34320), inanciado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráicas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9143-321-7 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

Introducción Patricia LAURENZO COPELLO

Vivimos inmersos en sociedades profundamente sectarias que, al ritmo marcado por el capitalismo posmoderno, construyen mecanismos cada vez más fuertes —a la vez que sutiles o perversamente justiicados— para marginar y excluir a grupos enteros de personas que por diversas razones se perciben como un peligro para la estabilidad del sistema. Toda estructura social asentada sobre relaciones desiguales de dominio y subordinación genera situaciones de marginalidad a partir de procesos más o menos complejos de estigmatización que acaban por señalar a determinados colectivos como inadaptados, díscolos, peligrosos o simplemente inútiles, todo ello sobre la base de su discordancia con los valores y pautas de comportamiento reconocidas como válidas por el grupo dominante. Y a la marginación sigue la exclusión, en la que juega un papel destacado el Derecho en su función de productor —y reproductor— de las normas que sostienen el sistema y lo dotan de legitimidad. En los casos más extremos la exclusión se traduce sencillamente en la negación de derechos básicos a determinados sujetos —sea individualmente o como colectivo—, pero en las sociedades autoproclamadas baluartes de las libertades y la democracia (Europa y USA, principalmente) el procedimiento suele ser más sutil: no siempre a los marginados se les ignora, incluso en ocasiones se les reconoce como “vulnerables”, pero su diferencia justiica que reciban un trato particular, caracterizado generalmente por importantes limitaciones a las libertades fundamentales y por el desprecio casi absoluto a la autonomía personal. De esta manera, colectivos estigmatizados por muy distintas causas —la condición de extranjeros (inmigrantes y desplazados); su identidad de género u orientación sexual (personas LGTB); su oicio (trabajo sexual); su desarraigo familiar (jóvenes extutelados); o sencillamente la pobreza (personas sin hogar)— aparecen vinculados desde el punto de vista del Derecho por su común condición de sujetos especiales a los que se deben aplicar medidas también especiales, ya sea en la forma de derecho de excepción —como sucede con la normativa europea de asilo elaborada especíicamente para contener la llegada de refugiados que huyen de conlictos armados— o de derecho puramente asistencial —como pasa con las personas sin techo, a quienes se atiende a partir de criterios caritativos mientras se les niega de forma sistemática un derecho humano tan esencial como el acceso a una vivienda digna—. Sea cual sea el colectivo en el que se ije la mirada, la

Patricia Laurenzo Copello

conclusión siempre es la misma: por muy distintas formas que adquiera la respuesta por parte del Derecho, prima en todos los casos una visión estigmatizada que se traduce en un recorte inadmisible de los derechos humanos de multitud de personas por el solo hecho de escapar de algún modo —voluntaria o involuntariamente— a los cánones establecidos como normativamente válidos por el poder hegemónico. El presente libro tiene por objeto indagar sobre los distintos mecanismos a través de los cuales se concreta esa perspectiva discriminatoria en algunos de los colectivos más afectados actual o históricamente por la exclusión social1. La investigación se aborda desde un enfoque multidisciplinar, que ante todo presta atención a las claves que nos permiten comprender cómo se construye la exclusión para centrarse luego en las distintas formas en que el Derecho se enfrenta a los colectivos marginados. Y los resultados desvelan que a pesar de las grandes diferencias que separan a unos grupos de otros, hay ciertas pautas que los atraviesan a todos y no precisamente para bien, sino con el denominador común de cercenar los derechos fundamentales de sus integrantes. Como se demuestra a lo largo de estas páginas, en tiempos de convulsión social y económica la exclusión se expande y se radicaliza, dejando en los márgenes a sectores cada vez más amplios de la población. Y por muy paradójico que parezca, esas bolsas de marginalidad resultan funcionales al sistema porque, con la ayuda inestimable de unos medios de comunicación obedientes a las élites, se las presenta como fuente de un peligro potencial indeterminado y profundamente desestabilizador que justiica una legislación de emergencia cada vez más invasiva de las libertades individuales, limitaciones que la mayoría de la sociedad percibe como algo positivo, un mecanismo inevitable —e incluso deseable— de autoprotección. Si bien es cierto que ese aumento del control estatal afecta a todos los que de un modo u otro oponen resistencia a este proceso de domesticación de la ciudadanía —no hay más que pensar en las severas restricciones al uso del espacio público impuestas por la LO 4/2015 de Seguridad Ciudadana o las reformas al Código Penal en materia de desórdenes públicos—, no cabe duda de que los más afectados son los propios colectivos que sirven de pretexto para reforzar el principio de autoridad. Así, por ejemplo, con el argumento de que representan un peligro para la moralidad colectiva, en los últimos años han proliferado las normas administrativas de ámbito local (hoy también la Ley de seguridad ciudadana) que favorecen el acoso policial a las mujeres y personas trans que ejercen la prostitución callejera —redadas de identiicación, multas, denuncias por desobediencia,

Se recogen aquí los resultados del Proyecto de Investigación Colectivos en los márgenes: su exclusión por el Derecho en tiempos de crisis (DER 2012-34320).

