INFORMES COVID-19
Personas con discapacidad y sus derechos frente a la pandemia de COVID-19: que nadie se quede atrás Enero de 2021
Introducción1 Desde marzo de 2020, en América Latina y el Caribe se viene enfrentando una crisis sanitaria, social y económica debida a la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Esta crisis ha profundizado las desigualdades que ya había en los países, ha revelado hasta qué punto están excluidos los grupos más vulnerables de la población y ha visibilizado la urgencia de incluir a las personas con discapacidad en las medidas de política pública que se tomen a corto, mediano y largo plazo (CEPAL, 2020a y 2020b; CEPAL/OPS, 2020). En la región hay alrededor de 70 millones de personas con discapacidad: ellas constituyen uno de los grupos más excluidos de nuestra sociedad y se encuentran entre las más afectadas por esta pandemia. Antes de esta crisis sanitaria, las personas con discapacidad ya tenían menos probabilidades de participar en la comunidad y de acceder a la atención sanitaria, la educación y el empleo. Una proporción importante de ellas vive en la pobreza, está expuesta a tasas de violencia, abandono y abuso más elevadas que el resto de la población, y se encuentra entre los grupos más marginados de las comunidades cuando estas se enfrentan a una crisis.
Introducción A. Instrumentos internacionales en que se protegen los derechos de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo humanitario B. Panorama sociodemográfico de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe antes de la pandemia C. Recomendaciones sobre las acciones de política pública Bibliografía
Las personas con discapacidad resultan más afectadas debido a las barreras actitudinales, institucionales y del entorno, que se reproducen en la respuesta al COVID-19. Además, muchas personas con discapacidad tienen afecciones de salud preexistentes que las hacen más susceptibles de contraer el virus y de tener síntomas más graves al infectarse, lo que conduce a tasas elevadas de mortalidad. En este contexto, se debe reforzar el mensaje internacional hacia los Estados para que todas las acciones que atañen a las personas con discapacidad se lleven a cabo desde el enfoque de los derechos, a fin de asegurar que nadie se quede atrás, ni tampoco fuera de las estrategias de mediano y largo plazo pospandemia. Se debe fortalecer la protección de los derechos de estas personas, considerando la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. En esos instrumentos se coloca a las personas con discapacidad en el centro, y se entiende que estas son sujetos de derechos que deben participar en todas las etapas de las medidas que toman los Estados, desde la planificación y la implementación hasta la rendición de cuentas. La información estadística actualizada sobre las personas con discapacidad escasea en la región, más aún cuando se requiere información asociada a cómo ha evolucionado el COVID-19 en este grupo de población. No se cuenta con datos desagregados por discapacidad, lo que dificulta los análisis y la toma de decisiones durante esta crisis y en las instancias posteriores de reactivación. 1
La información empleada para la elaboración de este documento, salvo que se indique otra cosa, es la disponible hasta el 30 de septiembre de 2020.
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