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Dentro de las áreas de intervención del Trabajo Social, se encuentra con carácter específico el trabajo realizado en el ámbito de la Justicia. En él, destaca la participación de los y las profesionales del Trabajo Social, tanto en intervención directa con personas usuarias vinculadas con la Justicia como en su participación en los Equipos Técnicos, cuyo objetivo es facilitar la labor a los órganos judiciales a través de la pericia judicial. Para realizar dicha labor, son utilizados los instrumentos propios de la profesión en relación al estudio, análisis y diagnóstico de la realidad social.

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El presente manual se elabora en el interés de proporcionar una herramienta rigurosa, comprensible, precisa y útil para los y las profesionales del Trabajo Social y cualquier otro profesional que desarrolle su labor en el ámbito profesional de la Justicia.

Trabajo Social y Justicia

El estudio de estos campos de intervención debe reforzarse con temas sobre colectivos que, por su incidencia en el campo de la justicia, reclaman el conocimiento básico de la estructura de derechos de la ciudadanía; como es el ámbito de la mujer, infancia y adolescencia, inmigración y diversidad funcional —éste último en el ámbito de los procesos judiciales familiares y de modificación de la capacidad—. Asimismo, por su relevancia, se destaca el marco jurídico de la protección integral de mujeres víctimas de violencia de género, así como la de sus hijos e hijas.

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Ana Dorado Barbé

Asimismo, otras actuaciones profesionales en el ámbito de Justicia tienen que ver con ejecución de medidas judiciales o alternativas a éstas, pudiendo desarrollarse tanto desde Servicios Sociales Generales o Especializados, como desde recursos específicos. De esta manera, aparecen nuevos escenarios profesionales como los Puntos de Encuentro Familiar, Comisiones de Asistencia Penitenciaria o Servicios de Mediación, entre otros.

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estudios de economía y sociología

9 788418 329616

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978-84-18329-61-6

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TRABAJO SOCIAL Y JUSTICIA

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT HUMANIDADES

Manuel Asensi Pérez

Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada Universitat de València

Ramón Cotarelo

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Mª Teresa Echenique Elizondo Catedrática de Lengua Española Universitat de València

Juan Manuel Fernández Soria Catedrático de Teoría e Historia de la Educación Universitat de València

Pablo Oñate Rubalcaba

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración Universitat de València

Joan Romero

Catedrático de Geografía Humana Universitat de València

Juan José Tamayo

Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Universidad Carlos III de Madrid

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

TRABAJO SOCIAL Y JUSTICIA

Editora

ANA DORADO BARBÉ

Autores

MARTA BLANCO CARRASCO ANA DORADO BARBÉ CARLOS PLA BARNIOL JOAQUÍN MARÍA RIVERA ÁLVAREZ MAR RODRÍGUEZ-BRIOSO PÉREZ MANUEL SERRANO RUIZ-CALDERÓN

tirant humanidades Valencia, 2020

Copyright ® 2020 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant Humanidades publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© Unir © TIRANT HUMANIDADES EDITA: TIRANT HUMANIDADES C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email: tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-18329-62-3 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice Capítulo 1 TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA JUSTICIA Joaquín María Rivera Álvarez 1.1. INTRODUCCIÓN........................................................................................... 15 1.2. LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA................................ 15 1.2.1. Estado de Derecho y Poder Judicial..................................................... 15 1.2.2. Organización básica del Poder Judicial................................................ 18 1.2.3. Intervenciones de los y las profesionales del Trabajo Social en el ámbito judicial.................................................................................... 21 1.3. EL TRABAJO SOCIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA......... 26 1.3.1. Equipos técnicos en los Juzgados de Primera Instancia (Familia y Juzgados de Incapacitaciones y Tutelas)............................................... 26 1.3.2. Equipos Técnicos en los Juzgados de Menores..................................... 27 1.3.3. Trabajadores/as sociales en los Institutos de Medicina Legal y Anatómico Forense....................................................................................... 28 1.3.4. Equipos Técnicos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer............ 29 1.3.5. Servicios sociales penitenciarios y su asistencia a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria....................................................................... 29 1.3.6. Oficinas de asistencia a víctimas del delito........................................... 30 1.4. EL INFORME PERICIAL; ESPECIALMENTE, EL FORENSE........................ 33 1.4.1. Procedimiento..................................................................................... 35 1.4.2. Objeto y contenido del Informe........................................................... 37 1.4.3. Valor del Informe................................................................................ 40 1.5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................ 41

