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COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Belén Campuzano Laguillo
Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo
Jorge A. Cerdio Herrán Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México
Owen M. Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
Luis López Guerra
Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Tomás S. Vives Antón
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR DE LA OPERATIVA Y DEL USO DE LA FUERZA POLICIAL Actas del I Congreso Internacional de evaluación técnica y jurídica de la operativa policial Jerez, 2015
LUIS RAMÓN RUIZ RODRÍGUEZ JOSÉ ANTONIO LORENTE ACOSTA JESÚS AYUSO VILACIDES Coordinadores
Valencia, 2016
Copyright ® 2016 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
© Luis Ramón Ruiz Rodríguez, José Antonio Lorente Acosta, Jesús Ayuso Vilacides y otros
© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9119-377-7 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-deempresa nuestro Procedimiento de quejas.
Presentación del libro de actas El libro de actas que se presenta constituye uno de los resultados cardinales de un Proyecto de I+D, que, a su vez, forma parte de una de las líneas de investigación principales que la Sección de Cádiz del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología viene desarrollando vinculado a la formación y la investigación policial en los últimos años. Desde la convicción del equipo de trabajo relativa a la necesidad de abordar de forma multidisciplinar la cuestión del uso de la fuerza policial, se consideró fundamental que los aspectos jurídicos, criminológicos, médico-forenses y técnico-científicos fuesen abordados de forma coordinada, pues las respuestas a los problemas que plantea el recurso a la violencia legítima del Estado se encuentran en todas estas disciplinas y en el trabajo de reflexión conjunta que las mismas pueden realizar. Tras años de esfuerzos en el área de la formación policial, se consideró necesario contrastar, mediante la investigación y experimentación, si los grandes problemas detectados en la formación y en la práctica policial podían obtener respuestas sólidas alejadas de las conjeturas o las sospechas. Con esa vocación se presentó una propuesta de Proyecto Coordinado de I+D+i al Ministerio de Economía y Competitividad bajo la rúbrica Estudio multidisciplinar de las defensas y las técnicas de intervención policial, dirigido a la prevención de riesgos profesionales y la mejor protección de los ciudadanos, siendo concedido en la convocatoria de 2012 y dividido en 3 Subproyectos a desarrollar en las Universidades de Cádiz y Granada y con referencias: Estudio jurídico-criminológico del uso de las defensas policiales y de las técnicas de intervención policial, DER2012-35997-C03-01, Estudio de los materiales de las defensas policiales y posibles mejoras, DER2012-35997-C03-03, Medicina legal y protocolos de defensa policial, DER2012-35997-C03-02, dirigidos respectivamente por los investigadores Luis Ramón Ruiz Rodríguez, Jesús Ayuso Vilacides y José Antonio Lorente Acosta. Como acción dentro del proyecto se previó la celebración, en la última anualidad del mismo, de un evento para la exposición de los resultados iniciales de investigación, lo cual tuvo lugar los días 15 a 17 de abril de 2015, en Jerez de la Frontera, en el I Congreso Internacional de evaluación técnica y jurídica de la operativa policial, y del mismo derivan estas actas que recogen no solo los resultados de los investigadores de los subproyectos, sino además las contribuciones de investigadores y profesionales de primer nivel
Presentación del libro de actas
de cada área de investigación abordada, así como las comunicaciones de profesionales y expertos del Derecho, la Medicina y la Física que contribuyeron al mejor éxito del Congreso. En todo caso, debemos expresar nuestro agradecimiento a los Entes Promotores Observadores del proyecto, por el apoyo prestado para su mejor desarrollo, en concreto a la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, la Jefatura de la Policía Local de Cádiz, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, la empresa EULEN, el sindicato CSIF, la Confederación Española de Policía y la Asociación Española de Guardias Civiles, así como a todas las personas que han colaborado para que el Congreso se desarrollase de acuerdo a los objetivos planteados.
