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BOLIVIA · AÑO 1 · MES 11 · EDICIÓN # 265 www.publiagro.com.bo P8

INTERCULTURALES Y CAMPESINOS AFINES AL MAS SON DUEÑOS DE 24,8 MILLONES DE HECTÁREAS DE TIERRAS

P 14 CAO PROPONE IMPLEMENTAR UN PLAN DE REACTIVACIÓN AGROPECUARIA ANTES DE QUE BAJE LA PRODUCCIÓN

MARTES

ABRIL.2021

P 12

AGRÍCOLA

Periódico Digital AGROPECUARIO

STAFF Directora General Karina Vázquez Hurtado kvasquez@publiagro.com.bo 776-12072 Gerente General Enrique Anzoátegui Tapia eanzoategui@publiagro.com.bo 773-86057 Periodista Duda Alejandra Anzoátegui prensa2@publiagro.com.bo 78561710 Diseño y Diagramación Carlos M. Chipana Castro diseno2@publiagro.com.bo Fotografías Publiagro - Archivos Dirección Urbanización Los Mangales Calle 3 Casa 13-B www.publiagro.com.bo

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PECUARIA

Carne: dura crítica de productores autoconvocados a una intervención Para la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados, ya hubo medidas en el pasado que no tuvieron los resultados esperados y sólo afectaron a la ganadería. Para la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados, ya hubo medidas en el pasado que no tuvieron los resultados esperados y sólo afectaron a la ganadería. char lo transformamos en carne). A su vez tiene que afrontar pérdidas por mortandad previstas para cada etapa. En todo este proceso de cría, recría y engorde de los animales interactúan un grupo de trabajadores profesionales, técnicos y prácticos. Por otro lado, y no es un hecho menor, se suman a la cadena de comercialización, los intermediarios, los cuales encarecen más el producto sin producir nada. En definitiva, tres años, contra 6 a 7 meses de una cosecha”, apuntaron.

roductores autoconvocados criticaron con dureza la posibilidad de que el Gobierno intervenga en el mercado de la carne vacuna. La semana pasada, entre otras medidas, el Gobierno anunció la creación de un registro para exportar. En tanto, Paula Español, secretaría de Comercio, amenazó con subir las retenciones al producto. “Nuevamente los kirchneristas justificando el aumento de la carne propo-

nen intervenir el mercado. Lamentablemente, los que quieren hacerlo son personajes que jamás en la vida han producido nada”, indicó la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados. “El kirchnerismo es y será una máquina de hacer pobres y crear clientelismo político, uno de la mano del otro. Y no solo ellos fueron engañados. Estos inmorales siquiera saben lo que cuesta hacer un novillo de exportación que entre dentro de los parámetros de la

definición de cuota Hilton”, apuntó la organización. “Desde que la vaca se preña hasta que su producto es comercializado, pasan cerca de tres años. La cadena de comercialización está compuesta por criadores e invernadores, los que durante esos años invierten en genética, medicamentos, sanidad: vacunaciones de planes sanitarios obligatorios, preventivos, análisis de laboratorio, diagnósticos de preñez, alimentación (sembrar pasto cuesta lo mismo solo que en vez de cose-

La agrupación llamó a no destruir la ganadería luego de la pérdida de 12 millones de cabezas que ocasionaron medidas del pasado. Según los productores, medidas de intervenciones ya tomadas (cierre de exportaciones en 2006 y cupos y permisos para exportar) “no tuvieron el resultado esperado, porque a menor oferta y demanda sostenida, el precio al consumidor no sé retrajo, sino que aumentó un 300%”. /LA NACIÓN

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PECUARIA

Fiebre aftosa: el 1 de mayo comienza la primera etapa de la campaña de vacunación El Ministerio de Agricultura espera vacunar a unos 170 millones de bovinos y búfalos de todas las edades. El Ministerio de Agricultura refuerza que se deben tomar medidas de cuidado contra el covid-19 para garantizar el mantenimiento de los compromisos con áreas reconocidas como libres de fiebre aftosa con vacunación ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). En caso de duda, la pauta es buscar la agencia de defensa de la salud animal en su estado. /

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a primera etapa de la campaña nacional de vacunación de rebaños contra la fiebre aftosa en 2021 comienza el 1 de mayo y continuará durante todo el mes. En esta etapa, los bovinos y búfalos de todas las edades deben ser vacunados para la mayoría de los estados brasileños, de acuerdo con el calendario nacional de vacunación (haga clic AQUÍ) . En total, se espera inmunizar a unos 170 millones de animales, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento ( MAPA ) en un comunicado el lunes 19 de abril.

De los 21 estados que realizan la inmunización de animales en este período, en Amazonas y Mato Grosso, solo participan los municipios que aún no han dejado de vacunar, mientras que en Espírito Santo ocurrirá para bovinos y búfalos hasta los 24 meses de edad. De acuerdo con las pautas del gobierno, las vacunas deben comprarse en revendedores autorizados y mantenerse entre 2 grados y 8 grados, desde la adquisición hasta el momento de su uso, incluido el transporte y la aplicación, ya en la granja.

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Se deben utilizar agujas nuevas para aplicar la dosis de 2 ml en el cuello de cada animal, prefiriendo las horas más frescas del día, para que los animales tengan una adecuada contención y aplicación de la vacuna. Además de vacunar al rebaño, el productor también debe declarar a la agencia estatal de protección de la salud animal. La declaración de vacunación debe realizarse en línea o, cuando esto no sea posible, presencialmente en las estaciones designadas por el servicio veterinario estatal dentro de los plazos estipulados.

