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Cooperativas, asociaciones, fundaciones y otras empresas sociales y de innovación social englobadas bajo el concepto de economía social conforman en Europa un tejido social y económico de más de 2,8 millones de entidades que dan empleo a más de 13,6 millones de personas. Instituciones internacionales como Naciones Unidas o el Parlamento Europeo han reconocido su contribución a un desarrollo económico inclusivo. En este marco, son numerosos los gobiernos que han incluido a esta realidad socioeconómica en su agenda política y han desplegado políticas que han contado con ella o que directamente se han volcado en fomentarla. Esta obra colectiva realiza, primero, un análisis de la trayectoria de las políticas de fomento de la economía social en España y en Europa, con especial atención a las políticas de impulso desplegadas más recientemente, las cuales se han denominado de segunda generación. Estas últimas han sido promovidas fundamentalmente por gobiernos regionales y locales. Por ello, la segunda parte analiza varios casos paradigmáticos de estas políticas. En el capítulo conclusivo se reflexiona sobre los elementos caracterizadores de las políticas de segunda generación, también denominadas políticas transformadoras de economía social y solidaria, las cuales pueden ser modelos de referencia para las administraciones públicas locales, regionales y estatales en este nuevo contexto de reconstrucción de la era Covid.

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

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monografías

9 788413 782430

LA NUEVA GENERACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN ESPAÑA

RAFAEL CHAVES ÁVILA

978-84-1378-243-0

CON EL PATROCINIO DE

Rafael Chaves Ávila

monografías

LA NUEVA GENERACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN ESPAÑA

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Jorge A. Cerdio Herrán

Francisco Muñoz Conde

José Ramón Cossío Díaz

Angelika Nussberger

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LA NUEVA GENERACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN ESPAÑA Dirección: Rafael Chaves Ávila CIRIEC y Universitat de València Autores

Itziar Alberdi Bilbao, Garapen Ana Álvaro, Dinamia Sociedad Cooperativa María Bastida. Universidad de Santiago de Compostela Enrique Bernal Jurado, Universidad de Jaén José Mª Casado Ruiz, Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza Rafael Chaves Ávila, Universitat de València y CIRIEC-España Ane Etxebarria, Universidad del País Vasco Enekoitz Etxezarreta, Universidad del País Vasco Juan Ramón Gallego i Bono, Universitat de València Adrián Gallero, Dinamia Sociedad Cooperativa Jordi Garcia Jané, Apostrof s.coop. Miguel Ángel Martínez del Arco, Dinamia Sociedad Cooperativa Jon Morandeira, Universidad del País Vasco Adoración Mozas Moral, Universidad de Jaén Ana Olveira Blanco. Universidad de Santiago de Compostela Josep Vicent Pitxer, Universitat de València Fernando Sabín, Tangente Grupo Cooperativo de Madrid. Sandra Salsón, Tangente Grupo Cooperativo de Madrid. Teresa Savall Morera, Universitat de València Elisabet Urbieta Iceta, Garapen Alberto Vaquero García. GEN-Universidad de Vigo Jordi Via Llop, Arc s.coop.

tirant lo blanch Valencia, 2020

Copyright ® 2020 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© TIRANT LO BLANCH Y CIRIEC-ESPAÑA EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email: tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1378-244-7 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice 1. Introducción. Las políticas de economía social............................. 9 Rafael Chaves Ávila

PARTE 1. EL CONTEXTO EUROPEO Y ESPAÑOL DE LAS POLÍTICAS DE ECONOMÍA SOCIAL 2. La política de las instituciones europeas en materia de economía social............................................................................................. 27 Rafael Chaves Ávila

3. La nueva generación de políticas de fomento de la ES en los países de la Unión Europea (2010-2016)........................................... 59 Rafael Chaves Ávila

4. La primera generación de políticas de fomento de la economía social en España............................................................................ 79 Rafael Chaves Ávila

5. La Ley Española de Economía Social y la estrategia española de la Economía Social........................................................................ 105 Rafael Chaves Ávila

