Power Lawyers de República Dominican 2023

POWER LAWYERS

SEPTIEMBRE 2023

G obierno c orporativo

Reglas, procesos y principios de los órganos de gobierno. de una empresa

Derecho

Mercantil y Financiero

La legislación en ciernes más importante para los negocios.

Derecho y tecnología

Regulación de nuevas industrias como Openbanking, FinTechs.

EL DERECHO Y LOS NEGOCIOS EN EL 2023

LA MODERNIZACIÓN DEL DERECHO RESPONDE A LAS NUEVAS FORMAS DE EXPLORAR Y ESTUDIAR EL SISTEMA JURÍDICO YVELAR POR LA PROTECCIÓN DE UNA MEJOR PROYECCIÓN A FUTURO. EL MUNDO HA CAMBIADO Y FRENTE A ELLO RESULTA CADA VEZ MÁS INEVITABLE HACERLE CARA A LA TRANSFORMACIÓN, EXPANSIÓN Y EXTENSIÓN DEL DERECHO COMO CIENCIA Y ARTE QUE RESPONDE A LAS EXIGENCIAS DEL PRESENTE PARA AJUSTARSE A LA REALIDAD DE LAS PERSONAS.

A LO LARGO DE LA HISTORIA LAS NACIONES HAN EVOLUCIONADO, LOS ASPECTOS CULTURALES, sociales y políticos no son ya lo que una vez solían ser. Frente a esta demanda de actualización el derecho emerge como la fórmula que regula estos cambios y que posibilita una correlación efectiva, a la vez ordenada, dentro de los procesos y relaciones que establece el individuo. En principio, todo cambio supone la percepción de un nuevo orden, que a la vez genera desconcierto, especulación y turbulencia. Sin embargo, tomando en cuenta que son situaciones excepcionales, debe generarse un modelo

autosuficiente que sea capaz de infiltrar pasiblemente las modificaciones pertinentes dentro del campo jurídico.

Con la llegada de herramientas inteligentes, como los sistemas de chat integrado (ChatGPT, por ejemplo) ha dispuesto a la sociedad de instrumentos que revolucionan las operaciones jurídicas y conlleva a reconfigurar las prácticas legales para eficientizar las tareas y proveer un sistema mucho más funcional. Sin embargo, no es tan solo este el único cambio acontecido, el mundo en su totalidad se encuentra en dirección hacia un nuevo derecho de sociedades, lo que implica armonizar los ordenamientos nacionales a fin de dar abasto a las exigencias que la realidad del momento exige.

Procesos inteligentes y operaciones jurídicas

Con la celebración de la Semana del Derecho y los Negocios 2023 (SDN 2023) se proveyó la oportunidad de explorar la manera en la cual los procesos inteligentes están modificando las operaciones jurídicas actuales, ello implica una gran influencia en la forma de realizar los negocios, el rol de las entidades financieras y el gobierno

clave para la reputación de las

La relación entre el derecho y la inteligencia artificial se refleja en la automatización del trabajo del jurista, que no escapa del desarrollo de nuevos métodos de informatización. Hoy en día ya

nos hacemos frente a tecnologías como el big data y el machine learning lo que permite procesar el lenguaje y disponer de una serie de herramientas que unos años atrás serían aportes inimaginables. La SDN 2023 es un evento que se realiza cada dos años y que tiene como objetivo abordar los temas más avanzados en materia de derecho y su relación con los negocios. El desarrollo de esta facilitó que toda la comunidad jurídica ampliara sus horizontes y que interactuara con estudiosos destacados de cada área. Se abordaron temas que proporcionaron desglosar el impacto de la automatización del derecho y comparar avances de distintos países, abordando así Argentina, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, República Dominicana, Singapur, entre otros.

Ambiente de innovación

Entrando un poco más en contexto, a lo largo de los años las sociedades se han ido multiplicando, dando origen a un gran número de empresas con distintos fines asociativos donde nos encontramos inmersos en un ambiente de innovación que no puede estar ajeno a las circunstancias y los efectos de diversas figuras jurídicas, en particular, el protagonismo de la realidad empresarial.

Hay que destacar que con el paso de la pandemia ocasionada por el COVID-19 la digitalización comercial se ha elevado en grandes porcentajes. Aquí destacamos la gestión de datos personales y el buen gobierno corporativo. El gobierno corporativo tiene una gran significación en las relaciones que establecen las organizaciones estructurando objetivos y procesos de mejora. No se puede esconder el hecho de que representa un gran reto, sin embargo, si ponderamos las diferentes crisis financieras que ha atravesado cada integrante de la comunidad internacional, se ha demostrado que la base de sociedades transparentes recae en la buena gestión y estructuración de un buen gobierno corporativo que sepa regular el funcionamiento de una empresa y los servicios que ofrece a la sociedad. Como parte de la programación de la SDN 2023 se abordó la digitalización del Derecho de sociedades, las oportunidades, desafíos y modelos regulatorios del Open Banking, estrategias regulatorias para la industria FinTech y la digitalización del Derecho de sociedades (juntas virtuales, blockchain e Inteligencia Artificial). Los avances tecnológicos han llegado para optimizar los procesos legales. A pesar de que suponen un desafío en la adaptabilidad de la ley, han sistematizado un ambiente innovador que sin dudas está transformando el ordenamiento.

Blockchain y cripto

En el caso del blockchain, se reporta con mucha frecuencia que son cada vez más los socios y accionistas de las empresas que se suman y

desean aportar monedas digitales al capital social de las empresas, lo que refleja la obsolescencia de ciertas funciones y tareas. Esta herramienta ofrece un asentamiento de datos que registra la disponibilidad de un activo digital. Es una tecnología que permite que la información se distribuya sin copiarse y es muy mencionado el en ámbito de las monedas digitales. El open banking, por su lado, pudiendo decirse que una de las mayores ventajas que ofrece este sistema es que, a pesar de tener productos en otras entidades bancarias, los usuarios tienen la oportunidad de poder concentrar en un solo mecanismo toda la información referente a ello, llega como una figura exitosa al momento de concretizar el sistema financiero.

De manera similar se manifiesta la industria FinTech, está supuesta a mejorar la eficiencia de los sistemas financieros

"EN EL CASO DEL BLOCKCHAIN, SE REPORTA CON MUCHA FRECUENCIA QUE SON CADA VEZ MÁS LOS SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS EMPRESAS QUE SE SUMAN Y DESEAN APORTAR MONEDAS DIGITALES AL CAPITAL SOCIAL DE LAS COMPAÑÍAS"

Dr. Servio Tulio Castaños G. Presidente Finjus

y con ello ampliar el acceso a los servicios económicos que se ofrecen. Sin embargo, su regulación ha de ser escrupulosamente dictaminada, pues podría transformar los mercados financieros y desafiar la conducción de la política monetaria. Por esta razón, si bien su entrada al sistema financiero ha sido vertiginosa, las labores regulatorias son cada vez más intensas.

Procedimientos de insolvencia

Como dos de los temas más innovadores que se trataron en la realización del evento y que deben ser bien vistos en miras de su futuro desarrollo, tenemos el uso de la inteligencia artificial en los procedimientos de insolvencia y el buen gobierno corporativo como herramienta para el cumplimiento de los deberes fiduciarios. Empezando con el último mencionado, el carácter fiduciario aporta un elemento integrador que, con cierta hermenéutica, amerita de una hábil relación para interpretar los deberes legales. El sistema fiduciario, en principio, atrae una connotación económica. Así, entre otros deberes, actuar en mejor interés del tercero y una administración cuidadosa se destacan como responsabilidades básicas fundamentales. En este sentido, la figura del fideicomiso consagra un acto jurídico que cada día toma más relevancia dentro de las negociaciones financieras, razón por la cual la administración tiene el deber de hacerse responsable y presentar memorias sobre la gestión de su actividad evitando hacer un mal uso del duty of loyalty (deber de lealtad) que le es otorgado.

Ahora bien, la implementación de la inteligencia artificial en los procesos de insolvencia es sin duda una transformación fenomenal. Vista la insolvencia como un estado de imposibilidad de una persona o entidad poder cumplir con sus obligaciones financieras y saldar sus deudas, la inteligencia artificial llega como la solución capaz de hacer y crear todo. De esta manera, generando programas inteligentes que permitan detectar casos de riesgo temprano, se consolida como una de las más destacadas innovaciones con la posibilidad de simplificar y acelerar los procesos. Lo que una vez podía durar semanas y semanas, hoy puede realizarse en un instante.

La IA como aliada

La inteligencia artificial no debe ser vista con temor ni tildarse de enemiga. Debe ser tratada con minucioso cuidado y especial atención, tomando siempre en cuenta las discrecionalidades de su aplicación. Tanto en la toma de decisiones como de asistentes personales en la realización de tareas ha

demostrado ser una herramienta de aprendizaje extremadamente útil. A pesar de los grandes avances que se tienen en la materia hasta el momento, aún queda mucho contenido por ser estudiado y explorado. Son cada vez más frecuentes las iniciativas de estudio que se presentan en el mundo académico y jurídico a fin de contribuir en la construcción de un sistema eficaz que si bien sea útil en la elaboración de tareas, no represente una amenaza que signifique poner en riesgo los derechos fundamentales de cada individuo.

Adaptabilidad

Finalmente, con la elaboración de la SDN 2023 se demostró que nunca es tarde para adaptarse a los cambios. Generación por generación estamos destinados a experimentar variaciones significativas en la forma de realizar nuestras operaciones. La regulación de los sistemas inteligentes deja entrever que, lejos de un retroceso, estamos dando la bienvenida a una nueva era digital de la sofisticación del derecho.

Jurista y politólogo dominicano, Servio Tulio Castaños Guzmán, se graduó Doctor en Derecho, con honores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Reconocido abogado, actualmente es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), y es miembro de diversos organismos sociales como son el Consejo Académico de la Escuela Nacional del Ministerio Público, y coordinador del grupo de trabajo para la transformación y profesionalizacion de la Policía Nacional, mediante Decreto 211-21, entre otros.

TRANSFORMAR LA JUSTICIA PARA EL DERECHO DEL FUTURO

LA JUSTICIA DOMINICANA ESTÁ EXPERIMENTANDO UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN PARA ADAPTARSE

A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS. EL OBJETIVO DE ESTA TRANSFORMACIÓN ES ABORDAR TRES PRINCIPALES RETOS: LA ELIMINACIÓN DE LA MORA

JUDICIAL, EL LOGRO DE UN ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y LA TRANSPARENCIA EN TODO EL ACCIONAR INSTITUCIONAL APROVECHANDO PARA ELLO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. LOGRARLO SUPONE UN CAMBIO DE CULTURA QUE YA ESTÁ EN MARCHA.

PARA LOGRAR ESTOS OBJETIVOS, con apoyo de los demás poderes estatales, se han aprobado dos leyes claves: la Ley de Uso de Medios Digitales y la Ley de Casación. Ambas piezas legales son herramientas poderosas que permitirán mover la institución y el ejercicio del Derecho hacia las necesidades del sistema de justicia y la sociedad dominicana.

La Ley de uso de Medios Digitales es especialmente importante en un mundo donde la tecnología se está convirtiendo en una parte cada vez más crucial de nuestras vidas. Esta ley permitirá la digitalización de los procesos judiciales, habilita la firma digital, lo que permitirá a los tribunales ser más eficientes, y reducirá los retrasos atacando la mora judicial. Los ciudadanos también podrán acceder a los procesos jurisdiccionales desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que mejorará significativamente el acceso a la justicia y facilitará la vida de las personas que interactúan con el sistema.

Por otro lado, la Ley de Casación es una herramienta valiosísima que permitirá a los tribunales superiores garantizar que las decisiones de los tribunales inferiores se ajusten a la ley y la justicia. Es decir, la Casación logrará su objetivo real de regulación del Derecho (la función nomofiláctica). Esta ley mejorará la calidad de las decisiones

judiciales y garantizará la transparencia y predictibilidad en todo el proceso judicial. La transformación del sistema de justicia en la República Dominicana también implica una innovadora cultura de servicio. Esto supone nuevas herramientas de trabajo en el Poder Judicial y una nueva visión de la infraestructura basada en ciudades judiciales, a partir de un modelo ecológico, seguro, totalmente accesible, que pone en el centro las necesidades de las personas. Abre una nueva etapa donde la prioridad es la gestión por resultados. También darán frutos los avances y mejores prácticas en materia de resolución alternativa de conflictos y optimización del proceso penal. Ya vamos viendo una mayor descongestión de nuestros servicios, de forma que el sistema pueda poner realmente atención prioritaria a los casos que la requieren. Tenemos la misión de abrir la justicia para fortalecerla. De construir puentes con la

LEY DE CASACIÓN

fundamental de cualquier sociedad.

ciudadanía y las instituciones, con nuevas formas de mirar a la profesión jurídica y a la justicia. Por eso es necesario que los profesionales del Derecho, las academias y la sociedad en su conjunto acompañen esta transformación, comprometiéndose con ser impulsores de la justicia del futuro.

Las abogadas y abogados que protagonizan este libro son actores fundamentales en esta

Con su trabajo diario, con su experiencia adquirida y con su capacidad de innovación serán los mejores aliados para impulsar los cambios que el sistema de justicia está experimentando. A lo largo de este camino, no solo la aplicación de tecnología en los tribunales hará su trabajo mucho más efectivo y eficiente, sino que también ayudará a aumentar la transparencia y la calidad de las decisiones judiciales. En nuestro país contamos con gran potencial para avanzar y hacer que las transformaciones impacten en un mejor servicio. Vamos juntos a acelerar esta revolución que se resume en ese principio que nos une e inspira: Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas.