ECONOMÍA

Interculturales y campesinos afines al MAS son dueños de 24,8 millones de hectáreas de tierras

La extensión representa el 28% de las tierras saneadas en el país. El sector empresarial posee 13,6 millones de hectáreas, que equivale al 15% de la tenencia. Los interculturales exigen manejar el INRA. Ya tuvieron a dos ministros que salieron acusados de corrupción.

firmar que los interculturales y campesinos, considerados el ala dura del MAS, son los dueños de las mayores extensiones de tierra en el país no es una exageración, es un hecho. Según datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), entre los dos sectores poseen el 28% de la tierra saneada. Esto equivale a 24,8 millones de hectáreas. Tienen una mayor extensión que el sector empresarial, que cuenta con el 15% de la tenencia (13,6 millones de hectáreas). Mientras, el Estado posee el 30% (26,7 millones de hec-

táreas). Los indígenas tienen el 27% (24,3 millones de hectáreas) de predios. La detención del exministro de Desarrollo Rural y Tierras Edwin Characayo no solo puso en tela juicio al Gobierno, sino a los interculturales que respaldan a la ex autoridad, detenido mientras recibía un soborno de $us 20.000 para sanear un predio en San Ramón (Santa Cruz). Este mismo grupo, públicamente, exigió al Gobierno que designe un ministro que responda al sector y pidió la administración del INRA, por haber apoyado electo-

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ralmente al partido de Gobierno. De hecho, antes de Characayo, el sector colocó a Wilson Cáceres como ministro del área, pero fue destituido por nepotismo. Se buscó a la dirigencia del sector en Santa Cruz, pero no contestaron la consulta de EL DEBER. Fernando Azturizaga, ex viceministro de Tierra, dijo que los interculturales han gozado de prioridad a la hora de dotación. Según la ex autoridad, durante la gestión de Evo

Morales se dejó de lado la Comisión Agraria Nacional que era la única entidad, de acuerdo a las leyes nacionales, encargada de la dotación de tierras; junto con las Comisiones Departamentales, que en más de una década no pudieron conformarse. La ex autoridad sostuvo que el INRA debería pedir a estas comisiones la autorización para dotar la tierra. “Pero pasaron por alto esto, y por eso no han hecho participar a las comisiones”, dijo. Gustavo Pedraza, exministro de Desarrollo Sostenible en la gestión de Carlos Mesa,

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dijo que durante el Gobierno de transición (2020) se verificó que las carpetas priorizadas para la distribución de tierras pertenecían a los interculturales. “Se intentó cambiar el lineamiento de acuerdo a los que dice la Constitución y las normas”, dijo la ex autoridad. Fernando Rojas, gran cacique de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (Acisiv), señaló que durante el Gobierno de Evo Morales, 1,7 millones de hectáreas de la Chiquitania fueron repartidas entre campesinos e interculturales, sin respetar el uso de suelo. Y solo un 4% de esa dotación fue a ma-

nos de los indígenas.

ficiarios.

Dijo que incluso los sectores favorecidos amenazan a los indígenas que se atreven a denunciar. “Esto es tráfico de tierras porque solo están los dirigentes, son comunidades fantasmas, que después se venden al mejor postor”, dijo.

Según la organización, muchas son “comunidades fantasmas” en manos de traficantes que se hacen llamar dirigentes campesinos, indígenas o interculturales.

Asentamientos Un estudio realizado por la Fundación Tierra, denunció que el INRA, entre las gestiones 2014-2019, firmó más de 1.400 asentamientos de nuevas comunidades en Santa Cruz. Pero, en lugar de transparentar este proceso, ocultó sistemáticamente toda información sobre quiénes son los bene-

El director del INRA, Eulogio Núñez, señaló que actualmente resta sanear el 14% de la tierra. Además, un 6% de esos predios está en conflictos por la tenencia.

que no se favorecerá a ningún sector. También se refirió al pedido hecho por los interculturales; que exigieron la dirección de la institución. “Solo el presidente tiene esta tuición”, dijo a tiempo de invitar al diálogo a ese sector. /EL DEBER

El funcionario indicó que hasta el 2023 se tiene previsto culminar el saneamiento de tierras en el país. Sobre los recientes hechos de corrupción relacionados a la tenencia de la tierra, dijo que su gestión tendrá cero tolerancia a estos actos y

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ECONOMÍA

Posible ingreso de hongo mortal preocupa a bananeros El ingreso del hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T), detectada en Perú, preocupa al sector bananero en Cochabamba. El ingreso de este hongo mortífero significa la pérdida total de sus plantaciones. “Hace tres semanas aprobaron nuestro proyecto, pero nosotros necesitamos que se ponga en ejecución”, dijo.

Desinfección en fronteras

e tiene previsto que este martes, en la mancomunidad de municipios del trópico, se lleve adelante un encuentro de productores, autoridades, y todos los sectores comprometidos, con el objetivo de tomar acciones preventivas, sobre todo en el caso que el hongo ingrese al país. “Estamos en riesgo, en otros países donde ingresó este hongo las autoridades decretaron alerta roja en fronteras. Estamos tratando de hacer lo mismo, tener claro qué acciones tomar”, explicó Javier Gómez García, productor bananero. El hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4

Tropical (Foc R4T) se caracteriza por marchitar de manera prematura la planta y provocarle la muerte. Se propaga por medio del manipuleo no correcto de las plantaciones, de las herramientas utilizadas, el contacto y también por el suelo, de planta a planta. “Nos quedaríamos prácticamente sin nada”, dijo Gómez. En este sentido, el sector bananero explicó que se cuenta con cámaras de desinfección en Bulo Bulo y Locotal, similares a las instaladas en época de cuarentena. Todos los vehículos que llegan a la zona son estrictamente desinfectados.