Introducción

expedientes de expulsión— con el in indisimulado de borrarlas del espacio público. Y en un contexto completamente distinto pero con los mismos argumentos de rechazo a los otros, la actual normativa europea recogida en el llamado “paquete de asilo” de 2013 contempla la posibilidad de privar de libertad a los refugiados que llegan a nuestras fronteras pidiendo asilo cuando exista “riesgo de fuga”, como si los ciudadanos que vienen huyendo de guerras y persecuciones políticas fueran delincuentes peligrosos que se necesita controlar. En todo caso, está claro que una vez situados ciertos colectivos en los márgenes de la sociedad por quienes tienen el poder para asignar espacios, de algún modo el Estado debe gestionar su presencia en la vida pública. Y las estrategias no siempre son las mismas. Cuando se ha construido una imagen abiertamente negativa del grupo, las respuestas suelen adoptar la forma de medidas represivas. Es el caso de los inmigrantes sin papeles. En épocas de crisis económica es fácil presentarlos como una amenaza para el mercado interno de trabajo y consecuentemente como un peligro para la endeble estabilidad del sistema que es imprescindible neutralizar, una imagen amenazante que justiica nada menos que su privación de libertad en centros de internamiento con características claramente carcelarias (CIES) a pesar de no haber infringido ninguna norma penal. Y lo más graves es que esta imagen negativa se está extendiendo últimamente a quienes llaman a las fronteras europeas en busca de refugio, un colectivo perversamente asociado en el discurso político y mediático a la inmigración irregular y al terrorismo internacional. Sirvan de ejemplo las declaraciones de una destacada autoridad de la iglesia católica española que caliicó a quienes huyen de los conlictos armados de Siria y otras regiones cercanas como un “caballo de Troya dentro de las sociedades europeas” cuyos miembros no son todos “trigo limpio”2. Esta sospecha interesada y maliciosa que muchos difunden sin reparo en una sociedad atemorizada por la escalada de violencia terrorista ha permitido que se apruebe en la Unión Europea una Directiva de acogida de refugiados que, lejos de protegerlos y asegurar sus derechos, oculta medidas profundamente restrictivas de su libertad, incluida la posibilidad de detenerlos bajo el amplísimo paraguas de las “razones de seguridad y orden público” (Directiva 2013/33/UE). Frente a estas respuestas claramente negativas, otras veces las estrategias para afrontar los problemas que suscitan los colectivos en los márgenes adquieren una apariencia integradora, de conciliación y supuesta comprensión. Pero también estas medidas vienen marcadas por el estigma que identiica al grupo y no

Declaraciones del cardenal y arzobispo de Valencia Antonio Cañizares en un desayuno informativo de Forum Europa. Véase Diario El País de 16 de octubre de 2015, disponible en http: // ccaa.elpais.com/ccaa/2015/10/14/valencia/1444816861_998806.html

Patricia Laurenzo Copello

están exentas de un componente discriminatorio. Así, en relación al colectivo de personas transexuales, muchas legislaciones supeditan el reconocimiento de sus derechos —como el cambio registral de nombre y sexo— al previo diagnóstico de un trastorno médico denominado “disforia de género”, cuando no a medidas aún más humillantes como la esterilización o la previa cirugía genital. Igualmente discriminatoria es la situación que atraviesan las parejas gay que acuden a países donde está permitida la maternidad subrogada para ser padres y luego se encuentran con fuertes obstáculos para el reconocimiento de su paternidad en los países donde residen. Tal es el caso de España, donde la jurisprudencia ha encontrado una solución que no deja de ser discriminatoria en tanto que les obliga a marcar las diferencias con las familias heterosexuales —las únicas reconocidas como “normales” por el sistema— al exigir a quien no ha aportado material biológico a recurrir a la adopción como única vía posible para acceder a la paternidad legal. Este ejemplo pone de maniiesto la enorme resistencia que opone el sistema a cualquier opción vital que escape a sus cánones de “normalidad”. La solución que se ha buscado para los hijos que son fruto de la maternidad subrogada permite otorgar protección a los menores nacidos mediante esta técnica de reproducción asistida sin dar un solo paso en el reconocimiento de derechos a las personas que optan por una sexualidad no normativa. Se busca un subterfugio para amparar a los menores, pero, de paso, se pone de maniiesto cierta reprensión moral a los padres por haberlos traído al mundo de una forma normativamente rechazable. Es cierto que en el caso de las parejas de mujeres lesbianas la Ley 14/2006, de reproducción humana asistida, admite la doble maternidad natural cuando una de ellas engendra un hijo, pero eso no se debe a que el Estado reconozca la plena igualdad de estas parejas con las heterosexuales. Se trata, más bien, de que las mujeres han conseguido burlar las tendencias discriminatorias del sistema gracias a la capacidad femenina de procrear. El poder de engendrar ha permitido a las mujeres desaiar el modelo jurídico heterosexual de forma mucho más contundente de la que pueden hacerlo las parejas gay. Pero más allá de este caso particular, es evidente que los prejuicios sociales todavía acompañan a todas las familias basadas en opciones sexuales diferentes a las aceptadas como válidas por la mayoría, sean hombres o mujeres.