Presentación del congreso LORENZO DEL RÍO FERNÁNDEZ
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
Quiero comenzar mi intervención en este acto con mi sincera felicitación a todos los integrantes del grupo de trabajo que está desarrollando el proyecto de investigación sobre técnicas de intervención y uso de defensas policiales, cuyos resultados van a ser expuestos en este I Congreso Internacional de Evaluación Técnica y Jurídica de la Operativa Policial. Mi enhorabuena, por tanto, a los investigadores de las Universidades de Cádiz y Granada, a las distintas instituciones que han colaborado y trabajado en este proyecto y, por supuesto y de manera especial, al Director del mismo y a todas las personas encargadas de su gestión y coordinación. La pretensión publicitada de este Proyecto de investigación es la formulación de una propuesta de mejora integral de la intervención policial, tras haber abordado su estudio desde distintas perspectivas: técnica, médico legal, jurídica y criminológica, algo totalmente novedoso hasta este momento. El efecto práctico resultante va a suponer, lógicamente, unas posibilidades de mejora en la formación en técnicas de intervención policial, conscientes de que una inadecuada formación en estas técnicas, o el uso de instrumentos no apropiados en esa intervención, generan problemas económicos, laborales y de protección de derechos fundamentales; aparte de la posible repercusión y transcendencia posterior en el ámbito judicial, lo que nos evidencia la importancia de la prevención antes de acudir a la jurisdicción que enjuicie posibles responsabilidades. Queda clara, pues, la trascendencia de este Congreso por la oportunidad de los distintos paneles a cargo de conferenciantes de gran rigor y altura intelectual. Como integrante del poder judicial, me van a permitir que mis palabras se ciñan, singularmente, a este último aspecto de afectación de derechos individuales y que no haga alarde de osadía introduciéndome en la vertiente técnica de la operativa policial. Los principios básicos en torno a los cuales gira el desarrollo de las funciones policiales vienen formulados en la recientísima Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que deroga la precedente del año 1986. Se alinea con los postulados del Consejo de Europa, en su Declaración sobre la Policía, y de la Asamblea General de
Lorenzo del Río Fernández
las Naciones Unidas en el “Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”, si bien tales principios, derivan, a su vez, de valores y principios constitucionales generales, que pueden resumirse así: respeto a la legalidad y adecuación al ordenamiento jurídico; jerarquía y subordinación; oportunidad, proporcionalidad, eficacia, responsabilidad, igualdad de trato y no discriminación; y, en fin, control administrativo y jurisdiccional de la intervención policial, siempre supeditada a una amenaza concreta o a un comportamiento objetivamente peligroso. Pues bien, la policía es un servicio público dirigido a la protección de la comunidad mediante la defensa del ordenamiento democrático, por lo que a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se ejerce el monopolio, por parte de las Administraciones Públicas, del uso institucionalizado de la coacción jurídica, lo que hace inevitable la utilización de armas y otros medios o instrumentos de defensa y coacción por parte de los funcionarios policiales. Es evidente, por tanto, la incidencia que sobre la vida y la integridad física de las personas puede tener la intervención policial, lo que exige el establecimiento de límites y la consagración de principios, sobre moderación y excepcionalidad en la utilización de las armas e instrumentos de coacción y defensa, surgiendo la necesidad de contar con criterios y supuestos claros y definidos, en los que ese uso pueda ser considerado como legítimo. Precisamente, la importancia y relevancia de este Congreso reside en buscar líneas de actuación, criterios lógicos, para solucionar esa tensión dialéctica que se produce cuando se busca la proporcionalidad entre los diversos intereses en juego. Asimismo, en el terreno de la libertad personal entran en igual tensión la necesidad de su protección por parte de la policía y el peligro real de su invasión, razón por la cual se articulan obligaciones terminantes sobre la protección de la vida, integridad física y dignidad moral y sobre el estricto cumplimiento de los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, en el ámbito del tratamiento de los detenidos. Como no podía ser de otro modo, la evaluación jurídica de la operativa policial atañe a todo el haz de funciones que la Ley asigna a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, reconociendo expresamente la dependencia funcional de las Unidades de Policía Judicial, respecto de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal, en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, tal y como refleja el artículo 282 de la vigente LECrim. En este ámbito, las reformas legales más recientes, y algunas de las que están
Presentación del congreso
