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laboral prรกctico

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Belén Campuzano Laguillo

Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Jorge A. Cerdio Herrán

Angelika Nussberger

José Ramón Cossío Díaz

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania) Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ángel M. López y López

José Ignacio Sancho Gargallo

Marta Lorente Sariñena

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

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REFORMAS LABORALES EN LA GRAN RECESIÓN

Coordinador

SANTOS MIGUEL RUESGA BENITO

Catedrático de Economía Aplicada, Universidad Autónoma de Madrid

FERNANDO VALDÉS DAL-RÉ

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad Complutense

VALERIANO GÓMEZ SÁNCHEZ

Economista, investigador de la Fundación Ortega-Marañón

JESÚS CRUZ VILLALÓN

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Sevilla

JOSÉ IGNACIO PÉREZ INFANTE

Economista, miembro de Economistas Frente a la Crisis

TOMÁS SALA FRANCO

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Valencia

INMACULADA CEBRIÁN LÓPEZ

Profesora titular de Fundamentos de Análisis Económico, Universidad de Alcalá de Henares

Valencia, 2016

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PRESENTACIÓN por José Ignacio Pérez Infante y Santos M. Ruesga Benito, coordinadores del libro

Vivimos ya desde hace algunas décadas un periodo de transformaciones continuas e intensas del marco de relaciones sociales y económicas a lo largo y ancho del planeta y que, por tanto, afectan de un modo u otro a toda la población mundial. Y el marco de relaciones laborales no iba a ser menos. Aunque parece que se ha sobreactuado en este terreno, el laboral, al menos en el escenario de los países europeos, sobrevalorando, con carácter general, la incidencia de las actuaciones en este ámbito de la vida económica y social, y, en concreto, la posible repercusión de las reformas sobre la marcha de los principales parámetros que definen la economía y la sociedad de las naciones, en particular los relacionados con el mercado de trabajo, como el empleo y el paro. Desde la década que arranca en el año 1980 se ha desarrollado, y se desarrolla, una intensa cabalgata de reformas laborales a Oriente y Occidente y tanto en el Norte como en el Sur. Todas ellas con la finalidad de redefinir el funcionamiento de los mercados laborales con el fin, explícito en la mayoría de los casos (más otros menos definidos con menos transparencia y visibilidad) de hacer más flexible el mercado laboral para adaptarlo a las circunstancia de los mercados globalizados y, en última instancia, acelerar el proceso de creación de empleo, para reducir los desequilibrios propulsores de elevadas tasas de desempleo. En un seminario de especialistas realizado por la Fundación FIDE1, Raymond Torres, alto funcionario de la OIT y amigo de los autores de este libro, señalaba, a tenor de los resultados de un estudio llevado a cabo por esta organización internacional sobre la reformas laborales en Europa, que habían contabilizado hasta 90 reformas laborales en el periodo de la gran Depresión (20072014). De ellas, según dicho estudio, al menos 55 llevaban de

“Las reformas laborales desde el inicio de la crisis: impacto y alternativas”, Fundación FIDE (www.fidefundación.es), 14 de julio de 2015).

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forma explícita y a través de diversas modificaciones regulatorias a un menor grado de protección de los asalariados, alterando el estatus quo previo. Disminuciones en el coste de los despidos, más flexibilidad contractual o mayor nivel de descentralización de la negociación colectiva son algunas de las formulas que están contribuyendo a tal descenso en la protección del trabajo asalariado o si se prefiere a la paulatina desaparición o devaluación de derechos laborales consolidados. Todo ello sin que se haya desarrollado un entorno con mayor grado de protección social, con origen en el ámbito laboral, ni con mayor intensidad en la aplicación de políticas activas de mercado de trabajo (PAMT), más bien al contrario. Al tiempo que se impulsan reformas adicionales que implican mayores exigencias administrativas o de otro orden para el logro de la prestación por desempleo, restringiendo, por tanto, el acceso a esta renta de sustitución para la contingencia de desempleo. Dicho en síntesis, todo un proceso de deconstrucción del denominado Estado de Bienestar, al menos como se aplicaba en Europa hasta la década de los años ochenta del pasado siglo, en diferentes aspectos y facetas según países. Y todo ello sin sustituir este modelo por la alternativa lanzada por la Comisión Europea a principios del siglo XXI denominada como “flexiseguridad”, apostando por un sistema de relaciones y laborales basado en más flexibilidad en el uso del trabajo y más seguridad para los trabajadores, sin que esto signifique empleo de por vida. Esto último, la seguridad en el empleo, se sustituye por una combinación de una cierta garantía de continuidad en el flujo de renta para los trabajadores y la mejora continua de su adaptabilidad a las características de los puestos de trabajo en cambio continuo (empleabilidad). A potenciar este modelo se supone habrán de encaminarse los procesos de reforma aludidos. De todo ello cabría esperar un panorama laboral más flexible, para adaptarse con mayor celeridad y menores costes a las cambiantes circunstancias de la demanda agregada a la que tienen que abastecer las empresas, en un mundo crecientemente internacionalizado y globalizado, pero al mismo tiempo ofreciendo seguridad en la obtención de rentas y aumentando la probabilidad de ocupación de todas las personas integrantes de la oferta laboral. Sin embargo, no ha sido así. Los resultados de las reformas laborales llevados a cabo en los países europeos muestran un foto-