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Gómez pide al Gobierno que active el programa regional del banano, elaborado por los productores gracias al financiamiento del Fonadin, programa que permitirá triplicar los beneficios económicos. “Actualmente gracias al sector bananero se tiene un ingreso de 50 millones de dólares anuales; tenemos proyectado que sea por lo menos 150 millones de dólares anualmente”, explicó. Con este proyecto también se tiene previsto implementar laboratorios, que ayuden a combatir plagas y hongos que afectan a las plantaciones de banano.

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) puso en marcha un plan preventivo de contingencia con medidas fitosanitarias para frenar el posible ingreso de una enfermedad que ataca la producción de banano y plátano en el territorio boliviano. La jefa departamental del Senasag en Cochabamba, Roxana Mejía, informó que después de conocer la presencia de la enfermedad denominada “Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T)”, detectada en Perú, se implementaron medidas preventivas. Se llevan adelante medidas fitosanitarias “muy estrictas”, en Bulo Bulo y Locotal, lugares de ingreso a la zona productora de banano en el trópico de Cochabamba, para evitar el ingreso del hongo. /LOS TIEMPOS

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ECONOMÍA

Con tiempo adverso para la siembra, el precio de la soja subió en Chicago por quinta rueda consecutiva Las condiciones de clima muy frío sobre las zonas productoras de granos gruesos estadounidenses podrían dificultar las tareas de campo. toneladas. El ciclo comercial actual finaliza el 31 de agosto. En el informe citado, el organismo debió racionar el consumo interno de soja para no ajustar una vez más el nivel previsto para las existencias finales, que son calculadas en 3,25 millones de toneladas, las más bajas desde la campaña 2013/2014, que dejó como remanente 2,50 millones. Esos 3,25 millones de toneladas que quedarían como stock inicial para el ciclo 2021/2022 implican una caída del 77,2% respecto de los 14,28 millones que dejó como remanente la temporada comercial 2019/2020.

n momentos en que se inicia la siembra de la campaña 2021/2022 sobre el medio oeste de los Estados Unidos, el precio de la soya sumó hoy la quinta rueda alcista consecutiva en la Bolsa de Chicago, donde las condiciones climáticas adversas para el progreso de las labores de campo alentaron compras desde el sector de los fondos de inversión, que comienza a apostar por una cosecha menor a la que resultaría necesaria para aliviar las tensiones que persisten entre

la oferta y la demanda de la oleaginosa, que en la actualidad generan disputas entre los compradores en el mercado físico estadounidense. Esa puja por conseguir mercadería para mantener activas las fábricas y para completar embarques se reflejó sobre las pizarras, que al cierre de la rueda mostraron subas de US$6,06 y de 5,14 dólares sobre los contratos mayo y julio de la soja, cuyos ajustes fueron de 532,69 y de 527,82 dólares por tonelada. El nivel de la posición

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más cercana resulta el más alto desde los 537,39 dólares del 10 de junio de 2014 y representa un aumento del 66,6% respecto de los 319,77 dólares vigentes un año atrás. Actualmente Estados Unidos tiene comprometido cerca del 98% del saldo exportable de poroto de soja 2020/2021, que en el informe mensual publicado el 9 del actual el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) elevó de 61,24 a 62,05 millones de

Y mientras las existencias estadounidenses se agotan y Brasil exporta a todo vapor su cosecha, que ya progresó sobre el 91% del área apta, desde el lado de la demanda no aparecen signo de racionamiento por los elevados precios de la materia prima. Tanto es así que la semana pasada la Administración General de Aduanas de China relevó las importaciones de soja de marzo en 7,77 millones de toneladas, que elevaron el total comprado en el primer trimestre del año hasta los 21,20 millones y lo ubicaron un 19% arriba del volumen importado en

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igual segmento de 2020. Alivio en riesgo Luego del informe sobre perspectiva de siembras que el USDA publicó el 31 de marzo último a los operadores les quedó como concepto inexorable que el desarrollo de la campaña 2021/2022 debería estar cerca de los parámetros ideales, desde la siembra y hasta la cosecha, ya que de no ser así, el alivio para la estrecha relación que existe entre la oferta y la demanda de soja, tanto interna como global, podría no llegar. Esa mirada respondió a una intención de siembra calculada por el USDA en 35,45 millones de hectáreas, contra los 36,42 millones previstos en promedio por los operadores. Ahora que las sembradoras comenzaron a moverse por el medio oeste –zona núcleo para la producción estadounidense de granos gruesos–, con un progreso sobre el 3% del área prevista, ese ideal comenzó a desdibujarse, producto de lluvias insuficientes y, sobre todo, de temperaturas extremadamente frías en el primer tramo de la primavera. Nevadas y heladas tardías sobre algunos de los principales Estados agrícolas encendieron las alarmas del sector especulador, que comenzó a sumar prima de riesgo climático, tanto a la soja como al maíz, por eventuales demoras en las tareas de siembra e, incluso, por posibles daños sobre los cultivos de siembras tempranas. Hoy la posición noviembre de la soja, que marca la entrada en el circuito comercial de la nueva cosecha, aumentó US$3,68 y cerró con un ajuste de 471,79 dóla-