"LA

GARANTIZANDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS

EN TODAS LAS ÉPOCAS, EL DERECHO, ENTENDIDO COMO EL CONJUNTO DE LAS REGLAS, PRINCIPIOS YVALORES

QUE EN ARAS DE LA CONVIVENCIA ARMÓNICA TRAZAN

LAS PAUTAS A LAS INTERACCIONES QUE SE SUSCITAN ENTRE LAS PERSONAS Y GRUPOS QUE COEXISTEN EN UN DETERMINADO CONGLOMERADO SOCIAL, ESTÁ

ÍNTIMAMENTE RELACIONADO CON LA JUSTICIA.

A PARTIR DE LOS AÑOS 80´S del siglo pasado en nuestro país se generó una corriente reformadora del Poder Judicial que tuvo su punto culminante con las modificaciones introducidas en ocasión de la reforma constitucional del 14 de agosto de 1994, que sustrajo del Senado la designación de todos los jueces del orden judicial, creó el Consejo Nacional de la Magistratura responsable de designar los Jueces de la Suprema Corte de Justicia, y ésta a su vez, devino en competente para designar los demás jueces del Poder Judicial y para ejercer el control concentrado de constitucionalidad que, aunque había surgido con sus propias particularidades en la reforma de 1924, desapareció en la reforma de 1927.

El texto de 1994 consagró la autonomía administrativa y presupuestaria del Poder Judicial, sentando con ello las bases de una verdadera independencia judicial. Esa reforma fue el punto de partida para un nuevo paradigma en el Derecho y la Justicia de la República Dominicana. Es así como desde entonces se promovieron nuevas normativas como el Código de Trabajo, el Código Tributario y el Código Procesal Penal, conjuntamente con múltiples leyes especiales cuya fuente y orientación se apartan del derecho francés. Hoy día hay numerosas leyes que regulan materias tales como el área financiera, las patentes, marcas de fábrica, derechos intelectuales, el derecho administrativo, el sistema tributario, el sistema electoral, y ni qué decir de la joya de la Corona: la Justicia Constitucional Dominicana.

Sobre esta última, la reforma constitucional de 1994 marcó un hito al restablecer el control concentrado de constitucionalidad, sin menoscabo del control difuso reconocido desde la Constitución de 1844 en los artículos 35 y 125 y mantenido tradicionalmente en la práctica judicial, sin desmedro de lo establecido en la reforma de 1924 que estableció una especie de “cuestión de constitucionalidad”, de conformidad con lo señalado en la primera parte del artículo 61.5 de este texto. La reforma de 1994 estableció un verdadero sistema mixto a cargo de los tribunales del orden judicial en nuestro país, lo que fue refrendado, validado y ampliado en la reforma del 26 de enero de 2010, que modificó la naturaleza liberal tradicional del Estado dominicano al instaurar un estado social y democrático de derecho basado en el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. En ese esquema, sobresale por igual, la creación del Tribunal Constitucional

responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, según establece el artículo 184 de la Constitución. Asimismo, se destaca la creación del Tribunal Superior Electoral, órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contencioso electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos

o entre éstos, según establece el artículo 214 de la Constitución. He sostenido que a partir de la reforma constitucional de 2010 se erigió un nuevo poder del Estado, el poder Jurisdiccional, integrado por el poder Judicial, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. Los hechos demuestran que esta reingeniería institucional ha fomentado una nueva cultura constitucional en la República Dominicana. En este camino, sin lugar a ninguna duda, ha sido de gran importancia la participación de los abogados y abogadas de todo el país, que han puesto su empeño en especializar su formación en materia constitucional y cuyos valiosos aportes a la doctrina como auxiliares de la justicia constitucional ha sido inestimable.

Licenciado en Derecho, Summa Cum Laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Milton Ray Guevara ha ocupado, junto a sus funciones profesionales privadas, destacadas funciones públicas como Senador de la provincia de Samaná; Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Francia y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Bélgica, Comunidad Económica Europea y Yugoslavia, entre otras. Ha sido reconocido por numerosos organismos, y en 2004, el Gobierno Dominicano le condecoró con la Orden de Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en

"A PARTIR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2010 SE ERIGIÓ UN NUEVO PODER DEL ESTADO, EL PODER JURISDICCIONAL, INTEGRADO POR EL PJ, EL TSE Y EL TC"

EVOLUCIÓN DE LA DISCIPLINA JURÍDICA EN REPÚBLICA

DOMINICANA

LA DISCIPLINA JURÍDICA EN LA REPÚBLICA

DOMINICANA HA VENIDO EVOLUCIONANDO

POSITIVAMENTE, DE MANERA ACELERADA, LO QUE RESULTA COMPRENSIBLE EN EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN Y CON EL IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

POR DEMÁS, EN LAS ÚLTIMAS décadas la comunidad jurídica ha sido testigo de dos procesos que han dejado cambios irreversibles y positivos para su práctica, en beneficio no solo de los juristas sino también de la sociedad a la que sirven. Nos referimos, por supuesto, a las reformas constitucionales de 1994 y 2010.

La primera de estas modificaciones al texto de la Ley de Leyes, fue el producto de la crisis política suscitada a raíz de las elecciones celebradas en 1994. En su texto se verificaron innovaciones importantes para el ámbito político, como en lo relativo a la elección presidencial y en la vida del ciudadano común, lo que se puede ejemplificar en lo atinente a la doble nacionalidad.

Pero sin espacio a dudas, podemos afirmar que el surgimiento del Consejo Nacional de la Magistratura es el más significativo de estos avances, pues generó importantes cambios en el sistema judicial dominicano hasta incidir medularmente en la seguridad jurídica de la nación y con ello en las relaciones de sus ciudadanos. Este proceso demostró, una vez más, lo trascendental que es la existencia de un sistema de justicia robusto para la construcción de un mejor país.

De igual modo, otra reforma de igual o de mayor trascendencia se originó con la proclamación de la

nueva Constitución en el año 2010. En la misma no solo se fortaleció el sistema de Derechos Fundamentales y sus garantías, sino que se rediseñó una parte importante de la dinámica de los poderes públicos, precisamente en aras de una mejor protección de tales prerrogativas. Así surgieron órganos de la envergadura del Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior Electoral, se constitucionalizó la jurisdicción contenciosa administrativa y la incipiente figura del Defensor del Pueblo, se dieron los primeros pasos en el camino de independizar al Ministerio Público, entre muchos otros aspectos de interés. El país se encuentra ahora en un claro momento de nuevas transformaciones y reformas institucionales. Esto quiere decir que los cambios del Derecho no se detienen, sino que, por el contrario, es un proceso que evoluciona con la sociedad a la que regula. En una labor conjunta del gobierno, los partidos políticos, la sociedad civil y todos los actores

preponderantes que interactúan en la dinámica social dominicana.

Hoy en día se procura el fortalecimiento institucional en ámbitos como el control del gasto público, la eficientización de la Administración, la regulación efectiva de la jurisdicción contenciosa administrativa y la reorganización de la labor administrativa del gobierno en el sistema de justicia.

El rol de los abogados en este constructivismo es

vital y resulta por todo esto oportuno una publicación como esta, que resalta la confiabilidad y el respeto que despiertan importantes juristas de la nación. Valores y principios como la equidad, la seguridad jurídica y la dignidad humana, solo pueden enarbolarse en una sociedad donde la práctica legal esté afianzada y comprometida con un sentir de constante perfeccionamiento.

No cabe duda de que al ejercicio eficaz e inteligente los abogados deben unir una práctica ética y apegada a las buenas costumbres.

Así, de seguro, tendremos un país mejor.

Antoliano Peralta es Doctor en Derecho, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). La vida profesional del Licenciado Peralta se ha desarrollado como distinguido abogado litigante y consultor para entidades privadas y públicas, especializado en materia electoral. Junto a su perfil profesional, destaca su colaboración como articulista para diversos periódicos nacionales, como La Nación, Hoy, Acento y Metro. El Licenciado Peralta es coautor y autor de las obras Reformas a la Constitución Política Dominicana 1994-2002-2010 y Precisiones Jurídicas y Otros Temas, ambas de Editorial Gente 2012.

"LO TRASCENDENTAL ES LA EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE JUSTICIA ROBUSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MEJOR PAÍS"

SEGURIDAD JURÍDICA: FACTOR DE ÉXITO PARA EL CRECIMIENTO TURÍSTICO

ALBA RUSSO

Directora Legal Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES)

La República Dominicana se ha convertido en uno de los destinos más atractivos de la región del Caribe y de Centroamérica, proyectando la recepción de 10 millones de visitantes para el 2023 y una señal inequívoca de inversión local y extrajera por más de USD$3,445 para el desarrollo de proyectos turísticos, esto según los datos presentados por el Ministerio de Turismo de la República Dominicana. Tal crecimiento es producto de un ordenamiento jurídico revestido de estabilidad y seguridad en materia turística, incentivo a la inversión y competitividad. Tal es el caso de la principal ley en materia de inversión turística, 158-01 sobre Fomento Turístico, que inició siendo una ley dirigida a Polos Turísticos de escaso desarrollo y sufriendo una modificación a través de la ley 195-13, declarando la totalidad del territorio como pasible de recibir los beneficios estable-

cidos por la referida ley, agrandando así el abanico de oportunidades a cada provincia, haciéndola pasible de recibir de igual manera generación de empleos, educación y desarrollo de pequeñas y medianas empresas como suplidoras de bienes y servicios al sector; Inclusión del disfrute del 100% de beneficios a instalaciones hoteleras, resorts y complejos turísticos por un período de 15 años, colocando a República Dominicana en igualdad de condiciones para competir con otros destinos turísticos y permitiendo el retorno de la inversión de los proyectos turísticos y la renovación de los mismos en el tiempo. Adicionalmente, los proyectos turísticos clasificados a CONFOTUR disfrutan además del la exención del pago del impuesto por transferencia inmobiliaria y además a la primera transferencia en en el caso de proyectos turísticos inmobiliarios, siendo este úl-

timo parte integral de la visión de diversificación de la oferta turística, lo cual tiene presencia en los complejos hoteleros, turismo de retiro, de montaña y nos abre paso a recibir turistas que alrededor del mundo buscan en el Caribe su segunda vivienda. Siguiendo lo relativo a la estabilidad y la seguridad jurídica, cabe mencionar el Acuerdo de Precios Anticipados aplicable a los Hoteles Todo Incluido con comercializadora en el exterior, con el propósito de establecer la base imponible de los precios de transferencia bajo el principio “arms length” de determinar el precio del mercado mediante la contraprestación de las transacciones entre partes vinculadas en la contratación de un mismo negocio con un tercero no relacionado. Si bien nos encontramos en posición ventajosa frente a otros destinos, no podemos dejar de lado los importantes retos que presenta nuestro ordenamiento jurídico, de cara a la modernización de la legislación, tomando en consideración que la ley orgánica de turismo No. 541 data del 1969, recibiendo actualizaciones relativas a la organización del ente rector y a traves de reglamentos, siendo los mas actuales del 2001. Esto así, quedan los retos de regular las nuevas modalidades de turismo, operatividad, inversión, exigencias de un mundo globalizado. De la misma manera, queda la tarea de regular las modalidades de hospedaje, agenciamiento, touroperacion que opera a traves de plataformas, asegurando así la sana competencia y el cumplimiento de los compromisos que como país receptor asumimos frente a los turistas.

EMPRESAS Y TECNOLOGÍA: UN ENFOQUE LEGAL

de las empresas. El objetivo es mejorar la eficiencia operativa, aumentar la competitividad y ofrecer nuevas experiencias más cercanas y personalizadas a los usuarios.

Aunque los pasos de avances se venían desarrollando, fue la pandemia del COVID-19 que propició la agilización en la incorporación de las tecnologías en el sector privado. Una encuesta global de McKinsey & Company calculó que hubo un aumento de siete años, en promedio, en el ritmo en que las empresas aceleraron la creación de ofertas digitales o hubo mejoras .

Además, esta necesidad de adaptarse a las demandas de un mundo cada vez más conectado la podemos observar en la cantidad de personas que tienen acceso a internet y que cuentan con la herramienta predilecta para hacerlo: el teléfono móvil.

La evolución tecnológica demanda marcos legales actualizados para impulsar un crecimiento empresarial seguro y sostenible

Nos encontramos inmersos en una era digital que está cambiando radicalmente la forma en que las empresas operan y se relacionan con el mundo que las rodea. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, llevándonos hacia la llamada transformación digital.

En este contexto, es pertinente una vigilancia constante por parte de gobiernos y legisladores para

ajustar las regulaciones a esta nueva realidad.

Existen normativas que tienen el potencial de fomentar el desarrollo de las empresas, debido a que brindan un respaldo sólido a negocios y organizaciones al implementar nuevos servicios digitales, otorgándoles confianza en un entorno legal establecido.

La transformación digital implica la inclusión de tecnologías como la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la big data o la automatización en los procesos productivos

Tres cuartas partes de la población de 10 años o más posee un teléfono móvil , según el reporte Measuring digital development: Facts and Figures 2022 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

El documento también estimó que, durante el año pasado, 5,300 millones de personas de los 8,000 millones de habitantes del mundo utilizaron el internet, es decir, aproximadamente el 66 % de la población .

