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Informe

COVID-19 CEPAL-UNICEF Diciembre de 2020

Protección social para familias con niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe Un imperativo frente a los impactos del COVID-19

Índice Introducción...................................................... 1 A. El papel de una protección social sensible a la infancia en el contexto de la actual crisis.......................................... 2 B. Protección social de las familias con niños, niñas y adolescentes frente al COVID-19: sistemas de protección social antes y durante la pandemia................................. 3 C. Propuestas para la protección social de familias con niños, niñas y adolescentes en la región frente al impacto de la pandemia........................................... 10 D. Reflexiones finales..................................... 17 Bibliografía...................................................... 17 Anexo A1......................................................... 20

La información empleada para la elaboración de este documento, salvo que se indique otra cosa, es la disponible hasta el 10 de julio de 2020.

COVID-19 Gráfico 4 | América Latina (18 países): estimación del costo adicional de una transferencia monetaria equivalente a una línea de pobreza extrema y a una línea de pobreza para enfrentar el impacto de la pandemia de COVID-19, población de 0 a 4 años y de 0 a 17 años en situación de pobreza, según duracióna (En porcentajes del PIB)

5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

2,82

1,5 1,0 0,5 0

0,53

0,06

0,27 0,13 0,01 0,09 0,03 0,37 0,37 0,19 0,09 0,19 Tres Seis Un año Tres Seis Un año meses meses meses meses Línea de pobreza extrema Línea de pobreza Población de 0 a 4 años Gasto adicional

1,14 1,41 0,57 0,71 0,29 0,37 0,37 0,19 0,19 0,09 0,09 Tres Seis Un año Tres Seis Un año meses meses meses meses Línea de pobreza extrema Línea de pobreza Población de 0 a 17 años

Gasto en programas de transferencias condicionadasb

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estimaciones sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG); Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva en América Latina y el Caribe [en línea] http://dds.cepal.org/ bdptc/; Naciones Unidas, World Population Prospects 2019 [base de datos en línea] https://population.un.org/wpp/DataQuery/. a Estimaciones basadas en una caída del 9,1% del PIB en 2020 y considerando una población total en situación de pobreza de 230,9 millones en el mismo año. No se toman en cuenta los costos administrativos necesarios para efectuar las transferencias. Los países incluidos son: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). Para la estimación del costo adicional se consideraron las estimaciones y proyecciones de población de World Population Prospects 2019 y ajustes según la cobertura de las encuestas de hogares. b Gasto en programas de transferencias condicionadas en 16 países de América Latina en 2018 como porcentaje del PIB de ese año a precios corrientes en dólares, a partir de la información de la Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva en América Latina y el Caribe de la CEPAL.

Para el promedio regional, si se descuenta lo que los países ya invierten en transferencias

condicionadas, transferir el equivalente a una línea de pobreza extrema a la población de 0 a 4 años en situación de pobreza como porcentaje del PIB implicaría una inversión adicional de apenas el 0,01% si fuera por tres meses, del 0,03% por seis meses y del 0,06% si fuera por un año. Si la transferencia llegara a la línea de pobreza, la inversión adicional representaría el 0,13%, el 0,27% y hasta el 0,53% por 3, 6 o 12 meses, respectivamente. En el caso de la población de entre 0 y 17 años en situación de pobreza, transferir el equivalente a una línea de pobreza extrema supondría una inversión adicional del 0,29% del PIB si fuera por tres meses, del 0,57% si fuera por seis meses y del 1,14% si fuera por un año. Por otra parte, el costo adicional de transferir el equivalente a una línea de pobreza sería del 0,71% del PIB si fuera por tres meses, del 1,41% si fuera por seis meses y del 2,82% si fuera por un año (véase el gráfico 4).

El gráfico 5 presenta el esfuerzo fiscal que se necesita para transferir una línea de pobreza a

niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años en situación de pobreza durante seis meses. Esto varía de un país a otro y se estrecha al considerar lo que los países ya están ejecutando en materia de programas de transferencias condicionadas en un período similar. El gasto adicional estimado para financiar una medida de este tipo oscila entre el 0,28% del PIB en Chile y el 6,19% del PIB en Honduras19. Si la transferencia fuera equivalente a una línea de pobreza extrema, este gasto adicional representaría entre el 0,06% en Chile y el 3,04% en Nicaragua (véase el gráfico 6).

