BOLIVIA · AÑO 1 · MES 11 · EDICIÓN # 264 www.publiagro.com.bo P6
SECTOR VITIVINÍCOLA MOVIÓ A 500 PERSONAS EN VENDIMIA 2021
P8 IMPUESTO AL AGRONEGOCIO: ADVIERTEN FUGA DE CAPITAL Y GOLPE A LA FORMALIDAD
LUNES
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ABRIL.2021
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AGRÍCOLA
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AGRÍCOLA
Senasag activa plan de contingencia para proteger la producción de banano
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l Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) puso en marcha un plan preventivo de contingencia con medidas fitosanitarias para frenar el posible ingreso de una enfermedad que ataca la producción de banano y plátano en el territorio boliviano. La jefa departamental del Senasag en Cochabamba, Roxana Mejía, informó que después de conocer la presencia de la enfermedad denominada “Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T)”, detectada en Perú, se implementaron medidas preventivas. “Para realizar la detección temprana de esta enfermedad, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria cuenta con el personal capacitado”, de acuerdo con la funcionaria. En ese sentido, explicó que se lleva adelante medidas fitosanitarias “muy estrictas”, como la restricción del ingreso de este hongo por medio de la instalación de pediluvios en las poblaciones Bulo Bulo y Locotal, lugares de ingreso a la zona productora de banano en el trópico de Cochabamba. “Estamos tomando medidas preventivas para frenar el ingreso a nuestro país de esta enfermedad que puede afectar a la producción del banano y por ende a la economía de Bolivia”, sostuvo, según un boletín de prensa. El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Comercio de Cochabamba, Agustín Conde, destacó la reunión con la institución sanitaria del país y manifestó que los productores de banano están preocupados por la presencia de esta enfermedad en Perú. “La posible propagación de esta enfermedad en el trópico de Cochabamba generaría una pérdida total en las plantaciones”, manifestó el productor.
/ABI
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AGRÍCOLA
Sector vitivinícola movió a 500 personas en Vendimia 2021
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osecha de uva movió a más de 500 personas en el departamento de Tarija en el marco de la Vendimia 2021 y los productores mantienen cifras alentadoras para la anhelada reactivación economía de la región y del país. Casa Real redobló esfuerzos para mantener el equilibrio entre la producción y la comercialización del Singani, pese a la crisis sanitaria que impuso algunos obstáculos para el negocio. Alrededor de 500 personas forman parte de la cadena de producción del Singani, y es gracias a sus esfuerzos que la Vendimia 2021 mantiene cifras alentadoras para la
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anhelada reactivación económica del país. Cultivo de la vid Cada año, cerca de 200 productores de la región tarijeña de Santa Ana son parte de la vendimia. Ellos plantan vides de la variedad Moscatel de Alejandría, que luego es sometida a la elaboración de la bebida espirituosa. Nicolás Granier, director de Operaciones de D&M - SAIV, explica que se ha solicitado a los productores la misma cantidad de toneladas de uva que años anteriores para no mermar sus ingresos económicos y que éstos puedan continuar con su producción. “Estas familias dedicadas al cultivo de la uva generan
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el principal insumo para el Singani. Destacamos y valoramos el sacrificio de sus manos y el gran aporte que significan para Tarija y el país”, precisa Granier. Cosecha Actualmente son más de 100 personas las que trabajan eventualmente para recolectar los frutos de las plantaciones. Granier indica que los cosechadores han iniciado sus labores desde inicios de febrero, distribuidos por turnos y grupos de trabajo para precautelar su salud bajo altos estándares de salubridad. “Hicieron un formidable esfuerzo y en tiempo récord. Este año, recolectamos 6.900.000 kilogramos
de uva Moscatel de Alejandría”, sostiene el ejecutivo. La cosecha de la vid se realiza de manera manual y cuidadosa. Por ejemplo, los recolectores recogen los racimos de los viñedos cortando con tijeras de cosecha y esta práctica tradicional permite que los frutos lleguen hasta las salas de producción de manera óptima y sin daños. Producción con desafíos “El 2020 fue una gestión con muchos retos que hemos podido superar con éxito”, relata Granier. En los primeros meses del confinamiento por la pandemia, la destilería pausó la producción de Singani y comenzó a elaborar alcohol para mitigar los contagios en el sistema de salud de Tarija; en total se donaron 40.000 botellas del insumo sanitario. La marca, además, ha tecnificado sus salas de producción con modernas maquinarias para la molienda, fermentación y destilación.
