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Septiembre 2018

Contenido

04 Mensaje del Rector 05 Campus sostenible

Sentido de la gestión social universitatria

Hacia la construcción de un modelo pedagógico Lasallista enfocado en la responsabilidad social universitaria

06 Diagnóstico sobre actividades enfocadas a

la responsabilidad y compromiso social que realizan las instituciones lasallistas de la RELAL

12 Proyección y responsabilidad social en la innovación constructiva

18 La efectividad del juicio de amparo como

instrumento para la materialización del derecho a la consulta de la Tribu Yaqui: el caso del acueducto independencia

26 Propuesta de un código nacional de

procedimientos civiles y familiares de predominio oral

34 Impacto del servicio social de pasantes de

nutrición y fisioterapia de la Universidad La Salle Noroeste promoción agosto 2016

46 Experiencias del programa de intervención

en pedagogía hospitalaria en el aula sigamos aprendiendo en el hospital

54 Importancia de la investigación y la

responsabilidad social en proyectos de diseño de modas y calzado

61 El poliestireno expandido como recurso para la producción de objetos de diseño y arte

67 Experiencias en desarrollo de proyectos

productivos y recursos multimedia para el apoyo a grupos vulnerables del sur de Sonora

74 Mesas de reflexión 82 Revisión de la literatura sobre la Responsabilidad Social Universitaria Programa de formación de líderes sociales

88 Análisis de la estrategia educativa y vinculación al principio de sustentabilidad

Revisión de la literatura sobre la Responsabilidad Social Universitaria Conclusiones y Compromisos del XVII Foro de Maestros Lasallistas

Directorio

Rector: Dr. Salvador Valle Gámez Directora Académico: Mtro. Mónica Vívian Mascareño Coordinadora de Investigación: Dra. María Anabell Covarrubias Díaz Couder Coordinadora de Área de Ciencias Económico-administrativas: Mtra. María Guadalupe Leticia Ramírez Buentello Coordinadora de Área de Ciencias de la salud: Mtra. Haydée Juárez Calderón Coordinadora de Área de Arte, Arquitectura y Diseño: Mtra. Mónica Merelles Lourido Coordinador de Área de Ingeniería y Tecnología: Dr. Eduardo Núñez Pérez Coordinador de Área de Ciencias Sociales y Humanidades: Lic. Jaime Alberto Castro Fontes Coordinador del Área de Pastoral Universitaria Lic. Luis Alberto Armenta Grajeda Coordinadora del Área de Comunidad Multicultural Mtra. Ana Laura Mendoza Argomaniz

JU’UNEA Revista de Investigación, Año 3, número 3. 2018. Es una publicación semestral editada por la UNIVERSIDAD LA SALLE NOROESTE, A.C., a través de la Coordinación de Posgrado e Investigación, Calle Veracruz S/N, Norte, Fraccionamiento Obregón Norte, Código Postal 85019; teléfono (644) 4-1060-00, ext. 6025. http://www.ulsa-noroeste.edu.mx E-mail: mvivian@ulsanoroeste.edu.mx. Editor Responsable: Dr. SALVADOR VALLE GÁMEZ. Derechos de Autor Reservados número 04 - 2018 - 03113443300 - 203 ISSN 2395 - 9231, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, impreso por talleres de la Universidad La Salle Noroeste A.C, ubicados en Calle Veracruz S/N, Norte, Fraccionamiento Obregón Norte, Cd. Obregón, Sonora México. Este número fue difundido en formato electrónico a través del sitio de Universidad La Salle Noroeste, A.C. http://www.ulsa-noroeste.edu.mx. Las opiniones expresadas por los autores, no necesariamente reflejan la postura del Editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la repro-ducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación, sin previa autorización del Instituto Nacional del Derecho de Autor.

editorial

Comité Editorial Dra. María Anabell Covarrubias Díaz Couder Lic. Isabel Fuente Navarro Lic. Alejandra Valenzuela Ibarra

Mensaje del Rector El mero progreso científico y tecnológico que brota de los núcleos académicos, no es suficiente para una adecuada formación integral. Una labor pertinente de las Universidades es evaluar las conquistas de la ciencia y de la tecnología desde una perspectiva de la totalidad de la persona. Esto conlleva a una búsqueda de nuevos conocimientos en cada ámbito y una profundización de las verdades por medio de un diálogo interdisciplinario que motive la integración de las ciencias con la fe. No basta transmitir el conocimiento adquirido y repetido, los estudiantes y docentes universitarios deberán hacer un esfuerzo constante por identificar la pertinencia y el significado de las distintas disciplinas en un contexto humanizante actual y real. La enseñanza y la investigación deberán enfocarse en estudiar a fondo las raíces y las causas de los graves problemas de nuestro tiempo. Es por ello, que los descubrimientos científicos y tecnológicos, inevitablemente imponen la necesaria búsqueda de significado para asegurar que los nuevos conocimientos sean utilizados para un auténtico bien común. Nuestra realidad reclama hombres y mujeres dispuestos a ser instrumento y a desarrollar un deseo insaciable por contribuir al progreso intelectual y cultural de su persona y de la sociedad. Deberán aprender a ver más allá del beneficio personal y económico que muchos de ellos conllevan, y asumir las pertinentes responsabilidades éticas del mundo profesional para ponerlos al servicio de aquellos que más los necesitan. Conocedores de esta gran responsabilidad, en esta edición de la revista Ju’unea Revista de Investigación, se presentan los trabajos realizados en el XVII Foro de Maestros Lasallistas: de los actos a los impactos, del cual fuimos sede durante el mes de octubre de 2017. En esta publicación se comparten los trabajos que surgieron de las aportaciones de los docentes lasallistas participantes y sus experiencias entorno a la Responsabilidad Social Universitaria, producto de las diversas realidades y contextos a los que responden cada una de las instituciones de educación superior La Salle en el país.

INDIVISA MANENT “Lo unido permanece”

Dr. Salvador Valle Gámez Universidad La Salle Noroeste Rector

Campus sostenible Mtro. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga Instituto Tecnológico de Sonora

Referencias: https://www.youtube.com/watch?v=b2G45t0a8OI

Sentido de la gestión social universitatria Dra. Omayra Parra de Marroquín Facultad de Teología en la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

Referencias: https://www.youtube.com/watch?v=Qu_RruC4DZE

Hacia la construcción de un modelo pedagógico Lasallista enfocado en la responsabilidad social universitaria Dra. Magaly Saénz Gutiérrez Universidad Rafael Landivar de Guatemala

Referencias: https://www.youtube.com/watch?v=5-GhajmyuFA

DIAGNÓSTICO SOBRE ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL QUE REALIZAN LAS INSTITUCIONES LASALLISTAS DE LA RELAL “La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común”. (Cfr. Laudato Si, 13) Cuando se habla de Responsabilidad Social en instituciones educativas, es de gran importancia tener muy en cuenta el término “capacidad”, ya que en ella se fundamenta la capacidad que tiene la institución de hacer vida esta propuesta y en su definición de valores y principios en el plano personal referido a la dignidad de la persona, la libertad y la integridad; en el plano social enfocado en el bien común y equidad social; desarrollo sostenible y medio ambiente y finalmente en el plano educativo comprometidos con la verdad,la excelencia, la interdependencia y la transdisciplinariedad. En el contenido de este reporte de investigación, se presenta el estado actual que guardan las instituciones educativas lasallistas de la RELAL en lo referido a las prácticas enfocadas a formar y desarrollar el compromiso y la responsabilidad social en los alumnos. Como hallazgos principales se tiene que la mayoría de las instituciones circunscriben el concepto de responsabilidad social a temas ecológicos, sin embargo las instituciones manifiestan su preocupación por problemas sociales y por la formación de agentes de cambio; además los alumnos manifiestan coductas que reflejan su sensibiliad social y ambiental. La metodología para la realización del diagnóstico se define a través de una investigación de tipo descrptiva con alcanace cuantitativo, el diseño es no experimental de corte transversal ya que se aplicó un cuestionario de respuesta cerrada en un período determinado de tiempo y que cubre cuatro orientaciones estratégicas sobre la Gestión interna de la institución, docencia, proyección social e investigación. Mtro. Carlos Manuel Castañeda Casas FSC Secretario Regional de Misión, RELAL carloscastaneda@relal.org.co Dra. Mónica Fca. Vívian Mascareño Universidad La Salle Noroeste, México mvivian@ulsa-noroeste.edu.mx

Palabras Clave:Responsabilidad Social, capacidad, gestión, docencia, proyección social e investigación. Introducción La sociedad moderna está en un proceso que le lleva a superar el enfoque filantrópico de la inversión social (como gasto extra) para entenderse a sí misma bajo el nuevo paradigma de la Responsabilidad Social. En sintonía, la institución educativa está llamada a superar el enfoque de la “proyección social y extensión” como “apéndices” bien intencionados a su función central de formación estudiantil y producción de conocimientos, con la finalidad de asumir la verdadera exigencia de la Responsabilidad Social. (Vallaeys, s/f).

Para precisar orientaciones estratégicas generales de responsabilización social de la institución educativa, Vallaeys (s/f) propone enfocar 4 líneas de acción institucional:

1. La responsabilidad social en el ámbito educativo. La sociedad moderna está en un proceso que le lleva a superar el enfoque filantrópico de la inversión social (como gasto extra) para entenderse a sí misma bajo el nuevo paradigma de la Responsabilidad Social. En sintonía, la institución educativa está llamada a superar el enfoque de la “proyección social y extensión” como “apéndices” bien intencionados a su función central de formación estudiantil y producción de conocimientos, con la finalidad de asumir la verdadera exigencia de la Responsabilidad Social. (Vallaeys, s/f).En lo que concierne la Gestión interna de la Institución, la meta es orientarla hacia la transformación de la Universidad o escuela en un pequeña comunidad ejemplar de democracia, equidad (supresión de las segregaciones y corrección de los privilegios), transparencia (política y económica), y hacer

de ella un modelo de desarrollo sostenible (política de protección del medio ambiente, uso de papel reciclado, tratamiento de los desechos, etc.). Hacer de la institución educativa una comunidad socialmente ejemplar es beneficiarse de una doble fuente de aprendizaje: el estudiante aprende su programa académico, pero también aprende los hábitos y valores ciudadanos. Es la formación en valores por medio de la práctica cotidiana de principios y buenos hábitos que son asumidos por una comunidad. Esta dimensión promueve la gestión socialmente ética, participativa y sostenible de la vida institucional de cada institución lasallista. 2. En lo que concierne la docencia: La meta es de capacitar a los docentes en el enfoque de la Responsabilidad Social Universitaria y promover en las especialidades el Aprendizaje Basado en Proyectos de carácter social, abriendo el salón de clase hacia la comunidad social como fuente de enseñanza significativa y práctica aplicada a la solución de problemas reales.Que el estudiante aprenda lo que tiene que aprender haciendo cosas útiles y formándose como ciudadano informado y responsable. Esta dimensión favorece una política de formación académica socialmente responsable que promueva en nuestros alumnos aptitudes de solidaridad y responsabilidad social y ambiental, en el marco de una verdadera formación integral e íntegra. 3. En lo que concierne a la proyección social: La meta es de trabajar en interfaz con los departamentos de investigación de las universidades, con las Organizaciones de la Sociedad Civil y con los docentes para implementar y administrar proyectos de desarrollo que, por un lado, puedan ser fuente de investigación aplicada y recursos didácticos para la comunidad universitaria, y por el otro, fomenten trabajo voluntario entre los alumnos de todos los niveles educativos, para atender verdaderas problemáticas sociales. Esta dimensión busca que la comunidad educativa mejore continuamente su comportamiento social solidario para la promoción del Desarrollo Humano Sostenible. 4. Referente a la investigación: La meta es de promover la investigación para el desarrollo, bajo todas las formas posibles. Que los estudiantes, desde niveles básicos hasta universitarios, utilicen el método científico para identificar las causas de la pobreza, de la desigualdad y de los problemas sociales y que descubran alternativas de solución. Esta dimensión busca asegurar la generación y trasmisión de conocimientos interdisciplinarios congruentes con el Desarrollo Humano Sostenible, tanto en su temática como en su proceso de construcción y difusión.

Tabla 1. Campus de Regulación Vs Tipo de responsabilidad

Tipos de Responsabilidad Moral Jurídica Social

Campo de Regulación Las intenciones y los actos Los actos y su penalización Los impactos y sus efectos sistémicos

Fuente: Modelo de Responsabilidad Social Lasallista, Distrito México Norte

Así, se tienen cuatro dimensiones con las cuales es posible desarrollar la responsabilidad social en el ámbito de la educación.

Según Vallaeys (s.f.) la “sed de ética” del mundo actual hoy se encarna en lo que llamamos “Responsabilidad Social”, que abarca la idea básica de que, no basta que las organizaciones cumplan con el marco legal vigente, sino que tengan en cuenta las consecuencias secundarias de los impactos que generan sus acciones en el entorno social y

ambiental. La responsabilidad social complementa las responsabilidades moral y jurídica, siendo una responsabilidad colectiva promotora de creatividad política, en lugar de ser una responsabilidad que impute personalmente (Vallaeys, 2011). La responsabilidad moral y jurídica regulan los actos, mientras que la responsabilidad social regula los impactos; es decir, no lo que hacemos con sus consecuencias inmediatas y locales, sino el impacto de lo que hacemos con sus emergencias sistémicas lejanas y globales (Vallaeys, 2013): El cambio de perspectiva entre actos e impactos, según Vallaeys (2011), se muestra en la tabla 2.

Para Gómez Restrepo (2010), la Responsabilidad Social se refleja en el impacto político de nuestros proyectos educativos y la capacidad que tienen de ayudar en la transformación social y productiva hacia la construcción de una sociedad mayormente equitativa y más sólida en sus instituciones democráticas.

Realizar una reflexión sobre las formas en que la escuela lasallista impulsa la conciencia de responsabilidad social en sus alumnos y fomenta en la comunidad educativa actitudes congruentes se torna importante, más aún al ser conscientes de que el cuidado y promoción de la responsabilidad social es una herencia de familia y al haber recibido el llamado del Papa Francisco a proteger nuestra casa, haciendo notar que eso “incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común”. (Cfr. Laudato Si, 13).

Tabla 2. Cambio de perspectiva entre actos e impactos

Actos Los actos tienen autor, son producto de las personas. Yo soy el sujeto de mis actos. Los actos distinguen a sus autores, son generalmente visibles, conscientes y voluntarios. Los actos y sus consecuencias son imputables a sus autores.

Impactos Los impactos no tienen autor, son productos sociales, sistémicos. Yo participo de impactos que me superan. Los impactos ligan y enredan a sus “interactores” en forma generalmente invisible e involuntaria Los impactos no son directamente imputables a las personas, sino al conjunto social.

Fuente: Modelo de Responsabilidad Social Lasallista, Distrito México Norte

En otro orden de ideas, en el 45° Capítulo General del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, en el año 2104, constató que la investigación en el mundo lasallista contribuye al desarrollo del pensamiento científico y el de las herramientas para mejorar las condiciones de vida de los hombres y mujeres de hoy (cfr. Circ. 469, 3.21), e insistió a la familia lasallista en ir más allá y responder creativa y audazmente a las necesidades de los más vulnerables, impulsando, entre otros, proyectos educativos en dónde se aprecie el privilegio de trabajar con y por los pobres (Ídem, 3.28). Para responder a este y otros llamados, la Asamblea Regional de Misión Educativa, en 2014, pidió a la Región Lationamericana Lasallista –RELALconsolidar redes que permitan acompañar procesos de formación, investigación y sistematización de las buenas prácticas existentes en la RELAL (Cfr. PAR de RELAL 2015).

Debido a lo anterior, la Secretaría de Misión de la RELAL, en coordinación con la Universidad La Salle Noroeste de México, convocaron a las instituciones educativas lasallistas de en América Latina y el Caribe a participar en un diagnóstico que cuyo propósito principal era el de mostrar el estado actual de las prácticas que llevan a cabo las instituciones educativas lasallistas de América Latina y el Caribe enfocadas a formar y desarrollar el compromiso y la responsabilidad social en los alumnos. El tema de la responsabilidad social ha sido ampliamente estudiado. Si bien podemos afirmar que la formación en la responsabilidad social es una tradición lasallista, también debemos tomar en cuenta que el desarrollo teórico del tema demanda su atención así como una reflexión sistemática sobre la sintonía que existe entre la teoría y los proyectos educativos y la vida cotidiana en la institución educativa lasallista.