res por tonelada. Este valor resultó un 51,8% mayor a los 310,77 dólares vigentes un año atrás para dicho contrato. Vale destacar que el aumento no fue mayor por la posibilidad de que un atraso en la implantación de maíz aporte más hectáreas a la soja, que cuenta con una ventana de siembra más amplia que la del cereal. El período actual, conocido como “mercado climático” por la influencia que adquieren los reportes meteorológicos en la formación de los precios agrícolas entre mediados de abril y fines de agosto, es un tiempo de volatilidad para las cotizaciones, dado que las entradas y salidas (compras y ventas de contratos) de los grandes fondos de inversión especuladores se torna más agresiva por sus apuestas sobre el resultado de la cosecha de granos gruesos, que comienza con el maíz, entre fines de agosto y principios de septiembre, y sigue con la soja desde mediados de septiembre. Frente a ello, los especialistas recomiendan seguir con atención las variaciones de precios que se darán en Chicago y sus repercusiones sobre el mercado local para ejecutar estrategias comerciales que permitan fijar pisos de precios altos y que abran la posibilidad de usufructuar eventuales nuevas subas. Maíz en alza Bajo las mismas lógicas de la soja, de una ajustada relación entre oferta y demanda, y de condiciones de tiempo adversas para la siembra, con perspectivas de temperaturas inferiores a las marcas normales y lluvias también debajo de los registros promedio para el medio

oeste, el maíz también se negoció en alza hoy en Chicago y se mantiene en el nivel más alto desde mediados de 2013. En efecto, las posiciones mayo y julio del cereal sumaron US$2,56 y 2,65, luego de cerrar con ajustes de 233,06 y de 228,53 dólares por tonelada. El contrato septiembre, que marca la entrada de la nueva cosecha en el circuito comercial, aumentó US$3,15 y quedó con un valor de 211,60 dólares, que resultó un 64,4% mayor que los 128,74 dólares vigentes un año atrás. En su informe semanal sobre el estado de los cultivos, el USDA relevó hoy el progreso de la siembra de maíz estadounidense sobre el 8% de la superficie prevista, por encima del 6% del año pasado y del 8% promedio de las últimas cuatro campañas, pero por debajo del 10% previsto por el mercado. Un dato a tener en cuenta, el organismo indicó que en Texas –siembra en modo muy temprano– ya emergió el 51% del maíz sembrado. Ocurre que sobre ese Estado se pronostican heladas muy fuertes hasta el miércoles, que podrían dañar los cultivos en una región que si bien no es de las más relevantes en el nivel país puede aportar entre 7 y 10 millones de toneladas, en momentos en los que cada tonelada cuenta, sobre todo aquellas que puedan entrar como primicia en el circuito comercial y hagan más suave el empalme entre las campañas.

como en el caso de la soja, es el más bajo desde el ciclo 2013/2014 y que resulta un 29,6% inferior al remanente de la campaña 2019/2020, de 48,76 millones de toneladas. Mercado local Las subas externas posibilitaron alzas para los precios de la soja en el mercado doméstico, donde la demanda elevó sus propuestas de 330 a 333 dólares por tonelada con entrega inmediata sobre las terminales del Gran Rosario. Los 30.880 pesos equivalentes de la oferta de los compradores quedaron, sin embargo, debajo de los 32.453 pesos calculados como FAS teórico para la industria aceitera exportadora por la Bolsa de Comercio de Rosario. Las pizarras del Matba Rofex mostraron alzas de US$2,70 y de 2,20 sobre los contratos mayo y julio de la soja, cuyos ajustes fueron de 340 y de 343,50 dólares por tonelada. Las propuestas de los exportadores por el maíz disponible crecieron hoy de 210 a 214 dólares por tonelada de maíz para la zona del Gran Rosario y de 215 a 217 dólares para los puertos de Bahía Blanca y de Necochea. En el Matba Rofex los contratos abril y julio del maíz sumaron US$1 y 1,30 al terminar la rueda con ajustes de 213 y de 199,30 dólares por tonelada. /LA NACIÓN

Cabe recordar que en su último informe mensual el USDA ajustó el stock final estadounidense de maíz 2020/2021 de 38,15 a 34,34 millones de toneladas, un nivel que,

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ECONOMÍA

CAO propone implementar un plan de reactivación agropecuaria antes de que baje la producción El nuevo presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Óscar Mario Justiniano, informó que una de las prioridades de este sector es el trabajo conjunto con las autoridades de Gobierno para la implementación de un plan de reactivación agropecuaria antes de que el país enfrente mayores consecuencias como la disminución de la producción y el aumento del desempleo.

s urgente implementar una estrategia conjunta con el Gobierno para buscar mercados internacionales con el objetivo de incrementar el ingreso de divisas a nuestro país, con el fin de ayudar a salir de la crisis económica a todos los sectores, no solamente del sector productivo agropecuario”, dijo. Justiniano estará al frente

de la CAO durante la gestión 2021-2023. Fue elegido presidente el sábado pasado. También mencionó la necesidad de implementar estrategias urgentes para frenar el contrabando, una actividad que representa una competencia desigual para los productores nacionales y que puede significar la disminución de la producción y

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el empleo en Bolivia Por otro lado, Justiniano dijo que el sector requiere de forma urgente el acceso a nuevas herramientas tecnológicas (biotecnología) que permitan competir en el mercado internacional en las mismas condiciones que los países vecinos. /LOS

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ECONOMÍA

Argentina: “Déjennos producir”: dura crítica de entidades del agro a una medida Las cadenas agrícolas de maíz, soya, trigo y girasol fustigaron una resolución que obliga a exportadores a presentar un plan de ventas al exterior y sus movimientos en cuentas bancarias. las inversiones de largo plazo. Al mismo tiempo, que nos posiciona en desventaja frente al resto de los competidores en los mercados internacionales”, describieron en un comunicado. Las cadenas agrícolas recordaron cuando, al inicio de su mandato, el presidente Alberto Fernández “denominó al campo como un socio estratégico, agregando que su Gobierno necesitaba que el campo crezca, porque tiene la capacidad de exportar y traer divisas al país”.

