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DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES Visiones desde Europa y América Latina

Ruth M. Mestre i Mestre Yanira Zúñiga Añazco (Coords.)

Valencia, 2013

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Resultado del Proyecto de investigación Mujer 2009-PI-114 Democracia y participación política de las mujeres, estudio crítico comparado de nuevos análisis y estrategias. Instituto de la Mujer.

Yanira Zúñiga

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Índice PRÓLOGO...................................................................................... 9 La participación política de las mujeres. Cuestiones desde la experiencia chilena y más.......................... 9 Teresa Valdés E Ciudadanía, autonomía y participación política de las mujeres en democracia*......................................... 15 Ruth M. Mestre i Mestre Versiones de la democracia, feminismos y política radical*............................................................................................................................. 45 Mª Ángeles (Maggy) Barrère Unzueta Paridad y cuotas...................................................................... 81 Un análisis de sus estrategias teórico-normativas y de su efectividad práctica............................................ 81 Yanira Zúñiga Añazco Paridad en lo doméstico: entre la normatividad y la realidad........................................................................... 111 Blanca Rodríguez Ruiz Hacia una visión feminista de la ciudadanía: repensar las implicaciones de la dignidad, participación política y nacionalidad*.................................... 147 Uma Narayan Democracia y participación política de las mujeres en Venezuela....................................................................... 173 Elida Aponte Sánchez Género y familia en el nuevo constitucionalismo latinomaricano................................................................ 209 Fabiola Meco Tébar Nueva ley de cuota electoral en Colombia: ¿aportes a la democracia? Aprendizajes y retos en el ámbito local....................................................................... 247 Leticia Montero Torres Caminos y argumentos a favor de las cuotas y la paridad en Bélgica y Francia*..................................... 281

Índice

Bérengère Marques-Pereira La política importa................................................................ 305 Género y ciudadanía en Francia, Gran Bretaña y Dinamarca*.............................................................................. 305 Birte Siim Conclusiones del congreso internacional democracia y participación política de las mujeres en América Latina y en Europa.......................................... 337 Autoras........................................................................................ 343

PRÓLOGO La participación política de las mujeres. Cuestiones desde la experiencia chilena y más Teresa Valdés E1

Observatorio Género y Equidad-Chile

Cuando en 1791 Olympe de Gouges redactó la “Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana” recordando que la humanidad no era sólo masculina y que el sexismo era la madre de todas las desigualdades, dejó instalado el desafío de hacer realidad el lema de la Revolución francesa de “Igualdad, Libertad y Fraternidad” para las mujeres. Aunque entonces se selló la exclusión política de las mujeres, ella creó las condiciones para su reivindicación. Murió en la guillotina en 1793, acusada de conspirar contra el orden y abandonar las virtudes de su propio sexo, anticipando que la lucha sería arriesgada y que romper con los dictados patriarcales de la subordinación de las mujeres constituiría un delito en muchas sociedades a lo largo de la historia. Desde entonces han pasado más de dos siglos y hoy día, al observar las democracias iberoamericanas, agradecemos las luchas de Olympe de Gouges y de tantas otras que —no en vano— dieron la vida por abrir caminos hacia la ciudadanía e igualdad de las mujeres. El siglo XX fue el siglo de las mujeres, como lo revelan las estadísticas y la investigación social en todo el mundo. El cambio en el lugar ocupado por ellas en la sociedad es considerado la principal transformación social, política, económica y cultural vivida en occidente en ese período. A lo largo de un siglo, las mujeres pasaron de ser consideradas legalmente incapaces y de estar, de preferencia, recluidas a las tareas domésticas de la reproducción, a ser ciudadanas y constituir la mitad o más del electorado, más del 40% de la fuerza de trabajo así

Socióloga feminista, dirigenta del movimiento de mujeres chileno. Actualmente es investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer (CEDEM), coordina el Observatorio de Género y Equidad, e integra el Grupo Asesor de ONU Mujeres América Latina.

