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TRABAJO DECENTE

Hacia la dignidad y la realización de la persona trabajadora

C OMITÉ CIENTÍFIC O DE L A EDI TORIAL TI R AN T H UM ANI DADES

Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada Universitat de València

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Catedrática de Lengua Española Universitat de València

Catedrático de Teoría e Historia de la Educación Universitat de València

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración Universitat de València

Catedrático de Geografía Humana Universitat de València

Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Universidad Carlos III de Madrid

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TRABAJO DECENTE

Hacia la dignidad y la realización de la persona trabajadora

MARÍA-JOSÉ FONCUBIERTA-RODRÍGUEZ

Directora

tirant humanidades

Valencia, 2023

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CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030 EN MATERIA DE TRABAJO: ¿CONDENADOS A NO ENTENDERSE?

Capítulo 4

LA RESILIENCIA COMO PALIATIVO DEL CONFLICTO Y ESTIMULANTE DE LA FELICIDAD LABORAL. HACIA EL TRABAJO DECENTE EN EL SECTOR EDUCATIVO DE LA ERA POSTCOVID-19 ............................................................................................. 87

MARÍA-JOSÉ FONCUBIERTA-RODRÍGUEZ

DARA HERNÁNDEZ-ROQUE MAGDALENA HOLGADO-HERRERO

Capítulo 5

JUSTICIA ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES: CASO MÉXICO. .... 111

ESTHELA GALVÁN-VELA

RAFAEL RAVINA-RIPOLL

Capítulo 6

LIDERAZGO DE SERVICIO Y BIENESTAR LABORAL: EL PAPEL MEDIADOR DEL COMPROMISO ORGANIZATIVO .......................... 131

ALFONSO JESÚS GIL LÓPEZ

BEATRIZ RODRIGO MOYA

JESÚS MORCILLO BELLIDO

PATRICIA MAEZTU GARCÍA DE GALDIANO

Capítulo 7

LA GESTIÓN DEL MIEDO EN LA EMPRESA ...................................... 153

JUAN JACOBO NÚÑEZ MARTÍNEZ

RAQUEL ARGUEDAS SANZ

PRÓLOGO EL TRABAJO DECENTE

O DIGNO. PASAR DE LAS PALABRAS A LAS NORMAS Y A LOS HECHOS.

“Trabajo decente”, o “trabajo digno”, son los términos utilizados según las distintas traducciones utilizadas para referirse al “decent work”, acuñado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde que quien fuera director general, Juan Somavia, lo utilizara en 1999, y que en la página web de dicha organización, el máximo foro mundial en materia sociolaboral, se caracteriza como que “se refiere a la generación de oportunidades para que todos los hombres y mujeres accedan a un empleo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad, y dignidad humana”. En la Memoria presentada a la Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo, celebrada dicho año, que llevaba por título “Trabajo decente”, se afirmaba en su prólogo que proponía “una finalidad primordial para la OIT en estos momentos de transición mundial, a saber, la disponibilidad de un trabajo decente para los hombres y las mujeres del mundo entero. Es la necesidad más difundida, que comparten los individuos, las familias y las comunidades en todo tipo de sociedad y nivel de desarrollo. El trabajo decente es una reivindicación mundial con la que están confrontados los dirigentes políticos y de empresa de todo el mundo. Nuestro futuro común depende en gran parte de cómo hagamos frente a ese desafío”.

Cualquiera de los dos citados es valido y de utilidad para abordar la temática de la obra colectiva, estructurada en diez capítulos, que tengo la oportunidad de prologar y que lleva por título “Trabajo decente. Hacia la dignidad y la realización de la persona trabajadora”, a cargo de un amplio y cualificado grupo de profesorado que forma parte del Grupo de Investigación SEJ-058 del Plan Andaluz I+D “Cátedra de Estudios Jurídicos y Económicos del Campo de Gibraltar, Francisco Tomás y Valiente”.

