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Martín Gabriel Barrón Cruz Coordinador

FUERZAS ARMADAS Y SEGURIDAD INTERIOR

desafíos de la justicia penal

FUERZAS ARMADAS Y SEGURIDAD INTERIOR

Colección Desafíos de la justicia penal

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Héctor Olasolo Alonso

Owen Fiss

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda) Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

DIRECTORIO inacipe

Alejandro Gertz Manero

Fiscal General de la República y Presidente de la H. Junta de Gobierno del inacipe

Rafael Ruiz Mena

Secretario General Académico Encargado del Despacho de la Dirección General

Gabriela Alejandra Rosales Hernández Secretaria General de Extensión

Alejandra Silva Carreras

Directora de Publicaciones y Biblioteca

FUERZAS ARMADAS Y SEGURIDAD INTERIOR

Coordinador:

MARTÍN GABRIEL BARRÓN CRUZ Autores:

Óscar Báez Soto Martín Gabriel Barrón Cruz Abigail Tapia Escobar Alejandro Carlos Espinosa Juan Antonio Fernández Velázquez Guillermo Garduño Valero Gerardo R. Herrera Huízar Ana María Macías Cedeño Israel Alvarado Martínez Marcos Pablo Moloeznik

tirant lo blanch Ciudad de México, 2021

Copyright ® 2021 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www. tirant.com/mex/

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ÍNDICE Presentación de la colección...................................................................... 11 Juan-Luis Gómez Colomer

Presentación.............................................................................................. 13 La Operación Cóndor en Los Altos de Sinaloa: entre el discurso oficial y la violencia de Estado................................................................................ 17 Juan Antonio Fernández Velázquez

Cultivo de drogas en Sinaloa..................................................................... 31 Óscar Báez Soto

Fuerzas armadas y militarización.............................................................. 63 Martín Gabriel Barrón Cruz

Fuerzas armadas y seguridad interior........................................................ 87 Ana María Macías Cedeño Guillermo J. R. Garduño Valero

La violencia criminal como principio de acción dominante de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública................................................... 111 Gerardo René Herrera Huízar

Seguridad Interior, Fuerzas Armadas y Estado de Derecho en México....... 129 Marcos Pablo Moloeznik

El discurso Tanatopolítico de la Seguridad Interior................................... 151 Abigail Tapia Escobar

La justicia militar de cara a la oralidad: las reformas de 2014 y 2016 al Código de Justicia Militar y la necesidad de regular la seguridad interior... 179 Alejandro Carlos Espinosa

La corrupción como antagonismo de la seguridad nacional. La afectación a la economía nacional.............................................................................. 205 Israel Alvarado Martínez

PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN Cuando la editorial española Tirant lo Blanch, en su rama mexicana, y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (inacipe) mexicano se alían para trabajar conjuntamente, los resultados solo pueden ser excelentes. Me honran al proponerme que presente la colección Desafíos de la justicia penal, el primer fruto de esa puesta en común, porque me reconocen como autor preocupado por la justicia a nivel internacional y, sobre todo, porque me creen muy interesado en el desarrollo procesal penal de México. Ambas cosas son verdad, dicho con toda humildad, pues me limito a aportar granitos de arena, que muchas veces ni yo mismo alcanzo a distinguir. Los temas propuestos en un primer avance revelan que esa preocupación es mucho más amplia de lo que parece. El libro que tiene en sus manos ahora el lector especialista es buena prueba de ello. Tanto desde el punto de vista del derecho penal sustantivo como del derecho procesal penal, la sociedad está exigiendo cada día más esfuerzo a lo público (el Estado y sus fuerzas de persecución penal), para que lo privado (la gente normal y corriente, honrados y trabajadores ciudadanos) sufra menos y, si no hay más remedio que padecer, lo haga en la confianza de que como víctima será restablecida y el causante pagará por ello. Una buena forma de conseguirlo es profundizar en estudios que nos aclaren y simplifiquen el camino para lograrlo; es decir, en análisis como el que ahora les presento. Una aportación necesaria, decisiva y, sobre todo, útil para los prácticos, que ayudará a jueces, fiscales y Policía judicial, a la par que a defensores públicos y litigantes, a encontrar la mejor justicia posible.