Prólogo

como de la matrícula universitaria, a tener sus propias organizaciones y movimientos sociales y a ocupar posiciones de poder en todas las esferas de la sociedad. Efectivamente, hoy día el sufragio femenino es una realidad en toda América Latina y la participación en cargos de elección popular se ha incrementado considerablemente, en especial a partir de la implementación de leyes de cuota. En Chile, sin embargo, los avances en participación política han sido difíciles. La primera mitad del siglo XX vio la acción concertada de mujeres de todo el país y de los más diversos sectores políticos y sociales que, tras decenios de lucha, lograron la aprobación por parte de los parlamentarios varones de la ley que les daba la condición de ciudadanas (1949). Una vez obtenido el derecho a voto, los logros de las chilenas en los partidos políticos y en la institucionalidad democrática, hasta el quiebre de 1973, fueron extremadamente lentos, a pesar de su creciente participación en los actos electorales y en las organizaciones sociales. En ello siguió el patrón regional. Treinta años después, en condiciones diferentes a las de la lucha sufragista, pero semejantes en cuanto a la exclusión política de la ciudadanía, el país vio surgir otro poderoso movimiento de mujeres, paralelo al movimiento que resurgía en toda la región, especialmente en los países bajo dictaduras militares y gobiernos autoritarios. Este movimiento tuvo como elemento central de su agenda la recuperación de la democracia, se fue articulando crecientemente e incorporó nuevas demandas: “democracia en el país y en la casa”, cambiar las relaciones de poder entre hombres y mujeres en el espacio público, pero también en el ámbito privado, participación en el desarrollo e incorporación de sus demandas en la agenda pública. En 1990 era un movimiento extendido y diverso, con un importante liderazgo feminista, había jugado un rol activo en la lucha por la democracia y los derechos humanos, y había elaborado una agenda para la igualdad. Se había nutrido de los movimientos latinoamericanos, de los Encuentros Feministas, de las conferencias regionales y mundiales de Naciones Unidas sobre las mujeres. Las organizaciones de mujeres de diversas vertientes sumaban miles, tenían instancias de coordinación y se habían multiplicado los espacios y actividades de encuentro de mujeres de distintos sectores sociales. Su contribución a

Prólogo

la recuperación de la democracia hizo posible que su agenda política fuera asumida en gran medida por el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), como fueron la creación del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y un conjunto de políticas dirigidas a mejorar la condición femenina. En esa agenda se había recogido las experiencias de España y otros países de América Latina, en especial, Brasil, Argentina y Uruguay que habían puesto fin a la dictadura e instalado mecanismos institucionales para el avance de las mujeres. Pero en las elecciones de 2009, si bien las mujeres constituían el 53% del electorado, lograron sólo el 13,9% en el Senado y el 14,2% en la Cámara de Diputados, por debajo del promedio de la región y muy por detrás de Argentina y Costa Rica. En el poder local ocupan actualmente sólo el 12,5% de las alcaldías y el 23% de las concejalías. En el poder ejecutivo, el año 1952 fue designada la primera mujer a cargo de un Ministerio, el Ministerio de Justicia, y hubo avances sistemáticos con el retorno a la democracia en 1990, desde una Ministra, a tres y después cinco, para culminar con diez mujeres en el gabinete ministerial. Pero, tras haber constituido el 50% en el gobierno de la Presidenta Bachelet (2006), hoy día, bajo un gobierno de derecha, ocupan sólo el 18% de los Ministerios. Estos datos dan cuenta de las dificultades de la transición a la democracia en Chile, surgidas de las ataduras que dejó la dictadura militar en el sistema electoral (hasta el año 2006 había senadores designados), de la opción política de excluir a los movimientos sociales en la construcción democrática y privilegiar los consensos políticos dentro y fuera de la Concertación de partidos por la democracia, del peso de “poderes fácticos” conservadores —entre ellos, la jerarquía católica y de la relación establecida por las autoridades con las organizaciones de mujeres, que privilegió lo técnico desvalorizando su aporte político. También revelan las debilidades de las líderes de los movimientos de mujeres para negociar políticamente al momento del retorno democrático, aprovechando su legitimidad y fuerza. Asimismo expresan barreras culturales poderosas que pugnan por mantener el orden de género tradicional. Sin duda, son importantes los logros y avances alcanzados en la legislación y las políticas de género, al igual que en otros países de la

