1_9788418155161 by Editorial Tirant Lo Blanch

La falacia prohibicionista —escandalosa particularmente en relación al cannabis— cada vez es más endeble y exponencialmente se multiplican las voces que la denuncian. Paralelamente, el discurso higienista o sanitarista en el tema, ha dejado en evidencia que no es más que un mecanismo de control de la autoridad hacia ciertos sectores o colectivos, careciendo de fundamentos cientíﬁcos y jurídicos. En este marco, este libro constituye un aporte imprescindible para conocer la lucha por los derechos que ha desplegado la movilización cannábica en Colombia, a la par que desnuda los intrincados laberintos de poder a nivel capilar, microsocial, que fue introduciendo el discurso prohibicionista. Diego Silva Forné Profesor Agregado de Derecho Penal Universidad de la República Oriental del Uruguay

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humanidades plural

Adrián Raúl Restrepo Parra

Adrián Restrepo nos describe una realidad socio política en permanente cambio, cuyos vaivenes generan nuevos desafíos y obstáculos al movimiento cannábico. Sin embargo, nadie puede dudar que ya no hay marcha atrás en el mundo en relación con este activismo; con las peculiaridades de cada nación y su particular coyuntura, los avances y retrocesos continúan generando en el continente nuevos espacios, ganados a través de diversas estrategias de movilización.

CIUDADANOS CONSUMIDORES DE CANNABIS

Ciudadanos consumidores de cannabis

Adrián Raúl Restrepo Parra

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humanidades plural

CIUDADANOS CONSUMIDORES DE CANNABIS

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT HUMANIDADES Manuel Asensi Pérez

Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada Universitat de València

Ramón Cotarelo

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Mª Teresa Echenique Elizondo Catedrática de Lengua Española Universitat de València

Juan Manuel Fernández Soria

Catedrático de Teoría e Historia de la Educación Universitat de València

Pablo Oñate Rubalcaba

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración Universitat de València

Joan Romero

Catedrático de Geografía Humana Universitat de València

Juan José Tamayo

Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Universidad Carlos III de Madrid

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

CIUDADANOS CONSUMIDORES DE CANNABIS

ADRIÁN RAÚL RESTREPO PARRA Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia

tirant humanidades Bogotá, 2020

Copyright ® 2020 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© TIRANT LO BLANCH Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS EDITA: TIRANT LO BLANCH Calle 69 A No. 4-88, Bogotá D.C. Telf.: 4660171 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-18155-16-1 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

A la memoria de Carlos Gaviria Díaz por empujar la libertad en un país con miedo a la pluralidad. A las víctimas generadas por la política prohibicionista y su guerra contra las drogas.

Índice Prólogo............................................................................................................... 11 Introducción..................................................................................................... 17 1. MARIHUANOFOBIA 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Echado a la calle por consumir marihuana............................................... 45 Represión social y abuso policial................................................................ 50 El estigma marihuanero............................................................................... 56 El odio al marihuanero................................................................................. 66

2. “¡Y SOLO POR FUMAR MARIHUANA!” 2.1. El menosprecio del marihuanero................................................................ 75 2.1.1. Lesión a la autoconfianza................................................................. 78 2.1.2. Lesión al autorrespeto....................................................................... 82 2.1.3. Lesión a la autoestima....................................................................... 96 2.2. La injusticia: víctimas de la política de la prohibición............................. 100 2.3. La indignación cannábica............................................................................ 113

3. SALIR DEL CLÓSET CANNÁBICO 3.1. El episodio cannábico de contienda........................................................... 122 3.2. El activismo cannábico................................................................................. 130 3.3. Repertorios de acción................................................................................... 143 3.3.1. Repertorio organizativo: Colectivos cannábicos y CCC.............. 145 3.3.2. Repertorio offline.............................................................................. 157 3.3.3. Repertorio online.............................................................................. 162 3.3.4. Repertorio emocional....................................................................... 168 3.4. El arco iris cohesionador.............................................................................. 178 3.5. Oportunidades políticas para abrir el clóset.............................................. 198