Tampoco faltan estrategias basadas en un discurso puramente asistencial, destinado a disimular las causas más profundas de ciertas situaciones de marginalidad que tienen su origen directo en las desigualdades económicas y sociales propias de nuestras sociedades opulentas. La estrategia consiste en presentar estas situaciones como una consecuencia inevitable —casi natural— de la vida comunitaria, enmascarando así la sistemática negación de derechos a quienes son condenados por el sistema a condiciones de pobreza y exclusión. Esto permite al Estado saldar su responsabilidad en la forma de “ayudas sociales” sin asumir el deber de hacer efectivos ciertos derechos humanos que para algunas personas no son más que pomposas proclamas en instrumentos internacionales. Un ejemplo

Introducción

claro es el derecho a la vivienda que, a pesar de su reconocimiento internacional, es negado diariamente a miles de personas dando lugar a un nuevo colectivo de “parias” arrastrados por los efectos implacables del capitalismo más cruel. Como se relata en esta obra, en España hay actualmente más de 300.000 personas que carecen de una vivienda digna mientras que miles de casas permanecen vacías fruto de las ejecuciones hipotecarias, y todo ello sin que el Estado ofrezca más alternativas que algunas ayudas económicas paupérrimas o, en el mejor de los casos, la posibilidad de acceder a una vivienda social por un tiempo limitado. Y algo parecido sucede con otro colectivo mucho menos numeroso y por eso también absolutamente invisibilizado al que se presta atención en estas páginas. Me reiero a los jóvenes que durante la minoría de edad han estado bajo la tutela de las administraciones públicas y al cumplir los dieciocho años quedan abruptamente fuera de ese paraguas protector, una realidad que en nuestro país afecta especialmente a un colectivo ya de por sí discriminado, el de los ciudadanos extranjeros, en este caso jóvenes extranjeros que cruzan las fronteras como menores no acompañados y, tras pasar varios años en centros de protección, al cumplir la mayoría de edad se ven abocados al desamparo y muchas veces a la calle. A pesar del reconocimiento internacional del derecho de todos los jóvenes a un desarrollo gradual de la autonomía personal, en nuestro país tanto la legislación autonómica como la estatal se conforman con declaraciones puramente simbólicas que carecen de utilidad al no contar con la imprescindible dotación presupuestaria para hacer efectivos los programas de formación y preparación para la vida adulta que sus normas proclaman. Otro colectivo abandonado cuya situación de desamparo se disimula detrás de medidas legales de imposible ejecución. Pero no todo es malo en el panorama que aquí se dibuja sobre los colectivos en los márgenes. En los últimos tiempos se están abriendo algunas grietas en el sistema dominante de control y exclusión que auguran un cambio de tendencia o, al menos, una situación menos cómoda para quienes tradicionalmente han impuesto las reglas de convivencia mediante el autoritarismo y la negación de derechos. Ello se debe, en parte, al espíritu de supervivencia de algunos colectivos que con su activismo y desaiando el modelo de valores imperante, alzan la voz para reivindicar sus particularidades y exigir respeto hacia sus opciones vitales. Es el caso del colectivo LGTB y también, aunque de forma mucho menos exitosa hasta ahora, de las trabajadoras sexuales. Como bien se señala en esta obra, la principal estrategia de resistencia pasa por invertir el discurso de la mayoría dominante para presentar como positivas y valiosas las particularidades que tradicionalmente han estigmatizado al grupo. El colectivo trans, por ejemplo, ha conseguido abrirse paso entre la maraña de mecanismos de discriminación que siempre le han afectado y poco a poco va inluyendo a nivel legislativo para deinir la identidad de género como un atributo de todas las

Patricia Laurenzo Copello

personas —no solo de quienes presentan alguna diferencia con el binarismo sexual imperante— que tiene que ver con la vivencia individual del género tal como cada uno lo siente, se corresponda o no con el sexo biológico asignado. Este cambio de tendencia permite vincular la identidad de género con el derecho de autodeterminación personal, situando así las consecuencias jurídicas de la transexualidad en el plano del reconocimiento de derechos subjetivos y no en el de las disfunciones o desequilibrios médico psiquiátricos que es preciso “resolver”.