Prólogo

región. El acceso al gobierno y el Parlamento constituyó una oportunidad que fue aprovechada por sectores mayoritarios del movimiento de mujeres, desarrollando estrategias de colaboración entre feministas en el gobierno, en el Parlamento, en instituciones internacionales, en organizaciones y ONGs. Militantes de varios partidos políticos lograron el establecimiento de mecanismos de acción afirmativa en ellos, favoreciendo la mayor incorporación de mujeres en cargos de liderazgo y decisión. No obstante, a lo largo de los 20 años de gobiernos de centro-izquierda, se hizo creciente la tensión entre dos agendas del movimiento de mujeres, una agenda mínima que apuntaba más a la igualdad, sometida a “la medida de lo posible”, de acuerdo con la estrategia política de los consensos y en la que fue posible hacer alianzas y avanzar, y una agenda más amplia que exigía la autonomía de las mujeres en todos los ámbitos, incluida la paridad en política y los derechos sexuales y reproductivos, que está en gran medida pendiente. El movimiento de mujeres en democracia vivió un proceso de desarticulación y fragmentación, marcado por la pérdida de financiamiento por parte de la cooperación internacional, sin reemplazo de fuentes internas, al ritmo de los buenos resultados en la economía y en la reducción de la pobreza. Se produjo una separación creciente con las mujeres de organizaciones de base, entre las que creció cierto malestar por sentirse utilizadas por las profesionales, en una relación jerárquica e instrumental que dejaba poco espacio para que las dirigentas y los grupos desarrollaran autonomía, algo que contradecía los niveles de desarrollo alcanzados en su trayectoria de participación social previo a 1990. Pero, a pesar de las barreras a la participación, de la fragmentación y las dificultades de financiamiento y movilización, la acción política de las mujeres y sus organizaciones logró mantener en debate sus derechos, institucionalizar políticas públicas para la equidad de género, fortalecer liderazgos y ampliar la ciudadanía de las mujeres. Logró el rechazo a la discriminación y la violencia hacia las mujeres, el reconocimiento de las capacidades de las mujeres y sus derechos en el ámbito laboral, político y reproductivo, el rechazo al machismo y la extensión de experiencias de corresponsabilidad, etc. La elección de Michelle Bachelet —primera mujer— a la Presidencia de la República puede ser leída como expresión de esas transfor-

Prólogo

maciones, aunque también de la creciente crisis de los partidos que conformaban la coalición de gobierno. Su candidatura desafió al machismo y puso a prueba los cambios culturales en cuanto al lugar de las mujeres en la sociedad. Ganó, en segunda vuelta, con el 53,5% de los votos, y la primera medida como Presidenta, anunciada en la campaña, fue el nombramiento de un gabinete ministerial paritario, con diez mujeres y diez hombres, ellas ocupando ministerios no tradicionalmente “femeninos” (Ministerio Secretaría de la Presidencia, Defensa, Minería, Economía). No obstante, bajo su gobierno cambió la naturaleza de la acción de las mujeres organizadas: a partir de su liderazgo y fuerte compromiso con la agenda de género, en cierta medida sustituyó la acción y la necesidad de una acción del movimiento, o así lo percibieron las organizaciones y ONGs que se identificaban con su gobierno, que se movilizaron como movimiento en contadas oportunidades (8 de marzo, 25 de noviembre por la No más violencia contra las mujeres, y por el derecho a la anticoncepción de emergencia). Al mismo tiempo su liderazgo reveló que era posible avanzar en la agenda más amplia de las mujeres utilizando sus facultades constitucionales —como fue instalar un gobierno paritario—, o apoyándose en la movilización de las organizaciones sociales por la entrega universal de la “Píldora del día después”. Formuló políticas y programas dirigidos directamente a avanzar en materias de equidad de género y fortaleció la institucionalidad pública para la igualdad. Hoy día el país vive una crisis de representación y de legitimidad del sistema político, tiene un gobierno de derecha que triunfó ofreciendo un “cambio”, pero que en el ámbito de las políticas de igualdad ha generado numerosos retrocesos y debilitado la institucionalidad de género vigente. Paralelamente, se han reactivado los movimientos sociales, iluminados por los procesos vividos en otros países de la región, como son Venezuela, Ecuador y Bolivia, con un horizonte de democratización como Uruguay o Brasil. Se multiplican las demandas por cambios sustantivos a una democracia atada aún a la Constitución Política formulada en 1980 por la dictadura militar, elitista, profesionalizada, poco representativa y excluyente de importantes sectores políticos. Surgen voces que claman por una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución, entre las mujeres, la demanda es por una democracia paritaria y participativa.