/El Diario
ECONOMÍA
Impuesto al agronegocio: advierten fuga de capital y golpe a la formalidad
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i nos ponen un impuesto, nos matan”, dijo el representante de los productores de soya San Pedro (Santa Cruz), Eliazar Arellano. La reacción surge luego de la sugerencia del exvicepresidente Álvaro García Linera de poner impuesto a las agroexportaciones del país. El rechazo rotundo también lo expresa la industria oleaginosa y el sector exportador, que dicen que la propuesta es una medida atentatoria al desarrollo económico porque elevará la carga fiscal al ya gol-
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peado sector formal, pero dejará exentos a los rubros informales que superan el 70 por ciento de la actividad económica del país. Una impresión similar tiene el gerente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales, quien afirma que el sector necesita apoyo y no ser asfixiado económicamente, puesto que un nuevo tributo obligará a aumentar el precio de las exportaciones y eso desalentará a muchos compradores. La exportación agropecuaria tiene la balanza comer-
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cial a favor, a diferencia de los productos tradicionales como la minería y el gas natural. Aunque las ventas se redujeron en los últimos años, representan más que las importaciones, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). En 2020, las ventas externas de productos tradicionales bajaron en 18 por ciento en valor y 14 por ciento en volumen, mientras que las no tradicionales crecieron un 25 por ciento en valor y 4 por ciento en volumen. El crecimiento de las exportaciones no tradicionales se
centra en productos como la soya y derivados, cueros, bananas y carne bovina. En ese contexto, García Linera lanzó su propuesta impositiva. La presentó en una entrevista que concedió al diario español La Última Hora. Según la exautoridad, una medida económica es la aplicación de un impuesto a las exportaciones agrícolas, ya que este sector goza de una subvención a la energía eléctrica y el diésel. Agregó que incluso se les devuelve una parte de sus impuestos, mientras hay un “0 por
ECONOMÍA
ciento” de interés por sus exportaciones. “Cuando el Estado tenía otras fuentes para pagar salud y educación, que venían del gas, se dejó que esto avanzara, pero ahora que se estrechan las opciones este sector de alta rentabilidad debería pagar una tasa del 5, del 10, del 15 por ciento de sus exportaciones al Estado”, dijo. Sin embargo, el presidente de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana (CNDA), Antonio Rocha, opina que “no es fácil encontrar la racionalidad” en la propuesta de crear el nuevo impuesto sabiendo que la consecuencia lógica e inmediata es la reducción de la formalidad. “En este indeseable escenario futuro se reduciría el ahorro en el sistema financiero y con ello la capacidad de inversión en créditos productivos hipotecarios e industriales, esto sin contar la fuga de capital”, dijo. Rocha considera más racional recuperar los 600 millones de dólares anuales, “que no pagan los delincuentes contrabandistas de autos y ropa usada”. Además, sugiere ampliar la base de contribuyentes del Régimen General con ciudadanos camuflados en el Régimen Simplificado, el Régimen Unificado del Transporte y el Régimen Agropecuario Unificado. Con esas medidas, Rocha afirma que se podría duplicar los ingresos tributarios por año hasta alcanzar al menos 15.000 millones de dólares, un equivalente al 35 por ciento del PIB. El presidente de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), Jorge Amantegui, también advierte sobre los efectos negativos. Considera que éste es el único sector que
actualmente puede mantener en equilibrio la balanza comercial del país. Por ello, requiere mayores incentivos del Estado, no un impuesto. Señaló que en caso de prosperar esa idea y aplicarse dicho impuesto, “el Gobierno estaría matando a la ‘gallina de los huevos de oro’; el sector agroindustrial es el único que mantiene en equilibrio la balanza comercial”. Dificultades Los soyeros consideran que hay varios factores adversos en la producción y un impuesto adicional sería lapidario. “Hay mucha soya en el mercado interno, pero no está saliendo al exterior”, señaló Arellano. Explicó que la tonelada de soya debería estar a 450 dólares, pero se vende a 408. “Si le aumentan cualquier impuesto, directamente nos matan”, manifestó. Según él, esta situación se debe a que el Gobierno cerró las exportaciones libres. “Ahora tenemos que cumplir con una serie de requisitos burocráticos; mucha gente prefiere no exportar”, agregó. También dijo que la exportación y el impuesto serían llevaderos si existiera un “Seguro Agrario”, es decir, recibir los recursos perdidos en caso de alguna inclemencia de tiempo. Sin embargo, aseguró que el impuesto no sólo afectaría a los soyeros, sino también a productores agropecuarios de otras ramas como el banano, el palmito y otros. El gerente de la CAC indicó que cualquier costo adicional representará “liquidar a muchas personas”. Sólo en 2019, el sector agropecuario aportó al PIB con 5.000 millones de dólares. No obstante, al menos un 12 por ciento abandonó la producción, pues no encontró los medios para subsistir.
De acuerdo a Morales, al contrario de un impuesto se necesita un crédito de apoyo a los productores. “Nos hemos visto sorprendidos porque estamos bajando, porque no tenemos el incentivo necesario. Necesitamos un crédito agropecuario”, aseveró. El sector no pudo beneficiarse con el crédito SI Bolivia, por lo que demandan apoyo para reactivar al sector y más bien impulsar las ventas. Sugieren otra ola de nacionalizaciones El exvicepresidente, Álvaro García Linera, también propuso una segunda ola de nacionalizaciones para tener más empresas bajo el mando del Estado. “Soy un convencido de que necesitamos pensar y debatir una segunda oleada de procesos de nacionalización”, manifestó Linera en entrevista con un medio de comunicación español. Es otra propuesta cuestionada.