“

Es inquietante e injustificado que la acusación recaiga siempre sobre el sector productivo, convirtiéndolo en chivo expiatorio de otras prácticas que colaboran a ese proceso y al aumento de precios”. Tras los últimos anuncios del Gobierno en materia de exportaciones agropecuarias, las cuatro cadenas agrícolas (Acsoja, Maizar, Argentrigo y Asagir) pidieron que dejen producir al sector para ayudar a la Argentina y remarcaron que la resolución 60 del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, recientemente publicada en el Boletín Oficial, “tiene mucha similitud con las resoluciones que crearon los Registros de Operaciones de Exportación (ROE) en el año 2008”. La resolución 60 obliga a exportadores de granos, carne y lácteos que no tengan un

establecimiento propio anotado en el Registro Único de la Cadena Agroindustrial (RUCA) a presentar un plan de trabajo para las ventas al exterior con volúmenes y destinos y sus movimientos en cuentas bancarias, entre otros requisitos.

En este sentido, detallaron que por décadas el sector “ha realizado aportes extraordinarios por la vía de una elevada carga impositiva, con la justificación de solucionar las prolongadas y decadentes crisis económicas vividas en nuestro país”.

En este contexto, en un comunicado titulado “Déjennos producir para ayudar a la Argentina”, dijeron que “la reaparición de estos controles redundantes y burocráticos al comercio agropecuario solo generarán la caída de la producción y el arribo de operaciones encubiertas, tal como sucedió con las producciones de trigo, maíz y carnes”.

“Es sabido que el campo tiene la voluntad innata de producir, que en las recurrentes crisis vividas en el país ha colaborado con su producción, poniendo en movimiento el círculo virtuoso de la inversión que genera más trabajo y bienestar a la sociedad”, dijeron.

“Se continúa echando mano a acciones que erosionan gravemente la confianza y retraen fuertemente las inversiones, tanto las de corto plazo, como también en

sión de moneda”. En tanto, Marcelo Rossi, ex director Nacional de Control Comercial Agropecuario y recientemente desplazado del Ministerio de Agricultura de la Nación, se manifestó a través de Twitter diciendo que la resolución 60 “no era necesaria”, a la que describió como “una locura”. En rigor, indicó que cuadruplican requisitos y exigen un año antes qué operaciones se van a realizar. “El Estado cuenta a través de la AFIP, la Aduana, el Banco Central y el RUCA con los elementos para ejercer un riguroso control de la subfacturación y del ingreso de divisas que generan las exportaciones”, dijo en Twitter. “El resultado será mayor concentración y una invitación a la discrecionalidad. Primero exigen producir al 100% y después traban la comercialización. Nadie puede apoyar la subfacturación pero en una relación causa/consecuencia responde a una diferencia en el dólar del 40 al 70%”, añadió.

/LA NACIÓN

Por último, afirmaron que la constante y creciente inflación “no se soluciona implantando controles de la producción y acotando la exportación, porque sus orígenes debemos buscarlos en el excesivo gasto público improductivo, en el déficit fiscal y en la elevada emiPeriódico Digital AGROPECUARIO

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Argentina: “No hicimos mal a nadie”: la bronca de un productor por la rotura de dos silobolsas A Norberto Florio, contratista con su hermano Omar, le destruyeron dos bolsones con soja que tenía desde hace 10 días en un lote cerca de la ciudad de Junín. Otro de los interrogantes que planteó el economista es qué cantidad de empresas están en condiciones de prever cuánto volumen venderán y en qué destinos podrán colocar su producto en febrero de 2022, “considerando todas las variables que influyen sobre las decisiones comerciales”. “¿Para qué el Estado necesita esta información y qué hará con ella? ¿Qué tipo de inconsistencia o falla se busca? ¿Cómo se va a controlar que el plan sea ‘correcto’? ¿Un ‘plan’ puede ser rechazado y qué implica?”, se preguntó.

ras la publicación de la resolución 60 por parte del Ministerio de Agricultura, que exige a aquellos exportadores de carne, leche o granos que no posean un establecimiento propio inscripto en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) presentar un plan de trabajo sobre sus exportaciones, así como también de sus movimientos bancarios si quieren estar en ese registro, LA NACION consultó a los distintos sectores involucrados para conocer el impacto de la normativa en su actividad. Hay dudas y críticas a la medida.

En la industria aceitera dijeron que, en granos, el efecto será muy “limitado” porque todos los operadores históricos ya están registrados. Pero aclararon que el requisito de presentar un “plan de trabajo proyectado para el próximo año, con detalle de mercadería a exportar, volúmenes, proveedores y destinos” resulta “impracticable” para aquellos que sin tener una planta vienen operando en el mercado hace tiempo. “Nadie puede saber y proyectar el año que viene con volúmenes y destino. Es absolutamente un requisito de imposible cumplimiento en la práctica”, describieron.