PARTE 2. LAS POLÍTICAS REGIONALES DE ECONOMÍA SOCIAL 6. La política de promoción de las cooperativas y sociedades laborales en la Comunitat Valenciana.................................................. 127 Rafael Chaves Ávila Teresa Savall Morera

7. Las políticas públicas de fomento de la Economía Social en Andalucía.......................................................................................... 157 Adoración Mozas Moral José Mª Casado Ruiz Enrique Bernal Jurado

8. Las políticas públicas en economía social en la comunidad autónoma de Galicia............................................................................ 195 María Bastida Alberto Vaquero García Ana Olveira Blanco

Índice

9. Políticas de promoción de la economía social vasca...................... 245 Jon Morandeira Enekoitz Etxezarreta Ane Etxebarria

PARTE 3. LAS POLÍTICAS LOCALES DE ECONOMÍA SOCIAL 10. Políticas Públicas de fomento de la Economía Social y Solidaria en Madrid..................................................................................... 281 Sandra Salsón Adrián Gallero Ana Álvaro Fernando Sabín Miguel Ángel Martínez del Arco

11. Las políticas públicas de fomento de la economía social en el marco de la Red de Entidades para el Desarrollo Local (REDEL).......................................................................................... 317 Itziar Alberdi Bilbao Elisabet Urbieta Iceta

12. El Pla d’Impuls de l’Economia social i solidaria de la Ciutat de Barcelona...................................................................................... 343 Rafael Chaves Ávila Jordi Via Llop Jordi Garcia Jané

13. El nuevo papel de la economía social en las políticas de desarrollo local: el caso valenciano........................................................... 379 Juan R. Gallego Bono Josep V. Pitxer

PARTE 4. CONCLUSIONES 14. Análisis comparativo de las políticas de fomento de la economía social en España de primera y segunda generación....................... 415 Rafael Chaves Ávila

1. Introducción. Las políticas de economía social RAFAEL CHAVES ÁVILA

CIRIEC Universitat de València

Cooperativas energéticas, de autoconsumo y de trabajo asociado, asociaciones culturales y creativas, fundaciones de interés social y educativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo, entidades de inserción, ONGs, experiencias de innovación social, empresas sociales y muchas otras formas de iniciativas ciudadanas han emergido y se han multiplicado alimentadas por las crisis, por los grandes desafíos de la humanidad, como son el ascenso de las desigualdades, el cambio climático y la revolución digital y por los cambios sociales. El último informe del Comité Económico y Social Europeo (2017) revelaba que este conjunto de entidades, englobadas bajo el paraguas del concepto de economía social, constituye una realidad social y económica colectivamente muy potente: más de 2,8 millones de entidades y empresas, las cuales empleaban a más de 13,6 millones de empleos remunerados y más de 82,8 millones de voluntarios, equivalentes a 5,5 millones de trabajadores a tiempo completo, una fuerza humana impresionantes en Europa. El Parlamento Europeo y el Consejo de Europa han sentenciado que la economía social constituye uno de los pilares del modelo social europeo que contribuye a generar empleo y cohesión social. Con estas premisas y en contextos de sucesivas crisis en los últimos doce años, múltiples gobiernos tanto nacionales como regionales en Europa y en todo el mundo han acabado reconociendo el valor y el papel de esta realidad socioeconómica para hacer frente a los distintos desafíos a los que se enfrentan y han diseñado y aplicado políticas que han contado con la economía social o que directamente se han volcado en impulsarla. España es uno de los países europeos que cuenta con una más larga trayectoria de apoyo a la economía social, a las cooperativas en particular. Esta trayectoria encuentra en la Constitución de 1978

