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978-84-18155-25-3

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humanidades

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Ante la encrucijada que hoy atraviesa Chile —elaborar una Constitución en democracia en un contexto de total desconfianza en las instituciones— este libro visibiliza una de las reflexiones constitucionales más consistentes de nuestra historia, la de la educación. Dicho tópico acumula una larga reflexión en la opinión pública que se extiende desde el siglo XIX y ha sido acompañado de una intensa efervescencia social. El libro se concentra en el debate sobre educación más reciente generado en democracia a partir de 1990, analizando, por una parte, las discusiones de los “diálogos ciudadanos” desarrollados el 2016, específicamente de los ELA y, por otra, la reflexión académica y la configuración de una serie de actores sociales y políticos, que conforman diversas aproximaciones ideológicas y constitucionales sobre la educación.

EDUCACIÓN Y DEBATE CONSTITUCIONAL Reflexiones sobre la deliberación pública en Chile

EDUCACIÓN Y DEBATE CONSTITUCIONAL

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FRANCISCO SOTO SALVADOR MILLALEO CONSTANZA IHNEN

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EDUCACIÓN Y DEBATE CONSTITUCIONAL Reflexiones sobre la deliberación pública en Chile

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT HUMANIDADES Manuel Asensi Pérez

Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada Universitat de València

Ramón Cotarelo

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Mª Teresa Echenique Elizondo Catedrática de Lengua Española Universitat de València

Juan Manuel Fernández Soria

Catedrático de Teoría e Historia de la Educación Universitat de València

Pablo Oñate Rubalcaba

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración Universitat de València

Joan Romero

Catedrático de Geografía Humana Universitat de València

Juan José Tamayo

Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Universidad Carlos III de Madrid

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

EDUCACIÓN Y DEBATE CONSTITUCIONAL Reflexiones sobre la deliberación pública en Chile

FRANCISCO SOTO SALVADOR MILLALEO CONSTANZA IHNEN

tirant humanidades Valencia, 2020

Copyright ® 2020 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant Humanidades publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© TIRANT HUMANIDADES EDITA: TIRANT HUMANIDADES C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email: tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-18155-26-0 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Sobre los Autores Francisco Soto Barrientos es abogado, Magister por la Universidad Diego Portales y Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona. Director de Investigación de la Facultad de Derecho Universidad de Chile, donde imparte clases de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas. Integra el Grupo de Estudios de Ciencia Jurídicas y Políticas del Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT). Ha publicado numerosos artículos indexados y libros, los más recientes “La Constitución en debate” (LOM, 2019) y “Diálogos Ciudadanos” (LOM, 2017 en coautoría con Yanina Welp). Fue nombrado por la Presidenta Michelle Bachelet para integrar el Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente (2015-2017). Actualmente asesora a la presidencia del Senado de Chile en la consulta del Proyecto de nueva Constitución (Boletín N° 11.617-07). Salvador Millaleo Hernández es abogado, Doctor en Sociología por la Universidad de Bielefeld, Alemania. Actualmente es investigador del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ha publicado artículos y libros en temas de derechos humanos en Internet, donde destaca su publicación “Intellectual property in Chile: Problems and conflicts in a developing society”, in The SAGE Handbook of Intellectual Property” (2014, SAGE, co-authored with Hugo Cadenas) y derechos de los pueblos indígenas, donde destaca “The Recreation of Ethnic Identity in Protest: A Social Systems Theory Reading of Ethnicity, Identity Politics, and the Mapuche Movement in Chile and Argentina”. In: Raab, Josef (ed.), New World Colors: Ethnicity, Belonging, and Difference in the Americas (2014, Wissenschaftlicher Verlag). Fue nombrado por la Presidenta Michelle Bachelet para integrar la Comisión de Evaluación del Sistema de Evaluación Ambiental (2015-2016) y el Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente (2015-2017). En 2019, fue nombrado por el Senado como Consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Francisco Soto - Salvador Millaleo - Constanza Ihnen

Constanza Ihnen Jory es Doctora en Teoría de la Argumentación, Retórica y Filosofía del Lenguaje por la Universidad de Ámsterdam. Actualmente es investigadora y profesora asistente del Instituto de Argumentación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ha publicado, entre otros: “Instruments to evaluate pragmatic argumentation: A pragma-dialectical perspective” (2012, Springer), “On combining pragma-dialectics with critical discourse analysis” (2012, SAGE, co-authored with J. E. Richardson), “Negotiation and deliberation: Grasping the difference” (2016, Argumentation), “La argumentación por consecuencias en el debate legislativo chileno: preguntas críticas para evaluar su suficiencia” (2017, Onomázein), and “La argumentación en la formación ciudadana” (2017, RIL Editores).