Prólogo

En este contexto y a partir de la larga trayectoria de movimientos de mujeres y del feminismo chileno en su lucha por la igualdad y la libertad, son numerosas las preguntas —tanto teóricas como políticas— que se plantean en el seno de las organizaciones de mujeres. Son preguntas que trascienden las fronteras de este lejano país hacia toda América Latina, que comparte —en gran medida— los dilemas de la democracia, la globalización, un modelo de desarrollo basado en el mercado y un Estado subsidiario. ¿En qué consiste hoy día la autonomía de las mujeres? ¿Cómo se alcanza en contextos de grave desigualdad social? ¿Cuál es la democracia que queremos para alcanzar la autonomía de todas las mujeres? ¿Es posible una democracia paritaria y participativa bajo la dictadura del mercado y las empresas transnacionales? ¿Cuál es el rol de los movimientos de mujeres en esta nueva etapa? ¿Cómo se pueden articular la democracia en el país con la democracia en la casa? Tuve el privilegio de inaugurar el Congreso Internacional “Democracia y participación política de mujeres” en la Universidad Austral de Chile y de escuchar parte de las presentaciones de las académicas participantes en el proyecto que le dio origen. El Congreso DEMujeres fue una invitación al debate y abordaje de estas y otras cuestiones relacionadas con el empoderamiento y la ciudadanía activa de las mujeres, revisando y poniendo en relación las realidades de América Latina y Europa. Quedé convencida de que las preguntas formuladas más arriba encontrarían respuesta en sus trabajos y discusiones. De allí mi satisfacción de escribir las páginas que inauguran esta publicación que reúne sus trabajos y los de otras reconocidas feministas, todas convencidas de la capacidad política de las mujeres para construir la igualdad y alcanzar la autonomía, para hacer realidad la promesa de la Revolución Francesa en este nuevo contexto. Santiago de Chile, Julio 2012

Ciudadanía, autonomía y participación política de las mujeres en democracia* Ruth M. Mestre i Mestre

Institut de drets Humans Universitat de València

Sumario: Introducción. 1. Justicia democrática y paridad participativa. 1.1. Las tres dimensiones de la paridad participativa. 1.2. La otra vertiente de la paridad participativa: espacio público y deliberación. 2. Algunas enmiendas adicionales. Bibliografía

INTRODUCCIÓN La teoría política feminista ha elaborado en las últimas décadas (siglos, incluso) una intensa labor de deconstrucción y reconceptualización de algunos conceptos políticos y jurídicos que, si bien se presentaban como neutros, estaban “saturados de género” (Phillips, 1998, p. 6). La reflexión en torno al significado y contenido de la ciudadanía ha sido intensa y extensa, y en ese sentido, la revisión realizada de las sociedades democráticas contemporáneas ha sido profunda. La modernidad construyó una ciudadanía diferenciada para los hombres y las mujeres, centrada una en el espacio público de las libertades y los derechos y la otra en el espacio privado-doméstico, el espacio de las necesidades que es un espacio de subordinación. El cuestionamiento de esta organización política y su incidencia en la calidad democrática ha sido una pieza clave de análisis y crítica feminista en las últimas décadas, que han mostrado también la capacidad de resistencia del sistema de opresión que afecta a las mujeres y nos coloca en situación de subordiscriminación (Barrère, 2008). Las distintas teorías feministas han abordado los problemas desde ópticas y epistemologías variadas,

Este libro es el resultado del proyecto de investigación MUJER 2009-PI-114 Democracia y participación política de las mujeres. Estudio crítico comparado de nuevos análisis y estrategias. Ministerio de Igualdad. Instituto de la mujer.