Capítulo 2 EL TRABAJO SOCIAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE MENORES Manuel Serrano Ruiz-Calderón Ana Dorado Barbé 2.1. INTRODUCCIÓN........................................................................................... 45 2.2. MARCO JURÍDICO........................................................................................ 45 2.2.1. Normativa internacional..................................................................... 45 2.2.2. Normativa estatal y autonómica.......................................................... 46 2.3. EL PRINCIPIO DEL INTERÉS GENERAL DEL MENOR............................. 48 2.4. PRINCIPALES INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN DE MENORES........... 50 2.5. LAS CONSECUENCIAS DE LA INTERVENCIÓN CON MENORES........... 52 2.6. INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO SOCIAL EN LA PROTECCIÓN DE MENORES................................................................................................ 54 2.7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................ 58

Índice

Capítulo 3 TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO DE MENORES INFRACTORES Joaquín María Rivera Álvarez Ana Dorado Barbé 3.1. INTRODUCCIÓN........................................................................................... 61 3.2. LA REGULACIÓN LEGAL Y SUS PRINCIPIOS............................................. 61 3.3. ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA DE MENORES; ESPECIAL REFERENCIA A LA LABOR DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS................................. 65 3.4. MEDIDAS A ADOPTAR E INTERVENCIÓN DE LOS ET............................. 70 3.4.1. En relación con la adopción de medidas.............................................. 70 3.4.2. En relación con la ejecución de medidas.............................................. 74 3.5. CENTROS DE INTERNAMIENTO................................................................ 75 3.6. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y MEDIACIÓN....................................... 80 3.7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................ 82

Capítulo 4 EL TRABAJO SOCIAL EN LA EJECUCIÓN PENAL Carlos Pla Barniol 4.1. INTRODUCCIÓN........................................................................................... 85 4.2. EL TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO JUDICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA................................................................................. 86 4.2.1. La distribución de competencias entre los Tribunales y Juzgados del orden penal y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria............................ 86 4.2.2. El Trabajo Social ante los Tribunales y Juzgados en relación con la suspensión del cumplimiento de la pena.............................................. 89 4.2.3. El Trabajo Social en los Equipos Técnicos adscritos al JVP.................. 93 4.2.3.1. Funciones............................................................................... 93 4.2.3.2. Procedimiento de actuación................................................... 94 4.3. EL TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA.................................................................................................... 95 4.3.1. Estructura y régimen jurídico de la administración penitenciaria......... 95 4.3.2. Estructura orgánica y funcional del Centro Penitenciario.................... 97 4.3.3. Funciones y Organización del Centro de Inserción Social.................... 101 4.3.4 Los Servicios Sociales Penitenciarios.................................................... 102 4.3.5. Funciones específicas del y la profesional del Trabajo Social en el ámbito penitenciario............................................................................ 105 4.3.6. El Informe Social en el ámbito penitenciario........................................ 107 4.3.7. La libertad condicional........................................................................ 109 4.3.7.1. Regulación............................................................................. 109 4.3.7.2. Funciones del Trabajo Social respecto a su concesión y control......................................................................................... 117 4.4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................ 118

Índice

Capítulo 5 JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN PENAL Marta Blanco Carrasco Ana Dorado Barbé 5.1. INTRODUCCIÓN........................................................................................... 121 5.2. MARCO JURÍDICO........................................................................................ 121 5.2.1. Marco jurídico internacional............................................................... 122 5.2.2. Marco jurídico nacional...................................................................... 124 5.3. CONCEPTOS BÁSICOS.................................................................................. 125 5.4. JUSTICIA RESTAURATIVA FRENTE A JUSTICIA PUNITIVA: EL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA...................................................................................... 127 5.5. MEDIACIÓN PENAL CON MENORES INFRACTORES.............................. 131 5.6. MEDIACIÓN Y TRABAJO SOCIAL............................................................... 133 5.7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................ 138