Índice Sobre los Autores............................................................................................................ 7 Introducción................................................................................................................... 11

Capítulo 1 DEBATE CONSTITUCIONAL Y LOS PROCESOS DE DELIBERACIÓN PÚBLICA 1. EL DEBATE CONSTITUCIONAL DESDE LA DOCTRINA........................... 17 2. MOMENTO CONSTITUYENTE Y LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL. 24 3. LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y LOS “EMPRENDEDORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS”..................................................................................................... 26

Capítulo 2 DEBATE CONSTITUCIONAL EN CHILE Y LAS PARTICULARIDADES DEL DEBATE EN EDUCACIÓN 1. EL DEBATE CONSTITUCIONAL EN CHILE................................................... 33 2. EL DEBATE SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN............................... 40 2.1. Primera etapa: 1990-2006.............................................................................. 41 2.2. Segunda etapa: 2006-2013.............................................................................. 45 2.3. Tercera Etapa: 2013-2019............................................................................... 50

Capítulo 3 EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LOS ENCUENTROS LOCALES AUTOCONVOCADOS (ELA) 1. LOS ENCUENTROS LOCALES AUTO-CONVOCADOS Y SU SISTEMATIZACIÓN............................................................................................................... 59 2. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA UNA SISTEMATIZACIÓN ALTERNATIVA............................................................................................................ 60 2.1. Principios interpretativos y metodológicos del análisis............................. 65 2.1.1. Interpretación pragmática del discurso............................................ 65 2.1.2. Análisis de contenido cualitativo y cuantitativo de los diálogos... 68 2.1.3. Construcción inductiva y deductiva de las categorías de análisis. 71 2.2. Metodología de análisis.................................................................................. 73 2.2.1. Definición del objeto de análisis........................................................ 73 2.2.2. Construcción de “puntos-de-vista-tipo” mediante un “enunciado matriz”.............................................................................................. 75

Índice

2.2.3. Codificación.......................................................................................... 81 2.2.4. Análisis cualitativo y cuantitativo...................................................... 82 3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO........... 85

Capítulo 4 CONCLUSIONES: LOS DESAFÍOS DEL DEBATE EN EDUCACIÓN 1. PODER IDEACIONAL EN EL DEBATE EDUCACIONAL: EXPERTOS, MOVIMIENTOS Y LOS ELA............................................................................... 103 2. PROYECCIONES DE LOS DIÁLOGOS CIUDADANOS................................ 107 Referencias bibliográficas.............................................................................................. 117

Introducción1 Frente al proceso constituyente que vive Chile, la presente investigación busca identificar las particularidades del debate constitucional sobre educación en el país. Dicho debate, a diferencia de la mayoría de los tópicos constitucionales, acumula una larga reflexión en la opinión pública que se extiende desde el siglo XIX y ha sido acompañado de una intensa efervescencia social, como el generado a partir del emblemático proyecto de reforma al sistema educativo de Chile presentado en 1971 por el entonces Presidente Allende denominado Escuela Nacional Unificada (ENU) o las movilizaciones estudiantiles desarrolladas el 2011 y que llevaron a la Presidenta Michelle Bachelet a proponer una serie de iniciativas en el marco de su programa de Gobierno. En este libro nos concentraremos en el debate más reciente generado en democracia a partir de 1990. Identificaremos la articulación de un debate académico y la configuración de una serie de actores sociales y políticos, que conforman diversas aproximaciones ideológicas y constitucionales sobre el tema. Nuestro objetivo es estudiar cómo impactan estos discursos en la ciudadanía y para esto recurriremos a un análisis discursivo de los diálogos ciudadanos, específicamente de los Encuentros Locales Auto-convocados (ELA) desarrollados en el marco del proceso constitucional que tuvo lugar en el segundo gobierno de Bachelet (2014-2018). En el mundo y en particular en Chile, existen escasos registros que establezcan una muestra tan amplia de deliberación ciudadana en materia constitucional, lo que ofrece una oportunidad única para realizar un análisis comparativo con el discurso de élite. Con este objetivo, formulamos una metodología de análisis de contenido nove-

Este libro es parte del proyecto de investigación FONDECYT REGULAR Nº 1170362, “Hacia una teoría de la receptividad deliberativa en procesos constituyentes. Los «Diálogos ciudadanos» en perspectiva comparada”.

