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Bogotá en la lógica de la Regeneración (1886-1910)

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Prostitución y “mujeres públicas” en Bogotá, - andrés olivos lombana La ciudad de los conquistadores germán mejía pavony “Señores del muy ilustre Cabildo” Diccionario biográfico del capítulo municipal de Santa Fe (-) ainara vázquez varela y juana maría marín leoz Por los caminos del Rionegro Historia del Ferrocarril de Cundinamarca, - oswaldo escobar muriel

Adriana María Suárez Mayorga es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Historia e historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Ha sido becaria de la aeci, de la Fundación Carolina

Bogotá en la lógica de la Regeneración (1886-1910)

Otros títulos

En este libro se trata el papel que tuvo el municipio capitalino en la conformación del Estado nacional, en el periodo dominado por la Regeneración de fines del siglo xix y comienzos del xx. Este tema es abordado por la autora de un modo muy original, mediante un novedoso cruce de diferentes perspectivas historiográficas: historia urbana, historia política, historia cultural, historia de la administración pública, las cuales maneja con precisión, soltura y erudición. A Bogotá, como capital, le correspondió ser centro neurálgico de una propuesta enormemente contradictoria que, tras un discurso descentralizador, produjo una república fuertemente unitaria. Esto convirtió a la ciudad en una suerte de doble víctima: por una parte, le impidió desarroar políticas autónomas que se tradujeran en una modernización urbana, como la que estaban experimentando otras capitales del continente; por otra parte, eso no fue percibido a nivel nacional. El resultado fue que las otras ciudades y regiones colombianas vieron a Bogotá como una beneficiaria directa del régimen. Los conflictos y las lu as por la autonomía urbana que este trabajo revela por primera vez, como el carácter “moral” de la resistencia regeneracionista a la modernización urbana, cuentan sin duda entre lo más innovador que la doctora Suárez Mayorga aporta a la historiografía colombiana y latinoamericana. Adrián Gorelik

y de la Universidad Nacional de Colombia. Como investigadora, se ha especializado en la historia urbana bogotana y latinoamericana de finales del siglo xix y comienzos del xx; como docente universitaria, se ha especializado en historiografía y metodología de la investigación. Es autora de diferentes publicaciones, de las cuales cabe destacar tres libros: La escenificación del poder en el espacio urbano capitalino, -. La lógica urbana de Bogotá a finales del siglo xix y comienzos del xx (); Tras las hueas de la política exterior española del siglo xviii (); y La ciudad de los elegidos. Crecimiento urbano, jerarquización social y poder político. Bogotá, - (). Es miembro fundador de la Red Colombiana de Historia Urbana.

Adriana María Suárez Mayorga

Adriana María Suárez Mayorga

Colección Historia de Bogotá

Bogotá en la lógica de la Regeneración (1886-1910) El municipio en el Estado forjado por el movimiento regenerador

Imágenes de cubierta: Plano de Bogotá realizado por Alfred Hettner. Bogotá, - y Plano de la ciudad de Bogotá realizado por la Secretaría de Obras Públicas Municipales, . American Geographical Society Library.


Bogotá en la lógica de la Regeneración (1886-1910)


Bogotá en la lógica de la Regeneración (1886-1910) El municipio en el Estado forjado por el movimiento regenerador Adriana María Suárez Mayorga


Reservados todos los derechos © Pontificia Universidad Javeriana © Adriana María Suárez Mayorga Primera edición: diciembre de 2020 Bogotá D. C. ISBN (impreso): 978-958-781-580-1 ISBN (digital): 978-958-781-581-8 DOI: https://doi.org/10.11144/ Javeriana.9789587815818 Número de ejemplares: 300 Impreso y hecho en Colombia Printed and made in Colombia Editorial Pontificia Universidad Javeriana Carrera 7.a n.° 37-25, oficina 1301, Bogotá Edificio Lutaima Teléfono: 3208320 ext. 4752 www.javeriana.edu.co/editorial

Corrección de estilo | Hernado Escobar Diseño de pauta, cubierta y diagramación | Boga visual, Julián Roa Triana y Jenny Rojas Borda Montaje de cubierta | Nathalia Rodríguez Imagen de portada | Plano de Bogotá realizado por Alfred Hettner. Bogotá, 1882-1884 y Plano de la ciudad de Bogotá realizado por la Secretaría de Obras Públicas Municipales, 1911. American Geographical Society Library. Impresión | Editorial Nomos S.A. Pontificia Universidad Javeriana. Vigilada Mineducación. Reconocimiento como universidad: Decreto 1270 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento como personería jurídica: Resolución 73 del 12 de diciembre de 1933 del Ministerio de Gobierno.

Suárez Mayorga, Adriana María, 1979-, autora Bogotá en la lógica de la Regeneración (1886-1910) : el municipio en el Estado forjado por el movimiento regenerador / Adriana María Suárez Mayorga. -- Primera edición. -- Bogotá : Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2020. 550 páginas : ilustraciones ; 17 x 22 cm Incluye referencias bibliográficas (páginas 509-548). ISBN (impreso) : 978-958-781-580-1 ISBN (digital) : 978-958-781-581-8 1. urbanismo - historia - bogotá (colombia) - 1886-1910 2. movimientos políticos - colombia - 1886-1910 3. desarrollo urbano - historia - bogotá (colombia) - 1886-1910 4. bogotá (colombia) - historia - 1886-1910 5. colombia - historia - siglo xix i. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Sociales CDD 711.40986142 edición 21 Catalogación en la publicación - Pontificia Universidad Javeriana. Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S. J. inp 03/12/2020 Las ideas expresadas en este libro son responsabilidad de su autor y no necesariamente reflejan la opinión de la Pontificia Universidad Javeriana. Prohibida la reproducción total o parcial de este material sin autorización por escrito de la Pontificia Editorial Javeriana.


Contenido

Índice de figuras 7 Índice de tablas 8 Agradecimientos 13 Al lector 15 Introducción 23 Progreso, modernidad y modernización 27 30 Las bases historiográficas 39 La estructura de la investigación Capítulo 1 | Meditando el problema en clave histórica La aproximación al tema en el entorno colombiano El planteamiento final

48

Capítulo 2 | Los cimientos de la Regeneración Los antecedentes requeridos La ideología regeneracionista La capital regeneradora El planteamiento final

82

Capítulo 3 | La pugna alrededor de la distribución de funciones y atribuciones

59 78

84 88 104 117

120

Construyendo el Estado regenerador

123

La gestión urbana capitalina en medio de la conflictividad

153

El planteamiento final

217


Capítulo 4 | La antinomia centralización-descentralización Ordenando el territorio regenerador

222 225

La politización de la administración

246

El municipio como eje de la transformación del país

266

El planteamiento final

283

Capítulo 5 | La lucha por la autonomía

286

Reflexionando sobre el papel del gobierno local

288

Tanteando los réditos políticos de la autonomía local

355

El planteamiento final

379

Capítulo 6 | Las elecciones para regidores municipales en Bogotá Las elecciones municipales de 1898 Las elecciones de 1904 para regidores capitalinos El Concejo de Bogotá tras el derrumbe del Quinquenio Las elecciones para regidores bogotanos de 1909 El planteamiento final

382

Capítulo 7 | Conclusiones

488

409 441 451 470 485

Anexos 496 Anexo 1. Contrato celebrado por Abraham Aparicio, Eduardo Posada, Vicente Castro Amado por parte de la administración local y José Domingo Ospina Camacho y Gonzalo Arboleda, dueños del Molino de Tresesquinas. 14 de mayo de 1902 Anexo 2. Periódicos consultados

497 499

Referencias 503 Fuentes primarias 503 525 Fuentes secundarias


Índice de figuras

Figura 1. Plano topográfico de Bogotá. Levantado por Carlos Clavijo en 1891 y reformado en 1894 (detalle) Figura 2. Plan von Bogotá. Realizado por Alfred Hettner, 1888 (detalle de Reisen in den Columbianischen Anden in den Jahren 1882 bis) Figura 3. Plano topográfico acotado de la ciudad de Bogotá. Realizado por Manuel José Peña, 1906 (detalle) Figura 4. Plano de Bogotá. Publicado por el Almacén Del Día, 1910 (detalle) Figura 5. Plano de la ciudad de Bogotá. Realizado por la Secretaría de Obras Públicas Municipales, 1911

·7·

196 242 326 338 476


Índice de tablas

Tabla 1. Modelo federal. Florentino González (1839) Tabla 2. División territorial. Florentino González (1839) Tabla 3. Funcionarios de la administración departamental y municipal, 1886 Tabla 4. Funcionarios de la administración departamental, provincial y municipal, 1890 Tabla 5. Funcionarios de la administración departamental, provincial y municipal, 1893 Tabla 6. Funcionarios de la administración departamental, provincial y municipal, 1902 Tabla 7. Consejo Nacional de Delegatarios, 1886 Tabla 8. Aportes voluntarios para enfrentar la secesión de Panamá, 1903: regidores bogotanos que suscribieron la Resolución Tabla 9. Aportes voluntarios para enfrentar la secesión de Panamá, 1903: funcionarios que posteriormente se adhirieron a la propuesta Tabla 10. Modelo de Federación municipal propuesto por Modesto Garcés, 1897 Tabla 11. Miembros de la Asamblea Nacional elegidos por Cundinamarca en 1905 Tabla 12. Departamentos creados con la nueva división territorial, 1905 Tabla 14. Organización del Distrito capital, 1905 Tabla 15. Pavimentos adoquinados construídos, reparados o embaldosados, 1908 Tabla 16. Pavimentos macadams, 1908 Tabla 17. Pavimentos empedrados, reparados o reconstruidos, 1908 Tabla 18. Pavimentos ennemados, 1908 Tabla 19. Puentes construidos y puentes reparados, 1908 Tabla 20. Colocación/traslación y reparaciones de fuentes públicas, 1908 Tabla 21. Obras (construcciones y reparaciones), 1908

·8·

65 70 128 145 156 192 226 277 278 296 309 310 317 330 331 332 333 334 335 336


Tabla 22. División territorial establecida por la Ley 65 de 1909 Tabla 23. Votos emitidos por los concejales capitalinos para avalar la Convención

361 363

Tabla 24. Junta de Delegados, 1910 370 Tabla 25. Grupo de Delegados. 9 de septiembre de 1910 375 Tabla 26. Elecciones para regidores. Ley 7ª de 1888 392 Tabla 27. División electoral de la provincia de Bogotá para efectos de la Ley 7ª de 1888 393 Tabla 28. División de la provincia de Bogotá para efectos políticos y fiscales, 1889 396 Tabla 29. División de la provincia de Bogotá para efectos judiciales, 1889 398 Tabla 30. División de la provincia de Bogotá para efectos de notaría y registro, 1889 399 Tabla 31. Miembros de la Junta electoral de Bogotá, 1890 400 Tabla 32. Lista de los candidatos nacionalistas para la Asamblea de Cundinamarca, 1898 415 Tabla 33. Lista de los candidatos nacionalistas para el Concejo de Bogotá, 1898 416 Tabla 34. Regidores elegidos para el Concejo de Bogotá, 1898 419 Tabla 35. Miembros del Directorio. 31 de diciembre de 1902 431 Tabla 36. Miembros de la Junta para reformar las circunscripciones electorales, 1902 432 Tabla 37. Regidores elegidos para el Concejo de Bogotá, 1903 436 Tabla 38. Regidores elegidos para el Concejo de Bogotá, 1904 448 Tabla 39. Miembros del Concejo de Bogotá. 19 de abril de 1909 452 Tabla 40. Miembros del Concejo de Bogotá. 11 de septiembre de 1909 456 Tabla 41. Individuos propuestos por el diario El Porvenir para ser elegidos concejales de la capital en las elecciones de noviembre de 1909 464 Tabla 42. Individuos propuestos por “Otro bogotano” para complementar la lista del periódico El Porvenir 465 Tabla 43. Listado de candidatos para el Concejo de Bogotá. Noviembre de 1909. Directorio constituido por los artesanos 467 Tabla 44. Listado de candidatos para el Concejo de Bogotá. Noviembre de 1909. Republicanos en general y Republicanos gobiernistas 467

·9·


Tabla 45. Listado de candidatos para el Concejo de Bogotá. Noviembre de 1909. Bloque Unionista (conservadores y nacionalistas) y Bloque de Industriales y Obreros 469 Tabla 46. Miembros del Concejo de Bogotá elegido popularmente el 14 de noviembre de 1909

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481


A mi abuela, che, raccontandomi la sua storia, mi ha insegnato ad amare la storia.