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que van desde el feminismo liberal hasta el feminismo postcolonial, y estas “divergencias internas”, lejos de debilitar la crítica, han contribuido a la riqueza de matices y la profundización de los debates a lo largo de décadas. Ahora bien, las feministas no hemos estado solas en esta revisión de las democracias liberales “convencionales”, sino que la conciencia sobre la crisis de legitimidad de los sistemas políticos ha sido abordada desde diferentes perspectivas. Se podría decir que las críticas desarrolladas se centran en tres valores político-democráticos fundamentales: la responsabilidad, la igualdad y la autonomía (J. Cohen y A. Fung, 2004). También quienes teorizan sobre las democracias actuales y su revisión parecen estar de acuerdo en que la democracia participativa potenciaría precisamente estos tres valores frente a las limitaciones que la democracia representativa ordinaria impone1. De un lado, la delegación de la toma de decisiones colectiva en los representantes políticos atrofia la capacidad ciudadana no sólo de informarse y decidir, sino incluso de pedir responsabilidades o exigir que se justifiquen las decisiones tomadas. Por otro, las democracias corrientes han puesto de manifiesto que la igualdad formal (en derechos) no ha supuesto igualdad real (en poder y posición social). La democracia participativa aumentaría la igualdad de los ciudadanos a través de la participación y deliberación ciudadanas, por las cuales se produciría un trasvase de poder desde los grupos más poderosos (económica y socialmente) hacia toda la ciudadanía, y los mejores argumentos convencerían y decidirían las opciones ciudadanas en lugar de ser el dinero u otros intereses. A través de la participación y la deliberación conjunta la ciudadanía resultaría mejor informada y recuperaría responsabilidad y protagonismo en las decisiones que afectan a todos. En cuanto a la autonomía, una “ambición democrática básica” (Cohen y Fung, 2004, p. 25), las democracias competitivas al uso

Cohen y Frug hablan de forma genérica de democracia radical para referirse a los modelos de democracia participativa y su forma más concreta de democracia deliberativa. Yo me refiero a esos dos modelos como democracia participativa, mientras que el modelo radical (que representarían Mouffe, Zizek) creo que añade o parte de otro planteamiento de lo político distinto, aunque también insistan en la necesidad de mejorar la inclusión y la participación ciudadanas.

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parecen haber renunciado a la posibilidad de que haya alguna forma de autogobierno ciudadano y de que sea cierta la aspiración a vivir según las reglas de nuestro propio dictado. Como mucho hoy en día los procesos de toma de decisión colectiva pueden ser definidos como negociaciones más o menos justas, entre grupos de interés y poder diferentes, en lugar de ser procesos en los que la ciudadanía trasciende lo particular para deliberar en y desde lo común, lo público. Por el contrario, la participación y deliberación pública ciudadana que se promueve desde la crítica participativa, harían posible mantener esa idea de autonomía, en el sentido de que incluso aquellas personas cuyos argumentos no “triunfen” podrían aceptar que se trata de decisiones tomadas en base a buenas razones suficientemente argumentadas públicamente. En esta discusión de Cohen y Fung entre democracias “convencionales” y la propuesta participativa se contraponen en realidad dos tradiciones (y narrativas) democráticas y ciudadanas diferentes, la que parte de Hobbes y el contrato social individual, y la que parte de Rousseau y el bien común. Dicho sea de paso, ambas tradiciones dejan al margen la participación, representación, intereses, derechos y preocupaciones de las mujeres. La tradición liberal individualista entiende que el estado es un instrumento para la consecución de una convivencia pacífica y libre: organiza la vida, media en conflictos y permite que cada quien persiga sus objetivos y decida el tipo de vida que quiere llevar. El estado debe pues, garantizar el tipo de acuerdos que hacen posible esa libertad individual y la persecución de esos objetivos privados y la organización de la defensa de los diferentes intereses se puede llevar a cabo fácilmente mediante estructuras de delegación y representación tradicionales. La autonomía equivale a poder trazar el propio plan de vida sin injerencias, porque el marco político así lo garantiza. Por el contrario, la tradición del republicanismo cívico democrático sitúa la libertad y la autonomía en las actividades públicas ciudadanas; en la participación en las discusiones públicas que llevan a la toma de decisiones colectivas sobre el bien común. En esas discusiones y decisiones, la ciudadanía trasciende el interés privado, la mirada individual y desde esa perspectiva general, ciudadana, adopta y acuerda la mejor decisión. De ahí que sea central la garantía de inclusión y participación en el espacio público.