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dosa. Nuestro enfoque, como veremos, es interdisciplinario, basado en el debate generado desde el derecho constitucional, vinculándolo con conceptos y herramientas de la teoría de la democracia deliberativa y el análisis del discurso. Los diálogos ciudadanos comienzan a finales de 2015, con una campaña pública de educación cívica constitucional, cuyo objetivo era establecer una base para el diálogo, por medio de la difusión de conceptos básicos, para generar conversaciones sobre la Constitución. La participación podía darse a través de dos modalidades: de manera individual o por medio de una deliberación colectiva presencial. En ambos casos se tenía que llenar un formulario online compuesto de preguntas estructuradas y cerradas, establecidas en un temario que distinguía cuatro materias o ejes temáticos: “Valores”, “Derechos”, “Deberes” e “Instituciones”. Se buscaba que respondieran en el formulario por ejemplo, “¿Cuáles son los valores y principios más importantes que deben inspirar y dar sustento a la Constitución?” y así sucesivamente se consultaba por derechos, deberes e instituciones. Para facilitar las respuestas en cada una de estos ejes se confeccionó una lista de conceptos, a fin de que los participantes escogieran siete entre ellos y los ordenaran según sus preferencias. En cada eje temático existía la posibilidad de agregar conceptos no considerados en la lista. En el caso de la participación fuese colectiva presencial se habilitó dos secciones abiertas adicionales a las preguntas cerradas antes expuestas: una para señalar los fundamentos que utilizó el grupo para optar por sus siete preferencias en cada uno de los ejes temáticos consultados (dos o tres párrafos) y otra conclusiva que permitía dar un testimonio final de la experiencia vivida en la consulta (una o dos planas). La consulta colectiva se desarrolló, a su vez, en tres fases: local, provincial y regional. La primera fue denominada Encuentros Locales Auto-convocados (ELA). Como su nombre indica, estos grupos fueron organizados por la propia ciudadanía, con no menos de diez

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ni más de treinta integrantes que se reunían con el objetivo de discutir los temas propuestos en la convocatoria. El proceso de inscripción de los grupos también se debía hacer en el sitio www.unaconstitucionparachile.cl o por vía telefónica. Las exigencias formales para participar fueron mínimas: podían inscribirse todas las personas a partir de los 14 años, chilenas y chilenos, extranjeros residentes y aquellos chilenos residentes en el exterior en posesión de cédula de identidad. Adicionalmente, se establecieron restricciones para actuar como coordinador de un ELA. No podían desarrollar dicha tarea los candidatos a alcaldes y concejales en las presentes elecciones municipales, y los dirigentes de partidos políticos a nivel regional y nacional. El formulario se mantuvo disponible durante todo el proceso de consulta en la digital http://www.unaconstitucionparachile.cl. Para participar, las personas debían identificarse con su número de documento de identidad o Clave Única. De manera que la consulta individual fue la que contó con mayor tiempo de consulta. Por su parte, en la etapa de debate colectivo, el formulario permanecía abierto mientras se escalaba en la discusión y sólo podía acceder a él el coordinador del grupo con su clave. En el caso de los debates provinciales y regionales, las actas fueron llenadas por facilitadores especialmente contratados. En consecuencia, terminado los debates locales y definida las siete opciones priorizadas por ejes temáticos, el formulario se cerraba y pasaba a ser sistematizado por frecuencia. Esta tarea fue encargada a un organismo externo, el Centro de Medición de la Universidad Católica (MIDE UC). Del mismo modo operó en los Cabildos Provinciales y regionales y las consultas individuales. El análisis de la frecuencia era clave y necesaria en cada etapa ya que determinaba la discusión posterior. Vale decir, los encuentros provinciales se discutía solamente los siete conceptos de los cuatro ejes priorizados por los ELA de su provincia y, a su vez, los Encuentros Regionales sólo debatían los siete priorizaciones de los cuatro ejes por los encuentro provinciales. En el caso de los fundamentos, sólo fueron sistematizados al final del proceso por el “Comité de Sistematización”, un órgano creado por