en ciernes, vienen a delimitar nuevas formas de actuación policial o reglamentar intervenciones policiales que, de facto, ya se venían practicando sin contar con una regulación legal expresa, aún cuando no por ello resultaba posible decir que careciesen la necesaria cobertura legal. Así, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, publicada en el BOE de 31 de marzo, con entrada en vigor el 1 de julio de 2015, (salvo la disposición final primera, que afecta a la ley de extranjería y al denominado “rechazo en frontera” como régimen especial de Ceuta y Melilla), tiene por objeto la regulación de un conjunto de actuaciones de distinta naturaleza orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana, mediante la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos. En su regulación se destaca lo siguiente: a) el amplio catálogo de infracciones administrativas, que clasifica en muy graves, graves y leves, y la graduación de las multas a imponer por su comisión, que pueden alcanzar los 600.000 euros en el caso, de las muy graves; los 30.000 euros, en el de las graves; y los 6000, para las infracciones leves; b) la entrada y registro en domicilios, deben remitir sin dilación el acta o atestado que instruyan a la autoridad judicial competente; c) el requerimiento de identificación de personas, que precisa la existencia de indicios de participación en la comisión de una infracción, o que razonablemente se considere necesario realizar la identificación para prevenir la comisión de un delito; d) la realización de comprobaciones y registros en lugares públicos, de forma que la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas, no precisa del consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo; e) los registros corporales externos, que sólo podrán realizarse cuando existan motivos para suponer que pueden conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención que encomiendan las leyes, al tiempo que habrán de ser de carácter superficial, deberán ocasionar el menor perjuicio a la dignidad de la persona, efectuarse por un agente del mismo sexo que la persona sobre la que se practique y, cuando lo exija el respeto a la intimidad, en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros; f) la posibilidad de limitar o restringir la circulación o permanencia en vías o lugares públicos y establecer zonas de seguridad en supuestos de alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia, o cuando existan indicios racionales de que pueda producirse dicha alteración, por el tiempo imprescindible para su mantenimiento o restablecimiento. Por su lado, el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesa-
Lorenzo del Río Fernández
les y la regulación de medidas de investigación tecnológica, actualmente en tramitación parlamentaria, prevé dar una nueva redacción de los artículos 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recogiendo expresamente el derecho del detenido a entrevistarse reservadamente con su abogado, incluso antes de que preste declaración ante la policía, el fiscal o la autoridad judicial. No obstante, se prevé que estos derechos de defensa puedan ser modulados, motivadamente, en presencia de circunstancias excepcionales, previstas por la normativa europea, como la existencia de un riesgo para la vida, libertad o integridad física de terceros o el riesgo de frustración de los fines de la investigación. Este Proyecto afronta la regulación de las medidas de investigación tecnológica en el ámbito de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 18 y 24 de nuestra Constitución, algo que venía siendo reclamado por todos los sectores jurídicos desde hace ya tiempo, incluso por nuestro Tribunal Constitucional. La necesidad de esta regulación resultaba evidente ante el afloramiento de nuevas formas de delincuencia ligadas al uso de las nuevas tecnologías y que ponen de manifiesto de forma continuada la insuficiencia de la vigente normativa, ideada para otros tiempos. El texto proyectado autoriza la intervención y registro de las comunicaciones de cualquier clase que se realicen a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual, si bien somete todas ellas a los principios generales que establece, en un intento de que sea el juez, ponderando la gravedad del hecho investigado, el que determine el alcance de la injerencia del Estado en las comunicaciones particulares. El Proyecto prevé una duración inicial máxima de la intervención de tres meses, aunque contempla la posibilidad de ampliación y prórroga, pero fijando un máximo temporal total de dos años. La propuesta normativa contempla además, de forma expresa, la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica, acotando su ámbito material de aplicación; la captación y grabación de comunicaciones orales abiertas mediante el empleo de dispositivos electrónicos; aborda la regulación de la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y localización; el registro de dispositivos informáticos de almacenamiento masivo y el registro remoto de equipos informáticos y actualiza el uso de las medidas de investigación tecnológica por parte del agente encubierto en los canales cerrados de comunicación telemática y para la grabación de imágenes y conversaciones. En esta materia debe mencionarse la posibilidad que se establece en el ámbito de la detención y apertura de la correspondencia escrita y tele-
Presentación del congreso
