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Emilio Rabasa Gamboa DEL ESTADO DE SÚBDITOS AL ESTADO DE CIUDADANOS

monografías ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

DERECHO SUCESORIO COMPARADO Las experiencias española y mexicana EMILIO RABASA GAMBOA en un contexto internacional DEL ESTADO DE SÚBDITOS AL ESTADO DE CIUDADANOS

coordinadores

CÉSAR HORNERO MÉNDEZ ALFONSO YBARRA BORES NURIA GONZÁLEZ MARTÍN ELÍ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

monografías

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DERECHO SUCESORIO COMPARADO

Rabasa está convencido de que las generaciones subsecuentes tienen el derecho de conocer lo que pasó y por qué pasó lo que pasó, con el testimonio de alguien que lo vivió en el momento en que ocurrió. Estima indispensable revisar con profundidad nuestra democratización para analizar críticamente el presente y visualizar un mejor futuro, evitando con ello la deconstrucción regresiva de nuestra democracia a un estadio políticamente primitivo de la centuria pasada, el Estado de partido dominante o hegemónico, de un solo hombre, que tendría consecuencias funestas para México.

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anteamiento general del libro y de las contribuciones que lo componen responaramente a la metodología propia del Derecho comparado. Así, se ha buscado, manera intencionada, confrontar los sistemas sucesorios español (de Derecho ún) y mexicano. Ello se completa además con otros dos puntos de vista que neriamente deben comparecer hoy día cuando se aborda el fenómeno sucesorio. monografías n lado, la perspectiva iusinternacionalprivatista, esto es, la consideración de cuatro ensayos cuenta de las un buen número de sucesionesEstos mortis causa, de inéditos, maneradan creciente además, se reflexiones políticas del autor como testigo y rrollan precisamente en un contexto internacional, en el que están implicados partícipe en el proceso de democratización de o más ordenamientos jurídicos.México, De otro el yfenómeno sucesorio sus lado, avances retrocesos a partir del actualte no puede contemplarse de una manera completa y acabada sino se tienen en Estado autoritario de súbditos del siglo pasado, y su arribo gradual a la democracia como Estado de ta las importantes repercusiones fiscales o impositivas que el mismo conlleva, ciudadanos,cuando a fines del siglo y principios que se torna especialmente importante éste se XX desarrolla en del una escaXXI. ternacional.

CÉSAR HORNERO MÉNDEZ ALFONSO YBARRA BORES NURIA GONZÁLEZ MARTÍN ELÍ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

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DEL ESTADO DE SÚBDITOS AL ESTADO DE CIUDADANOS

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

cesariamente deben comparecer hoy día cuando se aborda el fenómeno suce De un lado, la perspectiva iusinternacionalprivatista, esto es, la consideraci que un buen número de sucesiones mortis causa, de manera creciente adem desarrollan precisamente en un contexto internacional, en el que están impli dos o más ordenamientos jurídicos. De otro lado, el fenómeno sucesorio a mente no puede contemplarse de una manera completa y acabada sino se tien cuenta las importantes repercusiones ﬁscales o impositivas que el mismo con algo que se torna especialmente importante cuando éste se desarrolla en una la internacional.

DEL ESTADO DE SÚBDITOS AL ESTADO DE CIUDADANOS

EMILIO RABASA P GAMBOA homenajes & congresos

tirant lo blanch Ciudad de México, 2021

Copyright ® 2021 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

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Índice Presentación............................................................................................. 9 Prólogo.................................................................................................... 21 Por una democracia sin pre-requisitos...................................................... 35 Salvador Nava: la dignidad...................................................................... 45 La Transición de la Democracia en México.............................................. 55 La Construcción de la Constitución Democrática Mexicana.................... 75 Epílogo..................................................................................................... 93