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el Gobierno para procesar la información generada en la etapa participativa. El Comité pidió la ayuda del Centro de Argumentación y Razonamiento de la Universidad Diego Portales (CEAR), el que trabajó bajo la supervisión del Comité. Los ELA se realizaron entre los días 23 de abril y 28 de junio del año 2016 en prácticamente todas las comunas del país y en el extranjero, comprometiendo la presencia de 106.412 personas. De estos últimos, 122 fueron organizados en veinticinco países extranjeros con la participación de 1.616 personas. Entre los realizados fuera de Chile, el país con la mayor cantidad de ELA fue Reino Unido, que con 17 encuentros representa el 13,9 por ciento de los realizados fuera de Chile (Soto y Welp, 2017). A continuación se desarrollaron los Cabildos Provinciales, segunda fase de este proceso de diálogo, que tuvieron lugar durante los días 23 y 24 de julio en todo Chile (con la excepción de la región de Magallanes, donde se efectuó una semana antes como experiencia piloto). No se contemplaron Cabildos en el extranjero. En los Cabildos Provinciales podían participar todas las personas interesadas, con inscripción previa. Se realizaron en las capitales provinciales, preferentemente en establecimientos educacionales. Su organización estuvo a cargo de los Gobiernos Provinciales y la conducción metodológica fue responsabilidad de un equipo territorial de facilitadores contratados para estos efectos. En el conjunto de 71 Cabildos Provinciales realizados en el país se organizaron 656 grupos o mesas de trabajo, integradas en promedio por veinte personas. En total se registraron, en esta etapa, 12.852 personas participando. Las regiones con más participación en los Cabildos Provinciales fueron la Metropolitana de Santiago, con 3.980 personas, seguida de las regiones de Valparaíso y Biobío. La educación fue el derecho más mencionado en los ELA: 5.562 encuentros lo mencionan como uno de los derechos más importantes que debe establecer la Constitución. En este libro nos proponemos describir los hilos comunes que han guiado los debates más importantes sobre el derecho a la educación, poniendo particular atención

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al modo en que se articulan el debate constitucional de élite y la deliberación desarrollada en el marco de los diálogos ciudadanos. En la descripción de los elementos comunes en estos debates, nos centramos en la capacidad de ciertas ideas para estructurar los contenidos de las disputas por el significado del derecho a la educación. Este libro en su primer capítulo pretende brindar un marco teórico a la investigación, valiéndose de distintas reflexiones como las referidas a los procesos de cambio constitucional, participación y sociología jurídica. En el capítulo segundo, se analizan las discusiones en Chile sobre la educación en las élites académicas y políticas, incluyendo la intervención de masivos movimientos sociales, en su historia reciente. En dicho proceso de desarrollo identificaremos tres etapas: 1990-2006, en primer lugar, fue un debate entre expertos en políticas educativas, donde, en conjunto con actores gremiales del subsistema educativo (profesores, etc.), se disputa sobre las definiciones de los problemas y las soluciones propuestas para las políticas públicas en educación; 2006-2013, donde se conforman los movimientos sociales cuyas demandas giran en torno al subsistema educativo, y que construyen un nuevo emprendedor normativo, que, retomando propuestas de algunos expertos, disputan el espacio público con otros sobre las políticas educacionales; finalmente, 2013-2019, donde se han recogido los momentos anteriores en el sentido de una constitucionalización del debate sobre la educación, construyéndose un debate público sobre el derecho fundamental a la educación, que surge en la medida que se realizan propuestas normativas buscando transformaciones que sólo pueden conseguirse con una reformulación de la comprensión de las reglas constitucionales y los contenidos normativos del derecho fundamental a la educación, en relación con otros derechos constitucionales. El capítulo tercero describe lo que se dijo en los ELA sobre el derecho a la educación. Las actas de los “diálogos ciudadanos” que se desarrollaron el año 2016, y en particular de los ELA, es uno de los mejores instrumentos de los que disponemos para definir el discurso