Por lo anterior, se plantea el siguiente cuestionamiento ¿Cuál es el estado actual que

guardan las instituciones Lasallistas de América Latina y el Caribe en relación a las prácticas de Responsabilidad Social? Objetivo

Realizar un diagnóstico que muestre el estado actual de las prácticas que llevan a cabo las instituciones educativas lasallistas de la RELAL enfocadas a formar y desarrollar el compromiso y la responsabilidad social en los alumnos. Metodología

La metodología general descrita para el diagnóstico se define a través de una investigación descriptiva con alcance cuantitativo ya que solamente se presenta la situación actual que prevalece en las instituciones Lasallistas de la RELAL respecto a las actividades que desarrollan encaminadas al compromiso y responsabilidad social en su comunidad; el diseño es no experimental de corte transversal ya que se aplicó un cuestionario de respuesta cerrada (ver Anexo 1)en el periodo de agosto a octubre de 2016, las selección de la muestra fue no probabilistica ya que se obtuvo información de aquellas instituciones que respondieron el cuestionario en el tiempo establecido. Los elementos materiales para la investigación fueron: (a)Software minitab para el proceso de la información, (b)Software Typeform para responder cuestionarios en línea, (c)Modelo de Responsabilidad Social Lasallista del Distrito México Norte, (d)Indicadores de RSU de Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe (ORSALC) y (e) Modelo de RSU de François Vallaeys. El procedimiento para realizar la investigación se enlista a continuación:

• Diseño y validación de constructos y contenidos del instrumento para la recolección de información. • Invitación a las Instituciones Educativas de la RELAL a participar en la investigación. • Aplicación del instrumento

• Análisis de la información • Presentación de resultados y conclusiones de la investigación

Resultados

El cuestionario fue respondido por 55 instituciones educativas provenientes de 8 países pertenecientes a 6 distritos: 18 de Antillas –México Sur, 14 México Norte,11 de Bolivia-Perú, 6 de Norandino, 5 de Centroamérica-Panamá y 1 de Brasil-Chile; la mayoría son instituciones que imparten educación básica y media superior, un número menor de instituciones de educación superior que en algunos casos imparten los tres niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Como resultado en las 4 orientaciones estratégicas sobre la Gestión interna de la institución, docencia, proyección social e investigación, se obtuvieron los siguientes resultados.

La primera sección del instrumento corresponde a la Institución educativa Responsable, esta dimensión busca indagar la forma en la que las instituciones promueven la gestión ética, participativa y sostenible. Primeramente se les preguntó que mencionaran algunos aspectos de la misión institucional que a su criterio tuvieran relación con la responsabilidad y compromiso social de su contexto, ante la diversidad de respuestas se diseñaron categorías que abarcaron en su totalidad a las respuestas obtenidas, con mayor frecuencia se encontró la formación integral e inclusiva de niños y jóvenes que contribuyan en la creación de sociedades justas; por citar algunas de ellas: Agentes de cambio con el entorno global, alto compromiso ético y su contribución al desarrollo social sustentable, promoción de la equidad, el diálogo, el compromiso con el desarrollo humano integral, la defensa y el cuidado de la vida, comunidad educativa asociada para la construcción de una sociedad justa, incluyente, democrática y pacífica; seguida de Apoyo a comunidades en estado de vulnerabilidad tales como el trabajo sistemático y deacompañamiento con personas de la tercera edad en el centro geriátrico, ayuda humanitaria, becas a estudiantes de escasos recursos, apoyo académico en zonas rurales, campañas de recaudación de recursos en especie y efectivo par el apoyo de sectores vulnerables de la población, entre otras. Con frecuencia moderada, la formación en valores y la responsabilidad en cuidado del medio ambiente y escuela sustentable; tales como programas de eliminación de residuos sólidos y capmañas de arborización, recolección de baterías usadas, reciclado de hojas de papel, elaboración de artículos con botellas ,taparroscasy palos de paleta y reciclaje de aguas negras . Con menor frecuencia, ser trasnformadores de la sociedad, en igual proporción las misiones lasallistas, el compromiso

con la evangelización de niños y jóvenes y la pastoral lasallista y solamente dos de ellas mencionaron acciones encaminadas a la Responsabilidad Social.

Según los resultados obtenidos, las Instituciones educativas de la RELAL Sí promueven la gestión socialmente ética, participativa y sostenible de la vida de cada institución Lasallista ya que la gran mayoría de las instituciones estan totalmente de acuerdo y de acuerdo en que las instituciones promueven el trabajo en equipo y la solidaridad, la imagen que proyecta la institución es congruente con la misión institucional, su institución se preocupa por el desarrollo personal y profesional de sus académicos; el trabajo operativo se concentra en un plan anual integral, hay un buen clima laboral, existe coherencia entre el decir y el hacer y si cuentan con políticas institucionales sobre el cuidado al medio ambiente que les permite adquirir hábitos ecológicos. En lo que corresponde a la dimensión de Formación Ética y Ciudadana, se observa un porcentaje de percepción positiva superior al 70% respecto a la capacitación de profesores en temáticas referentes al compromiso ciudadano, ética y responsabilidad social; asimismo el 86% también opina que en las instituciones se imparten materias cuyos contenidos responden a las necesidades sociales de su entorno, tal como lo muestran las gráficas 1 y 2.

Figura 1. Capacitación de personal referente al compromiso ciudadano Fuente: Elaboración Propia

Figura 2. Materias con contenidos que responden a necesidades sociales Fuente: Elaboración Propia

De igual forma más del 90% opina que las metodologías pedagógicas que utilizan los profesores de la institución contemplan al dimensión de servicio además de las propias referidas al proceso enseñanza-aprendizaje. Además, en su totalidad, las instituciones opinan que se propicia entre sus estudiantes la reflexión sobre temáticas relacionadas con la injusticia social y los riesgos ecológicos del mundo actual. En general, respecto a esta dimensión, las instituciones sí favorecen una política de formación académica socialmente responsable que promueve en los estudiantes aptitudes de solidaridad y responsabilidad social ambiental, en el marco de una formación integral e íntegra. El instrumento contempla una tercera dimensión enfocada a la Investigación para la transformación social, cabe destacar que un par de preguntas están enfocadas a instituciones que imparten nivel básico y otras están directamente enfocadas a instituciones de educación superior. De acuerdo a los resultados obtenidos, casi en su totalidad (94%), las instituciones promueven la formación de grupos multidisciplinarios para el desarrollo de investigación, mismos que son guiados por sus maestros. A la luz de los resultados, se observa que en el nivel medio superior y superior, las instituciones realizan actividades que fomentan la investigación con impato social y cuidado al medio ambiente, por citar algunas de ellas: Proyectos de investigación en el campo social, educación, salud, medio ambiente realizado por alumnos finalistas, esta experiencia les permite acercarse a la realidad y adquirir compromisos además de dotarles de competencias en el campo de la investigación, uso del método científico para llegar a conclusiones sobre causas de problemas sociales y en bachilleratos técnicos desarrollan proyectos sobre la creación de nuevos productos.

En el nivel básico también casi en su totalidad los alumnos desarrollan actividades que fomentan la innovación tales como: exposición de proyectos integradores que se exponen durante las ferias de ciencia y tecnología, campañas ecológicas y de reciclado, programa de ecoinventos jugando aprendo, programa de pequeños emprendedores ciudadanos, clasificación de la basura, programa salvemos al planeta, entre otras.Un alto porcentaje de las respuestas fue no aplica y corresponde a 14 universidades, lo anterior se debe a que la pregunta está orientada a las instituciones que imparten nivel básico y medio superior y que desarrollan al interior de la institución semanas de ciencia y tecnología, proyectos innovadores desde prescolar hasta bachillerato con poca estructura metodológica y que son consideradas como actividades que fomentan la innovación en los estudiantes.

En la misma dimensión se consideran otros aspectos relacionados con la investigación para la transformación social, en su mayoría enfocadas a

las Instituciones de educación superior, en la cual un alto número de instituciones realiza Alianzas con ONG´s, Gobierno o empresas para el desarrollo conjunto de proyectos, asigna presupuesto para investigación, cuenta con medios de divulgación de productos de investigación y cuentan con un código de ética que debe de estar presente en el desarrollo de proyectos de investigación.

Finalmente, el instrumento contempla la dimensión de Proyección social, misma que busca fomentar en los alumnos el compromiso social ciudadano. La gráfica indica que las instituciones Sí manifiestan su preocupación por problemas sociales y por la formación de estudiantes agentes de cambio. Además Cinco instituciones de nivel básico pertenecientes al distrito Antillas-México Sur respondieron no aplica, no se cuenta con elementos suficientes para clarificar la respuesta.

Figura 3. Preocupación por problemas sociales y por la formación de estudiantes agentes de cambio Fuente: Elaboración Propia

En el análisis de la misma dimensión, La siguiente gráfica indica que en la mayoría de las instituciones de educación (80%) los alumnos realizan actividades relacionadas con voluntariados y servicios a la comunidad. Un alto porcentaje de instituciones considera de manera positiva que el trabajo que se realiza en los voluntariados sí promueve el compromiso social de los estudiantes, sin embargo El 7% de las instituciones respondió “no aplica” probablemente por desconocimiento de las actividades que realizan los alumnos en los voluntariados.

Figura 4. Actividades relacionadas con voluntariados Fuente: Elaboración Propia

Otro hallazgo importante es que en la mayoría de las instituciones, los alumnos manifiestan conductas que reflejan su sensibilidad social y medio ambiente, tales como:

• Desarrollo de modelos de participación ciudadana en conjunto con las universidades • Participación de estudiantes en observatorio ciudadano, asilo de ancianos, ayuda en desastres naturales, apoyo en campañas en pro del cuidado al medio ambiente (Reciclaje, uso adecuado del agua, arborización, cuidado de la energía eléctrica, entre otras) • Participación de jóvenes en la Catequesis, pastoral juvenil y voluntariados en comunidades indígenas o alejadas. • Servicio social de jóvenes universitarios que ponen sus conocimientos al servicio de los menos favorecidos (asesoría jurídica, atención psicológica, alfabetización, valor agregado a productos alimenticios, campañas de salud, entre otras)

Respondiendo a los cuestionamientos anteriores, se propone: (a) explorar los efectos que tiene en el desarrollo de la conciencia social las actividades de corte asistencial, (b) Emprender una campaña distrital/regional para compartir las diferentes dimensiones de la Responsabilidad Social y que el imaginario colectivo no se quede en una visión reducida: RESPONSABILIDAD SOCIAL = TEMAS ECOLÓGICOS

(c )Diseñar estrategias de formación académica que propicien la realización de investigación social en primaria y secundaria y (d) explorar si el servicio social obligatorio contribuye al desarrollo de la responsabilidad social, y ¿Qué factores deberían de estar presentes para que esto suceda?

Conclusiones

Al término de la investigación se llega a las siguientes conclusiones:

• La gran mayoría de las Instituciones educativas pertenecientes a la RELAL y que respondieron el cuestionario desarrollan actividades enfocadas al compromiso y la responsabilidad social de su localidad; sin embargo se percibe que las actividades realizadas se encaminan al asistencialismo en las comunidades. • De manera general, dichas instituciones desarrollan estrategias de responsabilidad social centradas en las dimensiones de: (a) Gestión interna de la institución, (b) Docencia, (c) Proyección social e (d) Investigación. • En el nivel básico, las instituciones promueven el trabajo científico y la innovación al interior; es decir trabajo aúlico a través de representaciones grupales y proyectos integradores con poca estructura científica. • La mayoría de las instituciones circunscriben el concepto de RS a temas ecológicos. • Las instituciones sí manifiestan su preocupación por problemas sociales y por la formación de estudiantes agentes de cambio. • En la mayoría de las instituciones, los alumnos manifiestan conductas que reflejan su sensibilidad social y ambiental. • Las instituciones sí favorecen una política de formación académica socialmente responsable que promueve en los estudiantes aptitudes de solidaridad y responsabilidad social ambiental, en el marco de una formación integral e íntegra

Referencias: Francisco, Papa (2015) Carta Encíclica “Laudato Si” sobre el cuidado de la casa común. Recuperado de http://w2.vatican.va/ content/vatican/es.html Gómez Restrepo, Carlos Gabriel Fsc., H. (2010). La Responsabilidad Social de la Universidad Lasallista: elementos para la reflexión y el debate. Revista Universidad de La Salle, 0(51), 15-53. Recuperado de http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ls/article/view/1025 Vallaeys, François (s/f) ¿Qué es la Responsabilidad Social Universitaria? en www.ausjal.org/files/rsu.doc. Recuperado el 10 de Abril de 2010 de 2013. Vallaeys, François (2011). Les fondements éthiques de la responsabilité sociale, tesis doctoral, Universidad París Este, 2011 Vallaeys, François (2011). Les fondements éthiques de la responsabilité sociale, tesis doctoral, Universidad París Este, 2011.

Al terminar el diagnóstico quedan interrogantes que responder, ¿Qué tareas por emprender? ¿Posibles caminos a seguir?

Proyección y responsabilidad social en la innovación constructiva La presente investigación, pretende mostrar los valiosos resultados de los estudios concluyentes de la Maestría en Diseño Arquitectónico Sustentable de la Universidad La Salle Oaxaca, en la asignatura de Investigación, desarrollo e innovación tecnológica en la Construcción. Sería quizá una oportunidad de abordar proyectos de alta tecnología con sistemas inteligentes. Sin embargo, una de las principales características formativas y objetivo del posgrado; es la proyección social a través de la investigación de situaciones que permitan poner en práctica competencias en sintonía con los valores sociales y compromiso social de impacto positivo en la sociedad, proponiendo sistemas constructivos pasivos que respondan de manera responsable a las necesidades sociales, económicas y ambientales del entorno en donde nos encontramos situados. En este contexto actual, la reducida disponibilidad económica en Oaxaca y las crecientes necesidades de vivienda en un entorno global ecológicamente comprometido con evidentes deterioros medioambientales, obligan a tomar medidas que atiendan a estas insuficiencias y problemáticas a partir de nuevas tecnologías, por lo que es inminente la investigación para la creación de innovadoras propuestas tecnológicas y arquitectónicas que reconduzcan las acciones constructivas para la solución de dicha demanda.

Lorena Carina Broca Domínguez Lorena.broca@ulsaoaxaca.edu.mx Lidia Ivonne Hipólito Sánchez Lidia.hipolito@ulsaoaxaca.edu.mx

Palabras clave: Sustentabilidad, responsabilidad social, compromiso social, tecnología, sistemas constructivos, vivienda, análisis de ciclo de vida. Introducción El término sustentabilidad1 (Leff, 2002), reúne dos líneas de pensamiento en torno a la gestión de las actividades humanas: “una de ellas concentrada en las metas de desarrollo y la otra en el control de los impactos dañinos de las actividades humanas sobre el ambiente” (Fernández, 2006), ayudando a disminuir las agresiones al entorno, y otra que pretende conservar y fortalecer la construcción del tejido social en la comunidad, de manera congruente con las costumbres, referentes culturales y sistemas constructivos disponibles, consiguiendo un aprovechamiento en estos últimos y objeto de estudio de esta investigación. Por ello, resulta importante hacer los siguientes cuestionamientos; ¿Qué relación tiene la práctica constructiva con las problemáticas ambientales actuales?, ¿Qué elementos teoréticos de índole social y ambiental se deben considerar al momento de proponer un sistema constructivo?, en el ámbito académico ¿Qué experiencias, como resultado de las investigaciones hechas en las asignaturas del

programa de Maestría en Diseño Arquitectónico Sustentable, coadyuvan a la regeneración del tejido social e identidad cultural mediante las acciones de construcción? y; mediante éstas acciones de investigación y construcción ¿Cómo aprende una comunidad a cuidar su entorno y reconstruir su identidad cultural? De acuerdo a Edwards (2008), las prácticas edificatorias consumen la mayor parte de materias primas disponibles en el planeta. Aproximadamente un 50% de todos los recursos mundiales se destinan a la construcción, siendo el 45% de energía usada para calentar, iluminar y ventilar. Sin duda, ante estas cifras resulta pertinente adoptar un nuevo paradigma2 para proponer soluciones en esta realidad en decadencia y transformarla para lograr el principio de sustentabilidad, a través de modificaciones e innovaciones. Se trata de una reforma que concierne a nuestra aptitud para organizar el conocimiento: conocer lo humano no es sustraerlo del universo sino situarlo en él, en una realidad concreta. La UNESCO (2012), menciona que la sostenibilidad es un paradigma para pensar en un futuro, en el cual las consideraciones ambientales, sociales y económicas se equilibran en la búsqueda del desarrollo y de una mejor calidad de vida. Esto conduce a hacer referencia al paradigma ecológico que se opone a los términos y principios del paradigma mecanicista, de relojería, cerrado y sin posibilidad a nuevas alternativas. Es entonces permisible a partir de la adopción del nuevo paradigma ecológico las

1 El Informe de la Comisión Bruntland, Nuestro Futuro Común, publicado en 1987 afirma que debemos “satisfacer las necesidades de esta generación sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para cubrir sus propias necesidades”.

reconceptualizaciones de la ecología como ciencia, de los problemas actuales como crisis ecológica y del ecologismo como pensamiento social; introduciendo en la epistemología la inmersión del concepto de sustentabilidad como marco principal del paradigma ecológico.