Presentación Aquí se reúnen cuatro ensayos inéditos, el primero de ellos escrito en 1994, el último en el 2010, que deben leerse como una continuación de trabajos anteriores sobre democracia y democratización de su autor Emilio Rabasa Gamboa (1993, 1994), quien es un académico que posee una trayectoria notable en la investigación, la docencia y el servicio público, lo que le da una perspectiva múltiple para tratar los temas que analiza. Como funcionario público se ha desempeñado en el sector salud, en áreas de protección civil, prevención y readaptación social, así como en temas electorales, de derechos humanos y de negociación política —fue Coordinador para el Diálogo y la Negociación en Chiapas. En el ámbito diplomático fue Representante Permanente de México ante la OEA y Cónsul General de México en Boston. Ha visto al país de cerca y de lejos, desde un ángulo y desde el otro. En algunas de esas actividades su disposición ha sido el análisis, la comprensión y la docencia, en otras esa disposición ha pasado por el apremio de la toma de decisiones y el cálculo político de sus consecuencias. En cualquier caso, los trabajos aquí reunidos se pueden leer como testimonios de un participante en los que expone su análisis académico del proceso de democratización del país, de las reformas a la legislación electoral, del papel de los movimientos sociales en la lucha contra el autoritarismo, del reformismo constitucional en nuestro país, del papel de instituciones internacionales en la protección de derechos conculcados. Este libro abarca varios puntos de gran interés, de los que destaco cuatro que me parecen particularmente importantes.

REQUISITOS El estudio de las condiciones y procesos que favorecen la construcción y permanencia de la democracia tiene una larga tradición. En otro lugar presentamos algunas reflexiones sobre la vigencia de las teorías de la democratización para estudiar esos procesos en América Latina (Cadena-Roa and López Leyva 2012). Entre los trabajos más influyentes al respecto se encuentra Lipset (1959), quien puso a prue-

Jorge Cadena-Roa

ba empírica varias hipótesis sobre los requisitos sociales de la democracia, externos al sistema político. El autor concluye que construcción de la democracia no es resultado solamente de actos de voluntad, sino que son necesarias condiciones estructurales favorables (Lipset 1959: 103). Sin embargo, en trabajos posteriores, precisó que los factores estructurales moldean las posibilidades para la democracia, pero no determinan los resultados: “Sea que la democracia tenga éxito o fracase depende significativamente de las opciones, comportamientos y decisiones de los líderes y grupos políticos” (Lipset 1994:118). Así, la democracia no es el resultado necesario de ciertas condiciones estructurales favorables, ya que algunos países que contaban con ellas no lograron construir democracias estables, sino que depende significativamente de las decisiones de los actores políticos. Entonces, ciertas características estructurales favorecen a la democracia, pero es imprescindible que haya actores que la demanden y venzan la resistencia de quienes se oponen a ello. Para esto, los actores pro-democráticos requieren de un nivel de autonomía, cohesión, identidad y recursos que les permita presentar de manera sostenida sus demandas en procesos prolongados de lucha y negociación con quienes detentan el poder. Desde este punto de vista sigue vigente la sentencia de Barrington Moore (1967: 418): No bourgeois, no democracy, misma que se podría extender a sin actores que la promuevan y sostengan, no hay democracia. Los procesos de democratización se han presentado en países con diferentes niveles de desarrollo económico y grados de desigualdad. Ahora bien, la paz social que generan la vigencia y efectividad del orden jurídico pueden propiciar el desarrollo económico y, a su vez, el voto universal puede propiciar avances netos en la reducción de las desigualdades. Para que la democracia se sostenga en el largo plazo debe presentar resultados que se traduzcan en mejoras en las condiciones de vida de la población y en la reducción de la inseguridad y la violencia. Si los regímenes democráticos no consiguen esos objetivos mínimos, difícilmente se podrán sostener en el tiempo y serán presa de actores que promuevan el populismo, la anti-política y fórmulas autoritarias para combatir la inseguridad. Por ello, una vez que la organización de las elecciones es confiable y sus resultados son aceptados por las partes interesadas, las democracias se consolidan y pueden ampliarse, extenderse, profundizarse y mejorar su calidad.