Impacto local

Debido a que la transformación digi-

tal no conoce fronteras, su impacto se siente en la República Dominica na, un país con el 96 % de su pobla ción usuaria de teléfonos móvil y un 96 % con acceso a internet .

También fue la pandemia del CO VID-19 que aceleró la transforma ción digital en las empresas de la República Dominicana y la adopción de nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo, algo crucial para la su pervivencia.

Hasta ese momento, el país ca recía de un marco normativo espe cífico destinado a regular el trabajo a distancia. Como respuesta, el Mi nisterio de Trabajo emitió dos resolu ciones y, actualmente, se encuentra en curso en el Congreso Nacional el proyecto de ley de teletrabajo.

Es necesaria una regulación ade cuada que garantice los derechos y deberes tanto de los empleadores como de los empleados.

Tejido empresarial en transformación

Si verdaderamente queremos palpar la situación de la transformación digital en las empresas dominicanas, necesariamente tenemos que hablar de las micro, pequeñas y medianas (mipymes), las que representan el 98.36 % de los empleadores for-

males registrados en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), según los datos más actualizados hasta mayo de este año .

La gran mayoría de las mipymes valoran la importancia de evolucionar hacia la digitalización para mantenerse competitivas en el mercado actual, y ya el 88 % de ella está dirigida hacia ese camino, de acuerdo con una encuesta de Microsoft .

Aquí entra en juego un aspecto clave: la protección de datos. A medida que las empresas recopilan, almacenan y gestionan información sensible de sus clientes y empleados, el derecho a la privacidad y la protección de datos se convierte en un tema crucial.

La República Dominicana cuenta con la Ley de Protección de Datos Personales (la 172-13), que establece los principios y requisitos para el tratamiento de datos personales, por lo que las empresas, de todos los tamaños, deben asegurarse de cumplir con esta regulación para evitar infracciones legales y proteger la confianza de sus clientes.

Compras a un clic de distancia

Por mucho que pueda sorprender, en el país contamos con una ley de hace más de 20 años que regula el comercio electrónico y las firmas digitales. Me refiero a la 126-02, así como el decreto 335-03 que aprueba el reglamento de aplicación y la resolución núm. 071-19 emitida por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), sobre las normas complementarias.

Sin embargo, en este punto, es válido considerar la pertinencia de revisar y actualizar esta legislación que lleva más de dos décadas en vigor. El mundo digital ha evolucionado de manera vertiginosa en estos años, dando lugar a nuevos modelos de negocio y formas de interacción en línea.

Una ley que fue concebida en un contexto tecnológico y comercial distinto podría estar limitando, sin intención, el potencial de crecimiento y la adopción de innovaciones en el ámbito digital.

Son las actualizaciones de las legislaciones que pueden potenciar el desarrollo de empresas al brindarles un ambiente legal sólido en el momento de introducir nuevos servicios digitales. Estas normativas generan una sensación de protección para negocios y organizaciones.

De acuerdo con la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), las compras con tarjetas bancarias realizadas por internet totalizaron 160,040 millones de pesos durante el año 2022, lo que significó un aumento de RD$74,200 millones en el valor absoluto y de 86.6 % en términos relativos con relación al año 2020 .

Otro dato relevante, como parte de la transformación digital y la innovación, la ABA puso a disposición de sus asociados, del mercado financiero y de los sectores productivos, sus servicios de proveedor cualificado de firma digital . El propósito es mejorar la eficiencia y rapidez de los servicios, al mismo tiempo que se eleva la calidad de la experiencia para los usuarios.

Facturando en lo digital

En este punto es necesario mencionar la recién aprobada Ley Gene-

ral de Facturación Electrónica 3223 que regula la generación, envío y recepción de estos documentos digitales. Un nuevo marco normativo que trae consigo cambios en los procesos de negocios de las empresas. Este avance tecnológico llevaría al país a mejorar su nivel de competitividad y reducir la informalidad.

La nueva ley traerá ventajas tanto para la Administración Tributaria como para los contribuyentes. Esto se debe a que reducirá los gastos relacionados con insumos tradicionales, al tiempo que establecerá una base de datos robusta para supervisar y hacer cumplir las obligaciones tributarias.

La tarea de la administración pública

La transformación digital en las empresas está estrechamente relacionada con la evolución de la administración pública y su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos y las nuevas formas de hacer negocios.

Esto debe encajar con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, que incluye las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los objetivos y planes de acción de sus cuatro ejes fundamentales.

Además, esta estrategia considera el uso de las TIC como una política general que cruza transversalmente para lograr los objetivos planteados, para lograr un acceso universal y un uso productivo de las tecnologías de información y comunicaciones.

La Agenda Digital 2030 reconoce que existen bajos niveles de adopción tecnológica en “gran parte del Estado” , afectando a su vez, al sector productivo que debe solicitar servicios. Un tema esencial es la reducción de los procesos burocráticos al

adoptar sistemas electrónicos para trámites y procedimientos.

La digitalización de procesos como el registro de empresas, la solicitud de licencias y permisos, y la presentación de informes facilita y agiliza las operaciones de las empresas, reduciendo el tiempo de espera.

Nuevas tecnologías, nuevos negocios, nuevas regulaciones La rápida evolución tecnológica ha dado lugar a la creación de nuevos modelos de negocios en todo el mundo y, de seguro, también impactará en la República Dominicana, por lo que estos avances vertiginosos también han impulsado la necesidad de establecer marcos legales sólidos que guíen y regulen estas áreas emergentes.

La tecnología ha desafiado las normativas tradicionales, requiriendo una revisión y actualización constante para abordar cuestiones éticas, de privacidad y de seguridad. La colaboración entre gobiernos, empresas y expertos en la materia se vuelve esencial para garantizar que estos avances beneficien a la sociedad en su conjunto y se desarrollen en armonía con los valores y las necesidades cambiantes de nuestra época.

A medida que las empresas navegan por las aguas de la transformación digital, el derecho juega un papel esencial en la creación de un entorno seguro, equitativo y propicio para el crecimiento empresarial.

La adaptación y actualización de las regulaciones existentes, así como la creación de nuevas leyes, son imperativas para asegurar que la transformación digital beneficie a todas las partes involucradas y proporcione un impulso sostenible a la economía dominicana en esta era digital en constante evolución.

PLATAFORMAS DE GESTIÓN DE CASOS LEGALES

POWER LAWYERS

www.alburquerque.com.do

Las plataformas de gestión de casos legales son una inversión valiosa para cualquier bufete de abogados que busque aumentar su eficiencia y productividad. Con todas las características disponibles, estas herramientas ayudan a los abogados y sus equipos a trabajar de manera más inteligente, no más difícil.

Una de las principales ventajas de estas plataformas es la capacidad de centralizar toda la información relacionada con un caso en un solo lugar. Esto significa que los abogados pueden acceder a todos los detalles del caso, incluyendo documentos, correos electrónicos y no tas, desde cualquier lugar y momento.

Además, las plataformas de gestión de casos legales permi ten a los abogados colaborar con sus equipos más fácilmen te y trabajar en conjunto en los casos. Otra ventaja importante es la capacidad de estas plataformas para automatizar tareas repetitivas y ahorrar tiempo. Por ejemplo, las fechas límite se pueden programar automáticamente en el calendario compartido y enviar recordatorios a los miembros del equipo para asegurarse de que no se pierda ninguna fecha importante.

A su vez también pueden mejorar la eficiencia del trabajo al reducir el tiempo que se invierte en buscar información. Al tener toda la información organizada en un solo lugar, los abogados pueden encontrar rápidamente lo que necesitan sin tener que buscar en múltiples sistemas o carpetas.

Desde Alburquerque valorn al máximo la eficientización de los procesos y aprovechamiento al máximo del tiempo en beneficio de sus recursos y de los clientes, con extrema atención a los detalles y garantizando el cumplimiento de los deadlines. Es así como desde el año 2007 la Firma cuentan con una plataforma robusta de gestión de casos denominada Time Matters, desde la cual organizan todo su trabajo digitalmente, desde documentos, pasando por correos, planificación de eventos, tareas, plantillas de procesos y timelines, generación automática de seguimientos y recordatorios, diseño de reportes y outlines, entre otras herramientas que facilitan la gestión óptima de sus casos.

JOSÉ ALBURQUERQUE CARBUCIA

Socio Fundador

Asesor de empresas nacionales e internacionales en importantes operaciones mercantiles. Su capacidad de gestión lo convierten en el profesional adecuado para manejar los casos de empresas familiares, de su estructura accionaria y societaria y de los aspectos fiscales de transmisión sucesoria. Asesora personas físicas en Impuesto sobre la Renta.

AÑOS UTILIZANDO PLATAFORMAS DE GESTIÓN DE CASOS LEGALES

JOSÉ MANUEL ALBURQUERQUE PRIETO

Socio Director

Su ejercicio profesional se destaca en el asesoramiento de operaciones nacionales e internacionales, habiendo participado activamente en procesos propios del derecho mercantil, civil, energía, inmobiliario, laboral, y turismo, donde ha alcanzado grandes satisfacciones para clientes a través de estrategias vanguardistas.

GINA A. HERNÁNDEZ VÓLQUEZ

Socia de Negocios Corporativos Dirige su práctica implementando las herramientas de Project Management y Process Improvement, se destaca su participación en negociaciones de envergadura para importantes proyectos de inversión, en la creación de estructuras de M&A, planificación corporativa y fiscal, así como en la compra y venta de desarrollos del sector turístico.

PRINKIN ELENA JIMÉNEZ CHIRENO

Socia Laboral y Seguridad Social

Brinda asistencia a empresas nacionales y multinacionales en temas relacionados a derechos laborales de los trabajadores y empleadores, fusiones y adquisiciones de empresas, contratos de trabajo y su terminación, regularización migratoria de trabajadores, resolución de disputa en materia laboral, sindicatos y convenios colectivos de trabajo.

Socia de Resolución de Disputas

Coordina junto con un equipo de excelentes abogados el departamento de litigios y resolución de disputas en las materias inmobiliaria, civil y comercial, mercantil y áreas especializadas, administrativa, así como, en el ámbito penal y penal económico.

EL IMPACTO DE LA IA EN EL DERECHO LABORAL

La Inteligencia Artificial (IA) ha venido a transformar el Derecho Laboral desde dos ópticas distintas, es decir, desde la base misma que es la relación laboral del empleador-trabajador, hasta la parte procesal de los conflictos entre ambas partes.

Vanessa RETIF

Abogada Asociada Senior DMK ABOGADOS

DMK Abogados avanza en el análisis y estudio de la IA para adoptar una legislación laboral moderna, para colocar el país a la vanguardia de las empresas y quienes las sustentan, e impulsar nuevas inversiones locales y extranjeras.

A. Automatización y transformación de los puestos de trabajo. Siempre ha existido una tendencia a la automatización de procesos de tareas repetitivas y mecánicas. Ahora se ha implementado la automatización a través de la Inteligencia Artificial, mediante software o “bots” que pueden aprender, imitar y, luego, ejecutar procesos.

Esto ha creado un miedo generalizado a que se pierdan puestos de trabajo a causa de la disminución de la demanda en dichas áreas, así como ocurrió en el siglo XX con la industria automotriz, la industria textil o de calzados. No obstante, es cuestión de enfocarnos en que también traerá consigo la creación de nuevas funciones con habilidades tecnológicas avanzadas, y de identificar cuáles áreas podrían modificarse para proceder al reentrenamiento del personal y la recoloca-

ción de estos; en síntesis, como ha sido la evolución de la humanidad, “adaptarse al cambio”. De igual manera, será necesario la creación de políticas públicas que busquen fomentar la formación de áreas ligadas a la IA, actualizando las habilidades tecnológicas que puedan ser demandadas en un futuro próximo, de cara a una economía en constante evolución. Ejemplo de esto podría ser la capacitación de técnicos que se formen en programación y mantenimiento de los “bots” y softwares a ser empleados en las industrias de logística, manufactura y otras profesiones.

B. Contratación de candidatos usando la IA

La IA se utiliza en procesos de contratación para identificar candidatos adecuados y predecir su rendimiento laboral. Sin embargo, esto plantea posibilidades de discriminación al basarse en algoritmos entrenados a partir de datos históricos que podrían reflejar sesgos. En el contexto dominicano, se necesita una normativa clara que garantice que la selección de candidatos se base en criterios justos, no discriminatorios, es decir, que los algoritmos utilizados sean objetivos y auditables, que sirvan de base, a su vez, ante un potencial conflicto para entender las decisiones tomadas por la IA, y que los candidatos puedan comprender el criterio de su selección.

C. Monitoreo, protección de datos personales y privacidad de los trabajadores

A raíz de la pandemia y la expansión del teletrabajo en la República Dominicana, se han implementado sistemas de monitoreo basados en la IA a los fines de medir el rendimiento de los trabajadores, lo que trae consigo la recolección y uso de datos personales. La implementación de sistemas de monitoreo debe ser proporcional y justificada, basada en la naturaleza misma del servicio prestado, así como de la seguridad del lugar de trabajo.

El Derecho laboral dominicano debe crear mecanismos legales que garanticen los límites claros para la implementación de estos sistemas de monitoreo. No es lo mismo un sistema en línea que verifica los clicks del teclado, o que permite observar la pantalla, que una videocámara en la casa de un trabajador. Asimismo, se debe tomar en cuenta que la empresa cumpla con las regulaciones nacionales e internacionales sobre la protección de datos, máxime cuando se utilizan servicios en las nubes protegiendo los datos de los empleados y clientes.