Capítulo 6 IGUALDAD Y MUJER Marta Blanco Carrasco Mar Rodríguez-Brioso Pérez 6.1. INTRODUCCIÓN........................................................................................... 141 6.2. MARCO JURÍDICO........................................................................................ 141 6.2.1. Marco jurídico internacional............................................................... 141 6.2.2. Marco jurídico nacional...................................................................... 143 6.3. CONCEPTOS BÁSICOS Y REGLAS GENERALES DE PROTECCIÓN......... 145 6.4. COPARENTALIDAD Y CONCILIACIÓN...................................................... 148 6.4.1. Coparentalidad.................................................................................... 148 6.4.2. Conciliación de la vida familiar y laboral............................................ 151 6.5. TRABAJO SOCIAL E IGUALDAD.................................................................. 154 6.6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................ 157

Capítulo 7 LA PROTECCIÓN DE MUJERES Y MENORES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Marta Blanco Carrasco 7.1. INTRODUCCIÓN........................................................................................... 161 7.2. MARCO JURÍDICO........................................................................................ 161 7.2.1. Normativa para la protección de la mujer en situaciones de violencia. 162 7.2.1. Normativa para la protección del menor en situaciones de violencia... 164 7.3. CONCEPTOS BÁSICOS.................................................................................. 168 7.4. DERECHOS RECONOCIDOS A LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO........................................................................................... 171 7.5. ASPECTOS PROCEDIMENTALES................................................................. 173 7.6. INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO SOCIAL EN SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO............................................................................. 175

Índice

7.6.1. Prevención comunitaria y atención integral a las víctimas de violencia de género............................................................................................. 175 7.6.2. La intervención en los juzgados........................................................... 178 7.6.2.1. Juzgados de violencia sobre la mujer...................................... 178 7.6.2.2. Juzgados de vigilancia penitenciaria....................................... 178 7.7. LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR................................................ 179 7.8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................ 182

Capítulo 8 TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA INMIGRACIÓN Joaquín María Rivera Álvarez 8.1. INTRODUCCIÓN........................................................................................... 185 8.2. REGULACIÓN LEGAL................................................................................... 186 8.2.1. Legislación nacional............................................................................ 186 8.2.2. Regulación internacional..................................................................... 189 8.3. CONCEPTOS BÁSICOS.................................................................................. 191 8.3.1. Derechos de las personas extranjeras en España.................................. 191 8.3.2. Tipos de personas extranjeras.............................................................. 195 8.3.3. Situación de las personas extranjeras en España y su dinámica; especial incidencia en procesos de regularización y reagrupación familiar.. 198 8.4. INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO DE EXTRANJERÍA.............................................................................................................. 204 8.4.1. Atención a personas extranjeras en situación irregular........................ 206 8.4.2. Atención a menores extranjeros no acompañados............................... 208 8.5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................ 211

Capítulo 9 TRABAJO SOCIAL Y MEDIDAS CIVILES DE APOYO AL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA Manuel Serrano Ruiz-Calderón Joaquín María Rivera Álvarez 9.1. INTRODUCCIÓN........................................................................................... 215 9.2. CONCEPTOS BÁSICOS.................................................................................. 215 9.3. MARCO JURÍDICO........................................................................................ 218 9.3.1. Normativa internacional; especial referencia al modelo social de la discapacidad........................................................................................ 218 9.3.2. Normativa estatal................................................................................ 218 9.4. CAUSAS Y PROCESO DE INCAPACITACIÓN.............................................. 220 9.4.1. Internamiento de las personas incapacitadas....................................... 223 9.5. DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS INCAPACITADAS............ 226 9.6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................ 232