4. ACTIVISMO CANNÁBICO EN UN ENTORNO PROHIBICIONISTA 4.1. Fisuras del consenso prohibicionista.......................................................... 213 4.2. Acuerdo de paz: ¿“una nueva visión”?........................................................ 221

Contenido

4.3. El aparente fracaso de la prohibiciรณn......................................................... 234 4.4. Riesgos para el activismo cannรกbico........................................................... 243

Reflexiones finales............................................................................................ 259 Referencias bibliogrรกficas............................................................................... 283

PRÓLOGO El 31 de enero de 2018, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, Adrián Restrepo Parra llevó a cabo una brillante defensa de su tesis doctoral, ante un tribunal integrado por el Dr. Robert Van Horn Dover, Profesor Titular del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, la Dra. Araceli Manjón Cabeza-Olmeda, Profesora Titular de Derecho Penal y Directora de la Cátedra “Drogas Siglo XXI” de la Universidad Complutense de Madrid, y quien suscribe, obteniendo el título de Doctor en Ciencias Sociales con la distinción de Magna cum Laude. La presente publicación recoge una versión corregida y actualizada de dicha tesis doctoral, Ciudadanos consumidores de cannabis. La contienda por el derecho al consumo de marihuana en un entorno prohibicionista. Y ya su título nos anticipaba la principal originalidad del análisis de Adrián Restrepo: centrarse en el estudio particularizado del activismo cannábico en Colombia. Como señala el autor, existe contemporáneamente cada vez más bibliografía sobre el régimen internacional de control de las drogas y el fracaso del modelo prohibicionista, pero no así, análisis que centren su atención en la génesis y desarrollo de este movimiento social. Si bien se trata de un movimiento que existe en todo nuestro continente con mayor o menor intensidad e impacto, este estudio conforma un aporte detallado que permite captar las peculiaridades en que se gesta y desarrolla, en virtud de la particular coyuntura socio-política de su país. En tal sentido, no se trata de un relato ajeno sino de un análisis comprometido con la realidad, de donde surge el largo camino de conflictos con la autoridad estatal en la defensa de los derechos de los consumidores de marihuana; en palabras del autor, la contienda por el derecho al consumo de marihuana en Colombia, donde se inscribe un complejo proceso con avances y retrocesos en la lucha por derechos garantizados en todas nuestras naciones por los textos constitucionales y el derecho internacional de los derechos huma-

Diego Silva Forné

nos, cuales son la dignidad humana, el respeto a la autonomía personal de las personas adultas —cuyo único límite se encuentra en el daño a terceros contra su voluntad— y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, la contienda existe porque las autoridades estatales, imbuidas de la lógica prohibicionista —e inmersas en el sinnúmero de intereses políticos, económicos, corporativos y de diversa índole que aglutina a los sostenedores de este discurso— desconocen, restringen o coartan estos derechos, en algunos casos a través del empleo de la violencia. El modelo prohibicionista de control de las drogas, ha fracasado. No solamente porque no ha cumplido con ninguno de los objetivos declarados para su creación a través de las tres convenciones de Naciones Unidas al respecto, sino porque generó muchos más problemas de los que pretendía resolver, ambientando la creación de un mercado negro productor de ganancias exorbitantes, constituyendo un fabuloso negocio para el crimen organizado, generador de violencia y corrupción a niveles inusitados en la historia, particularmente en nuestra región. El prohibicionismo surgirá acunado por el puritanismo norteamericano a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX; a la par de cruzada moral y religiosa, representó también una reacción xenófoba ante las migraciones que recibiera masivamente aquél país, encubriendo el racismo a través de la imputación de conductas antisociales a los inmigrantes. La prohibición del alcohol en 1919 a través de la XVIII Enmienda a la Constitución norteamericana sería un estrepitoso fracaso, generando un mercado negro altamente lucrativo y violento, con poderosas bandas criminales que lo controlaban y corrompían a las autoridades, al tiempo que las condiciones insalubres y la falta de controles sobre el alcohol —que continuó siendo consumido— causaron la muerte por intoxicación a miles de personas. A todo esto, lejos estuvo de eliminarse el consumo de alcohol, al tiempo que su prohibición afectó precisamente la salud pública y creó importantes problemas de seguridad pública al potenciar exponencialmente el crimen organizado, al tiempo que hipertrofiaría el