D. Derechos de propiedad Intelectual

Ante una creación o desarrollo generado por la IA en el marco de una relación laboral, es recomendable la elaboración de contratos laborales que vayan de la mano con el desarrollo de la tecnología, que ante interrogantes como estas puedan esclarecer quién se queda con los derechos de la obra. Tener cláusulas claras permite determinar las circunstancias en que la obra pertenecerá a la empresa o al empleado, a ambos, o a falta de solicitud de una parte quede en manos de la otra, brindando de esta manera un esquema de seguridad a los empleados y mayor satisfacción en el trabajo. Esto permitirá eliminar posibles conflictos por la titularidad de las creaciones en un futuro, la explotación,

uso y distribución de esta por personas no autorizadas. Esto podría hacerse integrando una cláusula de propiedad y compensación en el contrato laboral. En el caso donde un empleado desarrolla un software o proceso con IA para un departamento de la empresa donde labora, esta cláusula puede establecer que la empresa es propietaria, y al mismo tiempo ofrecer una compensación al empleado por desarrollo y uso.

E. Marco jurídico de la IA en el derecho laboral.

El Código de Trabajo de la República Dominicana data de 1992. En ese momento no se podía vislumbrar el acelerado y tormentoso desarrollo de la IA, y prever su impacto en las relaciones laborales. Es por esto que se hace imperante una modificación integral del marco jurídico laboral, que abarque todos los cambios sociales que han acontecido desde la adopción del Código de Trabajo en 1992, incluyendo regulaciones que aborden la relación de la IA, la empresa y los empleados.

Dígase, sobre quién recaen las responsabilidades sobre decisiones tomadas por la IA, la falta de verificación de datos, los derechos surgidos a partir de la IA, así como la carga de la prueba. Nuestro país necesita adoptar un enfoque proactivo para evitar las consecuencias negativas que puedan surgir de una mayor tasa de desempleo fruto del impacto de la IA y la ausencia de medidas oportunas, no para paliar sus efectos, sino para tomar provecho de esta. Exhortamos que se proceda a la creación de un comité legislativo que explore el alcance del impacto de las IA en el ámbito laboral, que cree un nuevo marco jurídico que permita aprovecharla al máximo como una herramienta, que favorezca relaciones laborales sanas y productivas. El país esperó 41 años para sustituir el Código Trujillo de Trabajo. Ya han transcurrido 31 años desde la promulgación del Código de Trabajo vigente. No esperemos una década para hacer lo que es necesario hoy.

MÁS QUE ABOGADOS VISIONARIOS

FIRMA REGIONAL CON ALCANCE GLOBAL

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EY Law es una firma legal internacional afiliada a EY global, con más de 3.500 abogados en más de 90 jurisdicciones, incluyendo centros de entrega de servicios legales gestionados alrededor del mundo, los servicios legales empresariales de EY Law ofrecen servicios multidisciplinarios ayudando a los clientes a abordar mejor los desafíos que enfrentan y entregar los resultados que buscan. En Centroamérica, EY cuenta con más de 1.700 profesionales, incluidos más de 100 abogados con oficinas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Nuestros abogados entienden las complejas leyes fiscales, reglamentarias y comerciales de la economía actual, al trabajar de manera integrada con profesionales de otras unidades de negocio de EY, incluyendo Auditoría, Impuestos, Estrategia y Transacciones y Consultoría. Con nuestro enfoque multidisciplinario y centrado en el sector brindamos a los clientes asesoría integrada y detallada en el que pueden confiar. A lo largo de todo el servicio, nos tomamos el tiempo necesario para entender claramente lo que es importante para nuestros clientes. Con equipos internacionales gestionados de forma centralizada y contactos en un solo país responsable, nuestros servicios controlados y eficientes pueden ayudar a sus empresas en todo el mundo.

Soluciones integrales para necesidades de negocio Áreas de práctica: Ambiental, Banca y finanzas, Corporativo, Comercio internacional y aduanas, Competencia y protección del consumidor, Contratación pública, Infraestructura y Alianzas Público Privadas, Digital, Energía, Fusiones y adquisiciones, Inmobiliario y Hotelería, Legal Operations Services, Litigio y arbitraje, Planificación de activos, negocios familiares y Gobierno Corporativo, Propiedad intelectual, entre otras.

Industrias: Automotriz y transporte, Banca, mercados de capital & seguros, Productos de consumo y venta minorista, Gobierno y sector público, Salud & Ciencias biológicas, Petróleo y gas, Energía y servicios públicos, entre otros.

PAÍSES

Graduada en Derecho por la PUCMM y homologada por la Universitat Autónoma de Barcelona. Cuenta con doble titulación que le permite ejercer en RD y España, donde está colegiada y es miembro del Consejo de la Abogacía Europea, entre otros gremios. Sus más de 20 años de experiencia, local e internacional, posibilitan a esta gran profesional a ofrecer el mejor servicio legal con un enfoque empresarial del más alto nivel.

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ÁREAS PROTEGIDAS Y COMPATIBILIDAD

POWER LAWYERS

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Su enfoque novedoso y asesoramiento integral en el ambito jurídico y de negocios, sustentado en la innovación y la excelencia profesional, hace de E&T un aliado legal estratégico que impulsa el crecimiento continuo de clientes locales e internacionales con herramientas y soluciones personalizadas.

POWER LAWYERS

DE REPÚBLICA DOMINICANA 2023

Sin espacio a duda, la República Dominicana cuenta con un medio ambiente que, además de exhibir una gran riqueza, resulta contar con una variedad envidiable. La fauna y la flora local han sido objeto de estudios y elogios durante décadas, co sa que ha colocado al país en muy buena posición cuando de evaluaciones y posicionamientos se tra ta. Tomando en cuenta lo anterior, no es cuestión de azar que desde el año 2000 el país cuente con una Ley General de Me dio Ambiente, fruto de la causa y lucha abrazadas por la ma yoría de los dominicanos, en su afán de preservar -bajo un ré gimen legal particular- el patrimonio natural.

En ese orden, la legislación anteriormente descrita define las áreas protegidas como “una porción de terreno y/o mar especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de elementos significativos de biodiversidad y de recursos naturales y culturales asociados, manejados por mandato legal y otros medios efectivos”.

De igual modo, la Ley No. 64-00 creó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que comprende todas las áreas de ese carácter -sean públicas o privadas-. Evidentemente, el interés de proteger los paisajes naturales de gran superficie, así como la belleza panorámica que, además, puede contener un patrimonio biológico excepcional de interés general, ha sido replicado por la mayoría de los Estados modernos, sin ser el dominicano la excepción.

Tomando en cuenta todo lo anterior, Estrella y Topete se une a la conservación y defensa de la compatibilidad de las áreas protegidas con el crecimiento como país -en términos sociales y económicos- y esto solo se logra con el trabajo conjunto del sector público y el sector privado.

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RITA PILAR SORIANO

Directora - Derecho Administrativo

•Maestría en Derecho de la Administración del Estado.

•Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal.

Áreas de práctica:

•Derecho administrativo

•Derecho contencioso administrativo.

•Derecho tributario.

•Procedimientos constitucionales

•Arbitraje.

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DOMINICANAS SON SUPERFICIES MARINAS PROTEGIDAS

APORTA EL TURISMO AL PIB

COMO SOPORTE MÁS IMPORTANTE DE LA ECONOMICA NACIONAL

FÉLIX SANTANA REYES

Abogado Senior

•Maestría en Derecho Privado.

•Maestría en Derecho de las Obligaciones de las Escuelas de Derecho.

•Posgrado en Derecho de la Responsabilidad Civil.

Áreas de práctica:

•Derecho constitucional y administrativo. Litigación en derecho civil y mercantil.

JULIANA RAMIA CAPELLÁN

Abogada Senior

•Maestría en Justicia, Leyes y Criminología con concentración en Justicia Criminal y Políticas Públicas.

•Especialidad en Pedagogía Universitaria.

Áreas de práctica:

•Derecho penal.

•Derecho constitucional.

•Derecho migratorio.

•Litigación en derecho penal.

YAMEL LLENAS LAJUD

Directora - Societario y Comercial.

•Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal.

•Maestría en Derecho de la Em presa.

Áreas de práctica

•Negocios corporativos.

•Sectores Regulados (telecomu nicaciones, consumidor, conce siones estatales)

•Derecho comercial y societario.

•Reestructuración mercantil.

•Reestructuración mercantil

•Impuestos corporativos

202-04

LEY SECTORIAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

NATALIA GRULLÓN Gerente de Oficina

•Maestría en Procedimiento Civil.

•Especialidad en Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales.

•Posgrado en Dirección General de Barna Management School.

Áreas de práctica:

•Litigación en derecho penal y civil.

•Responsabilidad civil y Arbitraje.

•Arbitraje

EXCELENCIA LEGAL EN INVERSIÓN INMOBILIARIA

En esta prestigiosa firma de abogados, el derecho inmobiliario es una de las diversas ramas en la que destina sus esfuerzos para garantizar un enfoque adecuado a las necesidades de los clientes.

¿Cuál es el enfoque de GPL Servicios Legales en la negociación de términos en transacciones inmobiliarias?

Previo a iniciar el proceso de negociación, es fundamental analizar el interés principal del cliente, ya que esto permite definir cuáles aspectos no son negociables y cuáles pueden tratarse con más flexibilidad o disposición de admitir alternativas al momento de la negociación. Dicho esto, el enfoque debe estar dirigido a cumplir con ese interés principal del cliente, así como a prever los posibles riesgos que aplican a la transacción, y que la misma se ajuste a nuestro ordenamiento jurídico.

¿Cómo abordan el proceso de revisión de situación jurídica de inmuebles, así como la elaboración de contratos de arrendamiento

y compraventa de estos?

La debida diligencia es un proceso obligatorio que realizamos previo a materializar cualquier transacción, en el que se lleva a cabo una investigación tanto del inmueble como de la persona con la que se desea contratar. El reglamento de la ley para la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo establece el tipo de debida diligencia a agotar, conforme el nivel del riesgo de la persona. Respecto a la elaboración de los contratos, se debe tomar en consideración que el documento cumpla con las formalidades debidas, la precisión clara de las obligaciones y derechos de las partes envueltas y la mitigación de los riesgos.

¿Qué pasos recomiendan para preparar una propiedad para la venta y maximizar su

atractivo en el mercado?

Previo a la venta de una propiedad es recomendable, en primer orden, realizar una tasación al inmueble, pues el resultado de esta orientará al propietario sobre el valor que posee el bien en el mercado y así determinar un precio de venta apropiado. Por otro lado, verificar la documentación de carácter legal relativa al derecho de propiedad, es otro paso clave, ya que esta debe estar en orden al momento de la transacción. De igual modo, es importante que el propietario se encuentre al día en el pago de impuestos, arbitrios, y servicios públicos y privados.

¿Qué consejos ofrecen a los vendedores para promover sus bienes inmuebles de manera efectiva?

Asesorarse con un agente inmobiliario o gestor de propiedades que garantice una mayor exposición del inmueble en el mercado a través de los distintos medios o plataformas de publicidad y, a su vez, le acompañe hasta el cierre de la operación de venta.

¿Cuáles son las consideraciones legales que los compradores deben tener en cuenta antes de completar la compra de una propiedad?

GPL Servicios Legales se ha consagrado en el ámbito jurídico por mantenerse por más de dos décadas ofreciendo servicios con calidad, integridad, rapidez, eficiencia, constancia y con los valores éticos que distinguen a la consultora.

www.gpllaw.com @gpllawrd

En todo proceso de adquisición de un inmueble resulta imperante realizar una revisión integral que permita verificar y constatar aspectos de carácter legal y fiscal del inmueble, calidad de los vendedores; en casos particulares también será pertinente realizar una verificación de planos, mensuras y régimen de condominio.

¿Cómo garantizan que los vendedores y/o compradores estén protegidos ante posibles problemas legales?

Agotar el proceso de debida diligencia es clave, pues cuyo fin es conocer el estado jurídico del inmueble y prever cualquier situación de irregularidad. De la misma manera, es vital una redacción y revisión oportuna del contrato de compraventa, ya que es el documento idóneo para establecer y garantizar los derechos y obligaciones de las partes, así como toda documentación que amerite ser suscrita en el proceso de venta.

¿Puede proporcionar ejemplos de casos en los que hayan ayudado a compradores a sortear desafíos legales o vendedores a lograr una venta exitosa?

Hemos sido partícipes de numerosos procesos de transacciones inmobiliarias, que van desde operaciones simples como adquisición de inmuebles para vivienda familiar, hasta operaciones más complejas como adquisición de hoteles o proyectos de desarrollo de diversos sectores económicos. Podemos señalar que los casos suelen ser más complejos cuando la documentación no se encuentra en orden y amerita que se efectúen otros procesos de manera previa a la transacción principal, por ejemplo, determinación de herederos, procesos de partición, deslindes, subdivisión, entre otros. O, en razón de que el proyecto que se desarrolla implica concomitantemente la gestión y actualización de permisos o autorizaciones gubernamentales. No obstante, si el interés principal de las partes es legítimo y está claramente definido, las operaciones logran el resultado deseado.

En GPL Servicios Legales han sido partícipes de numerosos procesos de transacciones de inmuebles que han permitido contribuir al desarrollo sostenido del sector inmobiliario y a impulsar la economía dominicana.