Índice

Capítulo 10 TRABAJO SOCIAL Y ADOPCIÓN Manuel Serrano Ruiz-Calderón Mar Rodríguez-Brioso Pérez 10.1. INTRODUCCIÓN........................................................................................... 235 10.2. MARCO JURÍDICO........................................................................................ 235 10.3. ADOPCIÓN NACIONAL............................................................................... 235 10.3.1. Sujetos principales intervinientes......................................................... 236 10.3.2. Modalidades de intervención de los sujetos......................................... 238 10.3.3. Efectos de la adopción......................................................................... 239 10.4. ADOPCIÓN INTERNACIONAL.................................................................... 240 10.5. EL PAPEL DEL TRABAJO SOCIAL EN ADOPCIÓN..................................... 243 10.6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................ 247

Capítulo 1

Trabajo Social en el ámbito de la Justicia Joaquín María Rivera Álvarez SUMARIO: 1.1. INTRODUCCIÓN. 1.2. LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA. 1.2.1. Estado de Derecho y Poder Judicial. 1.2.2. Organización básica del Poder Judicial. 1.2.3. Intervenciones de los y las profesionales del Trabajo Social en el ámbito judicial. 1.3. EL TRABAJO SOCIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA. 1.3.1. Equipos técnicos en los Juzgados de Primera Instancia (Familia y Juzgados de Incapacitaciones y Tutelas). 1.3.2. Equipos Técnicos en los Juzgados de Menores. 1.3.3. Trabajadores/as sociales en los Institutos de Medicina Legal y Anatómico Forense. 1.3.4. Equipos Técnicos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. 1.3.5. Servicios sociales penitenciarios y su asistencia a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. 1.3.6. Oficinas de asistencia a víctimas del delito. 1.4. EL INFORME PERICIAL; ESPECIALMENTE, EL FORENSE. 1.4.1. Procedimiento. 1.4.2. Objeto y contenido del Informe. 1.4.3. Valor del Informe. 1.5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Joaquín María Rivera Álvarez

TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA JUSTICIA

1.1. vIntroducción

1.2. La Administración de la Justicia en España • Estado de Derecho y Poder Judicial • Organización básica del Poder Judicial • Intervenciones de los y las profesionales del Trabajo Social en el ámbito judicial

1.3. El Trabajo Social en la Administración de Justicia • Equipos Técnicos en los Juzgados de Primera Instancia • Equipos Técnicos en los Juzgados de Menores • Trabajadores/as Soicales en los Institutos de Medicina Legal y Anatómico Forense • Equipos técnicos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer • Servicios Sociales Penitenciarios y su asistencia a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria • Oficinas de asistencia a víctimas del delito

1.4. El Informe Pericial; especialmente, el Forense • Procedimiento de la Pericia • Objeto y contenido del Informe • El valor del Informe

Trabajo Social en el ámbito de la Justicia

1.1. INTRODUCCIÓN El tema que se desarrolla en estas líneas sirve como introducción al papel de los y las profesionales del Trabajo Social en la Administración de la Justicia. Para ello, con carácter previo debemos conocer cuál es la función que desarrolla este Poder del Estado y su organización. Posteriormente, con unas pequeñas líneas históricas ubicaremos la labor de los y las profesionales del Trabajo Social. Como se verá, sus funciones son generalmente compartidas con otros profesionales de las Ciencias de la Salud y Sociales, formando parte de equipos multidisciplinares que realizan informes periciales para auxiliar al juez, jueza o tribunal en el conocimiento de la realidad y en la adopción de medidas para modificarla ya en fase declarativa o ejecutiva. Esta necesidad que tienen los jueces y tribunales de comprender la realidad sobre la que realizan su enjuiciamiento, no se agota en el campo de la pericial, sino también pueden servir otras tipos de prueba (documental, testifical) dada la intervención del trabajador y trabajadora social sobre el caso concreto. Los apartados de los que consta este tema son:  La Administración de la Justicia en España.  El Trabajo Social en la Administración de la Justicia.  El Informe Pericial; especialmente, el Forense.

