> LA PRENSA
VIERNES 26
de Octubre de 2012
Cd. Reynosa, Tam.
Portafolio
PROYECTOS EJECUTIVOS PAG/2
Editor: Lic. Alberto González Karam
SOCIEDAD
RENTABILIDAD
SOCIAL
CONOCIMIENTO • La sociedad del conocimiento y para el conocimiento del sexenio 2012-2018
• Protección ambiental, preservación y conservación del equilibrio ecológico
Lic. Alberto González Káram La sociedad del conocimiento y para el conocimiento del próximo sexenio 2012-2018, de ninguna manera significa que toda la población tenga estudios universitarios del tipo académico, sino que cada una de las actividades productivas cubra lo que demandan. En nuestro país se muestra una brecha enorme que podría denominarse déficit del conocimiento, debido a que muy poca población en el rango de edad 25-64 años tiene formación preparatoria al alcanzar 17 por ciento y menos universitaria con un 16 por ciento, comparada con los promedios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que alcanzan 44 y 28 por ciento respectivamente. El aspirar a ser una sociedad del conocimiento exitosa, se logra al La sociedad del conocimiento y para el conocimiento del próximo sexenio 2012-2018,. Es importante destacar que hasta los 14 años el sistema actual cubre a más del 90 por ciento de los niños, siendo necesario mejorar a partir de esa edad, debido a que el grupo de edad de 15 a 19 años esta obligado a cumplir la reforma constitucional de aprobar la preparatoria y cumplir la meta prevista de lograr este propósito en 10 años. En el grupo de educación superior de 20 a 24 años, sólo 22 de cada 100 tienen acceso a este nivel, siendo necesario duplicarlo en los próximos 10 años, mediante esquemas flexibles e inversión para fortalecer y crear nuevas universidades públicas, cuyo esfuerzo deberá mantenerse en los próximos 25 años, a fin de alcanzar el nivel de los países con mejores resultados y cobertura. La sociedad del conocimiento y para el conocimiento del próximo sexenio 2012-2018, requiere de financiamiento público mediante impuestos o contribuciones generales no ligadas al empleo. Es necesario garantizar a cada mexicano el acceso a los derechos sociales constitucionales, debido a que la magnitud del problema es grave, cuyo resultado en los últimos 15 años de cada empleo generado sólo la tercera parte han sido formales. Por ello, el costo de la nueva política social deberá ser cubierto fundamentalmente con impuestos generales desligados del empleo.
• Análisis de costo-beneficio y la rentabilidad social del proyecto Lic. Alberto González Káram
2012-2018
ASEGURAR INGRESOS • Asegurar ingreso a todos los mexicanos, al margen de su situación económica • Transformación del sistema actual de seguridad social
E
n las últimas tres décadas, mientras la población crecía a un ritmo de 2.4 por ciento anual, la economía sólo creció al 2.3 por ciento en promedio anual, siendo insuficiente y se ha acentuado en los últimos diez años, en los que la economía ha crecido en promedio a un menor ritmo, lo cual significa que el producto por habitante está peligrosamente estancado y con ello el nivel de bienestar social. Con base en lo anterior, la nueva política social podría apoyarse en los siguientes programas: 1. Programa de ingreso mínimo universal, para asegurar un ingreso mínimo a todos los mexicanos, al margen de su situación económica. Este mínimo deberá ser un ingreso no condicionado, que evite el clientelismo y que sirva como protección en caso de desempleo. Debe ser de aplicación gradual conforme se avance en la
reforma fiscal, acotada en sus propósitos de población objetivo a los mayores de 18 años y ligado a la capacitación y a la inscripción al padrón fiscal, para desarrollar un instrumento de control para cualquier transferencia pública. El impacto de este ingreso mínimo, conforme se avance en su aplicación será un elemento importante de reactivación del mercado interno, en la medida que más mexicanos se integren al mercado laboral. El primer grupo por el cual iniciaría este programa es con el grupo de mexicanos en condiciones de pobreza alimentaria. 2. Transformación del sistema actual de seguridad social. El sistema de pensiones actual es un avance importante en atención a los trabajadores que tienen empleo estable y con derechos plenos. No obstante, sólo cubre a quienes se han incorporado a un trabajo formal y se sostienen en el empleo por el período necesario para generar los recursos de pensión para el retiro o vejez. Desafortunadamente la población en edad de trabajo que no tiene esta cobertura es mayor al 65 por ciento. En México el sistema más grande de seguridad social lo tiene el IMSS, seguido por el ISSSTE. En el financiamiento a ambos, sin duda, las reformas realizadas han reducido la carga fiscal, mas al mismo tiempo, ha crecido la población en edad de retiro
desprotegida. Los servicios de pensiones o garantía de condición de vida en la vejez deben ser universales. Debemos avanzar hacia un sistema universal que brinde protección contra los riesgos de la vida por enfermedad, vejez y muerte, y de la economía como invalidez por accidentes de trabajo. No se trata de que haya una sola institución de seguridad social, sino de que las existentes se transformen radicalmente para poder garantizar el acceso a los mexicanos a la seguridad social en forma equitativa y universal. 3. Acceso universal a educación de calidad. En materia de educación media y superior, debemos proponernos aumentar constantemente la cobertura con esquemas flexibles. Pero en todos los niveles el reto debe ser equidad y calidad. Equidad en inicio, acceso y resultados; calidad en oportunidades de aprendizaje; servicios educativos y de política educativa; y resultados del desempeño. A pesar del enorme esfuerzo en materia de cobertura en los últimos 50 años el sistema educativo se ha rezagado en equidad y calidad. Para mejorar la calidad y equidad, la política de la educación debe cambiar. La educación debe democratizarse en todos los sentidos y niveles. Las políticas educativas deben seguir al niño e impulsar al maestro comprometido con la calidad.
Los proyectos de asociación público-privada, deberán incluir los análisis de las autoridades competentes sobre el cumplimiento de las disposiciones de protección ambiental, preservación y conservación del equilibrio ecológico en los ámbitos federal, estatal y municipal, así como los efectos sobre el ambiente que pueda causar la ejecución de las obras, con sustento en la evaluación del impacto ambiental previsto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y demás disposiciones aplicables. En los proyectos se deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y demás autoridades federales, estatales y municipales que tengan atribuciones en la materia. Los proyectos asociación público-privada que sean autorizados, se suje-
tarán al cumplimiento de las disposiciones de asentamientos humanos y desarrollo urbano, y en materia de construcción, en los ámbitos federal, estatal y municipal. El análisis sobre los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto de asociación público-privada, requiere de la información de los registros públicos de la propiedad de ubicación de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto, relativa a la titularidad, gravámenes y anotaciones marginales de tales inmuebles; la factibilidad de adquirir los inmuebles y, en su caso, los demás bienes y derechos; la estimación preliminar por la dependencia o entidad interesada, sobre el posible valor de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para desarrollar el proyecto; el análisis preliminar sobre el uso de suelo, sus modificaciones y problemática de los inmuebles; y una relación de los demás inmuebles, construcciones, instalaciones, equipos y otros bienes que resultarían afectados y el costo estimado de tales afectaciones. En la evaluación se deberá incorporar un análisis de costo-beneficio, la rentabilidad social del proyecto, la pertinencia de la oportunidad del plazo en que tendrá inicio, así como la alternativa de realizar otro proyecto o llevarlo a cabo con una forma distinta de financiamiento. Los proyectos de asociación público-privada serán preferentemente integrales, pero, cuando así resulte conveniente y necesario, podrán concursarse por etapas, si ello permite un avance más ordenado en su implementación.