Sin embargo, los resultados de estas estrategias de autoairmación no siempre son exitosos. En el caso de las trabajadoras del sexo encontramos la otra cara de la moneda. Si bien las reivindicaciones de reconocimiento del trabajo sexual como una actividad laboral regulada comienzan a recibir algún apoyo en la jurisprudencia3, lo cierto es que en el contexto social global la respuesta ha sido claramente negativa: mayor represión y medidas legales para expulsarlas de la calle, y todo ello con la connivencia de un sector muy amplio del feminismo que, sobre la base de un discurso victimista y con total desprecio de la autonomía personal, no hace más que profundizar en el estigma de la mujer prostituta. Esto demuestra que las posibilidades de éxito de los colectivos que representan opciones vitales antinormativas están vinculadas en buena medida a la propia naturaleza de la marginación o, dicho de otra manera, a la profundidad del estigma que les afecta y, sobre todo, al peligro potencial que suponen para el poder hegemónico. Así, el gran avance que ha conseguido en los últimos años el colectivo LGTB para salir de la espiral de discriminación no parece ajeno al hecho de que muchos de sus integrantes compartan numerosos elementos identitarios con la mayoría dominante (personas exitosas, con profesiones reconocidas, de clase media acomodada…), de modo tal que su presencia no resulta una amenaza grave para el poder. Cierto es que pone en cuestión valores muy arraigados en la sociedad patriarcal —heterosexualidad, supremacía de la autoridad masculina en la familia nuclear, etc.—, pero nada que no pueda absorber el sistema sin grandes sacriicios. Distinto es el caso de las prostitutas, porque en ellas conluyen ininidad de circunstancias de discriminación que las convierten en sujetos despreciables, totalmente ajenos al conjunto de valores sobre los que se asienta el modelo de moralidad pública —y privada— sobre el que se estructura el sistema. De ahí la gran resistencia a reconocerles derechos. En realidad, la funcionalidad de la prostitución es máxima cuando se mantiene en un plano de alegalidad —o incluso de clandestinidad— que permite hacer con ellas lo que se quiera, incluida su explotación laboral o su persecución policial como instrumento simbólico para reforzar el papel del Estado como gendarme de la moralidad pública.

Véase la Sentencia de 18 de febrero de 2015 del Juzgado de lo Social nº 10 de Barcelona.

Introducción

Más allá de las reivindicaciones que emergen de los propios colectivos afectados, en estas páginas se demuestra que las grietas en el sistema se abren también desde sus mismas entrañas. Resulta de especial interés en este sentido el papel garantista que están asumiendo en los últimos tiempos muchos jueces para corregir la impronta autoritaria y discriminatoria de un ordenamiento jurídico muy poco permeable a las necesidades de los marginados. Desde el amparo judicial de las nuevas formas de protesta ciudadana surgidas al calor del imparable proceso de empobrecimiento de la población con motivo de la crisis económica; pasando por las limitaciones impuestas por la jurisprudencia europea a los desalojos forzosos que proliferaron en España por el estallido de la burbuja inmobiliaria; hasta las fuertes reprimendas que algunos jueces de control han dirigido a las autoridades responsables de los centros de internamiento de extranjeros por las condiciones inhumanas de estos establecimientos; todo indica que un poder tradicionalmente considerado el brazo ejecutor de las políticas de dominación imperantes, poco a poco se está convirtiendo en una vía nada despreciable para reconocer los derechos humanos de quienes sistemáticamente han sido ignorados por la sociedad. Este es un motivo que llama al optimismo, siquiera sea moderado, en la lucha por los derechos de tantas personas que la actual sociedad autoritaria arrincona en los márgenes, condenándolas a la invisibilidad y la exclusión. Una reivindicación que también explica la razón de ser de esta obra, pensada para desvelar situaciones de profunda injusticia social muchas veces ignoradas por el Derecho o incluso justiicadas con sus propias normas. Si conseguimos aportar algo de claridad en un contexto marcado por discursos vacuos o deliberadamente equívocos, habremos conseguido nuestro objetivo.

PARTE I

CONSTRUYENDO LA EXCLUSIÃ“N

Autoritarismo y control: los movimientos sociales en el punto de mira María Luisa MAQUEDA ABREU

Sumario: I. Introducción. II. Una nueva subjetividad amenazante: la multitud. III. La cultura de la emergencia avanza a pasos agigantados por la geografía mundial. IV. El caso español. 1. Una identiicación de los movimientos sociales de los últimos años. 2. Los itinerarios del control: distintas direcciones en la respuesta institucional. A) La actitud beligerante de las instancias gubernamentales: algunos ejemplos. B) Un garantismo sin precedentes en los jueces penales. C) El imponente aumento de la violencia policial. D) La nueva ley de seguridad ciudadana y su predecible efecto desalentador (chilling effects) para el ejercicio de las libertades democráticas. E) El marcado autoritarismo de la reforma penal en materia de orden público. V. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN Cuenta Van Swaaningen que en 2002, en Holanda, el lema electoral en materia de seguridad pública llevaba por título la “vivilidad” en las ciudades, queriendo sugerir con ello la necesidad de hacer las calles seguras mediante una mayor presencia de la policía y de otros dispositivos de control1. El discurso era coincidente con el que incorporaban otros tantos lemas similares inspirados en la originaria reivindicación política de la “calidad de vida” urbana de los Estados Unidos, que se extendió en su día a las campañas de Francia en favor de “ciudades seguras para ciudadanos libres”2 y más tarde a las de otros países, como el nuestro, en defensa de un “espacio público no degradado” —y “seguro” y “salubre”—3 frente a las pequeñas —pero altamente visibles— trasgresiones de los sectores urbanos marginales que se constituyeron en el objetivo de la guerra contra el desorden y las incivilidades callejeras. Ese “precariado” urbano, al decir de Wacquant, integrado por una heterogénea masa de “sujetos improductivos, desorganizados, ociosos…” (mendigos, vendedores ambulantes, jóvenes antinor1

Más extensamente sobre el llamado libro Blanco de la Justicia: “Hacia una sociedad más segura” en Van Swaaningen (2003: 76 ss.). Ciudades en las que la represión policial y punitiva se elevaba al rango de las políticas de progreso (Wacquant, 2003: 64; Hartcourt, 2003: 90,91). Una vez más, la libertad como signiicante de los derechos de los altos y poderosos (Bauman, 2004: 36). La Ordenanza de Barcelona de 2006 (Maqueda, 2008: 450 ss.), a la que precedió el Plan Focus de 2002 del Ayuntamiento de Madrid al que se reiere más detalladamente Rodríguez (2003: 110), se pueden situar como los primeros ejemplos de la campaña española de tolerancia cero.