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grafía muy similar en todos ellos y sus efectos, hasta el momento, han sido profundamente desequilibradores; más flexibilidad, sí, pero no más seguridad; de hecho uno de los instrumentos más representativos de la seguridad de rentas, el subsidio de desempleo, ha estado también sometido a profundas reformas, todas en la misma dirección: aumentar las trabas de todo tipo para el acceso a su obtención, lo que ha supuesto un retroceso de la cobertura de la prestación, al mismo tiempo que se han ido reduciendo tanto la cuantía como la duración de tal prestación. Junto a ello lo que sí observamos como resultado de la acción conjunta de la crisis financiera y de los efectos de dichas reformas laborales es un proceso de devaluación salarial, en prácticamente toda Europa, pero especialmente intensa en España, que acompaña a un profundo estancamiento del avance de la productividad en las empresas. En el contexto de un dinámica continua de innovación tecnológica focalizada en algunas actividades y mercados, eso significa un desarrollo acelerado de un mercado laboral altamente dualizado, en la línea de segmentación que ya apuntaban los economistas institucionalistas hace unas décadas. La polaridad salarial avanza hasta situar a una parte creciente de los asalariados por debajo de los umbrales de pobreza, fenómeno desconocido en Europa en las décadas precedentes. Y es que conviene añadir, a este respecto, como apuntaban ya hace algunos años, al principio de esta Gran Recesión que no parece tener fin, dos apreciados colegas nuestros, Luis Toharia, que nos dejó unos días antes de la aprobación del Decreto-ley que alumbró la reforma de 2012, y Miguel Ángel Malo (1997), que las reformas laborales no crean empleo. Lo que ahora complementa la profesora María Emilia Casas (2015: 119) insistiendo en que lo que se deriva de la reforma del 2012 no es más empleo, sino un cambio sustancial en el sistema español de relaciones laborales, modificando las reglas del juego en el mercado de trabajo, inclinando, añadimos los coordinadores de este libro, la balanza hacia uno de los lados de la relación, la empresa,. Así pues, la reforma del 2012 y las modificaciones que se han aprobado posteriormente del marco normativo laboral constituyen la culminación de un proceso, que moviéndose en parámetros europeos, en los últimos tiempos ha buscado resolver el problema de

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la “cantidad” de trabajo a costa de la “calidad”2, con actuaciones como la extensión de nuevas formas de contratación; la introducción de prácticas de gestión de los recursos humanos que resaltan la intensificación del trabajo; la flexibilización de las condiciones de trabajo; el abaratamiento y la mayor facilidad del despido; el debilitamiento y empobrecimiento de la negociación colectiva; y la aparición de brechas cada vez más amplias entre colectivos de trabajadores, que quiebran el modelo tradicional de las relaciones laborales que nació a mediados del siglo XX. El otro gran resultado esperado, aunque no explícito, entre los objetivos oficialmente declarados por el Gobierno, de la reforma será la depresión de los salarios. No se explicita pero en todo el discurso subyacente a la reforma y en la lógica de las medidas adoptadas3 se espera una reducción importante en la evolución de los costes laborales absolutos, que en la perspectiva del análisis neoclásico sería el factor determinante para la creación de empleo. Es decir de entre todas las reformas estructurales publicitadas (casi todas non natas), tan solo, al parecer cabría esperar de la laboral resultados tangibles para las cuentas de explotación de las empresas y, por extensión, la mejora del profundo desequilibrio que padece estructuralmente nuestro mercado de trabajo. En el camino de este más reciente proceso de reformas en el terreno de las relaciones laborales, otros aspectos relacionados con el trabajo y los mecanismos regulatorios que acompañan a su puesta en valor han experimentado también importantes modificaciones, casi todas en la misma dirección de flexibilizar y abaratar el trabajo. Ahí, como reforma destacada, cabe citar la 2