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constitucional “ciudadano” en torno a este derecho. Así, este capítulo constituye una pieza clave para un análisis que dé cuenta de cómo la ciudadanía ha incorporado los debates de la élite política y académica desde 1990 a 2016, así como para establecer cuánto del discurso de la ciudadanía que participó de estos encuentros se recoge en las propuestas constitucionales del proyecto de Nueva Constitución de 2018. Si bien el Comité de Sistematización creado por el Gobierno de Michelle Bachelet para procesar la información generada en la etapa participativa del proceso constituyente sistematizó las actas de los diálogos sobre el derecho a la educación, el resultado de esa sistematización no es —por razones metodológicas que se consignan en el capítulo— suficientemente informativo para un análisis comparativo con los discursos de élite y el proyecto de Nueva Constitución. El capítulo, por lo tanto, antes de presentar los resultados define y justifica nuestra metodología de análisis de los diálogos, el cual consiste en un análisis cualitativo y cuantitativo, basado en categorías (libros de códigos) construidos deductiva e inductivamente y respaldado por una interpretación de carácter pragmática atenta a los contextos micro y macro de enunciación. En el cuarto y último capítulo, se busca desarrollar conclusiones relativas a cómo los espacios de participación de los ELA incorporan ideas de las discusiones de las élites en su elaboración sobre el derecho a la educación. Por otro lado, revisamos cómo el proyecto de Nueva Constitución con el que se concluyó el proceso de cambio constitucional del Gobierno de Michelle Bachelet fue impactado por el proceso deliberativo llevado a cabo en los ELA en la parte correspondiente a educación. Finalmente, damos cuenta de las proyecciones del debate en educación, en el contexto del proceso constituyente que se ha iniciado en Chile.

Capítulo 1

Debate constitucional y los procesos de deliberación pública 1. EL DEBATE CONSTITUCIONAL DESDE LA DOCTRINA La literatura orientada al análisis de la elaboración de constituciones (constitution making) se ha preguntado por la importancia del proceso constituyente y, en especial, por la relación entre un diseño óptimo (Elster, 1995: 365) y una constitución exitosa: durable, avalada por los ciudadanos, capaz de generar el marco de convivencia esperado. Aunque no puede decirse que exista acuerdo sobre las características indispensables para que esto ocurra, algunos autores han subrayado la importancia de que la constitución sea elaborada por un cuerpo creado exclusivamente con ese objetivo, esto es, la asamblea constituyente; que los constituyentes sean electos mediante un sistema proporcional que permita la representación de los distintos actores sociales (Elster, 1995); que la deliberación sea abierta a la ciudadanía, dando publicidad a los debates; o que el modo de ratificación incluya a la ciudadanía convocando a un referéndum sobre el texto consensuado por los constituyentes (Widner, 2007; Ginsburg et al., 2008; Ghai, 2006). Siguiendo estos argumentos, podría esperarse que constituciones elaboradas con mayor participación y apertura y legitimadas por el voto ciudadano perduren en el tiempo y se conviertan en el conjunto de normas con las que los ciudadanos se identifican (Welp, 2013). Sin embargo, las evidencias empíricas a favor de estos argumentos son insuficientes. Existen estudios comprensivos que han buscado sistematizar los procesos de elaboración constitucional en los estados modernos. Entre estos, destaca el realizado por un consorcio de investigadores de

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Estados Unidos con sede en la Universidad de Illinois, quienes reunieron, en el Comparative Constitutions Project2, el mayor conjunto de información constitucional que abarca la mayoría de las constituciones hechas desde 1789 hasta la actualidad (registrando un total de 746). Uno de los principales objetivos de esta investigación fue indagar en las razones que explican los cambios totales a nivel constitucional (Elkins y otros, 2009). Por otro lado, la Universidad de Princeton desarrolló un estudio comparativo sobre una muestra significativa, analizando el impacto del cambio constitucional en la resolución de conflictos (Widner, 2008). Finalmente, un tercer estudio empírico de relevancia fue elaborado por el Centro de Investigación sobre Democracia Directa (c2d) de la Universidad de Zürich, sobre 160 casos. Esta investigación analizó la medida en que los procesos de elaboración de una nueva constitución condicionan la estabilidad del orden constitucional expresado en dos indicadores: avances democráticos y resolución de conflictos (Méndez y Wheatley, 2013). Estos estudios dan cuenta de una tendencia a la elaboración de constituciones en contextos democráticos y de la introducción de diferentes formas de participación ciudadana. Tres ejes los han caracterizado: i) la evaluación de la estabilidad constitucional; ii) la evaluación de la capacidad de la nueva constitución para resolver conflictos, y iii) la contribución del texto a la consolidación de la democracia. El análisis de los mencionados aspectos no ha considerado en profundidad las formas y características de los procesos participativos. Una excepción es el estudio de Méndez y Wheatley (2013), aunque se limita al análisis de los referendos de ratificación. La participación se define aquí como aquellos mecanismos regulados formalmente y que permiten a la ciudadanía ratificar la nueva constitución. Sin embargo, el dinamismo y la variedad de las nuevas experiencias de reemplazo y reforma constitucional ponen en evidencia las limitaciones de dicha definición, que no incluye otras formas de participación ciudadana deliberativas, que precedan a la

Ver http://comparativeconstitutionsproject.org.