Presentación

La democracia, el estado de derecho, la transparencia, la rendición de cuentas, la erradicación de la violencia, el funcionamiento de los tribunales de justicia pueden ser poderosas palancas para el desarrollo económico y bienestar social en la medida en que sostengan la validez de los contratos, eviten el abuso, la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad de los gobernantes y funcionarios públicos. Sin embargo, mientras la corrupción permita que el servicio público sea una actividad más lucrativa que muchos otros negocios en el sector privado, el Estado no podrá cumplir a cabalidad los objetivos mínimos mencionados y florecerá un capitalismo de cuates (crony capitalism).

MOVIMIENTOS SOCIALES A diferencia de autores que centran su atención en lo que hacen algunos actores institucionales, Rabasa Gamboa incluye en su análisis a grupos de base que se organizan y se movilizan por fuera de los canales institucionales en demanda de respeto a sus derechos, del reconocimiento de nuevos derechos, de la vigencia del orden jurídico, y al hacerlo impulsan la democratización de los regímenes políticos. Esta perspectiva, que da cuenta de la formación de una sociedad civil prodemocrática (Cohen and Arato 1992), no podría estar ausente en un miembro de la generación del 68 mexicano cuyas demandas, amparadas por la Constitución, fueron sofocadas a sangre y fuego. El segundo ensayo del libro está dedicado al movimiento encabezado por el Dr. Salvador Nava Martínez en San Luis Potosí en contra del cacicazgo de Gonzalo N. Santos, primero, y de Carlos Jongitud Barrios, después. En su exposición, Rabasa Gamboa muestra cómo algunos procesos políticos y sociales llegan a encarnar en personas específicas y, a partir de este recurso, contrapuntea la personalidad, los valores y las acciones del doctor Nava con los del cacique Santos resaltando lo que cada uno representaba y lo que estaba en juego. Digo que se trata de un recurso porque la política no es un asunto de personas sino de grupos y coaliciones. Para el doctor Nava, el caciquismo era la “negación rotunda de la revolución” y el desafío que plantó en San Potosí en su contra fue “acaso sólo equivalente al que en su momento tenía Madero frente a Díaz” (Rabasa Gamboa en este volumen).

Jorge Cadena-Roa

El primer movimiento navista, 1958-1962, fue un movimiento disidente dentro del PRI que logró articular una amplia coalición antisantista en la que participaban desde cristeros hasta comunistas. El segundo se inició en 1981 y concluyó en 1991 con la Marcha por la Dignidad que condujo a la caída del gobernador semanas después de que había tomado posesión del cargo. Luchas locales, como la del Dr. Nava en San Luis Potosí, despiertan varias preguntas importantes sobre los procesos de transición desde el autoritarismo: ¿dónde se originaron los impulsos que desencadenaron la transición a la democracia en México? ¿En el ejecutivo federal o en los municipios, los estados, las regiones? De otra parte, las resistencias a la democratización, ¿vinieron del nivel nacional o del subnacional? Según Rodríguez y Ward (1995: 15) “muchos de los avances en la democratización de México han sido forjados de arriba hacia abajo”. Sin embargo, Aziz (1997) señala que al principio de los años noventa se esperaba que los cambios democráticos “empezarían poco a poco en las regiones hasta llegar a generalizarse, y después pasarían al centro”. A partir de 1992 la transición se habría acelerado y “los cambios políticos y sus expresiones electorales [combinarían] un doble ritmo: el del desarrollo de las regiones y el de los acontecimientos generales del país” (Aziz 1997:8). Sin embargo, la intensificación de la competencia electoral impulsada por las reformas a la legislación federal no alcanzó a vencer la resistencia de grupos locales que medraban del autoritarismo y mantuvieron sus enclaves en algunos estados de la República (Cornelius, Eisenstadt and Hindley 1999). Todavía al momento de escribir esta presentación, quedan cinco estados que no conocen otro partido en el gobierno más que el PRI: Estado de México, Campeche, Coahuila, Colima, e Hidalgo. Como resultado de la combinación de estos procesos —negociación de elites políticas-demandas de los movimientos sociales, por un lado, influencia recíproca de dinámicas nacionales y subnacionales, por el otro—, la democratización en México ha sido desigual y combinada. Desigual porque dentro de los poderes y los niveles del Estado, y entre ellos, unos componentes se democratizaron más y antes que otros. Lo mismo puede decirse acerca de las formas de representación social y política, de participación ciudadana y de deliberación pública. Combinada porque coexistían e interactuaban entre sí actores, organizaciones e instituciones con diferentes grados de democratización y de compromiso con la democracia (Cadena-Roa 2019).