En los gráficos 5 y 6 no se incluye al Uruguay pues, dado el nivel de la inversión que este país realiza en los programas de transferencias monetarias y los bajos niveles de pobreza, no sería necesario realizar inversiones adicionales para implementar esta medida.

Gráfico 5 | América Latina (18 países): estimación del costo adicional de una transferencia monetaria equivalente a una línea de pobreza por seis meses para enfrentar el impacto de la pandemia de COVID-19, población de 0 a 17 años en situación de pobreza, por países y promedio regionala b (En porcentajes del PIB) 7 6 5 4 6,19

Gasto adicional

0,12

0,18

0,00

0,43 0,03

México

Nicaragua

Panamá

0,96 0,10

0,67 0,07

1,21

1,41

0,16

0,19 América Latina

0,03

Rep. Dominicana

0,10

Honduras

2,14

Perú

3,43

Guatemala

0,55 0,10

2,32 El Salvador

1,00 0,11

Ecuador

Bolivia (Est. Plur. de)

0,28 0,14

Costa Rica

0,11

Argentina

0,31

0,70 0,22

1,17 0,11

Colombia

3,08

Chile

2,97

Brasil

5,83

Paraguay

Gasto en programas de transferencias condicionadas c

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estimaciones sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG); Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva en América Latina y el Caribe [en línea] http://dds.cepal.org/ bdptc/; Naciones Unidas, World Population Prospects 2019 [base de datos en línea] https://population.un.org/wpp/DataQuery/. a Promedio ponderado de 18 países: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). b Estimaciones basadas en una caída del 9,1% del PIB en 2020 y considerando una población total en situación de pobreza de 230,9 millones en el mismo año. Para la estimación del costo adicional se consideraron las estimaciones y proyecciones de población de World Population Prospects 2019 y ajustes según cobertura de las encuestas de hogares. No se toman en cuenta los costos administrativos necesarios para efectuar las transferencias. c Gasto en programas de transferencias condicionadas en 2018 como porcentaje del PIB de ese año a precios corrientes en dólares, a partir de la información de la Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva en América Latina y el Caribe de la CEPAL. El promedio para América Latina considera el agregado regional para 16 países.

Gráfico 6 | América Latina (18 países): estimación del costo adicional de una transferencia monetaria equivalente a una línea de pobreza extrema por seis meses para enfrentar el impacto de la pandemia de COVID-19, población de 0 a 17 años en situación de pobreza, por países y promedio regionala b (En porcentajes del PIB) 3,5 3,0 2,5 2,0

Gasto adicional

1,37

0,10

0,03

0,12

0,18

0,00

0,22 0,03

0,46 0,10

0,28 0,07

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

0,91

0,58

0,57

0,16

0,19 América Latina

1,04

México

0,61 0,11

Honduras

0,19 0,10

Guatemala

0,47 0,11

El Salvador

0,06 0,14

Ecuador

0,19 0,22

Costa Rica

0,11 Bolivia (Est. Plur. de)

0,31 Argentina

0,5

Colombia

1,64

Chile

1,04

Brasil

1,0

3,04

2,77

Rep. Dominicana

1,5

Gasto en programas de transferencias condicionadas c

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estimaciones sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG); Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva en América Latina y el Caribe [en línea] http://dds.cepal.org/ bdptc/; Naciones Unidas, World Population Prospects 2019 [base de datos en línea] https://population.un.org/wpp/DataQuery/. a Promedio ponderado de 18 países: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). b Estimaciones basadas en una caída del 9,1% del PIB en 2020 y considerando una población total en situación de pobreza de 230,9 millones en el mismo año. Para la estimación del costo adicional se consideraron las estimaciones y proyecciones de población de World Population Prospects 2019 y ajustes según cobertura de las encuestas de hogares. No se toman en cuenta los costos administrativos necesarios para efectuar las transferencias. c Gasto en programas de transferencias condicionadas en 2018 como porcentaje del PIB de ese año a precios corrientes en dólares, a partir de la información de la Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva en América Latina y el Caribe de la CEPAL. El promedio para América Latina considera el agregado regional para 16 países. 12