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Escribo desde un lugar en el que la crisis del capitalismo financiero ha puesto de manifiesto una profunda crisis política, social y de valores, que tiene mucho que ver con la crítica señalada desde esas posiciones democráticas, y que viene de lejos. En efecto, en los años ’90, como señala Silvia L. Gil (2011, p. 37), los cambios en las estructuras del poder, en los feminismos y en la configuración de la política en las democracias liberales occidentales trajeron una profunda crisis de legitimidad política que se está agravando. Si nos centramos en la política institucional, el desencanto y distanciamiento entre la ciudadanía y el poder político se debe en gran medida a la sensación de que da igual lo que una diga, haga o vote, porque no tiene incidencia en las decisiones políticas y el “rumbo del mundo”. Si la democracia se vinculaba a la autonomía personal y colectiva en el sentido de procurar las vías para la participación de la ciudadanía en las decisiones y normas por las que se iba a regir, eso ya no es así para una gran cantidad de personas que residen en estados de los que no son nacionales, e incluso eso ya no es así para muchas personas que residen en estados de los que sí son nacionales. Por eso, el eslogan del movimiento indignado es tan acertado: “no nos representan” significa a la vez que los políticos no representan a la ciudadanía cuando toman decisiones, y que las decisiones importantes hoy en día ya no las toman los políticos que elegimos. En el plano social, la política también se ha diluido y han perdido fuerza tanto los sindicatos cada vez más alejados de los problemas de la gente, como el movimiento social amplio, debilitado por un estado al que le interesa reducir lo político y el nivel de crítica de los contra-públicos subalternos (Fraser, 1997), pero también por “la pulverización del sujeto revolucionario” (Amorós, 1997, p. 23). Por un lado, las cuestiones de justicia social en las últimas décadas han ido vinculadas a políticas de redistribución de la riqueza o a políticas de reconocimiento de grupos diferenciados. Esta política más identitaria se ha llevado a diferentes niveles, de tal forma que la construcción política del sujeto mujeres ha sido profundamente revisada al instalarse en el seno del feminismo la conciencia de la diferencia entre mujeres y la necesidad de revisar las políticas feministas que silenciaban la voz de muchas de algún modo “diferentes” a las mujeres blancas de clase media heterosexuales y educadas de las sociedades democráticas liberales.

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Si bien esta diferenciación era esencial para mostrar las injusticias sociales sufridas por determinados grupos en situación de subordiscriminación (M. Barrère, 2008), en cierto modo ha supuesto la debilitación de las vindicaciones. Como señala Zizek (2007, p. 39), el reconocimiento de cada problema, problemita o problemón individualizado nos hurta de la posibilidad de elevar una injusticia determinada a metáfora de lo universal que necesita ser reconocido. Se trata de partir desde las desigualdades para politizar las injusticias, no para hacer un relato detallado de las injusticias individuales. Especialmente hoy en día necesitamos identificar situaciones universalizables capaces de englobar y constituir la lucha política. En relación a la participación política de las mujeres, añade Gil (2011), se ha producido otro proceso importante de despolitización y neutralización del conflicto social mediante la proliferación del feminismo institucional, que pretende hablar en nombre de todas y definir los intereses de las mujeres2. Desde luego, la institucionalización del feminismo ha traído avances importantes, pero ha debilitado la participación política informal de las mujeres: el movimiento de mujeres ya no es el único ni principal referente para determinar las políticas y agenda feministas. Además, las mujeres ya no nos organizamos única ni principalmente como mujeres, en grupos de autoconciencia o como parte del movimiento feminista, de forma que es difícil establecer cuáles pudieran ser “los intereses de las mujeres” (si es que existen intereses “substantivos” y diferenciales) y quién podría representarlos. La experiencia en países tan variados como Chile, Colombia, Bélgica o Dinamarca muestra que el hecho de que haya mujeres entre el cuerpo de representantes de la ciudadanía y con poder decisorio no conlleva sin más la implementación de una agenda feminista, como se explica en algunos trabajos de este libro. Por otro lado, las mujeres estamos

Es lo que ha ocurrido en el estado español, donde el Instituto de la Mujer se ha multiplicado, además, autonómicamente, pero otros ejemplos recogidos en este libro muestran el debilitamiento de la lucha feminista en el momento en que un grupo de mujeres o una sola mujer, alcanza posición política decisoria. Insisto en que ha traído también cosas importantes pues la aprobación de determinadas políticas y leyes relacionadas con la violencia de género o la discriminación laboral se han llevado a cabo gracias a la existencia de estas instituciones.

