Volumen
4
Edición
8
15-21 de agosto del 2025
Viajes gratis en otoño, RFTA eliminará tarifas en todas sus rutas regionales durante octubre y noviembre. • PAG 3
Lift-Up brinda seguridad alimentaria, educación y apoyo a las familias necesitadas desde Parachute hasta Aspen, sin importar su estatus migratorio. Foto por Klaus Kocher
Mientras crece el incendio Lee, autoridades actualizaron a residentes de Rifle sobre evacuaciones y condiciones críticas. • PAG 6
Cambios en SNAP afectarán a inmigrantes locales Hector Salas-Gallegos Sopris Sun Traducción por Dolores Duarte
Nuevo informe revela altos costos y escasez de cuidado infantil en Colorado, con grandes diferencias entre condados.. • PAG 10
Congresistas demócratas visitan centro del ICE en Aurora, pero se van sin datos clave ni respuestas claras. • PAG 11
En mayo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) anunció que los estados debían presentar información detallada sobre todos los solicitantes del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de los últimos cinco años. Esta medida ha generado preocupación entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes advierten que la divulgación de datos dará lugar a deportaciones dirigidas a personas indocumentadas y además negará a las familias los alimentos necesarios. El USDA solicita “los nombres de todos los miembros del grupo familiar, sus fechas de nacimiento, números de seguro social, direcciones residenciales y postales utilizadas o facilitadas, así como todos los registros de datos utilizados para determinar la elegibilidad o inelegibilidad”. Una evaluación del impacto sobre la privacidad del USDA también menciona una solicitud de información sobre el estatus migratorio y de ciudadanía, la educación, el empleo y el estado civil. Aunque los inmigrantes indocumentados no son típicamente elegibles a las prestaciones del SNAP, su información puede estar en peligro. Los hogares con estatus mixto que solicitan el SNAP deben proporcionar datos de todos sus miembros, incluidos los indocumentados.
Beatriz García, organizadora de Western Slope para la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado, dijo que este tipo de divulgación de datos es un riesgo significante para las comunidades de inmigrantes. “Estas son políticas que están afectando no solo a familias indocumentadas, sino también a las familias con estatus mixto, compuestas por ciudadanos y residentes legales, debido al temor de que el gobierno utilice su información para localizarlos y expulsarlos de los Estados Unidos por el simple hecho de ser inmigrantes”, dijo García. Sumado a estas preocupaciones la regla de “carga pública” de la ley de inmigración de Estados Unidos, que permite a los funcionarios de inmigración negar visas o ajustes de estatus si se determina que los solicitantes dependen probablemente de asistencia del gobierno. García señaló que algunos inmigrantes indocumentados evitan programas como el SNAP por temor a que pueda perjudicar sus casos de inmigración, a pesar de que el SNAP no se tiene en cuenta para la regla de carga pública. Lo que resulta es una relación delicada entre las personas indocumentadas y las agencias gubernamentales en torno a la privacidad de datos. El USDA defiende su solicitud de datos como una herramienta contra “el desperdicio, el fraude y el abuso”, citando una orden ejecutiva de marzo que concede “acceso ilimitado” a los datos estatales. Defensores como García ven esto como otra forma de agravar la injusticia.
“Los niños y las familias están sufriendo inseguridad alimentaria”, dijo García. “Y eso no es fraude. Es una realidad. Si el gobierno no quiere ver la realidad y quiere llamarlo fraude, es difícil porque el SNAP surgió de la necesidad de proteger a las familias para que pudieran tener un plato de comida sobre la mesa. Y si eso es fraude para un gobierno, eso significa estar en contra de un sistema humanitario”. Datos del Urban Institute estiman que 298,000 familias de Colorado perderán una parte o la totalidad de sus prestaciones del SNAP debido a los recortes del ‘Big Beautiful Bill’. En promedio, los hogares se enfrentan a una reducción de $88 dólares al mes, o $1,056 dólares anuales. Con tantas familias potencialmente afectadas, las organizaciones locales se están preparando para el aumento en la demanda de sus servicios. Lift-Up ha funcionado por mucho tiempo como una red de seguridad vital desde Aspen hasta Parachute. Desde el colapso de la industria de la pizarra bituminosa hasta la pandemia de COVID-19, Lift-Up ha creado numerosos programas de seguridad alimentaria para satisfacer las necesidades cambiantes y crecientes del valle. Desde 2020, Lift-Up afirma que ha visto un aumento del 600% en la demanda y espera que la cifra vaya en aumento. Elyse Hottel, directora ejecutiva interina de Lift-Up, explicó que la ayuda alimentaria contribuye a aliviar los problemas. “Hay Y LIFT UP VIA PAG 13