En el sentido que la OIT se entiende por trabajo de calidad, caracterizándolo a partir de cuatro principios: respeto a los derechos fundamentales del trabajador y a los estándares normativos internacionales; igualdad de oportunidades en cuanto a empleo y remuneración; acceso a la protección social y a la seguridad social; diálogo social bipartito o tripartito. “En el último trimestre de 2012 se ha producido la mayor caída de los costes laborales unitarios (CLUs) de la crisis (-5,9%) y se ha intensificado la recuperación de la competitividad perdida. Con los avances desde la aprobación de la reforma, el nivel de los CLUs es ya menor que en 2007 y la evolución desde 2005 es más favorable que la de Alemania, Francia o Italia, además de la media de la Zona Euro”. Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2013).

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del sistema público de pensiones, que tan básico y fundamental le pareciera a otro amigo y colega, Luis, Martínez Noval, fallecido también, en 2013, días antes de iniciarse el proceso de reforma de esta fundamental pieza de nuestro Estado de Bienestar. Este libro reúne a un conjunto de profesionales del Derecho y de la Economía, intentando superar la separación existente en la mayoría de las ocasiones en los análisis efectuados por los dos tipos de especialistas de un aspecto tan relevante y común a las dos disciplinas como es el mercado de trabajo. El libro trata de analizar el contexto, europeo y español, los contenidos y, en última instancia, los resultados percibidos del proceso de reformas laborales que se han sustanciado a lo largo de la Gran Recesión que ha afectado a la economía española desde 2007-2008, con el objetivo de interpretar de modo interdisciplinar lo que puede dar de sí esta vertiente de la política de reformas estructurales para atajar los graves desequilibrios que desde hace décadas padece el mercado laboral español. Podemos avanzar, en este sentido, que a tenor de los análisis contenidos en este libro no se ha conseguido tal objetivo, al menos en los aspectos esenciales perseguidos (aceleración en la creación de empleo, reducción del mismatch ocupacional, disminución de dualidades diversas, de género, edad, etc.). Y sí, por el contrario, se ha puesto en cuestión un modelo de relaciones laborales que, al menos, ofrecía una dosis importante de cohesión e inclusión social, sobre la base de derechos laborales reconocidos. El libro arranca con un capitulo elaborado por el profesor Santos Miguel Ruesga Benito, de la Universidad Autónoma de Madrid, en el que se hace un extenso análisis de la Gran Recesión sufrida por las economías europeas, en particular, entre 2007 y 2014. Con ello se trata de entender, como corolario, lo que ha pasado en el mercado laboral español. Se pone en relación, para el periodo de la crisis, la interconexión entre políticas económicas de “austeridad” y reformas laborales, orientadas en la misma dirección y elaboradas bajo el mismo diagnóstico. Para, finalmente tratar de entender el papel que juegan las reformas laborales desarrolladas desde 2009, así como sus efectos, en particular para el caso español, perfectamente funcionales con el discurso de la política económica auspiciada, cuando no impuesta, por los organismos comunitarios bajo el amparo de los países europeos acreedores.