COVID-19 2. Respuestas de mediano y largo plazo en materia de protección social para resguardar el bienestar de niños, niñas y adolescentes Pese a los avances de las últimas décadas, los sistemas de protección social aún enfrentan

retos para cubrir a niños, niñas y adolescentes y sus familias en América Latina y el Caribe. La crisis producida por la pandemia reafirma la necesidad de continuar fortaleciendo la inversión en estas políticas a partir de la incorporación de una perspectiva universal y sensible a la niñez y la adolescencia en los sistemas de protección social de la región (CEPAL, 2020c; Rubio y otros, 2020).

El fortalecimiento de las transferencias monetarias a familias con hijos y la garantía de un nivel

de ingresos fundamental para el consumo deben ser prioridad en la agenda de la protección social de los próximos años. Estas se consideran medidas clave para resguardar el bienestar de esta población, tanto en un contexto de respuesta de emergencia como en un horizonte de recuperación y desarrollo que permita, no solo no comprometer el desarrollo integral de sus capacidades, sino promoverlo, además de apoyar la reactivación y los efectos multiplicadores en la economía. Más allá de los apoyos de emergencia, es necesario consolidar las transferencias monetarias para la niñez de manera más amplia y permanente, en virtud de los extendidos niveles de vulnerabilidad que enfrentan los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, y también las familias de los sectores de ingresos bajos no pobres y de ingresos mediosbajos (CEPAL, 2019 y 2020d). Esto podría concretarse mediante una transferencia universal para la niñez que llegue a todas las familias con niños y adolescentes. Dados los efectos de la crisis sanitaria, económica y social en esta población y sus familias como consecuencia de la pandemia, pensar en una transferencia de esta naturaleza en el mediano plazo no es imposible. Como ha señalado el Secretario General de las Naciones Unidas, ante la creciente incidencia de la pobreza en la infancia, podría contemplarse una transferencia universal por niño y niña como paso hacia una política permanente de ingreso básico universal, bajo una nueva orientación del modelo de desarrollo durante la recuperación (Naciones Unidas, 2020).

A nivel regional, transferir una línea de pobreza extrema o una línea de pobreza a todos los

niños y niñas de 0 a 4 años implicaría un gasto adicional de entre un 0,41% y un 1,31% del PIB (véase el gráfico 7). En tanto, establecer una transferencia universal para la población de 0 a 17 años implicaría un gasto adicional de entre el 2,49% y el 5,75% del PIB, dependiendo de si se transfiere una línea de pobreza extrema o una línea de pobreza. Un análisis más detallado del costo de una transferencia universal para la población de 0 a 4 años muestra que el esfuerzo fiscal adicional necesario para su financiamiento sería inferior al 1% del PIB en seis de los países o bordearía esa cifra (véase el gráfico 8). El porcentaje más bajo sería el del Uruguay (un 0,39% del PIB), en tanto que en Honduras y Nicaragua podría llegar a significar alrededor del 5% del PIB.

Tanto la CEPAL como UNICEF vienen planteando desde hace tiempo la importancia de avanzar

en la consolidación de la garantía de un nivel de ingresos básico para lograr una protección social inclusiva. En los documentos presentados en sus períodos de sesiones, así como en la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, la CEPAL (2010, 2017 y 2018a) ha analizado los costos y beneficios de la universalización de las transferencias monetarias no contributivas del Estado y ha examinado la pertinencia y viabilidad de la propuesta del ingreso básico20. A su vez, la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo propone “avanzar en la consolidación de la garantía de un nivel de ingresos básico para todas las personas, priorizando a las personas en situación de pobreza y extrema pobreza” (CEPAL, 2020c, pág. 32), incluida la evaluación de “la conveniencia y la factibilidad de incorporar de manera gradual y progresiva una transferencia universal para la infancia y el ingreso básico de ciudadanía” (CEPAL, 2020c, pág. 32), junto con el aseguramiento de que las prestaciones de los sistemas de protección social incorporen una perspectiva sensible a la niñez. Más recientemente, en relación con los debates que se han abierto a causa de la pandemia de COVID-19 y el necesario fortalecimiento del Estado de bienestar, la CEPAL (2020d, pág. 15) ha propuesto “avanzar hacia un ingreso básico universal que se debe implementar gradualmente en un período definido de acuerdo con la situación de cada país”.