gráfica, de que pueda ser ordenada por el Ministro del Interior o, en su defecto, por el Secretario de Estado de Seguridad, en caso de urgencia y en el marco de investigaciones relacionadas con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, dando cuenta al juez competente en el plazo máximo de 24 horas. Por otra parte, el Proyecto contempla expresamente los supuestos en que la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica no precisa de autorización judicial, recogiendo los supuestos ya determinados por nuestra jurisprudencia. En este orden de exenciones de la necesidad de autorización judicial previa, hay que mencionar también la prevista con ocasión de la ampliación de un registro a otro sistema informático distinto, cuando se tengan razones fundadas para considerar que los datos buscados se encuentran en él y siempre que concurran razones de urgencia, dando igualmente cuenta al juez competente en el plazo máximo de 24 horas. Por último, el nuevo texto legal faculta a la Policía Judicial a colocar dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización, de forma inmediata sin autorización judicial, cuando concurran razones de urgencia que hagan temer fundadamente que, en otro caso, se frustrará la investigación. En este caso, si la autoridad judicial no ratifica la medida, la información obtenida a partir del dispositivo o medio técnico colocado carecerá de efectos en el proceso. Y, en tercer lugar, la reforma pretendida por este Proyecto de Ley Orgánica se marca como objetivo adaptar el lenguaje que utiliza nuestra vetusta Ley procesal penal a los tiempos actuales, con la finalidad de evitar las connotaciones negativas y estigmatizadoras de expresiones como imputado o reo, sustituyéndolas por los vocablos investigado y encausado. Finalmente, debemos destacar otro Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, donde se abordan una serie de aspectos que no requieren desarrollo mediante ley orgánica, con el objetivo de corregir las actuales dilaciones del proceso penal. Así, la reforma proyecta extraer del ámbito judicial los procedimientos sin autor conocido que conllevan automáticamente el sobreseimiento provisional, sin ninguna diligencia judicial, medida que la Sala de Gobierno del TSJA que presido viene solicitando desde el año 2011 y, por tanto, nos parece acertada ya que tendría singular repercusión en la oficina judicial, permitiendo una más plena dedicación a otros asuntos con mayor repercusión e incidencia en la ciudadanía, al tiempo que evitaría un enorme trabajo improductivo. Ahora, el Proyecto generaliza esta medida, excepto para los delitos contra
Lorenzo del Río Fernández
la vida, la integridad física o contra la libertad e indemnidad sexuales, estableciendo la obligación de la Policía Judicial de conservar tales atestados sin autor conocido a disposición de los jueces y fiscales. Otra de las medidas con las que se pretende evitar una excesiva dilación del proceso penal es la consistente en el establecimiento de un límite temporal en que la instrucción haya de concluirse y adoptar la decisión procedente, bien de continuación del proceso, bien de sobreseimiento del mismo. Ese límite temporal se fija en 6 y 18 meses, según se trate de asuntos sencillos o complejos, y puede ser prorrogado en determinadas circunstancias, alcanzando el plazo máximo de instrucción de las causas complejas los tres años. Como es obvio, el establecimiento de un límite temporal para la instrucción genera un riesgo de impunidad en los casos en que transcurran los plazos establecidos. Para neutralizar ese riesgo, la reforma excluye que el agotamiento de los plazos determine sin más el archivo automático de las actuaciones, fuera de los casos en que proceda el sobreseimiento de la causa, libre o provisional, sino que establece la obligación del juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, de dictar la resolución que resulte procedente en orden a la conclusión del sumario o la continuación del procedimiento abreviado. Sin duda, el establecimiento de plazos para la práctica de las diligencias de investigación de los delitos y la determinación de sus responsables puede implicar la necesidad de revisar o adaptar algunas de las técnicas policiales utilizadas en este ámbito, pues la obtención de datos y resultados va a ser más apremiante desde el punto de vista temporal. Concluyo resaltando la importancia, como dije al comienzo, de una adecuada formación en técnicas de intervención policial, que no es posible sin un conocimiento pleno de las posibilidades legales de actuación y los límites normativamente impuestos en cada uno de los supuestos. A esa finalidad va a contribuir este Congreso. En la confianza de que será sumamente provechoso para todos ustedes, les doy las gracias por su atención y termino con las palabras protocolarias: Declaro inaugurado el I Congreso Internacional de Evaluación Técnica y Jurídica de la Operativa Policial, a celebrar en Jerez de la Frontera (Cádiz), los días 15, 16 y 17 de abril de 2015.
PONENCIAS
Assessing evidentiary value and addressing cognitive bias in forensic science MICHAEL E. SIGMAN1 AND MARY R. WILLIAMS National Center for Forensic Science University of Central Florida Orlando, FL, U.S.