Por lo antes mencionado, creemos que mediante el estudio, investigación y propuesta de utilización de sistemas constructivos a base de materiales orgánicos residuales, se puede reducir el impacto ambiental en un 50% contra los sistemas convencionales. A través de un sistema constructivo con estas características se puede reactivar la economía local de una comunidad y coadyuvar en la regeneración del tejido social y pertenencia. Planteamiento del problema

Este es un momento de caos, la desorganización de las ciudades, los altos consumos de energías sin control ni sustitución están acabando con el planeta. Es inminente un cambio de consciencia, una transformación a nivel mental que ofrezca nuevas actitudes, nuevas acciones, un nuevo paradigma. El futuro se vislumbra como catastrófico ante esta realidad. Foros internacionales reunidos para encontrar soluciones, dictar agendas, novedosos planes que se pierden en la tergiversar de las elocuencias. Volver a los inicios, retomar la simplicidad en un marco de respeto, conducen al diseñador a mostrarse ante el reto de no caer en la homogeneidad e igualdad de los diseños bajo un enfoque mal entendido de la sustentabilidad en los procesos que anteceden las obras arquitectónicas. Lo obliga al compromiso ético y profesional de la reflexión, del estudio, de la apropiación de métodos sistémicos que basados en las problemáticas ambientales lo conduzcan al ecodiseño. Hablar de ecodiseño, es hacer hincapié en las manifestaciones entrópicas del proceso sistémico de diseño, si nos basamos en un marco pro-ambientalista indudablemente caeremos en la noción de que si las entidades entrópicas crecen y las ciudades crecen, será inevitable e inexcusable la transformación de las energías para proporcionar resultados a las necesidades sociales y ambientales del mundo. Es también hablar de ecología, de sus nuevas conceptualizaciones, dejar atrás la idea pseudobucólica contra una ecología transformadora, en sinergia con el medio y la tecnología. Bajo esta resignificación el desarrollo ecológico se convierte en reciclaje e intervenciones tecnológicas para conservar. Esta tendencia activista considera el ciclo de vida total del ente arquitectónico, desde su gestación en el proceso de diseño, su uso, su vida, hasta sus cambios.

Así como se tendrán que ver los manejos de materiales propios de la construcción, reducción

o nulificación de aquellas energías que no sean renovables, adaptaciones bioclimáticas eficientes, será entonces igual de importante verificar la posibilidad de reciclaje sistémico no pretensioso que viabilice la durabilidad y transformaciones futuras. Soporte del Ecodiseño es la Agenda 21 y 2030 que estableció la diferencia entre crecimiento y desarrollo, pues al hablar de éste último se hace referencia a la calidad de vida que dependen del buen uso de los recursos y manejo de desperdicios. Los desechos generados de actividades productivas agrícolas que no son aprovechados son parte de una problemática de manejo de residuos. Particularmente, en el caso de estudio de esta investigación; el bagazo de la caña en la comunidad de La Ciénega Zimatlán, Oaxaca; son desechos que se generan en la producción de la panela, actividad económica que poco a poco se ha abandonado por los habitantes de la comunidad por factores climáticos y migratorios.

Por otro lado los sistemas constructivos actuales utilizan materias primas no renovables como el concreto y arena, que provocan un grave problema y daño ambiental, causando desventajas al proyecto sustentable. Así mismo estos sistemas y materiales constructivos derivan en una creciente pérdida de la calidad de medio y de los recursos de las comunidades. La comunidad de la Ciénega Zimatlán, se localiza en la región de los Valles Centrales, perteneciente al distrito de Zimatlán. Población que anteriormente se dedicaban en su mayoría a la producción de caña blanca, actividad económica secundaria considerada de menor importancia en la población porque actualmente se encuentra operando solamente un trapiche para la elaboración de panela, (H. Ayuntamiento Cienega De Zimatlan, 2011) la cual es utilizada para venta local y autoconsumo. Anteriormente la panela era un producto que distinguía a la Ciénega por su gran y abundante producción y era la única fuente de ingresos económicos para el pueblo en años anteriores, doce eran los trapiches que dieron fama y esplendor a esta población al pueblo. Situaciones como ésta, agravan el problema social. Los fenómenos que han favorecido la desaparición de la molienda de la caña de azúcar se debe principalmente al clima. Se han observado cambios drásticos principalmente en la época de lluvias, pues hace treinta años esta se presentaba de manera regular en una fecha determinada y de manera muy abundante. La falta de humedad es condicionante para dejar de cultivar la caña, la cual requiere de la misma para su adecuado crecimiento. La migración es otro fenómeno social que ha contribuido a la desaparición de este oficio, la población joven en busca de nuevas oportunidades

2 Según Ballina (2004) La hermenéutica realiza su tarea por medio de la contextualización, considerando lo que se va a interpretar a partir del contexto en el que, no se puede subsumir en leyes universales para poder explicarse.

para salir adelante emigra; básicamente a los Estados Unidos; la mano de obra para el cultivo del campo exige mucha energía física, los jornales de trabajo son desde las cinco de la mañana para cargar la caña mas todo el proceso que conlleva, que muchas veces hay que trabajarlo por las noches, porque el frío de la noche ayuda a enfriar el jugo cocido y se evita la presencia de las abejas. (Martínez, 2014) Actualmente pocos son los sembradíos de caña, la naturaleza ha cobrado la factura, pues contados son los campesinos que aferrados a su tierra siguen sembrando la caña y la tierra, pese a la escasez del agua. Para abonar al problema, observamos que el sistema de construcción más popular entre los sectores de bajos ingresos es el ejecutado a base de estructura (perfiles tubulares o tubos) así como muros y techos (láminas acanaladas de zinc) metálicos. Sistemas constructivos desvinculados del sentido de pertinencia y que no responden a las necesidades térmicas de la zona; o bien estructura de madera aserrada (polines, reglas y tablas) o rolliza (varas y troncos) y muros metálicos.

Tabla 3. Cantidades de energía producida en la obtención del Acero. Fuente: SEDESOL/Instituto Nacional de Ecología. Manejo y Reciclaje de los Residuos de Envases y Embalajes. Serie Monografías No. 4. 1993.

Por lo anteriormente planteado en éstos antecedentes, encontramos dos problemas importantes: uno en relación a la contaminación ambiental y otro en relación al tejido social. Por lo que cerramos con un pregunta ¿Qué elementos de la práctica arquitectónica y constructiva en la comunidad de la Ciénega de Zimatlán no dan respuesta a la problemática ambiental y no coadyuva a regenerar el tejido social?. Objetivo general

Diseñar un sistema de innovación tecnológica constructiva a partir del residuo del bagazo de caña y carrizo, como alternativa para viviendas precarias autoconstruidas para la Comunidad de la Ciénega

Figura 5. ElTrapiche del Sr. René Sánchez. La Ciénega, Zimatlán, Oaxaca.

de Zimatlán, Oaxaca, que sea de bajo impacto ambiental y que coadyuve en la regeneración del tejido social mediante un sentido de identidad cultural y pertenencia. Justificación

Recordando las preguntas iniciales; ¿Qué relación tiene la práctica constructiva con las problemáticas ambientales actuales?, ¿Qué elementos teóricos se deben considerar al momento de proponer un sistema constructivo?, ¿Qué experiencias como resultado de las investigaciones hechas en las asignaturas, coadyuvan a la regeneración del tejido social e identidad cultural mediante las acciones de construcción?, mediante éstas acciones de construcción ¿Cómo aprende una comunidad a cuidar su entorno?, respondemos que desde tiempos antiguos el hombre realizó sus espacios habitables con lo que tuvo a la mano, los espacios los fabricó con lo que la naturaleza le daba en cada región, es así como cada cultura a través de la observación del clima, topografía y vegetación, seleccionó diversos materiales para la solución autoconstructiva. Estos autoconstructores debían conseguir una máxima eficiencia de sus recursos, pues solo contaban con los materiales del lugar, pero muy importante en todo este proceso es la energía del sol. El estudio del recorrido del mismo así como las condiciones climáticas dieron respuestas sencillas pero eficaces

contra las inclemencias del tiempo y es así como se fundamentaban necesariamente sobre la base de una selección limitada en el surtido de materiales – todos renovables- que se encontraban en el sitio.

La comunidad de la Ciénega Zimatlán, antiguamente en sus asentamientos iniciales se basaba en edificaciones de tierra, madera rolliza, varas de carrizo y en sus techos cogollos de caña sobre cama de carrizo. El bagazo de caña y el carrizo al ser un material natural y de la región, ofrece una baja energía incorporada pues es un subproducto, material de bajo impacto ambiental; no tóxico, material de contenido reciclable, de fácil deconstrucción biodegradable al término de su vida útil, se obtiene de productores locales y de bajo gasto energético. Constructo teórico y metodológico

A continuación se presenta un enfoque metodológico de donde se desprenden los constructos teóricos, se esquematiza en formas espirales como una manera de indicar que ninguno de ellos es un fenómeno lineal, antes bien se caracterizan como toda una actividad cognoscitiva por el movimiento continuo y no lineal.

co; entre ellos se puede enunciar la relación con el contexto; desde los cuales analizar la manera como el objeto se integra con el entorno natural y artificial en el que se inserta (Martínez, 2013). • Los materiales, técnicas y tecnologías. Kwok (2015). Como definición consideramos a la construcción con materiales orgánicos a toda aquella realizada con materiales no industrializados, disponibles en el entorno próximo a la obra, las que recuperan técnicas y tecnologías del lugar con mano de obra y conocimientos de la zona, las que utilizan materiales reutilizados y reciclados, las que son económicamente viables y un bajo costo de mantenimiento. (Aresta Rebelo, 2015) • El bioclimatismo y la construcción. Hernández Moreno, S. (2016). Estrategias y recomendaciones para el diseño sustentable de materiales de construcción. • Los términos del ecodiseño; la metodología de la rueda de LiDS (Life cycle design strategy) (Ikenaga, 2016) ilustra acerca de las estrategias para reducir el impacto ambiental, es un método para evaluar las compensaciones ambientales entre dos diseños, que pueden tener similitud o puede referir a la mejora del primero.

Metodología

El enfoque metodológico de la investigación es hermenéutico, descriptivo, interpretativo y fenomenológico. Es una investigación basada en el método cualitativo que incluye modelos gráficos para su representación, así como un método de evaluación de eficiencia térmica de los materiales, mediante el siguiente procedimiento:

Figura 6. Enfoque metodológico. Autora: Lorena Carina Broca Domínguez

La fundamentación teórica que le da sustento a la presente investigación se presenta en la siguiente estructura del marco teórico:

• La identidad cultural. ¿Qué es la identidad? Es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un grupo específico de referencia. El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. (Molano, 2007) • El diseño arquitectónico. Dentro de la complejidad de todo problema de diseño arquitectóni-

1. Detectar la comunidad participante: Ciénega de Zimatlán; Propietarios de trapiches en la zona. 2. Diseñar una encuesta que permita obtener información cualitativa, permitiendo al investigador describir el devenir histórico en el aspecto social, constructivo y ambiental. 3. Diseñar cédulas de identificación de los trapiches. 4. Diseñar cédulas de identificación de la tipología de vivienda actual. 5. Levantar material fotográfico de la zona, específicamente de los sistemas constructivos actuales. 6. Levantar generadores de material residual de los trapiches. 7. Analizar datos climáticos y de propiedades del material mediante Ecotect Analysis y Climate Consultant para analizar su comportamiento. 8. Diseñar y validar la propuesta del sistema constructivo de acuerdo a las necesidades espaciales y a los resultados del análisis de Ecotect y Climate Consultant 9. Diseñar y validar la propuesta del sistema constructivo de acuerdo a las necesidades de la comunidad y al análisis de ciclo de vida del producto.

Bagazo de caña como sub producto. La población de la Ciénega Zimatlán es una comunidad que se dedica a la cosecha de caña de ahí sacan a la venta panela y con ella hasta hace algunos años todavía se elaboraba el piloncillo, el melado, el batidillo, y el guarapo; todos son productos de la caña. El batidillo es un alimento típico que consta de miel que se prepara en un plato la cual se bate hasta que se le da forma y se prepara al gusto dándole algún sabor y el guarapo que es jugo de caña de se puede tomar mezclado con jugo de naranja, licor, etc. El sub producto resultante es el bagazo de la caña el cual puede aprovecharse en la actividad constructiva. Conclusiones Figura 7. Fuente: www.disost.com. Diseño Sostenible Colombia.(2012)

10. Proponer y patentar el sistema constructivo que da respuesta a las necesidades de vivienda, con bajo impacto ambiental, y que coadyuva a la recuperación de la identidad cultural y regeneración del tejido social y pertenencia.

Resultados

El análisis del ciclo de vida es un principio ecológico a considerar durante la aplicación de un proyecto arquitectónico. El ACV es utilizado para evaluar el rendimiento medioambiental de una edificación, se encarga de identificar el uso de materia y energía que son vertidos al entorno intervenido para evaluar el impacto al medio ambiente, desde la obtención de las materias primas, hasta el final de su vida útil y reincorporación al medio ambiente.

Figura 8. Esquema de ACV de materiales orgánicos para uso constructivo.

En consecuencia, los recursos materiales y residuos naturales podrán transformarse con facilidad en un retorno natural hacia la biosfera, y así la energía utilizada para la edificación sea en cantidades menores.

Figura 9. Consideraciones para la selección de materiales. Comparativa de gasto energético de material de lámina de zinc y fibras vegetales

Es nuestra obligación como seres humanos, por encima de ser ciudadanos con derechos y obligaciones, como profesionistas con títulos y cédulas, preocuparnos por nuestro mundo.

Deshacerse de actitudes individualistas y criterios reduccionistas. Cambiar posturas ideológicas que incluyan el bienestar común, la paz colectiva, hacer una transformación interna hacia lo positivo, será la única posibilidad de salvar nuestro entorno social, económico, político y cultural, la naturaleza y el entorno.

Los resultados indican que generar propuestas contextualizadas pueden garantizar el fortalecimiento de nuestra identidad y de nuestros valores hacia un sentido de pertenencia que nos involucrará en la dinámica de la transformación haciendo de nosotros sujetos activos con decisiones determinantes para dar soluciones reales a problemas reales. Se recomienda que las cifras y estadísticas resultantes de los estudios bioclimáticos por medio de Cilmate Consultant y Ecotect Analysis, no se manejen únicamente como datos duros, sino que se transforman en indicadores de habitabilidad y calidad de vida. Y esa traducción se logrará únicamente si el profesional en Diseño Arquitectónico Sustentable ha tomado conciencia de los beneficios que a través de sus estudios, puede ofrecer en beneficio de una sociedad más digna mediante una intervención ética, profesional y humanizada.

Figura 10. Desempeño energético de los materiales.

Figura 11. Análisis de ciclo de vida del material propuesto hasta su retorno a la naturaleza.

En el aspecto en que ésta investigación se genera a partir de una actividad de investigación del programa de maestría, se advierte que, como administradores de la educación, será necesario “buscar armar mejor a la universidad latinoamericana del siglo XXI para hacer frente a las nuevas realidades y amenazas de la región” (BID, 2005), realizar estos proyectos de innovación situados, inducen y forman un estado de humanidad en el profesional, que le permite estar atento a las necesidades de su entorno inmediato. Debemos encontrarnos en la constante búsqueda de conocimiento aunque en estos tiempos de incertidumbre tener una visión prospectiva es un desafío. La importancia de la investigación radica en la recuperación de valores y dimensiones que bien vale la pena rescatar mediante la vinculación de la teoría con la práctica y sus situaciones actuales, las causas que la generan y los elementos que la transforman. Entonces la propuesta metodológica de esta investigación se convierte en el principio de un nuevo fin o fin de un nuevo principio. Referencias

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LA EFECTIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO COMO INSTRUMENTO PARA LA MATERIALIZACIÓN DEL DERECHO A LA CONSULTA DE LA TRIBU YAQUI: EL CASO DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA La investigación en curso pretende encontrar los elementos que determinan si el juicio de amparo promovido por la Tribu Yaqui contra el Acueducto Independencia ha sido efectivo para restituirla en el goce del Derecho a la Consulta. Respecto a la metodología, la investigación es descriptiva-explicativa, no experimental, de enfoque cualitativo, utilizando como métodos de investigación el interpretativo básico y el de estudio de caso. La investigación surge a partir de una realidad. Las comunidades indígenas no han sido consultadas cuando el gobierno realiza obras que pueden provocar una afectación a los recursos naturales, tradiciones, cultura y forma de vida de los pueblos indígenas. La Constitución y los tratados internacionales, reconocen el derecho de las etnias a ser consultadas cuando una obra realizada por el Estado pueda afectarles en cualquiera de los derechos fundamentales. Este tipo de consulta es muy particular. No basta el notificarles a dichos pueblos sobre la obra a realizar y pedirles su punto de vista. Es mucho más complejo; el Estado tiene la obligación de cumplir con una serie de requisitos que garanticen fundamentalmente que la consulta sea Previa, Libre, Informada, Culturalmente Adecuada y de Buena Fe. Este tipo de procesos pueden llevar meses o años en desahogarse. La Tribu Yaqui en Sonora ha luchado siete años contra la pretensión del Estado Mexicano de imponer el Acueducto Independencia, mismo que desvía las aguas del Río Yaqui, hacia la Ciudad de Hermosillo. Dicha obra afecta a la Tribu Yaqui, en razón de que ésta se abastece de las aguas que escurren en la Cuenca del Río Yaqui. La disminución de los volúmenes de escurrimiento por la operación del acueducto, pone en riesgo el abasto de agua para sus actividades productivas, culturales y socio-ambientales. A pesar de todo, la obra continua en operación, provocando que los elementos para que el Juicio de Amparo sea efectivo no hayan sido satisfechos en el caso en particular, ya que no se restituye a la Tribu Quejosa en el pleno goce de su derecho humano violentado.