Este año 2022 el lema de la Jornada sobre el trabajo decente, que se celebra desde el año 2008 por impulso del sindicalismo internacional, ha sido el de “Justicia salarial”. Para la Confederación Sindical Internacional se justificaba ampliamente esta elección, resaltando que aquella “es una piedra angular del contrato social entre trabajadores/as, gobiernos y empleadores que se ha roto en aras de la codicia corporativa”, manifestando que “El mundo necesita un nuevo contrato social en el que la justicia salarial ocupe un lugar central. Hay que acabar con el déficit mundial de 575 millones de puestos de trabajo, respetar los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras, reemplazar discriminación por igualdad, ampliar la protección social a todas las personas y construir una economía mundial inclusiva, libre de los vestigios del colonialismo. Sobre estos cimientos se puede construir la paz y afrontar y superar los acuciantes retos del presente y del futuro”.

Agradezco a la responsable del grupo de investigación, Dra. María José Foncubierta Rodríguez, su amable invitación a prologarlo. Invitación que, inevitablemente, conlleva una obligación para quien, como es mi caso, la ha aceptado, cuál es demostrar, o al menos intentarlo, que dispone de los conocimientos necesarios sobre la temática abordada en la publicación para que el prólogo responda a las expectativas despertadas. Por ello, me ha parecido necesario, a la par que conveniente, reordenar aportaciones que he ido realizando en los últimos años, para que puedan servir de “enganche” con las diversas aportaciones pluridisciplinares que se recogen en la obra, tan variadas en cuanto que provenientes de la organización de empresas, psicología, economía aplicada, derecho constitucional, derecho romano, etc.

Pero antes, formulo una pregunta que puede resultar sorprendente a primera vista, pero que en realidad no lo es: ¿tenemos necesidad de hablar, escribir, debatir en foros, reuniones, congresos y eventos variados, sobre la “decencia” o sobre la “dignidad” del trabajo? ¿No hemos de presuponer, dar por sentado, que el trabajo, sea cual sea, debe llevar aparejado la nota de “decente” o “digno”?

Si la respuesta real fuera que, en efecto, todo trabajo es decente o digno, me temo que aquí debería finalizar este prólogo, y no sé si la editorial publicaría una obra con diez capítulos en los que se aborda la problemática del trabajo desde los riesgos que existen para que pueda no ser decente o digno.

Ahora bien, no se preocupe el profesorado que ha participado en la obra, ya que estoy seguro de que esta verá la luz pública, en cuanto que, desgraciadamente, tenemos que seguir hablando, escribiendo, debatiendo y formulando propuestas para que, fíjense la paradoja de lo que voy a decir a continuación, dejemos de hablar del “trabajo decente o digno” porque todo trabajo ya lo sea. Además, tal como ha puesto de manifiesto la OIT en su Informe 2022 sobre perspectivas sociales y de empleo en el mundo, se subraya, con preocupación, que muchos de los logros en materia de trabajo decente conseguidos antes de la pandemia se han visto considerablemente afectados, y que “los déficits de trabajo decente preexistentes están mermando las perspectivas de una recuperación sostenible en muchas regiones”. En efecto, se constata el desigual impacto de la crisis y afectación más negativa y grave para las naciones en desarrollo, que ya presentaban “mayores niveles de desigualdad, condiciones laborales más diversas y sistemas de protección social más débiles incluso antes de la pandemia”. Ello, no obstante, se produce un impacto negativo de la crisis en todas las regiones mundiales, subrayándose en el documento que “en general, los indicadores clave del mercado de trabajo aún no han vuelto a los niveles anteriores a la pandemia en ninguna de las regiones: África, las Américas, los Estados Árabes, Asia y el Pacífico, y Europa y Asia Central”.

