PASCAL
BELTRÁN
UNA KIMBERLY O KAROL CADA CUATRO DÍAS
BITÁCORA DEL DIRECTOR
La mayoría de edad en México debería ser un umbral de libertad, el inicio de una vida ciudadana cargada de proyectos y autonomía. Sin embargo, para las jóvenes mexicanas, cumplir 18 años parece haberse convertido en la apertura de una ventana de vulnerabilidad extrema, un periodo donde la esperanza se estrella contra una realidad de violencia sistémica.
Los nombres de Kimberly Joselín Ramos y Karol Toledo, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos cuyas vidas fueron truncadas recientemente, no son sólo crónicas rojas en los diarios locales; son el rostro de una emergencia nacional que las estadísticas, frías pero irrebatibles, confirman con crueldad.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en los primeros 524 días del presente sexenio, 121 mujeres que tenían exactamente 18 años al momento de su desaparición han sido reportadas como ausentes, situación en la que Kimberly y Karol estuvieron antes de que aparecieran sus restos. Si fragmentamos la cifra, el resultado es desolador: en México desaparece una joven de 18 años cada cuatro días. Esta frecuencia no es un accidente geográfico ni una racha de mala fortuna; es un indicador de cómo las estructuras de protección fallan precisamente cuando las mujeres intentan dar sus primeros pasos en la adultez.
La geografía del riesgo está claramente marcada. De esas 121 mujeres, 33 desaparecieron en el Estado de México, consolidando a municipios como Ecatepec y Toluca como epicentros de una crisis que no cede. A estas cifras se suman 10 casos en la Ciudad de México, evidenciando que ni la proximidad a los poderes centrales ni la supuesta vigilancia urbana logran salvaguardar la integridad de quienes apenas estrenan su credencial de elector. El fenómeno, lejos de mitigarse, muestra una curva ascendente que debería alarmar a cualquier administración. Al comparar los primeros 524 días de los gobiernos anteriores, el agravamiento es evidente: durante el mandato de Felipe Calderón desaparecieron ocho mujeres
de 18 años; con Enrique Peña Nieto la cifra subió a 41; con Andrés Manuel López Obrador escaló a 70, hasta llegar a las 121 actuales. El problema no sólo persiste, sino que se ha profundizado, devorando el futuro de una generación que crece entre fichas de búsqueda.
El fin de semana, la senadora Guadalupe Chavira alzó la voz ante esta “oleada de desapariciones” que afecta a adolescentes y jóvenes. Sus palabras resuenan con una urgencia que trasciende la retórica parlamentaria: “La construcción de la paz exige memoria, exige justicia y exige dignidad”. Chavira tiene razón al señalar que mientras exista una familia buscando a su hija, el Estado tiene la obligación ineludible de seguir buscando. No se trata sólo de gestionar expedientes, sino de entender que una nación que olvida a sus ausentes es una nación que renuncia a su propia dignidad humana. La senadora fue tajante al calificar estas desapariciones como una deuda histórica que no puede ignorarse ni minimizarse, exigiendo que las autoridades locales asuman su corresponsabilidad y dejen de ser omisas ante la violencia ejercida por particulares. Gobernar, como bien apunta la legisladora morenista, implica enfrentar realidades dolorosas y reconocer problemas estructurales que no se resuelven con discursos, sino con la reconstrucción de instituciones y una ética pública que coloque a las víctimas en el centro. La labor de las madres buscadoras —esas mujeres que han aprendido a leer la tierra removida y a rastrear indicios mínimos en desiertos y montañas— es el testimonio vivo de una insuficiencia institucional que ha durado décadas. A ellas se les debe la verdad en un país con más de 131 mil desaparecidos y 72 mil cuerpos sin identificar en servicios forenses y fosas comunes, según cifras oficiales.
El caso de Kimberly y Karol en Morelos debe ser el punto de inflexión. No podemos permitir que cumplir 18 años sea una sentencia de riesgo. La seguridad de las jóvenes mexicanas es la medida real de nuestro éxito como sociedad y como Estado. Sin justicia para ellas, el desarrollo es un espejismo y la paz, una promesa vacía.
FRENTES POLÍTICOS
1. Formación. En el Campo Marte, Claudia Sheinbaum encabezó la conmemoración del 8 de marzo con un despliegue inusual, mujeres del Ejército, Marina y Guardia Nacional en formación. Las Fuerzas Armadas también tienen rostro femenino. Reconocimientos, discurso sobre derechos y el anuncio de la Cartilla de Derechos de las Mujeres marcaron la ceremonia. La Presidenta insistió en que el 8M no es celebración, sino memoria y lucha. En las calles miles marcharon, pero en el Campo Militar se habló de avances institucionales y de una agenda de igualdad. Bien valdría la pena pensar menos en las quejas y más en el futuro.
2. Advertencia. El diputado Rubén Moreira agitó un informe de la OCDE para advertir que la reforma judicial y la desaparición de órganos autónomos, impulsadas por Morena, encienden focos rojos para la economía mexicana. Según el documento México 2026, la elección popular de jueces, con apenas 13% de participación, y la concentración de funciones en el Ejecutivo minarían la confianza de inversionistas y afectarían la competitividad. Moreira insiste en que, sin contrapesos, no hay certeza jurídica. Desde el oficialismo responden que se trata de democratizar la justicia. Se juega algo más que una reforma. Se juega la certeza en las reglas del juego.
3. Disciplina. En el Consejo Nacional de Morena se habló menos de debate y más de alineación. Luisa Alcalde y Alfonso Durazo dejaron claro que la reforma electoral de Claudia Sheinbaum debe respaldarse sin regateos ni negociaciones por cargos. El mensaje fue directo para los aliados, PT, de Alberto Anaya, y PVEM, de Karen Castrejón; no caben ambigüedades dentro de la 4T. Al mismo tiempo, el partido puso en marcha su maquinaria rumbo a 2027 con encuestas internas para definir candidatos para 17 gubernaturas. En política, cuando se exige lealtad absoluta, el margen para disentir suele reducirse a cero. ¿Lo habrá reflexionado doña Luisa?
4. ¿Y la prevención? En Morelos, gobernado por Margarita González Saravia, la respuesta oficial a un video donde estudiantes del CBTA 190 aparecen inhalando presunta cocaína dentro de un salón, fue anunciar dos cámaras conectadas al C5 y algunos talleres contra las adicciones. La escena que circuló en redes, con jóvenes compitiendo por aspirar líneas sobre un celular, debería encender alarmas mucho más profundas que un simple refuerzo de vigilancia. Las cámaras registran el problema, pero no lo previenen. El consumo dentro de un aula revela fallas en el entorno escolar, familiar y comunitario, pero también fallas gubernamentales.
5. Prevención. A 12 años de la paridad constitucional y 19 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el Senado coinciden en algo incómodo: el problema no es la falta de leyes, sino su incumplimiento. Laura Itzel Castillo habla de reforzar políticas de prevención y presupuestos con perspectiva de género; Kenia López Rabadán advierte que el cambio también pasa por incluir a los hombres en la transformación cultural; e Ivonne Ortega recuerda que, sin eliminar privilegios e impunidad, la paridad se queda en papel. El diagnóstico es claro, México avanzó en normas, pero no siempre en resultados. Pero aún a tiempo de corregir.