Alejandro Olea Güereña nano88@hotmail.com

Palabras claves: Recurso Efectivo, Derecho a la Consulta, Pueblos Indígenas, Juicio de Amparo, Tribu Yaqui, Acueducto Independencia Introducción y metodología A. Planteamiento del Problema

La Tribu Yaqui es una comunidad indígena localizada en la parte sur del Estado de Sonora, en México, en un territorio que abarca aproximadamente 460,000 hectáreas de terreno que incluyen sierra, agostadero, terreno agrícola, arroyos, rio, humedales, bahías y el mar. Tiene una rica tradición cultural milenaria íntimamente ligada a sus recursos naturales. Sus tradiciones religiosas reflejan un sincretismo con la religión católica. La población aproximada es de 35,000 habitantes distribuidos en 8 pueblos: Cócorit, Bácum, Tórim, Vícam, Pótam, Belem, Rahum y Huirivis.

Sus actividades económicas son la agricultura, ganadería, caza, pesca, elaboración de artesanías, alimentos regionales, entre otras. Las actividades socioculturales están ligadas a su territorio y recursos naturales. Por ejemplo, los rituales religiosos y ceremonias tradicionales, se llevan a cabo utilizando ramas y frutos de los árboles de la región; las pieles y cabezas de animales de la zona; así como directamente en las lagunas que se forman del cauce del Río Yaqui. Las casas en las que viven se construyen con los recursos que aportan el mismo territorio Yaqui; las hierbas, flores, arbustos, animales, sirven como base para muchos tratamientos medicinales. La subsistencia de todos estos recursos naturales depende de las aguas que corren por el Río Yaqui. En este orden de ideas, a partir del mes de enero del año 2010, el Gobierno del Estado de Sonora inició un programa conocido como SONORA SI (Sistema Integral) que contempló la construcción de un acueducto, con la intención de desviar las aguas de la Cuenca del Río Yaqui para trasvasarlas a la Ciudad de Hermosillo, ubicada en la diversa Cuenca del Río

Sonora. Esto necesariamente significa una disminución en los volúmenes de escurrimientos de la Cuenca del Río Yaqui, afectando a las comunidades ubicadas aguas debajo del punto de desvío de las aguas, o sea, la Presa Plutarco Elías Calles “El Novillo”, donde se construyó la obra de toma del denominado Acueducto Independencia, para trasvasar anualmente 75 millones de metros cúbicos a la Ciudad de Hermosillo. A lo largo de la historia en México se han realizado obras por parte del Estado que afectan los derechos que los pueblos indígenas tienen sobre los recursos naturales que han venido utilizando por muchos siglos. Para la realización de dichas obras rara vez se ha tomado en cuenta a estos pueblos; por tal motivo, la comunidad internacional se ha preocupado por dicha realidad y ha buscado los mecanismos para tomar en cuenta a los pueblos indígenas. Es necesario y de elemental justicia el que hoy en día los pueblos indígenas puedan gozar de forma real, material y efectiva del derecho a la consulta como lo marcan los estándares internacionales; es decir, de forma previa, libre, informada y culturalmente adecuada. Es importante resaltar que existe otro derecho humano que representa un requisito indispensable para poder ver materializado en la práctica el Derecho a la Consulta. Se trata del derecho humano a un Recurso Efectivo ante las instancias judiciales para demandar la reparación de las violaciones a los derechos humanos. En México el recurso previsto por el Poder Constituyente para la protección de los derechos humanos de las personas, incluidas desde luego las Comunidades Indígenas, es el Juicio de Amparo. Este medio de control constitucional es procedente en contra de cualquier acto de autoridad que tenga por efecto o pueda tener

por efecto la violación de los derechos fundamentales de las personas.

En el caso particular, la inconformidad de la Tribu Yaqui surge a partir de que la autoridad en materia ambiental, Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tomó la determinación de autorizar la construcción y operación del Acueducto Independencia sin consultar a la comunidad indígena referida. Ante esta realidad, la comunidad indígena promovió un juicio de amparo en contra de la autorización de impacto ambiental. En síntesis, el recurso judicial objeto de la investigación es Juicio de Amparo 461/2011 del Juzgado Décimo de Distrito en la Ciudad de Hermosillo, juicio que fue resuelto en última instancia por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el expediente A.R. 631/2012. B. Pregunta de Investigación

¿Cuáles son los elementos que determinan la efectividad del juicio de amparo en el caso del Acueducto Independencia en Sonora, para la materialización del derecho humano de la Tribu Yaqui a ser consultada respecto a dicha obra? C. Hipótesis

Los elementos que determinan la efectividad del juicio amparo promovido por la Tribu Yaqui son la existencia de una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, conforme a los alcances que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido para dichos elementos. D. Objetivo General

Establecer los elementos que determinan la efectividad del juicio de amparo en el caso del Acueducto Independencia en Sonora, para la materialización del derecho de la Tribu Yaqui a ser consultada cuando esta obra o actividad puede afectar el acceso a sus recursos naturales. Objetivos Específicos

• Determinar en qué consiste el derecho de consulta de pueblos indígenas. • Identificar los elementos de un recurso judicial efectivo. • Analizar el juicio de amparo como herramienta judicial para la protección del derecho a la consulta a la Tribu Yaqui. • Analizar los resultados del juicio de amparo promovido por la Tribu Yaqui y determinar si dicho recurso fue efectivo.

Por último, respecto a la metodología, se precisa que la investigación es descriptiva-explicativa, no experimental, de enfoque cualitativo, utilizando como métodos de investigación el interpretativo básico y el de estudio de caso; siendo los sujetos participantes en la investigación los miembros de la Tribu Yaqui. Marco Teórico

A. El derecho de consulta a los pueblos indígenas y sus elementos mínimos. El derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado cuando existen proyectos de obras gubernamentales o iniciativas legales que puedan tener como resultado la afectación de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas es un tema que se desprende principalmente de los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que México es parte.

Adicionalmente, el alcance de este derecho ha sido determinado de forma más concreta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la jurisprudencia definida a través de la resolución de casos concretos, especialmente los relativos a las comunidades indígenas de Latinoamérica. Por ejemplo, el icónico Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam donde la Corte referida resolvió que el Estado de Surinam omitió indebidamente consultar al pueblo indígena de Saramaka antes de otorgar concesiones para la explotación y extracción de recursos naturales ubicados en el territorio de la señalada comunidad indígena.

La doctrina en relación a este tema es bastante completa y particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realiza un excelente compendio de diversas fuentes en su obra “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas”. En este orden de ideas, se procede a la descripción teórica de la siguiente manera: Derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.

Este es uno de los derechos que ha alcanzado mayor relevancia y desarrollo en relación al tema de los derechos indígenas en el ámbito internacional, entre otras razones debido a las tensiones que se producen en las comunidades y pueblos indígenas por la expansión de los megaproyectos energéticos, mineros, de acuacultura y forestación. No obstante, en México ha tenido poco desarrollo tanto a nivel normativo como jurisprudencial. La fracción IX del apartado B del artículo 2º de la Constitución reconoce el derecho a una consulta acotada, misma que en el Derecho de fuente internacional tiene dimensiones más amplias, contenido que hace necesario recurrir al desarrollo que el derecho ha tenido en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos a partir de lo reconocido por el Convenio 169 de la OIT.

De acuerdo con dicho Convenio, es obligación de los Estados consultar con los pueblos indígenas, de buena fe y con el objetivo de llegar a un acuerdo u obtener su consentimiento sobre asuntos que les afecten en distintos contextos. El propio Consejo de Administración de esa organización (OIT) ha señalado que el derecho a la consulta y participación “constituye la piedra angular del Convenio 169 de la OIT en la que se fundamentan todas las disposiciones del mismo”. El derecho está también reconocido en la DDPI29 y es aplicable a cualquier acción administrativa o legislativa que pueda tener un impacto sobre los derechos o intereses de los pueblos indígenas. En tal sentido, la

consulta previa a los pueblos indígenas abarca no solamente el uso de los recursos naturales, sino cualquier medida que pueda afectar directamente a estas comunidades.

De acuerdo con el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los principios de consulta y consentimiento representan conjuntamente una norma especial para la protección del ejercicio de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas y como un medio para garantizar su observancia. Estos derechos sustantivos pudieran incluir entre otros, los derechos a la propiedad, la cultura, la religión, la salud y el bienestar físico y a materializar sus propias prioridades de desarrollo. La Corte IDH ha sentado diversos precedentes para definir los alcances del derecho a la consulta en casos específicos.

Los elementos fundamentales para concretar el derecho a la consulta es que se lleve a cabo previamente a las acciones, que se dirija a los afectados o a sus representantes legítimos, que se realice de buena fe y a través de los medios idóneos para su desarrollo, que provea de toda la información necesaria para tomar las decisiones, en particular, la existencia de estudios imparciales y profesionales de impacto social, cultural y ambiental, que se busque el acuerdo y, en ciertos casos, que sea obligatorio obtener el consentimiento libre e informado de las comunidades, todo lo anterior, a través de procesos culturalmente adecuados y usando las formas e instituciones que ellos mismos ocupan para tomar decisiones. La falta o el vicio en alguno de estos elementos puede ser motivo de un procedimiento jurisdiccional. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014, págs. 21-23)

Fuente importante del derecho a la consulta puede encontrarse en la opinión de Cristóbal Carmona Caldera, quien especifica que: La norma matriz del derecho a consulta se encuentra en el art. 6.1, letra a) del Convenio, que establece el deber de los gobiernos de:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; (Carmona, 2013, pág. 304) El propósito fundamental del Derecho a la Consulta que tienen los pueblos indígenas es plasmado de forma muy clara por Luz Ángela Patiño Palacios al establecer lo siguiente: .. el procedimiento de consulta es, ante todo, un instrumento para garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas de las medidas administrativas o legislativas (artículo 6 a) del

Convenio 169 de la OIT) susceptibles de afectarlos directamente, y algunos tribunales también han incluido medidas indirectas11 teniendo en cuenta el artículo 7 numeral 3º del Convenio 169 de la OIT a través de un escenario dirigido a garantizar sus derechos fundamentales. (Patiño, 2014, pág. 72) B. Elementos que conforman un recurso efectivo para la protección de derechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en interpretación del artículo 25, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha sostenido que los Estados, tienen el imperativo de proporcionar un Recurso Judicial Efectivo.

Como puede verse, el artículo 25, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o un recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes que los ampare contra actos que violen sus derechos humanos. Dice así el referido numeral:

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos, párrafo 78, ha sostenido que la obligación del estado a proporcionar un recurso judicial no se reduce a la existencia de los tribunales o procedimientos formales o a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad, es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de interponer un recurso. Asimismo, en el mismo caso, pero en el párrafo 100, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha orientado que ese derecho se refiere a la posibilidad real de acceder a un recurso judicial para que la autoridad competente, capaz de emitir una decisión vinculante determine si ha habido o no una violación a algún derecho al derecho reclamado, y en caso de ser encontrada una violación, el recurso debe ser útil para restituir al interesado en el goce de su derecho y repararlo. De conformidad con lo expuesto, el Máximo Órgano Judicial Interamericano ha establecido requisitos mínimos para la protección del derecho de acceso a la justicia:

1. La existencia de recursos. 2. Deben ser útiles y efectivos, que puedan restituir al inconforme en sus derechos. 3. La posibilidad real de interponer los recursos ante la autoridad competente.

El segundo de los elementos antes descritos es el que más interesa para esta investigación, ya que habla de la eficacia del recurso; es decir, de restituir al inconforme en sus derechos. Todo lo expuesto en este apartado carecería de sentido si no existiera la posibilidad de impugnación mediante una vía que permita la restitución plena del derecho fundamental que haya sido violentado. C. El juicio de amparo como herramienta judicial para la protección de derechos humanos.

El juicio de amparo ha representado desde el Siglo XIX una herramienta judicial de suma importancia para las personas. Desde sus inicios y a lo largo de su evolución fue concebido como un medio de protección de las garantías individuales previstas por la Constitución Federal. Principalmente, ha servido como un freno al actual de las autoridades de cualquier nivel, Federal, Estatal o Municipal, incluyendo a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Más aun, en los últimos años, el Juicio de Amparo continúa evolucionando, estableciéndose actualmente, desde las reformas constitucionales del año 2011, como una herramienta de protección más amplia. Como resultado de dichas reformas, la procedencia del juicio de amparo ha sido posible no solo en aquellos casos en que la parte quejosa alegue un agravio personal y directo, sino también en aquellos casos en que la persona resiente un agravio indirecto, tal como sucede en la protección de derechos difusos como el medio ambiente, la salud, el derecho al agua y la alimentación. El propósito de las reformas constitucionales es precisamente lograr que el juicio de amparo tenga un espectro de protección más amplio de los derechos humanos, como son precisamente los relacionados con el medio ambiente.

La Corte Interamericana ha sido sensible a esta nueva realidad y exige que los países miembros de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como México, cuenten con un recurso judicial efectivo que atienda de forma plena la protección de los derechos humanos.

El marco jurídico constitucional que regula el Juicio de Amparo como medio de control constitucional, y por ende, como medio de protección de los derechos humanos, es sumamente amplio. Más aun, la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales desarrollan al detalle la tramitación del Juicio de Amparo, mismo que contempla sanciones por el incumplimiento de las sentencias de amparo. Sin embargo, también existen múltiples casos donde, aun con sentencias favorables, las partes quejosas no han gozado de la restitución plena de los derechos humanos conculcados. El doctrinario, Ferrer Mac-Gregor, reconoce que no bastan las reformas constitucionales y legales

para lograr contar con un Juicio de Amparo que permita restituir cabalmente el derecho humano violado, al afirmar lo siguiente: “El juicio de amparo del siglo XXI debe tutelar efectivamente los derechos fundamentales. Y además, debe hacerlo en función del nuevo paradigma que establece la Constitución a partir del 11 de junio de 2011…” (Ferrer Mac-Gregor & Sánchez, 2013, pág. 12) Análisis, discusión y resultados del juicio de amparo 461/2011 promovido por la tribu Yaqui

A. Elementos de la demanda de amparo promovida por la Tribu Yaqui. El día 19 de abril de 2011, las Autoridades Tradicionales del Pueblo de Vícam de la Tribu Yaqui, Primera Cabecera de los Ocho Pueblos, promovieron un Juicio de Amparo Indirecto. El expediente se radicó en el Juzgado Décimo de Distrito con sede en Hermosillo, Sonora, bajo del expediente 461/2011. En la demanda de amparo se señalaron como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:

1. Del Director General de Impacto y Riesgo Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), se reclamó la autorización en materia de Impacto Ambiental, emitida con fecha 23 de febrero de dos mil once, oficio SGPADGIRA-DG-1633/11, por la construcción del proyecto denominado “ACUEDUCTO INDEPENDENCIA”. 2. Del Delegado en Sonora de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), como autoridad ejecutora se reclamó la vigilancia respecto de los actos materiales de ejecución de la construcción y operación de las obras autorizadas por la autoridad ordenadora (SEMARNAT).

En la demanda de garantías se señaló como tercero perjudicado al Fondo de Operación de Obras Sonora SI, ya que dicho organismo descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora fue el encargado de solicitar la autorización de impacto ambiental, así como de licitar y contratar la construcción del aludido Acueducto Independencia.