POWER LAWYERS

GUZMÁN & MOLINA, ABOGADOS

SINERGIA ENTRE CONSTRUCCIÓN Y CONFLICTIVIDAD

La construcción es una de las industrias de mayor peso y evolución. Por su impacto cuantitativo y cualitativo, es un sector propenso a la conflictividad. En su cadena de producción convergen diversos actores. Por esa razón, la previsión y la solución de los conflictos juegan un papel fundamental para su desarrollo eficiente

Los proyectos de construcción cumplen un rol importante en las economías. Tienen la particularidad de que envuelven componentes técnicos complejos, que involucran simultáneamente al sector privado (muchas veces con interesados de nacionalidades distintas, lo que le otorga un matiz internacional) y al sector público (con el detalle político que implica) y que al ser de larga duración pueden conllevar, con sus vicisitudes, a que una obra se planifique con una administración central, se ejecute con otra, pero concluya con una diferente.

Los índices de cumplimientos de los contratos son factores de primer orden para determinar la seguridad jurídica de los países. Son indicadores de la fiabilidad que tienen las partes o los sistemas jurídicos en los que se desenvuelven. Si se

incumple un contrato, debe haber un régimen de consecuencias. Los contratos que no sean susceptibles de cumplimiento forzoso son letra muerta. Los contratos en la construcción no son la excepción; al contrario, son uno de los contratos más vulnerables y susceptibles de ser incumplidos.

Al ventilarse en los tribunales ordinarios, los problemas de naturaleza contractual -como los de la construcción- suelen demorar largos años en resolverse. No solo obtener una sentencia firme es un ejercicio intrincado, sino también ejecutar esa decisión irrevocable. La deficiencia de los aparatos judiciales de los Estados, que se pone de manifiesto por su incapacidad de solucionar en tiempo razonable las controversias, obliga a que los agentes económicos busquen alternativas a la solución judicial tradicional.

Los consejos de disputas o “dispute boards” (DBs) pueden ser opciones potables para solucionar controversias en la industria de la construcción. Para que existan, las partes deben preverlo en sus contratos. Son órganos permanentes que visitan las obras y toman decisiones en el momento mismo en el que surge cualquier discrepancia; es decir, “en tiempo real”. Ellos permiten la continuidad de las obras porque uno o varios profesionales designados por las partes desde el inicio mismo de los proyectos emiten recomendaciones, opiniones o decisiones que inducen a las partes a entrar en razón o simplemente transigir; son, pues, guías para solucionar los conflictos. La idea con los DBs es que sus miembros, al ser técnicos irreprochables que gozan de la confianza de las partes y estar familiarizados con las infraestructuras, no tengan que esforzarse en reconstruir los hechos. Por estar informados, los consejeros deben invertir menos tiempo para comprender los problemas suscitados y actuar en consecuencia.

El primer DB conocido se usó en 1975 en los Estados Unidos. Esto quiere decir que se trata de una figura contemporánea y de uso reciente. A partir de ahí se han

(809) 784-6813

www.guzmanmolina.com info@guzmanmolina.com @gma_legal

venido propagando exponencialmente. Con el auge de las alianzas público-privadas en el país, ha de esperarse que más temprano que tarde se comience a experimentar y “coquetear” con esta técnica. De hecho, la propia ley de las APP incentiva y estimula los métodos alternos de solución de controversias, más allá del arbitraje, la mediación y la conciliación.

La gran virtud de los DBs es que son proactivos en lugar de reactivos; pueden ser persuasivos y disuasivos a la vez. Como si se tratara de una enfermedad, las controversias que no se resuelven

Carlos CAMEJO

Juan MORONTA

Asociado

Asociado Senior a tiempo pueden detonar y agravar las relaciones entre las partes. No en vano se dice que “es mejor prevenir que lamentar”.

Los abogados son indispensables para diseñar y estructurar los DBs en los contratos relacionados a la construcción; asimismo, para apoyar a las partes en el seguimiento a los trabajos de sus miembros. En caso de que los DBs no logren mitigar la totalidad de las controversias, las partes pueden escalar a arbitraje o a los tribunales judiciales, según hayan convenido.

El arbitraje es un método eficaz para solucionar controversias en la construcción. Empero, al igual que la técnica judicial, hace intervenir al órgano adjudicador -árbitro o juez- luego que la controversia ha surgido. Eso no ocurre con los DBs

HEADRICK LIDERAZGO LEGAL AMBIENTAL

HEADRICK siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia en todas las áreas del Derecho, por eso desde antes de que se aprobara la Ley 64-00 General de Medioambiente, ha estado participando a través de algunos de sus socios en la discusión de temas relacionados con la protección del medioambiente y los recursos naturales, así como en la discusión de distintas normas que el país ha aprobado.

Presta asesoría a sus clientes en relación a consultas sobre temas ambientales, protección contractual en casos de adquisiciones sobre responsabilidad medioambiental, acompañamiento en obtención de autorizaciones y permisos ambientales para industrias, proyectos energéticos y otros, debidas diligencias sobre temas medioambientales en procesos de adquisiciones de activos y sociedades, defensa y asistencia en acciones y recursos judiciales relacionados con el medioambiente y los recursos naturales, asesoría en temas relacionados con emisión de bonos verdes, manejo de residuos sólidos, responsabilidad compartida y otros.

¿Cuál es la importancia del Derecho Ambiental en el ámbito legal actual y cómo afecta a las empresas y sus operaciones? Aunque todavía en nuestro país no ocupa el posicionamiento que tiene en otras sociedades más desarrolladas, cada día hay más conciencia ambiental y mayor exigencia de cumplimiento por parte de la ciudadanía. Para toda empresa socialmente responsable, el respeto al medioambiente debe ser una prioridad, y por eso muchas empresas han desarrollado acciones de responsabilidad social corporativa enfocadas en la protección de nuestro medioambiente.

¿Cómo HEADRICK asesora, entidades y clientes en la gestión de riesgos relacionados con el impacto ambiental y la sostenibilidad? Asesoramos a nuestros clientes en múltiples sentidos. Dándoles consultas y explicaciones sobre el marco legal y procesos regulatorios, asistencia en obtención de permisos, redacción de cláusulas de protección en contratos, consultas legales sobre posibles riesgos y remediaciones, así como novedades legislativas como la responsabilidad extendida del productor, importador y comercializador, prevista en la reciente Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, No. 225-20, pero que existe en otras jurisdicciones y muchos todavía no están al tanto de sus implicaciones, y que conocemos desde la introducción del proyecto de ley por haber participado algunos de nuestros socios en su discusión.

¿Cuáles son los principales desafíos legales a enfrentar en términos de cumplimiento ambiental y regulaciones?

La República Dominicana es uno de los países más vulnerables al cambio climático, de conformidad con el Índice de Largo Plazo Riesgo Climático-CRI,

ocupando la posición número 12 en los datos del 2019, y nuestro vecino Haití se encuentra entre los tres países más afectados del mundo, por lo que nuestra isla es una de las más impactadas a nivel global. Por tanto, es imperativo que haya un cumplimiento ambiental y conciencia de la vulnerabilidad y el deber que tenemos todos de contribuir a mitigarla. Actualmente, para el sector turismo, puntal de nuestra economía, el sargazo se ha convertido en un gran desafío, recientemente se constituyó el Gabinete de Lucha contra el Sargazo, y esperamos que esto contribuya con la búsqueda de soluciones efectivas. La gestión y disposición de residuos sólidos sigue siendo un reto en nuestro país, y aunque se constituyó el Fideicomiso DO Sostenible de Residuos Sólidos, resta mucho por hacer. Es importante que inversionistas privados se sigan sumando a invertir en proyectos al amparo de esta ley.

¿Cuáles estrategias implementan para asegurarse de mantenerse al día con las últimas regulaciones y legislación ambiental? La participación de varios de nuestros socios en las principales asociaciones

empresariales desde hace décadas nos ha mantenido participando en la discusión y aprobación de las regulaciones ambientales. En adición, algunos de nuestros abogados han estudiado derecho ambiental en sus programas de maestría.

¿Cómo logran desarrollar políticas y prácticas corporativas alineadas con los objetivos de sostenibilidad y protección ambiental?

Algunos de nuestros socios colaboran con organizaciones que tienen entre sus objetivos fundamentales la preservación del medioambiente y los recursos naturales, como es el caso de la Fundación Sur Futuro, de la cual uno

de nuestros socios es miembro. También algunos de nuestros socios han participado en el seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible, agenda 2030 desde distintas organizaciones empresariales.

¿Cuál es el enfoque de HEADRICK en la resolución de disputas ambientales, ya sea en litigios o en procesos de negociación y mediación? Nuestro enfoque siempre está orientado al cumplimiento con la ley, así como a presentar soluciones creativas de negocios a nuestros clientes, que pueden hacer del medioambiente una oportunidad de inversión a la vez que una contribución con el desarrollo sostenible.

¿Cómo contribuye HEADRICK al fomento de prácticas legales que promuevan la responsabilidad ambiental y la acción climática?

U Av. Gustavo Mejía Ricart, Santo Domingo, RD. (809) 473-4500 www.headrick.com.do | @Headrick | info@ Headrick.com.do

Muchos de nuestros socios participan en jornadas de reforestación, de preservación de cuencas hidrográficas, y han participado de forma honorífica en la solución de problemas ambientales, de gestión de residuos o en la discusión de normativas.

LIDERAZGO JURÍDICO Y EXPERIENCIA

POWER LAWYERS

POWER LAWYERS

20 AÑOS DE ÉXITOS EN EL ÁMBITO LEGAL

Ser creativos, conocedores de los negocios de sus clientes y catalizadores para la obtención de resultados constituyen los principios fundamentales que sustentan la misión del bufete de abogados Jiménez Peña. A lo largo de dos décadas, este despacho ha consolidado su posición como un destacado punto de referencia en el panorama legal de República Dominicana. Fundado en el año 2003, ha experimentado un crecimiento constante y una evolución continua que lo han llevado a situarse como una de las firmas legales más prominentes y respetadas en el país.

Su férreo compromiso de estar a la vanguardia de las tendencias que redefinen a la industria legal para satisfacer las necesidades de sus clientes les ha permitido labrarse nuevos caminos y adaptarse a los cambios, como una oportunidad para continuar brindando soluciones a sus clientes. Por esta razón, han forjado una alianza estratégica con Interlex Group, una red que congrega a destacadas firmas legales a nivel mundial. Esta colaboración les posibilita conectar a sus clientes con abogados altamente capacitados y con una vasta experiencia en más de 60 países alrededor del globo. Su colaboración con esta red de profesionales refuerza su compromiso, sostenido desde sus comienzos, de proporcionar servicios legales de la más alta calidad, fundamentándose en una profunda comprensión y conocimiento del panorama jurídico tanto en la República Dominicana como en el ámbito internacional.

Este hito marca una nueva etapa en Jiménez Peña y su trascendental recorrido en sus 20 años, tiempo que engloba una historia de éxito protagonizada por sus clientes, socios y colaboradores.

La confianza puesta en sus habilidades ha sido la piedra angular de sus mayores logros. Desde titanes del sector inmobiliario hasta gigantes del turismo, sus alianzas han sido un testimonio de su destreza y una fuerza motriz detrás de su compromiso con la excelencia.

LUIS JULIO JIMÉNEZ

En su práctica profesional se especializa en Fusiones y Adquisiciones, Hotelería y Turismo, Regulación Financiera, Zonas Francas y Gobierno. Ha actuado como abogado líder de muchas de las principales transacciones que han tenido lugar en el país y ha sido miembro del Consejo de Directores de importantes empresas en los sectores , entre otras.

20 27 AÑOS DE FUNDACIÓN.

CONSOLIDANDO UN EQUIPO DE GRANDES PROFESIONALES.

ABOGADOS INTEGRAN SU EQUIPO LEGAL.

ACTUALIZADOS CON LAS NOVEDADES DEL PANORAMA LEGAL.

MARCOS PEÑA RODRÍGUEZ

Lidera los departamentos de Solución Alternativa de Controversias, Regulación Económica (telecomunicaciones y energía) y Gobierno. Cuenta con amplia experiencia en arbitraje doméstico e internacional, incluyendo arbitraje de inversión, en materias como construcción, energía, tecnología y conflictos societarios. Ha sido director independiente en los consejos de empresas del mercado de valores, seguros, entre otras.

ROSA (LISA) DÍAZ

Se especializa en la Resolución Alternativa de Conflictos y Litigios Civiles, Comerciales, Societarios, Laborales y Administrativos, así como en temas relacionados a los sectores de aviación civil, deportes e nmobiliario. Es reconocida como asesora de empresas en materia laboral.

KATHERINE

ROSA

Especializada en diferentes áreas de negocios, incluyendo banca, financiamiento local e internacional, estructuración de proyectos, regulación económica, concesiones e industrias reguladas con enfoque principal en energía. Posee amplia experiencia y es referente en la asesoría para la adquisición, financiamiento y/o desarrollo de proyectos de energía.

JENNIFER

BEAUCHAMPS

Especialista en Estructuración y Financiamiento, Adquisiciones y Fusiones, Mercado de Valores, Negocios y Derecho Corporativo. Ha participado en financiamientos destinados al desarrollo de proyectos de índole industriales, hoteleros, residenciales y en el sector energético con vasta experiencia en operaciones complejas de venta, reestructuración y fusiones de empresas.

LAURA MEDINA

Su práctica se centra en las áreas de Litigios y Resolución Alternativa de Controversias, y Asuntos Laborales, asesorando principalmente a clientes de las industrias de manufactura y hotelera, de zonas francas, telecomunicaciones y servicios aeronáuticos. Es miembro del Bufete Directivo del Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Santo Domingo.