Agradecimientos

Las disquisiciones aquí efectuadas no hubieran sido posibles sin la generosidad de quienes con su paciencia, sus críticas y su aliento, compartieron un conocimiento invaluable sobre los temas que abarca la pesquisa; además de gratitud, quiero manifestar mi profunda admiración hacia Gustavo Montañez Gómez, Adrián Gorelik, Germán Mejía Pavony, Iván Padilla Chasing, Marcela Ternavasio y Delfín Ignacio Grueso, porque fueron un sostén permanente en la realización de esta obra. Las ideas que discutieron conmigo en el transcurso de la investigación son la base de los planteamientos propuestos. También quiero agradecer a las entidades que facilitaron el proceso investigativo al conservar la información que le dio sentido a todos estos años de inquietud intelectual: la Biblioteca Nacional de Colombia, la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Biblioteca Nacional de la República Argentina, la Biblioteca de la Academia Colombiana de Historia, el Archivo de Bogotá y la American Geographical Society Library, la cual se encuentra en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee (uwm). Tengo, por último, una deuda infinita con las personas que han estado a mi lado a lo largo del camino. Sin su afecto, este libro nunca hubiera existido.

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Al lector

La génesis de este libro se encuentra en la tesis doctoral sustentada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en el segundo semestre de 2015. La investigación llevada a cabo es producto de años de reflexión sobre el espacio urbano bogotano, entendido no solo desde la dimensión físico-arquitectónica, sino especialmente desde la dimensión política, social, cultural y, en menor medida, económica. Interesa enfatizar en esta cuestión porque está directamente ligada a una de las premisas fundacionales de la pesquisa: a saber, que el hecho arquitectónico o físico no explica per se el fenómeno urbano ni el fenómeno urbano se reduce a ese hecho. La afirmación anterior podría parecer una obviedad para un investigador versado en la materia, pero lo cierto es que buena parte de la bibliografía publicada en Colombia mantiene erradamente esa concepción. La comprensión de la ciudad no se limita entonces a estudiar lo construido; para poder aprehenderla en toda su magnitud es preciso aceptar que es un universo complejo en donde se cruzan diversas fuerzas e ideologías que inevitablemente permean el espacio edificado, a la par que se ven permeados por él. La ciudad es el locus por antonomasia del proceso histórico; lo construido es tanto un producto social, político y cultural, como una inversión o un desafío técnico. La historia urbana, campo disciplinar en el que se inscribe este texto, tiene sus cimientos en dicha constatación; ello no implica, empero, como bien lo plantea Bernard Lepetit (2001), que sea una disciplina totalizante, pues se afinca en el reconocimiento de que es en esa multiplicidad de enfoques, de miradas, que convergen en la urbe, en donde radica su esencia. Fundamentada en esta conceptualización, la disciplina histórica concibe la ciudad como un espacio históricamente construido que se nutre de modelos, nociones e intereses procedentes de los diversos sectores de la sociedad que se encuentran inmersos en la lógica que es inherente a todo régimen político: el damero, la infraestructura, la arquitectura, ponen en escena esos intereses, los sacan a la luz (Mejía Pavony, 1999; Suárez Mayorga, 2006, 2011).

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Bogotá en la lógica de la Regeneración (1886-1910)

Pensar lo urbano supone entonces pensar la trama como si fuera un “observatorio de las relaciones entre los hombres”, donde disímiles pasados “se encuentran formando nuevos sistemas” (Lepetit, 2001, p. 15).1 La necesidad de escudriñar la esfera local a partir del estudio del municipio y de la administración municipal, con miras a comprender el desarrollo urbano bogotano, es el punto de partida del presente texto. La elección de esa esfera como escala problemática (Lepetit, 2001, p. 58) no responde a una mera preferencia metodológica sino que encarna la reivindicación de una postura teórica: coincidiendo con Lepetit, aquí se sostiene que la especificidad de la historia urbana reside principalmente en una mudanza de escala que no es de tipo geográfico ni cronológico.2 Los estudios realizados en este campo de conocimiento deben tipificarse por el abandono del horizonte historiográfico que exige la elaboración de una historia total de la ciudad, para dar paso a pesquisas más prudentes que se encarguen de ubicar, en las múltiples dimensiones de la urbe, “cuestiones parciales” (2001, p. 58).3 Tales ideas tienen como precursor a Henri Lefebvre, quien determinó que el fenómeno urbano debía ser examinado a partir de tres niveles: el global (G), el mixto (M) y el privado (P). El primero de ellos, que es en el que se ejerce la autoridad, lo definió como “el de las relaciones más generales”, cuya materialización se traduce en “una parte del terreno construido” (“edificios, monumentos, proyectos urbanísticos de gran envergadura, nuevas ciudades”) y en una parte del no construido (“carreteras y autopistas, organización general del tráfico y de los transportes, del tejido urbano y de los espacios neutros, defensa de la ‘naturaleza’, etc.”) (Lefebvre, 1976, p. 86). El segundo, el nivel “mixto, mediador o intermediario”, lo definió como el “nivel específicamente urbano”, en el que se revelan las funciones relacionadas con “el territorio circundante” y con las estructuras (comerciales, de transportes, etc.) que se ponen, o bien al servicio de “la vida urbana propiamente dicha”, o bien al servicio de las localidades más pequeñas o pueblos aledaños (Lefebvre, 1976, p. 87). 1

La traducción del portugués es mía.

2

Lepetit acuñó la noción de escala problemática para designar tanto los distintos niveles o desniveles de articulación que confluían en la ciudad, como las distintas y complementarias escalas de observación que se podían adoptar para analizar el espacio urbano.

3

La traducción del portugués es mía.

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Al lector

El tercero, el nivel privado, lo definió como el ámbito del habitar, es decir, no solamente el de “la familia, el grupo de vecinos y las relaciones ‘primarias’” (Lefebvre, 1976, p. 88), sino, sobre todo, el de los seres humanos que se apropian de su hábitat con la finalidad de instituir un nexo que trasciende “el lugar de habitación” para articularse “con lo posible y lo imaginario” (pp. 88-89).4 La investigación aquí efectuada se sitúa en lo que sociológicamente se llama el nivel mezzo, que es el que se ocupa tanto del estudio de las instituciones (representadas aquí en las entidades municipales que tienen la potestad de tomar las decisiones sobre el desarrollo bogotano) como de los actores sociales que hacen parte de ellas. Sin embargo, en aras de esclarecer el vínculo poder local-poder central que se dio en Bogotá durante el período 18861910, se optó por establecer un enlace con el nivel macro o nivel global, en el cual el Estado se configura como voluntad y como representación: como voluntad, porque “los hombres” que detentan el poder estatal “tienen una estrategia o estrategias políticas” que buscan imponer en la grilla, y como representación, porque allende esa imposición, la ciudad es el lugar por excelencia para que se produzca la convergencia de “imágenes particulares del tiempo y del espacio” (Lefebvre, 1976, p. 85).5 El municipio ha sido poco estudiado en el medio colombiano, precisamente por las dificultades metodológicas y analíticas que reviste, generó que, desde el inicio, este libro se proyectara como un trabajo destinado a profundizar en aquellos aspectos en los que la historiografía sobre la capital no ahondaba o, por el contrario, ahondaba con base en premisas que un análisis histórico adecuado pone fácilmente en entredicho. Más que puntualizar sobre las obras realizadas en la urbe, lo que interesa saber es por qué se hicieron, qué juegos de poder se entretejieron a su alrededor y qué se derivó de estos procesos. Los resultados obtenidos con base en este esquema facultan, en efecto, para advertir acerca de la urgencia de crear una nueva historiografía sobre Bogotá. Una historiografía basada en una gran amplitud de fuentes primarias, recopiladas e interpretadas rigurosamente, que aprehenda la ciudad desde la realidad local, en vez de subsumirla a lo sucedido

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Para ampliar esta cuestión, véase Lefebvre (2013).

5

El término grilla se utiliza en el sentido que lo hace la historiografía argentina; en concreto, se refiere “a la parrilla de manzanas que cuadriculan el territorio” de la ciudad (Gorelik, 2004, p. 19).

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Bogotá en la lógica de la Regeneración (1886-1910)

en la esfera nacional, y que asuma el carácter multifacético del espacio, admitiendo que se pueden utilizar distintos y complementarios niveles de observación para analizarlo. La lectura de la historia local, departamental y nacional del territorio patrio debe hacerse, por consiguiente, desde un ángulo diferente al que hasta ahora ha primado: no es desde la nación ni desde la animadversión sentida desde la región como se entiende la capital; es desde la capital y su interacción con las otras dos instancias como se comprende apropiadamente la realidad histórica bogotana. Haciendo una suerte de paráfrasis con una de las máximas más importantes de la época examinada, es ostensible que en tanto no se comprenda el municipio, no se podrá entender la República.6 La aserción precedente se arraiga en la certidumbre de que para estudiar la ciudad no solo se debe analizar cuál es la expresión material de los lazos sociales que caracterizan a determinada comunidad, sino también cuál es el papel que cumplen las instancias involucradas en el proceso de afianzamiento o debilitamiento de un determinado ordenamiento político. Como lo plantea Lefebvre (1974), “el espacio ha sido siempre político” (p. 221). La política constituye un elemento crucial para comprender la producción tanto física como social del espacio, en la medida en que se erige en un referente cardinal para examinar la acción de los grupos e individuos que conforman el entorno urbano; de hecho, es justamente la facultad que poseen las urbes para autogobernarse o para escoger, por medio de la representación popular, a sus dignatarios la que genera que la administración municipal adquiera una significación trascendental en la esfera nacional.7 Bogotá no puede comprenderse por fuera de estos preceptos porque su condición de “cerebro i corazón” (Suárez Mayorga, 2015, p. 219) de la República, adquirida en el siglo xix,

6

Esta última frase debe entenderse en un doble sentido: en tanto no se entienda el municipio de Bogotá y en tanto no se entienda el municipio como pieza clave del ordenamiento territorial instaurado por el movimiento regenerador. En las fuentes de la época, las palabras Municipio, Provincia y Departamento usualmente van con mayúscula; sin embargo, en adelante solo se escribirán así cuando sean citas textuales.

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Al respecto, véase Gottdiener y Budd (2005). Estos postulados se enmarcan en la nueva sociología urbana, corriente emergida en la década de 1980 que aboga por “entrelazar explicaciones políticas y culturales junto con consideraciones económicas” (Gottdiener y Feagin, 1990, p. 227), mediante la introducción en el análisis de cuatro áreas de observación: a) el contexto global, b) los actores urbanos, c) el espacio, y d) el Estado. Sobre esta temática, véase también Gottdiener (1998).