En los antecedentes de la demanda de amparo se explicó la problemática que se genera con la materialización de los actos reclamados, exponiendo los quejosos que era un hecho público y notorio del que el Gobierno del Estado de Sonora pretendía disponer de las aguas de la Cuenca del Río Yaqui (de la cual se abastece la Tribu Yaqui) para beneficiar a la ciudad de Hermosillo (ubicada en la diversa Cuenca del Río Sonora), mediante la realización de una obra denominada “Acueducto Independencia”. Los representantes de la Tribu Yaqui señalan en su demanda que la obra impugnada afectaría los derechos de la Tribu Yaqui, porque toman aguas del Río Yaqui, parte importante de cuyo caudal pertenece a dicha comunidad indígena, por Decreto que Restituye y Titula el Territorio de la Tribu Yaqui, emitido por el Presidente Lázaro Cárdenas el 30 de septiembre de 1940, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre del mismo año.

La Tribu Yaqui alegó en la demanda que no fueron llamados para hacer valer sus derechos, estimando por ello que la ejecución de proyecto lesiona no solamente su garantía de audiencia, sino además,

los derechos fundamentales de la Tribu respecto a su territorio y recursos naturales. Específicamente, se señaló que fueron violados los derechos contenidos en el Convenio 169, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, celebrado en el marco de la Organización Internacional del Trabajo. B. Sentencia del Juzgado de Distrito en Primera Instancia.

El cuatro de mayo de 2012 el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Sinaloa, resolvió en primera instancia el Juicio de Amparo actuando en el cuaderno de antecedentes 106/2012.1 Dicha sentencia se dictó en auxilio del Juez Décimo de Distrito, con residencia en Hermosillo, quien se encargó de toda la instrucción del juicio bajo el expediente 461/2011. En la sentencia de primera instancia, en su Considerando Sexto, el Juez del caso estimó fundados los conceptos de violación hechos valer por los quejosos, representantes del Pueblo de Vícam de la Tribu Yaqui, debido a que no se respetó la garantía de audiencia de la parte quejosa, antes de emitir la resolución de Autorización de Impacto Ambiental.

El juez del caso concluyó que la construcción del acueducto sí afecta los derechos de disposición del agua que tiene la Tribu Yaqui, por lo que la autorización impugnada constituye un acto de autoridad que tiende a privar de manera definitiva los derechos que le fueron reconocidos mediante el decreto presidencial citado, por que la autoridad responsable tenía la obligación de otorgar la garantía de audiencia previo al dictado de la resolución combatida. Lo anterior, además con base en el artículo 6 del

1 En nuestro sistema judicial es permitido que Juzgado de Distrito Auxiliarles dicten las sentencias en algunos juicios de amparo tramitado ante otros juzgados de distrito cuando existe mucha carga de trabajo. A través de un sorteo implementado por el propio Poder Judicial de la Federación, se determinan los números de expedientes, y por tanto de juicios que serán resueltos por diversos Juzgados de Distrito Auxiliares.

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, conforme al cual el gobierno tiene la obligación de consular a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cuando se prevean medidas administrativas susceptibles de afectarles directamente. Por los razonamientos anteriores, el juez auxiliar procedió a conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Director General de Impacto y Riesgo Ambiental dejara insubsistente la resolución en materia de impacto ambiental emitida el 23 de febrero de 2011 dentro del procedimiento identificado bajo el número SGPA-DGIRA-DG1633/11, en la que se contiene la autorización para la construcción del proyecto denominado “Acueducto Independencia”, a fin de que en cumplimiento a las normas Constitucionales e Internacionales destacadas en la sentencia se otorgue a la Tribu Yaqui, la garantía de audiencia previa consagrada en el artículo 14 de la Carta Magna. C. Sentencia de la Primera Sala de la SCJN en Segunda Instancia.

La sentencia de primera instancia referida en el apartado anterior fue impugnada por las autoridades responsables, radicándose en consecuencia el Amparo en Revisión 631/2012 ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En este punto es necesario aclarar que, en condiciones normales, la impugnación a través del recurso de revisión debe ser resuelta por el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en la entidad federativa donde se haya llevado el juicio. Sin embargo, el seis de agosto de dos mil doce, el Pleno de la SCJN determinó ejercer la facultad de atracción para conocer de los recursos de revisión promovidos contra la sentencia de primera instancia al determinar que el asunto tenía la relevancia y transcendencia suficiente para que fuera el Máximo Tribunal del país quien resolviera las impugnaciones. El expediente se turnó a la Primera Sala de la SCJN para que se avocara al conocimiento y resolución del Amparo en Revisión.

La Primera Sala emitió una resolución que ha sido hasta cierto punto icónica en nuestro Sistema Judicial, ya que fue la primera ocasión en que se ordena llevar a cabo un proceso de consulta a un pueblo indígena conforme a los estándares internacionales, con motivo de una obra de gran impacto, como le es el Acueducto Independencia. Inclusive en el micro sitio de internet de Derecho Humanos de la SCJN se incluye dicha sentencia como asunto relevante en materia de derechos humanos. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2017)

En la sentencia ejecutoria la Primera Sala de la SCJN desarrolla los elementos mínimos que deben incluir las consultas a pueblos indígenas afirmando lo siguiente:

Bajo estos parámetros, se extraen las características mínimas que deben tener este tipo de consultas:

• La consulta debe ser previa. Debe realizarse durante las primeras etapas del plan o proyecto de desarrollo o inversión o de la concesión extractiva y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad. • La consulta debe ser culturalmente adecuada. El deber estatal de consultar a los pueblos indígenas debe cumplirse de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, a través de procedimientos culturalmente adecuados y teniendo en cuenta sus métodos tradicionales para la toma de decisiones. Lo anterior exige que la representación de los pueblos sea definida de conformidad con sus propias tradiciones. • La consulta informada. Los procesos de otorgamiento exigen la provisión plena de información precisa sobre la naturaleza y consecuencias del proyecto a las comunidades consultadas, antes de y durante la consulta. Debe buscarse que tengan conocimiento de los posibles riesgos incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto, de forma voluntaria. • La consulta debe ser de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo. Se debe garantizar, a través de procedimientos claros de consulta, que se obtenga su consentimiento previo, libre e informado para la consecución de dichos proyectos. La obligación del Estado es asegurar que todo proyecto en área indígena o que afecte su hábitat o cultura, sea tramitado y decidido con participación y en consulta con los pueblos interesados con vistas a obtener su consentimiento y eventual participación en los beneficios. Los anteriores parámetros fueron establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador.2 (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2013, págs. 84-85) Por lo anterior, se deja en claro que la sentencia de la Primera Sala confirmó la resolución de primera instancia y por lo tanto dejó insubsistente la autorización de impacto ambiental y además ordenó llevar a cabo un proceso de consulta a la Tribu Yaqui, cumpliendo con los estándares internacionales en la materia, ampliamente

2 Cfr. Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245.

referidos en párrafos anteriores. Hasta este punto, el Juicio de Amparo promovido por la Tribu Yaqui parecía ser, en efecto, una herramienta efectiva para la protección de Derechos Humanos; sin embargo, lo sucedido en la siguiente fase del proceso judicial, provocó que dicho resultado fuera revertido de forma inconstitucional, circunstancia que se explica en el siguiente apartado.

es el caso de una obra del tamaño e impacto del Acueducto Independencia.

La sentencia de la Primera Sala de la SCJN no podía ser ya modificada por ser la última instancia de todo el proceso judicial. Sin embargo, las autoridades responsables, Dirección General de Impacto Ambiental y la Delegación en Sonora de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente solicitaron, con fundamento en lo previsto por los artículos 223 a 226 del Código Federal de Procedimiento Civiles (norma supletoria en materia de amparo), la aclaración de sentencia.

Tomando en consideración lo anterior… se aclara la resolución, de conformidad a lo siguiente:

D. Aclaración de sentencia y sus alcances

En este punto, cabe precisar que la aclaración de sentencia no es un recurso, es decir, no se pretende con ella modificar la sentencia ya que el tribunal estaría impedido para ello. La sentencia no puede ser modificada por el mismo órgano que la dictó y mucho menos una sentencia en última instancia que desde su dictado es considerada ejecutoria ya que no admite recurso ordinario o extraordinario de impugnación. Este es el verdadero sentido de lo previsto por los artículos 223 y 224 del Código Federal de Procedimientos Civiles que se transcriben a continuación: Énfasis añadido

ARTICULO 223.- Sólo una vez puede pedirse la aclaración o adición de sentencia o de auto que ponga fin a un incidente, y se promoverá ante el tribunal que hubiere dictado la resolución, dentro de los tres días siguientes de notificado el promovente, expresándose, con toda claridad, la contradicción, ambigüedad u obscuridad de las cláusulas o de las palabras cuya aclaración se solicite, o la omisión que se reclame. ARTICULO 224.- El tribunal resolverá dentro de los tres días siguientes, lo que estime procedente, sin que pueda variar la substancia de la resolución.

Como se puntualizó en la parte final del apartado anterior, la sentencia de la Primera Sala dejó insubsistente la autorización de impacto ambiental y ordenó llevar a cabo un proceso de consulta, cumpliendo con los requisitos establecidos en los tratados internacionales de los que México es parte. Esto implicaba suspender de inmediato la operación del Acueducto Independencia, para garantizar en la medida de lo posible el cumplir con el requisito de que la consulta a pueblos indígenas sea previa; además, porque la legislación ambiental impide que una obra opere sin contar con autorización de impacto ambiental cuando la ley lo exige como

No obstante todo lo anterior, la Primera Sala, violando lo previsto por los artículo 223 y 223 del Código Federal de Procedimientos Civiles, procedió, no a aclarar la sentencia, sino verdaderamente a modificarla, violando con ello los derechos humanos de la Tribu Yaqui. Dicha aclaración (en realidad fue modificación) de sentencia estableció lo siguiente: a. En primer término, el Director General de Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debe dejar insubsistente la resolución en materia de Impacto Ambiental emitida el veintitrés de febrero de dos mil once, dentro del procedimiento identificado bajo el número **********, sin que ello implique la suspensión de la operación del “Acueducto Independencia”, en tanto se desahoga la consulta a la Comunidad Yaqui o en cualquier momento durante dicho procedimiento, en los términos de los párrafos siguientes, y se dicte una nueva resolución. b. A la mayor brevedad posible, deberá desahogar la consulta a la comunidad Yaqui en los términos fijados por esta Primera Sala: … c. Aunque el efecto del juicio de amparo no es que de inmediato se suspenda la operación del “Acueducto Independencia”, deberá hacerlo en cualquier momento, aun cuando no esté concluido el procedimiento de consulta, en caso de que advierta que la operación llegue a causar un daño irreparable a la comunidad Yaqui.

Como puede observarse en la transcripción anterior, y especialmente en los incisos a) y g) de la aclaración de sentencia, la Primera Sala modifica la sentencia al establecer que no era obligatorio suspender la operación de acueducto, cuestión primordial y sustancial en el juicio de amparo. Eso no es una aclaración, es una modificación de sentencia, ya que con ello permite la operación de obras de gran impacto, sin contar con autorización de impacto ambiental, la cual había quedado insubsistente con motivo de la sentencia de la Primera Sala.

En conclusión, la aclaración de sentencia provocó que el recurso judicial elegido por la tribu yaqui resultara inefectivo, impidiendo con ello la restitución del derecho humano violado a la Comunidad Indígena señalada.

Referencias Carmona Caldera, C. (2013). TOMANDO LOS DERECHOS COLECTIVOS EN SERIO: EL DERECHO A CONSULTA PREVIA DEL CONVENIO 169 DELA OIT Y LAS INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Revista Ius et Praxis, 301-334. Ferrer Mac-Gregor, E., & Sánchez Gil, R. (2013). El Nuevo Juicio de Amparo. México: Porrúa . Patiño Palacios, L. Á. (2014). Fundamentos y Práctica Internacional del Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos Indígenas. Acdi - Anuario Colombiano de Derecho Internacional, 69-111. Suprema Corte de Justicia de la Nación. (8 de Mayo de 2013). Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuperado el 6 de Junio de 2017, de Suprema Corte de Justicia de la Nación: http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=144699 Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2014). Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. Mexico D.F.: Suprema Corte de Justicia de la Nación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. (6 de Junio de 2017). Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obtenido de https://www.scjn.gob. mx/derechos-humanos/derechos/164/resoluciones-relevantes-pjf?p

PROPUESTA DE UN CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES DE PREDOMINIO ORAL El proceso legal en nuestro país, a la fecha constituye la forma heterocompositiva más usual de solucionar los conflictos jurídicos de todo tipo, se caracteriza porque un tercero imparcial ajeno, designado por el estado (juez o magistrado), decide el litigio dictando una resolución obligatoria para las partes, que eventualmente puede imponerse en forma coercitiva; por ello se le considera el medio idóneo para resolver problemas con trascendencia jurídica. Es decir, las normas procesales prescriben las condiciones y procedimientos para la aplicación de las normas sustantivas, y dependiendo de la naturaleza de éstas últimas, el derecho procesal especial será de carácter Civil, Mercantil, Familiar, Agrario, Laboral, Penal, administrativo, Constitucional etc. Ahora bien, en la actualidad los procesos de naturaleza civil y familiar se desahogan de una manera predominantemente escrita; sin embargo, existen marcadas diferencias entre los juicios de predominio escrito y los orales; éstos últimos representan ventajas desde la perspectiva de la eficacia, legalidad, transparencia y brevedad. En nuestro país es posible implementar este tipo de juicios en materia civil y familiar, no únicamente por los beneficios que proporcionarán a las personas que ejercen acciones de esta naturaleza; sino por las posibilidades que existen actualmente de ocurrir a los centros de mediación. Además, considerando que en materia penal, a partir del mes de junio del 2016, y en materia mercantil parcialmente desde el 2013 ya operó en toda la República Mexicana esta transición, lo que implica cierto conocimiento al respecto por la clase política, la sociedad civil en general, los abogados litigantes, los operadores del sistema y los medios de comunicación. Cabe destacar que si en la materia penal y la mercantil, ya se transitó de un proceso convencional escrito a uno predominantemente Oral; ello implica que igualmente en la materia Civil y Familiar, puede resultar posible tanto desde el punto de vista fáctico como jurídico, evolucionar a este nuevo proceso de corte o predominio de

Guadalupe Von Ontiveros lupitavon@hotmail.com

la oralidad.

Palabras clave: Juicios orales, derecho civil, derecho familiar. Introducción En nuestro país, los procesos tanto Civiles como Familiares, se desahogan en la forma prescrita en los Códigos de Procedimientos Civiles de los Estados de la República y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de una manera predominantemente escrita; lo que genera excesivas cargas de trabajo en los tribunales, y ocasionalmente la falta de preparación de los funcionarios judiciales; más el abuso del derecho por parte del litigante que utiliza excesivos recursos y tácticas dilatorias que la propia ley permite; provocando una ausencia de justicia pronta y expedita, con la consecuente

violación al derecho humano de acceso eficiente a la justicia por parte de los ciudadanos.

La anterior conjunción de elementos negativos, genera una problemática jurídica que finalmente repercute en los gobernados, no obstante la evolución de los procesos legales a nivel internacional, donde se privilegian los procedimientos orales por su probada transparencia, inmediación y rapidez, sin sacrificar los derechos humanos relacionados con el debido proceso, de ahí que se justifica una modificación en la forma en que se desahogan las etapas de los procesos Civiles y Familiares, lo que puede solucionarse o mejorar mediante la implementación de un proceso que garantice mayor eficacia, transparencia y rapidez, que como se mencionó es un proceso predominantemente oral, en el que aplican los principios de: publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. En relación a ello la autora Graciela E. Álvarez, señala: Quienes defienden la oralidad centran sus argumentos en su practicidad, la economía de

recursos, la celeridad en la resolución de las causas, la adecuación al principio del “debido proceso” o “garantía de audiencia”, la seguridad de que los órganos jurisdiccionales tienen plena cognición de un asunto desde el comienzo de las actuaciones hasta la finalización del proceso en el cual deben fallar gracias a que se eliminan las barreras que interponen los papeles. (Álvarez, 2008, p. 7)

La relevancia social de la temática en análisis se considera de suma importancia, toda vez que las relaciones civiles y familiares entre las personas son cotidianas, al igual que los problemas de orden legal que se presentan en el desenvolvimiento de esas relaciones, por ello resulta tan relevante que esos procesos legales se solucionen en forma ágil, mediante una dinámica procesal que les permita a los resolutores, dirigir el proceso con celeridad y resolver la cuestión de fondo planteada en corto tiempo, y no entorpecer el proceso con tácticas dilatorias innecesarias; máxime que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del estado, es decir, debe recibir una amplia protección y asistencia por el Estado, según se constata en el artículo 4 constitucional, que dispone que la ley protegerá la organización y desarrollo de la familia. Por lo anterior, este nuevo modelo procesal deberá atender a los más altos estándares internacionales en materia de acceso a recursos sencillos, rápidos y efectivos que logren eficientar y agilizar el desarrollo de los procesos en materia civil y familiar. Es importante mencionar que la forma de administrar justicia en nuestro país ha ido evolucionando, ya que ahora existen procedimientos más rápidos y eficientes en distintas materias y en casos como el penal o el mercantil, los procesos orales permiten que los

tiempos procesales se reduzcan considerablemente, además de que se desarrollan en audiencias públicas a la vista de cualquier persona interesada.