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En este sentido, Juan Manuel Garzón, economista jefe del Ieral, de la Fundación Mediterránea, puntualizó que lo más llamativo en la nueva resolución es el plan de trabajo anual. “El Estado quiere saber con meses de anticipación cuánto producto se piensa vender y a quién. Este pedido sorprende dado que no es habitual en una economía de libre mercado”, remarcó y se preguntó: “¿Se le pide lo mismo a una empresa que abastece quesos, carnes o frutas al mercado interno?”.

La resolución describe que, además, deberán informar un detalle de sus cuentas bancarias con las que operan, sus movimientos bancarios del último semestre y cuáles son las líneas de financiamiento que poseen de los bancos. “La exportación de granos y de productos derivados de la soja y del girasol no se va a ver afectada, donde los 34 exportadores en nuestro país se encuentran registrados en el RUCA hace mucho tiempo”, afirmaron en la industria aceitera. Pero detallaron que quienes se encuentran complicados con la nueva reglamentación son aquellos operadores sin plantas. “Afecta a todos los nuevos operadores y a los brokers los destroza, donde le ponen una serie de

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requisitos de bastante difícil cumplimiento”, indicaron. Para Garzón, con toda la información y herramientas que manejan la AFIP, el Banco Central (BCRA) y la Aduana, la conveniencia y la necesidad de exigir más requisitos a los exportadores “no luce muy clara”. “Pero los costos sí son evidentes, la nueva exigencia incrementa los recursos que deben asignar las empresas exportadoras para cumplir con el marco regulatorio y los recursos que debe asignar la administración pública para controlar el cumplimiento”, remarcó. En coincidencia, el analista Ricardo Baccarin dijo que todos los datos de los operadores de toda la cadena deben ser declarados en el Registro Único de la Cadena Agroindustrial (RUCA) rigurosamente y que los datos “ya obran en poder de ellos a través de otras dependencias”. Mecanismo encubierto “Pueden interpretarse como un mecanismo encubierto para interferir sobre el proceso de exportación para administrar los envíos de forma de satisfacer un criterio de conveniencia política de corto plazo, como reasignar carne hacia el mercado interno en un año electoral, lo que eleva el riesgo del negocio. Incorpora una nueva variable que puede atentar contra los resultados económicos y desincentiva a las empresas que están pensando en ingresar o en profundizar el negocio de exportación”, reflexionó Garzón. En tanto, fuentes del Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC) evaluaron que, en principio, los nuevos requisitos no deberían perjudicar la exportación, “si el instrumento es bien utilizado, como surge de la

letra de la resolución”. “La Cámara se ha venido manifestando sobre muchas cuestiones informales vinculadas con la exportación. Tal vez va a desincentivar algún tipo de maniobras informales en el comercio exterior. Habrá que ver como se desarrolla”, dijeron. Mecanismo encubierto “Pueden interpretarse como un mecanismo encubierto para interferir sobre el proceso de exportación para administrar los envíos de forma de satisfacer un criterio de conveniencia política de corto plazo, como reasignar carne hacia el mercado interno en un año electoral, lo que eleva el riesgo del negocio. Incorpora una nueva variable que puede atentar contra los resultados económicos y desincentiva a las empresas que están pensando en ingresar o en profundizar el negocio de exportación”, reflexionó Garzón. En tanto, fuentes del Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC) evaluaron que, en principio, los nuevos requisitos no deberían perjudicar la exportación, “si el instrumento es bien utilizado, como surge de la letra de la resolución”. “La Cámara se ha venido manifestando sobre muchas cuestiones informales vinculadas con la exportación. Tal vez va a desincentivar algún tipo de maniobras informales en el comercio exterior. Habrá que ver cómo se desarrolla”, dijeron. En cuanto a la información que deben brindar sobre las ventas futuras durante el año siguiente, la industria cárnica se mostró cauta y supuso que de lo que se habla en la resolución es del plan de trabajo: “No creemos que el nivel de detalle sea a quien se le va a vender operación por operación.

Hay que ver la normativa en ejecución”. En tanto, Ércole Felippa, presidente del Centro Industria Lechera (CIL), afirmó que la medida no tiene ningún efecto para el sector lácteo “porque todos están registrados en el RUCA”. En el ruralismo Horacio Salaverri, presidente de Carbap, se mostró por su parte en contra de todas aquellas medidas que distorsionan el libre juego de la oferta y la demanda. “Vamos a monitorear muy de cerca cómo repercute en el mercado y si esta resolución tomada va por el camino que dice el Gobierno o va por el camino de complejizar, alterar el libre mercado y llevar los precios a la baja”, dijo. Salaverri destacó que otro punto a seguir es la discrecionalidad de los funcionarios que aparece “cada vez que se crea un nuevo registro”. “Muchas veces el funcionario tiene la lapicera y dice quién exporta y quién no, lo cual es también peligroso, más allá que se esté en la búsqueda de quienes que subfacturar las exportaciones”, indicó.

como finalidad entorpecer y dificultar la exportación por razones de política interna. También hay, o debería haber, un límite a la posibilidad de que el Estado traslade a los particulares actividad de control que le es propia. En este caso, como en tantos otros que se han generalizado, también se viola ese límite”, añadió. En Twitter, Luis Miguel Etchevehere, exministro de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri, expresó: “Fiel a su estilo, el Gobierno dice una cosa y hace otra. Hoy anuncia más burocracia y trabas para exportar carnes, granos y lácteos. Acceso más difícil para que se exporte menos con pocos operadores. Pide exportar más y dificulta las exportaciones!”. También Nicolás Pino, candidato a presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) por Movimiento Compromiso Federal (MCF) se manifestó e indicó: “Más burocracia es más control y trabas sobre los productores, cabañeros y empresarios del campo. Estas medidas nos hacen perder competitividad y nos traen malos recuerdos”. /LA NACIÓN