VILMA

VERAS

Se especializa en Inversión Extranjera, Derecho Fiscal, Derecho Inmobiliario y Derecho Corporativo. Ha liderado adquisiciones importantes en diversos sectores, inlcuyendo hotelería, telecomunicaciones, combustible, entre otras. Es reconocida como experta en temas societarios.

INVERSIONES SOSTENIBLES

Protección al inversionista extranjero frente a las regulaciones ambientales. En un mundo donde el calentamiento global y el cambio climático plantean desafíos ineludibles, la defensa del medio ambiente y el fomento de inversiones sostenibles se vuelven cruciales, los Acuerdos Internacionales de Inversión y Comercio (IIAs). En un análisis sobre la simetría de los IIAs y la necesidad de equilibrar los derechos de los inversores extranjeros con la capacidad de los estados, para impulsar un desarrollo que beneficie a las naciones y el entorno global.

n busca de un equilibrio: protección ambiental y acuerdos internacionales de inversión. En un mundo donde la inversión extranjera y la protección del medio ambiente coexisten, surge un desafío complejo: armonizar las políticas medioambientales de un país con sus compromisos internacionales de inversión. La prestigiosa firma, Liranzo & Aquino, comprende la necesidad de equilibrar la atracción de inversiones con la sostenibilidad ecológica. Noelia Martínez Liranzo, abogado junior, de la entidad, considera que lograr un equilibrio entre la protección ambiental y la promoción de inversiones extranjeras sostenibles es un desafío central en el escenario actual. Además de la inclusión de cláusulas ambientales en los acuerdos de inversión, que emergen como una estrategia esencial para conciliar intereses económicos y medioambientales de manera armoniosa. Varias investigaciones sobre el tema determinan que los Acuerdos Internacionales de Inversión (IIA, por sus siglas en inglés), buscan estimular el crecimiento económico, siendo crucial el desarrollo sostenible, entre otros puntos de interés. “En ese sentido, es importante promover la responsabilidad de los inversionistas, incentivándolos a cumplir con estándares de responsabilidad social corporativa que aborden aspectos ambientales y sociales. Además, la transparencia en los procesos de toma de decisiones y la participación pública son factores que, desde mi perspectiva, juegan un papel fundamental en la resolución de conflictos entre inversores y estados”. Este equilibrio no solo beneficia el desarrollo económico y social a corto plazo, sino que también garantiza la preservación de los recursos naturales y el bienestar de las generaciones futuras.

EEn última instancia, considera que la colaboración entre diversas partes interesadas y la adopción de estándares comunes a nivel internacional son pasos necesarios para establecer reglas claras y predecibles en el ámbito de la inversión internacional. La protección del medio ambiente y la promoción de inversiones sostenibles son metas interdependientes que deben abordarse holísticamente, buscando siempre el bienestar presente y futuro, concluye la abogada.

ESPECIALIZACIÓN

MULTIDISCIPLINARIA

PRESENCIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS Y HUMANIZACIÓN DE LOS PROCESO

REPRESENTACIÓN DE MARCAS NACIONALES E INTERNACIONALES

ESTRATEGAS LEGALES

POWER LAWYERS

En el fascinante universo de los negocios y litigios, donde las complejas transacciones y la constante evolución de las leyes exigen más que un simple conocimiento jurídico, surge la imperante necesidad de una perspectiva estratégica. En este cruce de caminos, Logística Legal se erige como el guía definitivo, ofreciendo no solo asesoramiento legal, sino trazando un mapa detallado hacia la consecución de objetivos. En un entorno donde la experiencia legal es solo un componente, esta firma se distingue al brindar un enfoque holístico que fusiona el dominio jurídico con una comprensión intrínseca de las dinámicas comerciales, allanando así el camino hacia el éxito.

n el mundo empresarial actual, cada movimiento cuenta. Desde las decisiones de inversión hasta las asociaciones comerciales, cada paso puede tener consecuencias legales significativas. Aquí es donde la estrategia legal emerge como un activo invaluable. Las empresas que reconocen la necesidad de un enfoque estratégico no solo evitan riesgos legales innecesarios, sino que también aprovechan oportunidades para el crecimiento sostenible.

Manuel Alejandro BORDAS NINA Socio director Logística LegalLa estrategia legal implica la anticipación de desafíos y la planificación para enfrentarlos. Significa abordar cuestiones como la propiedad intelectual, las regulaciones sectoriales y los contratos con una visión a largo plazo. Los líderes empresariales deben considerar cada decisión desde una perspectiva legal, comprendiendo cómo puede afectar la operación actual y futura de la empresa. Además, en un mundo globalizado, la estrategia legal trasciende las fronteras. Las empresas que operan internacionalmente deben lidiar con regulaciones y sistemas legales diversos. Aquí, la estrategia legal no solo es un paraguas de protección, sino un motor que impulsa la expansión inteligente y exitosa.

En el ámbito de la resolución de conflictos, la estrategia legal adquiere un papel aún más vital. No se trata solo de presentar argumentos sólidos en el tribunal, sino de planificar cada etapa del proceso con meticulosidad estratégica. El equipo de Logística Legal se destaca no solo por conocer la ley, sino también por entender cómo moldear los hechos, las pruebas y los argumentos para construir un caso sólido y convincente.

La estrategia legal en litigios implica un análisis profundo de la contraparte, identificando sus debilidades y anticipando sus movimientos. Además, abarca la gestión de la comunicación y la presentación de pruebas de manera coherente y persuasiva. Cada acción en el proceso legal se ejecuta con el objetivo estratégico de obtener un resultado favorable.

TANTO EN LOS NEGOCIOS como en la resolución de conflictos, la estrategia legal se convierte en el diferenciador crucial. No se trata solo de defenderse o de perseguir objetivos; se trata de hacerlo de manera inteligente y previsora. En un entorno donde las leyes cambian constantemente y los riesgos son impredecibles, la estrategia legal se convierte en la fuerza que impulsa la victoria.

DISEÑAR ESTRUCTURAS LEGALES PARA NEGOCIOS. BRINDAN SERVICIOS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y LITIGIOS.

SON

LIDERAZGO LEGAL Y CORPORATIVO

MARTÍ es uno de los principales grupos empresariales de la República Dominicana, líder en el sector de hidrocarburos por más de 60 años, y en la última década ha diversificado y expandido sus operaciones. Este ha sido uno de los mayores privilegios y retos que ha tenido su Vicepresidencia Legal y Corporativa, logrando la diversificación, expansión y crecimiento del Grupo en diversos sectores económicos y países.

¿Qué rol desempeña la Vicepresidencia Regional Legal y Corporativa de Grupo MARTÍ? Desde su creación a la fecha, la Vicepresidencia Legal y Corporativa ha trabajado con una participación activa y rol esencial en todos los negocios de las empresas que conforman el Grupo MARTÍ, así como en la operatividad de cada una de ellas. Asumiendo el liderazgo de manera regional de aspectos legales relacionados con negociaciones contractuales, corporativos, múltiples procesos de fusiones y adquisiciones, procesos complejos de resolución de disputas, cumplimiento regulatorio en múltiples jurisdicciones, relaciones institucionales y la creación de buenas prácticas de gobierno corporativo. Esta Vicepresidencia inicia con la creación del departamento legal bajo el liderazgo de la Licda. Alexandra Gärtner en el año 2011. En ese momento, MARTÍ estaba enfocado principalmente en el sector de los hidrocarburos e incursionando

en el sector automotriz en la República Dominicana. Con el paso de los años, nuestras unidades estratégicas de negocios han evolucionado a tres principales: hidrocarburos y energías, movilidad, e inversiones, con un eje transversal para todos de responsabilidad social corporativa a través de nuestra Fundación Tropigas.

¿Cómo han materializado el proceso de expansion y diversificación del Grupo?

La diversificación inició en el 2011 hacia el sector automotriz con la adquisición de la marca Volvo en la República Dominicana. Desde esa fecha a la actualidad hemos adquirido la representación de 13 marcas en el territorio nacional, tanto en vehículos livianos como comerciales, así como la distribución exclusiva de la marca Volvo en los países de Puerto Rico y Panamá. Luego incursionamos en los medios de comunicación

con la creación del Periódico ElDinero y la Revista ElDinero Mujer, convirtiéndonos en el periódico económico de referencia en República Dominicana. Seguimos incursionando en nuevos sectores, por tanto iniciamos en el 2017 con el desarrollo e inversiones en el sector de energía (renovables y térmicas), con instalaciones de paneles fotovoltaicos a pequeña escala, residenciales y comerciales, así como parques solares y generadoras de electricidad. Asimismo, en los años siguientes realizamos inversiones en los sectores de seguros, fondos de pensiones y turismo. Con la Lic. Alexandra Gärtner, la Vicepresidencia Legal y Corporativa participa activamente en la toma de decisiones estratégicas de Grupo MARTÍ, y ha jugado un rol protagónico en la diversificación, expansión y crecimiento nacional e internacional del mismo, priorizando los aspectos humanos y de sostenibilidad. Además, ha sido parte fundamental en el desarrollo de los procesos de negociación, con miras a dar soluciones legales que velen siempre por el cumplimiento de las normativas y mitigando los riesgos y contingencias del Grupo.

Como parte de un grupo empresarial que se mantiene en constante movimiento, cambio, crecimiento y adaptación al incursionar

Edificio Corporativo MARTÍ, Av. Winston Churchill esq. Rafael Augusto Sánchez, Ensanche Piantini, Santo Domingo, R.D. (809) 227-0003 www.marti.do

en diversos sectores económicos, tenemos como reto definir y establecer la estrategia y el balance entre negocios y legal, con la urgencia necesaria pero el análisis crítico requerido.

Aportes de Legal a MARTÍ

En Hidrocarburos y Energía: Adquisiciones y negociaciones de estaciones de combustibles y envasadoras de GLP, y contratos comerciales (operaciones del día a día. Cumplimiento legal y regulatorio, así como las gestiones con los distintos Ministerios e instituciones. Relaciones gubernamentales. Estructura corporativa. Participación en Coastal Petroleum Dominicana, SA, terminal de hidrocarburos en la República Dominicana. Con el hito de liderar la Alianza Estratégica con TotalEnergies (2022).

En Movilidad: Adquisiciones de representación de 13 marcas en República Dominicana (2011-actualidad). Expansión regional a Puerto Rico y Panamá (2016-2017). Cumplimiento Legal y Regulatorio a nivel regional. Estructura corporativa.

En Inversiones: Participación, estructura corporativa y cumplimiento legal del Periódico ElDinero. Participación en AFP Crecer y Seguros Crecer. Inversión en activo hotelero Homewood Suites.

En Responsabilidad Social Corporativa: Participación activa en la Comisión Presidencial Ozama Isabela a través de la Fundación Tropigas y Coalición Río. Alto impacto en las comunidades alrededor el río Ozama . Inversiones superiores a USD 5MM para estaciones de bomberos a nivel nacional.

“Como legal trabajamos de manera transversal con todas las áreas y empresas del Grupo Martí, dirigiendo y dando soporte a presidencia, así como todos los departamentos, direcciones, y vicepresidencias”.

¿Cuáles retos han tenido que asumir durante este proceso?

República Dominicana ejerciendo el derecho

proteger los intereses

¿Cuál es la visión principal de Pereyra & Asociados en la intersección entre Inteligencia Artificial, Derecho y dar respuesta efectiva y eficiente a sus requerimientos. Siempre que la Inteligencia Artificial ayude a eficientizar los servicios a nuestros clientes la implementaremos; pero con intervención

humana que supervise potenciales errores dado el carácter aún primario de la tecnología en el área legal.

¿Cómo evalúan el impacto económico y social de la IA en el mundo empresarial y legal, y cómo ayuda a las organizaciones a adaptarse a estos cambios?

Si bien la inteligencia artificial está apenas en su primera etapa, se proyecta un impacto social y económico de envergadura, ya que las nuevas tecnologías buscan eficientizar y simplificar procesos y esto conllevará la eliminación de empleos, cambios en los procesos y una nueva forma de producir, independientemente de que se trate de bienes tangibles o servicios.

En el ámbito específico de las firmas legales, se requerirá examinar cuidadosamente qué tareas podrán realizar esas nuevas herramientas de manera segura, pues si bien la Inteligencia Artificial puede ser muy útil para organizar información, acelerar búsquedas o bien reproducir información o formatos estándar previamente provistos, aún hay que determinar qué tan eficiente será la herramienta en aquellas tareas que requieren análisis de la data cruzada con la información legal y la interpretación correspondiente.

Lo anterior implica que el uso de la Inteligencia artificial debe estar sujeto a supervisión continua y rigu-

rosa a fin de evitar errores legales que impacten negativamente al cliente. La inteligencia Artificial está llamada a facilitar tareas y coadyuvar a que el abogado utilice su tiempo en la parte medular y de fondo de los temas jurídicos que maneje, dejando al algoritmo la parte mecánica y de carpintería de los temas.

¿Cómo se equilibra la eficiencia ganada con la necesidad de mantener un enfoque humano en la resolución de conflictos y la asesoría legal?