IBCE. Las ventas de productos tradicionales en enero de 2021 sólo alcanzaron a 528,2 millones, cifra menor en 18 por ciento respecto a similar mes del 2020, cuando alcanzó a 640,4 millones de dólares. La recuperación de la economía internacional va lentamente, debido a que algunos países desarrollados enfrentan la segunda y tercera ola de la pandemia del Covid-19, y esperan que el proceso de vacunación disminuya el número de contagios y muertes. China fue el primer país en encarar la pandemia. Su recuperación influyó en los precios, debido a su alta demanda. Las exportaciones de productos tradicionales tienen una participación del 76 por ciento. /Los Tiem-
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EL VALOR DE EXPORTACIONES TRADICIONALES CAYÓ UN 18% REDACCION CENTRAL Las exportaciones de productos tradicionales, como hidrocarburos y minerales, aún no se recuperan, según las cifras del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Los datos reflejados son negativos tanto en valor como volumen (-18 por ciento y -14 por ciento respectivamente) entre enero de 2020 y 2021. Las exportaciones de hidrocarburos, en enero de 2020, alcanzaron a 265,6 millones dólares y los minerales a 374.8 millones, pero en similar mes de 2021 sólo llegó a 165,9 millones y 362,2 millones, respectivamente, según un comunicado del Periódico Digital AGROPECUARIO
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ECONOMÍA
BDP: El 98,6% del SIBOLIVIA ha sido colocado a los microempresarios para su reactivación colocación hacia los empresarios medianos y grandes, a través de sus organizaciones matrices. Del total de desembolsos, 31,8% fueron para los productores de La Paz, 26,7% para Santa Cruz, 17,4% para Cochabamba, 7,9% para Chuquisaca, 6,4% para Oruro, 4,2% para Potosí, 3,3% para Tarija, 2,1% para Beni y 0,2% para Pando, de acuerdo al siguiente detalle:
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la fecha, del total de créditos colocados por el Banco de Desarrollo Productivo - SAM (BDP), por un total de Bs51,4 millones, 98,6% se destinó a los productores microempresarios de los nueve departamentos del país, para la reactivación económica a través de la sustitución de importaciones de la industria manufacturera, agricultura y ganadería, informó el Gerente General, Ariel Zabala David.
–principalmente- para sustituir importaciones”, resaltó el Gerente General del BDP. Explicó que en la primera fase de colocación el BDP se ha enfocado en el sector de los micro y pequeños empresarios, y en una segunda fase está realizando gestiones para despertar el interés y la
De los 622 créditos colocados, 98,6 fueron para los microempresarios, 0,6% para pequeñas empresas y 0,8% para medianas empresas. “Nuestra política es apoyar principalmente al sector productivo micro, pequeño, mediano y grande, y que éstos puedan aportar a la reactivación y al desarrollo productivo, y generar productos con valor agregado
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Del total de créditos desembolsados 96,2% se destinaron a la industria manufacturera, 3,3% a agricultura y ganadería y 0,5% para caza y silvicultura: para la confección de prendas de vestir para hombres, mujeres y niños; fabricación de ropa deportiva; fabricación de calzados de cuero, elaboración de productos de panadería y pastelería, fabricación de
artículos confeccionados de materiales textiles, fabricación de muebles y partes de muebles de madera; fabricación de productos metálicos para uso estructural; cría de ganado vacuno; cultivos de plantas para bebidas y estimulantes; cría de aves; cultivo de hortalizas de bulbo; apicultura, entre otros. /BDP
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MASCOTAS
Conoce los síntomas de las alergias que pueden afectar a tu gato
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eguro que has oído que algún conocido tiene alergia a los gatos, ¿pero sabías que los gatos también pueden tener alergias a distintas cosas, incluida la alergia a los humanos y sus hábitos?. Si crees que tu gato presenta síntomas de alergia no dudes en llevarlo al veterinario para realizarle pruebas. ¿Qué es la alergia y qué tipos puede tener un gato doméstico? La alergia es una reacción fisiológica del organismo que surge cuando el sistema inmunológico detecta alguna sustancia nociva para el cuerpo. Por lo tanto es un sistema de defensa y de alerta de que algo está dañando la salud de nuestro minino. Los felinos pueden tener alergia a muchas cosas distintas como nos sucede a nosotros. Algunas de las co-
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sas más comunes que producen alergias en nuestros felinos son: • Distintas plantas • Hongos • Polen • Algunos alimentos • Humo de tabaco • Perfumes • Humanos • Productos antipulgas • Productos de limpieza • Materiales plásticos • Picadura de pulga Factores agravantes de la alergia en los gatos Existen factores que harán que la alergia sea más grave. Estos factores son: • La cantidad de alérgenos con los que esté en contacto nuestro gato. Por ejemplo si es alérgico al polen, en primavera hay mucha más cantidad y nuestro felino estará bastante peor que en otras épocas del año. • La asociación de otras
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alergias. Es típico que un gato que padece una alergia tenga otras alergias ya que son muy sensibles. Por ejemplo si es alérgico al polen es probable que también lo sea a algún alimento. • La asociación de otras enfermedades. Esto deja a los felinos afectados más débiles y con el sistema inmunológico muy bajo. Además, problemas como las infecciones cutáneas harán que el gato se rasque mucho más. • Factores externos. El calor en exceso y la presencia de cosas que causen estrés al felino afectado de alergia, son otros factores que harán que empeore la alergia y sus síntomas como el rascado continuo. Síntomas más comunes en las alergias de los gatos Como existen muchos tipos de alergias existen muchos síntomas. A continuación
te exponemos los síntomas más comunes y fáciles de identificar: • Tos • Estornudos • Secreción nasal • Secreción ocular • Picor en la nariz • Picor en los ojos • Falta de pelo • Picor y rascado • Piel enrojecida • Piel inflamada • Infecciones cutáneas • Vómitos • Diarreas Recuerda que si observas alguno de estos síntomas o más de uno, debes llevar a tu gatito al veterinario de inmediato para realizarle pruebas y ofrecerle un tratamiento. ¿Cómo tratar las alergias en los gatos? Hay que tener en cuenta que no existe ninguna medicación que cure las alergias, sólo se puede administrar el antialérgico adecuado según el diagnóstico y retirar el objeto causante de la alergia. Por lo tanto, el tratamiento a seguir dependerá del tipo de alergia que pensemos que padece el felino. Algunos de los pasos a seguir respecto al tratamiento y solución de algunas alergias son en cada caso: • Si detectamos que la alergia proviene de la alimentación, el tratamiento es sencillo ya que el veterinario le inyectará a nuestro compañero antihistamínicos que le rebajen los síntomas y nos recomendará que le demos una comida especial hipoalergénica. Estos piensos y latas de comida para gatos especialmente hipoalergénica, como su nombre indica, contienen nutrientes que no producen alergias en los gatos y así en un mínimo de 12 días veremos la clara me-