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En el segundo capítulo, realizado por el profesor Fernando Valdés Dal-Ré de la Universidad Complutense de Madrid se analiza la reforma laboral 2012-2014, la de mayor intensidad de las varias llevadas a cabo en el periodo, desde unos enfoques metodológicos más propios de la técnica legislativa y de la crítica del derecho. Bajo estos enfoques se reflexiona en este texto, por un lado, sobre el instrumento normativo preferentemente utilizado a fin de articular y concretar la reforma y, de otro, se identifican las materias objeto de regulación en todo el conjunto del paquete normativo de la reforma, procurando delimitar algunos de sus elementos comunes. Tras este exhaustivo análisis el profesor Valdés concluye en la imposibilidad de configurar la reforma laboral iniciada en 2012 como un conjunto normativo unitario, homogéneo y coherente. El capítulo tercero corre a cargo de Valeriano Gómez Sánchez, ex Ministro de Trabajo en la legislatura 2008-2011. En él, desde una óptica económica, se abordan los principales efectos de la reforma laboral llevada a cabo en España en 2012. Con la perspectiva de tres años de aplicación, se analizan los enormes cambios producidos en instituciones esenciales del mercado de trabajo español (la negociación colectiva y el proceso de formación de los salarios, la cobertura por desempleo, el impacto en la regulación del despido y la dualidad laboral). Tras este periodo de maduración de la reforma, a juicio de Valeriano Gómez, no se han alcanzado ni logrado prácticamente ninguno de los objetivos perseguidos y declarados por el Gobierno responsable de la reforma. No obstante, la economía española ha vivido en este tiempo el mayor proceso de devaluación salarial de su historia moderna, lo que sí constituye un logro, no explicito pero sí manifiesto, de dicha reforma, aunque, a la altura de 2015, siguen aún sin recuperarse los niveles de empleo existentes antes de su aprobación. El profesor Jesús Cruz Villalón de la Universidad de Sevilla se encarga de desarrollar desde una perspectiva jurídica los cambios fundamentales de la regulación de la negociación colectiva que se introducen en la reforma laboral de 2012, así como las consecuencias más relevantes de esos cambios, que son, según el autor, los de mayor calado introducidos por esa reforma. Tras un análisis de los cambios fundamentales de la regulación de la negociación colectiva aprobados por esa reforma, que conducen a la pérdida de ultraactividad de los convenios, la preferencia o prioridad aplicativa de los convenios de empresa, las mayores posibilidades de

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los descuelgues de los convenios colectivos y las limitaciones al contenido de los convenios, el autor destaca la incidencia de esos cambios en el debilitamiento, la cobertura y el deterioro del poder contractual de la negociación colectiva, las mayores posibilidades de devaluación salarial y el empobrecimiento del contenido de los convenios. El quinto capítulo lo desarrolla el economista José Ignacio Pérez Infante y complementa desde la perspectiva económica el análisis del impacto de la reforma de la negociación colectiva que se produce en 2012. A pesar de la insuficiencia de las estadísticas existentes y de las dificultades para separar los efectos de la crisis económica de los de la reforma laboral, el autor destaca la incidencia de las modificaciones introducidas en el retroceso que se produce en el número de los convenios vigentes con efectos económicos en cada año y en la cobertura de esos convenios en cuanto al número de trabajadores cubiertos y no tanto en la tasa de cobertura, así como los cambios que comienzan a detectarse en la estructura de los convenios colectivos en favor de los convenios de empresa. Pero la consecuencia más clara de la reforma de 2012 es el proceso de devaluación salarial que se produce, sobre todo, a partir de ese año con unos efectos económicos y sociales muy diferentes a los defendidos por el Gobierno. El sexto capítulo, escrito por el profesor de la Universidad de Valencia Tomás Sala-Franco, está dedicado al análisis, desde un punto de vista jurídico, de la reforma laboral de 2012, aprobada como un “hecho consumado” sin debate político alguno y sin diálogo social, que ni siquiera se intenta, y a sus consecuencias en el modelo de las relaciones laborales español. Entre las cuestiones abordadas por el autor en el capítulo, destacan el de si las reformas laborales y, en concreto, la de 2012 crean por sí mismas empleo, el de sí introduce algún cambio en el citado modelo de relaciones laborales y si se produce alguna modificación en el sentido de alcanzar una mayor flexiseguridad laboral. El profesor Sala concluye que el efecto más relevante de la reforma laboral es potenciar el tradicional modelo de relaciones laborales de competencia en costes. Ante esta conclusión finaliza el capítulo con la propuesta muy detallada de un nuevo modelo de relaciones laborales basado, por el contrario, en la productividad de las empresas.