Prólogo

aparato estatal destinado a intervenir en la vida de los ciudadanos. En 1933, con la aprobación de la XXI Enmienda a la Constitución, finalizó este fallido experimento; no así la prohibición sobre las otras drogas. Paralelamente, la industria farmacéutica y la corporación médica terminarían por aliarse al puritanismo, controlando desde entonces el mercado legal de las drogas. Y es que el discurso prohibicionista carece de todo fundamento científico: las drogas que más vinculadas están a la morbimortalidad de la población son drogas legales: alcohol, tabaco, fármacos. La actual crisis por el uso de opiáceos que enfrenta actualmente Estados Unidos es el resultado de la actuación irresponsable de la industria farmacéutica, no de ningún cartel. Y las enfermedades y muertes vinculadas con el consumo de tabaco y alcohol son abrumadoramente superiores a cualquier estimación que se haga sobre el consumo de drogas ilegales. La funcionalidad geo-política para los Estados Unidos de este discurso, sobrevendría con el llamado de ‘guerra a las drogas’ del Presidente Nixon en 1969. Esta nueva cruzada tendría como objetivos destruir ciertas plantas en diversas partes del planeta, exportar los psicofármacos lícitos y adaptar las legislaciones tradicionales de otros países a ese modelo. Tras la caída del comunismo, el enfoque bélico se exacerba, definiendo el Presidente Reagan a la ‘guerra contra las drogas’ como un asunto de seguridad nacional; inclusive esta escalada en la ofensiva norteamericana, tiene como efecto que la violencia derivada del narcotráfico, el poder económico de las organizaciones delictivas y su capacidad de penetración en el aparato de los Estados, aumentara en lugar de disminuir: esto llevaría a afirmar que la profundización del enfoque bélico y represivo —como se ha dicho gráficamente, apagando fuego con fuego— tuvo como resultado aumentar el poder de las organizaciones criminales que tienen ventajas comparativas al asumir los costos del riesgo de enfrentar, eludir y corromper a los órganos del Estado. La intensificación de las políticas represivas antidrogas a instancias del gobierno norteamericano, generó ajustes en la producción y tráfico que en el mejor de los casos

Diego Silva Forné

incide en las latitudes donde se producen o trafican drogas, pero sin siquiera disminuir el volumen total de su producción (lo que se ha dado en llamar, el efecto globo). Es que ya resultan evidentes las finalidades no declaradas del sistema internacional de control de las drogas; desde los ámbitos académicos, políticos y económicos nadie duda que el sistema prohibicionista más que un mecanismo sanitario, deviene en régimen de control político y económico. A los magros resultados obtenidos tras décadas de implementación a nivel global de estas políticas, se fue contraponiendo con los años el enorme costo que habían generado en violencia social y cultural, vidas humanas, corrupción generalizada e inestabilidad institucional, particularmente en América Latina. El régimen punitivo draconiano emergente de las leyes de drogas de la región, originadas buena parte de ellas cuando las dictaduras militares asolaban el continente, unido a un sistema penal eminentemente selectivo, llevaron a una prisionización sin precedentes, inclusive de conductas menores, relativas a drogas. En varios Estados de la región a su vez, ante el fracaso del control penal, la militarización del conflicto para combatir el crimen organizado no solucionaría el problema, agregando a su vez más violencia. No sorprende entonces la proliferación de iniciativas que han emergido en la región en los últimos años, precedidas por el inédito fenómeno del activismo llevado a cabo por exmandatarios e inclusive por algunos presidentes de la región, también en foros internacionales. Paralelamente, la pretendida búsqueda de la salud universal a través de visiones transpersonalistas como la enarbolada por el modelo bélico, llevan al quiebre de la concepción del ser humano libre y responsable en que se asienta el sistema democrático y la noción de Derechos Humanos que, por otra parte, emergen del constitucionalismo moderno y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El paternalismo estatal nos relativiza como personas, en tanto parte de la base de que conoce qué es lo mejor para nosotros y, por