El ingreso básico universal puede ser entendido como un pago universal, regular e incondicional del Estado a la ciudadanía, bajo diversos enfoques y modalidades. Véanse más detalles en CEPAL (2017 y 2018a).

Gráfico 7 | América Latina (18 países): estimación del costo anual adicional de una transferencia monetaria universal equivalente a una línea de pobreza y una línea de pobreza extrema, población de 0 a 4 años y de 0 a 17 añosa (En porcentajes del PIB) 7 6 5 4 5,75

3 2 2,49 1,31

1 0

0,41 0,37 Línea de pobreza extrema

0,37 Línea de pobreza

0,37 Línea de pobreza extrema

Población de 0 a 4 años

0,37 Línea de pobreza

Población de 0 a 17 años

Gasto adicional

Gasto en programas de transferencias condicionadasb

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estimaciones sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG); Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva en América Latina y el Caribe [en línea] http://dds.cepal.org/ bdptc/; Naciones Unidas, World Population Prospects 2019 [base de datos en línea] https://population.un.org/wpp/DataQuery/. a Estimaciones basadas en una caída del 9,1% del PIB en 2020 y considerando una población total en situación de pobreza de 230,9 millones en el mismo año. Los países incluidos son: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). Para la estimación del costo adicional, se consideraron las estimaciones y proyecciones de población de World Population Prospects 2019 y ajustes según cobertura de las encuestas de hogares. No se toman en cuenta los costos administrativos necesarios para efectuar las transferencias. b Gasto en programas de transferencias condicionadas en 16 países de América Latina en 2018 como porcentaje del PIB de ese año a precios corrientes en dólares, a partir de la información de la Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva en América Latina y el Caribe de la CEPAL.

Gráfico 8 | América Latina (18 países): estimación del costo anual adicional de una transferencia monetaria universal equivalente a una línea de pobreza para la población de 0 a 4 años, por países y promedio regionala b (En porcentajes del PIB) 6 5 4 3

0,00

Panamá

Gasto adicional

0,19

0,13

0,33

0,39 0,47

1,31 0,37 América Latina

0,35

1,16

Uruguay

0,24

1,38

Rep. Dominicana

0,06

1,50

Perú

0,21

Nicaragua

Chile

0,23

0,86 0,05

México

Brasil

0,22

1,69

Honduras

0,43

0,85 0,20

Guatemala

0,22

1,05

3,22

El Salvador

0,63

0,63 0,28

Bolivia (Est. Plur. de)

0,73 Argentina

2,87 1,77

Ecuador

Paraguay

3,59

Costa Rica

2,79

Colombia

5,45

4,88

Gasto en programas de transferencias condicionadas c

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estimaciones sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG); Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva en América Latina y el Caribe [en línea] http://dds.cepal.org/ bdptc/; Naciones Unidas, World Population Prospects 2019 [base de datos en línea] https://population.un.org/wpp/DataQuery/. a Promedio ponderado de 18 países: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). b Estimaciones basadas en una caída del 9,1% del PIB en 2020 y considerando una población total en situación de pobreza de 230,9 millones en el mismo año. No se toman en cuenta los costos administrativos necesarios para efectuar las transferencias. Para la estimación del costo adicional, se consideraron las estimaciones y proyecciones de población de World Population Prospects 2019 y ajustes según cobertura de las encuestas de hogares. c Gasto en programas de transferencias condicionadas en 2018 como porcentaje del PIB de ese año a precios corrientes en dólares, a partir de la información de la Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva en América Latina y el Caribe de la CEPAL. El promedio para América Latina considera el agregado regional para 16 países.