Ya había manifestado la OIT su preocupación en un documento en el que abordaba las desigualdades en el mundo del trabajo, presentado en la Conferencia Internacional Anual de 2021. Reiteraba el documento una tesis ya expuesta en anteriores informes y que no parece que haya sido tomada muy en consideración, al menos hasta el inicio de la crisis sanitaria, cual es que los niveles de desigualdad son excesivos y por ello “socavan los progresos sociales, ambientales y económicos”, o dicho de otra forma, pero con contenido sustancialmente idéntico, los altos niveles de desigualdad de ingreso “erosionan la cohesión social y aumentan el riesgo de inestabilidad y conflictos sociales”, enfatizándose algo que hemos vivido muy recientemente, cual es que “en algunos países con crecientes niveles de desigualdad —en especial cuando esta va aparejada a un estancamiento de los ingresos medios— el malestar social ha alcanzado a las clases medias y el pacto social ha empezado a quebrarse; esto ha socavado la confianza de la población en las políticas y las instituciones y, a veces, ha llegado incluso a provocar disturbios

sociales. En casos más extremos, la persistencia de las desigualdades y de la discriminación”. Se alerta de cuáles son los grupos o colectivos que se han visto especialmente perjudicados por el impacto de la COVID-19 sobre el mercado de trabajo, como han sido los trabajadores con empleos mal remunerados y precarios o los trabajadores independientes con ingresos bajos, las mujeres por la asunción mayoritaria de las tareas de cuidados, y trabajadores de la economía informal, que en realidad son, se subraya en el informe, “la mayoría de los trabajadores de los países de renta baja”, y además dentro de cada uno de estos grupos ha habido subgrupos que se han visto especialmente perjudicados, como han sido los jóvenes, migrantes y personas de comunidades étnicas o indígenas”, y concretando aún más ha habido especial afectación negativa a quienes tenían un nivel de formación bajo.

En la misma línea sobre los déficits de trabajo decente y el incremento de las desigualdades, el informe 2021 de Intermon-Oxfam, y cuyo título no merece comentario añadido alguno: “Las desigualdades matan”, recogía que según el análisis y los datos publicados por el WorldInequality Lab en diciembre de 2021, desde 1995, el 1 % más rico ha acaparado una parte veces mayor del crecimiento de la riqueza global que la mitad más pobre de la humanidad.40 Actualmente, las desigualdades son tan pronunciadas como lo eran en el culmen del imperialismo occidental a principios del siglo XX. Hemos sobrepasado la Edad Dorada de finales del siglo XIX”.

He escrito en varias ocasiones sobre las aportaciones del Papa Francisco en relación con los temas de interés social en general, y del mundo del trabajo más en particular, desde la publicación en 2015 de la Encíclica Laudatio SI. Querría ahora destacar de esta, por su importancia, el concepto amplio de trabajo que utiliza, coherente a mi parecer con las nuevas realidades del mundo laboral, planteándose la “correcta concepción del trabajo” y manifestando que no debemos hablar sólo del trabajo manual o del trabajo con la tierra, “sino de cualquier actividad que implique alguna transformación de lo existente, desde la elaboración de un informe social hasta el diseño de un desarrollo tecnológico”, concluyendo que “cualquier forma de trabajo tiene detrás una idea sobre la relación que el ser humano puede o debe establecer con lo otro de sí”, y afirmando más adelante que “la diversificación productiva da amplísimas posibilidades a la inteligen-

cia humana para crear e innovar, a la vez que protege el ambiente y crea más fuentes de trabajo”.

Y ahora, parémonos a pensar en los debates actuales sobre las relaciones de trabajo y la necesidad de poder manifestar en ellas todos los valores que tiene una persona, en muchas ocasiones tapados, oscurecidos o simplemente inexistentes por el ejercicio desmesurado, y poco productivo, del poder de dirección empresarial; porque, si no supiéramos quien realiza las manifestaciones que recojo a continuación, bien pudiéramos pensar que estábamos, al menos en parte, ante palabras de un director inteligente y responsable de recursos humanos: “El trabajo debería ser el ámbito de este múltiple desarrollo personal, donde se ponen en juego muchas dimensiones de la vida: la creatividad, la proyección del futuro, el desarrollo de capacidades, el ejercicio de los valores, la comunicación con los demás, una actitud de adoración. Por eso, en la actual realidad social mundial, más allá de los intereses limitados de las empresas y de una cuestionable racionalidad económica, es necesario que «se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos”.