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constituyente (Colombia 1991), de funcionamiento paralelo (Bolivia 2008), o que establezcan canales de diálogo con la misma (Islandia 2014, Brasil 1988), por mencionar unos pocos casos. Lo cierto es que mientras la discusión constitucional ha seguido su derrotero, apegado a la mirada normativa sobre los procesos de reemplazo constitucional, el rol de la ciudadanía y, en particular, de la participación deliberativa ha sido poco explorada, y limitada al estudio de casos (Ghai, 2008). Existen mecanismos institucionalizados, como la iniciativa popular, que permite activar reformas o reemplazos constitucionales. Su origen remite a las constituciones de los cantones suizos de St. Gallen, Ginebra y Vaud y a la propia constitución helvética de 1848. En Latinoamérica, la iniciativa popular que da origen a un proceso constituyente se encuentra regulada en la Constitución de Uruguay, Colombia, Venezuela y Ecuador (Soto, 2013). Además de la activación de mecanismos regulados, se han observado procesos generados ad hoc, en que las autoridades han convocado plebiscitos para proceder a la convocatoria de una asamblea constituyente a pesar de la inexistencia de regulación al respecto. Esta fue la alternativa para iniciar procesos de reemplazo constitucional en Venezuela y Ecuador, que se originaron a iniciativa del presidente (Massüger y Welp, 2013). Por último, entre los procesos ex ante, también deben considerarse los no institucionalizados, que se traducen en movimientos sociales, o campañas electorales, entre otras, que instalan en la agenda nacional la necesidad del cambio constitucional. Emblemática en este sentido es la experiencia de Colombia, donde el proceso constituyente toma impulso en 1990, durante la elección de representantes al Congreso, Departamentos y Municipios. En total, cada ciudadano debía elegir seis autoridades. El “movimiento de la séptima papeleta” promovido por estudiantes universitarios, propuso incluir un séptimo voto en que se solicitaría un cambio constitucional mediante la convocatoria una Asamblea Constituyente. Con este apoyo social de por medio, el Gobierno decidió mediante decreto convocar a una

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Asamblea Constituyente, y esta medida finalmente resultó refrendada por la Corte Suprema de Justicia, órgano responsable del control de la constitucionalidad en esos momentos (Osuna y otros, 2000). En el marco de este proceso, previo a la convocatoria formal de la constituyente, se organizaron comisiones de discusión que contaron con una amplia participación ciudadana. Otro tanto ocurrió en Venezuela en 1999, donde la campaña electoral previa a la elección de asambleístas se caracterizó por un amplio proceso de debate ciudadano. La participación ciudadana se produce de forma indirecta, con la selección de representantes, aunque en ocasiones también se ha permitido la propia postulación de ciudadanos a la asamblea constituyente. Por otro lado, pueden activarse mecanismos más o menos formales de discusión e intercambio ciudadano con la asamblea constituyente (Negretto, 2013). Una de las experiencias más participativas fue la de Brasil en 1988, que surge mediante la enmienda constitucional 26/85 que encomendaba a la reunión de la Cámara de Diputados y del Senado la elaboración de una nueva constitución. El poder legislativo brasileño articuló varios procesos participativos complementarios realizados por organizaciones de la sociedad civil. La metodología participativa utilizada —denominada “desde cero”— suponía ir construyendo en debates temáticos un diálogo que permitiera identificar los problemas hasta consensuar fórmulas normativas. En una primera instancias se generaron audiencias públicas organizadas entre los diversos sectores, para luego generar, después de veinte meses de deliberaciones la “constitución ciudadana” (Bonavides, 2001; Figueiredo, 2008). Del mismo modo, nos encontramos con Asambleas Constituyentes altamente participativas, como fue el caso de Bolivia (2006-2009), donde los mismos asambleístas coordinaron extensos diálogos ciudadanos tendientes a incorporar las demandas de los movimientos sociales (Lazarte, 2008). No se ha teorizado sobre este tipo de mecanismos, ni estas experiencias se han analizado en perspectiva comparada. Tras la reforma o reemplazo constitucional se pueden convocar referendos de ratificación. En los casos en que esta fórmula se en-