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EL DERECHO DE LA LIBRE COMPETENCIA COMO INSTRUMENTO DE PROGRESO ECONÓMICO A FAVOR DE LAS EMPRESAS Y DE LOS CONSUMIDORES

Dirección y coordinación: mAnuel José vázQuez penA

Ilustre Colegio de Abogados de Lugo

Valencia, 2013

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Indice NOTA INTRODUCTORIA

Capítulo 1

Concepto e finalidades do dereito de defensa da competencia: Especial referencia á promocion da competencia en tempos de crise 1. Introducción.......................................................................................... 17 2. Concepto e Fundamento do Dereito antitrust........................................ 18 3. Finalidades do Dereito de Defensa da Competencia.............................. 19 4. O camiño cara o actual Dereito de Defensa da Competencia................. 21 5. Ferramentas do Dereito de Defensa da Competencia para conseguir as súas finalidades.................................................................................... 22 6. Dereito da Defensa da Competencia e crise económica.......................... 24

Capítulo 2

Consumidores y normativa protectora de la libre competencia: algunos antecedentes y las recientes iniciativas sobre “acciones por daños” 1. Introducción.......................................................................................... 31 2. Los consumidores como beneficiarios últimos de la normativa protectora de la libre competencia................................................................. 33 2.1. Antecedentes................................................................................. 33 2.2. Marco legal.................................................................................. 37 2.2.1. Consumidores y prácticas colusorias................................. 38 2.2.2. Consumidores y abuso de posición dominante.................. 42 2.2.3. En el procedimiento........................................................... 43 3. Los consumidores en las acciones por daños y perjuicios por incumplimiento de los artículos 101 o 102 del TFUE........................................ 45 3.1. Iniciativas comunitarias................................................................ 46 3.2. Acciones colectivas de consumidores............................................ 49 4. Algunas conclusiones............................................................................. 52

Capítulo 3

La coordinación entre la comisión nacional y las autoridades autonómicas en materia de defensa de la competencia 1. El origen de las Autoridades Autonómicas de Competencia................... 55 2. Los criterios de conexión entre las competencias ejecutivas del Estado y de las Comunidades Autónomas.......................................................... 57

Índice

3. Materias excluidas de la competencia ejecutiva de las Autoridades Autonómicas de Competencia.................................................................. 61 3.1. Control de concentraciones.......................................................... 61 3.2. La aplicación del derecho comunitario de la competencia............. 64 3.3. Las declaraciones de inaplicabilidad............................................. 65 4. El procedimiento de asignación de casos............................................... 66 5. Sistema de resolución de conflictos en la asignación de casos................ 72 6. Mecanismos de cooperación entre la CNC y las Comunidades Autónomas...................................................................................................... 76 7. El Consejo de Defensa de la Competencia como instrumento de coordinación y de aplicación uniforme de la LDC......................................... 78 8. La CNC como garante último de la aplicación uniforme de la LDC...... 81

Capítulo 4

El papel del Consello Galego da Competencia como garante de la libre competencia en los mercados de la Comunidad Autónoma de Galicia 1. La aplicación descentralizada del Derecho de la competencia en España........................................................................................................ 85 2. El Consello Galego da Competencia...................................................... 87 3. Funciones del Consello Galego da Competencia.................................... 91 4. La actividad del Consello Galego da Competencia en el año 2011........ 97 5. Conclusiones......................................................................................... 99

Capítulo 5

Propiedad Industrial y Derecho Antitrust 1. ........................................................................................................... 101 2. ........................................................................................................... 101 3. ........................................................................................................... 104 4. Los Acuerdos Eximibles........................................................................ 105 4.1. Restricciones especialmente graves en los acuerdos verticales...... 106 4.2. Restricciones especialmente graves en los acuerdos horizontales.. 107 5. Las conexiones de la Propiedad Industrial con el artículo 102 del Tratado de la Unión Europea.................................................................... 108

Capítulo 6

El derecho de la libre competencia y los códigos de conducta 1. Los sistemas de autodisciplina publicitaria: concepto y características... 111 1.1. Los sistemas de autodisciplina: concepto y características............ 111 1.2. La autodisciplina publicitaria....................................................... 112 1.3. La autodisciplina publicitaria en España. Autocontrol.................. 113 2. Códigos de Conducta y Derecho de defensa de la competencia............. 118