1.2. LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA 1.2.1. Estado de Derecho y Poder Judicial En este punto se va a distinguir los aspectos constitucionales de la regulación del poder judicial y las características del Estado de Derecho que le afectan. En un segundo epígrafe se indicarán elementos generales y comunes a todos los procedimientos judiciales con objeto de que, después, se comprenda la posición del trabajador y la trabajadora social en dicho ámbito. A) Nuestra Constitución de 1978 (en adelante, CE), declara nuestro Estado como un “Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” (art. 1.1). Esta configuración no afecta aparentemente al Poder Judicial; no marca diferencias con otros modelos, por cuanto tradicionalmente en nuestro Estado moderno siempre hay un Poder judicial, entendido éste como aquella

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organización pública e independiente que tiene como función principal la resolución heterónoma (por tercero) de conflictos concretos entre las personas, o de estos y cualquier organización del Estado, cuando aquellos no poseen la capacidad o no quieren resolverlos por sí mismos. La labor o función que realiza el poder judicial se expresa en el art. 117.3 de la CE: “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan”.

No obstante, conviene indicar que, en el Estado de Derecho, hay esencialmente tres características que sí le distinguen y que condicionan el trabajo de los jueces y tribunales: a) Los miembros del Poder Judicial (jueces, juezas y tribunales) están sometidos al imperio de la ley (arts. 117.1 y 9.1 de la CE) —principio de legalidad que, en el Estado Democrático, es expresión de la soberanía del pueblo (art. 1.2 de la CE)—. Esto determina que, en la resolución de los conflictos, aplican e interpretan la norma jurídica previa, usualmente, reconocida en la ley, sin perjuicio de las demás fuentes (costumbre y principios generales del Derecho). b) Es un poder del Estado; cuya regulación está constitucionalizada en el Título VI de la Constitución Española. El desarrollo de lo que es el Poder Judicial se debe realizar por medio de una Ley Orgánica (la denominada Ley Orgánica del Poder Judicial). Todas estas normas definen el poder como independiente e inamovible, en tanto que sirve de contrapeso al resto de Poderes del Estado (Legislativo y Ejecutivo) —teoría de la división de poderes—; de forma que si cualquiera de estos poderes contradice la Constitución o la Ley, puede ser sometido a juicio. c) Sus decisiones, usualmente, las sentencias, deben ser “motivadas” (art. 120.3 de la CE), lo que implica la necesidad de justificar ante las personas que sean partes en el proceso, la razones por las que se ha tomado una decisión, con objeto de que éstas puedan ejercer su derecho a la defensa y hacer efectiva finalmente el derecho fundamental a la tutela judicial. De no ser atendido dicha exigencia, se produce la invalidez de la decisión. También, desde la perspectiva general, a través de la motivación se puede considerar realizado el valor de la justicia —sin perjuicio de los demás implicados, como puede ser: libertad, igualdad o el principio de legalidad (art. 9.3 de la CE)—.