Juan-Luis Gómez Colomer

PRESENTACIÓN En México, desde finales de la década de los 60 y durante los 70, la presencia militar en diversas actividades alejadas de la disciplina castrense ha sido una constante. Los hechos hablan por sí mismos: el Plan Cánador (1966), la represión del movimiento estudiantil de 1968, el combate a la guerrilla en diversos Estados del país y la Fuerza de Tarea Cóndor (1977). En las siguientes dos décadas hubo otros como: la Fuerza de Tarea Marte (1987), la Fuerza de Tarea Azteca (1996) y la Operación Guardián (1998). Al iniciar el siglo XXI se realizaron la Directiva Azteca XXI (2000), el Plan General contra el Narcotráfico Milenio (2001), el Plan Estratégico de Combate al Narcotráfico (2004) y la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico (2007-2012). Estos son solo algunos de los nombres más conocidos de las operaciones que el Ejército efectuó, aunque en años recientes la Armada se ha integrado con sus propios planes y programas. Es innegable que durante más de 50 años las Fuerzas Armadas (FAS) han realizado diversas actividades alejadas de los cuarteles militares. Pero, a partir de 1996, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la participación de éstas en tareas de Seguridad Pública: verbigracia policial. Es decir, se desnaturalizó la función básica de las FAS. Así, a partir de los últimas dos décadas, tanto el Ejército como la Marina y la Fuerza Aérea realizan trabajos propios de la Policía. Esto, obviamente, ha traído una serie de debates en torno a cuál es realmente el papel que juegan las FAS en el presente. Durante 2017, la polémica creció aún más cuando senadores y diputados presentaron una propuesta para emitir la Ley de Seguridad Interior, con la cual se pretendía dar certeza a los integrantes de las FAS en acciones, ya no sólo policiales, sino de un posible estado de sitio. Así, las FAS tendrían bajo su responsabilidad todo lo que tiene que ver con la Seguridad, es decir, desde la Nacional, pasando por la Interior y culminando con la Seguridad Pública. De tal forma que los legisladores pretendieron dar mayores atribuciones y facultades a los miembros de las FAS con lo que el país consolidaría el proceso de militarización que se viene gestando desde hace años. Pero, surge una pregunta: ¿Los militares están preparados para todo ello? La respuesta es NO. Porque carecen de una preparación que les permita ser todólogos. Es por ello que ante la aprobación de la Ley de Seguridad Interior se ha reunido a un grupo de académicos para analizar algunos de los aspectos, que cada uno de ellos considera como relevante para revisar cuál es el papel que han jugado las FAS a lo largo de estos últimos años. Así, la obra

PRESENTACIÓN

se divide en tres grandes partes: en la primera, con los trabajos de Juan Antonio Fernández Velázquez y Óscar Báez Soto, se hace una revisión del impacto que tuvo la operación Cóndor en el Estado de Sinaloa (cuna de los grandes cárteles de la droga: Juárez, Arellano Félix, Beltrán Leyva y de Sinaloa, y de sus ramificaciones por toda la faz de la tierra). Es decir se pretende ver, desde una óptica histórica y política, las repercusiones que tuvieron las actividades militares en dicha entidad. Posteriormente, el texto de Martín Barrón Gabriel Cruz aborda el proceso de militarización de la Seguridad Pública, el cual se remonta a varias décadas. La segunda parte está compuesta por cuatro textos. El primero de la sección es un trabajo conjunto de Ana María Macías Cedeño y Guillermo Garduño Valero, quienes establecen que al tratar la Seguridad y su vínculo con las FAS supone ir más allá de la idea de que son la fuerza coactiva del Estado y, por tanto, a quienes corresponde el ejercicio de la violencia legítima. Sin negar que tienen este atributo, también hay que considerar que el ejercicio de la represión no es para el Estado contemporáneo el factor al que hay que acudir sin atravesar mediación alguna. Puesto que la Seguridad, tanto Nacional, Interna y Pública, descansa más en la negociación entre las fuerzas para gestar un equilibrio del consenso social, base de la cooperación interinstitucional, y en la generación de los espacios públicos para vincular al Estado y a la Sociedad; régimen político con la sociedad civil e instituciones públicas, tanto estatales como no estatales, con la participación ciudadana. El segundo de la sección es de la autoría de Gerardo R. Herrera Huízar, quien aborda el tema de que la Seguridad Interior se ha colocado en el foco de la discusión como tema legislativo con la emisión de una normatividad que dé certeza jurídica a las FAS en las tareas que desde hace una década vienen desempeñando en el ámbito de la Seguridad Pública. El debate se ha visto influido por consideraciones de carácter político y social, pero también de carácter teórico, generando una controversia intensa respecto a las implicaciones que una Ley de Seguridad Interior podría tener en temas como los derechos humanos, condimentada con indefiniciones conceptuales y delimitaciones funcionales inacabadas. El tercer escrito es de Marcos Pablo Moloeznik, quien pone el acento en demostrar que la discusión sobre Seguridad Interior en el Poder Legislativo sólo persiguió dotar de un manto de protección legal a las actuaciones de las FAS que, de facto y al margen de la declaratoria del Estado de excepción consagrado constitucionalmente, en rigor se desarrollan en el ámbito de la Seguridad Pública. Esto responde tanto al fracaso de dicha función básica por parte de los tres órdenes de gobierno de la mano de la