También en el nuevo modelo que se propone, se privilegia el respeto al debido proceso, como un derecho humano, que son todos aquellos derechos que tiene cada hombre o mujer por el simple hecho de serlo y formar parte de la sociedad en que vive; y la finalidad de los mismos es proteger principalmente la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad, la integridad física y la propiedad de cada ser humano. Tales derechos consisten en bienes o elementos de su actividad amparados jurídicamente frente al estado y a los particulares. Las Garantías son los mecanismos que el estado crea para hacer eficaz ese amparo. En nuestro país los Derechos Humanos se reconocen constitucionalmente en la reforma a su Carta Magna el diez de junio del dos mil once, incorporándolos en su artículo primero y elevando a nivel constitucional la tutela de estos.

Además, debe destacarse que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 133 constitucional, los tratados internacionales que estén de acuerdo con la propia Constitución y hayan sido celebrados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado, son también Ley Suprema en nuestro país, por lo que todos los habitantes de México tenemos derecho a gozar y disfrutar de los Derechos Humanos contenidos en los tratados internacionales respectivos.

Al efecto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su Título Primero, un Capítulo I, denominado: “De los Derechos Humanos y sus Garantías”, siendo una de estas garantías la de Seguridad Jurídica, la cual resulta ser la base principal para nuestro sistema jurídico, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por tanto en estado de indefensión. La seguridad jurídica es la certeza que debe tener el gobernado de que su persona, familia, propiedades y posesiones o sus derechos serán respetados por la autoridad, y si ésta debe producir una afectación en ellos debe ajustarse a los procedimientos que la ley le obliga; garantías que se encuentran contempladas en los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 y 23 constitucionales. Igualmente, los principios constitucionales resultan ser las bases fundamentales del orden jurídico-político que configuran el estado; para ello se enuncian una serie de valores superiores que impregnan la generalidad del texto, y entre otros, su ordenamiento jurídico, componiéndose éste por los principios constitucionales de justicia pronta, completa e imparcial establecida en el artículo 17, primera parte de su segundo párrafo, de nuestra carta magna que textualmente indica: “…Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial…”. (www.diputados.gob.mx)

Por otra parte, son principios procesales o principios del derecho procesal las reglas que constituyen puntos de partida para la construcción de los instrumentos esenciales de la función jurisdiccional; de otra forma, puede decirse que son los criterios inspiradores de la capacidad de decisión y de influencia del órgano

jurisdiccional y de las partes en el nacimiento del proceso, en su objeto, en su desenvolvimiento y en su terminación. Y de acuerdo al autor Ovalle “son aquellos criterios o ideas fundamentales, contenidos en forma explícita o implícita en el ordenamiento jurídico, que señalan las características principales del derecho procesal y sus diversos sectores, y que orientan el desarrollo de la actividad procesal.” (Ovalle, J. 1991, p. 196) Destacándose como principios procesales, el de celeridad e impulso procesal, legalidad y adversarialidad. El principio de celeridad impone exigencias, responsabilidades y deberes permanentes al aparato judicial, obligándolos a agotar las instancias procesales a través de diversos mecanismos de la forma más expedita, rápida y acertada posible para evitar retardos indebidos; entendiéndose por impulso procesal como aquella actividad necesaria para el desarrollo normal del proceso, haciéndolo avanzar a fin de que pueda cumplir su propia finalidad dentro del orden jurídico, se habla de impulso procesal para determinar cuándo ha de pasarse de un acto procesal a otro. El principio de legalidad consiste en que las formalidades y actuaciones de las partes del proceso, incluso el tribunal, deben estar contenidas en la norma.

Es decir, las normas actuales que prevén y regulan los procesos civiles y familiares, en los diferentes códigos procesales de las entidades federativas y del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México; no se encuentran efectivamente coherentes con las garantías y principios constitucionales, así como con los principios procesales del derecho, que nuestra sociedad demanda, ante la falta de actualización de las mismas. En general, la propuesta materia de estudio concuerda con lo señalado anteriormente, siendo necesaria la modernización de la normatividad referente a la materia civil y familiar, debido a que la convivencia armónica de los particulares, provoca paz social, lo cual se refleja como una cuestión benéfica en diversas materias, incluida la penal, ya que las buena relaciones familiares y la armónica convivencia de las personas disminuyen la incidencia delictiva y obviamente beneficia el patrimonio y el desempeño y bienestar de una sociedad. Antecedentes

Como antecedente se considera conveniente destacar en forma sintetizada lo que constituyen las principales características de los procesos de predominio escrito, a fin de compararlos a lo largo del trabajo de investigación, con los principios que rigen los procesos de predominio oral, y porque éstos últimos indudablemente van a generar principalmente transparencia y brevedad. Respecto de los primeros se destaca, que las principales características es que: Lo relevante debe constar por escrito en el expediente; son lentos y tediosos, por lo que se prestan al abuso del derecho; las audiencias no son abiertas al público, por lo que la secrecía genera desconfianza en la sociedad; contemplan demasiados supuestos de suspensión; además de excesivas notificaciones personales.

Mientras que los principios que principalmente rigen los procesos orales son: La característica de oralidad que significa el predominio de la palabra hablada sobre la escrita; la publicidad que implica audiencias públicas; la contradicción que básicamente significa oír a la otra parte y derecho a refutar; la inmediación que genera contacto directo del juez con las partes; concentración que implica la mayor cantidad de actos en una audiencia; y el de continuidad a fin de que no se interrumpan ni difieran las audiencias. Y de tales principios se destaca el de publicidad en razón de que genera confianza a los usuarios del sistema

pues cualquier ciudadano está en condiciones de apreciar cómo se administra la justicia, y representa enorme importancia desde la óptica de la enseñanza del derecho, pues los estudiantes que cursan la carrera pueden asistir a las audiencias públicas, y como lo señala el autor Miguel Carbonell, “la publicidad actúa en beneficio de la recta impartición de justicia, inhibe la corrupción, mantiene a las partes en un estado de mayor igualdad y convoca a una mejor rendición de cuentas.” (Carbonell, 2010, p. 128) Objetivo

Elaborar una propuesta de código nacional de predominio oral, para tramitar los asuntos civiles y familiares en nuestro país. Metodología

Se considera que la investigación es de tipo documental y descriptiva, con enfoque cualitativo porque se pretende acercar al conocimiento de la realidad jurídica y social que impera en la tramitación de este tipo de procesos judiciales; ya que aun cuando se realizarán entrevistas para el fin antes precisado, no será para efectos de asignar valores numéricos a los datos proporcionados, sino para ser interpretados.

El diseño de la investigación es no experimental, toda vez que se practicará en el campo de las ciencias sociales, específicamente del derecho procesal civil y familiar, describiendo como se tramitan actualmente en nuestro país, este tipo de procesos tomando como referencia el estado de Sonora, probando la conveniencia de transitar al proceso de predominio oral. En la inteligencia de que las entrevistas se realizarán a los titulares de los juzgados que tramitan juicios orales en esta ciudad de Obregón, Sonora, específicamente los juzgados de oralidad penal y mercantil.

Resultados y discusión En este orden de ideas, proce-deremos a citar diversas figuras procesales que se contienen en las legislaciones estatales en materia civil y familiar, que se sugiere eliminar o modificar, en la nueva legislación de predominio oral que se propone.

En principio se inicia con el libro o capítulo de disposiciones generales, precisando que en los diversos Códigos Procesales Civiles de las entidades federativas y en el Código Federal de Procedimientos Civiles, se alude al ejercicio de diversas acciones, donde se establece el ejercicio de las mismas en la vía sumaria, ordinaria u oral; lo que se estima es necesario eliminar, para referir su interposición al juicio contencioso de predominio oral que en este trabajo se propone. Igualmente la tramitación de las tercerías excluyentes de dominio y de preferencia, que en los diversos códigos se contempla que se substanciarán en forma incidental o en la vía ordinaria o sumaria; se propone eliminar esas vías para establecer que se tramitarán mediante incidente en el juicio oral correspondiente, lo anterior atendiendo a que las tercerías excluyentes son juicios contenciosos que a su vez se hacen valer en contra de las partes que también tramitan un juicio contencioso, por tanto como la propuesta comprende el juicio oral para todo el proceso contencioso, es por lo que debe adecuarse la redacción. Respecto a las suspensiones del procedimiento que están contempladas en diversos artículos de los Códigos Procesales Civiles en análisis (124 y 133 en el caso de Sonora), deberán eliminarse, toda vez que el primer supuesto se refiere a suspender el procedimiento cuando se interpone una excepción de incompetencia por declinatoria o inhibitoria; y en el segundo supuesto se suspende cuando se interpone recusación para que un juez o magistrado se abstenga de conocer de algún asunto; lo que no amerita la existencia de la suspensión, pues con independencia de que se haga valer el impedimento, el proceso puede seguir su curso hasta antes de la emisión de la sentencia, y lo mismo sucede con la cuestión competencial; y actualmente estas figuras procesales generalmente son utilizadas de mala fe por los litigantes, para cuando les interesa entorpecer el proceso, mediante la promoción de esas tácticas dilatorias. En el tema trascendente de las notificaciones, que en el caso del estado de sonora van de los artículos del 169 al 172, se propone eliminar las notificaciones personales, hecha excepción del emplazamiento, debiendo subsistir únicamente las notificaciones que diariamente se realizan mediante lista de acuerdos en los tribunales, en atención a las siguientes razones.

En efecto, las partes y sus abogados patronos conocen su número de expediente que se forma

desde la presentación de la demanda, por ello el actor tiene acceso a tal dato desde dicha presentación, y el demandando desde que es emplazado de la demanda entablada en su contra; mientras que los tribunales publican diariamente una lista en los estrados de cada juzgado de los negocios en que se dicta algún acuerdo o alguna resolución, esa lista contiene el número de expediente, los nombres de las partes y los datos del juicio, así como una síntesis del acuerdo emitido. Lista informativa que además se publica en línea (internet) a través de la página oficial de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y de los Tribunales Federales y de la ciudad de México; de tal manera que cualquiera de las partes, así como sus abogados tienen acceso a esa información, y se enteran inmediatamente cuando se dictó algún acuerdo o resolución en el juicio en el que son partes, y están en condiciones de comparecer al Tribunal e imponerse de los Autos, que implica la lectura completa del mismo o la solicitud de expedición de copias de los acuerdos o resoluciones respectivas. De ahí que se consideren innecesarias las diversas notificaciones que existen para practicarse en forma personal que no sea el emplazamiento, ya que la garantía de audiencia que prevé el artículo 14 constitucional, se cumple al gobernado desde el momento mismo en que se le notifica personalmente la demanda, por lo que esta es la única notificación que justifica que el actuario se traslade al domicilio donde habita el demandado a practicar el citado emplazamiento con las reglas formales correspondientes; sin embargo una vez cumplida esta garantía constitucional que además forma parte del debido proceso, la parte demandada ya queda enterada de la demanda y del plazo para contestarla, así como del número de expediente y datos del juicio, por lo que no existe razón para posteriormente seguir practicando a dicho demandando las diversas notificaciones personales previstas en nuestro Código Procesal Civil; y lo mismo sucede con la parte actora que como se precisó también conoce esos datos desde la presentación de la demanda. Como referencia para esta propuesta debe destacarse que con la introducción de los juicios orales a la materia mercantil, se suprimieron la totalidad de las notificaciones personales, con excepción del emplazamiento, lo que provoca la celeridad y agilidad del emplazamiento, además de la importante carga de trabajo que se reduce para el poder judicial, respecto a las labores de los actuarios, cuyas diligencias se concretarían a las notificaciones de la demanda o emplazamiento, y las diligencias de aseguramiento y de ejecución; por lo que ese tipo de actuaciones se realizarían en mejor forma y con mayor prontitud, al evitarse la carga que representan todas aquellas notificaciones que no sean emplazamiento. En este sentido, el autor Juan Carlos Ortiz Romero opina al respecto lo siguiente:

Con el fin de mantener los propósitos de celeridad que exige un procedimiento de naturaleza preponderantemente oral, se propuso suprimir la totalidad de las notificaciones personales, con excepción del emplazamiento; esto con la finalidad de agilizar el procedimiento y cuando el respecto pleno de la garantía de audiencia que está consagrada en los arts. 14 y 16 de la CPEUM. Asimismo, se tienen por hechas las notificaciones de los acuerdos pronunciando en las audiencias, aun cuando no acudan las partes. (Ortiz, 2014, p, 3)

En este orden de ideas, como la propuesta que se plantea tiene como fin primordial la celeridad que exige un procedimiento de naturaleza preponderantemente oral, deben eliminarse también las suspensiones innecesarias, por ello se propone tramitar la nulidad de notificaciones sin efectos suspensivos como está redactado actualmente en la mayoría de los códigos procesales civiles; y además que la resolución que se dicte en el incidente de nulidad sea irrecurrible, subsistiendo en los demás aspectos la redacción actual; aclarando que la no impugnación de la resolución respectiva se propone así, en virtud de que se trata de un recurso innecesario, ya sea el de apelación ante el Tribunal superior, o el de revocación ante el propio juez de la causa, pues cuando se apela de la sentencia definitiva puede analizarse vía agravios cualquier violación procesal de esta magnitud, como lo sería un indebido emplazamiento, e igualmente la falta de emplazamiento puede analizarse vía juicio de amparo directo, cuando se interpone en contra de la resolución de segunda instancia que resuelve la apelación; y aún más en amparo indirecto cuando el interesado no fue legalmente emplazado y se entera con posterioridad a la posible utilización de estos medios de impugnación, o incluso antes si comparece como tercero extraño a juicio mediante amparo indirecto. En el libro denominado “del juicio en general” de los Códigos Procesales Civiles, se contempla toda la normatividad relacionada con la demanda, contestación, efectos del emplazamiento, fijación del debate, reglas generales y especiales de las pruebas, valorización de pruebas, alegatos y citación para sentencia, cosa juzgada, recursos, ejecución forzosa, embargos, ventas y remates judiciales; por lo que en esos temas, se tendrán que hacer diversas adecuaciones, desde la óptica de que se propone en este nuevo modelo de predominio oral, que la primera parte del proceso hasta la fijación de la litis se sustancie por escrito, ya que tanto la demanda como la contestación de esta forma deberá ser; sin embargo una vez entablada la litis se fija fecha para la audiencia inicial o preliminar, donde deberá depurarse el procedimiento, resolviendo cualquier cuestión de previo y especial pronunciamiento, por lo que en este libro segundo deberá modificarse lo relacionado con los diversos plazos para contestar

la demanda con independencia del tipo de acción ejercitada, y se propone un plazo uniforme de diez días en todos los casos para contestar la demanda; y en el supuesto de las excepciones dilatorias de previo y especial pronunciamiento, como la litispendencia, conexidad y cosa juzgada, incluidas las cuestiones de competencia, deberán resolverse sin suspensión del procedimiento durante la audiencia preliminar, al momento de depurar el procedimiento, donde también habrán de resolverse otras cuestiones relacionadas con los presupuestos procesales que las partes hubieran hecho valer, como falta de personalidad y de legitimación.

Igualmente deberán modificarse los artículos relacionados con los momentos para presentar e impugnar pruebas, ya que cambiará la dinámica respecto al ofrecimiento de pruebas, toda vez que se elimina el periodo probatorio que normalmente se utiliza para el ofrecimiento de pruebas, para el nuevo modelo en el que las pruebas siempre se ofrecerán en los escritos de demanda, contestación, y las vistas que se contestan con motivo de dichos escritos, y salvo que se trate de pruebas supervenientes, no existirá otro momento procesal para su ofrecimiento, las cuales quedaran admitidas durante la audiencia preliminar, con posterioridad a la depuración del procedimiento. Igual suerte corren todas las normas que se refieren a las pruebas específicas, toda vez que las reglas especiales de desahogo, deberán adecuarse para efectos de que todas las probanzas sean desahogadas en la audiencia de juicio oral, a excepción de la inspección judicial que deberá practicarse con anterioridad a la audiencia respectiva, y reproducirse en la misma. En relación a los alegatos y sentencia, deberán adecuarse en cuanto a su tiempo y forma; ya que en el nuevo modelo siempre deberán expresarlos las partes con posterioridad al desahogo de las pruebas en la audiencia de juicio oral y antes de que se cite para sentencia el asunto; y respecto a la sentencia deberán eliminarse los plazos que actualmente se prevén de distinta manera en cada tipo de juicio, para adecuarnos a un solo plazo único de quince días para cualquier caso, que correrá a partir de concluida la audiencia de juicio en que se citara a las partes para continuar la audiencia, única y exclusivamente para la lectura de los resolutivos de la sentencia.