Trabajo Social en el ámbito de la Justicia

Por último, dicha norma permite la realización del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la CE); por el cual, a partir del conocimiento de las leyes, el ciudadano y ciudadana sabe si está cumpliendo con el Ordenamiento o si éste le va a proteger ante una situación de conflicto. B) El ejercicio de la función jurisdiccional descrita (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado) tiene un marco procedimental a través del cual, cada una de las partes interesadas en el mismo, puedan introducir no sólo sus alegaciones, sino las pruebas en las que se basen, para alcanzar la tutela de sus derechos e intereses en conflicto. Así no sólo se hace efectivo el derecho fundamental de tutela judicial efectiva (art. 24.1 de la CE) sino también se procura la corrección de la decisión judicial, en cuanto a partir del procedimiento toma conocimiento de la realidad que se le presenta para el enjuiciamiento. En cada rama de nuestra jurisdicción, como a continuación veremos, hay un ley de procedimiento —siendo la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), supletoria respecto a las demás, tal como nos indica el art. 4 de la misma—. El juez, jueza o tribunal, efectivamente, tienen en su mano, la decisión última del conflicto de intereses que se le presenta, sin que pueda excusarse de resolver por ignorancia, falta de claridad o inexistencia de norma jurídica. Esa es una labor propia y personal, la de la aplicación e interpretación de la norma jurídica; no obstante lo cual, para hacerlo el juez, jueza o tribunal deben conocer la realidad sobre la que se sustenta, en concreto, el caso que se le presenta. En este campo, el Trabajo Social, a través de sus herramientas puede auxiliar, sólo o con otras ramas de las Ciencias Sociales y Sanitarias, a la comprensión de la realidad sobre la que tiene que decidir el juez. Y ello dado que tradicionalmente, la intervención social directa le ha permitido al Trabajo Social no sólo el conocimiento inmediato de la realidad —pudiendo por lo tanto, de un modo imparcial y profesional, ser descrita—, sino que también permite que dicha descripción pueda ser valorada, en tanto que, a través de los métodos y técnicas de investigación, puede llegar a un diagnóstico. En dicho ámbito declarativo (el de juzgar), él y la profesional del Trabajo Social puede asistir a la jurisdicción mediante su intervención en alguna de las pruebas admisibles en Derecho —como veremos más tarde—. Del mismo modo, a la hora de ejecutar lo juzgado —ámbito ejecutivo—, hay servicios, en donde el Trabajo Social tiene una tradición propia de presencia, que pueden asistir al juez o jueza para hacer efectiva su propia decisión. Por ejemplo, en el ámbito familiar, los puntos de encuentro, o los servicios de mediación.

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1.2.2. Organización básica del Poder Judicial En este punto se va a tratar la organización del gobierno de la administración de la justicia, la de los órganos específicos que la administran y finalmente, del personal y servicios que auxilia o colabora al ejercicio de la función. A) Al poder judicial no sólo se le debe considerar en cuanto a su función (jurisdiccional), sino también como organización pública compleja; en donde se integran todos los jueces, juezas, magistrados y magistradas, así como los órganos y unidades que les auxilia para el ejercicio de su función. El gobierno del Poder Judicial está en manos del Consejo General del Poder Judicial (art. 122.2 CE). Si bien, esta organización deja libres a los jueces, juezas y tribunales en el ejercicio de sus funciones, por cuanto se centra en administrar la organización del mismo; especialmente, tienen encomendada la resolución de sus nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Las decisiones del Consejo General del Poder Judicial están sometidas también a la ley y por ende al control judicial, y específicamente, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en adelante LOPJ (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio). B) El juez o jueza, titular de los que denominamos órganos individuales, o el magistrado o magistrada —que también puede ser titular de los órganos colegiados— tienen la condición de técnicos, es decir gente con conocimientos amplios de Derecho, y de carrera. Como hemos indicado anteriormente, de forma individual o colegiada tienen la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y son independientes e inamovibles. Conviene indicar que sólo hay una jurisdicción ordinaria en España, frente a modelos federales, como Estados Unidos, en donde hay una jurisdicción federal y otra por cada estado de la Unión. Con objeto de distribuir adecuadamente su trabajo estructuralmente se divide, tanto material como territorialmente. Desde el punto de vista material, la jurisdicción ordinaria se divide tradicionalmente en cinco ramas generales: jurisdicción civil, laboral, penal o criminal, contencioso administrativa y castrense. Estas distinciones, desde el punto de vista material, en ocasiones exigen una determinada especialización (claramente, en el caso de la jurisdicción contencioso administrativa y social). En estos casos se dan particularidades; en el primero, al enjuiciar los casos en donde la Administración Pública es parte en el proceso, y en el segundo, dado que se tratan de relaciones entre