Para el abogado especialista en asesoramiento de empresas Luciano Sáenz Valiente, la medida del Gobierno tacha de inconstitucional. “Los derechos que la Constitución reconoce, entre ellos a trabajar y ejercer una industria lícita están supeditados a las normas que reglamentan su ejercicio. Pero esas normas tienen que ser razonables en relación al control que el Estado nacional tiene derecho a efectuar de esas actividades”, argumentó. “Me temo que normas como la dictada hoy solo tienen

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ECONOMÍA

Interculturales y campesinos afines al MAS son dueños de 24,8 millones de hectáreas de tierras La extensión representa el 28% de las tierras saneadas en el país. El sector empresarial posee 13,6 millones de hectáreas, que equivale al 15% de la tenencia. Los interculturales exigen manejar el INRA. Ya tuvieron a dos ministros que salieron acusados de corrupción.

Mientras, el Estado posee el 30% (26,7 millones de hectáreas). Los indígenas tienen el 27% (24,3 millones de hectáreas) de predios. La detención del exministro de Desarrollo Rural y Tierras Edwin Characayo no solo puso en tela juicio al Gobierno, sino a los interculturales que respaldan a la ex autoridad, detenido mientras recibía un soborno de $us 20.000 para sanear un predio en San Ramón (Santa Cruz). Este mismo grupo, públicamente, exigió al Gobierno

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que designe un ministro que responda al sector y pidió la administración del INRA, por haber apoyado electoralmente al partido de Gobierno. De hecho, antes de Characayo, el sector colocó a Wilson Cáceres como ministro del área, pero fue destituido por nepotismo. Se buscó a la dirigencia del sector en Santa Cruz, pero no contestaron la consulta de EL DEBER. Fernando Azturizaga, ex viceministro de Tierra, dijo que los interculturales han

gozado de prioridad a la hora de dotación. Según la ex autoridad, durante la gestión de Evo Morales se dejó de lado la Comisión Agraria Nacional que era la única entidad, de acuerdo a las leyes nacionales, encargada de la dotación de tierras; junto con las Comisiones Departamentales, que en más de una década no pudieron conformarse. La ex autoridad sostuvo que el INRA debería pedir a estas comisiones la autorización para dotar la tierra. “Pero pasaron por alto esto, y por

ECONOMÍA

eso no han hecho participar a las comisiones”, dijo. Gustavo Pedraza, exministro de Desarrollo Sostenible en la gestión de Carlos Mesa, dijo que durante el Gobierno de transición (2020) se verificó que las carpetas priorizadas para la distribución de tierras pertenecían a los interculturales. “Se intentó cambiar el lineamiento de acuerdo a los que dice la Constitución y las normas”, dijo la ex autoridad. Fernando Rojas, gran cacique de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (Acisiv), señaló que durante el Gobierno de Evo Morales, 1,7

millones de hectáreas de la Chiquitania fueron repartidas entre campesinos e interculturales, sin respetar el uso de suelo. Y solo un 4% de esa dotación fue a manos de los indígenas.

tos de nuevas comunidades en Santa Cruz. Pero, en lugar de transparentar este proceso, ocultó sistemáticamente toda información sobre quiénes son los beneficiarios.

Según la organización, muchas son “comunidades fantasmas” en manos de traficantes que se hacen llamar dirigentes campesinos, indígenas o interculturales.

Asentamientos Un estudio realizado por la Fundación Tierra, denunció que el INRA, entre las gestiones 2014-2019, firmó más de 1.400 asentamien-

to de tierras en el país. Sobre los recientes hechos de corrupción relacionados a la tenencia de la tierra, dijo que su gestión tendrá cero tolerancia a estos actos y que no se favorecerá a ningún sector. También se refirió al pedido hecho por los interculturales; que exigieron la dirección de la institución. “Solo el presidente tiene esta tuición”, dijo a tiempo de invitar al diálogo a ese sector. /EL DEBER

El director del INRA, Eulogio Núñez, señaló que actualmente resta sanear el 14% de la tierra. Además, un 6% de esos predios está en conflictos por la tenencia. El funcionario indicó que hasta el 2023 se tiene previsto culminar el saneamien-

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MEDIO AMBIENTE

Reportan daños a producción agrícola en 18 comunidades de Anzaldo por granizadas El alcalde de Anzaldo, Rubén Uriona, informó este lunes que los cultivos agrícolas de cerca de 18 comunidades de esa región, ubicada en el departamento de Cochabamba, quedaron afectadas por dos granizadas registradas entre el viernes y el domingo de la pasada semana.

a sido ya el viernes que ha caído la primera granizada y ayer (domingo) a tres comunidades en realidad (ha afectado). Son 18 comunidades, más o menos”, informó a la ABI. Según Uriona, entre los sembradíos reportados con mayores extensiones de daños están aquellos con producción de trigo y maíz.