Abstract: Many areas of physical evidence, including impression evidence (fingerprints, shoeprints, etc.), fire debris, handwriting and others have historically relied on visual pattern recognition methods. There is an increasing emphasis in laboratories throughout Europe and the United States to replace these subjective methods with objective ones while increasing the analysts’ understanding of the evidence and the usefulness of the evidence to the court and the investigator. These objective methods should address both the analysis of findings and the weighting of the importance of the findings. Objective methods offer protections against cognitive bias and can play an important role in de-biasing strategies. This chapter presents an introduction to emerging methods for assessing evidentiary value of physical evidence and how these methods may be coupled with de-biasing strategies to reduce the potential influence of cognitive bias. Introduction: In 2009 the National Academies of Science (NAS) in the United States issued a report entitled “Strengthening Forensic Science in the United States: A Path Forward” (1). The NAS report recommended, in part, the development of a stronger statistical basis for areas of physical evidence that are characterized by pattern recognition. Areas where the development of improved data analysis methods were recommended included finger mark examination, tool mark examination and handwriting analysis. Other areas, such as fire debris analysis, also rely on subjective interpretation of data patterns (2), and could benefit from more objective data analysis methodologies. Two years prior to the NAS report, a review of the status of forensic science accreditation in Europe was published (3). In addition to reviewing the status of accreditation in Europe, the authors emphasized the need for harmonization to a common set of standards and the development of a set of qualified laboratories spread across Europe. It is important that international standards of accreditation, such as ISO 17025, and those accrediting bodies that subscribe to these standards, ensure that all parties move toward objective methods of data interpretation, while continuing to focus on data collection, quality control and quality assurance practices. Ueblaker has recently edited a review of forensic practices worldwide (4).
Forensic methods that exhibit the property of inter-subjective testability, are sometimes incorrectly held to be objective by forensic scientists. Intersubjective testability, originally defined by Popper (5, 6), is “[t]he essential characteristics of any scientific test can be understood well enough to be replicated by another group of researchers” (6). While an experimental understanding that allows replication of results is important, it is no substi-
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michael.sigman@ucf.edu.
Michael E. Sigman - Mary R. Williams
tute for objectivity in the interpretation of testing results. Objective methods can help to insulate the analyst from cognitive bias. Bias and De-biasing: Minimizing contextual bias in forensic casework has recently been addressed by Stoel and coworkers (7). Cognitive bias can be subdivided into many different categories, some of which are more pertinent to forensic science (8). Anchoring is the tendency to rely too heavily on one piece of information when making decisions. This can be especially problematic in the absence of any estimate of the evidentiary value of a finding or when the sub-discipline of forensic science calls for the analyst to make categorical statements, a practice that should be avoided. Categorical statements are typically unfounded due to a lack of knowledge regarding prior probabilities (e.g., in pattern evidence) and the inability to evaluate the weight of these statements in relation to other evidence. Confirmation bias is the tendency to test hypotheses by looking for confirming evidence rather than evidence that may potentially disprove the hypothesis. Expectation bias, also known as experimenter’s bias, occurs when the expectation of what the analyst will find affects what they do actually find. This is also known as base rate bias, which reflects a tendency to bias expectations based on previous cases (7). Contextual bias is the tendency for a consideration to be influenced by background information. This can be a significant issue when the scene analyst passes biasing information to the laboratory analyst. The information may be important to an investigator, but not relevant to the laboratory testing. Reconstructive effects grow out of tendency to rely on memory, to fill in gaps on recall with what is believed to have happened. Reconstructive memory is thought to play a large role in the unreliability of eyewitness testimony and can have similarly negative effects for forensic scientists. Finally, role effects result from the tendency for individuals to identify themselves as part of a team with common goals. Role effects are an important basis for arguing for a separation of prosecutors or law enforcement from forensic laboratories. Many other categories of cognitive bias may be related to the forensic sciences and their effects can be significant. Cognitive bias cannot be eliminated from individuals; however, the effects of cognitive bias may be obviated to some extent by introducing de-biasing strategies. De-biasing strategies generally fall into three categories: motivational, cognitive and technological. Motivational strategies incorporate incentives or accountability. Cognitive strategies are mostly centered on training and technological strategies utilize models and decision support systems. De-biasing strategies that can be useful in forensic science include blinding (e.g., double blind proficiency tests), and the use of multiple “known� samples to guard against anchoring and confirmation bias. A Bayesian likelihood