María Luisa Maqueda Abreu

mativos, prostitutas…) se conforma como una de las primeras categorías de riesgo que la postmodernidad sacriica en pro de la defensa de esa indeinida pero obsesiva ideología del orden público en las calles4. Son “los cuerpos de la exclusión” que transitan por los espacios públicos de las ciudades contemporáneas. Su exhibición actúa, como airma Makovski, de forma ambivalente: de una parte, produce indiferencia, opacidad, rutinización y anestesia social: se han vuelto parte del espacio urbano pero, al mismo tiempo, son síntomas del descontrol, de la indecencia, de la suciedad, del exceso: drogas, prostitución y criminalidad se adosan a estos cuerpos que degradan lo público. Son cuerpos que rompen los límites y por ello están “fuera de lugar”5. Cualquier signo diferenciador vale: la apariencia, los hábitos, los antecedentes, la etnia, la juventud… El estado se rearma de autoridad moral a la hora de excluir a los inútiles e indeseables haciendo de la estrategia de la expulsión social uno de los “usos políticos del peligro”6. El concepto de “sujetos desechables” usado por Balibar7 apunta precisamente en esa dirección, siguiendo la senda marcada por el “nuevo paradigma actuarial” que se abre paso en los discursos criminológicos de nuestro tiempo donde el control ya no busca proyectarse sobre individuos concretos sino que se expande por el tejido social incidiendo sobre una población segmentada en categorías de sujetos que se perciben como un riesgo. De este modo, el Derecho pasa a convertirse en un instrumento de gestión de esas personas excluidas de la vida social, que deben ser vigiladas en masa y constreñidas dentro de un espacio urbano fortiicado8. Su criminalización y su encarcelamiento no es más que una vieja táctica que a veces se ve superada por estas otras estrategias de control de carácter puramente administrativo que coadyuvan más ágil y eicazmente a esa cultura postmoderna de la emergencia frente a una población crecientemente nutrida de “antisociales” marcados por la desigualdad y la precariedad de sus derechos económicos y cívicos9.

5 6

8 9

Wacquant (2013: 287); Young habla de: “impurezas sociales del moderno mundo tardío” (2003: 42,295) y Portilla se reiere a la “emergencia de un régimen de excedencia” (2007: 36,57). Brandáriz propone hablar, por su parte, de “intolerancia selectiva (2004: 19). Literalmente, Makovski (2008: 169). Garland (2001: 229). Sobre la contraposición “exclusión social” / “ciudadanía social”, Ovejero Bernal (2004: 533 ss.). Una expresión que toma de Ogilvie para referirse a esos millones de hombres superluos, desprovistos de utilidad y de modo de utilizarlos: sería preciso poder desembarazarse de ellos (Balibar, 2005: 116). Es ese mismo concepto de “inútiles para el mundo” de Venero (2009: 156). Di Giorgi (2005: 70, 72). Como airma Young la criminología actuarial se interesa “por cualquier cosa que pueda desbaratar el suave funcionamiento del sistema” (2003: 79). También, Nicolás (2005: 238 ss.); Portilla (2007: 66).

Autoritarismo y control: los movimientos sociales en el punto de mira

Pero el hecho de que desposeídos y marginales se constituyan en el centro neurálgico de los territorios coercitivos de exclusión no tiene nada de extraño si se enmarca en el contexto de unas políticas neoliberales que promueven precisamente su segregación social. Es más bien un ejercicio de coherencia. El capitalismo, como airma Nicolás, necesita “manejar” (manegement) de alguna manera a los frutos de su exclusión económica y social y lo hace estableciendo límites físicos a la vida pública de los grupos —“peligrosos”— que considera susceptibles de vigilancia y control10. Hacia ellos, las técnicas actuariales de estigmatización social, prohibición del uso del espacio público, permanente identiicación y acoso policial o sanciones reiteradas y amenazantes han calado en los lenguajes mediáticos y han hecho mella en el imaginario colectivo que las considera deseables porque promueven la separación social de quienes son mayoritariamente concebidos como una amenaza social. Es lo que Faugeron11 describe como el objetivo de “diferenciación” de los castigos propios de la postmodernidad con los que se busca situar al margen a toda una población considerada indeseable. Aunque no es el único. Hay otras sanciones que buscan reairmar las prerrogativas y los poderes del estado en su vocación crecientemente autoritaria. Son los también llamados por Faugeron “castigos de autoridad” que se proponen desincentivar las respuestas ciudadanas a las situaciones de creciente inseguridad social. El paro en masa, la precariedad salarial o la reducción de la protección y la asistencia sociales que acompañan a un ya raquítico estado del bienestar generan protestas generalizadas de la ciudadanía que son reprimidas para garantizar el orden en la calle12. Los movimientos sociales nacidos en las últimas décadas como signo de resistencia frente a los avances de un capitalismo cada vez más avaro han pasado a ser la nueva clase peligrosa bajo una racionalidad punitiva que diiere poco de las anteriores. La preocupación —inquietante— de los poderes públicos se orienta, una vez más, hacia una represión indiscriminada que les alcanza a ellos y, bajo su representación, a sectores sociales enteros que se han ido incorporando, casi sin intuirlo, a los usos políticos de la tolerancia cero. Se trata, también esta vez, de garantizar la inmunidad de los espacios públicos, crecientemente privatizados y controlados, ahora frente a cualquier disidencia colectiva que denuncie la injusticia inherente a los retos de la globalización económica o la irresponsabilidad política de unos estados que han abominado de sus funciones de provisión social.