Rafael Chaves Ávila

uno de sus principales asideros jurídicos. Pero otro lo ha sido la Ley 3/2011 de economía social, la ley pionera en su género aprobada en Europa y una de las primeras internacionalmente. Los objetivos de la presente obra colectiva son dos. En primer lugar, realizar un análisis de la trayectoria de políticas de fomento de la economía social en España, con una atención especial al contexto europeo, el cual las ha condicionado decisivamente. En este marco es en el que se han gestado las políticas de primera generación de apoyo a la economía social. Son objeto de la primera parte de esta obra. El segundo objetivo de este estudio es el de analizar las políticas de fomento de la economía social desplegadas desde la pasada crisis financiera de 2008, políticas que se han denominado de segunda generación. Estas políticas se han desplegado fundamentalmente desde el año 2015, en el contexto del cambio político en muchos gobiernos regionales y locales. Se abordarán así, en primer lugar, las políticas regionales de fomento de la economía social en Andalucía, Comunitat Valenciana, Galicia y Euskadi. En la parte cuarta del estudio se aborda el nuevo protagonismo del nivel local de gobierno con las iniciativas de ayuntamientos como el de Barcelona y Madrid y redes y políticas locales como las de Garapen y de Valencia. El análisis de todas experiencias ha seguido un guión analítico común que ha contemplado las dimensiones relativas al modo de construcción de la política, la sistematización de la misma, los objetivos e instrumentos desplegados agrupados por tipos y la evaluación de estas políticas. En la última parte se reflexiona sobre los elementos caracterizadores de las políticas de primera generación y se compara con los de la segunda generación. Estas segundas se están denominando como políticas transformadoras de economía social y solidaria. Previo al estudio de las prácticas de políticas públicas de fomento de la economía social, consideramos conveniente recoger los referentes teóricos relativos a la justificación de este tipo de políticas y a la tipología de políticas susceptibles de ser desplegadas.

1. Introducción. Las políticas de economía social

1. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EN EL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Desde la perspectiva de la política económica, los poderes públicos cumplen tres cometidos básicos, a saber, en primer lugar, establecer el marco institucional en el cual van a operar los agentes económicos públicos y privados, en segundo lugar, intervenir activamente en el proceso económico con la finalidad de corregir los fallos en el funcionamiento del mercado, y en tercer lugar, alcanzar el objetivo general de satisfacer sistémicamente del modo más eficaz y eficiente las necesidades sociales y lograr el máximo de bienestar económico y social para toda la población. Desde esta perspectiva, tres son los ámbitos desde los que justificar la intervención pública en materia de economía social: el marco institucional, el de los fallos de mercado y el de la maximización del nivel de bienestar social y económico.

1.1. La justificación desde la perspectiva del marco institucional En las economías desarrolladas, los poderes públicos deben establecer el marco institucional que va a regir el país, fijando sus objetivos colectivos como nación, así como el marco de actuación de los agentes públicos y privados. En este contexto tres son las vías para justificar una atención especial de los poderes públicos a la economía social: una genérica, ligada a los objetivos colectivos de la nación, una específica de apoyo constitucional explícito a estas formas de empresa y una tercera de garantía de la igualdad de oportunidades en el ámbito privado. El marco institucional presenta como primer soporte las Cartas magnas de los Estados o los Tratados constitutivos de las Uniones, donde se establecen los grandes objetivos colectivos de la Nación o de la Unión de países. En la actualidad los países desarrollados se configuran como Estados sociales, en el sentido de contemplar como objetivos constitucionales claves a los objetivos de progreso y de equidad social y de impeler a los poderes públicos a actuar conforme a dichos objetivos. España y la Unión Europea son ejemplos representativos

Rafael Chaves Ávila

a este respecto. Los Artículos 1.1 y 9.2 de la Constitución Española1 establecen que el Estado tiene un imperativo de lograr la igualdad social, de promover la participación económica y social y de garantizar derechos sociales fundamentales. Análogamente, el artículo 2º, primer párrafo, del Tratado de la Unión Europea establece: «La Unión tendrá los siguientes objetivos: promover el progreso económico y social y un alto nivel de empleo y conseguir un desarrollo equilibrado y sostenible, principalmente mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores, el fortalecimiento de la cohesión económica y social y el establecimiento de una unión económica y monetaria que implicará, en su momento, una moneda única, conforme a las disposiciones del presente Tratado». Si las administraciones públicas, por sus propios medios, son incapaces de dar respuestas satisfactorias a estos objetivos colectivos, se encuentran legitimadas para buscar apoyo y fomentar a aquellos sectores sociales, como el sector de las empresas de Economía Social, que son funcionales para lograr tales objetivos. Esta integración de la economía social en las políticas públicas es susceptible de ser materializada a dos niveles, uno estructural-constitucional y otro programático. En el nivel estructural-constitucional, la integración de la economía social en las políticas se realiza en su rango jurídico más elevado, el de la Constitución o Tratado de la Unión. Como se ha señalado más arriba, en estas Cartas Magnas se hacen explícitos los grandes objetivos colectivos del país o unión de países, y puede hacerse explícita también la positiva contribución de la economía social (y sus familias internas) a esos fines así como el mandato de fomentarla. El marco institucional, en este contexto, puede dejar constancia que determinados sectores sociales son especialmente eficaces para la consecución