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joría de nuestro felino. En estos casos es recomendable que la dieta hipoalergénica sea de por vida. • Si observamos que le falta pelo y tiene la piel enrojecida e inflamada en el lomo, el cuello y la cola, lo más probable es que nuestro minino tenga alergia a la picadura de pulga, concretamente a la saliva de las pulgas. La reacción alérgica empieza enseguida que nuestro amigo felino es picado por una pulga. En casos graves puede extenderse a las patas, la cabeza y el abdomen. Además, acabará desencadenándose una dermatitis miliar con costras y descamación de la piel. En este caso debemos llevarlo al veterinario para que le proporcionen la medicación necesaria para aliviar la alergia, además como tratamiento nos recomendarán eliminar
todas las pulgas tanto del gato como de su entorno y darle baños con jabón especial para calmar los picores y ayudar a recuperar la salud de su piel. Deberemos utilizar siempre un tratamiento antipulgas, sobre todo en los meses de más actividad de éstas, evitando así que las pulgas piquen a nuestro gato alérgico a ellas. • A veces los gatos son alérgicos a algunos materiales plásticos con los que se confeccionan los comederos y bebederos que utilizamos para ellos. Esta alergia la detectaremos porque los problemas de la piel y del pelo se darán en la zona de la cabeza, la cara y más concretamente el morro. No podrán parar de rascarse y evitarán comer o beber de estos recipientes. Deberemos acudir al veterinario para tratar los síntomas de
la alergia cutánea como en el caso anterior y deberemos retirar estos recipientes y proporcionar unos de acero inoxidable, vidrio o porcelana que no provoquen reacciones alérgicas en nuestro felino. • En el caso de que el diagnóstico hecho por el veterinario revele que la alergia del felino proviene de los hábitos que nosotros tenemos en casa, deberemos cambiar y dejar estos hábitos para que nuestro gato deje de padecer alergias. Además, el veterinario deberá proporcionar la medicación necesaria para ayudar a la remisión de la alergia. Algunos de estos hábitos que producen alergias en los felinos domésticos son la utilización de tabaco, perfumes, ciertos productos de limpieza y la acumulación de polvo entre otros. Todos estos
componentes producen una alergia respiratoria e incluso asma. • El caso que complica más la convivencia entre gatos y humanos, es la alergia que puede tener un gato a las personas, es decir, a la caspa y la descamación de la piel de los humanos. En este caso el veterinario proporcionará el tratamiento antialérgico adecuado y deberemos procurar tener nuestra casa lo más limpia posible en cuanto a polvo, pues es ahí donde se acumula nuestros restos de piel descamada que provocan la alergia a nuestro compañero. /La Voz
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POLÍTICA
Tráfico de tierras involucra la gestión de 4 ministros y deja al menos 100 procesos El experto Alcides Vadillo señaló que es positiva la detención del exministro Characayo, pero advierte que las experiencias pasadas muestran que estos procesos muchas veces se quedan en nada.
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l tráfico de tierras fiscales involucra la gestión de cuatro exministros y ha dejado al menos 100 procesos entre administrativos y penales a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA). De acuerdo con la Fundación Tierra, los casos de corrupción relacionados a la dotación de tierras fiscales, si bien siempre han existido, adquieren una importancia mayor desde 2010, cuando Nemesia Achacollo ocupaba la cartera de Desarrollo Rural. “A partir de 2010 se marca muy visiblemente el tema de la corrupción en el manejo
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de tierras fiscales. A partir de ese año la institucionalidad pública del INRA se pierde y entra el manejo político. El INRA pierde su condición técnica y se convierte en una instrumento político, operativo, partidario en favor de intereses concretos y esto genera mecanismos ligados a la extorsión y el tráfico de tierras”, señala el director de la Fundación Tierra Regional Oriente, Alcides Vadillo. De acuerdo con reportes de prensa, en 2010 Juan Carlos Rojas, exdirector del INRA, denunció la existencia de una oficina que fraguaba documentos y que blanqueó antecedentes y extorsionó a funcionarios para
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beneficiar a ciertas personas y entregarles tierras fiscales por un precio, que según reportó el periódico La Prensa en 2011, oscilaba entre los 23.000 y 50.000 dólares. De acuerdo con los documentos del caso “INRA paralelo”, los implicados en el caso “procedían a contactarse con empleados del INRA de Santa Cruz con el objetivo de obtener la información de la base de datos oficial. Fraguaban la documentación, introducían datos falsos y los utilizaban para cumplir sus compromisos económicos por un monto aproximado de 23.000 dólares americanos por cada contrato, aunque hubo casos en los que
el monto exigido alcanzaba los 50.000 dólares”, señala el reporte de La Prensa. El INRA “chuto” operaba en el pasaje Cuéllar N 3135 y en la calle Pozo N 448 de Santa Cruz, y se dedicaba a “hacer seguimiento” de trámites en el INRA y en la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), confesó el responsable de la oficina clandestina Marcelo Salas Viruez en su declaración formal ante la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz el 17 de marzo de 2011. “Aquí es donde aparece lo que en ese momento se llamó el ‘INRA Paralelo’. En ese momento la ministra de Desarrollo Rural era Nemesia Achacollo y el director del INRA era Juan Carlos Rojas y es esta persona quien denuncia la existencia de esta oficina, que estaba armando expedientes paralelos, extorsionando a unos y beneficiando a otros y la consecuencia de esta denuncia es que el denunciante es separado del INRA y se le inicia un proceso del cual no se sabe cuál fue su conclusión”, agregó Vadillo. Rojas, luego de realizar la denuncia, fue reemplazado por Julio Urapotina, quien, según notas de prensa, fue uno de los responsables de los asentamientos humanos impulsados en Pando por el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.