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divididas ideológica, social, económica y culturalmente (por poner algunos ejemplos); tenemos intereses distintos y soluciones distintas para problemas comunes porque interpretamos las causas de esos problemas y sus consecuencias de manera diferente. Por ejemplo, si pensamos en modificar el sistema de asignación de responsabilidades de la gestión de la dependencia humana (B. Rodríguez, 2010), hay desacuerdo sobre cómo distribuir mejor los beneficios y las cargas de dicha gestión entre hombres y mujeres; si la gestión ha de ser fundamentalmente pública o familiar; cómo habría que deconstruir la familia y construir un modelo nuevo que no reproduzca jerarquías de género, como propone B. Rodríguez en estas páginas; y qué solución supondría caminar hacia una ciudadanía más igual que permitiera la participación paritaria (Fraser, 2006) en el poder y los recursos. Es cierto que a la vez que se produjo ese descrédito generalizado de la política y los procesos políticos, surgieron alternativas: los 90 son los años de debate acerca de la democracia deliberativa, la vuelta a la democracia participativa, las propuestas de democracia radical y democracia paritaria; los años de los Foros Sociales Mundiales, el levantamiento zapatista, el auge de los presupuestos participativos, los procesos constituyentes en América latina… Es decir, las propuestas han sido variadas y múltiples y todas tienden hacia una democracia más “participativa y protagónica”, que necesitamos todavía concretar, perfilar. Así, es necesario analizar cuáles serían las condiciones para esa participación, qué entendemos por política, en qué consiste el poder y la autonomía ciudadanas —y en concreto, el poder y la autonomía de las mujeres en tanto que ciudadanas— y cómo podemos repensar la justicia democrática y el reparto del poder. Algunas propuestas y enmiendas se recogen en este libro y en buena parte de los debates feministas en teoría política democrática de las últimas décadas.

1. JUSTICIA DEMOCRÁTICA Y PARIDAD PARTICIPATIVA Como señala É. Aponte en estas páginas, si bien las democracias occidentales nunca han atacado seriamente dos de sus problemas principales, como son el de la subordiscriminación de las mujeres y otros grupos, y el de la pobreza y marginalización, el principal proble-

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ma ha sido no darles voz y capacidad para que propongan soluciones a sus problemas, esto es, negarles capacidad como sujetos políticos y convertirlos en objetos de la política. Las teorías de la justicia no se han referido a la interrelación entre esas tres injusticias sino que han trabajado los problemas de redistribución, reconocimiento y representación como si se tratara de problemas diferentes. Para las mujeres y otros grupos subordiscriminados, estas cuestiones van de la mano, como podemos ver con dos de las excepciones más notables a ese planteamiento separado y estanco realizadas por feministas: el trabajo de Iris Young y el trabajo de Nancy Fraser3. Por otro lado, muchas teorías de la justicia obvian el problema de la esfera privadodoméstica y la regulación de la familia que se realiza en las democracias contemporáneas que son, en realidad, una de las piezas clave para la igualdad y la justicia democráticas desde el punto de vista de la ciudadanía de las mujeres. I.M. Young (1990) criticó las teorías de la justicia distributiva y su aplicación a bienes no materiales, como el respeto, el reconocimiento o el poder político. Para Young, el paradigma distributivo de justicia que equipara la justicia social con la distribución moralmente correcta de los beneficios y cargas de la sociedad encierra varios problemas no sólo porque centra el análisis en la distribución de bienes materiales o posiciones sociales, siendo inútil para otro tipo de bienes y relaciones sociales, sino también porque ignora el contexto institucional que determina la distribución material, al tiempo que lo presupone y refuerza. Es decir, la justicia se dirige a individuos que reciben “paquetes de bienes sociales” en función de lo que tienen o de lo que carecen, pero el enfoque ignora qué están haciendo las personas, dentro de qué marcos institucionalizados, qué significado tienen esas acciones, cómo lo hacen, y a qué grupos pertenecen las personas que “menos tienen”… Sin embargo, la justicia no es una relación individual que se mide en recursos materiales, sino algo relativo a los acuerdos sociales que hacen posibles los valores universales del autodesarrollo y la autodeterminación de las personas. Por otro lado, las injusticias estructurales están relacionadas con las relaciones intergrupales y no con

Sin embargo, como la propuesta de Fraser es más reciente y está más articulada, la voy a analizar con cierto detalle, haciendo referencia a la propuesta de Young cuando sea pertinente.