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Al lector

hizo de ella un escenario inmejorable para entender el país.8 La lucha por la autonomía local que comienza a finales de dicha centuria es justamente lo que permite comprender por qué la corporación capitalina se convirtió a partir de 1909 en un lugar privilegiado para hacer política en Colombia.9 No es producto del azar, por ende, que figuras de tanta relevancia a nivel nacional como Alfonso López Pumarejo, Laureano Gómez, Jorge Eliécer Gaitán y Eduardo Santos, hicieran parte del Concejo bogotano; es, en contraposición, un indicio palmario de la trascendencia que adquirió el gobierno municipal para mantener la institucionalidad republicana. Indiscutiblemente, lo acaecido en el período en estudio es parte de un proceso histórico de largo aliento que ha sido decisivo para el desarrollo posterior del territorio patrio. El discurso ideológico sobre el cual la Regeneración legitimó su poder caló más hondo entre los connacionales que sus propias acciones: en los colombianos actuales, incluso sin ser conscientes de ello, persiste la impronta de un pensamiento decimonónico. Vale anotar que los razonamientos que se efectuarán a continuación parten de una concepción concreta de la historia: aquella que entiende esta disciplina según el nexo pasadopresente-futuro. La investigación histórica supone dentro de este contexto situarse en tres temporalidades diferentes que implican: a) un proceso de desciframiento, en la medida en 8

“La alusión mas antigua” que hasta el momento se conoce del término cerebro i corazón de la República “se remonta a 1874, año en el que Miguel Samper escribió un artículo en el Diario de Cundinamarca, en el que responsabilizaba al Estado cundinamarqués de la ‘mugre, oscuridad e inseguridad’ que el Municipio exhibía. La trascendencia de su disertación reside en que él denunciaba la injusticia que constituía que ‘el Estado tratara a la capital como no querría ser tratado por la Nacion’. La convicción que primaba en su razonamiento era que la localidad representaba la médula de la patria, circunstancia que además de otorgarle a Bogotá una posición hegemónica dentro del entorno nacional, la convertía en un claro reflejo” de lo que era Colombia pues, a su juicio, “las carencias urbanísticas” que exteriorizaba el damero citadino “eran la prueba fehaciente de las falencias” que tenía el país (Suárez Mayorga, 2015, p. 219).

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Sobre el Concejo bogotano para el período 1910-1950 véase Suárez Mayorga (2006). Municipalidad, Cabildo y Concejo o Consejo Municipal son sinónimos utilizados en la Regeneración para hacer referencia a la “corporación popular” creada por la Constitución de 1886 para “ordenar lo conveniente” a la localidad (República de Colombia, 1911, p. 59). Hay que anotar que el término Concejo se encuentra escrito con c y con s en las fuentes consultadas.Téngase en cuenta que en este libro la palabra localidad hace referencia a lo que en la mencionada carta magna se denominó, indistintamente, el municipio o el Distrito municipal. No debe confundirse, por lo tanto, con la organización en localidades que actualmente rige en Bogotá.

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Bogotá en la lógica de la Regeneración (1886-1910)

que ese pasado “ido, muerto, lejano”, inteligible, es “ajeno” a la propia experiencia (Tenorio Trillo, 2012, p. 61); b) un proceso de comprensión, en cuanto es necesario (siempre que sea factible) traducir esa realidad al presente para lograr construir una interpretación acerca de lo ocurrido, y c) un proceso de discernimiento, porque es precisamente en “el hacer y el re-hacer” (p. 69) donde, además de dialogar con los muertos, se puede pensar o incluso, proyectar el futuro. La cristalización de esa tríada no es una tarea sencilla. Los historiadores frecuentemente están expuestos a muchos dilemas, dudas, tentaciones, que en ocasiones llegan a suscitar que de antemano el investigador suponga “que existe evidencia en el pasado de lo que el presente [...] dicta” (Tenorio Trillo, 2012, p. 74). El riesgo que se corre al darse esta situación es que la pesquisa se oriente a encontrar tales testimonios, originando con ello no solo que se traduzca con impunidad lo que sucedió, sino, sobre todo, que se “plagi[e], tergivers[e], malentiend[a]”, el ayer (p. 76).10 La singularidad del oficio histórico radica, en síntesis, en reconocer los límites de la profesión: por más que se emplee una metodología sistemática para recopilar, examinar e interpretar las fuentes, debe admitirse que es tácitamente imposible aprehenderlas por completo, prueba de lo cual es que muchas transitarán varias veces por distintas manos antes de ser apreciadas a cabalidad. Si bien es cierto que en la labor de quienes se interrogan por el tiempo que pasó “siempre ha de regir la certeza de que nada es construible, reconstruible o ‘deconstruible’ del todo” (Tenorio Trillo, 2012, p. 77), también lo es que la pertinencia de aquello que sea posible de descifrar, comprender, rumiar, dependerá fundamentalmente de la rigurosidad con que se aborde el problema de estudio. Quizás el pasado no se pueda resucitar, pero el desafío que representa la disciplina histórica consiste en aproximarse a él desde la “imaginación” (p. 54) del presente, haciendo uso de las herramientas teóricas, analíticas y metodológicas que sean apropiadas para la temática específica que se va a tratar. La escritura de la historia no puede vislumbrarse, en consecuencia, como un acto aislado, sino que debe inscribirse en una sucesión de pesquisas precedentes; el universo 10 Las palabras inscritas en los signos [] no pertenecen al texto original, pero se utilizan para darle coherencia a la redacción de la cita; este mismo procedimiento se utilizará a lo largo del escrito. De igual forma, se utilizará para anotar la actualización ortotipográfica de los números y cantidades tomados de documentos originales, que, por su carácter variado, no aparecen bajo el mismo criterio en sus presentaciones.

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Al lector

historiográfico en el que se inserta cualquier investigación relacionada con esta área de conocimiento resulta por ello primordial para generar argumentos inéditos que trasciendan la simple enunciación de los acontecimientos. Finalmente cabe señalar que, con el propósito de conocer a fondo el ámbito municipal bogotano, este texto se divide en ocho capítulos: en el primero, se establece el marco conceptual e historiográfico de la investigación; en el segundo, se analiza cómo se concibió el gobierno local en el pensamiento de Florentino González, con el fin de sentar las bases de lo que algunos letrados finiseculares plantearían al respecto durante la Regeneración; en el tercero, se examina el pensamiento de los líderes del movimiento regenerador; en el cuarto, se confronta la legislación expedida en materia de régimen municipal con el accionar de cada una de las esferas gubernamentales que tenían potestad sobre el desarrollo de la ciudad; en el quinto, se indaga sobre la administración distrital en el contexto político nacional a través del debate centralización-descentralización; en el sexto, se ahonda en los principios que fundamentaron el reclamo de los capitalinos por la autonomía local; en el séptimo, se estudian las elecciones para concejales bogotanos desde las postrimerías de la centuria decimonónica hasta la primera década del siglo xx, y en el octavo, se concluye la argumentación.11

11 Se utiliza el término distrital en alusión al Distrito municipal establecido en la Constitución de 1886.

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Introducción ¿Cuál es la composición social de las ciudades victorianas y de los concejos municipales? ¿Cómo eran el prestigio social y el poder económico reflejados en la acción política? ¿Hasta qué punto los cambios en la estructura social y las fluctuaciones de ingreso y empleo determinaron las líneas principales de la política ciudadana? ¿Cuáles fueron las relaciones entre los grupos “establecidos” y nuevos en la vida local? ¿Hasta dónde la creación de maquinaria continuada para la administración municipal cambió el carácter de la dirigencia local? Todas estas cuestiones pueden ser respondidas sólo en el contexto de la vida de ciudades particulares. (Briggs citado por Almandoz, 2008, p. 75)1

Hay que comenzar este escrito explicando bajo qué parámetros se concibe la conformación del Estado. La historiografía producida en torno a dicha temática para entender la esfera colombiana se ha caracterizado por partir de un sustrato común: la teoría de Max Weber, según la cual el Estado es entendido como “una comunidad humana que se arroga (con éxito) el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio dado” (Bolívar, 1999, p. 12). Lejos de desconocer los reparos formulados por algunos investigadores en cuanto a que esta definición “es sólo uno de los modelos posibles de conformación” estatal, lo que se quiere remarcar es que quienes comulgan con el pensamiento weberiano coinciden en aceptar que “el monopolio de la violencia” se encuentra indefectiblemente “atado a la configuración del Estado” (Bolívar, 1999, p. 12).2 1

El texto original referido por Almandoz es Briggs (1990).

2

Gonzalo Aravena Hermosilla (2011), acudiendo a Eric Hobsbawn y a Tulio Halperin Donghi, señala que “la nación no precede a la formación del Estado sino que al contrario, se crea para darle sentido al mismo, durante una época y un contexto determinado” (p. 110). Según este mismo autor, los Estados nacionales modernos fueron producto de un proceso histórico que en el contexto latinoamericano primero supuso

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La manera de acercarse al problema desde “la sociología, la ciencia política, y en menor medida, la historia, ha sido el método comparativo”, pues se considera que es el modo más idóneo de hallar “regularidades y patrones mucho más generales” (Forero Hidalgo, 2009, p. 232). Los análisis realizados para Colombia haciendo uso de la comparación señalan de modo ostensible el peso que tiene en ellos la obra de Charles Tilly, Barrington Moore y Michael Mann, cuyos textos son de citación obligatoria. No obstante, más allá de si la argumentación gira alrededor de preguntase por el “proceso de construcción del orden a partir del conflicto” (Ansaldi y Giordano, 2012, p. 15) o “de qué manera y hasta qué punto la organización denominada ‘Estado’ logra controlar los principales medios de coerción dentro de un territorio definido” (López-Alves, 2003, p. 24), lo cierto es que la guerra está en el centro de las disquisiciones. Tal situación es, en efecto, la que explica por qué el contexto colombiano encarna un escenario inmejorable para poner a prueba dichos planteos; sin embargo, el hecho de reducir la explicación al fenómeno de la violencia, entendido como la capacidad o incapacidad del Estado para concentrar “de forma legítima el monopolio del poder de la coacción” (Forero Hidalgo, 2009, p. 232), ha fomentado que en el medio nacional no se tomen en consideración, o que se rechacen de plano, investigaciones realizadas desde otras perspectivas que son ciertamente pertinentes para comprender lo acaecido en el país. En consonancia con lo que algunos años atrás sugirió Ingrid Bolívar (2010), acabar con este reduccionismo académico es esencial para poder replantear tesis historiográficas que continúan vigentes en la esfera nacional. La solución reside entonces en empezar a cuestionarse de qué manera “el conocimiento producido sobre el Estado” en virtud de este enfoque “tiende a ‘colonizar’, ignorar y/o despreciar experiencias políticas locales y regionales” (p. 94) que son cruciales para vislumbrar el proceso de configuración estatal en suelo patrio. Un inconveniente que se denota al respecto es que ese universo comparativo recurrentemente está cimentado en un saber relativo a cada uno de los casos examinados. La propensión a centrar la atención en aquellos elementos que son cardinales para refutar o validar el referente teórico ocasiona que se recurra a las generalidades. La obsesión por definir las construir el Estado para luego proceder con posterioridad o paralelamente a inventar una unidad cultural para un mismo territorio político: “un Estado debía corresponder sólo a una Nación” (p. 110).

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variables comparativas idóneas en función de un corpus teórico determinado suscita que los investigadores se olviden de que toda teorización es inútil si la interpretación dada no es consecuente con la realidad histórica. Testimonio de lo anterior es el libro de Fernando López-Alves (2003) en el que las periodizaciones empleadas para abordar el ámbito colombiano omiten acaecimientos trascendentales para entender los principios sobre los cuales se erigió el Estado que forjó el movimiento regenerador. En tal dirección, afirmar que el mandato de Rafael Reyes va de 1904 hasta 1910 no solo supone eliminar la presidencia de Ramón González Valencia (1909-1910), sino, sobre todo, desconocer la relevancia que este último dignatario tuvo en la agudización de la lucha por la autonomía municipal, al mantener la política restrictiva y autoritaria del régimen reyista en materia local.3 Igualmente, aseverar que “el país experimentó un proceso intenso de centralización del poder y construcción del ejército durante las presidencias conservadoras de Rafael Núñez (1877-1889)” (López-Alves, 2003, p. 145) implica pasar por alto el origen liberal del cartagenero y negar la presidencia del general Julián Trujillo (1878-1880).4 En la misma línea, asegurar que la Regeneración “abarcó el período entre 1869 y 1900” (López-Alves, 2003, p. 146) obliga a hacer un recorte que si bien es justificable para la primera fecha si —y solo si— se acude al discurso pronunciado ante el Congreso el 1º de febrero de 1869 por el presidente electo, el general liberal Santos Gutiérrez,5 difícilmente podría aceptarse para el otro extremo de la cronología propuesta: aunque el golpe de Estado perpetrado por José Manuel Marroquín el 31 de julio de 1900 encarnó un acontecimiento trascendental en la época, otorgarle el fin del movimiento regenerador sería desconocer que fue precisamente

3

Al respecto, ver López-Alves (2003, p. 167).