POLÍTICA
Rojas, en su momento, no descartó que su destitución obedezca a las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por la presunta existencia de una red nacional de traficantes de documentos e información de saneamiento. Los reportes de la prensa en ese entonces señalan que uno de los integrantes de la organización aseguró ser asesor personal de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, e intentó acudir a ella por teléfono en el momento en que fue arrestado en su oficina, de acuerdo con las autoridades del Ministerio Público. Asimismo, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, en las mencionadas oficinas se encontró documentación relacionada al saneamiento de tierras en Santa Cruz y Montero, y que, además, fueron visitadas por la exministra Achacollo en dos ocasiones. En abril de 2011, ante las acusaciones contra la exministra, el entonces presidente Evo Morales la defendió: “La compañera Nemesia es de mucha confianza, la conozco desde hace mucho tiempo, es una gran luchadora; no creo para nada en la acusación contra la ministra, pero a veces es difícil dar la cabeza por todos y todas…”. Nepotismo y clanes Durante la gestión del exministro César Cocarico (2015-2019) se presentaron también denuncias de corrupción, nepotismo y tráfico de tierras, apuntando directamente a la ex autoridad y sus familiares. El hermano del exministro, Rogelio Cocarico Yana, fue detenido en 2018, acusado de estafar a una comunidad menonita con el cobro de
600 mil dólares a cambio de sanear tierras ilegales. El 24 de octubre de 2018, el Tribunal Cuarto de Sentencia de Santa Cruz envió a Rogelio Cocarico al penal de Palmasola acusado de estafa agravada. Según la denuncia, el hermano de Cocarico -junto con cinco que se presentaron como funcionarios de la empresa Mato Grande“sonsacó” a los pobladores de la colonia Río Negro (Beni) 200 mil dólares para sanear un desmonte ilegal. Ése era sólo un adelanto del pago de 600 mil dólares exigido para arreglar el “lío de tierras”. Según documentación de la Contraloría y las planillas de personal del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el exministro César Cocarico tuvo a dos de sus primos trabajando dentro de la cartera de Estado que él dirigía. Los dos presuntos familiares son Orlando Achu Cocarico, exJefe de Unidad de Producción Agropecuaria, Agroforestal y Pesca; y Édgar Yana Chambi, que trabajó en el INRA. En enero de 2020, el entonces viceministro de tierras, Gustavo Terrazas, aseguró que Cocarico estaba implicado con un clan familiar vinculado al tráfico de tierras en Santa Cruz y la Chiquitania, denominado “clan León”, junto con Juan Carlos León, exdirector del INRA. En enero de 2020, el INRA presentó una demanda penal ante el Ministerio Público contra Cocarico por el nombramiento ilegal justamente de Juan Carlos León Rodas, como director de esa entidad sin que cuente con un título profesional que respalde esa designación y que fue refrendado mediante Resolución Suprema Nº 24721 por el entonces
presidente Evo Morales, establece un comunicado del Viceministerio de Tierras. “De acuerdo con la hipótesis que estamos pudiendo manejar desde el Viceministerio de Tierras, vemos que hay un enlace directo, quienes nombran a León son Evo Morales y César Cocarico. Quién es Juan Carlos león, parte del clan de los León, habría una relación directa entre estas autoridades para atentar contra la Chiquitania y ver con el tráfico de tierras”, acusó Terrazas en rueda de prensa. Cocarico se defendió en su momento, señalando que él mismo había denunciado los hechos de corrupción y que en el caso de su hermano, él no podía hacer nada para defenderlo. “Aunque seamos hermanos nada puedo hacer”, expresó entonces el exgobernador de La Paz. Denuncias a la gestión de Añez En noviembre de 2020, días antes del cambio de gobierno, durante la gestión de la exministra Eliane Capobianco, la Fundación Tierra denunció el “manejo arbitrario” del INRA en el gobierno transitorio de Jeanine Añez y denunció la entrega de “miles” de títulos agrarios en el departamento de Santa Cruz. “Al igual que hemos cuestionado la actuación del gobierno del MAS por el tráfico de tierras, expresamos nuestra preocupación por el manejo arbitrario del INRA durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez. Entregó miles de títulos agrarios en el departamento de Santa Cruz, bajo el argumento de que los trámites se habían paralizado sin motivo alguno. Varias de estas propiedades, en especial las medianas y grandes, tenían observaciones jurídicas de fondo por tratarse
de tentativas de apropiación ilegal de tierras fiscales y de latifundios que no cumplen la Función Económico Social (FES)”, señaló la Fundación Tierra. La Fundación también denunció la consolidación de dos propiedades agrarias: Empresa Agropecuaria Laguna Corazón, de 12.480 hectáreas, en la provincia Guarayos; y la Empresa Agropecuaria Tierras Bajas del Norte, de 21.000 hectáreas, en la provincia Chiquitos, sumando un total de 33.480 hectáreas en favor de la familia del entonces ministro de Economía, Branko Marinkovic. Al respecto, la familia Marinkovic, mediante un comunicado, negó que el exministro se haya beneficiado de la titularización de las tierras, ya que éstas pertenecen a la Empresa Agropecuaria Laguna Corazón, “entre cuyos accionistas él no figura”. La nota agrega que la titularización de estas tierras se realizó producto de un trámite que duró más de 10 años y se consolidó luego de un proceso legal “debidamente sustanciado en los tribunales e instancias respectivas”. Al respecto, Vadillo apunta que con el gobierno de transición no se hace una revisión de los procesos cuestionados durante el gobierno del MAS, sino que las prácticas irregulares se reforzaron, cambiando a los beneficiarios de interculturales y dirigentes asociados al MAS a medianos y grandes propietarios. “Si durante la gestión del MAS los beneficiarios eran interculturales y gente del partido, durante la gestión de Añez la gente que se benefició principalmente de la dotación de tierras fueron grandes propietarios, Periódico Digital AGROPECUARIO