La Inteligencia Artificial, al menos en República Dominicana, aún no alcanza un efecto masivo, a pesar de que a futuro se espera que tenga un efecto en la eficientización de procesos. No obstante, el enfoque humano siempre prevalece, pues no es sustituible. Primeramente, la Inteligencia Artificial responde sobre la base de la información que tenga a su disposición, que solo es actualizada por el o los individuos. Además, la eficiencia en los procesos viene desde el punto de vista operativo/administrativo, más no sustituye la asesoría legal en todos sus ámbitos, incluyendo consultas, asesoría o representación en temas litigiosos, que es provista por un profesional del derecho en un trato personalizado con sus clientes.

A medida que la Inteligencia Artificial se vuelve más común en el sector legal, ¿qué consideraciones éticas y de privacidad deben tenerse en cuenta al utilizar herramientas de IA en la práctica legal?

El tema principal para tomar en cuenta es no caer en lo denominado “Automation Bias”. El ser humano por naturaleza puede terminar sobrevalorando la tecnología, y si no realiza los esfuerzos necesarios puede terminar obteniendo data equivocada y dando

servicios sobre la base de parámetros erróneos. El alcance en la utilización de IA en el ámbito legal está aún por verse. Sabemos que es útil en el manejo y organización de la data; uso de procesos repetitivos y de formatos previamente estandarizados, entre otras cosas, pero hasta ahora muestra deficiencias notables cuando debe interpretar la data, sacar conclusiones o bien producir resultados creativos. Obviamente, en su momento es importante no solamente vigilar el rigor y certeza de las tareas que se le asignen, sino además, que no haya escapes de información privada entre otras consideraciones. El proceso tomará su tiempo y requerirá observación y supervisión rigurosa.

Mirando hacia el futuro, ¿cómo visualiza Pereyra & Asociados la evolución de la relación entre la Inteligencia Artificial y el ejercicio de la abogacía en los próximos años?

La Inteligencia Artificial llegó para quedarse no solo en el área legal, sino en todas las actividades de la vida; sin embargo, no es cierto que sustituirá a los abogados ni que estos están condenados a la desaparición. En la medida que los productos de Inteligencia Artificial muestren su utilidad en determinadas actividades, como por ejemplo, búsqueda de data en investigaciones, sistematización de procesos repetitivos o formatos estándares, por poner solo algunos ejemplos, los abogados descargaran esas labores en esos softwares o algoritmos y tendrán más tiempo disponible para atender mayor volumen de trabajo dedicando su tiempo a los temas medulares que exigen la formación jurídica para poder realizarlo y donde la diferencia la hace la inteligencia y preparación del abogado que maneja el asunto, una vez dispone de toda la data sobre el problema, negocio, transacción, conflicto o litigio que le ocupa.

RIZEK ABOGADOS

CIBERSEGURIDAD: PLAN Y DEFENSA

República Dominicana ha implementado normativas en ciberseguridad, incluyendo la ley núm. 53-07 de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el reglamento de seguridad cibernética adoptado por la Junta Monetaria en 2018 para entidades financieras, y el Reglamento de Ciberseguridad para el acceso a internet, emitido por el Consejo Directivo del INDOTEL en 2021.

¿Cuál ha sido la experiencia de Rizek Abogados en casos relacionados con la ciberseguridad y seguridad de la información?

Nuestra firma ha acumulado una notable experiencia asesorando corporaciones, entidades de intermediación financiera, entidades gubernamentales e inversionistas con el objetivo, entre otros, de salvaguardar y proteger los datos personales que manejan; y que ellos a su vez puedan identificar las alertas de ciberseguridad que permitan prevenir cualquier ataque que pueda afectar el desenvolvimiento de sus operaciones diarias.

¿Qué servicios ofrecen en materia de ciberseguridad? Hemos acompañado a nuestros clientes en el diseño, implementación y ejecución de estrategias de gestión de riesgos y prevención de la cibercriminalidad y de protección

de datos personales. Asimismo, en caso de intentos de ataques a los sistemas informáticos o intromisión en la privacidad de la información generada por nuestros clientes, brindamos asesoría legal especializada para la detección, mitigación y control de riesgos y, eventualmente, la debida representación legal para la identificación y persecución de los infractores.

¿Cuáles niveles de especialización han alcanzado en leyes ciberseguridad? Como política formal de la oficina, fomentamos su capacitación continua en las respectivas áreas de negocios de nuestros clientes, lo que nos permite adelantarnos a las modificaciones y actualizaciones de las reglas técnicas y normativas. Esto nos habilita a mejor resguardar y prever las posibles eventualidades riesgosas que pudieran padecer nuestros representados.

¿Qué pasos implementan para que sus clientes estén conformes con las leyes de ciberseguridad aplicables? Participamos activamente en las consultas públicas, propuestas legislativas y, en ocasiones, como miembros de las comisiones de expertos que influyen de manera directa en la revisión de los distintos proyectos que son sometidos al Congreso Nacional o que son propuestos por los organismos autónomos y especializados del Estado dominicano en la materia.

¿Qué acciones legales son aplicadas al momento de que una persona es víctima de un ataque cibernético o robo de datos? Conforme a la Ley 53-07, en caso de que alguien acceda de manera ilegal a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones que contenga información personal de usuarios de empresas o proveedores de servicios en el territorio dominicano, se expone a la condena del pago de 1 a 200 salarios mínimos vigentes y tres meses a un año de prisión.

¿Cómo aplican las auditorías de seguridad y riesgos cibernéticos? Se trata de dos procesos

Ave. Gustavo Mejía Ricart No. 106, Torre Piantini, Suite 802, Santo Domingo, RD. (809) 547-4748 www.rizekabogados.com @Rizekabogados

fundamentales en el ámbito de la ciberseguridad, diseñados para identificar y abordar posibles vulnerabilidades y riesgos en los sistemas de tecnología de la información. Las primeras se realizan a través de revisiones exhaustivas de sistemas, redes y procesos de la entidad u organización respectiva, para evaluar su nivel de seguridad y garantizar el cumplimiento de las políticas y regulaciones establecidas. La evaluación de riesgos cibernéticos identifica amenazas y vulnerabilidades en corporaciones o entidades comerciales, analizando la probabilidad e impacto en los activos digitales y la seguridad del negocio. Utilizando un enfoque basado en riesgos, se desarrollan estrategias de mitigación y se asegura una

gestión eficaz de la seguridad cibernética. La entidad se somete a monitoreo y verificación constante para detectar, corregir y mitigar los riesgos, asegurando una gestión eficaz de la seguridad cibernética. Su finalidad es poder mantener una postura de seguridad de la organización y garantizar la preparación para combatir las amenazas que continuamente se desarrollan y cambian en el entorno digital.

¿Cómo hacen cumplir las regulaciones de privacidad y ciberseguridad?

A través de la creación de una cultura de cumplimiento y de recomendaciones de implementación de las buenas prácticas en los distintos sectores comerciales.

Las regulaciones de privacidad y ciberseguridad implican recoger información sobre la arquitectura de los sistemas, políticas controles internos, y ejecutar pruebas técnicas como análisis de penetración y escaneo de vulnerabilidades.

SINERLEX

ESTRATEGIAS JURÍDICAS

Tras más de dos décadas en el mercado, han logrado crecer de manera orgánica y posicionarse como una de las principales firmas de abogados a nivel nacional. Promueven el desarrollo de la marca de adentro hacia afuera, a través del progreso de sus principales actores, los abogados y todo su equipo, integrando la filosofía de la firma y su continua capacitación, lo cual se traduce en el éxito de todos.

¿De qué manera transmiten confianza y transparencia a sus clientes en una transacción de compra-venta de bienes e inmuebles?

Para nosotros es importante socializar en todo momento con el cliente. Asegurarnos que esté debidamente informado sobre los riesgos de la transacción en la que se involucra, de manera que esté en la capacidad de tomar decisiones con plena conciencia de los pros y contras de la transacción.

¿En qué consiste un Due Diligence inmobiliario?

Consiste en un proceso exhaustivo de investigación y análisis realizado al inmueble o target de la transacción, orientado siempre al uso que se le pretenda dar al inmueble. Como parte de la debida diligencia es nuestra costumbre, entre otros aspectos, conocer el tracto sucesivo del inmueble desde su origen

hasta la actualidad, así como su estado jurídico. Asistidos de los profesionales de lugar, recomendamos levantar el estado físico del inmueble. En la parte técnica, se verifica si la designación posicional se corresponde con la ubicación real del inmueble, si existen solapamientos o algún inconveniente que pueda afectar la propiedad. En caso de que el inmueble objeto de la transacción no se esté adquiriendo con vocación de vivienda, se requerirá una debida diligencia ampliada. Estos casos pueden ser, por ejemplo, inmuebles que se adquieren para desarrollos turísticos, proyectos energéticos, expendio de combustibles, entre otros.

¿Qué aspectos urbanísticos se deben tomar en cuenta?

La zonificación, el uso o los usos aprobados en la colindancia del inmueble, las restricciones de uso, los permisos de construcción, el acceso a los servicios públicos, el cumplimiento en el pago de los arbitrios municipales, los riesgos naturales y cualquier

condición legal especial que pueda afectar la propiedad.

¿Cuáles son los aspectos legales elementales a considerar en la construcción de una edificación?

Gestionar oportunamente la permisología, lo cual incluye los permisos de construcción, las autorizaciones municipales correspondientes, la licencia ambiental, entre otros que pudieran aplicar, dependiendo el caso. Es elemental además verificar si el inmueble está dentro de un área protegida, de conformidad con las leyes medioambientales.

¿Cuáles son los aspectos tributarios que deben revisarse en el proceso compra-venta de bienes inmuebles?

Se debe revisar el avalúo fiscal actual de la propiedad en contraste con su valor en el mercado y con el monto de la transacción. Salvo acuerdo contrario, el comprador deberá asumir el impuesto de transferencia inmobiliaria y el vendedor deberá declarar y pagar el impuesto a la ganancia de capital (si la hubiere), todo en base a un ejercicio previamente establecido en las normas fiscales.

¿Cómo puede afectar una situación de litigio en algún bien inmueble que esté en proceso de compra-venta?

Av. Pedro Henríquez Ureña No. 150, Torre Diandy XIX, Piso 11, La Esperilla, Santo Domingo, Distrito Nacional (809) 533.4544 www.sinerlex.com.do @sinerlexrd

Oliver Peña Veras se desempeña y se destaca en el diseño de estrategias legales orientadas a la prevención y a la solución de litigios civiles y comerciales, procesos contenciosos familiares, particiones y a la resolución de conflictos relativos a negocios en general.

Tras un hallazgo de existencia de litis, se recomienda realizar un análisis ponderado del caso para evaluar el posible resultado del conflicto, lo cual deberá analizarse caso por caso. En principio, una litis no genera un bloqueo registral, por lo que, el cliente que pretende adquirir el inmueble puede analizar los riesgos en la potencial adquisición y el que pretende vender deberá declarar la existencia de la litis para evitar contingencias legales.

¿Cuáles son las implicaciones del aporte de bienes inmuebles al capital de compañías?

El efecto del aporte de bienes al capital social de una empresa por parte de accionistas o inversionistas implica un aumento en el capital social y tiene como contraprestación la emisión de acciones a favor del aportante. Una de las ventajas principales en una transacción de aporte en naturaleza es que existe una exención al pago del impuesto de transferencia inmobiliaria en sociedades locales.

Rodríguez Jiménez se especializa en el diseño de estructuras legales corporativas, contratos, mediaciones y negociaciones, gerencia de estrategias jurídicas local y transnacional.

¿Cuáles son las principales diferencias entre adquirir bienes inmuebles como persona jurídica y adquirirlos como persona física?

Las principales diferencias son el impacto fiscal de cada caso y la ventaja que pueda representar uno u otro escenario para fines de reorganización patrimonial. Aparte de lo anterior, contamos en nuestra legislación con la figura del fideicomiso, el cual, a pesar de no tener personalidad jurídica, pudiera representar ventajas adicionales para la adquisición de inmuebles y para la reorganización patrimonial.

"La fidelización de nuestro equipo con la firma y la de nuestros clientes es una prueba del empeño y dedicación que caracteriza nuestro trabajo, de la confianza que se gana con sacrificio y ejerciendo la profesión de manera correcta".

Magdalena

Heiddy MORONTA Socia

Desde hace más de cinco décadas, la prestigiosa firma de abogados Ulises Cabrera ha consolidado su liderazgo en el ámbito legal por labrar una impoluta trayectoria y sólida reputación en materia de Derecho en la República Dominicana que ha merecido la admiración y el respeto de los demás actores que convergen en el sistema judicial nacional.

¿Cómo se establece la responsabilidad legal en caso de daños causados por el uso de sistemas de IA en el entorno empresarial?

La determinación de la responsabilidad legal en situaciones donde los sistemas de inteligencia artificial generan daños en el ámbito empresarial puede variar según las jurisdicciones y regulaciones que se vean implicadas. Conforme la IA evoluciona y su adopción se incrementa en las empresas, surgen importantes desafíos éticos y legales. Actualmente, existe un debate en torno a si la responsabilidad legal recae en los propios sistemas de IA, si estos son reconocidos como enti-

dades "autónomas"; o si recae en los desarrolladores o propietarios por su papel en el diseño, implementación, entrenamiento y supervisión de la IA. Esta última opción podría llevar a una posible responsabilidad objetiva, según el derecho común, al considerar a los responsables como custodios de entidades inanimadas. Un tercer escenario involucra la responsabilidad del usuario de la IA por un uso indebido o negligente de la herramienta tecnológica, lo que podría afectar los derechos de terceros.