Una afectación menor, en cuanto a superficie, se registró entre sembradíos de arveja y haba. “En algunos con mayor intensidad, en algunos menos”, indicó. La autoridad municipal mencionó que la Alcaldía de Anzaldo prepara cuatro comisiones de personal técnico

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que irán a las comunidades para realizar el relevamiento de datos oficial. Agregó que los resultados de la evaluación estarán listos hasta el miércoles, puesto que algunas localidades están alejadas y dispersas.

/ABI

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POLÍTICA

Characayo pretendía cobrar soborno por predio que ya estaba saneado Según la Fiscalía, dirigentes de San Julián, allegados a la ex autoridad, iban a cobrar $us 200.000 para no exigir la reversión del predio.

lla la nota de Página Siete. “Según se menciona en la denuncia, uno de los dirigentes (de San Julián) era amigo allegado de Híper García y el otro dirigente era amigo del ex director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Santa Cruz”, indica el Ministerio Público.

os datos complican la situación del exministro Edwin Characayo. El primero es que el predio El Triunfo II, ubicado en San Ramón y por el cual la autoridad pretendía cobrar un soborno, ya está titulado. El dato fue confirmado por el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez. El segundo dato que pone en jaque a la ex autoridad es que dos dirigentes interculturales supuestamente iban a recibir 200.000 dólares para no exigir el predio ni presionar para que este sea revertido, según un informe dado por el Ministerio Público, publicado este lunes por Página Siete. Núñez informó que antes

de que asuma el cargo, este predio ya había sido saneado. El funcionario señaló que el proceso de saneamiento dura varios años y que “el INRA sacó una resolución final (sobre el saneamiento) y los propietarios fueron notificados”. “Tengo entendido que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y su viceministerio de Tierra en su rol fiscalizador, solicita información (sobre el predio) porque es un trabajo rutinario”, dijo. El funcionario dijo que desde el despacho ministerial (de Characayo) se pretendía hacer un proceso de fiscalización de este predio. “Pretendían solicitarme estas carpetas para fiscalizar y que el INRA pueda revisar (revertir), ahora el tema lo

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está manejando el Ministerio Público, que activó los mecanismos de investigación”, agregó Núñez. El director de la entidad estatal dijo que su despacho no permitirá ningún acto de corrupción que venga desde el interior de la institución y las que llegan de los actores inmersos en el saneamiento de tierras. Investigación Según la imputación de la Fiscalía de La Paz, el exdirector de Desarrollo Rural Híper García, pidió 200.000 dólares a los dueños del predio, supuestamente para entregar a dos dirigentes de San Julián, a fin de que dejen de hacer presión social solicitando que la propiedad sea declarada tierra fiscal, deta-

Isidro Pacsi, ejecutivo de los interculturales de San Julián Norte, negó que tanto él como otros dirigentes del sector hayan pedido sobornó y amenazó con tomar el predio El Triunfo II “por ser ilegal”. Mediante un pronunciamiento, los interculturales de San Julián Norte exigieron al Gobierno que informe sobre el estado de saneamiento de El Triunfo II y que el presidente Luis Arce designe a un ministro de ese sector. Según el último informe del INRA, los interculturales y campesinos poseen el derecho propietario del 28% de tierra saneada del país, lo que equivale a 24,8 millones de hectáreas. /EL DEBER

POLÍTICA

Mensajes entre Characayo y García revelan que coordinaron reunión con víctimas En las últimas horas se difundió parte de una conversación entre el exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo y el exdirector General de Desarrollo Rural, Hiper García, en el que coordinaban la reunión con las víctimas para cobrar los $us 20.000. dijo: “vente solo y mejor si vienes con chulo o canguro”. El abogado del exministro, César Rojas, aseguró que su cliente no recibió ningún monto de dinero y que asistió a la reunión a petición de García.

a División de Informática de la Policía se encargó de realizar un “desdoblamiento” a los mensajes entre ambas ex autoridades a través de la aplicación de WhatsApp. Según el documento al que accedió Los Tiempos, la conversación inicia a las 20.02 hasta las 21.18 del 13 de abril, en el que intercambian 15 mensajes. Las dos ex autoridades son investigadas por el cobro de $us 20.000 como parte de pago de un soborno para la titulación de los predios de El Triunfo II en el municipio de San Julián en Santa Cruz.

Fueron imputados por los delitos de cohecho pasivo propio, conclusión, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo. El primer mensaje fue enviado por García a Characayo a las 20.02 en el que le pregunta si ya terminó su reunión porque “los amigos ya están aquí”, es decir, que ya habían llegado a La Paz. Un minuto más tarde, el exministro respondió indicando que continuaba en su oficina y el exdirector le consulta “dónde nos reunimos”. El exministro contestó el mensaje, señalando que la

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reunión sería en su oficina, en el mismo Ministerio de Desarrollo Rural. Pero 15 minutos más tarde Characayo cambia de opinión y sugiere cambiar de lugar y envía otro mensaje indicando: “O en mi ‘depa’ sería”. A las 21.00, el exministro consultó al exdirector si las personas “ya vienen o nada”, y ocho minutos después, García respondió que “recién llegaron al Prado”. 18 minutos más tarde, García envió al exministro la ubicación de un punto cercano a la plaza del Estudiante del centro paceño. Además le

“Lo que manifiesta mi cliente es que el día de los hechos el director lo llama para ir a una reunión. Asistió a la convocatoria del director (García) y no consultó qué tipo de reunión o qué situación era, llega hasta el lugar y se encuentra con unas personas que supuestamente serían las víctimas”, dijo el jurista. /LA PALABRA

DEL BENI

POLÍTICA

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AGRÍCOLA

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