Prólogo

ende, decide en nuestro lugar, para ‘protegernos’ o para ‘hacernos mejores’. Sin embargo, las personas no precisan ser salvadas, sino más bien respetadas, y cuando lo precisen y lo deseen o acepten, apoyadas, asistidas y promovidas. El paternalismo estatal —salvo en algunas manifestaciones ‘blandas’—, así como el perfeccionismo, no son compatibles con la dignidad humana; coliden con el derecho a la libertad en su más amplia expresión y con el principio de autodeterminación personal. En este contexto internacional se inscribe la tesis de Adrián Restrepo, que indaga en la génesis del movimiento cannábico en Colombia, lo describe y analiza con profundidad y claridad, al tiempo que recrea lo hondo que ha calado el discurso prohibicionista en la sociedad de su país, lo discriminatorio que puede llegar a ser, y el esfuerzo creciente de la sociedad civil organizada para que se reconozcan sus derechos. Esa construcción de ciudadanía a través del movimiento cannábico que tan bien describe el autor, augura tiempos nuevos, a la par de otros activismos que han surgido en esta década en el mundo. Es que el siglo XXI viene acompañado de la movilización de la sociedad civil en torno a determinados temas; pareciera que cada vez con mayor intensidad la política tradicional viene cambiando y es el activismo el que marca la agenda: el ejemplo de la potenciación de los movimientos feministas en los últimos años en Occidente es el más claro. Adrián Restrepo nos describe una realidad socio política en permanente cambio, cuyos vaivenes generan nuevos desafíos y obstáculos al movimiento cannábico. Sin embargo, nadie puede dudar que ya no hay marcha atrás en el mundo en relación con este activismo; con las peculiaridades de cada nación y su particular coyuntura, los avances y retrocesos continúan generando en el continente nuevos espacios, ganados a través de diversas estrategias de movilización. La falacia prohibicionista —escandalosa particularmente en relación al cannabis— cada vez es más endeble y exponencialmente se multiplican las voces que la denuncian. Paralelamente, el discurso higienista o sanitarista en el tema, ha dejado en evidencia que no es más que un

Diego Silva Forné

mecanismo de control de la autoridad hacia ciertos sectores o colectivos, careciendo de fundamentos científicos y jurídicos. En este marco, este libro que hoy nos entrega Adrián Restrepo constituye un aporte imprescindible para conocer la lucha por los derechos que ha desplegado la movilización cannábica en Colombia, a la par que desnuda los intrincados laberintos de poder a nivel capilar, microsocial, que fue introduciendo el discurso prohibicionista, hoy enfrentado a una fractura que más temprano o más tarde deberá dejar lugar a políticas más racionales. La cruzada prohibicionista contra las drogas (algunas drogas) ha sido una de las experiencias más funestas en la historia de la Humanidad, que venía conviviendo durante milenios con los diversos usos de numerosas sustancias, sujetas a otros mecanismos de control, menos irracionales y menos cruentos. Y el camino que nos abre la investigación científica en torno a los usos medicinales y terapéuticos de plantas y sustancias hoy prohibidas, contribuirá también a seguir develando el sustrato falaz del modelo prohibicionista, así como el esquizofrénico tratamiento que comparativamente se les da a las drogas legales. El porvenir debería construirse sobre investigación seria y correlativa información, más información y nuevamente información, para que las personas adultas puedan elegir en forma libre y responsable su decurso vital, que podrá incluir o no el consumo de sustancias psicoactivas. Así se continuará construyendo ciudadanía, con hombres y mujeres libres, dueños de su propio cuerpo y responsables de sus propias decisiones. Diego Silva Forné Profesor Agregado de Derecho Penal en la Universidad de la República Oriental del Uruguay