Presentación

LA TRANSICIÓN El análisis de Rabasa Gamboa de la transición mexicana toma como punto de partida el conocido modelo de cuatro etapas sucesivas de Rustow (1970). Al respecto cabe reparar que la transición mexicana, a diferencia de transiciones desde el autoritarismo registradas en otros países, tuvo características que lo distinguen. Ese proceso en México no requirió del establecimiento o la reintroducción de partidos y elecciones, pues en el país las elecciones presidenciales y legislativas se habían realizado regularmente desde 1920. La transición mexicana no fue precipitada por la muerte de un dictador anciano, el colapso de una dictadura rígida, una división profunda entre las elites, un movimiento social que demandara urgentemente cambios políticos significativos, o por cualquier otro evento que apresurara a las elites a adoptar cambios que salvaguardaran sus intereses y recursos (Cadena-Roa 2003). Por ello, la transición en México no estuvo marcada por una clara ruptura con el régimen anterior y los herederos de la familia revolucionaria conservaron el control del proceso, dosificando las demandas de los demócratas y reduciendo la resistencia de los autoritarios —entre ellos la de los líderes sindicales corporativistas, caciques y grupos políticos locales— registrándose avances y retrocesos. En la mayoría de los casos registrados durante la tercera ola de la democratización (Huntington 1991), las transiciones ocurrieron en un par de años, sin embargo en México la liberalización inició en 1977 y la transición concluyó en 1997 (Cadena-Roa and López Leyva 2011). La liberalización permitió el registro de partidos hasta entonces proscritos y abrió el acceso de la oposición a la Cámara de Diputados. En 1988 se creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. En 1989 por primera vez se reconoció el triunfo de la oposición en una elección de gobernador. En 1990 se creó el Instituto Federal Electoral, el cual ciudadanizó en 1994 y obtuvo autonomía del poder ejecutivo en 1996, mismo año en que se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En 1997 la oposición ganó la elección para Jefe de Gobierno del Distrito Federal e iniciaría un periodo de gobierno dividido que concluyó en el 2018. Así, la transición desde el autoritarismo en México fue gradual, prolongada, centrada en lo electoral (Labastida and López Leyva 2004), desigual y combinada que, finalmente, consiguió que las elecciones fueran libres,

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limpias, imparciales, periódicas, competitivas y multipartidistas (Diamond 1999) y constituyeran una opción creíble y viable de solución y acomodo pacífico de diferencias políticas. Tan efectiva ha sido la construcción de instituciones electorales en México que, a partir de las elecciones de presidente de la República de 2000 en adelante, se han registrado tres alternancias, primero el PAN desplazó al PRI, luego éste recuperó la presidencia de la República y en la elección de 2018 un partido formado apenas unos años antes, Morena, derrotó a los candidatos del PRI y del PAN. En las cuatro elecciones del periodo, solo en el 2006 ganó, por estrecho margen, el candidato del partido gobernante. Sin embargo, como la transición mexicana dejó intactos pilares importantes del régimen autoritario y no tuvo efectos sensibles sobre otros componentes de la democracia, desde el 2014 empezó a mostrarse con claridad un creciente malestar con la representación y un proceso de des-democratización (Cadena-Roa and López Leyva 2019): violaciones a los derechos humanos, corrupción, impunidad, desapariciones forzadas, ejércitos privados y, más recientemente, concentración del poder en el ejecutivo federal, debilitamiento del sistema de pesos y equilibrios institucionales (rendición de cuentas horizontal), agresiones a los órganos autónomos encargados de monitorear la democracia (Keane 2018a; Keane 2018b), polarización (“quienes no están con la transformación, están en contra de ella”), negación de la pluralidad, desacreditación pública del conocimiento especializado, reducción de presupuestos a la educación superior, posgrados, ciencia y tecnología, ataques a la libertad de expresión y de prensa.