11 12

Nicolás (2005: 240.). Una segregación que es la realidad de la globalización económica en Zizek (2009: 115); Pérez Cepeda (2007: 46 ss.). Wacquant (2003: 63). Citando a Faugeron, Wacquant, se reiere a esas “funciones nobles de mantenimiento del orden y reairmación de autoridad” (2003: 63, 70, 71).

María Luisa Maqueda Abreu

II. UNA NUEVA SUBJETIVIDAD AMENAZANTE: LA MULTITUD En este clima de depredación capitalista en que vivimos, crecen las protestas masivas de la ciudadanía que se maniiesta públicamente para denunciar los efectos que la precariedad social y económica va dejando en sectores crecientes de la población. Y lo hace a través de movilizaciones colectivas que adquieren una progresiva visibilidad en los espacios públicos y que son interpretadas como un signo de desorden y oposición que cuestiona y desborda la gubernamentalidad de las ciudades. El temor de que su poder hegemónico quede a merced de lo que Bezares —traduciendo críticamente el pensamiento oicial norteamericano— llama “democratismo de las multitudes” o “ímpetus de la plebe”13 constitutivos de una disidencia considerada “irracional” —disconforme, emotiva, radical…— es la razón ”aparente” de sus afanes para que sea controlada y disciplinada a toda costa. La verdadera razón es, sin embargo, que esta dinámica ciudadanista —más o menos espontánea— tiene la potencialidad de llegar a constituir a gran escala un nuevo sujeto histórico que suponga un desafío real a la autoridad del capital y del estado. El concepto postmoderno de multitud busca ocupar ese espacio. En la construcción teórica de Negri y Hardt, la multitud se concibe exactamente así, como contrapoder al capitalismo globalizado constituido en Imperio: ambos se oponen “como el águila de dos cabezas” y nos muestran la confrontación entre los actuales modos de producción del capital global y la posibilidad siempre latente de insurrección y de resistencia en favor de otra situación político-económica más humana y más equitativa14. Ahí reside realmente el dato distintivo de la multitud, cuando se constituye como actor político con potencia de oponerse e invertir el orden establecido. No es masa ni muchedumbre porque no es una fuerza irracional, pasiva y manipulable sin o que es una multiplicidad de singularidades que actúa global y organizadamente, como “fuerza de resistencia” frente a la dominación neoliberal, con capacidad de promover la insurrección y la constitución de un nuevo poder que convoque a la democracia y a la lucha contra los actuales modos de producción que permiten apropiarse de lo común y de la vida de tanta gente. Con su dinámica característica, en constante movimiento, dicen 13

Bezares (2007: 153, 154, 159). Peligrosos conceptos que recuerdan a esos otros de “masa rebelde” o “ barbarie” empleados por Ortega y Gasset a partir de ese concepto crítico que denomina “hiperdemocracia”, en el que la muchedumbre presiona con su ignorancia, su indocilidad y su indisciplina frente al gobierno político de las minorías, superiores intelectual y moralmente (1947: 148, 184, 186 y 189). Veloz (2012). También Zizek se reiere a las fuerzas antiglobalización como el “otro” frente al capitalismo (2002: 46) y Bourdieu sitúa el internacionalismo de Davos como contrapoder (2005: 119).