Assessing evidentiary value and addressing cognitive‌
ratio approach can be implemented as an objective method, or when dealing with necessarily subjective evidence. Likelihood ratios have the added benefit of informing the analyst regarding a sample’s evidentiary value. Bayesian likelihood ratios and Bayesian belief networks may be part of an expert system designed to provide decision support to the analyst, as well as the judge and jury. The objective nature of technological de-biasing strategies can be very useful in guarding against contextual bias by ensuring that only relevant information is utilized in the interpretation of findings. Bayesian Approaches: Frequentists view probabilities as empirical facts, which can be useful if sufficiently large data sets are available to support the underlying models (9). In contrast, Bayesians view probabilities as representing degrees of belief. Objective Bayesians use Bayes rule without eliciting Bayesian Approaches: Frequentists viewrather, probabilities as empirical prior probabilities from subjective beliefs, they estimate priorfacts, prob-which can be useful if sufficiently large data sets are available to support the underlying models (9). In abilities from preliminary data. Alternatively, they will utilize the uninforcontrast, Bayesians view probabilities as representing degrees of belief. mative or flat prior where each hypothesis is given equal prior probability. Objective Bayesians use Bayes without eliciting prior probabilities from subjective beliefs, Subjective Bayesians, on rule the other hand, use subjective prior probabilities. rather, they estimate prior probabilities from preliminary data. Alternatively, they will Bayes theorem is shown inor Figure where the important terms are utilize the uninformative flat 1, prior where each hypothesis is identigiven equal prior fied (10). TheSubjective essence ofBayesians, the Bayes on theorem is that anuse initial estimate of probabilities. the probability. the other hand, subjective prior probability of a hypothesis, the prior probability P(H), can be modified by some evidence E. is The probability of E, H, isterms the conditional Bayes theorem shown in Figure 1, given wherehypothesis the important are identified (10). The probability andtheorem the probability observing the of evidence is denoted essence ofP(E|H) the Bayes is that anofinitial estimate the probability of a hypothesis, P(E). two terms P(H), can alter themodified original by estimate to give the the These prior probability can be some evidence E. posterior The probability of E, given hypothesis H, isE,the conditional probability P(E|H) and the science, probability probability of H, given which is written as P(H|E). In forensic we of observing the consider evidence two is denoted P(E). (or These two terms can theprosecution original estimate often hypotheses propositions), HPalter of the and to give the probability of H, given E, which is written P(H|E). In forensic HDposterior of the defense. When Bayes theorem is written for as both hypotheses and science, we two hypotheses propositions), HP result of theisprosecution theoften ratioconsider is written, as in Figure 2,(or a forensically useful obtained. and HD of the defense. When Bayes theorem is written for both hypotheses and the ratio is written, as in Figure 2, a forensically useful result is obtained. Figure 1 Bayes theorem with important terms identified
Figure 1. Bayes theorem with important terms identified. The two terms outlined in red in Figure 2 are the prior odds and posterior odds, and these are within the province of the trier of fact because they involve probabilities of hypotheses or propositions, whereas the term outlined in blue, the likelihood ratio (LR) is within the province of the forensic scientist and deals with the probability of observing the evidence under the two competing hypotheses.
Michael E. Sigman - Mary R. Williams
The two terms outlined in red in Figure 2 are the prior odds and posterior odds, and these are within the province of the trier of fact because they involve probabilities of hypotheses or propositions, whereas the term outlined in blue, the likelihood ratio (LR) is within the province of the forensic scientist and deals with the probability of observing the evidence under the two competing hypotheses. Figure 2 The ratio of Bayes theorem for the prosecution and defense propositions with important terms identified
Figure 2. The ratio of Bayes theorem for the prosecution and defense propositions with important terms identified. The probabilities in Figure 2 can be obtained from discrete data, or