COVID-19 Por su parte, UNICEF ha planteado la importancia de avanzar hacia la universalización de la

protección social para la infancia y la adolescencia, y considera que una transferencia monetaria universal para la niñez es un mecanismo que puede contribuir al logro de este objetivo, bajo ciertas condiciones (OIT/UNICEF, 2019; ODI/UNICEF, 2020). Esta consiste en una transferencia en efectivo universal o cuasiuniversal para la población de niños, niñas y adolescentes, incondicional y pagada regularmente. Las transferencias de efectivo a los hogares con hijos se apartan de este esquema cuando incluyen elementos de focalización distintos de la edad y residencia legal o ciudadanía, condicionalidades, o cuando se pagan de manera puntual u ocasional. Esta transferencia se propone como parte de un “paquete” de beneficios que pueden incluir el acceso a otros servicios sociales, prestaciones en especie, deducciones fiscales o subsidios, y que tienen por objeto ayudar a padres y madres con el costo de la crianza de los hijos para asegurar oportunidades equitativas de desarrollo sin importar las condiciones o circunstancias del hogar en el que hayan nacido. De ahí la importancia de su carácter universal.

En el contexto del COVID-19, en que la urgencia de una respuesta oportuna llevó a los Gobiernos

de la región a crear diversos programas de emergencia, tanto la CEPAL (2020d) como Rubio y otros (2020) han destacado la inédita extensión de la cobertura de la protección social resultante y han recomendado desde el inicio de la pandemia la necesaria reflexión sobre la universalidad en estas transferencias. La pandemia ha evidenciado que la cobertura de la protección social es incompleta y debe ampliarse y adaptarse a situaciones de emergencia utilizando los mecanismos de registro existentes, que en general fueron pensados para personas en situación de pobreza, pero que no alcanzan a cubrir los amplios segmentos de la población afectada por la pandemia. Frente a la debilidad de los mecanismos operacionales para poder llegar rápido y con suficiencia a otorgar, en virtud de los programas existentes, una protección básica a la población afectada por el COVID-19, la universalización de estas transferencias es una medida pragmática que responde al imperativo del Estado de satisfacer las necesidades básicas de la población cuyos medios de vida han sido afectados por las medidas de contención a corto plazo. Ahora bien, pasada la respuesta inicial, Rubio y otros (2020) reconocen que esta respuesta innovadora, histórica y sin precedentes constituye un importante avance hacia la integralidad y universalización de los sistemas de protección social, y a su adaptabilidad a situaciones de emergencia, que coexiste con los programas regulares orientados a distintas poblaciones y con distintos mecanismos de selección y focalización. La necesaria reflexión acerca de cómo transitar desde la respuesta inicial —en que los programas de transferencias coexisten con transferencias de emergencia temporales y de amplia cobertura— hacia un futuro escenario de reactivación que, sin duplicar programas, provea la cobertura que se necesita en un nuevo escenario de mayor pobreza y vulnerabilidad, y represente un avance hacia mejores sistemas de protección social sobre la base de lo avanzado en la pandemia, pone a la universalidad en el centro del debate. Esta propuesta sería, sin duda, una retórica, en ausencia de escenarios de modernización de la política social regional, basados en la identificación de los espacios fiscales nacionales, ya sea a través de la racionalización del gasto o de medidas que apuntalen los ingresos fiscales con vistas a un financiamiento solidario de la protección social.

El salto de pasar a transferencias universales presenta una oportunidad, y también un desafío,

en cuanto al necesario fortalecimiento de los sistemas de información social y registros de destinatarios en la región, de manera de alcanzar los niveles de cobertura necesarios. También demanda un enorme esfuerzo fiscal. Sin perjuicio de que el camino que los países puedan recorrer sea diverso, además de gradual, y de que los marcos temporales también varíen en virtud de la situación de cada país, el avance progresivo hacia un ingreso básico universal (CEPAL, 2020c) que cubra a toda la población es central para que los países de la región puedan empezar a superar la lógica dual que hoy protege con prestaciones de distinta naturaleza, calidad y suficiencia a diversas poblaciones de niños, niñas y adolescentes. Una transferencia universal e incondicional para la infancia también cobra más sentido en momentos en que es necesario repensar las condicionalidades asociadas a los programas de transferencias monetarias, su viabilidad y funcionamiento, teniendo como principal foco la realización de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El fortalecimiento de las transferencias no contributivas no debe invisibilizar la importancia

de continuar impulsando una perspectiva integral de la protección social, con sus diversos componentes y funciones, incluidos los mecanismos tendientes a garantizar el acceso a servicios básicos, a políticas de cuidado y al trabajo decente. Esto es particularmente relevante para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y el abordaje de las desigualdades que les afectan. En este contexto, es posible identificar una agenda de políticas que incluye diversas intervenciones adicionales.