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Por último, el capítulo séptimo, elaborado por la profesora de la Universidad de Alcalá de Henares Inmaculada Cebrián, profundiza en los aspectos económicos de la reforma laboral relacionados con la flexiseguridad, con especial referencia a los cambios que la reforma introduce en la regulación de la contratación indefinida, en principio, para atajar la segmentación del mercado de trabajo español. Partiendo la autora de una hipótesis, poco habitual entre los economistas laborales españoles, en la que el citado problema de segmentación se relaciona más que con las modalidades de contratación, y, en particular, con las temporales, con la naturaleza del modelo productivo español y, sobre todo, con la naturaleza y estabilidad de los puestos de trabajo, concluye sobre la elevada temporalidad “empírica” del mercado de trabajo español, ya que muchos contratos, no solo los temporales sino también los indefinidos, tienen una escasa duración. A esta conclusión llega la autora con base en la Muestra Continua de la Vida Laboral de la Seguridad Social, tanto con un análisis descriptivo de los datos como aplicando un modelo econométrico de regresión. No queremos cerrar esta introducción sin mostrar nuestro agradecimiento a un numeroso grupo de profesionales del derecho, de la economía y de otras ciencias sociales, académicos, funcionarios, sindicalistas, empresarios y empleados en el sector privado, que desde de hace casi una década vienen participando de modo regular y activo en el Seminario de Empleo Ortega y Gasset. Todos ellos con su gran capacidad intelectual y profesional y su espíritu crítico son participes y en buena medida coautores de los análisis, reflexiones y conclusiones que se enmarcan en este libro. Y, aunque ya se ha dicho de forma implícita, permítannos un recordatorio final y una dedicatoria de este libro a dos queridos colegas que se fueron en estos años de singladura de la reforma analizada. Se trata del profesor Luis Toharia, catedrático de Economía en la Universidad de Alcalá de Henares, y Luis Martínez Noval, que fue Ministro de Trabajo en los años noventa, ambos fervientes y profundos analistas de los pormenores de las relaciones laborales en nuestro país y en el ámbito europeo y maestros singulares para muchos de los que participamos en este libro. De seguro que de seguir entre nosotros nos habrían acompañado en este trabajo colectivo. Madrid, julio de 2015

PRIMER CAPÍTULO CRISIS ECONÓMICA Y REFORMAS LABORALES Santos M. Ruesga Benito Catedrático de Economía Aplicada, Universidad Autónoma de Madrid

Resumen En este capitulo inicial, se desarrolla un análisis de la Gran Recesión sufrida por las economías europeas, en particular, entre 2007 y 2014 y sus pormenores, con especial referencias a casos como el español. Con ello trata de entender, como corolario, lo que ha pasado en el mercado laboral y la incidencia que de modo singular ha tenido sobre el español. De este modo se pone en interconexión, en el análisis económico y para el periodo de la crisis, la relación entre políticas económicas de “austeridad” y reformas laborales, orientadas en la misma dirección y elaboradas bajo un mismo diagnóstico deudor del pensamiento neoclásico mas exacerbado. En el capitulo, finalmente, trata de interpretar el papel económico que juegan las reformas laborales desarrolladas y sus efectos y en el caso concreto de las puestas en marcha desde 2009 para el caso español. Se concluye que las mismas son perfectamente funcionales y complementarias con el discurso de la política económica auspiciada, cuando no impuesta a los países deudores, por los organismos comunitarios bajo el amparo de los países europeos acreedores. Palabras claves: Economía del Trabajo, Crisis Económica, Políticas Económicas, Empleo, Reforma Laboral Española 2012. Abstract In this initial chapter, it is developed an analysis of the Great Recession, which the European economies, in particular, have suffered between 2007 and 2014, and its details, with special reference to cases such as the Spanish economy. Thus it is to understand, as a corollary, what has happened in the labour market