Índice

2.1. Introducción................................................................................. 118 2.2. Códigos de Conducta que reproducen normas legales preexistentes................................................................................................ 119 2.3. Códigos de Conducta que prohíben la publicidad de las empresas adheridas o que restringen modalidades o prácticas publicitarias lícitas........................................................................................... 121 2.4. Códigos de Conducta que precisan y concretan el alcance de cláusulas generales....................................................................... 123 2.5. La aplicación de la excepción legal a los Códigos prima facie restrictivos de la competencia...................................................... 127

NOTA INTRODUCTORIA Las normas que integran el “Derecho de la Libre Competencia” prohíben o someten a control los comportamientos de los distintos operadores económicos que impiden o tratan de impedir la existencia de competencia en el mercado. Partiendo de esta definición, no se puede negar que en épocas de crisis económica, como es la actual, se tiende a pensar que se debe “suavizar” la aplicación de este agregado normativo, con el fin de promover o facilitar la actividad de nuestras empresas; dicho con otras palabras: se llega a admitir que la Defensa de la Competencia debe “abandonar la primera línea, para pasar a un segundo —o tercer— plano”. Se ignora, sin embargo, que no se deben primar entre los empresarios determinados comportamientos, tal vez beneficiosos a corto plazo para los mismos (aunque sin duda nocivos a medio y largo plazo), pero claramente perjudiciales para los consumidores, que observan —la inmensa mayoría de las veces sin capacidad de reacción— como se deteriora el mercado ante acuerdos restrictivos de la competencia, ante posibles abusos de posición de dominio, etc. En este sentido, los expertos en estas materias suelen coincidir en la idea de que la Libre Competencia, el Derecho Antitrust, debe jugar un papel primordial ante una situación económica como la actual. Debe hacerlo, entienden, desde una doble perspectiva: a) Por un lado, desde la defensa de los empresarios, que buscan nuevas oportunidades o simplemente consolidar su actividad económico-empresarial con los medios de los que disponen, siempre en un marco de Libre Competencia. Ciertamente, aunque sus efectos no se dejan sentir a corto plazo, no se plasman inmediatamente en soluciones a los problemas que la crisis plantea, ha de subrayarse que el Derecho de la Libre Competencia contribuye a crear el escenario más aconsejable para el desarrollo económico, sentando los pilares de una futura prosperidad económica, que no podrá tener lugar sin la presencia de unas empresas eficientes, sólidas y prósperas. b) Por otro lado, desde la defensa de los intereses y de los derechos de los consumidores, que han de ser conscientes de que la competencia empresarial redunda, en último término, en su propio beneficio.

Manuel José Vázquez Pena

Siendo así, el papel de las autoridades de competencia, como la Comisión Nacional de la Competencia o el propio Consello Galego da Competencia, adquiere una importante relevancia, en el sentido de evitar que los distintos Legisladores opten por atemperar la aplicación de estas normas en aras de promover un mayor proteccionismo de nuestras empresas; proteccionismo que, aun pudiendo parecer adecuado en estos momentos, encierra dañinos efectos para su futuro. Pues bien, conscientes de la importancia de esta realidad, de su plena actualidad y, al mismo tiempo, complejidad, el Centro Asociado de la UNED de Lugo, a sugerencia del que escribe estas líneas, decidió organizar un Congreso que analizase estas cuestiones. Éste, origen de la presente obra, y que llevaría por título “El Derecho de la Libre Competencia como instrumento de progreso económico a favor de las empresas y de los consumidores”, se celebraría en dicho Centro los días 17 y 24 de octubre de 2011. Es menester destacar que el Congreso contó en todo momento con el apoyo del Departamento de Derecho Mercantil de la UNED, dirigido por la Profesora Dra. María Ángeles Calzada Conde, como lo demuestra el hecho de que se ofertase con el mismo un crédito de libre configuración (0,5 créditos ECTS). Como fruto de esta colaboración se debe citar la plena disponibilidad de la Profesora Dra. Alicia Arroyo Aparicio, no sólo a colaborar como ponente en el Congreso, sino también a aceptar la codirección del mismo. Si la labor del Centro Asociado de la UNED, representado por su Director, el Profesor Dr. José Luis Prieto Arroyo, es digna de mención, no lo es menos el interés que el Congreso despertó en las Instituciones lucenses, esto es, en el Excmo. Ayuntamiento de Lugo y en la Excma. Diputación Provincial de Lugo. Así, no debe extrañar que, con el Director del Centro y con los Codirectores del Congreso, éste fuese inaugurado por el Sr. D. José Clemente López Orozco, Alcalde-Presidente del Excmo. Concello de Lugo, y por el Sr. D. Mario Outeiro Iglesias, Delegado de Cultura e Turismo de la Excma. Deputación Provincial de Lugo. El apoyo económico estuvo desde el primer momento garantizado por la colaboración y absoluta disponibilidad del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Lugo, a través de su Decano, D. José Félix Mondelo Santos; de la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL),