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con propiedades mayores a 5.000 hectáreas que en el gobierno del MAS no pudieron consolidar derechos sobre la tierra. Cuando entra Añez al poder, estas tierras son legalizadas en gran medida; lastimosamente no hay proceso de revisión de lo que se hizo”, agregó el director de la Fundación Tierra Regional Oriente. Atrapado por un soborno El pasado martes, Edwin Characayo, entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, fue detenido luego de ser descubierto in fraganti mientras recibía un soborno de 20.000 dólares, entregados con el objetivo de sanear el predio denominado El Triunfo II, de 1.350 hectáreas, ubicado en el municipio de San Julián del departamento de Santa Cruz, clasificado como tierra fiscal, según el INRA “Ese predio (El Triunfo II) data desde hace tiempo y está en proceso de saneamiento, y el INRA, antes de mi gestión, ya había emitido una resolución de reversión de esa propiedad y ahí terminó el trabajo. El ministerio (de Desarrollo Rural), a través del Viceministerio de Tierras, en su calidad de fiscalizador, solicita información (al INRA) y seguramente iba a emitir alguna resolución”, respondió a Página Siete el director nacional del INRA, Eulogio Núñez. El director del INRA afirmó que es el Ministerio Público el que debe aclarar esos detalles y las investigaciones desvelarán cómo se realizaron esos contactos. Procesos Según declaraciones del exdirector del INRA, Juan Carlos León, entre 2018 y 2019, se presentaron al menos 100 denuncias contra funcionarios de la institución por irregularidades y
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corrupción en la dotación de tierras, lo que dio inicio a procesos penales. “Tenemos más de 100 procesos penales que se están dando no sólo a funcionarios públicos que falsificaban documentos y extorsionaban, sino también a particulares. Se ha despedido a esa gente”, señaló León en 2019. Por su parte, la Fundación Tierra señala que no cuenta con un registro de denuncias y procesos; sin embargo, observa que la mayor parte de los casos denunciados han tenido muy poco avance o han quedado en nada. “Lamentablemente no tenemos un registro de las denuncias que se han realizado. A 2019 habían cerca de 100 denuncias contra funcionarios del INRA, se abrió un proceso contra el exministro Cocarico, se le abrió un juicio al exdirector del INRA Juan Carlos León, se inició un juicio al exdirector del INRA en Santa Cruz, Sergio Abrahan Imana, pero todos estos juicios quedan en nada. La influencia política es más fuerte y trata de cerrar estos espacios de discusión e incluso de aplicación de justicia, de sanción”. Vadillo agregó que es un hecho muy positivo el caso del exministro Characayo; sin embargo, advierte que las experiencias pasadas muestran que estos procesos muchas veces se quedan en nada. “Es importante que haya una decisión de iniciar un proceso; sin embargo, la experiencia nos muestra que luego de dos semanas esto pasa al olvido y los procesos quedan en el aire”, acotó. Fundación Tierra pide intervención En una carta abierta presentada el pasado jueves, la Fundación Tierra urgió al
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Gobierno a intervenir el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) y devolverle su institucionalidad. “El tráfico de tierras es uno de los peores fenómenos de corrupción en Bolivia. Por eso, entre las medidas que deben tomarse de forma urgente y de fondo, están: La intervención inmediata del INRA para iniciar una auditoría de alto nivel de todos los casos con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente en el departamento de Santa Cruz”. La Fundación también pidió proceder al desalojo de los ocupantes ilegales de tierras fiscales en todos los casos donde existan Resoluciones de Desalojo que obligan a las autoridades del Gobierno nacional a usar incluso la fuerza pública para proteger las tierras que pertenecen a todos los bolivianos. En otro punto se solicita al Gobierno “paralizar todos los trámites de autorización de asentamientos del INRA y los procesos de saneamiento con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente las grandes propiedades que superan el límite de 5.000 hectáreas”. La Fundación hace un llamado público a “las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo para que nombren un Director Nacional Titular del INRA, en cumplimiento de la ley de tierras que señala que el Presidente debe nombrar al Director a partir de una terna de postulantes seleccionados por la Cámara de Diputados”. Según Tierra, en 10 años, el INRA ha tenido ocho directores interinos, en su mayoría propuestos por los movimientos sociales. Dotación se aceleró a partir de 2011 La Fundación Tierra señala que, a partir de 2011, el
gobierno del entonces presidente Evo Morales aceleró el proceso de saneamiento y dotación de tierras fiscales, sobre todo en el oriente, llegando a otorgar autorizaciones de asentamiento a, al menos, 1.400 comunidades sólo en la Chiquitania entre 2011 y 2019. Sin embargo, la Fundación advierte que esta distribución de tierras se hace de manera poco transparente. “A partir de 2011 hay un cambio en la política de distribución de las tierras fiscales. Hasta ese año, el proceso de saneamiento había avanzado, se había identificado un volumen de tierras fiscales pero los procesos de asentamiento y de distribución de estas tierras eran muy limitados”, indica el director de la Regional Oriente de la Fundación, Alcides Vadillo. Vadillo agrega que, revisando las memorias del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), desde 1996 hasta 2010 prácticamente sólo se habían distribuido 200 mil hectáreas, en 14 años. “Pero a partir del 2011 empieza un proceso de distribución de tierras que es cada vez más creciente y ya desde el 2011 hasta el 2019, sólo en la Chiquitania, la Fundación Tierra identifica la existencia de 1.400 comunidades con autorización de asentamiento de parte del INRA”, señaló. /Página Siete