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and the impact that has had on the Spanish so singular. Thus gets in interconnection, in economic analysis and for the period of the crisis, the relationship between economic “austerity” policies and labour reforms, oriented in the same direction and developed under the same diagnosis which is debtor of more exacerbated neoclassical thinking. In this chapter, finally, it is tried to understand the economic role of developed labour reforms and their effects, and in the specifically case of implementations underway since 2009 in the Spanish case. It is concluded that they are perfectly functional and complementary with the economic policy discourse sponsored, when not imposed on debtor countries, by European community entities under the umbrella of European creditor countries. Key words: Labour Economic, Economic crisis, Economic Policies, Employment, 2012 Spanish Labour Reform. JEL.: E02, J01, J08 y K31 1.1. Introducción. Antes de la Gran Recesión: un cambio de era y profundas transformaciones en la relación laboral El análisis de lo que está aconteciendo tanto en el planeta como, en particular, la Unión Europea y en sus países miembros, en lo que a su dinámica social y económica se refiere, ha de retrotraerse necesariamente a más allá de la crisis actual, que convenimos en llamar la Gran Recesión (Ruesga, 2014a). Porque se puede observar, sin duda, que estamos ante un cambio sistémico de singular transcendencia o si se prefiere ante un cambio de era, respecto a un periodo de nuestra existencia que, en el caso europeo (o más bien centroeuropeo, por establecer límites más precisos) se ha caracterizado por la construcción y expansión de lo que hemos llamado Estado de Bienestar, como eje fundamental de la convivencia ciudadana durante varias décadas. Y es que “la realidad, sin embargo es tozuda, y lo que nos muestra este cambio de era es un camino de retorno hacia situaciones que parecían superadas. Y es que, acostumbrados a los avances logrados en el tercer cuarto del pasado siglo en materia de derechos ciudadanos y sociales, parecía que todo iba a seguir rodando del mismo modo al cambiar de siglo. Se nos olvidó que la historia de la humanidad no tiene una senda de progreso sostenible e ineluctable, sino que transita

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entre altibajos, entre épocas de luz y épocas lúgubres” (Ruesga, 2013:9). Es la ideología conservadora, en su más pura esencia, la que está marcando el quehacer de gobiernos de todo tipo y color en las últimas décadas y si los ciudadanos y/o electores no lo remedian, de las próximas. Ya en los años setenta del pasado siglo, las recetas de corte keynesiano se tornaron inefectivas ante la conjunción de elevadas tasas de inflación y de desconocidos, hasta entonces, niveles de desempleo, lo que comenzó a denominarse “estanflación”, aludiendo a la presencia simultánea de estancamiento económico con intensas elevaciones de los precios. En este contexto característico de la primera mitad de los años setenta del pasado siglo fueron ganando audiencia las voces que clamaban desde la academia y desde numerosos centros de asesoramiento político —con raíces ancladas ya al menos con dos décadas de antigüedad—, por una forma alternativa de entender la dinámica de las relaciones económicas, otorgando su preeminencia al mecanismo del mercado por encima de la intervención del Estado, instrumento básico del pensamiento entonces hegemónico. Tal enfoque acudía al mercado como piedra filosofal que podría resolver de forma “eficiente” todos los males que aquejaban a la economía, por aquel entonces, suspendiendo la presencia de lo público en la misma o limitándola a cuestiones puramente testimoniales en materia económica, relacionadas más bien con el orden interior y la defensa. Así pues, los problemas del estancamiento económico no estarían relacionados con la debilidad de una demanda agregada —la crisis de los setenta del pasado siglo se venía caracterizando, más bien, como de problemas en la oferta en sus momentos iniciales— que pudiera ser estimulada con la expansión de los gastos públicos sino con el bloqueo del sistema proveniente, por el lado de la oferta productiva, de la multiplicidad de regulaciones y de intervenciones estatales que estaría impidiendo el libre y eficiente funcionamiento de los mercados. Discurso que, apoyado en una parte de los economistas clásicos de los dos siglos precedentes y articulado desde la academia de Estados Unidos por toda una generación de destacados economistas, con Milton Friedman entre los más laureados, se extenderá por los más variados derroteros, desde los años setenta del siglo pasado, como la verdad “científica” incuestionable de los economistas.