En cuanto al libro tercero denominado “de los juicios en particular” en este generalmente se contemplan todas aquellas reglas de procedencia y de tramitación de los juicios en particular y los procedimientos especiales que existen regulados en los diversos códigos procesales, entre ellos los juicios ordinarios, el juicio sumario, el juicio oral, el juicio ejecutivo, el ejecutivo sobre derechos reales, el juicio hipotecario, el especial

en materia de arrendamiento inmobiliario, juicio sobre cuestiones familiares, cuestiones matrimoniales y nulidad de matrimonio, divorcio voluntario, divorcio necesario, paternidad y filiación, patria potestad y adopción, rectificación de actas, interdicción, nombramiento de tutores; juicio sobre posesión y propiedad, juicios declarativos de propiedad y declarativos, juicios sobre servidumbres; providencias cautelares y procedimiento sucesorios; respecto de este libro se propone instaurar un solo tipo de juicio contencioso de predominio oral, esta cuestión se aclara, toda vez que en este libro existen una serie de procedimientos que no son propiamente contenciosos, como por ejemplo la tramitación de la adopción, de interdicción, nombramiento de tutores, enajenación de bienes de menores o incapacitados, emancipación, declaración de ausencia, juicios declarativos de propiedad sin oposición; así como las providencias cautelares, los procedimientos sucesorios y los de jurisdicción voluntaria, en los cuales hasta en tanto no exista una parte opositora, su tramitología inicia y es de naturaleza no contenciosa, por lo tanto esos procedimientos deberán subsistir en sus términos.

Ahora bien, en lo que se refiere a los restantes juicios en particular que desde su inicio son juicios controvertidos o contenciosos, son en los que se propone un solo proceso, es decir, la unificación de su reglamentación, para efectos de unificar el mismo plazo para contestar la demanda, así como el momento para ofrecer pruebas, y el desahogo de las mismas, todo lo cual será reglamentado mediante la instauración de la audiencia preliminar y la audiencia de juicio oral a las cuales nos referiremos más adelante. Por lo anterior es que deberán eliminarse en todos los juicios especiales los plazos para

contestar la demanda, para rendir pruebas y para alegar, pues todos ellos deberán regirse por un plazo idéntico para la contestación que se propone de diez días, y el ofrecimiento de pruebas en los escritos de demanda y contestación, por lo que desaparecen los periodos probatorios, como ya se explicó en el apartado que antecede del libro segundo. Es decir todos los tipos de demanda que se prevén y que se refieren a acciones específicas, como la firma de una escritura, los cobros judiciales, rendición de cuentas, responsabilidad civil, las cuestiones de alimentos, de servidumbres, los interdictos, la acción ejecutiva, la acción hipotecaria, las derivadas de arrendamiento inmobiliario, las relacionadas con el matrimonio y el divorcio, la de paternidad y filiación y patria potestad, sobre posesión y propiedad, y la acción reivindicatoria; se propone que sean tramitadas y resueltas finalmente mediante este modelo de juicio preponderantemente oral; toda vez que no existe una razón fáctica y jurídica de suficiente trascendencia que justifique la gran diversidad de normas procesales que se contienen para la tramitación de cada uno de esos juicios distintos, que realmente lo que representan son acciones diversas, y ciertamente en el ejercicio de alguna de ellas en la vía sumaria se reducen los plazos para contestar la demanda y ofrecer pruebas, por considerarse asuntos que debían resolverse con mayor urgencia que otros; sin embargo como en la propuesta que se realiza se pretende agilizar todo el proceso, entonces resulta innecesaria la tramitología diversa que se maneja en el ejercicio de las acciones antes mencionadas, lo que además atenta contra el principio de igualdad real entre las partes, toda vez que dependiendo de la capacidad económica de las partes estas se encuentran en condiciones distintas de defenderse, pues atendiendo a sus recursos habrá justiciables que podrán contratar un abogado con experiencia, mientras que otros tendrán que recurrir a instituciones públicas o de servicio social, donde por lo regular los abogados son de poca experiencia, lo que genera desigualdad procesal de hecho que se agrava ante las complejas reglas procesales que existen actualmente en materia civil y familiar.

En lo que respecta al juicio de divorcio necesario, debe señalarse que merece especial mención, en virtud de que la mayoría de las legislaciones todavía exigen cuando el divorcio no sea voluntario, que éste sea demandando por el cónyuge que no haya dado causa a él, y tenga que demostrar alguna causal, incluso algunas legislaciones actuales facultan al ministerio público en ese tipo de juicios para rendir pruebas que sirvan para el mantenimiento del vínculo, todo lo cual implica que se sigue contemplando el divorcio con causal para acreditar, de las previstas en las legislaciones procesales civiles vigentes; lo que actualmente quedó obsoleto por existir la jurisprudencia 28/2015 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se determinó que cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio ante la autoridad judicial, con solo manifestar su voluntad de no querer continuar unido al matrimonio, y que las legislaciones estatales que exigen demostrar causal, violentan o desconocen el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, y no respetan la autonomía de la libertad de los cónyuges de decidir voluntariamente si se desea seguir unido al matrimonio, ya que el Estado tiene prohibido interferir en la elección libre y voluntaria de las personas, por ello resulta necesario eliminar la figura del divorcio con causa. Por otra parte, en lo que se refiere a los juicios particulares, como el oral, el ejecutivo y el hipotecario, de estos se propone eliminar su tramitación especial, para que sean igualmente substanciados mediante el proceso oral único que se propone, con igual plazo para contestar la demanda y las mismas reglas para el ofrecimiento de pruebas y admisión en

la audiencia preliminar, mientras que el desahogo se realizaría en la audiencia de juicio, haciéndose la observación que las peculiaridades especiales que contienen esos procedimientos se pueden prever desde el auto admisorio de la demanda. Puesto que en relación a la acción ejecutiva es posible conservar los preceptos que contienen las condiciones de su procedencia y los requisitos para constituir el título ejecutivo; e igualmente en el auto admisorio de la demanda se podrá despachar la ejecución de embargo, como característica peculiar del ejercicio de este tipo de acción, eliminándose el plazo de tres o cinco días para contestar la demanda, para sustituirlo por el plazo general de diez días que se aplicaría para todos los asuntos contenciosos.

De la misma manera, en la acción hipotecaria al admitirse la demanda igual se puede ordenar la expedición, entrega y registro de la cédula hipotecaria en los términos que normalmente se contempla, así como los requisitos de procedencia; y lo mismo sucede con los elementos de la cédula hipotecaria y el avaluó de la finca; y a partir de la admisión de la demanda con estas peculiaridades se aplicarían las reglas del juicio oral. En cuanto al juicio especial en materia de arrendamiento inmobiliario, como este sigue normalmente las reglas de un juicio oral, únicamente se propone la adecuación al proceso oral único, y la eliminación del plazo especial de cinco días para contestar, para ser sustituido por el de diez días que se propone para todos los casos contenciosos.

Por lo que se refiere a las acciones sobre cuestiones familiares en la vía controvertida, se propone que sigan las mismas reglas de procedencia y que una vez admitida la demanda en la forma del nuevo esquema se sujeten a la normatividad de la citada audiencia preliminar y de juicio que se proponen, en la inteligencia de que deberán conservarse las facultades del juzgador, para determinar la verdad. Por otra parte, en materia de familia existen otros diversos trámites no contenciosos, cuando menos en su naturaleza, como son las interdicciones, las autorizaciones judiciales para vender bienes de menores o incapaces, y la declaratoria de ausencia y presunción de muerte, que se considera deben conservarse en los mismo términos, porque no participan del juicio contencioso, sino que se trata de procedimientos que se promueven para que una autoridad judicial verifique y autorice determinada solicitud cuando se involucran bienes de menores o incapaces, o el cercioramiento de la ausencia mediante publicaciones en la forma que indica el título y capítulo correspondiente; y en el caso de las interdicciones verificar el estado real de la persona sujeta a interdicción, atendiendo a los exámenes que son proporcionados por los peritos médicos. En cuanto a las providencias cautelares, como se trata de procedimientos de aseguramiento respecto a los efectos de la sentencia, y están sujetas a lo que se resuelva en el juicio de fondo, deberán subsistir en los mismos términos.

Igualmente se propone conservar la tramitología de los procedimientos sucesorios, por tratarse de juicios especiales no contenciosos de inicio que se siguen en cuatro secciones, donde se dicta una resolución en cada una de ellas, y que normalmente inicia como un procedimiento sin controversia o contención.

Asimismo deberán conservarse las disposiciones de los trámites de jurisdicción voluntaria, toda vez que estos se promueven sin controversia entre partes, cuando es necesario demostrar la existencia de hechos que han producido o puedan producir efectos

jurídicos, así como para regular situaciones jurídicas en que exista incertidumbre, pero sin controversia entre partes, puesto que se presenta la solicitud sin la designación de una parte demandada a quien hubiere necesidad de notificar la demanda, por ello se afirma que estos procedimientos de origen no son de naturaleza contenciosa, con independencia de que posteriormente y durante su tramitación pudiera presentarse alguna oposición o inconformidad.

También los juicios declarativos de propiedad sin parte demandada, deberán subsistir en su tramitología, ya que si no existe interesado y la posesión se originó y se realizó en los términos que prevé la ley para la prescripción, basta con las notificaciones a los colindantes y a cualquier interesado mediante edictos, así como a las dependencias gubernamentales; y en caso de aparecer algún opositor, se sobresee el procedimiento para que las contendientes diriman el conflicto siguiendo la normatividad de la vía contenciosa del propio juicio de predominio oral que se propone. En síntesis, se propone unificar el proceso para todo tipo de acciones civiles y familiares donde exista controversia, proponiéndose un esquema donde la primera parte del proceso se tramitaría en forma escrita, iniciando con los escritos de demanda, contestación, reconvención si hubiere, y contestación a las vistas otorgadas con tales escritos, y a partir de que se fije la litis se señalaría fecha para el desahogo de la primera audiencia, en la cual de inicio se intentaría la conciliación, y de no obtenerse ningún arreglo se continuaría con la depuración del procedimiento, para después proceder a los acuerdos probatorios y admisión de pruebas; y la segunda audiencia que sería la de juicio, cuyo

objetivo principal lo constituye el desahogo de las pruebas admitidas, la presentación de alegatos de las partes y la citación para sentencia definitiva. Conclusiones y recomendaciones

Para efectos de unificar reglas procesales en materia civil y familiar de todos los estados, se requiere un Código Procesal Nacional en estas materias, que opere para toda la república; que en dicho Código se establezca el proceso contencioso, de predominio oral, que se unifique la forma de tramitación de los juicios de naturaleza contenciosa, quedando subsistentes con las adecuaciones necesarias los trámites de preparación de juicio, procedimientos de consignación, providencias cautelares, de jurisdicción voluntaria, los procedimientos de familia que no sean contenciosos, y los juicios sucesorios.

Para ello, se propone en la nueva legislación la eliminación de notificaciones personales a excepción del emplazamiento; eliminación de suspensiones del procedimiento, a menos que lo pidan las partes para intentar la conciliación; la unificación de los trámites en todos los juicios de naturaleza contenciosa, aplicándose los mismos plazos para contestar la demanda, y para cualquier otro acto procesal; a partir de la fijación de la litis, iniciaría el procedimiento oral mediante el desahogo de dos audiencias, la primera para depurar el procedimiento y admitir pruebas, y la segunda para desahogo de pruebas, alegatos y sentencia; conservándose los procedimientos especiales de origen no contencioso.

Referencias Alvarez, E, G. (2008). La oralidad y su importancia en el derecho. Panamá: Ed. Universal Books Carbonell, M. (2010). Los juicios orales en México. México: Ed. Porrúa-UNAM Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. Recuperado el 12 de septiembre de 2016, de http://congresoson.gob.mx/ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuperado el 12 de septiembre de 2016, de http://www.diputados.gob.mx/ Ortiz, J. (2014). Juicio Oral Mercantil Comentado. México: Ed. Oxford Ovalle, J. (1991). Teoría general del proceso. 4ta. Ed. México: Ed. Harla

Impacto del Servicio Social de Pasantes de Nutrición y Fisioterapia de la Universidad La Salle Noroeste promoción agosto 2016 La Universidad La Salle Noroeste en su Plan Maestro 2016-2019 tiene como línea estratégica la Responsabilidad Social. De aquí la pertinencia de conocer si se logran los objetivos de impacto social y académico del servicio social que prestan en las unidades receptoras los Pasantes de Nutrición (LNU) y Fisioterapia (LFT). La población estudiada fueron 58 egresados del área de salud que realizaron 55680 horas de servicio social del 1 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2017. Las 32 unidades receptoras de los pasantes de servicio social de la promoción estudiada se localizaron en mayor porcentaje en el Estado de Sonora (sobretodo Ciudad Obregón), siendo de 75.86% para Fisioterapia y 82.7% de Nutrición. Se consideraron los beneficios sociales en función de la aplicación de las áreas de ejercicio profesional en que se les capacito a nuestros estudiantes en la universidad durante 4 años. Encontrándose que no todos los pasantes de LNU pudieron practicar sus áreas de ejercicio profesional, ya que algunas unidades receptoras de Servicio Social son muy especializadas. Sin embargo los pasantes de LFT pudieron practicar todos sus campos laborales, se considera que esto se debe a que no requieren de condiciones especiales, como comedores. Con respecto al impacto académico se consideraron aspectos como potenciación de las competencias, trabajo interdisciplinario e investigación. Parece evidente que el servicio social fortaleció las competencias académicas de los pasantes de LNU y LFT, como el trabajo interdisciplinario y potenciación de sus competencias. La práctica de la Investigación estuvo supeditada a tener área de Enseñanza en la sede.

Mtra. Haydeé Juárez Calderón hjuarez@ulsa-noroeste.edu.mx Universidad La Salle Noroeste

Finalidad y objetivos Hacer un diagnóstico preliminar sobre los posibles impactos sociales y académicos que pudieran haber brindado a la sociedad los prestadores de servicio social de la promoción agosto de 2016. Los resultados de este análisis se pretenden utilizar para la toma de decisiones con las promociones siguientes de egresados del área de Salud. Siendo los objetivos del presente estudio

a. Comparar las actividades realizadas por los pasantes de LNU y LFT en servicio social con su formación en la universidad y de aquí sugerir que debieran incidir en el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población atendida y

b. Si efectúan acciones en las unidades receptoras que incidan en el fortalecimiento de su formación integral y profesional.

Antecedentes

La Universidad La Salle Noroeste tiene dentro de su Plan Maestro 2016-2019 como línea estratégica la Responsabilidad Social Universitaria. La cual tiene como metas: 1. Gestionar la Responsabilidad Social al interior de la institución en la administración, formación y desarrollo de habilidades cognitivas, y transferencia del conocimiento y 2. Ampliar de manera diversificada los servicios de participación social y salud pública.

Y siendo nuestro Modelo educativo Socioconstructivista con enfoque en competencias, que incluye dos planos: un plano filosófico (supuestos básicos y valores institucionales) y otro académico. En este contexto, nuestro Pasante en Servicio Social debiera ser un reflejo de esta formación en su dimensión social de la Institución.

Las Licenciaturas de Nutrición y Fisioterapia de la ULSA Noroeste iniciaron en agosto de 2015 con la modalidad de servicio social de un año después de haber concluido con su plan de estudios durante 960 horas. En nuestra corta experiencia nos hemos encontrado con la problemática de saturación de pasantes que solicitan plazas de servicio social en nutrición y carencia del servicio de terapia física en las instituciones del sector salud. Lo que nos llevado a las siguientes estrategias:

a. Buscar convenios con organismos en donde nuestros pasantes puedan realizar su servicio social en cantidad y calidad, y b. Lograr que los directivos de las unidades receptoras que no cuentan con el área física, equipo y recursos humanos para realizar terapias físicas permitan que nuestros pasantes se adapten para dar el servicio en estas condiciones. Esto ha permitido que los pasantes crezcan y se desarrollen profesionalmente utilizando su creatividad.

Las unidades receptoras del servicio social son elegidas por los estudiantes en octavo semestre, en caso de superar la demanda en una sede, la selección se hace de acuerdo al promedio. Estas nos

dan a conocer los espacios y lugares disponibles.