MEDIO AMBIENTE
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POLÍTICA
Se genera debate en torno a la función del INRA Analistas aseguran que fue utilizado para fines políticos. El MAS lo desmiente y dice que no hizo acarreo de personas
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xpertos aseguran que en los últimos años se utilizó el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para fines políticos de gobiernos de turno. El MAS lo desmiente y asegura que no hizo acarreo de personas. El excandidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, sostuvo que el INRA ha colapsado como institución hace ya varios años. Lo que sucede ahora es que ya no hay profesionalismo. “Se ha usado el INRA y los trámites de saneamiento y la titulación como un campo de la prebenda, de corrupción, para extorsionar a los productores agropecuarios que no tienen alternativas transparentes en el marco de la
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ley para hacer sus trámites con tranquilidad”. El INRA es una entidad técnica definida por la ley. “Lastimosamente en los últimos 15 años ningún director fue designado por concurso de méritos. Es decir, que esté basado en su capacidad, tanto en el nivel nacional como el departamental. Yo hice un estudio el año pasado y el director departamental del INRA se cambió casi cada seis o siete meses, para que uno se dé cuenta cuán frágil es la institucionalidad”, aseguró. El experto en el tema y director en Santa Cruz de la Fundación Tierra, Alcides Vadillo, coincidió con Pedraza en recordar que en 2010 hubo un INRA paralelo, que extorsionaba, cobraba y legaliza-
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ba trámites. Los denunciantes fueron procesados y los denunciados nunca fueron enjuiciados. “El INRA desde entonces perdió su carácter técnico para convertirse en un operador. Se sanea y se entrega tierras con criterio político”. Complementó que desde 2011 hubo un proceso de dotación de tierras fiscales. Pedraza complementó que el MAS utilizó la tierra como prebenda para modificar la correlación de fuerzas políticas en municipios en el departamento de Pando, por ejemplo, en el primer gobierno de Evo Morales se trasladaron primero 1.500 familias, y luego fueron 2.000. “Y Pando, como tenía poca población, con la cantidad de gente que fue,
del Chapare particularmente, cambió la correlación de fuerzas en lo político. Ahí empezó a ganar el MAS”. Lo mismo ocurre en la Chiquitania. Municipios con poca población como San Javier, San Miguel de Velasco, San José de Chiquitos, Roboré, a todos estos municipios se han trasladado campesinos y se les ha dotado tierras y los resultados electorales son una evidencia de eso. En Concepción ha ganado el MAS, en San Javier igual, en San José de Chiquitos estuvo a punto. Ha entregado la Chiquitania y los incendios que tenemos cada año son una evidencia de eso, dijo. Vadillo complementó que “ese proceso fue la entrega de tierras fiscales, la entrega de activos. Lo que denunciamos es que en la gestión de Morales se entregó a militantes y en la de Jeanine Áñez, fue a empresarios. Ambos extremos son malos”, aseguró. Por su parte, el diputado Rolando Cuéllar, del MAS, señaló que eso es absolutamente falso. “El INRA tiene funciones de titulación de tierras, de ninguna manera hace acarreo de personas, esa es una acusación que está completamente fuera de lugar. La ley es clara y la Constitución asegura que la tierra es para quien trabaja. El INRA, a los que solicitan, les dan 50 hectáreas”, dijo. /El De-
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POLÍTICA
Colque: interculturales y campesinos son cómplices del tráfico de tierras
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l tráfico de tierras tiene unos tamaños que todavía no nos imaginamos; el caso Characayo no es nada nuevo, pero algo tenemos que hacer”, afirmó el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque al manifestar que dirigentes Interculturales y campesinos son cómplices de funcionarios públicos para el tráfico de tierras fiscales. Citó los casos de Bolibras en 1992 cuando se repartieron 96 mil hectáreas a ciudadanos bolivianos, argentinos y brasileños en la provincia Chiquitos en el departamento de Santa Cruz; el caso Branko Marinkovic que ha titularizado tierras fiscales en la Laguna Corazón, las 1.400 autorizaciones de asentamientos otorgados a diferentes comunidades entre 2012 y 2019, así como
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el loteamiento de la reserva forestal de Guarayos. Dijo que gran parte del tráfico se da sobre tierras fiscales que son mayormente bosques, áreas protegidas, áreas de conservación y en algunos casos se deben entregarse en calidad de propiedad comunitaria a la gente sin tierra, a campesinos e indígenas que necesitan nuevos asentamientos y en ningún caso, según la ley, se puede adjudicarse, entregar o vender a privados. Explicó que gran parte de estas operaciones consiste en dos temas: uno loteamiento arbitrario por razones políticas y económicas de estas tierras fiscales a modo de comunidades campesinas y de comunidades fantasmas que sirven para traficar porque los dirigentes venden las mismas tierras a sectores privados.