4

Sobre este tema, véase Ortiz Mesa (2010).

5

En concreto, las palabras del general Santos Gutiérrez fueron: “el país ha llegado a tal punto de decadencia, fruto de la intranquilidad más o menos absoluta de los últimos años, que es preciso empezar la grande obra de su regeneración por la rudimentaria base de restablecer su seguridad. Desde que la paz se considere como un bien cuya conservación depende de la honradez de los gobiernos y del apoyo de los pueblos, ella podrá resistir al embate de las pasiones y servir de base a una regeneración que reclama nuestro honor nacional y nuestra aflictiva situación” (Riaño, 1987, p. 14). La noción de regeneración política puede rastrearse hacia el año de 1811 en las cartas del canónigo Cortés de Madariaga. Al respecto, véase Martínez Garnica (2013).

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la intransigencia de este dignatario frente a la insurgencia liberal la que dio pie para que se produjera la pérdida de Panamá y la posterior llegada de Rafael Reyes al mando.6 Finalmente, la interpretación proporcionada por López-Alves (2003) en lo que incumbe a la configuración del Estado colombiano sugiere que el siglo xix debe entenderse como un continuo que va de 1810 a 1900. Tal posición es errada, pues es tangible que las medidas adoptadas por la Regeneración no se pueden equiparar a las medidas liberales de mediados de siglo ni a las medidas de la etapa posindependentista. La lectura que se haga de la centuria decimonónica debe afincarse en la asunción —y este es uno de los postulados medulares del presente libro— de que cada etapa histórica representó un decurso particular que debe ser examinado en su especificidad; si bien existieron problemas transversales para toda la centuria decimonónica (el municipio como ordenamiento político-administrativo es uno de ellos), su resolución atendió al contexto del momento. Interesa llamar la atención sobre estas cuestiones porque ponen de manifiesto que el dato histórico no es simplemente un dato, sino un testimonio de lo acaecido. Ignorarlo o tergiversarlo no es un asunto menor: únicamente conociendo las bases de la ideología regeneracionista es factible hablar de la génesis del movimiento. 6

Historiográficamente existen diversas posturas sobre el espacio temporal que cubrió la Regeneración. Luis Javier Ortiz Mesa (2010) estima que se prolongó desde 1878 hasta 1902, es decir, desde la presidencia de Julián Trujillo (1878-1880) hasta la derrota liberal en la Guerra de los Mil Días. Jorge Orlando Melo (1989) considera que va desde 1885 hasta 1896, fecha en la que el conservatismo historicista consolidó su lugar en la oposición pidiendo una reforma a la carta magna. Frédéric Martínez (2001) opina que comenzó en 1888, luego de ocho años en los que Rafael Núñez se dedicó a “establecer las bases de la ‘regeneración administrativa fundamental’ que predicaba” (p. 469) y terminó hacia 1900, cuando se produjo el golpe de Estado perpetrado por José Manuel Marroquín. Eduardo Posada Carbó (2015) asevera que empezó en 1880 con la elección de Rafael Núñez para la presidencia y terminó en 1894 con la muerte del cartagenero. La tesis que aquí se propone es que la Regeneración comprendió los años que van de 1886 a 1910, pues ambas fechas encarnan tanto el comienzo como el fin de la lógica política que tipificó a los regeneradores: a saber, aquella basada en un centralismo a ultranza, que en el caso de Rafael Reyes se exacerbó al punto de adquirir la forma de un centralismo dictatorial. Este decurso no sufrió modificaciones sensibles (posiblemente por el personalismo que también caracterizó a su sucesor) durante el corto mandato de Ramón González Valencia. Una cronología más cercana a la que se formula es la que plantea Alejandro Pajón Naranjo (2011) con base en el estudio de las leyes y decretos de Alta Policía expedidas durante la Regeneración; para este autor, dicha etapa va desde 1886 hasta 1906.

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Progreso, modernidad y modernización Una segunda acotación que se debe hacer concierne a la forma en la que aquí se enuncian los términos modernidad y modernización: el argumento que en esta dirección se sostiene es que ambos deben entenderse a la luz de la noción de progreso que se impuso entre los letrados de la época en estudio, la cual lo concebía como un estadio ideal (tipificado por una sociedad justa, próspera, y democrática) al que se debía arribar.7 En 1900, Antonio José Uribe dio relieve a esta conceptualización en un editorial publicado en el periódico La Opinión, en el cual aseveró que el país vivía en el atraso a pesar de tener “muchas riquezas naturales, una juventud enérgica é inteligente, una numerosa clase social de gran cultura, un Ejército disciplinado, de valor incomparable, y una masa popular sufrida, en su mayor parte laboriosa” (U., 1900a, p. 101).8 A su juicio, todos estos elementos, “dirigidos con acierto”, podrían llevar a Colombia “á un grado de progreso en el cual nada tendría que envidiar á sus hermanos de la América española” (p. 101). La alusión del diplomático antioqueño a que, dirigidos con acierto, esos atributos conducirían al país al grado de progreso que lo pondría a la par con las demás repúblicas hispanoamericanas no era un recurso retórico, sino un indicio palmario del enfrentamiento que por entonces había entre dos posturas antagónicas que convivieron durante la Regeneración y que causaron una serie de debates que son imprescindibles para entender adecuadamente dicha etapa:9 una, fue la postura preconizada por aquellos letrados que anhelaban ser espectadores de las transformaciones materiales que, desde su perspectiva, traerían consigo la prosperidad del territorio patrio, y la otra, fue la postura defendida por los regeneradores, quienes reivindicaban la ausencia de esos cambios con el fin de priorizar la exaltación de los 7

El concepto de letrados se emplea siguiendo los planteamientos de Ángel Rama (1984).

8 El pseudónimo “U” corresponde al diplomático antioqueño Antonio José Uribe (1869-1942), quien fue un colaborador asiduo de La Opinión. Este periódico fue creado por José Manuel Marroquín mediante el “Decreto número 26 de 1900” (Diario Oficial, 1900a, p. 541); se autodenominaba semioficialista, aunque en la norma citada se identificaba como oficial. 9

Melo (2008) asevera que en el país “los defensores del progreso no son un grupo homogéneo, con una teoría clara compartida por todos. Hay muchas posiciones diferentes, muchos diagnósticos distintos de las razones del atraso relativo de Colombia” (p. 3). No obstante, este autor también asevera que “entre 1886 y 1910 la idea del progreso pierde protagonismo, ante las dificultades para lograr un orden razonable y pacífico” (p. 6). Las fuentes consultadas ponen en entredicho este último planteamiento.

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valores sobre los cuales se edificaba la ideología regeneracionista (por ejemplo, la virtud y el perfeccionamiento moral).10 La persistencia del antagonismo entre ambas posiciones no solo marcó los decenios en estudio, sino que además sentó las bases del decurso histórico posterior. Inscrito en este horizonte, un interrogante que hasta ahora no se ha mirado con detenimiento, para los años que van de 1886 hasta 1910, es hasta dónde los procesos de transformación que la historiografía colombiana ha identificado acudiendo a esa noción de progreso se inscriben dentro de la “idea de modernidad” (Gorelik, 2014, p. 8).11 Tal como lo plantea Adrián Gorelik (2014), no se “trata, entonces, de definir un comienzo ontológico” de la misma, “sino de situar en la historia el momento” en que esos cambios “fueron interpretados como modernos, a la vez que fueron coloreados por esa interpretación, dotándolos de una dinámica” que incide “en las representaciones” (p. 7). La “espiral” que resulta de esa ida y vuelta es justamente lo que dicho autor llama modernidad (p. 7).12 Las pesquisas más relevantes en la materia señalan que esa la idea de modernidad supone la confluencia de la conciencia y la experiencia de un mundo que transmuta; en otras palabras, la “conciencia de tiempo específico, es decir, la de tiempo histórico, lineal e irreversible”, que camina “irresistiblemente hacia adelante” (Calinescu, 1991, p. 23), debe estar acompañada de las “transformaciones sociales y materiales” (Gorelik, 2014, p. 8) que cristalizan esos signos de cambio en la realidad. Y este último proceso es precisamente el que se conoce como modernización.13

10 En antítesis a lo que dice López-Alves (2011) para Latinoamérica, en esta pesquisa se demuestra que los líderes de la Regeneración, como ocurrió en los Estados Unidos, creyeron que “la moral y el conjunto adecuado de valores debían ser puestos en primer lugar”, pues “el progreso material llegaría después” (p. 68). 11 Las páginas que se citan de este texto corresponden al manuscrito del mismo, al cual se tuvo acceso gracias a Adrián Gorelik. 12 La “idea de modernidad”, de acuerdo con el investigador argentino, implica, “en primer lugar, la aparición de un tipo preciso de experiencia en el tiempo, la de un presente en transición, disparado hacia el futuro, que genera la percepción del propio tiempo como ‘siempre nuevo’” (Gorelik, 2014, p. 8). 13 Cuando se habla en este texto de modernización se está haciendo alusión específicamente a la modernización urbana; el término en sí apunta a un proceso de transformación física de la urbe que se cristaliza en la realización de obras de infraestructura que generan un cambio radical en la morfología espacial. Al respecto, véase Suárez Mayorga (2006).

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La pertinencia de la definición anterior reside en que permite vislumbrar por qué la ciudad moderna se erige en “el sitio por antonomasia” de dicha metamorfosis, pues al identificarla con la noción “de progreso (o con sus costos)” (Gorelik, 2014, p. 8) se convierte en un instrumento inmejorable para arribar a ese estadio ideal de desarrollo. Hablar de ciudad moderna implica, por consiguiente, hablar de un momento histórico en el que se da la confluencia de un proceso de modernización urbana con el nacimiento de una variedad de “valores y visiones” (Berman, 1991, p. 2) que daban cuenta de esas transformaciones. La experiencia del cambio, reflejada en las alteraciones físicas que sufre el espacio urbano, tales como la ruptura de los patrones tradicionales de asentamiento, la variación en el uso de ciertas áreas, la creación de barrios obreros, la dotación de servicios domiciliarios, etc., se une así a las representaciones surgidas de esos cambios, dándole de esta forma origen a esa ciudad moderna.14 Hay que hacer énfasis en este punto porque una dificultad persistente en las investigaciones que se enfocan en el espacio urbano bogotano de fines de la centuria decimonónica hasta mediados del siglo xx es la utilización indiscriminada de los conceptos ciudad moderna, modernización y modernidad, sin atender a las particularidades de cada uno de ellos. Lo que en esta dirección se quiere subrayar es que para comenzar a reflexionar adecuadamente sobre la materia es indispensable comprender que “la idea de ‘ciudad moderna’” nace de una “idea de modernidad” que, tal cual ha sido definida por los especialistas en el tema, “combina una experiencia histórica con una conciencia histórica” (Gorelik, 2014, p. 8). La traducción de estos planteamientos al período en estudio constriñe a proponer una tesis central del libro: si bien no se puede negar que la actitud exhibida en estos años por algunos letrados colombianos anunciaba de modo incipiente (al exigirle al Gobierno que se pusieran en marcha los adelantos que requería el país para progresar) esa conciencia de tiempo específico de la que habla Matei Calinescu, lo cierto es que todavía no estaban dadas las condiciones para que en ese momento confluyeran, “en relación necesaria, las transformaciones sociales y materiales con las representaciones culturales que buscaban comprenderlas, criticarlas o guiarlas” (Gorelik, 2014, p. 8). Todavía no se había producido 14 Un análisis historiográfico del concepto ciudad moderna empleado para referirse a Bogotá se encuentra en Suárez Mayorga (2017a).