Art. 1.1. CE1978: «España se constituye en un Estado Social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». Art. 9.2. CE1978: «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».

1. Introducción. Las políticas de economía social

de esos objetivos colectivos. Es en este contexto en el que aparecen mandatos constitucionales explícitos de reconocimiento y de apoyo a las diferentes formas de empresas y entidades de economía social, como las cooperativas. Así, el Art. 129.2 de la Constitución Española impele a los poderes públicos a fomentar las cooperativas y el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Este mandato se reproduce en diversos Estatutos de autonomía de regiones españolas como Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana. En el de esta última su Art. 80.4 establece lo siguiente: «La Generalitat promoverá las formas de participación de los trabajadores en la propiedad de los medios de producción y fomentará la participación en las empresas y la creación de sociedades cooperativas y otras figuras de economía social». En el nivel programático, la integración de la economía social en las políticas se realiza en el marco de las políticas públicas de medio plazo, generalmente implementadas a lo largo de una legislatura, en el marco, por ejemplo, de planes nacionales de reformas o de planes de desarrollo regional, liderados por un gobierno (supraestatal, estatal o regional) en concertación con otras fuerzas políticas y agentes sociales. Si la utilidad social de la economía social es reconocida por estos policy makers públicos y privados en el marco de los objetivos colectivos de esos planes, el espacio conferido a este sector social será amplio y explícito. En tercer lugar, los poderes públicos deben establecer un marco institucional que asegure la competencia entre las empresas en los mercados. En este contexto, deben de garantizar la igualdad de oportunidades de las distintas formas de emprendimiento y asegurar con ello las condiciones de un pluralismo económico. Así, el marco institucional debe, en primer lugar, reconocer jurídicamente las distintas formas de emprendimiento económico, en segundo lugar, debe garantizar la igualdad de oportunidades entre ellas, y en tercer lugar, debe de eliminar todo tipo de obstáculos jurídicos a las operaciones de las distintas formas de empresa en cualquier sector de actividad económica. La igualdad de oportunidades de las distintas formas de empresas ha de asegurarse en dos momentos, en el inicio de la actividad empresarial, compensando los mayores costes relativos que algunas presen-

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tan en sus inicios, y en el desarrollo y consolidación empresarial igualando oportunidades de competencia en los mercados. Todo ello con la finalidad de lograr un pluralismo económico real basado en una diversidad de formas empresariales, como ha recogido el recientemente aprobado Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Distintos tipos de empresa» ((2009/C 318/05, DOCE 23.12.2009). El marco normativo ha de reconocer la especificidad de las formas empresariales de economía social contemplando el principio de decisión democrático y las limitaciones en la forma de distribución de excedentes y beneficios que les caracterizan. Estas especificidades microeconómicas definen un peculiar modus operandi que no es neutral: ocasiona unas mayores cargas operativas a los sujetos económicos que optan por estos estatutos jurídicos. En efecto, estas formas jurídicas de economía social internalizan los costes sociales que realizan, costes ligados al citado proceso decisional democrático, al modo de distribución y a la naturaleza de los bienes y servicios que producen, generalmente bienes preferentes. Por el contrario, las empresas privadas lucrativas tienden a externalizar costes privados de diverso signo. El resultado de esta situación es que, a partir de cálculos costebeneficio, donde se valora posibilidades, ventajas e inconvenientes, los sujetos económicos (emprendedores) tienden a estar desincentivados a utilizar estos estatutos jurídicos en beneficio de otras formas empresariales, identificando economías de opción jurídicas. Desde la perspectiva de garantizar una igualdad de oportunidades entre las diferentes formas organizativas, los poderes públicos han de corregir estos desequilibrios desde el marco institucional, estableciendo medidas que compensen esos mayores costes relativos de las empresas de economía social.