En primer lugar, es clave continuar reforzando el componente contributivo de los sistemas

de protección social y, a través de ellos, protegiendo en forma específica a las familias con

niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo la capacidad de respuesta para crisis venideras. Esto implica seguir avanzando en el establecimiento de medidas básicas de protección que hoy son minoritarias en la región, como el seguro de desempleo y las licencias parentales. En relación a estas últimas, la región debe abrirse a la posibilidad de establecer permisos parentales exclusivos para los padres a fin de fomentar su participación en el cuidado (IPC-IG/UNICEF, 2020). En segundo lugar, en un horizonte de sistemas universales e integrales de protección social, es

clave fortalecer las sinergias entre una política de transferencias y el acceso a servicios básicos, tanto los referidos a la vivienda (agua, saneamiento, electricidad, Internet) como servicios sociales (educación, salud, protección de la infancia y servicios de cuidado). En el contexto actual, urge visibilizar y abordar las brechas en el acceso a prestaciones clave. También debe tenerse presente que los aumentos rápidos en la cobertura exigen a los servicios en términos de calidad y, si no son acompasados, terminan por generar servicios estratificados e incluso segregados. El desafío de la calidad en los servicios exige ahondar en estos procesos de estratificación para corregir desigualdades que hoy dan lugar a brechas de acceso, cobertura, calidad y resultados (Rossel, Filgueira y Rico, 2015), lo que también ha tenido implicancias en la capacidad de respuesta frente a la pandemia. Asimismo, será necesario reforzar acciones coordinadas en materia de salud, educación y seguridad alimentaria para hacer frente a los impactos que la crisis puede tener en la malnutrición infantil. En este sentido, se ha destacado la importancia de reforzar los programas de alimentación escolar para garantizar la alimentación de niños, niñas y adolescentes durante la crisis sanitaria (CEPAL/FAO, 2020), además de implementar un bono contra el hambre para la población en situación de extrema pobreza (CEPAL/FAO, 2020; Naciones Unidas, 2020). La CEPAL ha estimado que este bono, equivalente al 70% de una línea regional de pobreza extrema, significaría un 0,52% del PIB regional (CEPAL, 2020a). Además, debe considerarse que los servicios de cuidado y los centros educativos pueden cumplir una función central en la articulación con los mecanismos de protección especial y los programas de salud mental, de importancia medular frente a los impactos que la pandemia puede ocasionar en niños, niñas y adolescentes.

En tercer lugar, las políticas que operan sobre la corresponsabilidad de los cuidados, tanto a

través de las licencias laborales como de los servicios de cuidado y desarrollo infantil temprano, deben convertirse en un objetivo estratégico para el logro de la igualdad en la región. Pese a que muchos países han logrado avances en este plano, incluso antes del COVID-19, la región tenía pendiente el fortalecimiento de los sistemas de cuidado y las políticas de apoyo a las familias. Por ejemplo, en IPC-IG/UNICEF (2020) se señala que solo cinco países de la región alcanzan las 18 semanas de licencia de maternidad recomendadas por la Recomendación sobre la Protección de la Maternidad, 2000 (núm. 191) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para garantizar el nivel básico de protección de la maternidad. Las licencias de paternidad, cuando existen, no superan los cinco días en la mayoría de los casos, y los permisos parentales remunerados son poco comunes. Pero esto va más allá, ya que en la región, los trabajadores del sector informal y sus familias por lo general no acceden a estas políticas de apoyo familiar que, en épocas del COVID-19, son una vía adicional de protección social y se vuelven esenciales en un momento de grave crisis en los sistemas de cuidado. Cabe recordar que la tarea de cuidado recae sobre todo en la mujer, lo que profundiza las desigualdades de género preexistentes e incluso pone en riesgo su salida del mercado laboral por razones de cuidado.