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Indicó que la otra forma mucho más grave de tráfico de tierras es que los funcionarios públicos con “muchísima complicidad de dirigentes interculturales y campesinos” prometen a los empresarios titularizar estas tierras fiscales a través de saneamiento. Afirmó que esto es lo que ocurrió con la propiedad “El Triunfo II” que involucró al ministro de Desarrollo Rural Edwin Characayo, porque era una tierra fiscal, pero quien pretendía la titularidad estuvo haciendo varios trámites para lograr que pase a manos privadas, sabiendo que no se podía traspasar bajo ningún concepto. Observa que servidores públicos y esos dirigentes se comprometen a una serie de artimañas para canalizar el tráfico de tierras, como el
hecho que hacer aparecer como poseedores de hace 20 años para justificar el saneamiento o modificar el historial de la propiedad o del derecho propietario. En el caso de “El Triunfo II” en el municipio de San Ramón, los interesados quisieron pagar 380 mil dólares por 1.300 hectáreas porque en el mercado valen 1.5 millones de dólares y porque son tierras altamente productivas y de hecho tienen cultivos de soya siendo tierra fiscal, dijo en el programa "Hagamos Democracia" de la red Erbol. Precisó que no se trata de un pago al Estado sino a quienes iban a operar el saneamiento de las tierras fiscales en una forma de corrupción porque el dinero no entra a las arcas del Estado. Dijo que la propiedad “El Triunfo II” era mucho más grandes y se fraccionó en tres, uno de los cuales pertenece a la empresa SOFIMA que logró consolidar propiedad fiscal en propiedad privada. Explicó también dentro el proceso de saneamiento, las resoluciones de desalojo no son ejecutadas por funcionarios del INRA porque en algunas veces son manejadas como objeto de extorsión para la ganancia de funcionarios y autoridades envueltas en estos procesos. Advirtió que este problema no se va a resolver con el cambio de autoridades, sino se requiere convertir el tema en un problema de Estado para eliminar el tráfico de tierras fiscales. /Erbol
POLÍTICA
Fundación Tierra afirma que el caso Marinkovic no avanza La institución presentó la denuncia documentada sobre el proceso de saneamiento irregular ejecutado en favor del extitular de Economía durante el régimen de facto de Jeanine Añez.
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l proceso de investigación para esclarecer el saneamiento irregular de más de 34 mil hectáreas de tierras a favor de la familia del exministro de Economía y Finanzas Públicas Branko Marinkovic, en el régimen de facto de Jeanine Añez, no registra mayores avances, informó el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque. “Entiendo que la entrega de títulos está paralizada, pero no se han revertido estos brazos técnicos y jurídicos que se han hecho el año pasado. No ha habido mayores avances, no hay un caso
abierto, no hay procesos penales al respecto, sean a funcionarios públicos, sean a exautoridades o a las partes que han intervenido en este caso, como a los interesados en el proceso de saneamiento”, afirmó en una entrevista con Bolivia TV. Agregó que la Fundación Tierra presentó la denuncia documentada y con los debidos antecedentes a diversas instancias como la Asamblea Legislativa y reparticiones públicas, con la finalidad de que se inicie el proceso de fiscalización e investigación al proceso de saneamiento y titulación
de los predios denominados Tierras Bajas del Norte (en San José de Chiquitos) y Laguna Corazón (en la provincia Guarayos), por una superficie mayor a 30 mil hectáreas, en favor de la familia Marinkovic, ubicadas en el departamento de Santa Cruz, tomando en cuenta de que existen indicios de que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), bajo el gobierno de facto de Jeanine Añez, habría legalizado los predios en tiempo récord. “Las autoridades tienen que retomar esto (el caso Marinkovic) porque está en
sus manos la denuncia, la documentación, los antecedentes, (que) nosotros particularmente hemos hecho conocer y a cambio lo único que hemos recibido, no del Gobierno sino de la familia Marinkovic, es un juicio penal por difamación y calumnia”, dijo Colque. Según el director, las exautoridades involucradas en el caso Marinkovic habrían incurrido en los delitos penales de incumplimiento de funciones, uso indebido de influencias y uso de instrumento falsificado. /Perió-
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POLÍTICA
La CAO elige a Oscar Justiniano como su nuevo presidente hasta 2023
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a Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), con sede en el departamento de Santa Cruz, eligió a su nueva directiva para la gestión 2021-2023 y posesionó a Oscar Mario Justiniano Pinto como presidente de la institución. De acuerdo con datos de la CAO, el acto de posesión de la directiva fue realizado este sábado en el salón Guaraní de la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz), en el marco del XXXIX
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Congreso "Marcelo Pantoja Soncini". “A todos los sectores que han depositado la confianza en nosotros tengan por seguro de que esta fórmula va a trabajar para no defraudar a nadie (…) el poder del voto hoy día se ha manifestado y les agradezco a todos por esto”, dijo el nuevo presidente. Justiniano señaló también que la CAO es una institución matriz que tiene la obligación de trabajar en coor-
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dinación con el gobierno de turno para que las demandas y necesidades de los productores sean atendidas. Junto a Oscar Justiniano, el directorio de la Cámara Agropecuaria del Oriente está integrado por José Luis Farah Paz, como primer vicepresidente, y Freddy García Gutiérrez, como segundo vicepresidente. En la actualidad, la CAO agrupa a 18 asociaciones de agricultores, pecuarios y agroindustriales. En ese
sentido, asocia a más de 60 mil productores del departamento de Santa Cruz, de los cuales el 70% son pequeños productores, el 24% medianos y el 6% grandes. /ABI
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AGRÍCOLA
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