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el cambio estructural requerido para que se juntaran, usando la terminología de Marshall Berman, “los procesos de ‘modernización’ y los ‘modernismos’” (p. 8).15 Bogotá, analizada bajo este lente, no experimentó ese cambio estructural durante la Regeneración porque los regeneradores legitimaron su poder en valores que marcaron “la vida institucional del país con el sello de la lucha contra la modernidad” (González, 1997, p. 49).

Las bases historiográficas Tras realizar las aclaraciones de tipo teórico-conceptual, es preciso aludir de modo sucinto al sustrato historiográfico del que se nutre esta investigación. Una primera observación a efectuar es que, aunque en las últimas décadas se ha propagado la idea de que “el espacio local constituye una unidad analítica peculiar” (Ternavasio, 1992, p. 56) que posee una validez indiscutible dentro de la historia política para examinar el proceso de conformación de los Estados nacionales, la anuencia a este precepto no ha estimulado con la misma diligencia en todos los países del continente americano la iniciación de pesquisas sobre el tema.16 Tal vacío historiográfico se debe a las dificultades que se presentan para encontrar fuentes que permitan analizar a profundidad la [esfera municipal], así como a las singularidades del medio andino que, buena parte de las veces, se acentúan en el territorio [colombiano. Consecuencia] de lo anterior es que los investigadores han tenido que recurrir a formular planteamientos de tipo general que, o se encuentran a la espera de ser corroborados, precisados o refutados, en investigaciones posteriores, o no son pertinentes al revisar el problema desde la escala local. (Suárez Mayorga, 2018, p. 778)17

15 Ser moderno, según Marshall Berman, es descubrir “que el mundo y uno mismo están en un proceso de desintegración perpetua, desorden y angustia, ambigüedad y contradicción” (Sarlo, 1988, p. 8). 16 En 1998 Franco Savarino Roggero criticaba la falta de atención de los historiadores por el nivel local de la política, incluso a pesar de la importancia que para entonces ya habían adquirido las pesquisas sobre “‘las patrias chicas’ iniciadas por Luis González y González” (p. 45). 17 No es accidental que desde comienzos de este siglo se hayan fomentado las compilaciones, los textos de conjunto, los seminarios, etc., que se focalizan en esa parte específica de lo que se denomina América Latina. En uno de estos trabajos, Posada Carbó (2003) sostiene que el municipio, “y en particular, las ciudades

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Más que abordar en detalle las diferentes fuentes secundarias consultadas, lo que se pretende en este apartado es enunciar algunas precisiones acerca de la manera en la que en la esfera latinoamericana se ha estudiado el papel cumplido por la administración local en el transcurso del siglo xix. Con frecuencia, el acercamiento a este problema se ha presentado esclareciendo cuál fue el accionar de los cabildos luego de la declaración de emancipación del imperio español y qué modificaciones se dieron con la sanción de la Constitución de Cádiz, en aras de explicar la continuidad o la ruptura que sufrieron algunas instituciones coloniales.18 La predilección por aproximarse de este modo a dicha cuestión ha generado un cierto auge de la perspectiva constitucionalista, la cual se afinca en la idea de que, después de las guerras independentistas, el municipio se convirtió en la “célula política básica detentadora de soberanía” y las “comunidades locales” se erigieron “en fuentes de derechos políticos” (Irurozqui Victoriano, 2004, p. 24). Lo sucedido en el territorio neogranadino es diciente a la luz de esta conceptualización: pese a que tan pronto se dio la ruptura con la Metrópoli se promulgaron actas de independencia y textos constitucionalistas (testimonio de lo cual es la Constitución de Cundinamarca del 4 de abril de 1811), ninguno de esos documentos estableció un ordenamiento administrativo basado en el ámbito local. Solo a partir de la promulgación de la carta magna gaditana, se reivindicó al municipio como pieza esencial del engranaje gubernamental.19 La característica fundamental de la Constitución Política de la Monarquía Española, aprobada el 19 de marzo de 1812 y jurada en los territorios americanos meses después, fue en efecto, la regulación “en materia de organización territorial del poder” de un “Estado unitario descentralizado” (Salvador Crespo, 2012, p. 11), situación que generó que la discusión sobre los artículos relativos a los municipios y a las provincias se estructurara alrededor

capitales, incluyendo las de las provincias” (p. 337), se constituyó en el centro de la vida electoral andina. Apreciaciones similares se encuentran en Suárez Mayorga (2020a). 18 Sobre este tópico, véase Annino (1995a). 19 Esta aserción está sustentada en un estudio sistemático y riguroso de cada una de las constituciones y actas publicadas en la Nueva Granada durante el período 1810-1815. Si se quiere conocer cuáles fueron las ciudades, villas y pueblos del Nuevo Reino de Granada que juraron obediencia a la Constitución de Cádiz, remitirse al texto de Martínez Garnica (2013).

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de la preservación de la autonomía local y la función de las localidades como órganos de representación popular.20 “El gobierno interior de los pueblos” quedó allí establecido mediante la creación de “ayuntamientos” (Constitución de Cádiz, 1813, p. 101) en “aquellos lugares de población inferior a mil almas y cuyas circunstancias particulares, agrícolas o industriales lo aconsejasen” (Salvador Crespo, 2012, p. 31).21 Las atribuciones que se les otorgaron quedaron circunscritas a: desempeñar “la policía de salubridad y comodidad”; “auxiliar al alcalde” en todo lo que perteneciera a “la seguridad de las personas”, los “bienes de los vecinos” y la “conservación del orden público”; administrar e invertir “los caudales de propios y arbitrios conforme á las leyes y reglamentos”; recaudar y repartir “las contribuciones”, remitiéndolas a la “tesorería respectiva”; “cuidar de todas las escuelas de primeras letras” y demás instituciones “de educación” que se pagaran “de los fondos del común”; velar por “los hospitales, hospicios, casas de expósitos” y el resto de “establecimientos de beneficencia”, bajo las reglas que se prescribieran; vigilar la “construcción y reparación de los caminos, calzadas, puentes y cárceles, de los montes y plantíos del común, y de todas las obras públicas de necesidad, utilidad y ornato”; “formar las Ordenanzas municipales” y “presentarlas á las Cortes para su aprobación por medio de la diputación provincial”, y “promover la agricultura, la industria y el comercio [según] la localidad y circunstancias de los pueblos”, así como todo aquello que les fuera “útil y beneficioso” (Constitución de Cádiz, 1813, pp. 104-105).22 Los ayuntamientos adquirieron gracias a las competencias reseñadas “algunas características descentralizadoras y democráticas”, en la medida en que se reconoció que “los vecinos de los pueblos” eran las únicas personas que conocían “los medios de promover sus propios intereses” y que no había “nadie mejor que ellos” para adoptar las prescripciones oportunas en el instante en que fuera preciso “el esfuerzo reunido de alguno o de muchos individuos” (Salvador Crespo, 2012, p. 23). Empero, si bien existió esa voluntad de permitir que los municipios se encargaran de dirigir su propio rumbo, es tangible que los constitucionalistas no estaban pensando en 20 Sobre este punto, véase Guedea (1991) y Salvador Crespo (2012). 21 Al respecto, véase también Martínez Garnica (2013). 22 El acatamiento de estos planteos en el orbe hispanoamericano dependió de la situación específica de cada país; sobre este tópico, remitirse a Reynoso Jaime (2009).

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avalar la total autonomía municipal, razón por la cual en la norma se ordenó “la inspección de la Diputación Provincial” y “la imposición del jefe político como presidente de la corporación” (Salvador Crespo, 2012, p. 24).23 El corolario de lo anterior fue que el ayuntamiento se erigió en un ente en el que sus miembros debían ser elegidos por los vecinos en razón de la eficacia, pero donde [era] oportuno el control de una autoridad política legitimada por la voluntad nacional. De este modo, el régimen municipal de la Constitución de 1812 [pretendió] un municipio que recupe[rara] la tradición nacional, pero en realidad condu[jo] a una institución sometida al poder ejecutivo. (Salvador Crespo, 2012, p. 24)

La dualidad que encarnó esta situación ocasionó que en el transcurso del siglo xix los municipios lograran constituirse en “un poder que limitaba la capacidad de injerencia del Estado en las sociedades locales”, suscitando en consecuencia numerosos choques entre ambos “formatos representativos” en torno a la “pervivencia de las libertades territoriales y corporativas” (Irurozqui Victoriano, 2004, p. 24). En términos de gobernabilidad republicana, ello provocó un continuo riesgo en dos sentidos: a) de disgregación del territorio, porque las discrepancias con las comunidades fueron un sustrato fértil para el surgimiento de movimientos secesionistas, y b) de debilitamiento del gobierno central, pues a medida que la esfera municipal fue adquiriendo mayor injerencia, los distintos regímenes instaurados se vieron en la necesidad, o bien de concertar las medidas a adoptar, o bien de restringir, por medio del uso del fuerza o de la implementación de disposiciones de tipo autoritario e incluso dictatorial, las atribuciones del ámbito local. La tendencia que se percibió a lo largo del siglo xix fue a aumentar paulatinamente el control sobre las localidades, lo cual estimuló que, desde la prensa u otros organismos de deliberación, se empezara a debatir cuál era el verdadero significado de las dicotomías Estado nacional-autonomía municipal, centralización-descentralización y ciudadano-vecino. Lejos de ser una problemática coyuntural, la preocupación por estas cuestiones no solo se extendió hasta la centuria siguiente, sino que además denotó una ampliación de la 23 El entorno mexicano ilustra bastante bien este punto para el período que va de 1824 a 1835. Al respecto, véase Salinas Sandoval (2001) y Martínez Assad y Ziccardi (1987). Un libro clave, a mi juicio, en el tema de la administración local en relación con la experiencia mexicana es el de Rodríguez Kuri (1996).

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discusión a otros asuntos, que fue congruente con la complejidad que adquirió el sistema político. Importa hacer hincapié en esto último porque los delegatarios que redactaron la Constitución de 1886 regresaron al discurso doceañista para sentar las bases de la descentralización administrativa propugnada por la Regeneración: sustentados en que la esfera local debía administrar sus propios negocios, les confirieron a las municipalidades múltiples atribuciones que en la práctica no pudieron materializarse debido a que entraban en pugna con las funciones asignadas a los distintos agentes de la autoridad central. La tónica de los años subsiguientes fue, precisamente, el surgimiento de numerosas críticas orientadas a exigir la concreción de ese espíritu autonómico. Una temática que historiográficamente está ligada a la exposición previa es la de la representación política en la esfera local. Frente a este ítem es pertinente señalar que durante muchos años “la historia electoral latinoamericana” estuvo “prisionera de una nueva Leyenda Negra” que estipulaba que la “representación política moderna” en “el continente” había sido “un fracaso” por el protagonismo que los caudillos, el fraude, la violencia, etc., habían tenido sobre ella (Annino, 1995b, p. 7).24 Tras el giro historiográfico acaecido en los años noventa del siglo pasado, dicha concepción fue revaluada, procedimiento que no solo implicó enfocar el problema desde abajo, es decir, investigando el conjunto de prácticas que habían definido “la “entrada” de votantes heterogéneos” en un “mundo supuestamente homogéneo” (Annino, 1995b, p. 8), sino también analizarlo a través de la interacción de “las instituciones, los valores y los actores”, tres categorías políticas que generalmente pertenecían a áreas de estudio separadas (p. 9). La puesta en práctica de esta opción metodológica significó asumir que, allende los fraudes perpetrados, cada debate electoral estaba ligado a un proceso histórico específico que

24 Iván Molina Jiménez (2001) afirma que la historiografía costarricense todavía sigue reproduciendo ese modelo de la Leyenda Negra. Posada Carbó (2000), en la línea trazada por David Bushnell y Malcolm Deas, ha expresado la necesidad “de examinar de manera más sistemática las prácticas descalificadas como corruptoras del sufragio en Latinoamérica”, temática que para el año 2000 él consideraba había recibido “escasa atención por parte de la historiografía moderna” (p. 272).