Algunos de los conflictos emergentes relacionados con la IA incluyen la divulgación no autorizada de datos personales, la infracción de derechos de terceros mediante la creación de IA que utilice obras protegidas por derechos de autor sin permiso, la falsificación de datos proporcionados a instancias públicas y privadas a través de la IA sin verificación previa, así como la posibilidad de violación de derechos constitucionales debido a la autonomía de la IA, que no parece ser atribuible a mala fe o negligencia por parte del usuario.

Todos estos aspectos aún están en proceso de definición, dado que estas cuestiones evolucionan constantemente y carecen de regulaciones adecuadas, mientras que las leyes actuales no fueron diseñadas para abordarlas de manera específica.

la empleomanía para el uso adecuado de esta herramienta, ya sea proporcionada por terceros, facilitada en la web o desarrollada internamente. Estas políticas deben abarcar aspectos éticos, prácticos y legales, junto a un régimen de consecuencias por incumplimiento.

Además, es fundamental documentar los procesos de implementación y entrenamiento de la IA, así como la interacción entre los diversos actores involucrados, dígase: la empresa, sus colaboradores y asesores externos de haberlos. La implementación de este tipo de políticas servirá para demostrar, si fuere necesario, que la empresa es prudente, proactiva y está realizando sus mejores esfuerzos para garantizar un uso ético y mitigador a nivel legal de la IA, dentro del ámbito de su influencia. Por demás, es un momento crucial para reforzar la capacitación de nuestros colaboradores internos e incluso proveedores, en aspectos esenciales de seguridad y el debido cuidado en el uso de la tecnología de la información de manera general, así como respecto del uso, acceso y tratamiento de datos personales e incluso comerciales considerados sensibles o de alto valor para la empresa.

En Ulises Cabrera, abogamos por un enfoque proactivo en lugar de reactivo. Esto permite a la empresa a conocer y anticipar adecuadamente sus riegos. Por ende, es crucial mantenernos al tanto del entorno, así como de las iniciativas legales y regulatorias para asegurar que las operaciones propias y de nuestros clientes cumplan con las normativas legales vigentes o incluso legislación posible aun inexistente, minimizando riesgos potenciales.

Analizamos las implicaciones de estas regulaciones, brindamos información oportuna a nuestros clientes y ofrecemos recomendaciones para su implementación adecuada.

Igualmente, nos esforzamos por comprender los sectores económicos y el negocio de nuestros clientes, participando activamente en diversos gremios y asociaciones profesionales e industriales. De esta manera, nos adelantamos a posibles necesidades legales que puedan surgir en un entorno empresarial cambiante.

Siempre es posible anticipar y mitigar ciertos riesgos. A estos fines, mientras aprovechamos al máximo los beneficios de la IA en el ámbito empresarial, es aconsejable evaluar e implementar políticas internas propias que ofrezcan orientación a

"Mientras aprovechamos al máximo los beneficios de la IA en el ámbito empresarial, es aconsejable implementar políticas internas que ofrezcan orientación para el uso adecuado de esta herramienta".

Internamente, fomentamos la educación continua de nuestros colaboradores y facilitamos espacios de discusión de casos y temas de interés para desarrollar criterios sólidos y enriquecernos mutuamente.

Y, por supuesto, ofrecemos servicios legales en el ámbito de las Nuevas Tecnologías, brindando asesoramiento vinculado al manejo y protección de datos, revisión de contratos tecnológicos, defensa en casos de infracción de propiedad intelectual relacionados con la tecnología y el diseño de políticas de uso de tecnología en la empresa para nuestros clientes. El derecho nunca es estático, nosotros vamos de la mano con él.

¿Qué papel desempeña Ulises Cabrera en la gestión de riesgos legales en entornos empresariales cambiantes y complejos?

¿Cómo eliminar o mitigar los riesgos legales asociados al uso de la IA?

TRAYECTORIA EN CONSULTORÍA

ASESORÍA ESTRATÉGICA

POWER LAWYERS

Upwyse y KermaPartners son empresas que cuentan con una amplia trayectoria asesorando a firmas de Latinoamérica, Centroamérica y España y su objetivo principal es ofrecer una consultoría que comprende las mejores prácticas a nivel internacional, pero sin dejar de lado la realidad de la región y el país especifico de cada firma de abogados con la que trabajan.

KermaPartners| UpWyse, brinda un alcance integral a las firmas y departamentos jurídicos. Como ventanilla única (one stop shop), ofrece asesoría estratégica para el negocio, mercadeo, comunicaciones, gestión de redes sociales, rankings legales, desarrollo de negocios, gestión de crisis, capacitaciones, gestión del talento, eficiencia de recursos y optimización de operaciones para el sector legal. Asimismo, son socios de AIM legal headhunting, una empresa especializada en la búsqueda de personal clave para firmas de abogados y departamentos legales de organizaciones, con 15 años de experiencia en el mercado jurídico iberoamericano.

¿Cómo una firma de abogados logra trascender en el tiempo?

Las firmas de abogados que transcienden serán aquellas que construyan una marca solida que refleje sus valores, diferenciales y ventajas competitivas. Esto se logra a través de un trabajo constante de visibilidad y posicionamiento, así como la consolidación de un equipo ganador y motivado.

¿Cuál es el rol de liderazgo asumido por el Gobierno Corporativo en las firmas de abogados? Un buen liderazgo que entiende y asume la responsabilidad de las decisiones, permite que se genere confianza y se alineen los objetivos y esfuerzos impulsando que las cosas pasen.

¿Cuál es la importancia de tener órganos de gobierno dentro de las firmas? Un esquema de gobierno corporativo institucional permite la toma de decisiones a diferentes niveles de la organización de manera eficiente y asertiva.

¿Cómo visualizan la marca organizacional vs marca personal? Debe existir sinergia entre ambas. La estrategia de marketing de una firma de abogados siempre debe contemplar el desarrollo y fortalecimiento de su marca corporativa en paralelo con la marca personal de los abogados.

¿Cuál es la relevancia mercadeo y BD para entrar a grandes ligas? Llegar a las grandes ligas en el sector legal requiere compromiso e inversión en tiempo y dinero de los socios en desarrollo de negocios. Sin una buena estrategia y ejecución de posicionamiento, diferenciación, segmentación, captación y retención, la firma no va a tener un lugar privilegiado en el mercado ni en el corazón de los clientes.

ASESORÍA EN LATINOAMÉRICA Y ESPAÑA. EN FEBRERO 2023, EXPANDIERON SUS OPERACIONES EN CENTROAMÉRICA Y CARIBE CON INCORPORACIÓN DE SOCIA DOMINICANA.

+33 +100 PAÍSES

ORG. Y DPTOS.JURÍDICOS ASESORADOS EN ELMUNDO.

SOCIA

Dolores Ruiz Bracamontes

Cuenta con una experiencia de más de 15 años en la consultoría de firmas de servicios, y se especializa en el análisis y redefinición de procesos administrativos, implementación de políticas administrativas y operativas, retención y desarrollo de talento, y planes de carrera, así como en la elaboración de esquemas de evaluación y estudios de mercado.

SOCIO DIRECTOR

Leopoldo Hernández Romano

Encabeza la práctica para los mercados Latinoamericanos. Asesora a firmas de abogados en la planeación estratégica y su implementación, así como en proyectos de transformación de sus estructuras organizacionales, esquemas de compensación de socios y abogados y en temas de gobierno corporativo.

SOCIA REPÚBLICA

DOMINICANA, CENTROAMÉRICA Y CARIBE

Natalia Villanueva

Atesora una amplia experiencia profesional en las industrias de servicio, creatividad y legal. Acompaña a firmas y abogados de Centroamérica y Caribe en proyectos claves para el posicionamiento estratégico y ha sido responsable de exitosas campañas de marketing digital y desarrollo de negocios.

SOCIA FUNDADORA

Alejandra Rojas

Cuenta con amplia experiencia asesorando firmas de abogados de todos los tamaños en Latinoamérica, en las áreas de mercadeo, comunicación y desarrollo

También tiene un importante recorrido acompañado a múltiples equipos legales en la preparación de sus procesos de aplicación a rankings internacionales.

5 UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

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LÍDERES EN GESTIÓN DE RIESGOS

POWER LAWYERS

LEXI – Legal, Risk & Management Solutions se ha consolidado en el ámbito legal como pionera en la construcción de exitosos modelos de gestión de prevención de corrupción, fomento de transparencia y compromiso con el cumplimiento del marco normativo, a través de estándares internacionales de Compliance y Antisoborno en la República Dominicana; incidiendo directamente en la estrategia y las operaciones al realizar un mapeo de riesgos legales en procesos de contratación pública, contratación de personal y alianzas estratégicas, logrando un blindaje legal de sus procesos.

Gracias a su enfoque preventivo apoyan a las organizaciones con el diseño de planes y estrategias de protección organizacional basados en riesgos, tomando en consideración estándares como ISO 31022, ISO 31000, ISO 37001 e ISO 37301, coadyuvando a cumplir su propósito de promover la transformación de entidades públicas y privadas redimensionando la gestión de riesgos en la estrategia organizacional e impulsando una cultura de compromiso con la excelencia, integridad y cumplimiento legal en todos sus niveles, pasando de la “legalidad de mínimos” a la “legalidad de máximos”. La estrategia legal de la firma consultora es aplicada en todo el espectro de la gestión de riesgos de forma transversal, tomando en consideración aspectos operativos, legales, financieros y laborales, con enfásis en impulsar una cultura de legalidad, integridad y cumplimiento. Además de la asesoría legal estratégica y su rol de consultores en implementación de Normas ISO, se destacan por sus aportes en el ámbito de la formación especializada y a la medida en las áreas de especialización de la firma contribuyendo con la sensibilización en los sectores público y privado, siendo pioneros en la creación de éstos programas. Asimismo, motivados por el avance indetenible de la Industria 4.0, han iniciado el desarrollo de una nueva rama de negocio orientada a la automatización y optimización de procesos con soluciones tecnológicas que incorporen diferentes herramientas de vanguardia para gestionar riesgos más efectivamente. Indudablemente, que el mayor beneficio que aportan son organizaciones más competitivas y confiables porque, a raíz de sus implementaciones y asesorías, logran la identificación de conflictos de interés que comprometían operaciones claves organizacionales, el conocimiento del perfil de riesgo, integridad en posiciones críticas y la clarificación del rol de cada colaborador en todos los niveles en la protección de la reputación organizacional, al tiempo que procuran ahorros significativos en pasivos legales previsibles, permitiendo a sus clientes una mayor concentración y eficiencia en su negocio o misión institucional.

Apostar a la legalidad de máximos es apostar a organizaciones sostenibles en el tiempo, implica un compromiso más allá de lo regulatorio como respuesta a las expectativas de la sociedad de contar con organizaciones transparentes e íntegras.

AÑOS DE EXPERIENCIA COMBINADA DE LOS SOCIOS.

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República Dominicana es uno de los países del Caribe y Latinoamérica con mayor crecimiento en su economía, pues, además de ser uno de los destinos turísticos más apetecidos a nivel internacional, ofrece gran cantidad de beneficios en materia de inversiones en bienes raíces, para nacionales y extranjeros. Para que estas inversiones se ejecuten de manera efectiva, es necesario, además de conocer los beneficios, efectuar una debida diligencia previa del estatus jurídico del mismo.

La firma Ofar Abogados es experta en asesorar a inversionistas en bienes raíces, y en este sentido, destaca que los principales beneficios fiscales en materia inmobiliaria son los siguientes:

1.) Por regla general, no hay restricción alguna para que nacionales o extranjeros inviertan en el país, por lo cual, pueden obtener financiamiento localmente.

2.) El impuesto a la transferencia sobre los derechos inmobiliarios es igual al 3% del valor de la propiedad.

3.) El Impuesto Anual sobre la Propiedad Inmobiliaria (IPI) corresponde sólo al 1% del valor del inmueble que supere los USD $150,000.00. Si el inmueble es de menor valor, el propietario no paga impuesto sobre la propiedad, y si lo supera el inmueble pagará el 1% del valor que exceda dicho monto.

4. ) Las propiedades ubicadas en zonas rurales, dedicadas a labores agropecuarias están exentas de IPI.

5.) Algunos bienes raíces ubicados en áreas turísticas amparados por CONFOTUR (Ley de Fomento al Turismo) están exonerados de IPI del 1% del valor de la propiedad por 15 años, y del Impuesto a la Transferencia sobre los Derechos Inmobiliarios para los primeros adquirientes, siempre que estos sean personas naturales.

6.) El impuesto por ganancia de capital, en caso de venta o alquiler del activo es igual al 27% de la ganancia. Antes de tomar la decisión de comparar un inmueble, los especialistas de Ofar Abogados, recomiedan que es necesario agotar un proceso de debida diligencia, para determinar el estado de éste ante las instituciones gubernamentales y la viabilidad de la venta, para tal fin deberá requerirse como mínimo:

1. Certificación de Estatus Jurídico.

2. Certificación de IPI.

3. Documento de identidad del vendedor: cédula o pasaporte (persona física), o documentos societarios (persona jurídica).

4. Certificación de impuestos al día expedida por la DGII.

5. Copia del plano de la propiedad georreferenciado y registrado en la Dirección General de Mensuras.

6. Prueba de que el inmueble está al día con el pago de servicios públicos y/o privados.

5.3%

POR LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA SEGÚN EL BANCO CENTRAL.

15.8% DEL PIB ESTA REPRESENTADO AUMENTÓ EL RECAUDO DEL

G obierno

c orporativo

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SEPTIEMBRE 2023

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