Trabajo Social en el ámbito de la Justicia

empresarios y trabajadores e instituciones análogas de carácter social (Instituto Nacional de la Seguridad Social o Tesorería General y parecidos). Pero además, dentro de cada rama se pueden encontrar órganos especiales, en función de una determinada materia concreta que debe ser enjuiciada: Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Juzgados de Menores, Juzgados de Familia, Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y Juzgados de lo Mercantil. Junto a esta división material, la organización judicial también se divide territorialmente con objeto de que la administración de la justicia esté cerca de cada ciudadano. Esta división territorial tiene diferente planta a la organización administrativa que sirve al Poder Ejecutivo en España —que es integrada por las Administraciones Públicas en España y el Gobierno de España, los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autonómicas, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos—. Es decir, mientras que la administración general está desplegada usualmente en municipios, provincias (o islas) y Comunidades Autónomas; la administración de justicia, se despliega generalmente en municipios, partidos judiciales (en donde se agrupan varios municipios), provincias y Comunidades Autónomas. Así, comenzando en la escala más inferior de la pirámide territorial, se encuentran: Ø A nivel local, el Juzgado de Paz con escasas funciones jurisdiccionales. Ø A nivel supramunicipal (especialmente, en casos de poblaciones con pocos habitantes, menos de 7500 habitantes en general en lo que se denomina partido judicial que agrupa municipios), los Juzgados cuyos titulares son órganos unipersonales teniendo diferentes denominaciones en función a la rama jurisdiccional: Juzgados de Primera Instancia e Instrucción; de lo Penal y Social. Ø En cada capital de la provincia, hay Juzgados de lo Contencioso Administrativo, de lo Mercantil, de Familia y demás. Ø A nivel provincial, las Audiencias Provinciales que solo tienen funciones en la rama civil y criminal. Ø A nivel autonómico, los Tribunales Superiores de Justicia con funciones en las cuatro ramas. Ø A nivel estatal, el Tribunal Supremo, con las cinco salas de cada jurisdicción —incluimos a la castrense—. Como puede suponerse, en ocasiones, el reparto de asuntos se hace funcionalmente en orden de importancia, de forma que los tribunales y audiencias, órganos colegiados son los que conocen, en segunda instancia, de los recursos ante los órganos individuales o en primera instancia, de asuntos a partir de su relevancia o mayor importancia, en función de una serie de

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reglas de competencia que vienen determinadas en la LOPJ y en cada una de las leyes que regulan el procedimiento: Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de la Jurisdicción Social y Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. C) Como se ha indicado el juez, jueza o magistrado o magistrada tiene una serie de órganos que, ordinaria o extraordinariamente, le asisten en su función. Como órgano que ordinariamente les auxilia en la función jurisdiccional está la Oficina Judicial que, según el art. 435 de la LOPJ, “es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales”. En ella se integran “los medios personales, materiales y tecnológicos que rodean al juez en el desempeño cotidiano de su trabajo” (Montero, Gómez y Barona, 2016: 159), que serán gobernados por el denominado Letrado o Letrada de la Administración de la Justicia, antiguamente, Secretario, junto con los Gestores/as, Tramitadores/as y Auxiliares judiciales. Fuera de dicha Oficina, hay otros Servicios para Registro y Reparto de Asuntos, Actos de Comunicación, Auxilio Judicial, Ejecución de Resoluciones Judiciales y Jurisdicción Voluntaria. Hay que tener presente que toda esta organización auxiliar, tanto de medios personales como materiales, puede estar confiada a las Comunidades Autónomas, en función que así lo dispongan sus Estatutos de Autonomía. De modo que, todo lo que se denomina Personal al Servicio de la Administración de la Justicia puede estar transferido a las Comunidades Autónomas y se despliega en tres cuerpos especiales: Ø Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial. Ø Médicos forenses y facultativos del Instituto de Medicina Legal. Ø Personal laboral, en donde veremos que se integra el y la profesional del Trabajo Social. D) Es interesante indicar que también se encuentra dentro de la Administración de la Justicia, colaborando con los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal, regulado por el art. 124 de la CE, y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal —Ley 50/1981, de 30 de diciembre—, (en adelante, EOMF), en la que se le atribuyen una serie de funciones relevantes: 1) La defensa de la legalidad, es decir, es una de las partes de todo proceso que mantiene una posición “no interesada”, sino vinculada a lo que cree que es conforme a Derecho