Nota introductoria

gracias a la mediación de su Secretario General, D. Jaime Luis López Vázquez; de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Lugo (APEC), representada por su Gerente, D. Eugenio Corral Álvarez; de Novacaixagalicia (hoy Novagalicia Banco), a través de las gestiones realizadas por el Gerente de la Fundación Caixa Galicia-Lugo, D. Sinesio Pérez Rodríguez; del Consello Galego da Competencia; y, finalmente, del Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela. Asimismo, no sería justo olvidar el buen trabajo de la Secretaría del Congreso, desempeñada por Dña. María Luisa Cabello López, Abogado y Tutora del Centro Asociado de la UNED de Lugo, y por Dña. Ana Belén Traseira Pena, también Tutora y además Secretaria del referido Centro, que en todo momento contaron con la ayuda de un más que competente Personal de Administración y Servicios. Pues bien, en el Congreso fueron impartidas, por reputados y prestigiosos expertos en la materia, siete conferencias, celebrándose también una mesa redonda sobre “Las Asociaciones de Empresarios frente al Derecho de la Libre Competencia”, moderada por el Profesor Dr. Manuel Areán Lalín, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de A Coruña y Secretario General y del Consejo de Administración de La Voz de Galicia, y en la que intervinieron representantes de varias de las entidades colaboradoras antes mencionadas. En concreto, las conferencias impartidas fueron las siguientes: 1) “Concepto y finalidades del Derecho de Defensa de la Competencia: Especial referencia a la promoción de la competencia en tiempos de crisis”, a cargo del Profesor Dr. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela. 2) “Los consumidores como beneficiarios últimos del Derecho de Protección de la Libre Competencia”, a cargo de la Profesora Dra. Alicia Arroyo Aparicio, Profesora Titular de Derecho Mercantil de la UNED. 3) “La coordinación entre la Comisión Nacional y las Autoridades Autonómicas en materia de Defensa de la Competencia”, a cargo del Profesor Dr. Julio Costas Comesaña, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo. Consejero de la Comisión Nacional de la Competencia.