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debía examinarse con una lupa particular.25 Tomando esta ruta se logró constatar que, aunque “la idea de nación moderna, liberal”, apuntaba en la teoría “a la construcción de una monoidentidad colectiva”, en la práctica originó “polidentidades” que marcaron las particularidades de cada país (Annino, 1995b, p. 9).26 La “democracia de las urnas”, corriente disciplinar que nació a raíz de la aplicación de tales preceptos, se concentró entonces en reivindicar la pertinencia de abordar el problema desde las dimensiones constitucionalista, electoral e institucionalista, con el fin de explicar el funcionamiento político de la región, apartándose de la mirada tradicional que concebía a las elecciones “como una farsa o un instrumento de clase”; a los partidos políticos como “un formalismo elitista” (Irurozqui Victoriano, 2004, p. 21) o como “un cuerpo de notables ajeno a los principios de competencia y participación” (p. 26) y a la legislación como un organismo distanciado de la sociedad.27 Utilizando esta tríada analítica se llegó a concluir que la paulatina complejización del acto comicial propició, primordialmente, tres cosas: la primera, que los sufragantes estuvieran por lo general “enrolados en fuerzas electorales, movilizadas colectivamente por las facciones o los partidos” (Sabato, 1999, p. 21). La segunda, que se estimulara la creación de entidades (asociaciones profesionales, sociedades de ayuda mutua, clubes, etc.) que fueron cruciales para la consolidación de la modernización política en Latinoamérica, debido a que terminaron formando “una esfera pública” que se constituyó tanto en un espacio de acción para amplios sectores de la sociedad, como “en una instancia de mediación entre sociedad civil y Estado” (Sabato, 1998, p. 10). Y la tercera, que las personas aptas para votar no siempre desearan hacer uso de su derecho al sufragio. 25 Intentando revisar esa visión tradicional de las elecciones en el continente, Posada Carbó (1999) comparó los comicios de 1835 en Venezuela y los de 1836 en Colombia. En la misma línea, Conde Calderón (2009) realizó un acercamiento a las elecciones efectuadas en el Caribe colombiano durante el período 1820-1836. 26 En relación con el liberalismo en Latinoamérica en la centuria decimonónica véase Jaksić y Posada Carbó (2011) y Laguado Duca (2001). 27 La perspectiva constitucionalista se centra en la “instauración de las formas modernas de representación”, por medio del estudio de los códigos que regulan los diversos regímenes políticos. La electoral, se enfoca en “la organización, preparación y realización de los procesos electorales” y la institucional, se concentra en el examen de las “instituciones nacionales” que apuntalan “desde el Estado la aparición de ciudadanos” (Irurozqui Victoriano, 2004, p. 22).

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Hay que anotar, de cualquier modo, que este ausentismo no originó que la población en general —“el hombre (en tanto sujeto de intereses, inclinaciones y expectativas particulares, que se agrupa para bregar colectivamente por éstas)” (Palti, 2007, p. 237)— se marginara de la actividad que se desenvolvió alrededor de cada elección, pues existieron otros mecanismos de intervención.28 La experiencia colombiana es ilustrativa en este sentido: los sujetos que se consagraban “a los menesteres políticos” sabían que no podían actuar despreciando a aquellos “sectores de opinión a los que era necesario persuadir y convencer” (Posada Carbó, 1999, p. 166), más allá de que no cumplieran con las condiciones requeridas para votar. Esto fue así porque, pese a que gran parte de la población era analfabeta, las personas que sabían leer comunicaban sus lecturas en “las conversaciones callejeras, en las tiendas, desde el púlpito” (p. 173), accionar que fomentó que se crearan escenarios de discusión política que estaban por fuera de los canales tradicionales de cooptación. La opinión pública se erigió así en una fuente inequívoca de legitimidad del poder político, ya que en función de ella correspondió a la población, encarnada en las voces emanadas desde los diarios o desde las distintas asociaciones que surgieron a lo largo de la centuria, controlar el gobierno representativo.29 La labor de la prensa alcanzó una fuerza notable en este proceso por dos razones primordiales: a) porque cumplió la misión de dirigirse a una audiencia general con la intención, tanto de “captar voluntades nuevas”, como de incidir “sobre la opinión pública en formación”, convirtiéndose de este modo “en un factor de peso creciente en la vida política local” (Sabato, 1995, p. 134) al politizar el clima de la ciudad, y b) porque se encargó de efectuar “un verdadero despliegue del tema electoral” (p. 133), usualmente organizado a conveniencia de las agrupaciones o de los dirigentes políticos que secundaba. Una de las empresas que acometió, dentro de este ámbito, fue relatar todo lo concerniente a la actividad comicial, 28 Forment (2003) ha examinado ese proceso de participación llevado a cabo durante la segunda mitad del siglo xix a partir del concepto democratization of antipolitics. 29 La implementación del orden republicano se fundamentó “en la construcción de un poder legítimo” que “remitía a la comunidad política instituida o que se buscaba instituir” (Sabato, 2007, p. 3), proceso que estuvo sustentado tanto en las prácticas del sufragio como en la opinión pública. A partir de “este basamento conceptual” se “establecieron normativas y se forjaron y articularon formas diversas de hacer política, es decir, de construir, sostener, reproducir e impugnar el poder” (p. 3).

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reseñando de manera detallada las reuniones que se iban a realizar, citando a asambleas, convocando a sus lectores para que se registraran en las listas de sufragantes, narrando las jornadas electorales y denunciando los fraudes cometidos por la oposición.30 Vale advertir, sin embargo, que la condición sine qua non para garantizar el principio de deliberación fue permitir que los periódicos opinaran libremente, pues esto favoreció que, aparte de representar a la opinión pública, también la constituyeran como tal, desempeñando así una función excepcional “en la definición de las identidades colectivas” al permitir “a los sujetos identificarse como miembros de una determinada comunidad de intereses y valores” (Palti, 2007, p. 198). La censura ejercida sobre las publicaciones capitalinas en las postrimerías del siglo xix permite hacer, en conformidad con lo anterior, una doble lectura de lo ocurrido en la época: por un lado, es ostensible que las restricciones impuestas por el Gobierno a los periódicos que no comulgaban con el partido regente (o en contrapartida, los incentivos otorgados a aquellos afines al oficialismo) influyeron notablemente en el decurso de las elecciones municipales, justamente por erigirse en mecanismos de control político.31 Por el otro, es patente que, en su calidad de voceros de la población, algunos de esos periódicos actuaron como un catalizador de la inconformidad que sentían los citadinos frente a la Regeneración, lo cual propició que se pusieran en tela de juicio las bases del sistema que legitimaba la Constitución de 1886.32 30 Sobre este tópico, véase Escalante (1993), Chiaramonte (1995 y 1997), Murilo de Carvalho (1999), Ternavasio (1995, 2000, 2002, 2003, 2007), González Bernaldo de Quirós (2000), Sabato y Lettieri (2003), Annino (2004), Aljovín de Losada y López (2005), Alonso y Ternavasio (2011), y Sabato y Ternavasio (2015). 31 Posada Carbó ha estudiado la relación de la prensa con los políticos y las elecciones en Colombia para el período 1830-1930. Al respecto él afirma lo siguiente: “newspapers served as organs of the political parties. In this context, the press instated the roles of a party agent, from organizing campaigns to stirring up partisan spirit. Newspaper editors were also directly involved in electioneering. Next to the senators, representatives, and artisans who attended the Liberal convention in 1850 were the editors and redactores of leading papers, who attended not as reporters, but as party activists. Often, various factions of different parties organized themselves around a periodical publication” (Posada Carbó, 2010, pp. 954-955). 32 La influencia alcanzada por los periódicos igualmente residió en su aptitud para servir como vehículos “para la difusión de ideas”, en su potencial para fabricar argumentos que causaran un “efecto persuasivo” en “sus eventuales lectores” (Palti, 2007, p. 191) y en “su capacidad material para generar hechos políticos”, fuera “orquestando campañas, haciendo circular rumores, etc.” (p. 192).

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La adecuada comprensión de la disquisición hasta aquí expuesta obliga a proporcionar unas directrices finales sobre la ciudadanía: a grandes rasgos, la conformación del ciudadano implicó crear un “universo abstracto de iguales que gozaban de los mismos derechos (y obligaciones) en las nuevas repúblicas en formación” (Sabato, 2010, p. 55). No obstante, la plasmación de estos preceptos en el orbe latinoamericano tropezó con una realidad disímil que no siempre encuadró dentro de los límites definidos por la norma: desde la perspectiva de los “protagonistas populares”, la construcción del vínculo con las autoridades fomentó la formación de “una cultura política específica, cimentada en prácticas de diversa índole”, desplegada en entornos variados, “no exclusivamente políticos” (Gutiérrez y Romero, 2007, p. 155), de las que no solo se derivaron instituciones concretas o instancias de intervención amplia, reguladas y controladas desde arriba —caso de las organizaciones electorales—, sino también de organismos informales, más autónomos, a partir de los cuales se fueron fraguando actitudes, valores e ideas que acabaron generando un tipo de actor particular. La movilización política que resultó de la interrelación entre ambas esferas, a la par que “abrió espacios de contacto y negociación” (Sabato, 2010, p. 55), propició situaciones de confrontación que culminaron en los recurrentes episodios de violencia experimentados a lo largo de la centuria decimonónica. La representación, en síntesis, canalizada a través de las elecciones, fue modelando un espacio político en el que no se pudo prescindir nunca de la legitimidad de origen fundada en el sufragio, pero cuya concreción dio lugar a disputas que ponían en juego, básicamente, las divisiones internas de la propia élite gobernante. (Alonso y Ternavasio, 2011, p. 283)

La dimensión territorial que adquirió este proceso, así como las pugnas que se crearon alrededor de la distribución de las atribuciones conferidas en razón del principio de separación de poderes fueron focos de disputa que si bien no pusieron en riesgo la forma de gobierno republicana afincada “en un régimen representativo de base electoral muy amplia”, sí ocasionaron que las prácticas que acompañaban a tales dispositivos fueran dotadas de

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“diversos contenidos y significados” (Alonso y Ternavasio, 2011, p. 283). El caso bogotano es ejemplo fidedigno de esta última afirmación.33

La estructura de la investigación La exposición precedente faculta para trazar los derroteros que guiarán la argumentación. Lo primero que se debe mencionar al respecto es que, para dilucidar el proceso de conformación del Estado forjado por el movimiento regenerador durante los decenios en estudio, es indispensable ahondar en el análisis del ámbito municipal puesto que, como se verá más adelante, se formularon distintas propuestas de organización estatal en función del papel cumplido por el municipio dentro del andamiaje institucional. Hay que subrayar, dentro de esta órbita, que a medida que la Regeneración entró en crisis, la esfera municipal alcanzó tal significación que fue concebida como la base de la República, noción que implicó que se la reivindicara como el lugar desde el cual se debía generar el cambio que permitiría a Colombia salir de la penosa situación en la que se encontraba. Fruto de ello fue que los municipios adquirieron la obligación de servir de “células madres del organismo nacional” (El Horizonte, 1909a, s. p.), principio que provocó el surgimiento de una correspondencia entre el progreso local y el progreso estatal, que en la presente investigación se enuncia en los términos de un binomio municipio-nación.34 La escogencia de Bogotá como núcleo del análisis se dio en razón de su capitalidad porque se consideró que era un ámbito privilegiado para: a) estudiar la relación poder local-poder central dentro del contexto específico de la administración municipal bogotana, a partir de la indagación de las actuaciones de ambas esferas con respecto al desarrollo urbano de

33 A la luz de esta aserción (a saber, de no poner en riesgo el régimen representativo), el régimen de Rafael Reyes se presenta como una excepción, ya que, con el fin de contrarrestar la animosidad de ciertos sectores de la opinión pública, el general decidió poner en jaque el modelo republicano clausurando el Congreso y eliminando las votaciones populares para regidores municipales. 34 La carencia de firmas es frecuente en los artículos publicados en la prensa del período 1886-1910, motivo por el cual la citación se hará referenciando el nombre del periódico. La abreviatura s. p. significa que no tiene paginación.