from continuous data, in which case, we represent the conditional probaThe probabilities in Figure 2 can be obtained from discrete data, or from continuous bilities functions f(E|HPprobabilities ), shown in blue). When density data,asinprobability which case,density we represent the(e.g., conditional as probability considering the likelihood easily be visualized ), shown in blue). ratio Whencan considering continuousasdata, the functions continuous (e.g., f(E|HPdata, thelikelihood ratio of the two probability distributions at a given value of E, as shown ratio can easily be visualized as the ratio of the two probability distributions at in the inset in Figure 2. a given value of E, as shown in the inset in Figure 2. A simple example using discrete data: This example is patterned after A simple example using discrete data: This example is patterned after an exercise an exercise presented by Professor Charles Berger (Leiden University) and presented by Professor Charles Berger (Leiden University) and Professor Colin Aitken th Professor Colin (University of Edinburgh) in a workshop at the 9on Conference Forensic (University of Aitken Edinburgh) in a workshop at the 9th International International Conference on Forensic and Statistics (Aug Inference and Statistics (Aug 19 – 11,Inference 2014, Leiden, Netherlands). In19-11, the 2013 U.S. 2014, Leiden, Netherlands). In the 2013 U.S. Supreme Court case Florida Supreme Court case Florida v. Harris (11-817), it was held that evidence of satisfactory v. Harris (11-817), was held evidenceoroftraining satisfactory performance byreason to performance by ait canine in athat certification program was sufficient trust the alert. Theor case centersprogram on whether canine’s is sufficient a canine in dog’s a certifi cation training wasa suffi cientalert reason to trust probable an officer to conduct a search, typicallya of a motoralert vehicle. The cient trial court and thecause dog’sfor alert. The case centers on whether canine’s is suffi Florida’s First for District Court that the officer had sufficient causeveto conduct probable cause an offi cerheld to conduct a search, typicallyprobable of a motor a search based on the dog’s alert; however, the Florida Supreme Court reversed, hicle. The trial court and Florida’s First District Court held that the officer holding that the burden of probable cause had not been met. It is an interesting exercise to address the evidentiary value of the dog’s positive alert, taking a likelihood ratio approach. Unfortunately, sufficient numerical data to address the question is not provided in the Florida v. Harris reports. In a related case (State v. Stevens, 298 Wis. 2d 95, 2006, No. 05 CF 220), more information regarding the dog’s performance is available (11). In the
Assessing evidentiary value and addressing cognitive…
had sufficient probable cause to conduct a search based on the dog’s alert; however, the Florida Supreme Court reversed, holding that the burden of probable cause had not been met. It is an interesting exercise to address the evidentiary value of the dog’s positive alert, taking a likelihood ratio approach. Unfortunately, sufficient numerical data to address the question is not provided in the Florida v. Harris reports. In a related case (State v. Stevens, 298 Wis. 2d 95, 2006, No. 05 CF 220), more information regarding the dog’s performance is available (11). In the State v. Stevens, the canine’s training records were provided. A set of 297 field tests was carried out with 85 targets (tests containing drugs) and 212 non-targets (tests not containing drugs). The dog gave alerts for all 85 targets and for 11 non-targets. In 201 of the 212 non-targets, the canine did not alert. The test results are summarized in Figure 3. Figure 3 Results from canine field testing. Targets indicate the presence of drugs and non-targets indicate the absence of drugs
Figure 3. Results from canine field testing. Targets indicate the presence of drugs and non-targets indicate the absence of drugs. The competing propositions are the target (presence of drugs) and nontarget (no drugs present). The evidence in this case is the dog’s alert. The The competing propositions are the target (presence of drugs) and non-target (no drugs evidentiary value of an alert is expressed P(alert|target)/P(alert|non-tarpresent). The evidence in this case is the as dog’s alert. The evidentiary value of an alert is get), which can be read as the probability of alertcan given a target divided expressed as P(alert|target)/P(alert|non-target),an which be read as the probability of an by alert the probability of an alert given a non-target. The likelihood ratio can given a target divided by the probability of an alert given a non-target. The be likelihood calculatedratio as (85/85)/(11/212) = 19. Although this canine’s training can be calculated as (85/85)/(11/212) = 19. Although this canine’s record reflrecord ects perfect of targets, it is the alerts on non-targets training reflectsdetection perfect detection of targets, it is the alerts on non-targets (false (false positives) reduce the evidentiary of an A likelihood positives) that that reduce the evidentiary value ofvalue an alert. A alert. likelihood ratio of 19 could be ratio of 19 could be interpreted giving moderate in favor of interpreted as giving moderateassupport in favor ofsupport the proposition of the a target (the presence of drugs) rather than the alternative proposition of a non-target proposition of a target (the presence of drugs) rather than the alternative (no drugs present), see scale in(no Table 2 and discussion verbal scales given below. The proposition of averbal non-target drugs present), see of verbal scale in Table 2 of a non-alert is much higher, given the lack of of false negatives. The andevidentiary discussionvalue of verbal scales given below. The evidentiary value a nonvalues shown in Figure arelack derived from field tests, conducted under alert is much higher, given3the of false negatives. Thepresumably values shown in realistic conditions. The evidentiary values calculated from these data are only applicable Figure 3 are derived from field tests, presumably conducted under realiscases where are encountered (e.g., similar target levels, tic in conditions. Thecomparable evidentiaryconditions values calculated from these data are only concealment, etc.). Hierarchy of Propositions: The hypotheses, or propositions, considered for forensic applications have been assigned to levels I – III, as shown in Table 1 (12). The source level proposition is regularly encountered in forensic science, typically in a fashion