1.2. Justificación desde la perspectiva de los fallos de mercado y los fallos institucionales El segundo ámbito de justificación de la intervención pública en materia de la economía social es el de la corrección de múltiples fallos de mercado y «fallos institucionales». Los fallos a los que ha de hacer frente la intervención pública son de diversa naturaleza: son los relativos a las asimetrías de información de los agentes económicos, a las

1. Introducción. Las políticas de economía social

asimetrías en la financiación, a los problemas ligados a la formación del capital humano, a los problemas de asignación de recursos en los procesos de innovación tecnológica y organizativa y a los problemas de acceso a los mercados públicos e internacionales (Fonfría, 2006). La mayor parte de los fallos de mercado de las Pymes lo son también de las empresas de economía social, dado que estas últimas son generalmente de reducida dimensión. No obstante, su naturaleza institucional, basada en procesos de decisión democráticos y un modo de distribución de excedentes y beneficios específicos, le confiere dificultades añadidas, fuente de fallos institucionales que ha de corregir la intervención pública.

1.3. Justificación desde la perspectiva de los beneficios micro y macroeconómicos de la economía social y su contribución al logro de objetivos colectivos En la generación de beneficios micro y macroeconómicos por parte de la economía social encuentra su tercer ámbito de fundamentación económica la intervención pública en este campo (Chaves y Monzón, 2012). La teoría económica de las externalidades constituye un potente referente al respecto. Pigou, en los años veinte, defendía la intervención pública sobre el emisor de la externalidad, gravándolo con impuestos si la externalidad era negativa y subvencionándole o compensándole si la externalidad era positiva. Con ello se internalizaban las externalidades generadas por cada actor privado en las economías, gravando o subvencionando. Si, como es el caso de la Economía Social, las externalidades, o beneficios macroeconómicos, son positivos, hay que subvencionarlo. En este contexto, procede un análisis comparativo entre los dos sectores institucionales privados, el capitalista tradicional y el de la economía social. La literatura científica ha evidenciado que el primero, aunque eficiente económicamente, genera fallos de mercado de bienestar, o externalidades negativas, como son la creciente desigualdad en la distribución de la renta, desequilibrios en los mercados de trabajo y de servicios de bienestar social, así como ineficiencias en la asignación de recursos en contextos de demandas sociales poco

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solventes. Ello contrasta con el comportamiento de las empresas de economía social, altamente generadoras de externalidades positivas (Fraisse et al, 2001; Greffe, 2007). Los principales ámbitos donde se han evidenciado beneficios sociales o externalidades positivas por parte de las empresas de economía social son, desde la vertiente económica, en la corrección de los diferentes desequilibrios del mercado de trabajo, en la producción de bienes preferentes, en el desarrollo local y la autonomía de los territorios, en la cohesión social y lucha contra la pobreza y la exclusión, en la innovación social, en la democratización de la función empresarial y en la contribución a una distribución más equitativa de la renta y la riqueza, desde la vertiente política, en la mejora de la eficacia de las políticas públicas, en la ampliación de la democracia y de la implicación ciudadana, y finalmente desde la vertiente social, en la capacidad para generar y mantener capital social y tejido social así como para generar y desarrollar valores cívicos (Chaves y Monzón, 2008, Enjolras, 2010). La tabla siguiente sintetiza esas funciones de la economía social. Tabla 1.2. Funciones de la economía social Funciones