Manuel José Vázquez Pena

4) “El papel garante del Libre Mercado del Consello Galego da Competencia”, a cargo del Profesor Dr. Francisco Hernández Rodríguez, Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela. Presidente del Consello Galego da Competencia. 5) “La aplicación judicial del Derecho de Defensa de la Competencia”, a cargo del Profesor Dr. Fernando García Cachafeiro, Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de A Coruña. Vocal del Consello Galego da Competencia. 6) “Libre Competencia y Propiedad Industrial”, a cargo del Profesor Dr. Carlos Fernández-Nóvoa, Catedrático de Derecho Mercantil. Doctor honoris causa por la Universidad de Alcalá. Abogado. 7) “El Derecho de la Libre Competencia y los Códigos de Conducta”, a cargo del Profesor Dr. Anxo Tato Plaza, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo. Secretario Técnico del Jurado de la Publicidad de Autocontrol. Todas estas conferencias, excepto la impartida por el Profesor García Cachafeiro, quien rehusó a participar en este proyecto por problemas de tiempo y de “agenda” totalmente ajenos a su voluntad, se recogen en esta obra. Algunas de las colaboraciones reflejan fielmente la conferencia impartida, otras han sido —en mayor o menor medida— reelaboradas (así, por ejemplo, el Profesor Hernández Rodríguez ha contado con la colaboración del Profesor Dr. José Antonio Rodríguez Míguez, Profesor Asociado de Derecho Mercantil de la Universidad de A Coruña y Secretario del Consello Galego da Competencia), pensando en su publicación como parte de una obra colectiva como la que ahora tiene el lector en sus manos. Ya para finalizar esta nota introductoria, no quisiera dejar de mostrar públicamente mi más sincera gratitud a todas las personas mencionadas a lo largo de estas líneas por su colaboración y confianza, especialmente a aquellos conferenciantes que han plasmado por escrito sus intervenciones para que formasen parte de esta obra que deseo, con ellos, sea provechosa para el lector. Especial agradecimiento que también quiero hacer público al Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Lugo y a la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), que —una vez más— han colaborado económicamente posibilitando, de esta manera, la publicación de esta obra en la prestigiosa editorial Ti-

Nota introductoria

rant lo Blanch, a la que igualmente deseo mostrar mi reconocimiento por su interés. Manuel José Vázquez Pena; Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de A Coruña; Tutor del Centro Asociado de la UNED de Lugo; Director y coordinador de la obra. Lugo, Semana Santa de 2012.

Capítulo 1

Concepto e finalidades do dereito de defensa da competencia: Especial referencia á promocion da competencia en tempos de crise* Prof. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade Catedrático de Dereito Mercantil Universidade de Santiago de Compostela

1. Introducción O Dereito da Competencia constitúe un amplo sector do ordenamento xurídico orientado á protección da competencia. Dentro do Dereito da Competencia hai que distinguir dúas grandes divisións en función do tipo de protección dispensada á competencia. Por un lado, en función dunha protección cuantitativa, hai que mencionar o Dereito de Defensa da Competencia, ou Dereito antitrust seguindo a terminoloxía norteamericana; este conxunto normativo, con normas maioritariamente de Dereito público, trata de preservar á existencia da competencia para evitar que sexa destruída polos propios operadores económicos e desapareza a “competencia efectiva” imprescindible no mercado. Por outro lado, en función dunha protección cualitativa, a outra verquente do Dereito da Competencia é o Dereito contra a competencia desleal; as normas deste sector do Dereito da competencia, maioritariamente de Dereito privado, tratan de conseguir non só que

Texto de la conferencia pronunciada el 17 de octubre de 2011 en Lugo, en el marco del Congreso “El Derecho de la Libre Competencia como instrumento de progreso económico a favor de las empresas y consumidores”, organizado por la UNED de Lugo en colaboración con el IDIUS de Santiago de Compostela.

José Antonio Gómez Segade

se manteña a competencia senón que esta se desenvolva de acordo cuns mínimos estándares de lealdade e honestidade na actuación no mercado. De acordo co anterior, o Dereito de Defensa da Competencia supón un “prius”, porque persegue manter e preservar a competencia producindo como efecto colateral beneficios para os operadores económicos e protección indirecta ou de segundo grao para os consumidores. Polo contrario, o Dereito contra a competencia Desleal supón un “posterius”, pois una vez que está garantido que se mantén a competencia, hai que evitar que se realice con medios reprobábeis que prexudiquen ao propio mercado que se torna mais opaco, aos competidores, e sobre todo, aos consumidores que son a parte mais feble e que por tanto van disfrutar de protección directa. Inicialmente, hasta mediados do século XX, en xeral ambos sectores do Dereito da Competencia vivían de costas, pero no moderno Dereito da Competencia as dúas polas están estreitamente entrelazadas, como evidencia por exemplo o artigo 3 da vixente Lei de Defensa da Competencia española de 2007. Aínda que hoxe imos centrar a nosa atención, de forma sintética e panorámica, no dereito antitrust, non se debe perder de vista o concepto amplo e abranxente (Oberbegriff) do Dereito da Competencia, con ideas comúns tan esenciais e imprescindíbeis como a da “competencia efectiva” (workable competition).