Michael E. Sigman - Mary R. Williams
applicable in cases where comparable conditions are encountered (e.g., similar target levels, concealment, etc.). Hierarchy of Propositions: The hypotheses, or propositions, considered for forensic applications have been assigned to levels I-III, as shown in Table 1 (12). The source level proposition is regularly encountered in forensic science, typically in a fashion analogous to the example given in Table I. An analytical “match” is often considered in forensic comparisons, but may sometimes be misinterpreted as a source comparison. A same or different source statement in the form of a likelihood ratio cannot be made without consideration of the relevant population data, whereas an analytical “match” conclusion does not require this consideration (13). It should be noted that an analytical “match” will never be perfect due to inherent noise and experimental uncertainties. The quality of the match can often be approached by a likelihood ratio method. The activity level proposition is often addressed in the context of forensic science as well. The activity and source propositions may be indistinguishable in some cases. For example, when the persistence of the trace evidence is not in question and answering the source of the trace is a direct reflection on the activity proposition (14). The offence level is the level at which the trier of fact would be expected to address the case (10). Table 1 Hierarchy of propositions Level
Generic
III
Offence
II
Activity
I
Source
Example • Mr. A committed the burglary • Another person committed the burglary • Mr. A is the man who smashed window X • Someone other than Mr. A smashed window X • The glass fragments came from window X • The glass fragments came from another window
Verbal Scales for Interpreting Likelihood Ratios: An additional advantage of the Bayes likelihood ratio approach is that the likelihood ratio is readily converted into a verbal scale that can standardize testimony. The verbal scale expresses the level of support for the prosecution or defense propositions, HP and HD respectively. One verbal scale is shown in Table 2 (15). The verbal scale may also facilitate communication of complicated numerical data with those who are less comfortable with the interpretation of numerical scales. A verbal scale based on an objective likelihood ratio allows the analyst to convey their perception of the strength of the evidence and all analysts can convey similar interpretations of evidentiary
Assessing evidentiary value and addressing cognitive…
value through the use of the same term. The verbal scale is meaningless in the absence of an associated likelihood ratio scale. However, an objective likelihood ratio (numerical value) does not require a verbal scale to convey evidentiary value. The Netherlands Forensic Institute (NFI) has adopted a verbal scale that addresses the findings in view of the propositions (16). The NFI verbal scale includes stating that the findings are “approximately equally probable”, “slightly more probable”, more probable”, “much more probable”, and “very much more probable” if HP is correct than if HD is correct. Table 2 Example verbal scale and corresponding likelihood ratio LR < 0.0001 (0.0001-0.001] (0.001-0.01] (0.01-0.1] (0.1-1] (1-10] (10-100] (100-1,000] (1,000-10,000] >10,000
Support VS(HD) (Very strong evidence to support HD) S(HD) (Strong evidence to support HD) MS(HD) (Moderately strong evidence to support HD) M(HD) (Moderate evidence to support HD) L(HD) (Limited evidence to support HD) L(HP) (Limited evidence to support HP) M(HP) (Moderate evidence to support HP) MS(HP) (Moderately strong evidence to support HP) S(HP) (Strong evidence to support HP) VS(HP) (Very strong evidence to support HP)
Implementing Likelihood Ratios: The European Network of Forensic Institutes (ENFSI) has recently issued a guideline for evaluative reporting which details the use of likelihood ratios (14). Evaluative reports are defined as those containing an “evaluative section” that assesses the strength attached to forensic findings within the context of a case. Evaluative reports are generated when a request has been made for a comparison between evidence from questioned and know sources, or when the forensic practitioner wishes to evaluate their findings relative to specific competing propositions or hypotheses. The evaluative part of the report is always based on likelihood ratios. Under this guideline, forensic findings alone are distinguished from the evaluation of their strength or evidentiary value in the context of the case. Reports generated by forensic scientists are evaluative. Investigative reports (for the purpose of giving investigative leads), intelligence reports (addressing phenomena or suggesting actions to be taken), or technical reports (factual reports addressing laboratory findings) may also be produced by forensic scientists. Evaluative reports should always address the level of the competing propositions (see Table 1) and may