PRESENTACIÓN

debacle del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como de las misiones y funciones históricas del instrumento militar en México. El último texto de la sección, de Abigail Tapia Escobar, aborda el discurso tanatopolítico de la Seguridad Interior. Su texto centra su objetivo en el papel que juega el Derecho durante las administraciones de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012). Durante la primera, se regula la Seguridad Nacional (2005) que lleva a las fuerzas del Estado a considerar a los integrantes de la delincuencia organizada, principalmente a los traficantes de drogas, como enemigos y, con ello, se les aplica el derecho penal del enemigo. El recrudecimiento de estos se presenta en la administración calderonista. Es así que la autora revisa el funcionamiento, características y algunas prácticas a partir del discurso gubernamental que lo deja al descubierto. Se cierra el libro, en la tercera sección, con un texto de Alejandro Carlos Espinoza donde se plantea la necesidad y urgencia de regular, no sólo la Seguridad Interior, sino la justicia militar a partir de las reformas, no sólo la constitucional del 2008, sino de manera particular las reformas efectuadas al Código de Justicia Militar realizadas en 2014 y 2016, que provocaron la emisión del Código Militar de Procedimientos Penales, el cual, a decir del autor, tiene una marcada política criminológica encaminada hacia la prevención del delito. Estimado lector en tus manos tienes un texto que se integró con académicos de reconocido prestigio que conocen cada uno de los temas a profundidad. Sin embargo, como cualquier obra queda mucho por debatir. La misma pretende ser un parteaguas, para ese debate, que es urgente y necesario iniciar en torno a las FAS del país y cuál será su papel en un futuro cercano.

LA OPERACIÓN CÓNDOR EN LOS ALTOS DE SINALOA: ENTRE EL DISCURSO OFICIAL Y LA VIOLENCIA DE ESTADO JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ VELÁZQUEZ1

Sumario: I. Introducción. II. La violencia de Estado y sus márgenes. III. Violencia y abusos contra la población alteña. IV. Conclusiones. V. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN La violencia es una noción polisémica que debe ser pensada como un fenómeno social, ya que es producida en la colectividad y recreada en las relaciones entre los integrantes de ésta, sobre todo en la cotidianidad o en la forma de resolver los conflictos, pero además porque puede ser abordada como un acontecimiento, hecho, acción o suceso de preocupación y/o de interés general. La violencia como objeto social abstracto remite a una pluralidad de discursos, conocimientos y prácticas, lo que permite la comunicación y las tomas de posición respecto de ella, situados siempre dentro de una historia y una cultura específicas, con sus normas, valores y creencias.2 Para efectos de este trabajo, tomaremos el concepto de Stathis Kalivas (2010) de lo que él llama violencia coercitiva, la cual se realiza de forma intencionada y directa, y toma formas diversas que incluyen el desplazamiento forzoso, el secuestro, la toma de rehenes, la detención, el apaleamiento, la tortura, la mutilación, violación y profanación de cuerpos muertos o muerte violenta, entre otras formas del ejercicio violento en contra de una población determinada. De acuerdo con este autor, la violencia puede ser usada para exterminar a un grupo o para controlarlo, a esto es a lo que llama violencia coercitiva. Aunque los métodos usados para conseguir la sumisión y des1

Doctor en Historia y Estudios Regionales, miembro de la Red de Investigadores Latinoamericanos por la Democracia y la Paz (www.insumisos.com) donde se desempeña como Director de Investigación. Contacto: jantoniofernandezv@gmail.com Murrieta, E. y Guzmán, M. (2015). Psicología de la Violencia: causas prevención y afrontamiento, Tomo I. México: Editorial El Manual Moderno.

JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ VELÁZQUEZ

trucción física pueden ser similares, estos objetivos difieren. Cuando la violencia se usa para controlar a una población se vuelve un recurso más que un producto final; dicho de otro modo, la violencia cumple con una función comunicativa con una clara dimensión disuasoria, que tiene como uno de sus objetivos sembrar el miedo en la población, por lo que aplicada de forma coercitiva puede ser al mismo tiempo, estratégica y táctica, a su vez puede producirse de forma unilateral (por un actor, generalmente, el Estado) o multilateral (por dos o más actores enfrentados). En este sentido, la violencia aplicada en la Operación Cóndor tenía como uno de sus objetivos intimidar a la población de Los Altos de Sinaloa,3 mediante la fuerza pública, y de paso legitimar las acciones realizadas para contrarrestar la siembra y tráfico de enervantes. El horror y el salvajismo crudos de aquellos que asesinan y abusan provocan que la gente huya, se esconda o que apenas se defienda y a menudo sus víctimas responden con pasividad muda […] la violencia coercitiva no es necesariamente masiva el terror exitoso implica bajos niveles de violencia, la coerción falla si se limita a destruir al sujeto cuya sumisión se busca.4

La violencia en la región alteña ejercida por el Estado, durante la Operación Cóndor, buscaba justificar lo que en el discurso oficial alegaba la existencia de una patología social a raíz del narcotráfico que había de ser combatida y erradicada con el afán de devolver a la sociedad sinaloense a la aparente tranquilidad. El gobierno en turno defendía la hipótesis en torno a la consolidación de una epidemia, expresada en el cultivo y tráfico de drogas y sus consecuencias. En la operación militarizada avivaron aún más la inseguridad, delincuencia y crimen en las ciudades y las poblaciones del Norte, Centro y Sur de Sinaloa y las entidades vecinas. Más de 10 mil militares, además de los policías judiciales federales, dejaron también miles de muertos (cálculos conservadores hablan de 15 mil muertos durante el periodo), entre campesinos inocentes, sembradores y distribuidores. Debido a tales acciones, las huestes militares y judiciales habrían dejado como secuela la desaparición de pueblos y rancherías del campo y de las montañas de Los Altos, pero la siembra y el trasiego de las drogas nunca terminaron. Más bien, tal industria se fortificó en toda la geografía estatal, con la injerencia, la participación, la complicidad, la colusión y

Comprende los municipios de la zona serrana de Sinaloa: Choix, El Fuerte, Sinaloa de Leyva, Mocorito, Badiraguato, Cosalá, parte de Culiacán, de Elota y San Ignacio (Ortega, 1999). Kalivas, S. (2010). La Lógica de la violencia en la guerra civil. Madrid: Akal, pp. 46-50.

LA OPERACIÓN CÓNDOR EN LOS ALTOS DE SINALOA…

el control que ejercieron de forma directa los mandos y comandos de la Operación Cóndor.5

II. LA VIOLENCIA DE ESTADO Y SUS MÁRGENES Para reflexionar sobre las acciones militares en los operativos antidrogas, debemos tomar en cuenta la existencia de fronteras efímeras en cuanto a la forma de aplicar la ley a través de la violencia legítima, entre lo legal e ilegal y las prácticas que las corporaciones policiacas llevan a cabo para hacer cumplir las normas; tenemos pues la existencia de los márgenes del Estado, en referencia a espacios donde se fortalece su poder y a la vez se abre la posibilidad para cuestionar la forma de actuar del mismo.6 Es decir, los márgenes estatales implican una dinámica de visibilización más que de localización, no son espacios fijos, en estos se dejan ver relaciones de poder: formalidad e informalidad, legalidad e ilegalidad, que no son constantes pero visibles. Los márgenes no son utilizados en sentido territorial, sino como dinámicas en las que el poder del Estado se hace visible, a través del ejercicio de la violencia y las economías ilegales. Las prácticas estatales en zonas de emergencia o en estado de excepción no pueden ser entendidas en términos de ley y trasgresión sino más bien en términos de prácticas que se encuentran simultáneamente dentro y fuera de la ley.7