Contenidos

económica

– Corrección de los fallos asignativos en la oferta de bienes y servicios (bienes privados y públicos) – Distribución más equitativa de la renta y la riqueza y lucha contra la pobreza – Corrección de los fallos asignativos de los recursos (capital, trabajo, función empresarial) – Regulación de los ciclos económicos – Lucha contra las prácticas restrictivas de la competencia y contra los monopolios – Corrección de la distribución desigual del crecimiento en el espacio y desarrollo local – Generación de externalidades positivas e internalización de externalidades negativas – Corrección de fallos ligados al cambio tecno-productivo (innovación, reestructuración de sectores productivos y tejido empresarial)

1. Introducción. Las políticas de economía social

Funciones

Contenidos

política

– Mejora de la democracia (extensiva y cualitativa) y de la ciudadanía activa • permite expresión y representación de intereses infrarepresentados • genera espacios públicos de deliberación • son espacios de adquisición de competencias y virtudes públicas —escuelas de democracia– Mejora de la eficacia de las políticas públicas

social

– Generación y mantenimiento de capital social y relacional – Generación de cohesión social frente a la exclusión social, de consumo y financiera – Generación de compromiso, voluntariedad y cooperación social – Generación y preservación de valores sociales basados en la reciprocidad, la equidad social, la responsabilidad colectiva, el compromiso y la solidaridad

Fuente: Chaves (2012:39)

La pluralidad de formas de entidades y empresas en que ha cristalizado la economía social ha sido una constante histórica. Esta realidad multiforme encuentra en los tipos de necesidades a cubrir y en los problemas económicos a solucionar su razón de ser. En otras palabras, las formas de economía social constituyen respuestas de la sociedad civil organizada a las demandas y problemas que no han encontrado respuestas satisfactorias ni por parte del Estado y las administraciones públicas ni por parte del sector empresarial tradicional. En efecto, en sus inicios surgieron el cooperativismo obrero de producción, las sociedades de socorros mutuos y el cooperativismo de consumo en respuesta a las demandas de la emergente clase proletaria. Más tarde las formas de asociacionismo agrario, como las cooperativas agrarias de suministro, comercialización y explotación en común, así como las cajas rurales nacieron para dar respuesta a los problemas estructuras del mundo rural y agrario. Más recientemente han aparecido nuevas formas, como las cooperativas de integración social y las empresas de inserción para atender a segmentos de población vulnerables o las asociaciones musicales y culturales para satisfacer demandas de servicios socioculturales de colectivos y poblaciones. La Tabla siguiente presenta una guía de correspondencia entre las demandas y problemas sustantivos de colectivos sociales y las formas organizativas de economía social utilizadas por estos mismos grupos de personas.

Rafael Chaves Ávila

Tabla 1.3. Formas de entidades de economía social según agente económico que las impulsa Agente económico

Necesidades y Problemas económicos

Formas de economía social

Trabajadores

– Problemas laborales – Cooperativa de trabajo asociado, – Cultura autogestionaria y alde enseñanza ternativa – Sociedad laboral – Empresa de inserción – Centro especial de empleo

piudadanosconsumidores usuarios

– Demandas de bienes y servicios para el consumo: vivienda, cultura, salud, educación, servicios sociales, deportivos, etc.

Profesionales, autónomos y pequeños propietarios

– Asociaciones – Fundaciones – Cooperativas de Consumidores – Cooperativas de vivienda – Cooperativas de iniciativa social – Cooperativas educacionales

– Obtención de servicios diver- – Cooperativa agraria sos de suministros, de co- – Cooperativa de explotación de la mercialización o explotación tierra en común – Cooperativa de transporte – Cooperativa sanitaria – Cooperativa de profesionales – Cooperativa de comerciantes – SAT Sociedad agraria de transformación – Sociedad civil de regantes

Ciudadanos, profesionales, autónomos y pymes

– Acceso al crédito

– Cooperativas de crédito y ahorro – Cajas de Ahorro, fundaciones financieras

Organizaciones de la economía social

– Promoción económica y – Cooperativas de 2º grado, Coopesocial de las entidades de rativas integrales economía social de base: – Agencias de desarrollo cooperatidesarrollo económico emvo / asociativo presarial – Federaciones / Plataformas de cooperativas, asociaciones y fundaciones