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individuos aislados. Por eso, Young afirma que las dos condiciones sociales que definen la injusticia son la opresión y la dominación, que son relaciones entre grupos y deben ser entendidas como trabas institucionales a la posibilidad de desarrollar y ejercer las capacidades y expresar la propia experiencia (opresión), y las trabas institucionales a la posibilidad de participar en la determinación de nuestras acciones y las consecuencias de nuestras acciones (dominación). La concreción de la opresión se manifiesta de (o toma) cinco maneras: la explotación, la marginación, la falta de poder, la violencia y el imperialismo cultural, que son todo formas de relación entre grupos. Estas cinco caras de la opresión abarcan tanto cuestiones de distribución material de recursos como cuestiones relacionadas con el reconocimiento del valor de las personas y los grupos a los que pertenecen. Para Fraser (1997) el enfoque de Young es insuficiente porque sigue separando unos remedios (distributivos) de otros (de reconocimiento), en lugar de proponer respuestas globales. Además, los problemas de reconocimiento no deberían centrarse en las identidades grupales, sino en el estatus de igualdad o subordinación de los miembros de los grupos. Fraser señala que las teorías de la justicia deben abordar ambos tipos de desigualdades, así como el problema de la representación sin caer en los problemas del esencialismo que cierto tipo de política del reconocimiento puede promover, como veremos a continuación. La teoría de la justicia democrática de Fraser afirma que ésta equivale a paridad participativa, “una interpretación democrática radical de la igualdad de autonomía” (2006a, p. 172), que requiere igualdad social substantiva. Así, los acuerdos sociales deben permitir a todas las personas participar en pie de igualdad en la sociedad en lo que se refiere a recursos, reconocimiento y representación política y en ese sentido son condición tanto para la autonomía individual —como proceso por el que cada persona establece el sentido de su ser en el mundo, y decide el plan de vida que le place-, como para la autonomía colectiva— en el sentido de tomar decisiones sobre el rumbo que colectivamente se quiere tomar y seguir. Si no hay justicia en los tres órdenes (económico, de estatus y político) no hay verdadera autonomía ni participación paritaria, sino que cuestiones que deberían ser irrelevantes (como la cantidad de recursos de que se dispone o la identidad de cada cual) o personas e instituciones no legitimadas para hacerlo (como los mercados financieros) toman las riendas de nuestra

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vida y decisiones en nuestro nombre. A partir de esta conceptualización Fraser (2006) identifica tres tipos de injusticia: la mala distribución, la falta de reconocimiento y la representación fallida. Pero el principio es tanto substantivo como procedimental: el principio de paridad participativa nos permite legitimar aquellas propuestas de organización social que pueden ser aceptadas por todas las personas afectadas tras la discusión pública de las razones que sustentan esa organización. Es decir, Fraser considera que la democracia deliberativa es la mejor propuesta democrática porque es la que asegura la paridad así entendida.

1.1. Las tres dimensiones de la paridad participativa La justicia como paridad participativa requiere hacer frente a tres tipos de injusticia. Por un lado, las estructuras económicas existentes en las democracias liberales occidentales impiden la participación paritaria a una buena parte de la población: una mala distribución de la riqueza supone una participación social desigual. En el estado español, según el informe de Unicef (2012) la inequidad relativa, esto es, el número de veces que el 20% más rico lo es respecto al 20% más pobre, ha aumentado de 5’3 veces en 2007 a 6’9 veces en 2011. En 2012 el 25% de las familias vive bajo el umbral de la pobreza; el 27’3% de la población adulta está en paro y 2.200.000 niños viven en situación de pobreza. Los recortes realizados en 2012 en sanidad, educación y servicios sociales, siguiendo los dictados de los mercados, incrementarán esas inequidades de manera exponencial. En las últimas décadas, las desigualdades, la explotación, marginación e incluso la pobreza se han incrementado con la globalización, tanto en el interior de cada estado como entre los países del centro y los de la periferia del sistema mundo y ha tenido un impacto diferenciado por género: las mujeres somos más pobres en todos los sitios. Desde la perspectiva de la distribución, entonces, en el plano más simple, la injusticia se identifica con desigualdades derivadas de la estructura económica de la sociedad —ahora global y “financiera”—, aunque no sólo. La cuestión está en saber cuánto depende de la estructura económica capitalista y cuánto de su complicidad con otros sistemas de dominio. La segunda injusticia tiene que ver con la existencia de jerarquías respecto de las tradiciones y valores culturales presentes en las socie-