Montevideo, a fines de septiembre de 2019

INTRODUCCIÓN El consumo de drogas está anudado con la historia de la humanidad. La concepción política y sociocultural de prohibir el consumo de algunas de ellas a nivel internacional es una invención del siglo XX (Escohotado, 1998). Antes del prohibicionismo los distintos usos de las drogas con sus respectivos consumidores no representaban propiamente un problema que demandara la intervención estatal ni mucho menos la creación de una política y un aparato burocrático de orden internacional para controlarlas. El prohibicionismo empezará a gestarse avivado por la cruzada moral desatada por el puritanismo norteamericano que veladamente ejercía prácticas de racismo y xenofobia tras la prohibición de ciertas drogas: la prohibición del opio dirigida a los chinos, la de la cocaína a los afro-estadounidenses y la prohibición del consumo de marihuana a los mexicanos (Silva, 2016). Colombia participa desde inicios del siglo XX de la política de la prohibición de ciertas drogas y de la guerra desatada contra ellas. Es así como el Estado colombiano suscribió los primeros tratados internacionales sobre el control de drogas. A partir de allí, el Estado ha reiterado su participación en esta política internacional, respaldando objetivos como los propuestos por la Organización de Naciones Unidas —ONU— en 1961: “la eliminación del consumo de opio en 15 años y el de coca y marihuana en 25 años” (Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia —CLDD—, 2010, p. 17). Este enfoque prohibicionista fue fortalecido por la administración del presidente estadounidense Richard Nixon quien, en 1971, declaró abiertamente la guerra contra las drogas. La política de prohibición de ciertas drogas y la estrategia de la guerra desatada contra ellas tiene una serie de líneas de acción concretas que, de acuerdo con Tokatlian (2009), han militarizado la lucha antidrogas. De allí prácticas como la erradicación forzada de los cultivos, la persecución de las estructuras criminales o narcotrafi-

Adrián Raúl Restrepo Parra

cantes y la criminalización de todos los actores relacionados con la cadena del negocio, incluidos los consumidores. Esta militarización desató una trama violenta característica de esta política en los distintos lugares donde se aplica, siendo Colombia uno de los países más afectados por el combate entre grupos de narcotraficantes y de estos con el Estado (Thoumi, 2010). Una muestra de la violencia desatada es la tristemente célebre guerra entre los carteles de Medellín y Cali y la persecución de ambos por el Estado en los años noventa. Uno de los argumentos más utilizados para justificar la confrontación militar tendiente a erradicar las drogas ilegales es que estas atentan contra la vida, especialmente la vida de los jóvenes. Según esta perspectiva, las drogas son “malas” porque destrozan la vida de los consumidores, son veneno. La llamada adicción y las presumibles muertes por sobredosis aparecen como indicadores de la peligrosidad de las drogas y, por lo mismo, la necesidad de erradicarlas, es decir de crear “un mundo libre de drogas”, un mundo donde no exista el consumo, tal como propuso la convención de 1961, propósito reiterado consecutivamente por los Estados miembros de la ONU. Visto así, los consumidores, especialmente los jóvenes, son las potenciales víctimas de las drogas. En el caso colombiano, los indigentes —personas que viven miserablemente en la calle— son presentados como la imagen que condensa la situación del enfermo por consumir drogas y el destino que espera a todo aquel consumidor de drogas ilegales como la marihuana. Los prohibicionistas con esta concepción del consumo consideran que no debe ni experimentarse ni probarse droga alguna —especialmente las ilegales— porque puede bastar una vez para “caer” en el abismo de la adicción y por esta vía perder la vida. Por ello, existen campañas publicitarias antidrogas que califican a la planta del cannabis como “la mata que mata”. La marihuana es considerada la puerta de entrada a las drogas “duras”, las cuales conducen finalmente a la indigencia y a la muerte. Según la lógica prohibicionista, todo consumidor de drogas, en particular de las declaradas ilegales, es considerado un enfermo porque solo alguien así atentaría contra su propia vida ingiriendo sus-