Autoritarismo y control: los movimientos sociales en el punto de mira

los autores, estos “bárbaros” imprimen a sus prácticas un signiicado revolucionario y cooperativo que puede conducir a la emancipación del orden capitalista globalizado15. Es bajo el signo de esa potencial amenaza que el estado se rearma frente a cualquier forma de disidencia política. Como le es imposible vigilar a las fuerzas en movimiento, a todos esos grupos emergentes —y escurridizos— de una gran capacidad de movilización en la disputa por los derechos, sus funciones de control se extienden indeinidamente alcanzando a castigar de modo ejemplar cualquier infracción del orden. Es la forma en que describe Portilla la proliferación de amplias normativas que, en nombre de la seguridad interior, cercenan las libertades cívicas y se proponen combatir a los movimientos progresistas y antiimperialistas que disienten políticamente del actual sistema económico16. En esa idea insiste también Bezares cuando describe el proceso que lla ma “efecto de contención de la plebe” caracterizado por la construcción de una malla de dispositivos legales y policiales que conducen a una multiplicidad de controles que resultan potencialmente aplicables a quien sea, en nombre de la seguridad, porque se trata de un registro al que cualquiera puede ingresar si trasgrede las inas líneas de la disidencia política. Una espesa red de vigilancia, control y castigo, administrada por una inconmensurable discrecionalidad policial, que termina por ser aplicable a cualquier cosa signiicante como una amenaza, acabando por alcanzar con sus efectos a la totalidad de la ciudadanía17. No hay temor, de otra parte, a una crisis de legitimidad en tanto que ésta se torna cada día más irrelevante para los poderes actuariales de la postmodernidad que la suplen con la difusión de un discurso simbólico de peligrosidad social, que alcanza a indiscriminados grupos y zonas de riesgo, siempre identiicados por una violencia que se da por supuesta. No podía ser de otro modo porque esos mismos poderes son quienes la deinen marcando la distancia entre lo normativo y lo desviado. Y es que, como airma Bauman, gracias al monopolio estatal, la coerción queda escindida en dos clases bien distintas, caracterizadas como legítima e ilegítima, necesaria y gratuita, deseable y no deseable, útil y dañina… y no tienen nada que las distinga entre sí, salvo la siempre partisana justiicación que se le presta a una y se le niega a la otra o sus diferentes nombres: una es denominada

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Negri (2004: 102ss), Veloz (2012). Portilla describe así el tránsito de una cultura de la disciplina a un modelo de control (2004: 1403, 1406); (2007: 34, 35, 50). Bezares (2007: 171, 173, 226, 245 ss.).

María Luisa Maqueda Abreu

“cumplimiento de la ley y el orden” mientras que la desagradable es estigmatizada como “violencia”18. Es la diferencia que existe entre civilidad y barbarie, vistas “desde arriba”, bajo el poder de nombrar del estado. Pero hay otra forma de percibir la civilidad, que se identiica con el esfuerzo y las fuerzas propias de los individuos y los colectivos, y que se ve “desde abajo”19. Es la civilidad que incluye la idea de resistencia frente a la violencia estructural del sistema que viene representada por las crecientes desigualdades sociales que están en el origen de una situación ascendente de inseguridad económica y social. Me reiero a la violencia masiva metódica que desarrolla el estado contra los inútiles y los insumisos del nuevo orden neoliberal de que habla Wacquant20 o a la llamada por Zizek “violencia objetiva sistémica” Una violencia que es inherente a este estado de cosas normal y consecuencia, a menudo catastróica, del funcionamiento de nuestros sistemas económico y político. Es la violencia inherente al sistema. No necesariamente es violencia física directa sino que consiste en formas más sutiles de coerción que imponen relaciones de dominación y explotación inherentes al capitalismo que continua su rumbo ignorando cualquier respeto por lo humano…por las personas reales de las que se nutre como un gigantesco parásito …y es real, porque determina la estructura de los procesos materiales sociales y lo hace con total indiferencia acerca de cómo afectará su movimiento a la realidad social … es ahí donde reside la violencia sistémica fundamental del capitalismo que no es atribuible a sujetos concretos y a sus “malvadas” intenciones sino que es puramente anónima. Aquí “lo real” —la lógica inexorable y abstracta del capital— determina lo que ocurre en la realidad social de las personas concretas implicadas en la interacción y en los procesos productivos…21.

Frente a ella, la ciudadanía cobra la legitimidad que el estado ha perdido y, en su representación, los movimientos sociales pueden llegar a constituirse en un complemento del principio democrático22. No en vano estos nuevos actores sociales se proponen fortalecer la sociedad civil cada vez más debilitada por su separación de los centros de poder y sacar de la invisibilidad y el aislamiento a esa multitud fragmentada de excluidos que son víctimas de la discriminación y la depredación capitalista.

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Y añade, una categoría que es siempre ambivalente por el conlicto de signiicados y cruel pero hoy vivimos en una cultura del carnaval de crueldad constante, Bauman (2004: 20, 26, 29). Frente a la “de arriba” que se haría, según Balibar “por acción o autoridad de un amo” (2005: 41). El Estado como organización colectiva de la violencia orientada al mantenimiento del orden establecido y al sometimiento de los dominados, Wacquant (2001: 101). Zizek (2009: 23). Es la idea que propone Balibar cuando se reiere a la necesidad de conciliar la idea de civilidad con la de autonomía de la multitud (2005: 171).

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Wacquant explica así la razón de ser de esta forma de protesta: por el decaimiento de las formas organizadas de presión sobre el estado a causa de la desregulación y la descomposición de los instrumentos de representación política de las clases populares… No existen —airma— instrumentos organizativos de expresión y reivindicación como los sindicatos o asociaciones demasiado frágiles (como los partidos de izquierda) para representar en la escena política a estas categorías desposeídas de capital económico y cultural que son heterogéneas entre si y deinidas negativamente por la privación social, las carencias materiales y el déicit simbólico que les diiculta acceder a la acción colectiva. La nueva legitimidad, adquirida en y a través de las luchas cotidianas, recaería entonces en los militantes y las minorías activas en el interior de los movimientos sociales, lo que los gobiernos intentan romper con el in de reprimir el menor remozamiento de la movilización colectiva23.