LA CONSTITUCIÓN El estudio de la evolución constitucional de nuestro país no puede exagerarse. Como es sabido, la Constitución política de 1857 fue liberal, estableció un Ejecutivo débil y un Congreso unicameral fuerte, pero no ofrecía recursos para defenderla. En esas condiciones, Juárez invocaba a la Constitución “como principio, la presentaba como objeto de lucha; pero no la obedecía, ni podía obedecerla y salvarla a la vez” (Rabasa Estebanell 2002 [1912]: 119). Ese marco constitucional liberal condujo a la paradoja de que solamente podía ser defendido

Presentación

por la dictadura. Por su parte, la Constitución de 1917 estableció un Legislativo bicameral débil y un Ejecutivo fuerte. En su diseño original el Judicial era también fuerte, preveía la inmovilidad de los jueces. Sin embargo, una temprana reforma constitucional removió a los magistrados en 1928. Siguiendo a Aguilar (2017: 1464-1465), “Rabasa [Estebanell] se enfrentaba así a un defecto del régimen revolucionario: para adaptarse y consolidarse debía destruir y recrear la constitución a cada paso… La carta magna no iba a contener al régimen; el régimen iba a contener a la constitución por medio de reformas que negaban su carácter de norma fundamental rígida”. La Constitución de 1917 ha sido celebrada como la primera en la historia con carácter social y, sin embargo, dio lugar a una sociedad sumamente desigual, con niveles de pobreza que afectan a más de la mitad de la población. Esa incongruencia entre orden jurídico y estructuras reales de poder fue desmenuzada por Pablo González Casanova en La democracia en México (1965), de la que también derivaba que los modelos teóricos de las ciencias sociales elaborados en otras latitudes no eran aplicables directamente a nuestra realidad. En México las constituciones han representado aspiraciones, proyectos deseables que se espera se realizarán algún día, y no derecho positivo de observancia obligatoria a partir del momento de su promulgación. Los gobiernos en turno no se han ocupado de imponer la vigencia de la Constitución, sino de ajustarla continuamente a sus cambiantes necesidades, reformándola hasta desfigurarla. Pero además, la falta de vigencia del orden constitucional no es abierta, por el contrario, es negada. Como acertadamente dice Silva-Herzog Márquez (2011: 16), “La política inconstitucional, la práctica que ha logrado levantar al poder por encima del derecho, se ha apoyado en un discurso constitucional (…) Debajo de una vehemente perorata constitucionalista, México ha vivido una severa adulteración del constitucionalismo”. En la experiencia mexicana la Constitución y, por ende, la legislación secundaria, son entendidas como referentes que, dependiendo de las circunstancias, se pueden doblar, romper, saltar, darles la vuelta, suspender o reformar siempre y cuando se guarden las formas, “que son la cortesía de la fuerza” (Rabasa Estebanell 2002: 129). Todavía es frecuente encontrar actores políticos que sostienen que “negociación mata legislación,” que acostumbran ensuciar procesos democráticos para luego cuestionarlos y negociar su reconocimiento al resultado a cambio

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de algo. La manera como las constituciones han sido consideradas a lo largo de la historia en México y los resultados a los que han conducido, hacen impostergables dos tareas: la primera, que se incorpore de manera muy puntual el derecho constitucional al estudio de la historia social, económica, política y cultural del país; la segunda, que la constitución deje de ser vista como proyecto, aspiración o acuerdo coyuntural entre fuerzas políticas y se convierta en la norma fundamental inviolable que debe ser escrupulosamente observada aquí y ahora.