Ciudadanos consumidores de cannabis

tancias tóxicas, tomando veneno. Para los prohibicionistas, el consumidor llega a esa situación por obra del propio consumo, el mero hecho de probar marihuana conduciría a la pérdida de la autonomía y con ella a la pérdida de las ganas de vivir. Asociar el consumo con pulsión de muerte, sin analizar las circunstancias ni la historia del sujeto que las consume, conduce a los prohibicionistas a concluir que el consumidor es un enfermo porque perdió la voluntad, la capacidad de responder por sí mismo y, por tanto, requiere de la tutela o el amparo de otro que lo ayude a protegerse de sí mismo. La potestad de toma de decisiones del sujeto consumidor es entonces ocupada violentamente por el Estado y distintos sectores de la sociedad, quienes ejercen la tutela sobre su vida en aras de evitar que “las drogas lo maten”. Este aparente propósito loable autoriza al Estado y a sectores de la sociedad para ejercer tratamientos psiquiátricos conducentes a la desintoxicación y la resocialización del enfermo, incluso obrando en contra de él mismo, obligándolo a vivir. Al considerar al consumidor como un alienado, este pierde su voz y la capacidad de decisión sobre su propia vida, es infantilizado (Szasz, 2001). El Estado terapéutico y paternalista (Silva, 2016), el psiquiatra y la familia lo sustituyen como sujeto libre y autónomo, y son ellos quienes determinan así el curso de la vida del consumidor, alguien que debe restablecer su voluntad y su autonomía, o sea alguien que debe aceptar las normas sociales que prohíben el consumo de drogas como la marihuana y la tendencia de matarse consumiéndolas; pues, si lo hace, entonces deja de ser considerado un enfermo. Un sujeto “sano” sería aquel que ama la vida sobre cualquier situación adversa y no consume drogas. Para liberar a la juventud del peligro de “caer en las drogas” la política de la prohibición justifica una guerra contra ellas y contra todos los involucrados en su cadena de producción, procesamiento, comercialización y consumo, siguiendo el supuesto según el cual si no existen dichas drogas dejarán de existir los adictos y las muertes asociadas a ellas. A la par del trato de enfermo otorgado al consumidor que conduce al encierro psiquiátrico, los prohibicionistas sancio-

Adrián Raúl Restrepo Parra

nan además al consumidor y a quienes intenten consumir con penas privativas de la libertad, la cárcel. La criminalización de la cadena relacionada con las drogas declaradas ilegales hace del consumo un delito y del consumidor un delincuente. Los Estados al establecer oficialmente la ilegalidad del consumo de marihuana hacen legal el castigo para quienes quebranten la prohibición. El prohibicionismo no solo castiga con cárcel e incluso con la pérdida de la vida a quienes cultivan, procesan y venden marihuana sino también al consumidor. El ordenamiento jurídico tipifica como delito el consumo y consagra penas al respecto. En situaciones como estas la situación de enfermo, como es tratado el consumidor, posiblemente aminora la pena, pero no sirve para evitar su aplicación. En Colombia, por ejemplo, la Ley 30 de 1986, Estatuto Nacional de Estupefacientes, tipificó como delito la tenencia y el porte de marihuana. La tenencia para consumo personal era castigada con prisión de hasta 30 días, comúnmente llamada por los consumidores “el treintazo”, castigo que aumentaba en los casos de reincidencia. En estas circunstancias, el consumidor de marihuana recibe una doble sanción por enfermo y delincuente. Por un lado, es considerado como un enfermo necesitado de tratamiento psiquiátrico, que conlleva encierro y suministro de otras drogas (legales) que reemplacen las habitualmente tomadas por iniciativa propia, quedando bajo el control disciplinar de la medicina (Foucault, 2000). Y, por el otro lado, también es sometido al castigo y a la violencia del sistema judicial, lo que incluye la cárcel. Aunque ser catalogado como enfermo, alguien incapaz de responder por sus actos, por su propia vida, debería ser motivo suficiente para ser exonerado como delincuente, lo cierto es que el consumidor padece ambos castigos, el encierro psiquiátrico y el encierro carcelario. Decimos ambos castigos, porque el encierro psiquiátrico no es una opción para el consumidor, es una obligación que impone un juez, por lo general después de un periodo de reclusión. Para los prohibicionistas los consumidores son víctimas de las drogas, personas que han “caído” en las redes del comercio ilícito de