Cabe hacer notar que los estudiantes de Nutrición y Fisioterapia de la Universidad llegan al servicio social después de 4 cursos curriculares de prácticas profesionales. Así que los pasantes de Nutricion deben cumplir por lo menos con 720 hrs. de aprendizaje práctico y 640 hrs. los de Fisioterapia. Por lo que el Servicio Social no es su primera inserción en un escenario real. Justificación

La ausencia de diagnósticos periódicos, por parte de las instituciones educativas para orientar la tendencia de las acciones de servicio social ha sido un obstáculo para evaluar adecuadamente su impacto social y académico. Con esta actividad se pueden obtener lo siguiente:

a. Fortalecer el seguimiento del servicio social, que permita supervisar y asesorar el desempeño de nuestros Pasantes, b. Mejorar la formación en el ámbito de la investigación, solicitándole realicen y desarrollen un proyecto de investigación, con base en una temática que contribuya a la solución de

Tabla 4. Distribución de Pasantes de Fisioterapia en promoción de agosto 2016

LUGAR

Ciudad

Hermosillo

Cd. Obregón Sonora

75.86

Guaymas

Empalme Guadalajara Fuera del Estado

Culiacán Los Mochis Monterrey

24.14

UNIDAD HGZ#2 IMSS CRIT HGZ # 14 IMSS Hospital San Jose ULSA Clínica Fisioterapia Secretaria de Salud Hospital General UNIFRAT Unidad Básica de Rehabilitación UMF #4 IMSS Secretaria de Salud Hospital General Unidad Básica de Rehabilitación Consejo Estatal para el fomento Deportivo Juntos por los demás CREE CREE CREE

% 24.14

Personas 1 1 2 3 5

37.93

5 1 1

10.34

1 1

3.44 13.79 3.44 3.44 3.44

1 3 1 1 1 1 35

un problema en la Institución. Para esto es indispensable que la institución de educación superior se involucre.

Construcción de la demanda

• Grupos afectados • Los pasantes actuales y futuros, en servicio social • Los pacientes que reciben los servicios de los pasantes en servicio social • Los empleadores de las unidades receptoras • La sociedad en general

Actor prioritario

El actor principal y nuestro principal objetivo debería ser la población las clases sociales más desprotegidas y vulnerables, no solo de manera asistencialista sino con responsabilidad social.

Delimitación geográfica La distribución de pasantes de Fisioterapia y Nutrición en la promoción de agosto 2016 se muestra en el cuadro 1 y 2, respectivamente. Se observa que las unidades receptoras de los prestadores de servicio social se encuentran en mayor porcentaje en el Estado de Sonora, siendo de 75.86% para Fisioterapia y 82.7% de Nutrición. Asimismo la mayoría de los prestadores del servicio se quedan en Ciudad Obregón siendo mayor el porcentaje para Fisioterapia de 62.07% y de 37.93 % para Nutrición. Aquí influye que 5 pasantes de Fisioterapia se quedaron en la Clinica de la Universidad. Estos resultados son acordes con las políticas de la Secretaria de Salud de que su estado sea el beneficiado.

Tabla 5. Distribución de Pasantes de Nutrición en promoción de agosto de 2016

LUGAR

Ciudad

Cd. Obregón 82.7 Sonora

UNIDAD Secretaría de Salud

Hospital General

UMF # 1 IMSS HGR # 1 IMSS

1 1

Estancia Alzheimer

Hospital San Jose DIF Itom Kari Centro de Investigación de Cáncer en Sonora Secretaria de Salud Jurisdicción Sanitaria IV Centro de SALUD Urbano

62.07

UMF #4 IMSS

1 3 3.44

UMF/UMAA #68 IMSS HGZ #14 IMSS

Guadalajara Fuera del Estado

Monterrey DF

17.3%

Hospital Cima Consejo Estatal para el fomento Deportivo Hospital Angeles del Carmen CREE Hospital Angeles Instituto de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Zubirán

1 1

CREE Hermosillo

2 1 3

Jurisdicción Sanitaria IV Guaymas

Personas

17.24

1 1 2

6.89 3.44 6.89

1 1 1 1 1

Referencias teóricas El Servicio Social en el área de Salud que prestan los pasantes de las Instituciones de Educación Superior en México han sido objeto de múltiples investigaciones desde diferentes ángulos. Organismos como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Comisión Interinstitucional de Servicio Social (CISS), la Red Nacional de Servicio Social han insistido en lo conveniente de realizar estudios orientados al mejoramiento del Servicio Social en México. Los resultados de la reflexión del servicio social, desde la perspectiva legislativa, administrativa, académica y social han puesto en evidencia que el servicio social; no solo ha sido un instrumento de vinculación y participación social, sino que ha contribuido a la formación integral y profesional del estudiante. Entre los logros de mayor significado, se pueden mencionar: el fortalecimiento de valores y actitudes entre los estudiantes, la promoción de la vinculación y la concertación social, las iniciativas

de responsabilidad compartida mediante planes y programas institucionales con la finalidad de articular actividades entre los estudiantes y los diversos sectores sociales, reconocer al servicio social como una actividad integral comprometida con los grupos sociales más vulnerables. Metodología

Población de estudio. 29 pasantes de LNU y 29 pasantes de LFT en servicio social de la promoción agosto 2016. Que realizaron 55680 Horas de labor social en 17 unidades receptoras los de LFT y 19 los de LNU.

Mediciones. Debido a que no se tenía información confiable sobre la población beneficiada por los prestadores de servicio estudiados. El Impacto Social se determinó en función de la aplicación de las competencias en sus áreas de ejercicio profesional que fueron adquiridas por los pasantes durante los ocho semestres de su carrera, los cuales se muestran en los cuadros 3 y 4.

Tabla 6. Perfil de egreso del Licenciado en Nutrición

Área de Ejercicio Profesional

Competencias

Nutrición Clínica

Evaluación y atención nutriológica de individuos sanos, en riesgo o enfermos a través del diseño, implementación y evaluación del plan de cuidado nutricio. Servicios de alimentación en comedores Identificar y evaluar problemas nutriológicos de grupos poblacionales; así como diseñar, organizar, implementar, evaluar programas de nutrición

Ciencia de los alimentos Nutrición Comunitaria

Tabla 7. Perfil de egreso del LFT

Área de Ejercicio Profesional

Competencias

Exploración física Manejo de la terapia física y rehabilitación

Valoración y diagnostico fisioterapéutico Plan y aplicación del tratamiento

Historia clínica

Pronostico y documentación

Medición del Impacto Académico. Se definió el Impacto Académico como el fortalecimiento de su formación profesional que obtuvieron por la experiencia del servicio social, para lo que se consideraron los siguientes aspectos: Potencialización de las competencias, trabajo interdisciplinario e Investigación . No se consideró por su dificultad para evaluarlos: la mejora de su capacidad para enfrentarse a escenarios reales, el fomento de los valores y la actitud, entre otros. Estrategias de intervención

Las actividades de impacto social que realizaron los pasantes de LNU de la promoción de agosto 2016 durante 27840 hrs. se muestran en el cuadro 5. Se observa que solo el 31.6 % de las unidades

receptoras de los pasantes de nutrición en servicio social tienen experiencias de aprendizaje en sus 3 áreas de ejercicio profesional. Presentándose el mayor porcentaje (63.2 %) para las sedes donde obtuvieron aprendizaje práctico en 2 de sus campos de ejercicio profesional. Y solo en una institución, el CODE en Guadalajara se especializan en nutrición clínica en deportistas pero no adquieren experiencia en las otras áreas de servicios de alimentación y la nutrición comunitaria. Cabe hacer notar que todos los pasantes de LNU llevaron a cabo actividades de salud pública como campañas, ferias y brigadas de salud, capacitación, etc. No obstante los servicios de alimentación solo lo practicaron en las unidades receptoras que tenían servicio de comedor para sus pacientes.

Tabla 8. Impacto Social de los Pasantes de Nutrición de la promoción agosto 2016 No. Pasantes

Lugar

Actividades que Benefician a la Sociedad Evaluación y atención Nutricional de Adultos Mayores

Servicios de Alimentación en Comedor

Capacitación a personal de la estancia y famiESTANCIA ALZHEIMER liares Evaluación y atención Capacitación de Nutricional a deportistas personal de la CODE JALISCO institución Evaluación y atención Servicios de AliCapacitación de HOSPITAL SAN JOSE, Nutricional de pacientes mentación en Copersonal de la CIUDAD OBREGON en riego y enfermos medor institución Servicios de AliCapacitación de mentación en Copersonal de la DIF/ITOM KARI medor institución Evaluación y atención Campañas de preNutricional de pacientes vención y UMF/UMAA 68 IMSS externos en riego y Jornadas de Salud HERMOSILLO enfermos CENTRO DE INVESTIEvaluación y atención Campañas para GACIÓN DE CANCER Nutricional de pacientes prevención del EN SONORA/ONCOoncológicos Cáncer LOGIA ORTOMOLECULAR Orientación Nutricional Campañas de prede Adultos Mayores vención, Ferias de salud, Brigadas de salud, Grupos de SECRETARIA SALUD Apoyo Mutuo y OBREGON, JURISDICCIÓN SANITARIA IV Jornadas de salud

Atención Nutricional de pacientes externos y hospitalizados

Servicios de Alimentación en Comedor

Campañas de lactancia materna, prevención de labio leporino.

HOSPITAL CIMA, HERMOSILLO 1

UMF 4 IMSS GUAYMAS

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACION ESPECIAL (CREE) HERMOSILLO HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD OBREGON

CENTRO DE SALUD URBANO OBREGON CENTRO JURISDICCIÓN SANITARIA IV

UMF-1 IMSS OBREGON

Evaluación y atención Nutricional de pacientes externos en riego y enfermos Evaluación y atención Nutricional de pacientes discapacitados

Campañas de prevención y Jornadas de Salud Campañas de prevención, Ferias de Salud, Brigadas de Salud

Evaluación y atención Servicios de Ali- Campañas de preNutricional de pacientes mentación en Covención y externos en riego y medor Jornadas de Salud enfermos Evaluación y atención Nutricional de embarazadas, en puerperio, adolecentes o pacientes con enfermedades crónico degenerativas

Campañas de prevención a pacientes externos, adolecentes preparatorianos, mujeres, adultos mayores

Evaluación y atención Nutricional de pacientes en riego y enfermos

Programa de atención al paciente diabético (DiabetIMSS) Campañas de prevención en empresas y

Jornadas de Salud Evaluación y atención Capacitación a CENTRO DE REHABINutricional de pacientes personal del CenLITACIÓN Y EDUCAdiscapacitados tro, pacientes disCION ESPECIAL (CREE) capacitados y sus MONTERREY familiares Atención Nutricional de Servicios de Ali- Campañas de prepacientes externos y mentación en Covención y hospitalizados medor HGR-1 IMSS OBREJornadas de SaGON lud.

HOSPITAL ANGELES DEL CARMEN, GUADALAJARA HOSPITAL ANGELES CIUDAD DE MEXICO INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICIÓN “SALVADOR ZUBIRAN”

HGZ 14 IMSS HERMOSILLO

Atención Nutricional de Servicios de Alipacientes hospitalizados mentación en Comedor Atención Nutricional de pacientes externos y hospitalizados Atención Nutricional de pacientes externos y hospitalizados

Campañas a pacientes con riesgo de Síndrome Metabólico Servicios de AliCapacitación a mentación en Co- personal y famimedor liares Campañas de prevención y Jornadas de Salud.

Atención Nutricional de Servicios de Ali- Campañas de prepacientes hospitalizados mentación en Covención y medor Jornadas de Salud.

En el Cuadro 6, se muestran las actividades de impacto académico consideradas en las unidades receptoras del Servicio social de los pasantes de LNU de la promoción de agosto de 2016. Se obtuvo que el 59% de los pasantes de nutrición pudieron capacitarse en nutrición clínica con pacientes en todas las etapas del ciclo de vida (lactantes, niños, adolescentes, embarazadas, adultos y adultos mayores). De manera específica en nutrición geriátrica, oncológica y deportiva fue una sola sede y 2 unidades receptoras en nutrición en discapacitados. Una pasante de

nutrición solo recibió capacitación en herramientas administrativas de la Secretaría de Salud.

Una experiencia que todos los pasantes tuvieron la oportunidad de vivir fue el trabajo interdisciplinario.

Con respecto a la investigación, esta actividad solo se realizó en 42.1 % de las sedes, como los Centros de Investigación, la Secretaria de Salud, el IMSS, los Hospitales Privados, donde cuentan con área de Enseñanza e Investigación. En las demás sedes solo se elaboraron programas y se les dio seguimiento.

Tabla 9. Impacto Académico de la Promoción agosto de 2016 de los pasantes de Nutrición No. Pasantes 4

Unidad receptora

ESTANCIA ALZHEIMER, IAP

CODE JALISCO 2

HOSPITAL SAN JOSE, CIUDAD OBREGON

Actividades de Impacto Académico Fortalecimiento de la Capacitación en Nutrición Geriátrica Fortalecimiento de la Capacitación en Nutrición Deportiva Fortalecimiento de la Capacitación en Nutrición Clínica

Trabajo interdisciplinario Trabajo interdisciplinario Trabajo interdisciplinario Trabajo interdisciplinario

DIF/ITOM KARI 1

UMF/UMAA 68 IMSS HERMOSILLO

Fortalecimiento de la Capacitación en Nutrición Clínica

Trabajo interdisciplinario

Elaboración y seguimiento de programas Elaboración y seguimiento de programas Elaboración y seguimiento de programas Elaboración y seguimiento de programas de alimentación de niños Realizar un Proyecto de Investigación

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE CANCER EN SONORA/ONCOLOGIA ORTOMOLECULAR

SECRETARIA SALUD OBREGON, JURISDICCIÓN SANITARIA IV

HOSPITAL CIMA, HERMOSILLO

UMF 4 IMSS GUAYMAS CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACION ESPECIAL (CREE) HERMOSILLO HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD OBREGON CENTRO DE SALUD URBANO OBREGON CENTRO UMF-1 IMSS OBREGON CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACION ESPECIAL (CREE) MONTERREY HGR-1 IMSS OBREGON HOSPITAL ANGELES DEL CARMEN GUADALAJARA HOSPITAL ANGELES CIUDAD DE MEXICO

Fortalecimiento de la Capacitación en Nutrición Oncológica

Trabajo interdisciplinario

Participación en Protocolos de Investigación

Capacitación en herramientas administrativas

Trabajo interdisciplinario

Fortalecimiento de la Capacitación en Nutrición Clínica Fortalecimiento de la Capacitación en Nutrición Clínica Fortalecimiento de la Capacitación en Nutrición en discapacitados

Trabajo interdisciplinario

Elaboración y seguimiento de programas de alimentación de adultos mayores Colaboración en Proyectos de Investigación Realizar un Proyecto de Investigación Elaboración de programas

Fortalecimiento de la Capacitación en Nutrición Clínica

Trabajo interdisciplinario

Elaboración y seguimiento de programas

Fortalecimiento de la Capacitación en Nutrición Clínica Fortalecimiento de la Capacitación en Nutrición Clínica Fortalecimiento de la Capacitación en Nutrición en discapacitados

Trabajo interdisciplinario

Realizar un Proyecto de Investigación

Trabajo interdisciplinario

Elaboración y seguimiento de programas

Fortalecimiento de la Capacitación en Nutrición Clínica Fortalecimiento de la Capacitación en Nutrición Clínica

Trabajo interdisciplinario

Realizar un Proyecto de Investigación Elaboración y seguimiento de programas

Fortalecimiento de la Capacitación en Nutrición Clínica

Trabajo interdisciplinario

Trabajo interdisciplinario Trabajo interdisciplinario

Trabajo interdisciplinario

Colaboración en Proyectos de Investigación

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICIÓN “SALVADOR ZUBIRAN” HGZ 14 IMSS HERMOSILLO

Fortalecimiento de la Capacitación en Nutrición Clínica

Trabajo interdisciplinario

Realizar un Proyecto de Investigación

Fortalecimiento de la Capacitación en Nutrición Clínica

Trabajo interdisciplinario

Realizar un Proyecto de Investigación

El impacto social de los pasantes estudiados de LFT se muestra en el cuadro 7, donde se observa que todos los pasantes realizaron las actividades de planeación y aplicación del tratamiento, y el pronóstico y documentación. Esto indica que se les permitió aplicar sus competencias adquiridas durante su formación en la universidad en sus pacientes. Solo la valoración y diagnostico fisioterapéutico fue diferente, de acuerdo al tipo de paciente de la sede. Así fueron pacientes en general, discapacitados o intrahospitalarios, entre otros.

Tabla 10. Impacto Social de los Pasantes de Fisioterapia de la promoción agosto de 2016 No. Pasantes

Lugar

HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD OBREGON

CODE JALISCO

HOSPITAL SAN JOSE, HERMOSILLO 5

CLINICA DE FISIOTERAPIA ULSA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION, GUAYMAS CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACION ESPECIAL (CREE), CULIACAN

Actividades que Benefician a la Sociedad Valoración y diagnóstico fisioterapéutico en pacientes hospitalizados Valoración y diagnóstico fisioterapéutico en deportistas de alto rendimiento Valoración y diagnóstico fisioterapéutico en pacientes hospitalizados Valoración y diagnóstico fisioterapéutico en pacientes Valoración y diagnóstico fisioterapéutico en pacientes Valoración y diagnóstico fisioterapéutico en pacientes discapacitados