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La expansión de esta interpretación de los hechos económicos y su penetración en la esfera de la política abriría el camino a un nuevo modo de gestionar los sistemas económicos. Y en ello la señora Thatcher, primera ministra británica, desde inicios de los años ochenta, fue una “avant la lettre“, articulando una estrategia de recuperación frente a la crisis del petróleo de los setenta del pasad siglo en línea con los dictados de la teoría económica de la oferta. Y con la llegada a la Casa Blanca, en enero de 1981, de Ronald Reagan, se expandirán los principios de esa “economía de la oferta”, con el aparataje instrumental de los modelos neoclásicos, allende de sus fronteras, a través de la influencia preferente sobre los organismos financieros internacionales, en particular el Fondo Monetaria Internacional1. Esta estrategia dibujaba un perfil con tres grandes líneas de reforma del entramado económico institucional. El impulso a la desregulación del sector financiero, inicio, sin duda de una etapa expansiva de la City londinense (Krugman, 2009:189-90) y otros centros financieros; la flexibilización del mercado de trabajo, lo que arrastrará una batalla furibunda contra el poder sindical, artífice de todos los “males” imaginables en la economía y en la democracia británicas, en la visión thatcheriana, y finalmente un ambicioso programa de desmantelamiento del Estado Económico y Social construido en las décadas precedentes, centrado, de forma casi obsesiva, en la privatización de empresas de titularidad pública y servicios sociales de todo orden. Es el inicio de una larga trayectoria que cubre ya más de tres décadas de políticas económicas ancladas en la preeminencia del mercado y denostando la intervención pública en los entresijos de la economía. Se viene observando ya desde hace algunos años, allí donde se ha aplicado este tipo de recetas, cómo en un periodo relativamente corto de tiempo, se obtiene como resultado, entre

Schettkat (2010:207) señala a este respecto que: por desgracia, las ideas radicales que surgieron al llevar al extremo las tesis sobre el funcionamiento eficiente de los mercados perdieron su carácter original, es decir, su impronta de resultados extremos de un modelo teórico, y se convirtieron en directrices generales de las políticas económicas. Primero lo abrazaron los conservadores radicales como Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos, y después llegaron a «conquistar» el «sentido común».

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otros, un ascendente desequilibrio en la distribución de la renta, sin duda uno de los objetivos buscados por tales formas de actuar, que no son precisamente la antesala de un crecimiento económico sostenido en el tiempo. Al parecer la historia enseña poco y nos encontramos a lo largo y ancho de la Unión Europea un postrer pupilaje de la Sra. Thatcher y del Sr. Reagan sobre un amplio espectro de la clase política europea, embelesado con la aplicación de sus más idiosincrásicas fórmulas de desmantelamiento del Estado de Bienestar. Así desde aquellos tiempos se ha ido abriendo camino la revolución conservadora, una ideología que prescinde de cualquier apunte de solidaridad institucionalizada entre los individuos y responde solo a la lógica del mercado. Abanderados en suma de un Estado al servicio de la competitividad y de las fuerzas económico-financieras que dominan y gestionan los mercados. La hegemonía del Estadomercado que traslada el discurso de la eficiencia mercantil (por y a través del mercado, valga la redundancia) a la organización de la vida social (Ruesga, 2014b:252). No solo en el campo estricto de la política económica y sus consecuencias en términos de redistribución negativa de la renta, sino en otros muchos aspectos de la vida social observamos los resultados de esa hoja de ruta que antepone los intereses personales (el “alma individual”, que instalara la citada señora Thatcher como eje y guía de su discurso político, para añadir un toque religioso a su contenido profundamente conservador) sobre los de la colectividad. El enriquecimiento individual frente a la cohesión social en el frontispicio de la acción política. Lo que en la más reciente experiencia de la idiosincrasia hispana en esta trayectoria pasa por la promoción de: “pensiones a la baja, sanidad privada, educación para solventes”, lo cual muestra que”nunca tanta mediocridad mantuvo un programa conservador tan ambicioso” (Ferrer, Pérez y Ruesga, 2014: 13). En consecuencia, “con las revoluciones de Thatcher-Reagan en la década de 1970, la Edad de Oro2 el capitalismo retrocedió y volvió a la forma que tenía a finales del siglo XIX. El capital ya estaba siendo reconstruido lentamente antes; pero desde finales

“Golden Age”, el periodo del capitalismo que transcurre desde el final de la II Guerra Mundial, 1945, hasta 1975 (Piketty, 2013:163).