Ellos han elegido el espacio público como territorio de resistencia desaiando la idea de que el paso de la sociedad del bienestar a la sociedad del riesgo deba acompañarse de un déicit de cohesión social que desplace el orden de lo público como lugar de solución de conlictos24. Y es allí, una vez más, donde se libra la batalla contra las fuerzas de un estado crecientemente fortalecido por obra de su mano derecha —la policía, la justicia, las sanciones, las cárceles—25, que es la que suple su crisis real de legitimidad con el ejercicio de una voluntad de disciplinamiento masivo.

III. LA CULTURA DE LA EMERGENCIA AVANZA A PASOS AGIGANTADOS POR LA GEOGRAFÍA MUNDIAL En la cuna de la represión contemporánea, que son los Estados Unidos, los activistas de los movimientos sociales26 fueron tempranamente acusados de haber

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Wacquant (2003: 62); (2013: 48,283). En el mismo sentido, Bourdieu (1999: 130); (2005: 118). Una idea que alude a esa realidad compleja de una sociedad atomizada, desunida y confusa, a la que se reieren, por ejemplo, Barcellona (1996: 40,41) o Nicolás (2005: 230). Wacquant, (2003: 62). De ahí que, como airma Rivera, toda la disidencia se entienda en clave de seguridad, se criminalice y se coloque en el negociado de la policía y la justicia (2004: 317). Referidos esencialmente a los llamados “Nuevos Movimientos Sociales” que comienzan en la década de los sesenta y que tienen común sus luchas particularizadas contra diferentes sectores poblacionales discriminados, explotados o invisibilizados como las mujeres, los afroamericanos, los sin techo… Para un análisis sobre sus diferencias con los movimientos antisistémicos y globales, Calvo (2011). En realidad, son el precedente de los jóvenes de walll street o los indignados del 15 M o la primavera árabe que reúnen, mediante tuits y blogs, a la gente en las calles y las plazas públicas, que aparecen hoy como símbolos de la democracia abierta protagonizada por movimientos populares de protesta juvenil… [Bauman (2013: 159)].

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promovido la crisis del welfare state por la sobrecarga incesante de demandas sociales y haber precipitado la puesta en marcha de un proyecto de mano dura que rescatara el orden público del caos. Las primeras versiones de la política de tolerancia cero, a partir de teorías como la de las ventanas rotas y otras acerca de la inseguridad ciudadana, habrían expresado, según ello, menor preocupación por combatir la amenaza de la criminalidad que por restaurar un orden social y económico que estaba supuestamente desintegrándose bajo un obnubilado apoyo de los movimientos contestatarios. Es la idea que sugiere Young y que cuenta con el respaldo de otras opiniones, como la de Bezares, que atribuye esa necesidad estructural de “controlar los ímpetus democráticos” a una especie de código implícito al poder americano y a su hegemonía bajo las encomiendas de control y vigilancia de un sistema basado económicamente en la reproducción de la ganancia y políticamente en la defensa de la libertad de los propietarios y de la autoridad27. Una década más tarde, en los años noventa, con el crecimiento de las privatizaciones económicas y de las grandes desigualdades sociales se multiplicaron los escenarios de protesta colectiva contra la gobernabilidad neoliberal, que alcanzó a muchos países de América Latina (Argentina, Venezuela, Bolivia, Méjico, Paraguay o Brasil) que denunciaron los procesos económicos, étnicos o culturales de estratiicación social de la ciudadanía y las condiciones precarias de vida de los sectores populares y que fueron reprimidos en nombre de recurrentes campañas de seguridad ciudadana que ya se habían extendido por todo el mundo28. Allí estuvo presente la inluencia de la revolución zapatista y radicó la sede, durante varias convocatorias, de uno de los foros de encuentro más representativos de los movimientos altermundistas: el Foro Social Mundial, que se reunió en Brasil, en los años 2001 a 2003, 2005 y 2012 (Porto Alegre) y en 2009 (Belem) o en Venezuela en 2006. Pero la creación simbólica de este foro antiglobalización de alcance mundial se sitúa antes, en 1999 en Seattle (Washington), en una manifestación contra la

Young (2003: 219); Bezares (2007: 153,154). Rivera cuenta, de forma más idedigna, ese proceso: Las políticas neoconservadoras de los años ochenta que lograron autonomizar el sistema político de las demandas sociales y dieron un vuelco autoritario a las relaciones entre el Estado y la sociedad civil están en el origen de la ofensiva capitalista contra el welfare State y su ruptura con el compromiso socio-político que este representaba (a partir de la crisis económicaenergética internacional de 1973) … Para el capital, las políticas de pleno empleo, seguridad y bienestar social habían actuado como caldo de cultivo para el surgimiento de movimientos sociales con nuevas demandas. El capital quería volver a establecer mecanismos reguladores del trabajo y a disciplinar a los trabajadores (2004: 307, nota 30). Una descripción detallada en AA.VV con una única posición ideológica: el neoliberalismo y sus indecentes consecuencias para la inequidad (2007: 20 ss., 42 ss., 63 ss., 116 ss.).