En esta búsqueda del empleo digno para tener una vida digna (¿a que éstos términos les suenan mucho de documentos de la OIT?) el Papa Francisco alerta sobre un mal uso del cambio tecnológico que sólo se concrete en la reducción de costes de producción y de personas empleadas reemplazadas por máquinas, llamando su atención (que creo que es coincidente con la de todas las instituciones y organismos internacionales que abordan los efectos de la tecnología sobre el mundo del trabajo) sobre la necesidad de tener en consideración, ante cualquier decisión que se adopte al respecto, el coste humano que puede tener (y aunque no lo diga expresamente estoy seguro de que cabe añadir que es necesario plantearse qué medidas sociales adoptar para evitar tales costes), alertando de que “dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato es muy mal negocio para la sociedad”.

De ahí, y una vez superada la preocupación que alguna o algún miembro del grupo de investigación haya podido tener al leer los párrafos anteriores, que la obra prologada cumpla un papel importante en esta tarea de dignificar el trabajo. Y lo hace, como ya he indicado, desde una perspectiva pluridisciplinar, tan necesaria, cada vez

más, para abordar temáticas como las de esta publicación, con una estrecha relación entre distintos ámbitos de conocimiento, y muy en especial, si me permiten una mención más concreta y que no supone en modo alguno un demérito de las restantes, entre el derecho y la economía.

Permítanme, por ello, que, intercalando mis reflexiones sobre la obra prologada con las mías propias sobre la muy estrecha relación entre el derecho y la economía, formule unas breves consideraciones al respecto, porque, la normativa laboral y de protección social, y la economía, van inseparablemente unidas a mi parecer, siendo necesario actuar en los dos ámbitos para proteger y defender a la gran mayoría de la población.

Como ha subrayado la destacada economista Mariana Mazzucato, “una agenda progresista debe ofrecer tanto un Estado del bienestar bien dotado de recursos como un Estado de la innovación dinámico, porque ambos van de la mano. Sin servicios sociales, demasiadas personas seguirán siendo vulnerables e incapaces de acceder a los ingredientes básicos del bienestar y la participación económica, como la educación, la seguridad laboral y la salud. Y sin innovación, el crecimiento económico y las soluciones a los problemas sociales más acuciantes -ya sea una pandemia, el cambio climático o la brecha digital- seguirán estando fuera de nuestro alcance”. Y caben otras alternativas, ahora enfocadas desde la realidad económica y social europea, como son las de reforzar la negociación colectiva a través de la contratación pública, ya que se ha defendido que “las normas deberían poner un piso de decencia bajo cada trabajador del sector privado bajo un contrato de contratación pública. Pueden hacerlo a través de un cambio simple pero profundo: al permitir que sólo las empresas en las que los trabajadores tienen acuerdos de negociación colectiva accedan al dinero público, los trabajadores recuperarían los medios que necesitan para hacer frente a la crisis del coste de la vida”.

Una normativa laboral en la que debe adquirir especial importancia la protección de las personas trabajadoras, en especial los colectivos más vulnerables, con políticas de empleo adecuadas, que deben prestar especial atención a la evolución demográfica, al cambio climático y a la digitalización, factores todos ellos que cada vez tienen y tendrán mayor influencia en el devenir del mundo del trabajo y que

afectan a todas las personas con independencia de su edad, debiendo además inscribirse en el marco de políticas económicas y sociales que sitúen la igualdad de género en el centro de sus planteamientos y el aprendizaje permanente y dirigido a todas las capas de la población. Así lo ponía de manifiesto también la Comisión Europea con ocasión de la apertura de una consulta sobre un Pilar Europeo de Derechos Sociales, Pilar, que vería la luz pública, y que está siendo desarrollado normativamente desde entonces, en la cumbre interinstitucional del Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo, celebrada en la ciudad sueca de Gotemburgo en noviembre de 2018, que además de subrayar la paradoja existente entre el aumento de los niveles de educación y el desajuste generalizado de las aptitudes, destacaba en su análisis las crecientes desigualdades en el mundo del trabajo, las nuevas necesidades y oportunidades que se derivan de los avances en la esperanza de vida y del envejecimiento demográfico, y los cambios tecnológicos y la digitalización de la sociedad y la economía, las transformaciones ocurridas en las estructuras sociales y los patrones familiares y laborales, la prolongación de la vida laboral, y, en fin, la diversificación de la mano de obra y la propagación de nuevas formas de trabajo.