SANTOS M. RUESGA BENITO

de los setenta, con reducidos impuestos sobre las ganancias y los ingresos (un punto que Piketty documenta ampliamente) y la casi eliminación de impuestos sobre la herencia, la reconstrucción acelerada del capital y de β (relación capital/renta) comenzaron su ascenso constante, alcanzando a principios del siglo XXI los valores de hace un siglo. La tasa de crecimiento de las economías capitalistas avanzadas disminuyó porque la convergencia [a través del pacto social keynesiano] llegó a su fin, y por tanto la distribución funcional y personal de la renta se deterioró; la primera contra el trabajo, la segunda contra todos los ciudadanos menos contra el 1 por ciento de la población más rica” (Milanovic, 2014:7). No cabe esperar otra cosa que un retroceso en los niveles generales de bienestar del común de los ciudadanos, en particular de los europeos, en los próximos años. Traslada esta interpretación al ámbito de las relaciones laborales, así, lo expresaba el profesor Michel Piore (2009:9), del MIT, señalando que «Esta “revolución” conservadora se ha entendido generalmente en términos del enorme incremento de la dispersión de las rentas salariales, el ascenso de las rentas de los muy “tops” a expensas de casi todo el mundo, el colapso de las organizaciones sindicales en el sector privado y el deterioro del salario y las condiciones de vida en la parte más baja del mercado laboral» (Piore, 2009:5). Este es el contexto en el que se mueven las relaciones laborales en las tres últimas décadas donde la creciente desregulación del mundo laboral, para flexibilizarlo ha ido abriendo paso a la una intensa dualización profesional y salarial, que alimenta un proceso de redistribución funcional negativo de la renta, con ascenso relativo de la acumulación de los rendimientos del capital; estrategia que se intensifica en la horas bajas del ciclo económico. 1.2. Y una crisis económica con profundos efectos asimétricos en Europa La secuencia de la crisis que arranca en 2007, en sus grandes episodios resulta relativamente similar a lo ocurrido en otros shocks financieros; las diferencias son de volumen en cuanto a las consecuencias de ello derivado y, sobre todo, de respuesta ante los efectos de la misma por parte de las autoridades económicas de la eurozona y la disciplina casi universal de los diferentes gobiernos europeos. En figura 1, que aparece a continuación, se sintetiza

CRISIS ECONÓMICA Y REFORMAS LABORALES

tal secuencia, repetida, con mayor o menor intensidad en todos los países del área euro. Figura 1.1. Secuencia de la crisis financiera, la Gran Recesión y las políticas de ajuste § El exceso de liquidez de la política monetaria clásica, con tipos Crisis financiera

Crisis económica

básicos bajos estalla en burbujas. § La carencia de regulación-supervisión potencia financieras cortoplacistas y con elevado riesgo.

estrategias

▪ Se generaliza la desconfianza financiera. § Las instituciones financieras cierran el crédito. § La economía real, adicta al apalancamiento, se queda sin financiación para seguir consumiendo o invirtiendo.

Crisis de empleo

§ La crisis de demanda sin financiación se traslada a la oferta. § Parte de las burbujas financieras se generaron en sectores intensivos en mano de obra. § Efecto clásico de las crisis sobre los ingresos y gastos públicos que

Crisis deuda soberana

se traduce en déficit. § Costosos programas de rescate financiero para los grandes bancos (too big to fail). § Programas de ajuste (prioridad a la reducción de los déficit públicos)

Crisis de austeridad

con condicionalidad de los “rescates financieros”. § Salidas de capital hacia el exterior buscando mercados de calidad. § Los ajustes redundan en caída del consumo y de la inversión,.

Fuente: Elaboración propia

Conviene destacar el papel singular de las empresas financieras en el detonante de la crisis y en su difusión hacia la economía real. Tal como había señalado Hyman P. Minsky, hace ya algunos años (con escasa audiencia entonces) este tipo de crisis eran intrínsecas a los mercados financieros: cuanto más larga sea la duración de los buenos tiempos, mayores serán los riesgos de los prestatarios (Minsky 1992). Afirmación que define perfectamente el perfil y la secuencia de la crisis de 2007-2008 que alumbró la Gran Recesión. En los años previos al estallido de burbuja financiera, la paulatina carencia de regulación-supervisión de las actividades financieras (particularmente, de la denominada banca de inversión) dio paso a una alocada carrera de generación de activos de alto rendimiento