CONCLUSIÓN La mejora de la calidad de la democracia mexicana depende, en buena medida, de que los actores políticos, por lo menos, la consideren como un fin en sí mismo, no solo como un medio para acceder al poder o desplazar a quienes ahora lo detentan. Poner en el centro los procesos electorales y un sistema de partidos plural y competitivo es de suma importancia porque permite distinguir a la democracia de otros regímenes políticos que no realizan elecciones o que realizan elecciones inequitativas sin que por ello duden en hacerse pasar por democracias. Esto ocurrió con las democracias “sustantivas” que reemplazarían a las democracias “formales,” pero crearon verdaderas dictaduras de grupos que hablaban en nombre de “las mayorías” sin tomarse la molestia de consultarles nada, grupos que presumían conocer mejor los intereses históricos de los explotados y los oprimidos que éstos mismos. Si bien no hay democracia donde los ciudadanos no pueden expresar sus preferencias mediante procesos electorales libres, limpios e imparciales en un régimen multipartidista competitivo, dejando de lado el aspecto electoral, tampoco hay democracia sin instituciones que se encarguen de proteger los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y que contengan el abuso del poder y las amenazas al orden constitucional. La democracia descansa en procesos electorales confiables, pero también sobre diversas formas de representación social y política que reciben autorización y mandatos por vías electorales y no electorales. Los partidos políticos son los actores más importantes en las democracias porque se encargan de agregar preferencias de los ciudadanos, pero hay otros actores imprescindibles e insustituibles, como las organizaciones que representan a diversos grupos e identidades sociales. Es

Presentación

de suma importancia que los partidos políticos incorporen a su vida interna procedimientos democráticos porque a falta de ellos sus funciones de agregación de preferencias y selección de candidatos son capturados por grupos cerrados que generan intereses propios (Michels 1983), y que invariablemente se distancian del electorado. Entonces, en una democracia la participación de los ciudadanos no puede reducirse a la emisión periódica del voto, sino que debe ser continua en organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de los movimientos sociales y todo género de organizaciones enraizadas en la sociedad que representen a algún sector del demos, a alguno de los demoi (Bohman 2007). La democracia requiere, además de elecciones y de mecanismos de representación social y política de la pluralidad social que trasmitan los cambios en sus preferencias, de procesos abiertos de deliberación para seleccionar los temas que ameritan consideración pública y cuáles de ellos deben ser asumidos por los partidos, sus candidatos, sus plataformas electorales y planes de gobierno, cuáles son materia de trabajo legislativo y cuáles deben ser convertidos en política pública. La transparencia y la rendición de cuentas permiten saber si los funcionarios electos se comportaron de manera responsable y responsiva frente a los ciudadanos que los eligieron. Finalmente, pero no el último lugar, la democracia requiere de un entramado institucional que ponga coto a la arbitrariedad y al abuso del poder, que opere un sistema de contrapesos y balanzas y salvaguarde de vaivenes políticos y económicos al orden constitucional. Que la democracia sea considerada un fin en sí mismo es el primer paso para que sea vista como un medio para conocer las cambiantes preferencias del electorado, para promover el desarrollo económico y el bienestar social, y combatir las desigualdades, la corrupción y la impunidad. Estos temas, que Emilio Rabasa Gamboa trata con agudeza en esta colección de ensayos, son los que me parecen más destacables. Seguramente el lector atento encontrará otros más.

Dr. Jorge Cadena-Roa Investigador Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM

Jorge Cadena-Roa

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