Estos pueden ser márgenes de resistencia donde se afianza el poder y se establecen las condiciones para que se lleve a cabo la relación del Estado con actividades ilegales, hasta el punto de hacer visible la precariedad de las instituciones encargadas de establecer el orden, ofreciendo espacios frágiles dentro de las organizaciones estatales.8 5

Córdova, N. (2008, Otoño). Las drogas: Las ganancias ideológicas de la prohibición. Arenas, Revista Sinaloense de Ciencias Sociales, núm. 17, pp. 9-12. Maestría en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Sinaloa. Mazatlán, Sinaloa. El derecho funciona en la manera en que apela a las normas de la gente, lo que debe y no debe de hacer (quizá en la teoría, pero no en la práctica). Las formas en que las normas administrativas deben ser aplicadas. El poder del Estado se pone visible, está fundado en la idea en que el Estado decide cuándo se aplica la ley y cuándo no. En el momento en que el Estado determina que se han rebasado esos límites. Normatividad en relación a que se gobierna según las normas locales, pero el Estado es quien decide. Los márgenes no son muchas veces especializados, son momentos en los que se deja ver el poder del Estado, en la forma de actuar con violencia para hacer cumplir la ley. Al respecto véase: Das, V. y Poole, D. (2008). Ibídem. Ibídem.

JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ VELÁZQUEZ

En virtual estado de sitio viven algunas comunidades de esta entidad, donde con el pretexto de la Operación Cóndor, los “palmolives” (soldados), “grises” o “pardos” (policías del Estado), “judas” (judiciales federales) y “secretos” (miembros del Servicio Secreto) violan los derechos humanos a través de la privación ilegal de la libertad y la represión que ha llegado a mutilaciones corporales.9 Por su parte, el comité de ayuda legal en el Instituto de Readaptación Social de Sinaloa, con sede en Culiacán, señalaba haber estudiado los casos de 79 campesinos, de los cuales por lo menos 35 eran inocentes y otro gran número fue orillado a participar en estas actividades: “El 25% de los campesinos presos no tienen nexo con el narcotráfico. Estos campesinos que son inocentes deben ser liberados y los que tienen culpa deben ser ayudados, proporcionándoles medios de subsistencia a sus familias que hasta ahora se encuentran desamparadas”.10 La producción de drogas y los derivados como la farmacodependencia y la violencia, han conducido paulatinamente y peligrosamente a un estado de neurosis social con las manifestaciones de inseguridad y angustia, quien expuso: Se han confabulado una serie de factores socioeconómicos donde la pobreza del agro colindante con la sierra, la miseria y la ignorancia de mucho y la ambición de enriquecimiento rápido, desmedido, sin esfuerzo, riesgo de unos cuantos, ha hecho posible la coacción de los traficantes internacionales intermediarios para que el campesino dedique sus tierra a cultivos ilegales. Sinaloa, a nuestro querido Estado, desgraciadamente la ha tocado sufrir una enfermedad social en forma intensa y brutal.11

En los inicios de la Operación Cóndor en Sinaloa, se realizaban diferentes actos que provocaban la inconformidad de la población entre los que destacaba el establecimiento de retenes por parte de la Policía Judicial Federal en aeropuertos, terminal de ferrocarril y centrales de autobuses, contando con equipos de radio comunicación y diversos recursos para la detección de drogas, ante esto, el discurso por parte de las fuerzas policiales reconocía que: La detención de los vehículos no deja de constituir una molestia que no se justificaría en tiempos normales, pero lo cierto es que no vivimos en una situación normal y que la población civil debe estar dispuesta a pagar el pequeño precio de los inevitables contratiempos que causan los retenes a cambio del bien que pueden hacer al detectar a los elementos que perturban la paz social; esto mismo llevó a la detención de doscientos treinta y tres vehículos para 9

10 11

Ramírez, I. (17 de noviembre de1 979). La Operación Cóndor extiende sus alas homicidas. Proceso. Noroeste de Culiacán. (16 de enero de 1977), pp. 1-5. Ibídem.