2. Concepto e Fundamento do Dereito antitrust A razón última do Dereito antitrust consiste na defensa da liberdade de empresa dos operadores económicos, que constitúe non só un principio básico da economía de mercado, senón un corolario do desenvolvemento dos dereitos e liberdades fundamentais consagrados na Constitución española de 1978 (CE). Como teño sinalado noutra ocasión, a protección xurídica da competencia no marco constitucional podería deducirse do xogo combinado dos artigos 9.2, 10.1, 14, e 33 da CE. Non sería preciso ningún preceito ulterior para que ficara garantida a competencia no ámbito constitucional. Sen embargo, a Constitución española engade o artigo 38, no que se recoñece “a liberdade de empresa no marco da economía de mercado…”. Esta

Concepto e finalidades do dereito de defensa da competencia…

norma, insólita no panorama do Dereito comparado, parece querer romper a neutralidade económica da CE e garantir a pervivencia dun sistema económico de inspiración neoliberal, caracterizado polo predominio da actividade privada no mercado. Poren, dos mesmos preceitos da CE citados, así como de outros como os artigos 128, 130 e 131 despréndese claramente que caben distintas formulacións de economía de mercado e que no mercado non ten porqué actuar tan só exclusiva ou maioritariamente a iniciativa privada. Pero en todo caso, tanto no Dereito español como no Dereito comparado o Dereito de Defensa da competencia ou Dereito antitrust consiste no conxunto de normas destinadas a preservar a competencia no mercado.

3. Finalidades do Dereito de Defensa da Competencia A economía de mercado ten como presuposto esencial a libre competencia entre os operadores económicos. Como sinala o párrafo primeiro do Preámbulo da LDC de 2007 la “existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los elementos definitorios de la economía de mercado, disciplina la actuación de las empresas y reasigna los recursos productivos a favor de los operadores o las técnicas más eficientes”. A marxe da salientar como o lexislador español acolle expresamente o concepto de “competencia efectiva”, alonxándose do modelo teórico da “competencia perfecta”, compre matizar o sentido do texto transcrito. Como o devandito texto do Preámbulo da LDC 2077 ten un teor claramente economicista, do mesmo podería tirarse a conclusión de que a finalidade do dereito da competencia é unicamente económica, e os seus preceitos terían a función de garantir a pluralidade e independencia dos operadores económicos para que a competencia puidera operar correctamente e producir os seus froitos. Con este plantexamento parece que se chiscaría un ollo á Escola de Chicago (Borck, Posner e outros), que defende que o dereito antitrust é unha simple ferramenta ao servizo da maior eficiencia económica, e calisquera outros obxectivos, como a eventual protección dos consumidores e usuarios serían puros efectos colaterais ou reflexos. Pois ben, non creo que sexa esta a posición do lexislador español, e se así fora debe ficar

José Antonio Gómez Segade

ben clara a miña discrepancia. En efecto, o Dereito de Defensa da competencia tamén debe ter como finalidade outros obxectivos sociais e políticos. Se calquera operador económico privado por sí solo ou asociado con outros puidera acugular nas súas mans un excesivo poder económico, podería condicionar non só a competencia económica senón o devir político, e polo tanto representar unha anomalía, unha eiva, non só para o funcionamento do mercado senón para o tecido constitucional de calquera democracia auténtica. Por isto, o Dereito de Defensa da Competencia, xunto coa finalidade de manter a competencia, persegue outros obxectivos sociais e democráticos que xa latexaban no populismo jeffersoniano que serviu de base para a promulgación de carta magna do Dereito antitrust, que foi a pioneira Lei Sherman estadounidense de 1890. Entre os pais da Constitución norteamericana, Jefferson, co apoio de Madison, defendía unha sociedade e un goberno mais desconcentrados para que adquirisen maior valor a igualdade e a toma de decisión individuais, mentres que Hamilton temía que unha meirande desconcentración puider afectar ao obxectivo final da eficiencia no mercado. A primeira opción é a que trunfa coa promulgación da Sherman Act; e a confirmación de que a devandita Lei non só persegue obxectivos económicos pode encontrarse na afirmación do senador Sherman no debate que concluíu coa aprobación da Lei: “se os poderes concentrados de estes conglomerados caesen na man dunha soa persoa, darían lugar a unha situación de privilexio incompatíbel coa nosa forma de goberno”. En definitiva, o Dereito de Defensa da Competencia non só é clave para preservar a competencia como cerne da economía de mercado senón tamén para defender a democracia como principio reitor da vida política e social. Historicamente así se puxo de manifesto en Alemana no período anterior á Segunda Guerra Mundial, onde a ausencia dunha lexislación de defensa da competencia, fixo posíbel unha enorme concentración do poder económico en poucas mans o que facilitou que o nazismo se fixera co control deses núcleos e puidera reorientar a economía alemá cara a guerra nun breve período de tempo. O mesmo proceso se produciu no Xapón da primeira metade do século XX cos “zaibatzu”, que son o paralelo xaponés dos “Kartelle” alemáns. Cando non hai democracia non hai Dereito de Defensa da Competencia e o capitalismo mostra a súa face mais salvaxe como sucede actualmente na China, ou ben hai un Dereito de Defensa da