Porque, aun cuando la situación laboral de muchas personas trabajadoras ha mejorado a lo largo de los años, habiendo sido necesario para ello muchos conflictos laborales para reivindicar primero, obtener después, y mantener más adelante, derechos laborales, no podemos olvidarnos de un dato proporcionado por la OIT en 2016 y que la crisis de la COVID-19 ha probablemente mantenido o incluso incrementando si hemos de hacer caso, como siempre es así, a los informes elaborados por la organización internacional sobre el impacto de la crisis sanitaria en el mundo del trabajo a escala mundial: “aproximadamente la mitad de los trabajadores asalariados y a sueldo de todo el mundo carecen de contratos de trabajo permanentes, lo cual tiene consecuencias en materia de derechos laborales, seguridad de los ingresos, desigualdad de salarios e ingresos, cobertura de la protección social y consecuencias para el progreso económico y social en sentido más amplio”.

En el siglo XXI, pensar el trabajo en términos únicamente de ingresos económicos, me parece erróneo, aunque sea importante, ya que si no va acompañado de un desarrollo de la persona perderá todo su valor. Y no olvidemos, por favor, que no todo trabajo se encuentra en

el mercado. La vida laboral es mucho más que normas, y de ahí la importancia del día a día de las relaciones de trabajo, donde la flexibilidad y el acuerdo entre las partes es muy importante Si planteamos el debate sobre el pleno empleo vinculándolo a reducción de derechos económicos y sociales nos estaremos equivocando. Sí es cierto que hay que plantearse cómo está cambiando el trabajo y el impacto sobre el mismo, por ejemplo, del cambio tecnológico, de los datos demográficos de envejecimiento de la población en países desarrollados, de la mayor presencia femenina en el mercado laboral y de la necesaria incorporación de los jóvenes. Es este el debate, y no el de una reducción de condiciones de vida, y de trabajo, para gran parte de la población mientras se incrementan cada vez más las desigualdades sociales. Al hablar de pleno empleo no podemos pensar únicamente en un porcentaje bajo de trabajadores desempleados, sino también y muy especialmente “la categoría de los puestos de trabajo disponibles y los ingresos que generan”, pues no basta con que una persona pueda trabajar, sino que es necesario que este trabajo sea gratificador, que satisfaga las necesidades materiales y sociales de las personas; o dicho de otra forma, hay que apostar por un auténtico y verdadero “trabajo decente”.

Y un apunte sobre la diversidad del mundo del trabajo. Si tuviera que hacer un muy rápido inventario de la diversidad del mundo del trabajo, y por consiguiente de la complejidad que tiene ante sí la normativa laboral y de protección social para garantizar el trabajo decente, centraría mi atención en especial en dos grupos específicos:

Trabajadores voluntarios versus trabajadores forzosos.

La OIT ha publicado recientemente un nuevo informe en el que aborda la problemática del trabajo forzoso y también del matrimonio forzoso, aportando no solo reflexiones y propuestas de indudable valor sino también estimaciones mundiales del número de personas que en pleno siglo XXI siguen en situación de “esclavitud moderna”.

El documento, además de nuevas propuestas, pone al día los datos disponibles en un anterior informe que, con el título “Intensificar la lucha contra el trabajo forzoso”, se presentó en la 103ª reunión anual de la Conferencia Internacional de Trabajo, celebrada en 2014, y en el que se explicaba que se calculaba que había 20,9 millones de personas víctimas del mismo, y de ellas, “18,7 millones (90 %) son explotados en la economía privada por individuos o empresas. De estos últimos,

4,5 millones (22 por ciento) son víctimas de explotación sexual forzada y 14,2 millones (68 por ciento) son víctimas de explotación laboral forzada en actividades económicas como la agricultura, la construcción, el trabajo doméstico o la manufactura”.