En cuarto lugar, aunque es necesario invertir en todas las etapas de la niñez y la adolescencia, el

desarrollo de intervenciones en la primera infancia debe constituir una prioridad. Es fundamental seguir avanzando en el fortalecimiento de las intervenciones en el embarazo y los primeros meses y años de vida, así como en políticas de “acogida” al recién nacido (Rossel, Filgueira y Rico, 2015).

En quinto lugar, hoy más que nunca es necesario desplegar políticas sensibles a las desigualdades

y a las diferencias, tendientes a la universalización de los derechos (CEPAL, 2016). Es preciso renovar la apuesta para mejorar el acceso duradero a oportunidades para las familias con niños, niñas y adolescentes, poniendo como centro el desarrollo de habilidades y el acceso a políticas alineadas con un Estado de bienestar. La priorización de estos sectores implica reforzar la inversión orientada a potenciar las oportunidades para familias migrantes, indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad.

COVID-19 D. Reflexiones finales La pandemia está produciendo impactos negativos profundos en las economías y sociedades

latinoamericanas y caribeñas. Es esperable que en este proceso, la infancia y la adolescencia, que siempre han estado sobrerrepresentadas en la pobreza y la extrema pobreza en la región, se vean especialmente afectadas. Esto exige una atención urgente y prioritaria por parte de los países para evitar una nueva década perdida en la región y que su bienestar se considere de manera medular en el nuevo contrato social que se consolide en el período de recuperación.

La contracción económica esperada para 2020 es la peor de la historia reciente en la región

(CEPAL, 2020e). En este contexto de crisis, y frente a los impactos previstos, es crucial avanzar en acuerdos de amplio espectro que permitan resguardar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. El fortalecimiento de sistemas universales de protección social sensibles a los derechos de la infancia cobra una importancia estratégica en esta agenda para hacer realidad una región que apueste por la igualdad y los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Esto exige poner en marcha intervenciones prioritarias frente a la crisis, en que sea prioritario proteger los ingresos de los hogares con niños, niñas y adolescentes, posibilitando su acceso a bienes básicos. En el mediano y largo plazo, establecer una garantía de ingresos seguirá siendo una apuesta clave para su bienestar, junto con los mecanismos que aseguren su acceso a servicios básicos y sociales de calidad, y la expansión de la cobertura de las prestaciones asociadas a la seguridad social, con atención a las diversas expresiones de la desigualdad.

Para llevar adelante estas acciones será preciso resguardar la inversión en protección social

para niños, niñas, adolescentes y sus familias, y apostar por su fortalecimiento en el período de recuperación. Tomar como referencia los aprendizajes que dejaron las crisis pasadas, en particular la de los años ochenta y la última registrada en 2008, es clave para evitar efectos sociales devastadores. Las medidas anticíclicas articuladas por los Gobiernos de la región ante la crisis de 2008 permitieron, junto con el desarrollo de políticas de mercado laboral y de protección social, mitigar sus efectos sobre los ingresos y sentar las bases para una recuperación rápida. Además, la última crisis fue clave para generar avances institucionales, con el establecimiento de nuevas políticas largamente postergadas que permitieron proteger a sectores de la población antes desprotegidos y, al mismo tiempo, promover el empleo y la formalización laboral (OIT/Banco Mundial, 2013). En cambio, la crisis de la deuda de los años ochenta y el ajuste estructural de la época se tradujeron en incrementos significativos de los niveles de pobreza, con consecuencias negativas muy profundas en el bienestar de la niñez (Cornia, Jolly y Stewart, 1987). La región demoró 25 años en retornar a los niveles de pobreza previos a dicha crisis (CEPAL, 2020d).

La consolidación de sistemas universales de protección social sensibles a los derechos de la

niñez, que incluyan una garantía de ingresos para la infancia, es una apuesta fundamental para una región que no puede arriesgar su bienestar ni exponerlo a nuevos embates sin contar con respuestas pertinentes y oportunas. Por esta razón, es fundamental resguardar niveles adecuados de gasto social, reforzando aún más la inversión en la infancia y la adolescencia en este momento de crisis y en el horizonte del avance hacia la construcción de Estados de bienestar.

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