Concepto e finalidades do dereito de defensa da competencia…

Competencia puramente formal que é pura caricatura como sucedeu en España no franquismo.

4. O camiño cara o actual Dereito de Defensa da Competencia O Dereito de Defensa da Competencia é un sector novo do ordenamento xurídico, que nace a finais do século XIX nos Estados Unidos coa citada Lei Sherman. O espectacular desenvolvemento económico dese país na segunda metade do século XIX permitiu advertir os riscos que a liberdade sen límites nin controis dos operadores económicos podía representar para o sistema económico e para a propia democracia. En Europa o desenvolvemento foi diferente. A pesar de que por tradición histórica non daba tanto noxo a intervención do Estado na vida económica, no control das limitacións da competencia asumíase unha inhibición do Estado invocando o principio da autonomía da vontade. O mellor exemplo foi a Kartellverornung alemá de 1923, que consagraba a liberdade para constituír cárteles e só reprimía os abusos. En todo o período previo ao final da Segunda Guerra Mundial non só non existía un Dereito de Defensa da competencia, senón que se mantiña unha radical incomunicación entre as dúas verquentes do Dereito da Competencia que mencionamos ao principio. Non só se rexeitaba calquera vínculo entre as dúas polas da mesma árbore, senón que mesmo se negaba a existencia dun tronco común constituído polo Dereito da Competencia. Só a partir da obra fundamental de EUGEN ULMER de 1932 (Sinnzusammenhänge im modernen Wettbewerbssrecht) se estableceu o punto de partida para articular na teoría e na práctica un Dereito da competencia “moderno”, no sentido que mencionei ao principio da miña intervención. A óptica cambia radicalmente despois do final da Segunda Guerra Mundial, e a “recepción” do dereito antitrust norteamericano enceta coas leis de descartelizacion da economía alemá aprobadas polas autoridades das potencias vencedoras. A partir deste momento comezaron a florecer nas democracias europeas leis antitrust que bebían nas fontes do dereito norteamericano. Unha das primeiras e mais importantes polo seu contido e influencia foi, non por casualidade, a lei alemá contra as limitacións da competencia de 1957 (Gesetz

José Antonio Gómez Segade

gegen Wettbewerbsbeschränkungen). A conciencia da transcendencia económico e socio-política do Dereito de Defensa da Competencia asúmese en toda Europa con tanta rapidez e intensidade que o cerne da normativa correspondente tamén se reflexa xa nos artigos 85 e seguintes do Tratado polo que se funda a CEE, que tras diversas numeracións na actualidade son os artigos 101 e ss de Tratado de Funcionamento da Unión Europea. En España, a irrupción do Dereito de Defensa da Competencia aínda se adiou mais que no resto de Europa polas circunstancias políticas e mais económicas do franquismo, sen que tiveran transcendencia nin a retórica Lei de Practicas Restrictivas da Competencia de 1963, nin o ineficiente Tribunal De Defensa da Competencia refuxio dourado de xubilados da política coas súas pintorescas decisións. Promulgada a Constitución de 1978 prodúcese un cambio radical no enfoque do Dereito de Defensa da competencia e nalgunha das súas institución. A modernización arranca coa Lei de Defensa da Competencia de 1989 e, coa influencia da normativa comunitaria e da STC de 11 de Novembro de 1999, culmina coa vixente Lei de Defensa da Competencia de 3 de xullo de 2007 e as leis paralelas en numerosas CC.AA.; no caso de Galicia é de mención obrigada a Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do Consello Galego da Competencia, que derrogou a anterior Lei galega na materia do ano 2004.