Se conceptuaba el trabajo forzoso, y sigue siendo válida esta referencia, como “la expresión utilizada por la comunidad internacional para referirse a las situaciones en las que las personas afectadas – mujeres y hombres, niñas y niños – son obligadas a trabajar en contra de su voluntad, coaccionadas por sus patronos o empleadores, por ejemplo mediante violencia o amenazas de violencia, o por medios más sutiles como la acumulación de sumas adeudadas, la retención de los documentos de identidad o la amenaza de denuncia a las autoridades de inmigración. Dichas situaciones también pueden considerarse como trata de personas o prácticas análogas a la esclavitud, que son expresiones similares, aunque no idénticas, en términos jurídicos”.

Se piden préstamos económicos para migrar a otros países y una vez en ellos se ven obligados a trabajar contra su voluntad en determinadas actividades para poder devolver las cantidades adeudadas, a la par que evitar represalias contra miembros de sus familias que permanecen en los países de origen; trabajadores, preferentemente trabajadoras, en el sector doméstico que son desprovistos de sus documentos personales de identidad durante la prestación laboral y que por ello no disponen de libertad para rescindir la relación de trabajo o más simplemente para poder desplazarse por el territorio en el que residen, y ello siempre y cuando puedan salir de la residencia en que se alojan. Estas realidades no se dan sólo ni muchos menos, en países en vías de desarrollo, sino que las conocemos en países desarrollados y practicadas por sujetos empleadores de lo que poco se podría pensar, en principio, que iban a incumplir flagrantemente las normas laborales hasta llevar a sus trabajadores o trabajadoras a una situación de explotación severa y cercana a la esclavitud moderna.

Por ello, la falta real de voluntariedad de la prestación convierte a las personas trabajadores en esclavos modernos del siglo XXI, donde las condiciones laborales se asemejan a las del siglo XIX o anteriores, con flagrantes incumplimientos de la normativa sobre jornada y horario de trabajo, y con remuneraciones que, cuando existen, están muy por debajo del mínimo exigible.

Trabajadores en la economía formal y en la economía informal. Los datos de la OIT, de 2021, son muy relevantes ya que demuestran claramente la diversidad del mundo del trabajo por lo que respecta tanto a las condiciones laborales como de protección social: nada más ni nada menos que el 61,2 % de la población ocupada a escala mundial, el 61,2 % del total desempeña su actividad en la economía informal, , y que dentro de este gran grupo “los trabajadores independientes (con o sin empleados asalariados) representan el 47,7 por ciento de los trabajadores del sector informal, los trabajadores asalariados el 36,2 por ciento y los trabajadores familiares auxiliares el 16,1 por ciento”, con especial afectación por lo que respecta a los (inferiores) ingresos obtenidos por las mujeres, aportándose el dato muy significativo de que “una mujer en la economía informal gana, en promedio, el 47 por ciento del salario mensual de un hombre en el empleo formal, un hombre con empleo asalariado en la economía informal gana el equivalente al 66 por ciento, mientras que una mujer con empleo asalariado formal gana, de media, el 79 por ciento de lo que ganaría un hombre en la misma situación”. El impacto de la economía informal también es muy significativo cuando examinamos los datos del nivel de pobreza, ya que, excluyendo al sector de la agricultura, mientras que dicho nivel es del 15,1 % en el empleo formal, se duplica hasta llegar al 31,3 % en el empleo informal.

He dedicado varios artículos anteriores al trabajo decente, tanto con ocasión de mi participación en eventos académicos como en reuniones de movimientos y grupos del mundo trabajador y movimientos cristianos. La hemeroteca de mi blog deja constancia de las entradas dedicadas al trabajo decente, y por desgracia pone también de manifiesto que sigue quedando mucho por hacer para que sea una realidad en todo el planeta.

Ya en 2016 participé en un acto organizado por los movimientos obreros cristianos de Cataluña y Baleares, curas obreros, religiosos en barrios y delegaciones de pastoral obrera de la Diócesis de Cataluña, con ocasión de la celebración del Primero de Mayo

Más adelante, con motivo de la invitación formulada por la Universidad de León, en marzo de 2018, para participar en las “Jornadas sobre la empleabilidad y la calidad del empleo: apostando por una igualdad efectiva”, pronuncié la conferencia sobre “El empleo decen-