El Estado como ente que mantiene el desarrollo de su sociedad desde un contexto político y jurídico organizado se orienta a la consecución de fines; el principal, la satisfacción del interés público, por medio de la articulación de actividades, una de ellas el acto administrativo. El ordenamiento jurídico del Ecuador mantiene una clara regulación para esta institución jurídica; el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, norma vigente, donde expone los requisitos para su validez y eficacia, las reglas para su revisión y retiro del medio jurídico, donde uno de sus elementos más representativos es la revisión de oficio.
