Han pasado 30 años desde la adopción del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, a pesar de que los Estados de América Latina reconocieron plenamente los derechos de los pueblos indígenas, este continúa siendo uno de los colectivos con mayor rezago en materia económico-social, aun cuando la región ha logrado grandes avances en este ámbito.
Un importante reto que enfrenta la región es la construcción de sociedades pluriculturales, inclusivas, equitativas y no discriminatorias. En este escenario, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye una oportunidad para la plena inclusión de los pueblos indígenas, que conlleva el desafío de comprender el paradigma del buen vivir, tanto para repensar el modelo de desarrollo vigente como también por sus implicaciones en la garantía de los derechos de estos pueblos.