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la ciudad, y b) entender la dinámica interna de las dos instituciones más importantes del ámbito distrital: la Alcaldía y el Concejo.35 Tal preferencia tiene su génesis en la certidumbre de que es imperioso comenzar a examinar la urbe en su singularidad. Lo ocurrido en la capital colombiana es distinto de lo vivido en otros escenarios latinoamericanos y, si bien es innegable que existieron aspectos comunes, también lo es que sus particularidades son manifiestas.36 La periodización elegida respondió asimismo al interés por ahondar en la esfera local. La pesquisa comienza con la Constitución de 1886 porque esta supuso poner fin al federalismo hasta entonces vigente para establecer un sistema centralista en virtud del cual se unificó la legislación electoral, se reorganizó territorialmente el país y se instauró un régimen municipal que dotaba a los agentes gubernamentales de herramientas suficientes para coartar el accionar de los funcionarios distritales. Lógicamente, las críticas efectuadas a la carta magna durante estos lustros no solo sacaron a la luz el alto grado de conflictividad que generó esa subordinación al centro, sino que además se erigieron en pruebas fehacientes de que el orden instituido no había sido capaz de legitimar la autoridad estatal.37 35 Interesa subrayar que la capitalidad de Bogotá no se determina explícitamente en la Constitución de 1886; de hecho, la designación de la ciudad como capital del departamento de Cundinamarca se produjo meses después a través de la “Ley 21 de 1887” (Restrepo Hernández, 1900, p. 4). En la Constitución de 1863 tampoco se menciona esta cuestión, aunque allí se le otorga la atribución al Congreso de designar la capital de los Estados Unidos de Colombia. El Pacto de Unión, firmado el 20 de septiembre de 1861, sí establece, en contrapartida, que Bogotá es la capital de la Unión. 36 Siempre se aceptó (incluso para cuestionarlo) el rol directivo que durante los años en estudio tuvo la ciudad en la escena nacional. No en vano, el hecho de que Manuel Antonio Sanclemente no pudiera residir en ella y gobernar desde allí fue lo que sirvió de justificación para el golpe de Estado perpetrado por José Manuel Marroquín. Aunque la Corte Suprema avaló la actuación del vicepresidente, el voto de los magistrados no fue unánime, entre otras razones, porque uno de ellos alegó que ni en la carta magna de 1886 ni en otra normatividad se había designado a Bogotá como capital de la República. A la larga, empero, el ente resolvió respaldar el cambio de mandatario argumentando, con base en la constitución vigente, que el presidente no podía ejercer indefinidamente el cargo por fuera de la urbe y que su ausencia se consideraba una falta que debía subsanarse por quien estaba habilitado para sustituirlo. Sobre la capitalidad implícita de Bogotá en la Constitución de 1886 véase La Opinión (1900a, p. 214). 37 La propensión que mostraron los regeneradores a “utilizar el Estado como un instrumento esencialmente político”, “sin medir bien hasta qué punto” esa “politización” iba a constituir “un obstáculo” para “la consolidación de su autoridad” (Martínez, 2001, p. 547) fue usual aun en el gobierno de Ramón González Valencia.

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La fecha de 1910 representa, en contrapartida, la materialización de los cambios que se pidieron al régimen municipal desde 1890, con lo cual se dio fin al ciclo regenerador. La transformación fue especialmente sentida en cuanto a la forma en la que, en adelante, los bogotanos concibieron e interactuaron con la esfera local: el control al que fue sometida la capital durante el Quinquenio suscitó que en el seno de la población surgiera un claro interés por defender las potestades del municipio, proceso que le otorgó al Concejo de Bogotá una relevancia considerable dentro del decurso político-administrativo de la urbe. La paulatina recuperación de la institucionalidad después de la salida del general Rafael Reyes de la presidencia se convirtió de esta forma en una declaración categórica de que la solución a los problemas de la ciudad dependía, en primera instancia, de las decisiones tomadas desde el entorno distrital.38 Interrogarse acerca de la forma en que la administración local de los decenios en estudio intentó darles solución a los problemas urbanos que exteriorizaba Bogotá también constriñe a esclarecer cuál fue la actuación de los entes involucrados en el desarrollo capitalino una vez subieron los regeneradores al poder. Investigaciones recientes acreditan que las transformaciones percibidas en el espacio bogotano han estado ligadas históricamente al desenvolvimiento político tanto de la ciudad como del país, correlación que permite comprender por qué durante la Regeneración el decurso de la urbe estuvo permeado por una suerte de lucha entre los intereses defendidos por la administración municipal, en procura de atender a las necesidades de su población, y los intereses defendidos por las autoridades nacionales, departamentales y provinciales. Las reflexiones que sobre este tópico se expondrán a continuación giran alrededor de tres ejes —el normativo, el ideológico y el electoral— que serán abarcados a través del análisis de temáticas específicas que, al haber sido discutidas dentro de la Alcaldía y el Concejo municipal, hicieron tangible la relación poder local-poder central que se forjó en torno a la gestión urbana de Bogotá. 38 Esa urgencia de recuperar la institucionalidad es la que explica el nacimiento de una coalición partidista (la Unión Republicana) que tuvo como único propósito hacerle oposición a Rafael Reyes. Posada Carbó (2015) estima que este movimiento fue dirigido por Carlos E. Restrepo, pero, en el ámbito capitalino, los líderes fueron el general Guillermo Quintero Calderón y Nicolás Esguerra. Quinquenio es uno de los nombres con que se designó al gobierno de Rafael Reyes.

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La exploración del eje normativo se realizará estableciendo cuáles fueron, desde la legislación, las atribuciones y funciones asignadas a cada uno de los organismos que tenían potestad sobre la ciudad, para luego confrontar lo dispuesto en la norma con el accionar que tuvieron en la práctica. Numerosos ejemplos se observan en la época acerca de las tensiones existentes entre las diferentes entidades oficiales a la hora de tomar decisiones ligadas al espacio bogotano; de hecho, un denominador común de estos años fue la injerencia del Ejecutivo en asuntos que concernían exclusivamente a la capital, con el fin de presionar para que se resolvieran según su conveniencia. No en todos los casos, empero, esa intrusión fue compartida por el gobernador o por el burgomaestre, pese a que ambos funcionarios eran agentes del presidente. Esta constatación habilita para desvirtuar una de las tesis historiográficas que mayor notoriedad ha tenido en el medio académico colombiano: aquella que sostiene que la actuación del alcalde siempre estuvo en consonancia con las directrices trazadas desde el Gobierno, lo cual habría generado de esta forma un conflicto permanente con la corporación citadina. Frente a la multiplicidad de fuentes que atestiguan dicha disputa, se optó por discriminar el análisis en tres niveles, privilegiando en cada uno de ellos un tema en particular: a) el nacional-local, con énfasis en lo sucedido con el ramo de aseo; b) el departamental-local, con hincapié en las rentas tanto seccionales como municipales, y c) el local-local, resaltando la pugna que se urdió entre el municipio de Bogotá y la Empresa de Acueducto, a causa de la prestación de este servicio en la ciudad.39 La aproximación al eje ideológico se llevará a cabo dilucidando cómo algunos letrados colombianos pensaron la antinomia centralización-descentralización y de qué manera las directrices políticas que se adoptaron con el transcurrir de los años pusieron en entredicho (o en contadas ocasiones, confirmaron) los planteamientos esgrimidos tanto desde la academia como desde la opinión pública. La tónica de la etapa en estudio fue exaltar en el discurso la descentralización administrativa, pero imponer en la realidad un régimen fuertemente centralizado; de acuerdo con la coyuntura histórica por la que estuviera atravesando la República, este proceso propició 39 No se creó un nivel para la esfera provincial porque si bien el prefecto provincial sí intervino en el ámbito distrital, sus acciones se pueden articular a lo acaecido con las autoridades nacionales y departamentales.

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el surgimiento de tres reivindicaciones —la de la separación de la administración de la política, la del federalismo en vez del centralismo y la de la autonomía local— que en sus respectivos momentos se instituyeron en la solución a la crisis en la que estaba sumida la patria. El abordaje del problema se acometerá contrastando los textos universitarios, los editoriales y las conferencias que se publicaron sobre la materia, con las providencias dictadas por el Estado en lo tocante a dicha cuestión. Un elemento que se advierte al profundizar en la dinámica enunciada es que el debate surgido en torno al sistema que debía regir al territorio patrio se erigió en una suerte de comodín al que recurrieron nacionalistas, liberales y conservadores para movilizar a la sociedad a su favor.40 El acercamiento al eje electoral se realizará, por último, analizando algunas de las elecciones para concejales municipales verificadas en la capital del país desde las postrimerías del siglo xix hasta la primera década del siglo xx. La tendencia del período consistió en que progresivamente la ciudadanía manifestó mayor interés por tomar parte en los comicios (fuera a través del sufragio u opinando sobre la jornada electoral), allende las denuncias elevadas acerca de las irregularidades cometidas por el oficialismo para acomodar los resultados en beneficio de su círculo político.41 La aserción precedente no desconoce que la contienda comicial fuera interrumpida con el desencadenamiento de la guerra o que frecuentemente se registrara un alto grado de abstención; por el contrario, lo que se quiere indicar es que poco a poco la intervención en las votaciones para cabildantes capitalinos se asumió como una forma lícita de hacer política y de sentar oposición.

40 El hecho que las elecciones para concejales capitalinos se erigieran en un escenario de disputa es un tópico que no debe minimizarse; por el contrario, debería tener un rol protagónico para estudiar la historia electoral y la historia política del país. Los términos concejal, regidor, cabildante y consejero son sinónimos utilizados en la época para aludir a los miembros de la corporación bogotana, motivo por el cual en este escrito se utilizarán indistintamente. Es pertinente recordar que los nacionalistas eran quienes pertenecían al partido oficialista, el cual en su origen estaba ligado ideologicamente al conservatismo. 41 Uno de los productos de la investigación fue determinar, de la manera más detallada posible, quiénes fueron los regidores bogotanos para el período 1886-1910. Sin embargo, por problemas de extensión editorial esta información no se podrá incluir en este libro. Si se quiere tener algunos datos al respecto, véase Suárez Mayorga (2006, 2017a).