5. Ferramentas do Dereito de Defensa da Competencia para conseguir as súas finalidades Para conseguir as finalidades que xustifican a súa existencia, o Dereito de Defensa da Competencia establece un dobre filtro. Por unha banda prohibe as limitacións da competencia, e por outra banda introduce medidas de control e vixilancia sobre decisións privadas ou públicas que poden chegar a producir limitacións ou distorsións da competencia. Sen entrar en fonduras nin en grandes detalles que non proceden no marco da miña intervención de hoxe, só un flash esclarecedor de conxunto. Polo que atinxe ao primeiro filtro, que consiste na prohibición das limitación da competencia, éstas poden ter a súa orixe nunha conducta

Concepto e finalidades do dereito de defensa da competencia…

colusoria de calquera tipo adoptada por empresarios públicos ou privados, ou ben nun abuso de posición de dominio no mercado relevante; así o recoñecen tanto a lexislación española como a da Unión Europea e practicamente a de todos os países desenvolvidos. No que se refire ás condutas colusorias, o artigo 1 da LDC de 2007 e o artigo 101 do TFUE prohiben, cun catálogo de exemplos, desde todo tipo de acordos até as prácticas concertadas, e a LDC española mesmo inclúe na prohibición prácticas non concertadas senón tan só “conscientemente paralelas”. O único requisito é que esas conductas teñan como obxectivo ou produzan o efecto de impedir, restrinxir ou falsear a competencia. Non obstante a prohibición xeral, tamén se regula a posibilidade de excepcións en casos concretos e taxados. Polo que concerne ao abuso de posición dominante non se prohibe a existencia dun poder dominante no mercado, nin se fixan cotas de mercado que non poidan ser superadas por unha soa empresa. O artigo 2º da LDC de 2007 e o artigo 102 do TFUE unicamente prohiben a explotación abusiva do poder de mercado para o que as leis proporcionan diversos exemplos de abuso. O segundo filtro consiste nas medidas de autorización e vixilancia establecidas para evitar que decisións privadas ou públicas poidan chegar a producir limitacións ou distorsións da competencia. Estas medidas están constituídas polo control das concentración económicas, e a vixilancia das axudas públicas. O control das concentración económicas está regulado pola LDC de 2007 nos artigos 7 a 9, e no ámbito da Unión Europea na actualidade por un amplo abano de normas das que o Regulamento 139/2004 constitúe o eixo central. Ten por obxecto a vixilancia dos efectos de decisión privadas que dan lugar a creación de entidades privadas de gran dimensión nas que se integran dun xeito ou doutro empresas que deixan de existir ou que seguen vivindo con personalidade xurídica propia pero sen dispor de independencia económica. Cando se cumpren certos requisitos e se superan certos umbrais económicos, para evitar que se forme unha empresa con un excesivo poder económico e dominio de mercado que pode resultar perigosa, as concentracións deben ser autorizadas polas autoridades da competencia; en España, segundo sinala o artigo 60 da LDC 2007 mesmo pode chegar a intervir o Consello de Ministros. A vixilancia sobre as axudas públicas é a outra medida preventiva para evitar que se distorsione a competencia por decisións de calquera administración publica outorgando a unha empresa beneficios de