– Cobertura de riesgos perso- – Cooperativas de seguros nales y materiales – Mutualidades de previsión social – Mutuas

Fuente: Chaves y Monzón (2018)

1. Introducción. Las políticas de economía social

2. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL El apoyo a la economía social puede concebirse desde dos perspectivas. Por un lado, desde la visión consistente en que la economía social constituye un ámbito socioeconómico específico, portador de un modelo de desarrollo deseable, por sus funciones tanto micro como macroeconómicas. Desde esta perspectiva, los responsables de las políticas públicas pueden considerar a la economía social como objetivo en sí mismo, un ámbito específico de política económica, definiendo las políticas de economía social. Estas políticas de economía social o de impulso de la economía social pueden adoptar diferentes sistematizaciones, la última de las cuales ha sido denominada políticas transformadoras de economía social y solidaria (Chaves y Gallego, 2020). Por otra parte, la economía social puede concebirse como un instrumento adecuado para lograr grandes objetivos públicos, como el desarrollo territorial, la transición ecológica, la cohesión social, la creación y desarrollo de empleo, la inclusión financiera y la innovación social. En este segundo caso la economía social constituiría un eje principal en las políticas relativas a cada uno de esos grandes objetivos: política de empleo, política social, política de innovación social. Con independencia de si se despliegan políticas de economía social o políticas sectoriales, las vías de apoyo a la economía social están definidas. Se distinguen dos grandes grupos de políticas de promoción de la economía social (Chaves, 2002 y 2010): las políticas soft (blandas), dirigidas al ecosistema y las políticas hard (duras), dirigidas a las empresas y entidades. El objetivo de las «Políticas soft (blandas)» es establecer un entorno favorable para impulsar la creación y el desarrollo de empresas de economía social. Estas políticas inciden sobre dos ámbitos, el institucional y el cognitivo. Las políticas institucionales pretenden establecer un marco legal y organizativo favorable a la economía social. Este marco se modela en varios ámbitos: 1. Legislación sobre economía social. Se pretende con esta normativa institucionalizar jurídicamente la identidad diferenciada de

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este sector y las entidades que integra. Este reconocimiento legal presenta implicaciones en términos de visibilidad del sector. 2. Modificaciones jurídicas sectoriales. Pretenden remover los obstáculos legales existentes tanto al establecimiento como a la actividad de las entidades de economía social al objeto de permitirles operar en igualdad de condiciones en cualquier sector de actividad económica. 3. Espacios de participación de la economía social en las políticas públicas. Esta política pretende establecer espacios de coconstrucción y co-producción de políticas públicas entre las administraciones y el sector de la economía social, haciendo partícipe a esta última en el proceso de elaboración y aplicación de las políticas. 4. Organismos públicos de apoyo. Crear este tipo de entidades en el seno de la propia administración pública supone introducir agentes dinamizadores en el ecosistema de la economía social. El objetivo de las políticas cognitivas es incidir en el entorno cultural, el imaginario social y formativo. Pretenden, por un lado, mejorar la visibilidad general de la economía social así como mejorar la receptividad y aceptación social del emprendimiento en la economía social. Las medidas de promoción utilizadas son la difusión de información genérica y especializada para grupos concretos de población. Pretenden, por otro lado, mejorar el nivel de formación e investigación especializada en la economía social. Ejemplos de medidas a este respecto son la inclusión de temas de economía social en los curriculum de estudios universitarios, la creación de centros de formación especializados en la materia, así como el apoyo a la investigación en tecnologías sociales relativas al gobierno cooperativo democrático, al liderazgo participativo, a la tributación y la contabilidad cooperativa. Las políticas hard (duras) están dirigidas a intervenir en el proceso económico de las empresas de economía social con incentivos, tanto del lado de la oferta, promoviendo su competitividad en las diferentes funciones empresariales de la cadena de valor, como del lado de la demanda, mejorando su acceso a los mercados públicos y a los mercados internacionales. Dependiendo de la situación real del territorio de referencia y del grado de desarrollo y masa crítica de su economía social, las autori-