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Indefectiblemente, el cariz que adquirió esta confrontación legal estuvo estrechamente ligado al centralismo reinante: en su búsqueda por mantener la hegemonía, el poder central implementó un sistema clientelar que garantizaba su permanencia en el mando.42 No obstante, lo interesante del proceso es que, aunque la urbe fue víctima de ese clientelismo imperante, también se erigió en uno de los principales focos de resistencia a esa práctica: en determinados momentos de la Regeneración, los partidos políticos que se hallaban por fuera del poder comprendieron, aún sabiendo que iban a perder en las urnas, que las elecciones para regidores bogotanos eran un escenario idóneo para enfrentarse, legítimamente, al oficialismo. Teniendo en cuenta lo anterior, tres son, fundamentalmente, las preguntas que en este texto se pretenden dilucidar: a) cómo fue concebido el municipio durante la Regeneración y qué incidencia tuvo esa concepción en el desarrollo urbano bogotano; b) qué debates se dieron entre los letrados colombianos de la época en relación con la administración local y qué significado alcanzaron en la conformación del Estado, y c) cómo se llevaron a cabo los comicios para concejales capitalinos en el lapso comprendido entre 1886 y 1910 y qué efecto tuvieron en el devenir político del país.43 La decisión de privilegiar dichas cuestiones remite a la lógica que caracterizó al período: pese a que el municipio fue para los regeneracionistas el espacio político por excelencia y pese a que el movimiento regenerador se preció de otorgarle a las localidades múltiples facultades para que pudieran gestionar por sí mismas todo lo concerniente al desarrollo local, la realidad es que esa vocación descentralizadora estuvo cimentada en un sistema de contrapesos que tenía como único propósito subordinar el ámbito distrital a los intereses del poder central.44 Tal proceder generó que Bogotá acabara instituyéndose, en concordancia

42 Palacios (2002) asegura que “el centralismo de la Regeneración se quedó en el papel” porque “la fórmula de la República unitaria contrapuesta al localismo de la República federal estuvo lejos de consumarse” (p. 271). Esta afirmación se pone en cuestionamiento al estudiar el problema desde la esfera local. 43 Se hace énfasis en las discusiones que dichos letrados fraguaron porque los argumentos, respuestas, discursos y normas que elaboraron fueron “instrumentos útiles” para “construir su propia legitimidad y construir el Estado” (Martínez, 2001, p. 532). Sobre este tema, también remitirse a Suárez Mayorga (2017a). 44 El término regeneracionistas pertenece a Alfredo Gómez Muller (2011).

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con su condición de capital nacional, en el símbolo por antonomasia de la centralización político-administrativa ejercida por el Estado.45 La situación descrita estimuló rápidamente que a finales del siglo xix se produjera el surgimiento de una correlación capital-país que paulatinamente adquirió dos dimensiones distintas: la regional, profesada desde las secciones que veían la ciudad como la personificación de la opresión y la corrupción estatal, y la local, enunciada desde la esfera bogotana como una crítica a los gobiernos regeneradores por erigir dicho paralelismo en un mecanismo de control sobre la administración municipal. Los defensores del orden, como historiográficamente se ha llamado a los regeneracionistas, incluso se encargaron de reforzar esa percepción porque les permitió justificar el carácter antimoderno de la nación que ellos pretendían erigir. La explicación previa permite comprender por qué Bogotá fue definida durante los decenios en estudio como “el cerebro y corazón de la República” (Suárez Mayorga, 2015, p. 217): en virtud de esa simbolización de la capital como reflejo del país, la ciudad quedó subordinada al poder central (con los efectos que esto tuvo en el espacio local, al obstaculizar que emprendiera su proceso de modernización urbana) y además se ganó el resentimiento de las regiones. La paradoja que encerró este devenir radicó en que la urbe no solo no fue la principal beneficiaria de la esfera nacional, sino que adicionalmente debió lidiar con los problemas originados a nivel departamental, al convertirse, según se denunciaba en la época, en la imagen más acabada de la ideología regeneracionista. Hay que agregar, sin embargo, que tanto en el Concejo de Bogotá como en los ámbitos desde los cuales se fraguaba la opinión pública (fundamentalmente la prensa y la academia), hubo quienes se opusieron enérgicamente a dicha lógica, accionar que a la larga generó que la lucha de los capitalinos por desligarse del vínculo indivisible que unía a la ciudad con el Gobierno

45 La centralización implementada por el movimiento regenerador fue ampliamente cuestionada en el período en estudio. Rafael Uribe Uribe llamó la atención sobre este punto en un discurso pronunciado el 3 de septiembre de 1910 con las siguientes palabras: “Los pueblos excesivamente centralizados son pueblos enfermos, porque la vida entera nacional se les agolpa á la cabeza como una congestión, y son los más expuestos á esas apoplejías fulminantes que se llaman revoluciones y golpes de Estado […]” (Uribe Uribe, 1910, p. 237).

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obrara como un motor de las demandas que se esgrimieron durante la Regeneración en lo concerniente a la necesidad de reformar la normatividad que regía a la esfera distrital. Interesa remarcar estos planteamientos porque las fuentes recopiladas demuestran que la sujeción a la que fue sometido el espacio local no fue fortuita, sino que se afincó en un principio nodal del accionar regenerador: el andamiaje institucional establecido en la Constitución de 1886 se asentó en la idea de Rafael Núñez de que el progreso moral (término entendido dentro de la estricta obediencia a la doctrina católica) era más importante que el progreso material, pues para el cartagenero la existencia del primero aseguraba tarde o temprano la consecución del segundo. Instituir “la estructura nacional íntegra sobre desnuda base de utilidad perecedera, a estilo de maquinaria destinada únicamente a cosas materiales” (Núñez, 1950, p. 57) era, a su modo de ver, conducir al país a un ambiente de anarquía e inestabilidad.46 “Muchas veces”, según lo expresaba, “la aparente riqueza material” era “origen de miseria” (Núñez, 1946, p. 179).47 Vale acotar, empero, que dicha conceptualización no era inédita, sino que hacía parte de una “matriz ideológica” que se propagó en Colombia “en la segunda mitad del siglo xix”, caracterizada por criticar “el progreso en forma más integral” (Melo, 2008, p. 4). En la terminología de Melo (2008): [Esa] crítica hace parte de una visión católica relativamente integral del mundo, que afirma que lo valioso para el hombre es la salvación y que la búsqueda de la felicidad en este mundo trae el pecado, [...] el demonio y la carne. Los valores espirituales son eternos, y no hay progreso en ellos, y es ingenuo buscar el progreso moral a través del avance de la 46 La cita pertenece al artículo titulado “La causa de las causas”; escrito aparentemente a comienzos de la década de 1890. 47 La cita pertenece al artículo denominado “Las crisis sociales” fechado el 31 de julio; posiblemente lo escribió entre 1890 y 1892. Rafael Núñez (1825-1894) es considerado la figura central de la Regeneración. Ejerció como presidente de Colombia de 1880 a 1882, de 1884 a 1886, de 1887 a 1892 y de 1892 a 1894. Según Melo (1989), él “no quiso residir en Bogotá ni ejercer directamente el mando, excepto en situaciones de crisis” (p. 53), por lo que Carlos Holguín (de 1888 a 1892) y Miguel Antonio Caro (de 1892 a 1898) fueron quienes gobernaron durante sus dos últimos períodos presidenciales. Esta situación no significó, empero, que el cartagenero perdiera su influencia sobre la política nacional, ya que los artículos que escribió hasta que murió en 1894 se convirtieron en una suerte de guía para quienes comulgaban con los principios regeneradores.

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organización de la sociedad. Transformar las instituciones es más bien un riesgo, porque amenaza la supervivencia de los valores católicos e hispánicos propios de la cultura nacional. La tradición, las costumbres y valores heredados son los que corresponden a nuestra manera de ser y deben ser defendidos. El progreso, la búsqueda de lo nuevo, las ideas extrañas y ajenas a la tradición, como el modernismo, el liberalismo, el protestantismo […] no constituyen un avance sino que son un cáncer que carcome la cultura y destruye el orden social. (pp. 4-5)

Finalmente, el último tópico que se estima relevante de examinar, en aras de encarar los tres interrogantes atrás enumerados, es cómo se comporta el ordenamiento municipal “en relación con la existencia de regímenes federales o unitarios”, sondeo que resulta crucial para determinar cuál es “su incidencia en el cumplimiento de los roles locales” (Clichevsky, 1990, p. 501).48 Indagar sobre este aspecto es fundamental para discurrir sobre el caso colombiano, porque permite dilucidar cómo estaban distribuidos los poderes en el sistema administrativo bogotano y cuál era el grado de intervención en el entorno distrital que la propia legislación le otorgaba al gobierno central. Lo que al respecto se quiere remarcar es que el ordenamiento político implementado con la aprobación de la Constitución de 1886 hizo posible que el recelo sentido en las regiones hacia la ciudad se erigiera en un componente primordial, tanto de los movimientos separatistas que aparecieron en la época, como de la petición realizada desde ciertos sectores de la opinión pública de regresar al sistema federalista. Las contrariedades suscitadas en razón de este devenir encarnan sin duda alguna un testimonio palmario de que Bogotá fue la principal perjudicada del centralismo regenerador.

48 Para profundizar en esta cuestión en el contexto latinoamericano de finales del siglo xx remitirse a Roberts (2005).

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Prostitución y “mujeres públicas” en Bogotá, - andrés olivos lombana La ciudad de los conquistadores germán mejía pavony “Señores del muy ilustre Cabildo” Diccionario biográfico del capítulo municipal de Santa Fe (-) ainara vázquez varela y juana maría marín leoz Por los caminos del Rionegro Historia del Ferrocarril de Cundinamarca, - oswaldo escobar muriel

Adriana María Suárez Mayorga es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Historia e historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Ha sido becaria de la aeci, de la Fundación Carolina

Bogotá en la lógica de la Regeneración (1886-1910)

Otros títulos

En este libro se trata el papel que tuvo el municipio capitalino en la conformación del Estado nacional, en el periodo dominado por la Regeneración de fines del siglo xix y comienzos del xx. Este tema es abordado por la autora de un modo muy original, mediante un novedoso cruce de diferentes perspectivas historiográficas: historia urbana, historia política, historia cultural, historia de la administración pública, las cuales maneja con precisión, soltura y erudición. A Bogotá, como capital, le correspondió ser centro neurálgico de una propuesta enormemente contradictoria que, tras un discurso descentralizador, produjo una república fuertemente unitaria. Esto convirtió a la ciudad en una suerte de doble víctima: por una parte, le impidió desarroar políticas autónomas que se tradujeran en una modernización urbana, como la que estaban experimentando otras capitales del continente; por otra parte, eso no fue percibido a nivel nacional. El resultado fue que las otras ciudades y regiones colombianas vieron a Bogotá como una beneficiaria directa del régimen. Los conflictos y las lu as por la autonomía urbana que este trabajo revela por primera vez, como el carácter “moral” de la resistencia regeneracionista a la modernización urbana, cuentan sin duda entre lo más innovador que la doctora Suárez Mayorga aporta a la historiografía colombiana y latinoamericana. Adrián Gorelik

y de la Universidad Nacional de Colombia. Como investigadora, se ha especializado en la historia urbana bogotana y latinoamericana de finales del siglo xix y comienzos del xx; como docente universitaria, se ha especializado en historiografía y metodología de la investigación. Es autora de diferentes publicaciones, de las cuales cabe destacar tres libros: La escenificación del poder en el espacio urbano capitalino, -. La lógica urbana de Bogotá a finales del siglo xix y comienzos del xx (); Tras las hueas de la política exterior española del siglo xviii (); y La ciudad de los elegidos. Crecimiento urbano, jerarquización social y poder político. Bogotá, - (). Es miembro fundador de la Red Colombiana de Historia Urbana.

Adriana María Suárez Mayorga

Adriana María Suárez Mayorga

Colección Historia de Bogotá

Bogotá en la lógica de la Regeneración (1886-1910) El municipio en el Estado forjado por el movimiento regenerador

Imágenes de cubierta: Plano de Bogotá realizado por Alfred Hettner. Bogotá, - y Plano de la ciudad de Bogotá realizado por la Secretaría de Obras Públicas Municipales, . American Geographical Society Library.


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Bogotá en la lógica de la Regeneración (1886-1910) by PUJaveriana - Issuu