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calquera tipo (fiscais, inmobiliarios, subvención en metálico etc.) que a colocan en vantaxe fronte aos competidores sen que exista xustificación suficiente. A LDC de 2007 no artigo 11 conten una normativa “light” que prevé a realización de informes e o envío as administración públicas de “propostas conducentes ao mantemento da competencia”. No ámbito da Unión Europea os artigos 107 e seguintes do TFUE teñen unha regulación mais ampla e rigorosa, e na praxe da Comisión é moi frecuente que se ordene a devolución, reintegro ou anulación das axudas recibidas. Os Estados teñen que actuar decididamente para defender a competencia utilizando as ferramentas axeitadas. Non sería sensato seguir ancorados nos principios dos economistas clásicos que a partir de Adan Smith consideraban que abondaba a “man invisíbel” do mercado para transformar as decisións egoístas dos operadores económicos en conductas que maximizaran a riqueza das nacións. Hoxe resulta evidente que xunto coa man “invisíbel” do mercado ten que actuar a “man visíbel” do Estado para realizar unha política de competencia axeitada. Unha destas actuación consistiu na creación de institucións, ademais dos tribunais de xustiza, que apliquen o Dereito de Defensa da Competencia dun xeito independente, rápido, e eficaz. Así foron nacendo as autoridades da competencia, como a Federal Trade Commission norteamericana, a Comisión da Unión europea, a Comisión Nacional da Competencia española, ou o Consello Galego da Competencia, que son un dos reguladores independentes mas importantes nun Estado democrático. Non é de estrañar, por tanto, que a LDC de 2007 regule con amplitude a composición e funcións da CNC que van moito mais alén das puramente sancionatorias, garanta a súa razoábel independencia do poder executivo aínda que estea sometida a control parlamentario, e asegure a coordenación cos órganos homónimos das Comunidades Autónomas e con outros reguladores sectoriais.

6. Dereito da Defensa da Competencia e crise económica Na última parte da miña exposición, para respectar os contidos que se enuncian no seu título, quero facer unha breve referencia ao Dereito de Defensa da Competencia nas situacións de crise.

Concepto e finalidades do dereito de defensa da competencia…

En situacións normais, unha das funcións esenciais da competencia nunha economía de mercado, consiste na selección dos operadores económicos. Mediante a competencia, de vagariño irán desaparecendo os menos eficientes e, ao final, só subsistirán aqueles que garantan maior eficiencia e a mais axeitada asignación de recursos no mercado. Pero en hipóteses de crise económica, hai que preguntarse si o dereito antitrust debe ofrecer as mesmas respostas que en tempos de normalidade. No fondo da cuestión radica determinarmos si o saneamento ou reestructuración das empresas ou sectores en crise debe deixarse ao azar da función selectiva da competencia, ou si, pola contra, deben facilitarse ás empresas ferramentas anticrise, que substitúan provisoriamente a función selectiva dos mais eficientes realizada pola competencia no mercado. Dende o primeiro momento quero deixar claro que a vixencia e aplicación do Dereito de Defensa da Competencia debe manterse tamén en época de crise. Por conseguinte nin desaparece nin mingua a prohibición das limitacións da competencia e deben manterse activadas as medidas preventivas de control das concentracións e das axudas públicas Non obstante, nin sequera nos sistemas económicos de menor nivel intervencionista a resolución das crises económicas pode abandonarse á “brutalidade” radical do darwinismo económico do mercado. E non pode adoptarse estas postura radical por tres razóns. En primeiro lugar, porque, como antes dixemos, as finalidades do Dereito de Defensa da Competencia non son puramente económicas, senón tamén sociais e políticas. En segundo termo, porque a economía social de mercado, precisamente polo cualificativo de “social”, implica unha certa función de dirección e control por parte das autoridades da competencia (Lenkung, como dicían os representantes do Ordoliberalismo alemán). En terceiro lugar, porque sen empresas nin empresarios non hai mercado nin competencia nin farrapos de gaita; por iso unha aplicación inflexíbel do dereito antitrust pecharía o paso á solución máis desexable para o sistema económico e mais beneficioso para todos, incluídos os traballadores e consumidores, que é a recuperación de empresas en grave situación de crise. Por estas razóns en todos os ordenamentos, a marxe de medidas anticrise que vivaquean fora do ámbito do dereito antitrust, a lexislación, a xurisprudencia e a doutrina do dereito de defensa da competencia prevén actuacións excepcionais fronte as crises económicas.